Resolución 00068-2022

Que la parte actora compareció ante esta jurisdicción a solicitar según se desprende del escrito de demanda, lo siguiente: "(1) Solicito se condene al Estado a pagarle al suscrito la suma de 250.000.000 (doscientos cincuenta millones de colones) por concepto de daño corporal irreparable por omisión de atención médica, daño corporal de desfiguración plástico-facial, afectación permanente en la capacidad visual y pérdida de capacidad orgánica en mi ojo, lesión de columna y pérdida auditiva. (2) Solicito se condene al Estado a pagarle al suscrito la suma de 500.000.000 (quinientos millones de colones) por concepto de daño moral subjetivo por violación a los derechos humanos, violación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, violación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, violación a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a todo el derecho Internacional y nacional relativo a derechos humanos quienes tienen un rango Supra Constitucional. (3) Solicito se condene al Estado a pagarle al suscrito la suma de 10.000.000 por concepto de Daño Material. (4) Solicito se condene al Estado a pagar las costas, daños y perjuicios del presente proceso". En la audiencia preliminar se aclaró que la pretensión segunda se refiere a daño subjetivo y patrimonial, sumándose los diez millones de colones y que la tercera se elimina. (Imágenes 37 a 38 y minuta a imagen 153 y 154 del expediente judicial, así como audio de la Audiencia Preliminar).

Conferido el traslado, el Estado rechazó los hechos, e invoca la defensa de falta de derecho, solicitando la condenatoria de costas e intereses sobre éstas. (Imágenes 109 a 113 del expediente electrónico).

En fecha 3 de febrero de 2017, el actor realizó réplica y ofreció contraprueba. (Imágenes 118 a 121 del expediente judicial digital).

En fecha 26 de abril de 2017, la parte actora presentó prueba adicional. (Imágenes 125 a 130 del expediente judicial digital).

En fecha 3 de mayo de 2017, la representación del Estado aportó prueba adicional. (Imágenes 131 a 144 del expediente judicial digital).

En fecha 5 de mayo de 2017 se realizó la audiencia preliminar, se ofreció prueba adicional, se fijaron las pretensiones, hechos controvertidos y se admitió prueba documental, pericial de medicatura forense y testimonial. (Imágenes 148 a 158 del expediente judicial digital, así como audio en SIGAO).

El juicio oral y público se realizó el día 16 de febrero de 2022 con presencia de todas las partes, se evacuó la prueba pericial y testimonial, y se emitieron las conclusiones de manera oral. (Minuta a imágenes 550 a 554 del expediente judicial digital, así como audio y video en SIGAO).

Por medio de resolución de las 13:59 horas del siete de marzo de 2022, después de realizar la revisión en conjunto con los técnicos judiciales y de tecnologías de la información, se determinó que la audiencia celebrada el día 16 de febrero de 2022 no se había grabado la primera parte de la audiencia, faltando el respaldo audio/visual del saneamiento y de la declaración del perito de medicatura forense, por lo que se ordenó la reapertura del juicio con suspensión del plazo del dictado de la sentencia con la finalidad de la reposición de la señalada prueba. (Imágenes 556 del expediente judicial digital).

Ante la incapacidad de uno de los miembros del Tribunal y la imposibilidad de realizar la reposición de audiencia dentro de los quince días desde la realizaci ón del juicio, por medio de resolución de las 8:35 horas del 29 de marzo de 2022, se decreta la nulidad del juicio y se reprograma para sustanciar de nuevo el debate. (Imágenes 561-562 del expediente judicial digital).

En fecha 26 de mayo de 2022 se realizó nuevamente la sesión de juicio, evacuando toda la prueba admitida en audiencia preliminar y admitiendo prueba documental y testimonial para mejor resolver, suspendiendo el debate hasta que llegase la prueba documental ordenada y difiriendo conclusiones para que se realicen por escrito una vez ingresada la prueba. (Imágenes 581-597 del expediente judicial digital, así como audio y video en SIGAO).

Recibida la prueba documental ordenada, por medio de resolución de las 8:33 horas del 10 de junio de 2022, se emplazó a las partes para que se refiriesen a dicha prueba y emitiesen conclusiones por escrito. (Imágenes 598 a 604 del expediente electrónico).

Las partes rindieron conclusiones en escrito de fecha 15 de junio de 2022. (Imágenes 606-635 del expediente judicial digital).

En los procedimientos se han observado las prescripciones y términos de ley, y no se perciben vicios, defectos u omisiones susceptibles de producir nulidad de lo actuado o indefensión a las partes. Se dicta esta sentencia dentro del plazo legal, por unanimidad y con previa deliberación de las juezas Bolaños Salazar, Gómez Chacón y el juez Mejías Rodríguez.

Redacta el juez Mejías Rodríguez ; y

RESPECTO DE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER: Posterior a la realización de la audiencia preliminar, la parte actora presentó las siguientes pruebas adicionales: a) Escrito de fecha 27 de setiembre de 2018, que corresponde al expediente del Área de Salud de Desamparados, II expediente médico a nombre de Barahona [Nombre 001] José Uriel (Imágenes 181 a 194 del expediente judicial); b) Escrito de fecha 3 de junio de 2019, donde aporta carnet de internos que portaba mientras estuvo privado de libertad, así como copia de varios títulos obtenidos en dicho centro. (Imágenes 220 a 227 del expediente judicial); c) Escrito de fecha 9 de marzo de 2020, donde aporta expediente médico del Área de Salud de Desamparados, II expediente médico a nombre de Barahona [Nombre 001] José Uriel, expediente del centro de salud EBAIS San Rafael Abajo 6 de consulta externa y constancia de tratamiento psicológico de Coopesalud R.L. del Departamento de Psicología. (Imágenes 256 a 287 del expediente judicial); d) Escrito de fecha 13 de mayo de 2020, donde aporta dictamen médico por parte de la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud. (Imágenes 304 a 308 del expediente judicial); e) Escrito de fecha 18 de noviembre de 2020, con el cual aporta dictamen médico por parte de la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud. (Imágenes 409 a 444 del expediente judicial); f) Escrito de fecha 13 de mayo de 2021, donde se remite epicrisis del Hospital Calderón Guardia. (Imágenes 475 a 481 del expediente judicial); g) Escrito de fecha 12 de octubre de 2021, mediante el cual aporta documentos varios del Área de Salud de Desamparados. (Imágenes 492 a 524 del expediente judicial digital); h) Cd de video aportado en escrito de fecha 13 de enero de 2022, consulta en el programa “buen día”. (Imagen 535 y 536, así como CD de prueba); i) La declaración de José Luis Solís García en conjunto con los oficios de fecha 7 de junio de la Unidad de Cómputo de Penas del Instituto Nacional de Criminología del Ministerio de Justicia y Paz, así como el oficio DGAS 497-06-2022 de la Dirección General de Adaptación Social. Criterio del Tribunal: Tal y como se señaló en la audiencia de juicio oral y pública, en aplicación supletoria conforme el 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo, el Tribunal admite aquella prueba aportada por la parte actora y que Medicatura Forense utilizó para la realización de los dictámenes 2018-0006039, 2018-0010057, 2021-0000171 y 2021-0008562, ello en aplicación del párrafo segundo del artículo 44.3 del Código Procesal Civil, que en lo que interesa, señala: “ … El informe será fundado y contendrá, de manera clara y precisa, una relación detallada de las operaciones practicadas, sus resultados, los elementos técnicos y probatorios utilizados y las conclusiones. Se adjuntarán los documentos y anexos respectivos, o se indicará la fuente correspondiente, cuando no sea posible anexarlos… ”, por lo que ha de entenderse que la prueba utilizada en la pericia corresponde a parte integral de ésta. En lo que refiere a la demás prueba aportada, en aplicación del artículo 50 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la prueba para mejor resolver corresponde a una herramienta que se le otorga al Tribunal en ocasión de la necesidad de contar con elementos de convicción suficientes para analizar el asunto de fondo, y no se trata de una oportunidad procesal para subsanar deficiencias de las partes en la introducción de la prueba en los momentos procesales correspondientes. En el caso concreto, esta Cámara considera que la prueba obrante en autos y no utilizada en la pericia, se desvían del contenido probatorio causalista necesario para sustentar el alegato de las partes, por lo que no vienen a aportar elementos relevantes a la litis, por lo que se rechaza. En lo referente a la única prueba aportada separada del estudio pericial, que corresponde al video aportado en CD de una consulta médica en el programa “buen día”, esta Cámara no considera que esta contenga elementos de juicio técnicos que venga a circunscribir, con la rigurosidad de un medio probatorio judicial, los elementos técnicos que concluye un informe pericial, por lo que resulta inidóneo para tales fines, por lo que, de igual manera, ha de rechazarse. En cuanto a la declaración de José Luis Solís García en conjunto con los oficios de fecha 7 de junio de la Unidad de Cómputo de Penas del Instituto Nacional de Criminología del Ministerio de Justicia y Paz, así como el oficio DGAS 497-06-2022 de la Dirección General de Adaptación Social, permiten circunscribir el ambiente interno carcelario, lo cual se valorará infra, permitiendo la documentación referida ubicar en tiempo y lugar al testigo frente al actor, por lo que se admite.

II.

Se tienen como hechos probados relevantes para este proceso:

Que el actor descontó una pena de prisión de 8 años por el delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos, impuesta por el Tribunal Penal de Cartago en expediente 04-000344-0071-PE, sentenciado desde el 28 de noviembre de 2012. Disfrutando desde el 26 de marzo de 2015 del beneficio de libertad condicional, otorgado por el Juzgado de Ejecución de la Pena de Cartago en auto 405-15 del día anterior. (Imagen 96 del expediente judicial electrónico y folios 31, 91-92 Auto 405-15 e informe del Centro de Programa Institucional de Cartago de la Dirección General de Adaptación Social, tomados del expediente 16-15615-0007-CO de Sala Constitucional aportada como prueba).

Que el actor, dentro de su condena, fue reo preso en el Centro de Atención Integral de San José (San Sebastián, hecho no controvertido).

Que en fecha 7 y 8 de febrero de 2013, el actor recibe atención médica tanto en el CAI como en el Hospital Calderón Guardia, por haber recibido lesiones siendo preso en el centro penitenciario. Registró en el nosocomio ingreso a las 16:31 con salida a las 17:30 señalando en la epicrisis: “Paciente masculino de 37 años, conocido sano con historia de traumas menores al ser golpeado por 5 personas en centro penitenciario. En examen físico toracoabdominal íntegro, Glasgow 15, deambula, con edema en hemicara derecha y hematoma peri-parpebral ojo derecho, no estigmas de trauma en extremidades. Radiografías sin lesiones óseas o de manejo quirúrgico. Se egresa con tratamiento analgésico y antiinflamatorio”. (Imágenes 72, 73, 127-130, 416-419, 477-481 del expediente judicial digital).

Que en fecha 20 de mayo de 2013, se recibe denuncia telefónica ante la Defensor ía de los habitantes, creándose el expediente 128641-2013-SI, en el cual se afirma que el actor: “ Se encuentra privado de libertad en el Centro de Programa Institucional San Sebastián ámbito B-2, dormitorio

El viernes 17 de mayo en horas de la noche, fue trasladado por los oficiales Carlos Abarca y Emilio (cc: Ronaldinho), lo sacaron del ámbito y lo llevaron hasta un espacio apartado, junto con el compañero José Espinoza Brenes; lo esposaron a una banca le arrojaron gas pimienta, y lo dejaron ahí hasta horas de la madrugada, cuando un oficial, que no pudo reconocer por tener sus ojos inflamados, le lavó la cara con agua y azúcar. Por parte de los oficiales recibió improperios y amenazas. A él se le cuestionan robos cometidos en el penal, del cual indica no es responsable. Mientras estaba en esa condición, vomitaba y se retorcía, pero nadie lo ayudó, por lo que siguió recibiendo amenazas. Solicita a la Defensoría de los Habitantes intervenir con el fin de que se investiguen los hechos denunciados y se tomen las acciones pertinentes para que no se vuelvan a repetir”. (Imágenes 3, 5, 7, 9, 11 y 13 del expediente administrativo 128641-2013-SI en archivo “ 16-11613-1027-CA prueba 2 DAJ-174-2016 exp 128641-2013(DefensoriaHabitantes).pdf”).

En fecha 24 de junio del 2013, la Sección de Seguridad, informa al Director Mariano Barrantes Angulo del CAI de San José, respecto de la denuncia 128641-2013-SI, señalando: “en la fecha indicada al ser las cero horas aproximadamente se recibió una llamada telefónica de forma anónima, en la cual manifiestan que en el módulo B-2, el privado de libertad [Nombre 001] y otros de sus iguales del dormitorio #4, estarían pagando una suma de dinero para que asaltaran al también privado libertad [Nombre 004] ubicado en el dormitorio #2, quien sería trasladado en horas de la mañana al CAI Sandoval de Limón, por lo anterior nos hicimos presentes en el lugar indicado, Calos (sic) Abarca Quesada y Jorge Alpízar Ugalde Supervisores en servicio y acompañados de varios policías, egresamos del dormitorio #2 del módulo mencionado al señor [Nombre 004], con el fin de salvaguardar la integridad física del mismo. Cabe mencionar que en el libro de actas confidenciales de esta jefatura, en el folio #18, figura el señor [Nombre 001] , como parte de un grupo dedicado a intimidar a sus homólogos para que colaboren con ellos en las actividades ilícitas dentro del mó dulo, además en un informe que se le dirigió a su persona, se le informa de una llamada telefónica que se recibió, donde involucran al señor [Nombre 001] y a otros privados de libertad en una serie de anomalías al interior del módulo. Importante señalar que el señor Emilio González Núñez no estuvo presente ya que él labora en la escuadra de apoyo con un horario diurno. Quiero aclarar que no existe ninguna solicitud de atención médica por parte del señor [Nombre 001] a nosotros como supervisores, tampoco al gestor del ámbito ”. (Imágenes 62 y 63 del expediente judicial digital).

En fecha 5 de julio de 2013, el Dr. Silva Solórzano de la Dirección Médica del Centro de Atención Institucional de San José, señala que: “… referencia de solicitud de atención médica [Nombre 001] En los registros de la base de VALORADO en estos servicios de salud en las fechas 08/02/2013, 11/02/2013 y 19/02/2013, por los siguientes diagnósticos: Politraumatismos faciales, trauma facial y fractura de órbita de ojo derecho. Actualmente en control en Cirugía plástica y Oftalmología del HCG. No aparece atención posterior al 20/05/2013”. (Imagen 64 del expediente judicial digital).

En fecha 8 de julio de 2013, se emite el oficio O.D.C.I.S.J-1102-13 del Director Mariano Barrantes Angulo del CAI de San José, el cual señaló “ Procedí a solicitar informes a la Sección Salud del que se desprende que: en fechas 08-02-2013, 11-02-2013 y 19-02-2013 fue valorado por politraumatismos faciales, trauma facial y fractura de órbita de ojo derecho. Actualmente en control en cirugía plástica y oftalmología del Hospital Calderón Guardia. No aparece atención posterior al 20-05-2013. La Sección de Seguridad brinda informe de fecha 24-06-2013 suscrito por los Señores Carlos Abarca Quesada, Jorge Alpízar Ugalde, Supervisores de dicha sección, el cual me permito adjuntar… Se colige del informe rendido por el Doctor Armando Silva que el incidentista fue víctima de agresión física, lo que asociado a su denuncia exige la correspondiente investigación en aras de determinar lo que en realidad acontece, por lo que se gestionará apertura del procedimiento administrativo ”. (Imágenes 23-34 del del expediente administrativo 128641-2013-SI en archivo “ 16-11613-1027-CA prueba 2 DAJ-174-2016 exp 128641-2013(DefensoriaHabitantes).pdf”).

En fecha 9 de agosto de 2013, la Dirección Médica del CAI San José emite el oficio DM-CAISJ-050-08-2013, dirigido a la Sección de Investigaciones de la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia, el que contiene nuevo informe de salud del actor especificando, frente al expediente médico que lleva por número 2311-071275 que: El actor ingresó al centro penitenciario el primero de diciembre de 2011 en el módulo B-1, reportando atención posterior al 7 de febrero de 2013 señalando “Ha sido valorado en estos servicios de salud el día de hoy con los siguientes diagnósticos: * Faringoamigdalitis. * Politraumatismos faciales. Fue valorado el 08/02/2013 por haber sido golpeado por otros pl a nivel de la cara que presenta edemas palpebrales importantes + hipermovilidad de maxilar inferior + hemorragias conjuntivales. Fue referido de urgencias la (sic) Hospital Calderón Guardia, para Rxs de cráneo y perfilograma. Se le aplicó Diclofenac IM stat. Valorado el 08/02/2013 y se indica cita de control en Cirugía Maxilo Facial del Hospital Dr. Calderón Guardia para el 15/02/2013. Fue valorado el 19/02/2013 en Cirugía Reconstructiva del Hospital Dr. Calderón Guardia y es referido al servicio de oftalmología del HCG con cita a cupo, la cual se encuentra en trámite para asignarle fecha a la cita ”. (Imágenes 72 y 73 del expediente judicial digital).

En fecha 28 de Agosto de 2013, dentro del expediente Administrativo de Investigación Preliminar 179-2013, se emite el informe final de investigación de los hechos denunciados en fecha 7 de febrero y 17 de mayo, ambos de 2013, señalando que, después de recabar los testimonios de los funcionarios Carlos Abarca Quesada y Emilio González Núñez, así como las declaraciones de los privados de libertad José [Nombre 001] , [Nombre 007], [Nombre 008] y [Nombre 009], así como prueba varias pruebas documentales, determina que: “… [de] las declaraciones de los testigos ofrecidos por el denunciante indicaron que efectivamente en fecha 07-02-2013, fue agredido por sus iguales, pero ellos no escucharon que la golpiza se diera por órdenes de seguridad, sino todo lo contrario, al parecer la golpiza obedeció a que la población penal se encontraba molesta con el privado de libertad [Nombre 001], porque al parecer tenía deudas, entre otras cosas… Por otra parte, para los hechos denunciados en fecha 17 de mayo del 2013, no quedó constancia en ningún lado que los oficiales de seguridad Carlos Abarca Quesada y Emilio González Núñez, egresaran al privado de libertad [Nombre 001] de su dormitorio, para someterlo a una tortura durante 3 horas aproximadamente, al contrario queda registrado que efectivamente que el área de seguridad recibió llamada anónima en donde al parecer el privado de libertad [Nombre 001], estaba liderando un plan para perjudicar a uno de sus homólogos, por lo que seguridad lo que hizo fue resguardar la integridad física del privado de libertad [Nombre 004], para evitar que sus iguales lo agredieran”, concluyendo que no existe mérito para los hechos investigados. (Imágenes 55-64 del del expediente administrativo “16-11613-1027-CA prueba 1 Folios 01-56.pdf.3evcc1a.pdf ”).

En fecha 4 de setiembre de 2013, se informa al accionante por parte de la Sección de Investigaciones del Ministerio de Justicia, el oficio DJ-2013-3061, el cual señala que, después de realizar la respectiva investigación preliminar, se ha determinado el archivo de la causa por los hechos por él denunciados. (Imagen 74 del expediente judicial digital).

En fecha 4 de octubre de 2013, mediante oficio 13059-2013-DHR-[PE] dentro del expediente 128641-2013-SI, la Defensoría de los Habitantes emite una doble recomendación, tanto al Director del Centro Penitenciario de San José como al Director General de Adaptación Social, para que se realice la apertura de un procedimiento administrativo para determinar la verdad real de los hechos vinculados con las lesiones recibidas por el actor en mayo de 2013. (Imágenes 67 y 68 del expediente judicial digital).

Que en fecha 27 de noviembre de 2013, se recibe denuncia telefónica ante la Defensoría de los habitantes, creándose el expediente 144713-2013-SI, en el cual se afirma que el actor: “… desde hace tiempo esté teniendo problemas con el jefe de escuadra Emilio González Muñoz. Que cada vez que tienen problemas, este oficial solicita a otros compañeros o mismos privados de libertad que lo golpeen. Hace alusión a 2 eventos, uno en que lo sacó a las 11.pm de la celda, mandó a que rociaron con gas pimienta (recuerda que fue un viernes). El otro en febrero aproximadamente en lo (sic) pasó de celda y mandó a que los mismos privados de libertad lo "reventaran'; dice quo recibió tal golpiza que terminó en el hospital con una fractura de un hueso de la cara. Agrega que siempre ha denunciado estas agresiones, pero nunca pasa nada. Continúa diciendo que lo insulta, le dice sobrenombres, le dice “ahí va la niñita, solo denuncias”, etc. Indica que hoy a las 7.30 am cuando se disponía a salir al patio a hacer ejercicios, este oficial le dijo que no podía pasar con la plancha para hacer abdominales, a pesar de que siempre lo han dejado llevarla. Como él le dijo que no entendía por qué no lo dejaban pasar y como se la quitó y la tiró, le dijo “si quiere se la regalo”, mandó llamar 2 oficiales que lo pegaron contra la pared. Considera que las actuaciones de este oficial constituyen abuso de autoridad y teme por su integridad física. Por lo que solicita la intervención de la Defensoría de los Habitantes ante las actuaciones de este oficial para que no se meta más con él ”. (Imágenes 2-3 del del expediente administrativo 144713-2013-SI en archivo “16-11613-1027-CA prueba 3 DAJ-171-2016 exp 144713-2013(DefensoriaHabitantes).pdf ”).

En fecha 9 de diciembre de 2013, el Director del CAI de San José, Mariano Barrantes Angulo, remite informe de la queja ante la Defensoría en expediente administrativo 144713-2013-SI, expresando que son falsas las alegaciones del denunciante, que el primer evento es demasiado indeterminado y no se logra acreditar fecha cierta, mientras que, del segundo evento, respecto de la agresión registrada en febrero 2013, ya había sido atendida, investigada y resuelta, mientras que el tercer evento, relacionado con el 27 de noviembre de 2013, señala en lo que interesa: “ Que es cierto que al momento de salir al patio a hacer ejercicios no se le permitió salir con la plancha a la que hace alusión, esto debido a que a ningún privado de libertad se le permite hacerlo por medidas de seguridad y además el lugar cuenta con los accesorios necesarios para ejercitarsen (sic). Que es falso que en otras ocasiones se les haya permitido salir con los artículos en mención a él, o, a otros privados de libertad, ya que podrían ser utilizadas como armas contra sus iguales y el cuerpo de seguridad. Que es completamente falso que lo pegaran contra la pared dos oficiales por orden del señor Emilio sin razones justificadas como pretende hacerlo ver este privado de libertad, ya que la situación fue abordad (sic) por el supervisor en servicio y no por el señor Emilio González. Que la medida de no dejarlo salir con los artículos en menci ón fue tomada por parte del supervisor en servicio Jorge Alpízar Ugalde y nunca por el señor Emilio González. Que dicha medida en relación a lo denunciado fue tomada principalmente por las amenazas injustificadas del privado de libertad [Nombre 001], y no por lo denunciado por el mismo, mismas que quedaron reportadas en el informe de fecha 26 de Noviembre de 2013”. (Imágenes 15-16 del del expediente administrativo 144713-2013-SI en archivo “ 16-11613-1027-CA prueba 3 DAJ-171-2016 exp 144713-2013 (DefensoriaHabitantes).pdf”).

En fecha 11 de febrero de 2014, por medio de oficio 01370-2014-DHR-[PE], se comunica el cierre de seguimiento dentro del expediente de la Defensoría de los Habitantes 128641-2013-SI. (Imágenes 39-40 del del expediente administrativo 128641-2013-SI en archivo “16-11613-1027-CA prueba 2 DAJ-174-2016 exp 128641-2013(DefensoriaHabitantes).pdf”).

En fecha 1 de agosto de 2018, se emite el Dictamen Médico Legal 2018-0006039, el cual incluye un examen físico del accionante, señalando en lo que interesa: “* Rostro: Con expresiones faciales conservadas. No hay lesiones francas, ni cicatrices externas, pero refiere malestar general y dolor en la región orbitaria derecha, a la simple y suave palpación. Me impresiona que hay un aumento de volumen de la zona en relación a la órbita contralateral izquierda. * Oídos: Pabellones auriculares simétricos, sin alteraciones. Canal auditivo externo derecho permeable. Canal auditivo externo izquierdo permeable. Tímpano derecho liso y nacarado. Tímpano izquierdo liso y nacarado. Conducta auditiva de hipoacusia. Sin hallazgos a la exploración. * Ojos: No se denota déficit de la agudeza visual. * Nariz: Fosas nasales simétricas. Flujo aéreo simétrico. Situación anatómica: dorso central. * Boca: Lengua: central, con movilidad conservada. * Cuello: Sin ingurgitación yugular. Cilíndrico, bien conformado. Tiroides no palpable. Sin hallazgos a la exploración. Tórax. Simétrico. Bien conformado, con adecuada elasticidad y expansión. Miembros superiores. Simétricos. Trofismo muscular: sin hipotrofias. Masa muscular normal. Tono muscular normal. Sensibilidad normal. Fuerza muscular conservada (5/5). Miembros inferiores Simétricos. Trofismo muscular: sin hipotrofias. Fuerza muscular conservada (5/5). Durante la libre deambulación: sin claudicación”. En cambio, en lo referente al examen neurológico se señaló: “ Conciencia y orientación: consciente, orientado en tres esferas. Pupilas y movimientos: ojos con pupilas isocóricas normorreactivas a la luz y movimientos extraoculares conservados. Mímicas faciales y movilidad de la lengua: simétricas y conservadas. Voz y lenguaje: se comunica adecuadamente y con coordinación. Función piramidal, cerebelosa y vestibular: sin plejías, ni paresias; movimientos musculares y postura adecuada; coordinación de los movimientos sin alteraciones. Fuerza y tono muscular: conservada y simétrica en miembros superiores e inferiores. Sistema sensorial: sensibilidad al dolor, tacto superficial. Signos de irritación meníngea: sin rigidez nucal. Al momento de la valoración no hay otros elementos subjetivos ni objetivos de trauma o alteraciones relacionadas con los hechos en estudio”, determinando que se ocupa estudios adicionales. (Imágenes 176 a 178 del expediente judicial digital).

En fecha 5 de diciembre de 2018, se emite por parte de Medicatura Forense el oficio 2018-0010057, analizando los datos médicos remitidos, específicamente, la Hoja de Emergencia del Hospital Calderón Guardia y el oficio MCAISJ-050-08-2013, concluye una incapacidad temporal por lesiones físicas desde el punto de vista médico legal de cinco días en total, mientras que pide m ás información para determinar incapacidad permanente y secuelas. (Imágenes 203 y 204 del expediente judicial digital).

En fecha 5 de febrero de 2019, el actor es atendido en Coopesalud RL con diagnóstico de “ disminución indeterminada de la agudeza visual de un ojo”. (Imagen 429 del expediente electrónico).

En fecha 2 y 9 de Julio de 2019, el actor es atendido y referido a Otorrinolaringología. (Imágenes 439-440 del expediente electrónico).

En fecha 28 de junio de 2019 al actor se le realizan pruebas de audiometría en el Área de Salud de Desamparados 1, Clínica Marcial Fallas. (Imágenes 443-444 del expediente judicial digital).

En fecha 7 de enero de 2021, se emite nuevo dictamen legal por Medicatura Forense medio de oficio 2021-0000171, el cual analiza la información médica aportada adicionalmente con el reporte de radiología forense de fecha 23 de diciembre de 2020, incluyendo una radiografía de cráneo AP (anteroposterior) y lateral, con resultado: “Silla turca de tamaño y forma normal. Tabla externa e interna normales. No se observan calcificaciones intracraneanas ni trazos de fractura”, concluyendo “ En el análisis del caso, es importante aclarar el evaluado en la historia médico legal y en la denuncia narra una historia de agresión por parte de dos funcionarios penitenciarios, sin embargo, en las notas médicas del Hospital Calderón Guardia se describe historia de haber sido golpeado por cinco personas en el centro penitenciario (no se detallan quienes ni si son funcionarios o no) y en la certificación emitida por el médico del centro penitenciario se describe traumas faciales por privados de libertad, presentándose una discordancia en la narración de los hechos. Para continuar con el análisis del caso, es necesario que la Autoridad Judicial aporte las radiografías realizadas en el Hospital Calderón Guardia en fecha 8 de febrero del 2013 a nombre del evaluado, así como el expediente completo de dicho hospital, donde consten las atenciones recibidas desde el año 2013 ”. (Imágenes 464 a 466 del expediente judicial digital).

En fecha 16 de noviembre de 2021, se emite el último dictamen Médico Legal bajo el oficio 2021-0008562, incorporando los documentos de la parte actora de fecha 12 de octubre de 2021, las consultas al EBAIS San Rafael Debajo de fecha 22 de abril de 2020 y 5 de agosto de 2020, la hoja de atención médica del Hospital Calderón Guardia del 8 de febrero de 2013 y la nota médica de la Clínica San Juan de Nicaragua del 21 de setiembre de 2021, determinando que “ No existen elementos de juicio objetivos para establecer relación de causalidad entre los padecimientos visuales, auditivos y de lumbalgia con los hechos narrados del 8 de febrero del 2013. Por lo anterior, no existen elementos de juicio para aumentar la incapacidad permanente (sic) otorgada en el dictamen médico legal N.º 2018-0010057, de cinco días en total como tiempo requerido para la estabilización del cuadro lesionológico agudo, el cual sanó sin secuelas funcionales que ameriten incapacidad permanente.

Se mantiene la incapacidad temporal otorgada en el dictamen médico legal N.º 2018-0010057, de cinco (5) días en total.

Incapacidad permanente: no amerita”. (Imágenes 530 a 533 del expediente judicial digital).

En juicio oral y público se recibió la declaración de la médico forense Sandra Solórzano Herra, quien es médico forense desde el 2004 y labora en la Clínica Médico – Forense con cargo en jefatura desde el 2014. Señala que: “El actor fue evaluado en la clínica, con la determinación del daño físico del señor Uriel, eso fue el 31 de julio de 2018 y se procedió a la valoración médico – legal, en su momento por el Dr. Adrián Zamora Torres. En esa primera valoración, el paciente explica que, como reo en el sistema penitenciario, líder de un grupo religioso y opositor a las prácticas de venta de drogas en la cárcel, fue objeto de lesiones, que le fracturaron la cara y le dejaron una sordera. Posterior a ello, se realizaron dos evaluaciones adicionales, con estudio de la prueba remitida a estudio. En el dictamen del 2021, ya ella, en compañía de otra Dra., se determina sumamente necesario que la nota médica no era legible, que confirmara o descartara la fractura facial, por lo que se solicitaron los estudios radiográficos. Finalmente, se emite el dictamen legal 2021-0008562, en el cual se concluye que existen discrepancias en la narración del accionante, y que no existen rastros de la factura facial, ni que la sordera fuese originada en las agresiones del 2013, confirmando el dictamen inicial de incapacidad temporal de 5 días. Aclara que el dictamen tiene un error en su redacción ya que se trata de un error en la redacción, ya que refiere a incapacidad temporal, no permanente como erróneamente se plasmó a imagen 533 del expediente judicial. Ante preguntas de la parte actora, especificó, que no tuvo a la vista el expediente clínico, sino el material expresamente referido en los informes, no teniendo a la mano el expediente clínico del centro penal, sino solo algunas notas médicas de la atención brindada del 8 de febrero de 2013 (Dictamen o epicrisis del CAIS que se supone emitido a un expediente médico del centro), ni tampoco la radiografía que se hizo inicialmente, sino que ello es a través de la nota médica que descarta la fractura. En cuanto a la hoja de puerta del hospital del Calderón, determinándose como hora de ingreso las 16:31 del 8 de febrero de 2013, atendido por el Dr. a las 16:44 hrs y con nota de revaloración a las 17hrs, es con esa última nota, que, descartamos del año 2013, se descartó ese elemento. Aclara que, con el tema auditivo, es que en las notas médicas del 2013 y posteriormente, no se hace referencia al padecimiento, siendo hasta los últimos años que aparece el padecimiento, por lo que no hay forma objetiva y demostrable de esa causalidad”. (Audio y video en SIGAO).

Posteriormente se recibió la declaración de Armando Javier Silva Solórzano, doctor que laboraba para el CAI de San José para el área médica en el año 2013, Jubilado desde el 2019. Explica que, dentro de sus funciones era el encargado de la supervisión técnica de los servicios y su administración, estando pendientes de los pacientes, sus ingresos y salidas, con un control de citas. El área médica es muy básica, es como un EBAIS, para especializadas se coordina con áreas de salud de la CCSS, nosotros nos encargábamos de la confección técnica de salud, llevaba el visto bueno del jefe de policía y el director del penal. En caso de emergencias, con heridas no complejas, se atendía en la misma área, en el caso de heridas que ponían en riesgo la vida del preso, se coordinaba con el Calderón Guardia. El área médica no forma parte de la CCSS, así que el expediente médico es “con el formato viejo” con la ficha del paciente y las hojas de atención, como parte del control en la atención médica y darle seguimiento. No precisa por los años exactamente quién y cómo es Uriel, pero sí tiene registro de los eventos. “ Lo que tengo registro, según mis archivos que llevaba dentro del centro, no puedo decir qué pasaba fuera de ese ámbito, de hecho, no tenía injerencia. Con los datos que recabé, se atendió a una persona de nombre Uriel, no recuerdo apellidos un día en la tarde, lo llevaron a la unidad médica y se abordó para atención, reportándose que lo habían agredido en el módulo. El área de salud est á fuera de los módulos carcelarios, yo recibo al paciente, no vemos nada de los módulos. Entre un médico y yo vimos que Uriel tenía muchos traumas y optamos a remitirlo al Calderón para “rayos x” y valoración. Para él se hace una boleta para salida a emergencias y se queda a la espera de los resultados que se obtengan del hospital, así como si existe necesidad de nuevas citas de seguimiento para nuestro control”. Reitera que la remisión externa es cuando la situación sale de las posibilidades de atención del área médica, cuando es una eventualidad clínica de importancia, para tener acceso a instrumentos médicos que el área no tiene: radiografía, tag, etc. y le pusieron analgésicos. De los registros que se tienen, se utilizó el trámite normal para casos como el de él e incluso con cita para maxilofacial, cirugía plástica y oftalmología. “Yo tramité la salida para una cita, pero ya para la oftalmología no. Recuerdo que él fue trasladado en algún momento, yo llevo control con boletas cuando los expedientes salen y con indicación de si tiene citas a futuro, pero el expediente pasa a cargo del médico donde el reo va a estar preso. Recuerdo que, para la segunda vez que Uriel ingresa, no nos regresaron el expediente, por eso tuvimos que hacer otro expediente, donde se constató la información que se emiti ó en su momento. La movilización de reos es alta, se va el expediente legal con el médico, usualmente. No hay EDUS, se manejaban expedientes de papel. El trámite para sacar copias era que el abogado solicitante pagase las copias, de hecho, nosotros no teníamos copiadora en la unidad médica”. En contrainterrogatorio, reitera que las salidas de emergencia, el criterio calificativo es la gravedad del trauma, en este caso, como era en la cara, ya por ese hecho lo hace importante, y no es posible tener el abordaje por la falta de equipo especializado, “por eso es que lo remitimos, porque a como puede ser algo grave, puede ser que no”. Detalla que, para la cita de cirugía reconstructiva se sacó para que asistiera, pero para oftalmología nos remitieron a “cita abierta” o cita a cupo, y es en ese momento, que se hace el traslado de centro y “por eso, en mi boleta yo advertí que estaba pendiente la cita de oftalmología, con la referencia del Calderón”. Expone que, en consulta del área, por normativa interna del centro, siempre hay un custodio. Señala que, no es usual que un expediente se perdiera, “de hecho, el control de mis boletas servía para corroborar que los expedientes llegaran a destino con la descripción que contiene ”. En el caso de pérdida, se intentó coordinar con el último centro para buscar y rastrear el expediente, si no contestaban, lo que hacía era abrir uno nuevo y tratar de reconstruir el expediente. El manejo del expediente entraba en control de salida del área médica, pero cada quien trabaja diferente. Los expedientes se entregaban a los custodios que se encargaban de los transportes. En otro orden de ideas, retomando la lesión de Uriel, como la lesión era facial y general en la cara, había que descartar para diagnosticar y tratar daños en específico, por eso es que se remitió a cirugía plástica, maxilofacial y oftalmología, ya que emergencias no tiene las herramientas para hacerlo ahí mismo. (Audio y video en SIGAO).

Seguidamente, se recibió la declaración de Katiana María Araya Abarca, quien fungió como empleadora del actor en el negocio de la familia, contando con experiencia laboral del actor antes y después de su encarcelación, la primera vez alrededor de un año y la segunda vez como dos años y medio. Ratificó la declaración rendida en juicio de fecha 16 de febrero de 2022, comentando que, el actor fue contratado en labores de mantenimiento para el negocio familiar. Durante la encarcelación le brindamos asistencia, teníamos comunicación una vez a la semana aproximadamente, la duración de las llamadas era como de cuatro o cinco minutos, contándonos su situación y su diario vivir en el centro penitenciario. Recuerda que, comentaba que era objeto de golpizas, se oía temeroso, asustado y que le preocupaba su vida. Explica que, en ciertas ocasiones él hablaba libremente, mientras que en otras no, lo había como de “a calladito”, ya que decía que los oficiales de seguridad lo estaban golpeando. Entre mi esposo y yo extendimos nuestra preocupación a la Administración del centro. Refería a que eran varios oficiales, entre ellos, uno de apellido Abarca y le decíamos que nos dijera cómo nosotros le podíamos ayudar, al punto de que Don Mariano, Director del Centro, conocía de la situación y nos informaba de cómo estaban abordando la situación. Nos contaba de una situación de golpiza que había recibido con una varilla de metal en su cuerpo, pero sobre todo en su pie, ese día se comunicó dos veces con Don Mariano, el cual explicó que estaba al tanto de la situación de Uriel y que iba a tomar acciones en el asunto, en la segunda llamada, él me dijo que, personalmente, se había encargado del asunto, que no tenía por qué preocuparme, yo le agradecí la atenci ón, fue sólo ese día, dos veces. Nosotros financiamos el patrocinio letrado de Uriel, unas semanas después de la agresión con la varilla, quien lo fue a ver, fue la Licda. Norma Vargas, ella lo visitó y habló con Uriel y le comentó de la situación, le tomó fotos, yo las vi y fue impactante, tenía el rostro moreteado, los ojos achinados, la boca y labios hinchados. El comportamiento de él antes y después cambió mucho, la primera vez que lo conocimos él era muy proactivo, emponchado, creativo y de muy buena disposición para trabajar. Cuando regresó el cambió era muy apago, nervioso, disperso, extraño. Nosotros nos ofrecimos como lugar de trabajo para que él pudiese salir. Conforme pasaron los días, se sentía incómodo en el gimnasio, notamos que se mareaba mucho. Él dejó de trabajar con nosotros ya que él quería ser emprendedor, y nosotros lo apoyamos, trató de poner un lavacar. Desde la perspectiva física, él regresó más delgado pero, sobre todo, los mareos, con muchos dolores de cabeza y oído, dec ía que padecía de vértigo, comparado con la primera vez, que estaba en perfecto estado. En contrainterrogatorio, reconoce que Don Uriel fue encarcelado por un asunto de deudas pendientes, un asunto de drogas. En aclaraciones del Tribunal, las llamadas eran usualmente una vez a la semana, a veces dos, pero lo usual era una vez a la semana, especificó que no fue a visitarlo. Y expuso que el negocio familiar es de un gimnasio, y la labor de Uriel fue de mantenimiento. En preguntas adicionales, aclaró que Uriel trabajó para ellos en los años 2009-2010 la primera vez, 2015 a casi 2018 la segunda vez. Agregó que, además de la iniciativa de lavacar, preocupaba que, por su vértigo, sufriese algún accidente, y por sus labores, hacía que fuese riesgoso, decisión que tomaron su esposo y ella. Explicó que, cuando se refiere a vértigo, también padecía de desmayos, “ya nosotros sabíamos cuando comenzaba a desmayarse ”. Reafirma que, cuando llamaba comentaba que, quien lo agredía, eran los policí as penitenciarios. En contrainterrogatorio, explica que no contó las veces que Uriel dijo que lo golpeaban, no precisa la cantidad, pero sí era constante la referencia, no me consta directamente. (Audio y Video en SIGAO).

Posteriormente, se recibió la declaración de Jorge Arturo Alpízar Ugalde, supervisor de policía penitenciario en el CAI de San José. Ratificó la declaración rendida en juicio del 16 de febrero de 2022, comentando que ingresó una llamada al centro penitenciario dando noticia de que un privado de libertad que iba a ser trasladado estaba amenazado de agresión, por lo que nos apersonamos al pabellón y trasladamos al actor durante esa noche. Esa noche estábamos Carlos Abarca, que es otro supervisor y personal de la escuadra en servicio, aunque no recuerda los nombres. Emilio González Núñez no estaba, ya que él estaba en jornada diurna. No recuerda que haya algún incidente relacionado con el actor. Explica de manera general que, en el centro penitenciario, sí han ocurrido enfrentamientos entre privados de libertad y policías, dentro del protocolo está separar a los que no quieren participar del conflicto de los que sí, controlar la situación, seleccionar a los que están más heridos para coordinar su traslado al área médica, mientras que los menos lesionados deben esperar a que se atiendan a los prioritarios. No se recuerda que se le haya negado la atención médica a ninguno de los reos, usualmente lo piden verbalmente o por nota y nosotros coordinamos con el área médica, no se usa gas pimienta, ya que está eliminado del sistema penitenciario desde el 2009, fue sustituido por otro gas menos irritante. Para el momento en que estuvo recluido el actor, él estaba en prisión preventiva, como parte de la inteligencia que se hace a nivel policía, se identificó al actor como parte de un grupo que se dedicaba a realizar amenazas, represión o agresión a sus iguales. Comenta en otro orden de ideas que los reclusos hacen ejercicio en el mismo pabellón con instrumentos artesanales, para actividades colectivas, se hace una programación y se planifica en una pequeña cancha, siendo los policías los que custodian la actividad. La participación se canalizaba a través del encargado de deportes, mientras que los custodios no tienen injerencia en ello. No recuerdo algún incidente del actor y no me acuerdo haber visto al actor con lesiones corporales. En contrainterrogatorio, explicó que él colaboró con la realización de algunos informes para las gestiones ante la Defensoría de los Habitantes. Explica que, es normal el traslado de reclusos o cambio en pabellón cuando ocurren situaciones que lo ameriten. Reitera que, para el tema de instrumentos de ejercicio, se canaliza a través del encargado de deportes con el visto bueno del Director del Centro Penitenciario. Aclara que, en los pabellones existen “gestores” que son los que canalizan solicitudes como de atención médica. Aclara que, con el tema de inteligencia, conforme el libro de confidencias se registró a Don Uriel como parte del grupo que ya refirió. En aclaraciones al Tribunal, explica que, en caso de trifulca, la calificación médica inicial lo hacen los custodios, dependiendo si hay heridas expuestas, apuñalados y similares. Si se trata de un incidente diurno, se coordina con el área de salud interna, si es en horas de la noche, se traslada al centro médico externo. Aclaró que jornada diurna va desde las 06:00 hasta las 18:00 horas. En contrainterrogatorio, detalla que, cuando explicó que existen "escuadras", se dividen en 3 subgrupos: A1, A2, A3, el grupo A1 laboraba 8 horas con 8 horas de descanso, el grupo A2 igual, el A3 tenía de jornada de 12 horas con 12 de descanso. Las jefaturas no teníamos jornada, teníamos que ir cuando nos ocupábamos. Para el 2013, yo estaba en la misma escuadra que Emilio. Detalla que, en el centro penitenciario, los privados de libertad son denominados por nombre, cédula, nacionalidad. Cuando el privado de libertad asiste al área médica, siempre se asigna un custodio permanente para acompañar al reo. En cuanto a si el expediente acompaña al reo, en casos de que se traslade un reo de centro a centro, pero nosotros no manejamos ese paquete, solamente lo custodiamos. En caso de fines de semana, el expediente puede ser que se remita después. (Audio y Video en SIGAO).

Finalmente, en carácter de PMP, se recibió la declaración de José Luis Solís García. Recluso desde el 2011 al 2013, en el CAI de San Sebastián, no se acuerda en qué mes salió. Estaba en el pabellón B1, dormitorio

Él estaba en el dormitorio 2 cuando Uriel ingresó, “para ese momento llegó golpeado en la cara, tenía los ojos hinchados, desconozco por qué había sido, se rumoraba que había sido los policías penitenciarios, pero eso no me consta, no recuerdo que haya sido atendido médicamente esa vez. Después de la cárcel no tuve contacto con él, sino hasta ahora que vi en Facebook que lo vi y lo contacté. Sí noté que, en varias ocasiones, la misma escuadra lo sacaba de su celda y lo regresaban muchas veces golpeado, desconozco por qué. Dentro de la escuadra era uno que le decían Ronaldiño, uno de apellido Alpízar y Carlos Abarca. Contando las veces, fue cuando lo vi en mi celda, después a él lo pasaron al dormitorio 4 el cual me pasaron a mí cuando me sentenciaron, y en ese momento vi como una o dos veces lo sacaron de la celda y lo regresaron golpeado, desconozco a dónde lo llevaron o por qué. Esa era mi primera estadía en el sistema carcelario, no comentaba directamente con Uriel, pero los comentarios entre los mismos reos que eran los policías, se rumoraba que era por un tema de drogas, pero no puedo dar fe de que era o no cierto. Nunca vi a Uriel agrediendo a alguien”. Señala que la forma que tenían los policías de referirse a nosotros eran los apellidos, había varios reclusos, dos o tres, que tenemos el apellido García. Explica que todos los reos tenían una hora de sol al día, así que nos sacaban del dormitorio, para hacer ejercicio estaba el gimnasio o la plaza. Comenta que, cuando se ocupaba ayuda se solicitaba al “paco del abanico ” que era como el punto cercano de auxilio. Los oficiales sacaban a personas durante la noche, pero durante el día, era Uriel, “ era como usual, no puedo afirmar si había alguna anormalidad. Los rumores eran que, los de la noche era porque guardaban droga. Uriel en el antro carcelario era un reo normal, fuimos a estudiar, a la iglesia y a reuniones de Narcóticos Anónimos, no recuerdo algún conflicto entre Uriel y otros compañeros ”. (Audio y video en SIGAO).

En fecha 10 de junio de 2022 se incorpora el oficio con sello de 7 de junio de 2022 emitido por la Unidad de Cómputo de Penas del Instituto Nacional de Criminología del Ministerio de Justicia y Paz el cual señala que José Luis Solís García conforme el expediente administrativo 037954-MJ-2012 fue reo preso descontando 5 años de prisión y soportando prisión preventiva del 24 de febrero de 2012 al 27 de enero de 2013 y pena a partir del 29 de enero de 2013 hasta el 16 de octubre de 2015. (Imagen 601 del expediente judicial digital).

En fecha 10 de junio de 2022, se incorpora el oficio DGAS 497-06-2022 fechado 6 de junio de 2022, reiterando lo dicho por el Instituto de Criminología y adiciona: “ Que sobre su ubicación, de la información que consta en el Sistema SIAP, se visualiza que durante el período de prisión preventiva el señor Solís García se mantuvo ingresado en el Centro de Atención Institucional San José, en el Módulo B2, dormitorio 1; y en fecha 01 de julio del 2013 fue ubicado en el Centro de Atención Semi Institucional San José, por acuerdo del Instituto Nacional de Criminología, centro del que egresó al cumplir su sentencia con descuento en fecha 16 de octubre del 2015”. (Imágenes 602-603 del expediente electrónico).

HECHOS NO PROBADOS: Se tienen como hechos no probados relevantes:

Que al actor haya sufrido omisión de atención médica mientras estuvo como reo preso en el sistema carcelario costarricense. (Los autos).

Que los padecimientos físicos reclamados por el actor sean producto directo e inmediato del evento dañoso ocurrido en su perjuicio el día 8 de febrero de 2013, o en general, de su estadía en el régimen penitenciario costarricense. (Los autos).

Que exista registro de un evento dañoso en perjuicio del actor en fecha 17 de mayo del año 2013. (Los autos).

Que el actor sufriese pesquisas corporales o que haya sido utilizado gas pimienta en su cuerpo. (Los autos).

La participación de los oficiales Carlos Abarca Quesada y Emilio González Núñez en las conductas lesivas reclamadas por el actor. (Los autos).

Que al actor se le negase injustificadamente la posibilidad de utilizar instrumentos de ejercicio, durante su reclusión en el CAI de San José (San Sebastián). (Los autos).

La autoría de las lesiones provocadas en perjuicio del actor en el evento del 7 de febrero de 2013. (Los autos).

Que el actor haya sufrido una quebradura facial, originada en su estadía en el sistema carcelario costarricense. (Los autos).

La existencia de daño material indemnizable por parte del Estado. (Los autos).

Que las lesiones recibidas el día 7 de febrero de 2013, sean resultado de un comportamiento provocado o propiciado por el actor en ocasión de su condición de reo preso. (Los autos).

OBJETO DEL PROCESO: La parte actora señala que, en calidad de reo preso en el sistema carcelario costarricense, específicamente, en su estadía en el Centro de Atención Integral de San José, ubicado en San Sebastián, se vio expuesto a tratos denigrantes y torturas por parte de oficiales del centro penitenciario, ya que él no participaba en las actividades irregulares e ilícitas que acostumbraban en el lugar. Afirma que: “Dentro de los centros penales es normal que entre reos y en complicidad con los policías penitenciarios ocurran toda serie de barbaries contra los privados e incluso contra otros oficiales que no se presten para el jueguito, pareciere que el oponerse a esos tratos fue mi condena interna en dicho lugar, lo que desencadeno una serie de actos que conculcan mis derechos humanos, normativa internacional y nacional, dentro de los cuales voy a describir algunos de ellos: El viernes 17 de mayo del año 2013 en horas de la noche el suscrito fue trasladado de mi celda sea esta en el Pabellón A3 Dormitorio 2 a otro ámbito, sea este específicamente al pabellón 81 Dormitorio 2, posteriormente fui trasladado a una celda estilo bodega que yo desconocía que existía por los oficiales Carlos Abarca Quesada y Emilio González Núñez alias Ronaldinho, donde desde (sic) que me metieron empezaron a golpearme violentamente mi rostro, adicionalmente a eso me esposaron a una banca y sin razón alguna me lanzaron gas pimienta en mis ojos, adicional me siguieron golpeando hasta perder la conciencia. Por lapsos en la noche me despertaba pedía ayuda y lejos de brindarme ayuda me seguían insultando, golpeado y amenazando entre los 2 oficiales que anteriormente mencioné y otros cuyo nombre no preciso ya que por la inflamación de mis ojos no podría determinarlos. Posteriormente no recuerdo nada más a despertar en el Hospital al día siguiente con quebraduras faciales y múltiples contusiones ”. Explica que, durante toda su estadía, fue denigrado sin razón alguna por los oficiales Carlos Abarca Quesada y Emilio González Núñez, así como otros oficiales que no logró identificar, ello bajo sospechan infundadas de portar material ilícito, llevándolo: “ a cuartos específicos de aislamiento y me ponían periódicos en el suelo y me obligaban a dar del cuerpo para según ellos garantizarse que no tenía nada en mi orificio rectal, practica además de inhumana, impráctica ya que sin ganas materialmente era imposible, por lo que los oficiales procedían a ponerse un guante para según ellos realizar una exploración rectal en busca de material indebido, conculcando las derechos humanos del suscrito, llama poderosamente la atención en decir que no bastando con ello me golpeaban hasta dejarme inmóvil y en esencia ejercer una violación física, moral y atentar contra toda la normativa nacional e internacional ”. Adicionalmente, expone que se le privaba de la utilización de utensilios para ejercitarse, ello, pese a contar con permiso expreso del Director del Centro Penal. Que todo lo anterior fue documentado en varias denuncias e intervenciones de la Defensoría de los Habitantes, donde se acepta que el accionante fue agredido, ello basado en un informe médico realizado por el Dr. Armando Silva, donde se demuestra que: “ el suscrito tenía lesiones faciales, además que fui remitido al Área de Cirugía Plástica y Oftalmológica del Hospital Calderón Guardia y lo más importante se recomienda la apertura del procedimiento administrativo contra dichos funcionarios del centro penitenciario”. Destaca dentro de los daños físicos recibidos: faringoamigdalitis, politraumatismos faciales, edemas palpebrales importantes, hipermovilidad de maxilar inferior y hemorragias conjuntivales, estas últimas provocadas por el gas pimienta. Explica que: “ nunca fue llevado al hospital Calderón Guardia posterior a la primera vez que llegue inconsciente, ni a Cirugía Oftalmológica ni a Cirugía Plástica, por lo que el suscrito tiene daños no solo de carácter irritable si no que la Administración los agravó al no llevarme a que recibiera la atención pertinente en tiempo y forma. Prueba de ello es que como daño colateral el suscrito tiene una quebradura facial”. Afirma que, mientras estuvo recluido, nunca tuvo problemas con otros privados de libertad, prueba de ello es que siempre estuvo en la misma celda. Explica que su expediente administrativo y médico fue perdido por la Administración, lo que lo llevó a interponer el recurso de amparo tramitado bajo la causa 16-015615-0007-CO. Señala que todo lo anterior le ha provocado daños materiales, corporales y moral subjetivo, que tienen como causal generadora, la responsabilidad objetiva del Estado imputable por una falta de servicio o funcionamiento anormal de la Administración. En conclusiones , suprimiendo argumentos novedosos que se hayan introducido y que son improcedentes por la etapa procesal en la que se intentan incorporar al proceso, la parte afirma que: “En la prueba para mejor resolver aportada por el Estado el día 03 de mayo del 2017, se puede notar un documento carcelario, titulado salidas medicas de privado de libertad, donde se evidencia que Uriel estaba en el módulo 82 y que debía ser llevado a cirugía reconstructiva, a una cita de control, al ser minuciosos vemos que la fecha de ese documento es 19 de febrero del 2013, lo que concuerda con lo narrado por el medico en la prueba testimonial”. Destaca como patológica la pérdida del expediente médico del actor señalando que: “Es ahí donde el Estado inicia su novela vergonzosa, desleal y de mala fe, donde mediante oficio OF-1015-2019, el señor Antonio Barrantes, director del mismo centro penal en el que estuvo recluido Uriel y donde fue agredido, pretende venir a decir que no tiene registros de su existencia, ni de la existencia de ningún expediente médico… A pesar de eso, el centro penal de nuevo de formar ridícula vuelve a decirnos mediante oficio OF-1953-2019, que no tienen registro alguno de Uriel ni activo, ni pasivo… el médico del centro penal SU PROPIO TESTIGO, expuso con valor y decencia la verdad, que el expediente existía, que tenía datos valiosos y en el centro penal lo perdieron VARIAS VECES, incluso expuso el testigo del señor Procurador que el mismo lo tuvo que armar varias veces con sus propias manos, ese actuar es vergonzoso, la mentira se les cayo con el testimonio de su propio testigo… Dicho galeno nos expone que, en un traslado de Uriel de un centro penal a otro, el mismo le entrega el expediente médico a los policías penitenciarios encargados del traslado, posteriormente nos indica que tan solo unas horas después, cuando Uriel regresa al centro penal de San Sebastián ya el expediente médico no regresó con él, incluso nos cuenta que él debió en base a lo que recordaba de la parte médica y el relato del paciente "armar uno nuevo" y termina diciendo que no fue la única vez que lo perdieron”. Critica el informe pericial al no haber tenido a la vista el expediente clí nico perdido, siendo cuestionable la no acreditación de la fractura facial al no haber tenido a la mano las radiografías, teniendo a la mano exclusivamente una nota médica de difícil lectura, teniendo que considerar la declaración del médico penal respecto de la remisión a cirugía maxilofacial y rescatando que, con el transcurso de los años es posible que la fractura haya sanado sin dejar rastro detectable, pero con evidencia de un grado de diferencia en su órbita facial. Conjetura con las declaraciones recibidas, que Uriel siempre estuvo acompañado en todo momento con un custodio, por lo que existe una razón de peso para no poder expresar libremente que había sido agredido por los propios policías penitenciarios, obteniendo un indicio por las declaraciones de Kattiana y las llamadas telefónicas, por lo que no se trata de una inconsistencia, sino de un “acto reflejo para cuidar su vida frente a sus agresores y probamos así el miedo, terror y nivel de dramatismo que vivió Uriel en esa prisión ”. Ataca la declaración del testimonio policial penitenciario al ser uno de los involucrados directamente con las agresiones que sufrió Uriel conforme el expediente de la Defensoría de los Habitantes, existiendo una contradicción entre su declaración y lo dicho ante ese ente, ya que en informe rendido ante la Defensoría sí reconoce que a Uriel se le agredió por parte de otros privados, pero en su declaración niega su participación y no recuerda haber visto a Uriel agredido, lo que revela una mentira en su deposición. No obstante, con la deposición policial se constata que existía la escuadra denunciada y que, por la hora de ingreso de Uriel al Hospital, Alpízar estaba en horario diurno, hora en la que ocurrió la agresión de Uriel, poniendo en escena las agresiones y violación de derechos del actor, lo cual coincide con la declaración del testigo para mejor resolver José Luis el cual afirma haber visto agredido a Uriel. En cuanto a la atención médica, señala que, con la declaración del médico del centro, se acredita que Uriel no pudo asistir a controles oftalmológicos y de cirugía maxilofacial por dificultades internas del centro, lo cual no es responsabilidad del accionante. Con la declaración de Kattiana no solamente se acreditan las llamadas, sino el antes y después de la reclusión cartelaria a nivel físico, de salud y anímico. Fuera de lo ya citado del testigo José Luis, adiciona que “también nos expone que dentro del centro penal era tema de conversación entre los reos la situación que acontecía con el actor y que incluso era común, que los reos identificaran y evidenciaran los apellidos de los policías penitenciarios que agredían a Uriel, los cuales el testigo mencionó con absoluta certeza, que concuerdan además con los apellidos denunciados por Uriel en el expediente de la Defensoría de los Habitantes y con la teoría general del caso ”, rechazando categóricamente la llamada jurisprudencia del “testigo único” al que hizo referencia la Procuraduría. Afirma que quedó acreditado el daño emocional, psicológico, moral y de ánimo del accionante, acreditado a través de la deposición de Kattiana. En cuanto al daño corporal, igualmente acreditado con la incapacidad de 5 días según pericia y la consideración respecto al daño en sus ojos que persiste aún hoy en día.

SOBRE LOS ARGUMENTOS DEL ESTADO: La representación Estatal en sus alegatos de descargo, destaca que: “Parte de los hechos narrados por el actor fue denunciado por este ante la Defensoría de los Habitantes, que abrió a su respecto el expediente 144713-2013-SI. En este se contestó la denuncia por Oficio ODCISJ-1711-13 del Subdirector del Centro de Atención Institucional de San José, con cuya prueba adjunta se refutó aquella. La otra parte de los hechos narrados par el actor fue denunciado por este ante esa misma Defensoría que abrió el expediente 128641-2013, causa que fue archivada luego de efectuada la investigación. Lo anterior, luego de que la Sección de Investigaciones del Ministerio de Justicia y Paz llevó a cabo una investigación en la que se concluyó según el Oficio DJ2013-3012 de 30 de agosto de 2013 de la Jefe a.i.: “... que no existen elementos de mérito para recomendar la apertura de un procedimiento administrativo en contra de ningún funcionario de seguridad del CAI San José, ya que dentro de la investigación preliminar no se logró determinar falta laboral alguna por parte de ningún funcionario de seguridad, sino todo lo contrario se observa que los vigilantes penitenciarios actuaron conforme a las procedimientos establecidos, para salvaguardar la integridad física de los privados de libertad y con ello brindar la seguridad institucional que se requiere en este tipo de espacios penitenciarios...” Por lo que, según Oficio DG-1161-08-13 de 30 de agosto de 2013 el Director General a.i. de Adaptación Social decidió proceder al archivo de la investigación ”. Destaca que no se logró acreditar que las lesiones sufridas por el actor hayan sido por funcionarios carcelarios, sino que se acreditó que fueron otros reos, y que ello fue valorado por la Defensoría y motivo del archivo de la denuncia interpuesta, como se demuestra en el oficio 1370-2014-DHR. Por lo anterior, sustenta que existe una falta de derecho en las pretensiones del actor ya que “no existe ninguna declaración ni del Ministerio de Justicia y Paz, ni de la Defensoría de los Habitantes ni de la Sala Constitucional, que haya establecido violación alguna por parte del Estado a los derechos fundamentales del actor. La acción es especulativa. Por consecuencia, no existe ningún nexo causal, mucho menos demostración alguna de hecho dañoso imputable al Estado, como requieren los numerales 190 y 196 de la Ley 6227 para sindicar su responsabilidad civil. Por tanto, carece de objeto todo el desarrollo de la demanda”, y solicita su rechazo, junto con la condenatoria en costas e intereses sobre éstas. En conclusiones , suprimiendo argumentos novedosos que se hayan introducido y que son improcedentes por la etapa procesal en la que se intentan incorporar al proceso, resalta en cuanto al daño corporal no queda claro el agravio al que supuestamente fue expuesto el actor. “No se indicó con claridad a qué tipo de omisión médica refiere la demandante puesto que consta en el expediente a imagen 72 el informe rendido mediante oficio DM-CAISJ050-08-2013 de 9 de agosto de 2013, suscrito por el Dr. Armando Silva Solórzano, Jefe de Servicios de Salud del CAI San José, en el que se documentó que previamente el actor había recibido atención médica por politraumatismos faciales y que el día de los hechos que se discuten en este proceso, había recibido atención médica por haber sido golpeado por otros privados de libertad a nivel de la cara, siendo remitido de urgencia al Hospital Calderón Guardia. Consta en ese mismo oficio que posteriormente fue valorado en fechas 8 de febrero y 19 de febrero ambos de 2013. Posteriormente fue atendido por el Ebáis correspondiente. Sobre el tema de la atención médica primaria, se logra demostrar con los documentos que constan en autos que ésta se realizó en el centro penal por el Dr. Armando Silva quien en su declaración rendida en horas de la mañana del día 26 de mayo de 2022, indicó que esa atención primaria era de valoración, en el entendido que si el privado de libertad presentaba algún riesgo en su estado de salud, éste era enviado a un centro de salud (entiéndase hospital), en razón de que el centro penitenciario no tiene, en palabras del Dr. Silva, “capacidad resolutiva” en materia de salud. Posteriormente, durante la tramitación de este proceso el accionante fue remitido al Hospital Calderón Guardia (imágenes 126 a 130, 150 y 151, 415 a 444, 476 a 481), al área de Salud de Desamparados (imágenes 182 a 194, 257 a 276), al Ebáis de San Rafael Abajo de Desamparados (imágenes 277 a 287, 413 y 414) y en varias ocasiones a la Sección Clínica Médico Forense, Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial (imágenes 176 a 178, 203 y 204, 464 a 466, 530 a 533), Sección luego de sendas valoraciones emitieron informe No. 2021-0008562 en el que se tiene por cierto que el actor presentó varios golpes y heridas en su rostro y espalda (según los expedientes médicos aportados a los autos), rescatando la afirmación pericial tanto escrita como verbal en juicio de que los padecimientos visuales, auditivos y de lumbalgia no pueden causalmente atribuirse al evento en febrero de 2013 y que el cuadro lesionológico agudo presentado sanó sin secuelas funcionales que ameritasen una incapacidad permanente. En cuanto al expediente médico, afirma que éste sirve para control de seguimiento de citas de los reos e indicando que, conforme a imagen 87 del expediente judicial se demuestra que la parte actora no solicitó a la oficina respectiva mientras que a imagen 216 y 236 consta que el registro en el CAI ya no se encontraba puesto que se encontraba en libertad. Conjetura respecto del valor probatorio del señalado expediente puesto que su naturaleza es de mero seguimiento de las citas del privado de libertad y en caso de heridas y padecimientos de alto riesgo. Apunta que con la prueba pericial se descartan los daños corporales de desfiguración facial, afectación permanente en la capacidad visual y la pérdida de capacidad orgánica del ojo, columna auditiva. En cuanto a la autoría de los golpes físicos, señala que no existe prueba contundente de que hayan sido los policías penitenciarios, como lo señala el informe pericial. En cuanto a la declaración del testigo Solís García, frente a los hechos de la demanda, así como el oficio DGAS-947-06-2022, existe una inconsistencia respecto a la ubicación del dormitorio, ya que por un lado se afirma que estaba en el dormitorio 1, mientras que en otro que estaba en el dormitorio 2, sin mencionar que el testigo no fue conteste en cuanto a quién o quiénes lo habían golpeado. En síntesis, no existe certeza del lugar donde ocurrieron los hechos ni quienes lo provocaron, frente a las distintas versiones que la parte actora ha manifestado en distintos momentos, afirma que: “Realizado el análisis del acervo probatorio sometido al contradictorio, es contundente y claro que no le permite al Tribunal arribar a la conclusión de la hipótesis planteada en su teoría del caso. El nexo causal y la causa eficiente del percance no se encuentran demostradas en esta sede. Bajo la misma perspectiva probatoria, que compete a quien afirma un hecho es su deber demostrarlo y en este caso no fue debidamente acreditado. De esa forma, pese a que se admitió la prueba encaminada a determinar este aspecto, no fue posible determinar esta interacción entre los distintos componentes del suceso (cadena de eventos), que permitan al Tribunal tener una certeza de lo que ocurrió ese día”. Reitera la falta de derecho indicando: “ Tal como se acreditó en los expedientes ofrecidos como prueba, no existe ninguna declaración ni del Ministerio de Justicia y Paz, ni de la Defensoría de los Habitantes ni de la Sala Constitucional, que haya establecido violación alguna por parte del Estado a los derechos fundamentales del actor. La acción es especulativa. Por consecuencia, no existe ningún nexo causal, mucho menos demostración alguna de hecho dañoso imputable al Estado, como requieren los numerales 190 y 196 de la Ley 6227 para sindicar su responsabilidad civil. Por tanto, carece de objeto todo el desarrollo de la demanda”, cierra solicitando la condenatoria de ambas costas más los intereses hasta su pago a cargo del actor.

SOBRE EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA: Esta Sección en reiterados pronunciamientos ha desarrollado sobre el régimen de responsabilidad lo siguiente " De acuerdo con nuestro régimen de derecho, el Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable (artículo 9 de la Constitución Política). Particularmente el régimen de responsabilidad objetiva del Estado se encuentra contemplado en términos generales en los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, de cuyo texto se extrae el deber de indemnizar todos los daños y perjuicios originados con motivo de las conductas y omisiones de la Administración Pública. Esto es, la Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento leg ítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un

Desde esta perspectiva, bajo la premisa del deber de indemnización de la Administración, con independencia de criterios de valoración subjetiva -dolo o culpa-, en la actuación de sus servidores o agentes, en nuestro país opera un régimen de responsabilidad objetiva, de toda suerte que el Estado debe indemnizar todo daño que el administrado o justiciable no se encuentre en la obligación de soportar, ya sea en su esfera patrimonial o extrapatrimonial y sin guardar relevancia para esa determinación su situación jurídica subjetiva. Es así, que la Administración Pública responde por su conducta lícita y normal, cuando dicta un acto administrativo sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico o bien ante la comisión mediante una actuación material permitida, ya sea de forma activa u omisa. Claro está, responde también el Estado por los daños que se generen en virtud de una conducta administrativa de carácter ilícita, anormal y formal cuando el acto administrativo es ilegal, y no formal cuando estamos ante una actuación material no permitida o anormal. A partir de lo transcrito se concluye que para la generación del régimen de responsabilidad objetiva del Estado se requiere la concurrencia de tres requisitos fundamentales: El primero, la existencia de una conducta administrativa, ya sea activa u omisa, formal o material, lícita o ilícita, funcionamiento normal o anormal. El segundo requisito es la generación de un daño antijurídico, efectivo, evaluable e individualizable que la víctima no tenga la obligación de soportar, sea en su esfera patrimonial o extrapatrimonial y como tercer requisito, que exista el nexo causal entre los requisitos anteriores, esto es, que exista relación directa de causa a efecto entre el hecho que se imputa y el daño producido que legitimen el perjuicio producido, sin causales de exclusión del nexo de causalidad, al acontecer una situación eximente como la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero. (Para mayor abundamiento ver resoluciones de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: número 025-F-99 de las 14:15 horas del 22 de enero de 1999, número 589-F-99 de las 14:20 horas del 1 de octubre de 1999, y la número 252-F-01 de las16:15 horas del 28 de marzo del 2001). Ahora bien, entratándose de la responsabilidad que los administrados pueden exigir a un funcionario público, tenemos que el artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública establece en lo que interesa que: "1. Será responsable personalmente ante terceros el servidor público que haya actuado con dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, aunque sólo haya utilizado los medios y oportunidades que le ofrece el cargo. (...)

La calificación de la conducta del servidor para los efectos de este artículo se hará sin perjuicio de la solidaridad de responsabilidades con la Administración frente al ofendido." Aunado a lo anterior, el numeral 201 del mismo plexo normativo prevé la responsabilidad solidaria del servidor público con el Estado, por lo que ambos pueden ser demandados en tal condición. Desde esta perspectiva podemos concluir con facilidad que el funcionario público amén de la responsabilidad penal y administrativa que su conducta activa u omisa pudiese generar, se encuentra obligado a responder civilmente ante terceros así como ante la Administración Pública en caso de determinarse en respeto del debido proceso, de la existencia de una conducta que por dolo o culpa grave generó daños antijurídicos que el administrado o tercero no está en la obligación de soportar. De esta manera, tenemos que al tenor de los numerales dichos de la Ley General de la Administración Pública, para realizar el análisis de la responsabilidad por falta personal del funcionario, se toman en consideración los criterios de imputación subjetivos, tales como el dolo o la culpa grave que invoca la norma, a lo cual se suman criterios objetivos para determinar las condiciones en que opera una falta personal al referenciar el numeral 191 de dicho cuerpo legal, elementos de conexión instrumental o circunstancial o de fines, al precisar que: "La Administración deberá reparar todo daño causado a los derechos subjetivos ajenos por faltas de sus servidores cometidas durante el desempeño de los deberes del cargo o con ocasión del mismo, utilizando las oportunidades o medios que ofrece, aun cuando sea para fines o actividades o actos extraños a dicha misión." Ahora bien, es importante precisar que en nuestro ordenamiento jurídico las calificaciones subjetivas de dolo o culpa leve o grave, no se presumen sino que deben ser demostradas, salvo que por ministerio de ley se invierta la carga de la prueba. En razón de lo expuesto, conviene precisar además cuando nos encontramos ante un comportamiento doloso o culposo en cualquiera de sus modalidades. Tratándose del primero, tenemos que se entiende que ha operado una conducta dolosa, cuando el funcionario, sujeto o agente, tiene la intención de generar un daño físico, patrimonial o extrapatrimonial a una persona, de toda suerte que a través de un comportamiento antijurídico se dirija a obtener un resultado dañino esperado y procura por los medios que le asisten el generarlo. Por otra parte, nos encontramos en presencia de una conducta que se califica de culpa grave, cuando se determina un descuido o la falta de diligencia o cuidado del funcionario público quien se encuentra en la obligación de ejercer la conducta debida. Este descuido puede obedecer a conductas activas u omisas que reflejen la negligencia, imprudencia o impericia del funcionario público. Por último, no est á de más recordar que dentro de la lógica del sistema de responsabilidad solidaria de la Administración Pública y del servidor frente a ésta, ante la eventual distribución interina de responsabilidades ante la producción de un daño ilegítimo, se contempla en la normativa la acción de regreso o de recuperación de lo pagado, la cual resulta de carácter indispensable a fin de evitar cualquier afectación ilícita a la Hacienda Pública." (Sentencia 039-2017-I de las dieciséis horas y treinta minutos del uno de marzo del dos mil diecisiete de este Tribuna). Teniendo claro los presupuestos sobre los que procede la responsabilidad administrativa y su respectiva compensación, procedemos de seguido a analizar en el caso concreto, la presencia de cada uno de esos presupuestos, para determinar la procedencia de la pretensión indemnizatoria.

SOBRE EL CASO CONCRETO: De todos los argumentos expuestos por la parte actora, carecemos de elementos probatorios para acreditar los siguientes hechos: la veracidad de la supuesta omisión de atención médica mientras estuvo como reo preso en el sistema carcelario costarricense, que existiese registro de un evento dañoso en perjuicio del actor en fecha 17 de mayo del año 2013, que el actor sufriese pesquisas corporales o haya sido sometido a gas pimienta, de la agresión de los oficiales Carlos Abarca Quesada y Emilio González Núñez en las conductas lesivas reclamadas por el actor, o en general, de otro oficial penitenciario, y que al actor se le negase injustificadamente la posibilidad de utilizar instrumentos de ejercicio, durante su reclusión en el CAI de San José (San Sebastián). Tómese en cuenta que, con las declaraciones de los testigos recibidos en juicio, no se logra acreditar, ni desacreditar los eventos referenciados, por lo que resultan inconducentes para tales fines. La declaración de la testigo Kattiana respecto de las llamadas telefónicas posee el defecto de tratarse de eventos narrados por el propio actor, es decir, lo que acreditan es que el actor le comentó la existencia de una situación, mas no sirve para acreditar la situación misma, sobre todo si se le suma a la vaguedad e indeterminación en modo, tiempo y lugar de la forma en cómo los supuestos escenarios de violencia existieron, teniendo en cuenta que la propia declarante afirmó que nunca visitó el centro penitenciario. Se trata, por ende, de una prueba referencial de la afirmación de la propia parte, que no constituye un elemento fehaciente de prueba del acaecimiento del evento mismo. Similar ocurre con el testimonio de la prueba para mejor resolver Solís García, el cual refirió de manera indeterminada en modo y tiempo la existencia de supuestos rumores, pero que no logra afirmar con certeza, quién o quiénes eran los agresores de Uriel, sino que lo único que acredita, es que éste era a veces trasladado durante el día por la escuadra de custodios, pero sin razón de a dónde y con qué finalidad. El propio testigo Solís afirma que no tenía una afinidad o contacto directo con el accionante, e incluso valorando frente a la prueba documental emitida por el Instituto de Criminología, bajo el oficio DGAS 947-06-2022 que ubica al deponente en el sitio temporalmente junto con el actor, pero en dormitorios separados, lo que es coherente con su narración que es la de un testigo que no tuvo contacto directo con el accionante, sino que observaba a distancia los eventos, sin aportar elementos de convicción necesarios para acreditar la premisa de que eran los policías penitenciarios los agresores. No obstante, de dicha exposición, sí resulta importante para este Tribunal, la afirmación de la existencia de una agresión relevante y que coincidiría con el evento que se describirá infra del 7-8 de febrero de 2013. La parte actora pretende, en una serie de conjeturas, que el Tribunal acredite que la autoría de las agresiones provino del personal penitenciario y la existencia de una presunta actividad constante de amenaza y represión de los custodios, pretendiendo, a través de indicios, que se tenga por acreditado una sistemática conducta agresiva en perjuicio del accionante, tomando elementos de convicción como, por ejemplo, que el actor siempre estuvo acompañado por personal penitenciario por lo que no tuvo la posibilidad objetiva de señalar a sus agresores. No obstante, esta Cámara no puede inclinarse a favor de esta interpretación por varias razones. La primera, es que la presencia de la escuadra policial dentro del recinto carcelario forma parte de un funcionamiento normal del sistema penitenciario, por lo que, la narración del testigo Alpízar Ugalde respecto de la conformación del equipo policial, no permite válidamente interpretar per sé, que lo afirmado por la parte actora fuera cierto, de hecho, tampoco puede calificarse de anormal que el evento de movilizar reos fuese particularmente extraordinario. Si vemos la deposición de Alpízar Ugalde, la del Dr. Silva Solórzano y la declaración de Solís García, todos son contestes de que era común que existiese movilidad de los reos, ya sea dentro o fuera del propio recinto carcelario. En este sentido, los elementos de prueba obrantes en autos no logran acreditar eventos calificables de abuso de autoridad, de abuso de poder o en particular, un especial ceñimiento o tratamiento sobre el accionante, se insiste, en el mejor de los casos lo que hay, si excluimos la declaración de Alp ízar, es la deposición del señor Solís García el cual señala dos cosas: que era común que sacasen reos de sus dormitorios, tanto en el día, como en la noche, siendo el caso de Uriel en el día y otros reos en la noche, y que no llegó a conocer las razones de dicha movilización, la ubicación de a dónde era trasladado y por cuánto tiempo, siendo categórico que, lo único que existía en ese momento eran rumores, no pudiendo, se insiste, ubicar la acción acreditada de movilizar al reo como una actividad destinada exclusivamente para ser agredido y en particular, que fuese agredido por los policías de la escuadra del módulo donde estaba el actor, ya que no existe prueba directa de ello. Segundo, si tomamos la declaración de la señora Araya Abarca, nos brinda una declaración referencial de una supuesta licenciada en derecho que sí visitó a Uriel en la cárcel y que fue patrocinada por la declarante y su esposo, llegando incluso a decir que, producto de la visita carcelaria, existieron fotos que la deponente vio respecto del estado físico de Uriel, empero, esta prueba es eminentemente indirecta, ya que la parte actora pudo ofrecer la declaración de dicha profesional o al menos, las supuestas fotografías que la testigo observó como prueba directa y que permitiese validar lo dicho indirectamente por la deponente, mas ello no fue así, con lo que el evento no queda acreditado. Como tercer elemento, la tesis del actor se basa en la supuesta represión e imposibilidad objetiva de poder decir quién o quiénes eran sus agresores, no obstante, tal imposibilidad no queda del todo acreditada, sobre todo si consideramos que el actor pudo, en dos oportunidades, realizar denuncia libre y directa ante la Defensoría de los Habitantes, expedientes que fueron tramitados y resueltos en su momento (

4-5-9-11-12-13 y 14) los cuales narran eventos que no coinciden, por ejemplo, con los rumores que narra el testigo Solís García o con lo expuesto por la testigo Kattiana, ambos testigos que afirmaron tener contacto regular con el accionante, la incoherencia de la referencia en la denuncia del expediente 144713-2013-SI, que refiere a lesiones que califica como “fractura de un hueso de la cara ” por otros reos en febrero de 2013, pero presuntamente mandados por policías , a lo que se le suma la incoherencia narrativa que se expone en el informe pericial rendido en este proceso y que se expuso por parte de la Dr. Solórzano Herra en juicio. Todo lo anterior lo que genera es un escenario de imprecisión e incerteza respecto de la relación de Uriel como reo preso y el ambiente carcelario en el que se encontraba. Únicamente, conforme los autos, lo que sí queda demostrado, es el evento del 7 y 8 de febrero de 2013, y que es el que Medicatura Forense logra acreditar a lo largo de sus cuatro informes periciales, identificados como 2018-0006039, 2018-0010057, 2021-0000171 y 2021-0008562, por lo que procederemos a analizarlo de manera detallada, y tomando en consideración la exposición realizada en juicio por la Dra. Sandra Solórzano Herra. De los autos se desprende que, pese a la ausencia del expediente médico 2311-071275 que es el que hace referencia el médico del CAI San José en dos ocasiones y en su declaración en juicio, sí se logra determinar que, entre los días 7 y 8 de febrero de 2013, el actor resultó lesionado y tratado médicamente. Ahora bien, en cuanto a la autoría de tales lesiones, lleva razón lo expuesto por el Estado en conclusiones, por cuanto la prueba obrante en autos es de resultado, ya que no se logra confirmar si se trató de un actuar de los policías o de otros reos, agregando esta Cámara de Juzgadores, que tampoco hay prueba de que el actor haya propiciado, de alguna forma, las agresiones que sufrió, lo que daría por descartada una eventual auto puesta en riesgo o culpa de la víctima. De igual manera, hay que especificar que tal resultado acreditado por Medicatura Forense es puntual y finito, a saber, de cinco días de incapacidad temporal, ya que se descartó técnicamente que los padecimientos físicos reclamados por el actor: desfiguración plástico-facial, afectación permanente en la capacidad visual y pérdida de capacidad orgánica del ojo, lesión de columna y pérdida auditiva, sean producto directo e inmediato del evento dañoso ocurrido en su perjuicio el día 8 de febrero de 2013, o en general, de su estadía en el régimen penitenciario costarricense, tal y como se descarta con la pericia. Téngase en cuenta que, los padecimientos que hace referencia la testigo de la parte actora respecto a mareos y vértigo, que serían meras referencias en tanto no sustituyen el criterio médico, no logran identificarse, causalmente, como daños directos y derivados del evento analizado, con ello, no se lograría acreditar el daño corporal reclamado. La parte demandante pretende cuestionar la valoración pericial forense en el hecho de una supuesta mala atención médica que le impidió al actor asistir a sus citas, empero, lo cierto es que en conclusiones la propia parte actora reconoce que, en coherencia con la declaración del Dr. Silva Solórzano, sí se le dio una atención de cita adicional a la atención de emergencias el 8 de febrero 2013, para ser exactos el 19 de febrero de 2013 (hecho probado 8), sin que constase prueba de una cita específica a la cual se le haya impedido al accionante asistir o que el accionante reclamase algo al respecto, sobre todo si consideramos que, en las anotaciones que realizó el Dr. Silva frente a la Defensoría explica que, posterior al 20 de mayo de 2013 no hay más atenciones y que el actor pasó sin incidentes médicos reportados hasta mucho después incluso de que sale del sistema carcelario el 26 de marzo de 2015, y no existiendo registro de anormalidad médica sino hasta en el año 2019, es decir, sin contar con prueba médica de los padecimientos que reclama el actor como derivados de su reclusión por casi seis años, y sin tener prueba técnica de un nosocomio o profesional que, respecto de sus padecimientos, pudiese demostrar una trazabilidad causal a algún evento durante el cumplimiento de su pena, o la existencia de un agravamiento por inatención oportuna médica, que sería el elemento de convicción necesario para desacreditar el informe de Medicatura Forense. Incluso, se insiste, la cita de oftalmología tal y como la expuso el Dr. Silva Solórzano fue a cupo, es decir, sin fecha definida, lo que demuestra que no se trataba de una atención médica urgente o grave, sin que constase que el actor haya activamente propiciado el trámite de la cita a través de los canales que expusieron el testigo para mejor resolver Solís García o el testigo Alpízar Ugalde a lo interno del CAI o que éste, posterior a su salida, haya realizado el seguimiento en estos términos, con lo que no es posible acreditar la supuesta falta de servicio médico reclamada. La tesis del actor pretende recaer en el hecho del extravío del expediente clínico 2311-071275 la causalidad que ocupa demostrar como prueba directa, no obstante, esta situación no es suficiente, ya que el citado expediente ha sido sustituido a través de la reconstrucción documental de la atención médica que rola en autos, en específico, si tomamos la deposición del Dr. Silva Solórzano, queda claro que no está en discusión un tratamiento en específico u otro dato clínico que pudiese contener el expediente extraviado y que el propio testigo afirmó haber reconstruido posteriormente, con lo que no puede afirmarse que, la situación patológica con el manejo del expediente, impidiese tener elementos de convicción sobre el estado de salud de Uriel en el año 2013, consecuentemente, hemos de recordar que la causalidad, en razón del principio onus probandi , tiene que suplirse con el aporte de la prueba idónea por parte de quien alega el hecho. Incluso, se descarta que el actor haya sufrido una quebradura facial, por cuanto en las radiografías del año 2018 y analizadas por Medicatura Forense, no se logra determinar que el actor haya padecido de la lesión en su cr áneo, así como la existencia de una nota médica en la atención del Calderón Guardia en febrero de 2013 que descarta esta situación (hecho probado 3). Nótese que, incluso si utilizamos la prueba médica referencial del CAI de San José, lo que se acredita es que hay un seguimiento médico en el Hospital Calderón Guardia en Cirugía Maxilofacial, no obstante, no consta que se le haya realizado tratamiento médico en tal sentido al actor, sino que fue valorado en dicha especialidad médica y posteriormente remitido a Oftalmología, sin tener documentado las resultas de tales valoraciones, consecuentemente, el nexo de causalidad entre el evento de febrero de 2013 y las reclamaciones contenidas en la pretensión primera no logran substanciarse en el mínimo necesario para su otorgamiento, por lo que ha de rechazarse en todos sus extremos. Asimismo, tampoco existe prueba ni concretización del daño material reclamado en la pretensión tercera por la parte actora, que no identifica de manera específica qué entiende por este tipo de daño, su origen, vinculación o causalidad con los eventos demandados, prueba y su cuantificación, por lo que han de rechazarse. Por todo lo anterior, resta solamente referirnos a la alegación de daño moral subjetivo reclamado en la pretensión segunda “por violación a los derechos humanos, violación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, violación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol íticos, violación a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a todo el derecho Internacional y nacional relativo a derechos humanos quienes tienen un rango Supra Constitucional”. Al respecto, el Tribunal reitera que los alegatos de responsabilidad del Estado por el manejo y pérdida del expediente médico 2311-071275, no están unidos a ninguna de las pretensiones originales del proceso, ni fue incorporada como ampliación de pretensiones en el momento procesal oportuno, por lo que tal alegación se descarta y se omite su análisis. Eliminando esta alegación, queda el alegato del reconocimiento indemnizatorio por el resultado lesivo sufrido y acreditado por el actor entre los días 7 y 8 de febrero de 2013. Aclaramos que, conforme las pretensiones, no se logra identificar que se haya solicitado indemnización por daño corporal de las lesiones específicas acreditadas de ese día, sean “ edemas palpebrales importantes, hipermovilidad de maxilar inferior y hemorragias conjuntivales y que dieron de resultado una incapacidad temporal de 5 días, sino que, conforme la pretensión primera, lo que se buscaba era el reconocimiento de los supuestos daños corporales derivados y no acreditados como se señaló supra. Con ello, circunscribimos el análisis de responsabilidad civil por daño moral subjetivo, conforme la pretensión segunda, al que se genera por los cinco días de incapacidad producto de las lesiones sufridas en el evento citado. Precisemos, este análisis se lleva a cabo en aplicación del principio pro actione ya que la pretensión segunda se encuentra formulada de manera genérica y como resultado de los hechos expuestos por el actor en su demanda, siendo descartados en su gran mayoría, quedando solamente el resultado concreto acreditado por Medicatura Forense. Y es justamente en este punto que el Tribunal se separa de la posición del Estado, ya que la acción planteada no se circunscribe, tal y como lo interpreta, a limitar la acción a una supuesta reclamación en contra del presunto actuar de policías penitenciarios. De hecho, tal y como lo explica la parte actora, la reclamación y que se refleja en la redacción amplia de la pretensión segunda, no se está cuestionando exclusivamente el actuar de los custodios penitenciarios, sino una serie de circunstancias de la reclusión del actor, y que se enmarcan, dentro de una apreciación global, como una eventual afectación a los derechos del accionante. Téngase presente que correspondía al Estado en la fase de la contestación de la demanda y en la audiencia preliminar, el haber cuestionado la generalidad de la pretensión segunda, que da pie a que esta Cámara de Jueces valore el cuadro fáctico acreditado, frente a los derechos que, como reo, poseía el acá accionante mientras estuvo recluido y que se circunscriben en los hechos expuestos en la demanda y probados en esta sentencia, los cuales, se insiste, se delimitan en el daño moral subjetivo sufrido por cinco días de incapacidad por las lesiones tratadas al actor los días 7 y 8 de febrero 2013. Así, consideramos que la pretensión ha de declararse parcialmente con lugar, ya que, de todos los elementos alegados en la demanda, solo uno, el ya citado, fue probado, y tomando en consideración de que el actor se encontraba, para la fecha señalada, dentro de un régimen especial de sujeción administrativa dentro del régimen carcelario. Por ende, resulta irrelevante si las lesiones fueron o no producto del actuar de uno o varios custodios, de uno o varios reclusos o de un concurso de éstos o si se abrió una investigación administrativa con posterioridad y que esta fuese archivada. Lo cierto, es que el resultado lesivo ocurrió en términos de tener que trasladar al actor al Hospital Calderón Guardia, incluso con tratamiento previo dentro del CAI de San José, tal y como se acredita con la declaración del Dr. Silva Solórzano, resultando así, en un claro funcionamiento anormal de la Administración penitenciaria la cual tiene por primordial tarea, el dar el correcto cumplimiento de las penas que la Administración de Justicia decrete, dentro del sistema carcelario administrado por la primera. Nótese que, esto provoca una especial carga probatoria al Estado en tanto el resultado dañoso acreditado no puede ser excluido del régimen especial de vigilancia y fiscalización de los reos presos, invocando para ello lo dispuesto en el artículo 190 de la Ley General de Administración Pública, el cual, en concurso con el principio de carga dinámica , era tarea probatoria del Estado demostrar la causal eximente de responsabilidad de fuerza mayor o culpa de la víctima, cosa que no ha acontecido en este caso. Se insiste, aún si las lesiones hubiesen provenido del cuerpo de custodios carcelarios o de los reos, ello no sería el eximente de responsabilidad de hecho de un tercero , ya que las acciones se dieron en el ámbito de tutela, custodia y fiscalización de los reos, no fuera de éste, en un ámbito en el cual la libertad del actor, por definición, no está bajo su arbitrio, sino encargado en el régimen penitenciario, configurándose por ello el criterio de imputación de responsabilidad objetiva señalado en el párrafo primero del artículo 190 de la Ley General de Administración Pública, resultando irrelevante el tipo de acción penal que provocó que el actor se incorporara al régimen carcelario. Así las cosas, respecto de este resultado ablativo para los derechos del demandante, se configura un hecho generador de responsabilidad, sea por la incapacidad de cinco días, imputable al Estado bajo el criterio de funcionamiento anormal de la Administración Penitenciaria, que sustenta la posibilidad de reconocer una indemnización por el daño moral subjetivo sufrido por tal evento, siendo consecuente la naturaleza de este daño con el evento sufrido por el actor, restando con ello el análisis de su cuantificación. Como es sabido, este tipo de daño es valorable in re ipsa por parte del Tribunal y que, para su análisis, ha considerado los siguientes factores: primero, el origen del daño viene precedido de un evento agresivo, sea, los golpes recibidos, principalmente en su rostro, particularmente los politraumatismos faciales descritos como “edemas palpebrales importantes + hipermovilidad de maxilar inferior + hemorragias conjuntivales”; segundo, que tales afecciones requirieron del traslado del actor a un centro hospitalario externo, para detallar, al Hospital Calderón Guardia, donde fue valorado en Cirugía Reconstructiva y remitido a Oftalmología; tercero, la gravedad de las lesiones, que, tomando en consideración la prueba obrante en autos, se extrae que tales afecciones provocaron una incapacidad de cinco días, criterio comprobado por Medicatura Forense, aunque tales son calificables de temporales, sin secuelas permanentes de causalidad imputable a tal evento, y cuarto, la falta de prueba de la participación, concurso o provocación del actor en la generación de las lesiones. Con esta valoración, y haciendo ejercicio de las reglas de la sana crítica y la experiencia de quienes integral el Tribunal, la pretensión planteada por el actor resulta excesiva frente al cuadro fáctico que se presenta a este momento de emitir la sentencia, por lo que valora que lo correspondiente en carácter indemnizatorio de daño moral subjetivo a favor del actor, corresponde a la suma de CINCO MILLONES DE COLONES, suma que se considera razonable y proporcional al cuadro fáctico de estudio, sin implicar un enriquecimiento indebido para el actor. Es de agregar que la suma concedida resulta proporcional a la condición de sufrimiento, angustia y ansiedad a la que se vio expuesta el señor [Nombre 001], en el entendido que el sufrir una agresión de esa magnitud, estando en una situación en la que no se tiene control de su propia seguridad, por estar inmerso en un régimen de sujeción especial, en donde en principio en un buen funcionamiento de la Administración Penitenciaria debería implicar para los reclusos un sistema de mínima seguridad, genera ante esa omisión que desencadenó una lesión grave, una aseveración del estado de angustia y sufrimiento que impacto el fuero interno del accionante, ante la impotencia de la condición fáctica en la que se desarrolló el evento, además del sufrimiento l ógico y esperable percibido por las lesiones físicas en sí, lo cual por aplicación de las reglas de la experiencia humana, lógica y razonabilidad, tales afectaciones carácter emocional, lesionan de forma aguda la esfera intima del accionante, lo que justifica la cuantificación otorgada y que se sustenta en lo regulado en el numeral 196 de la Ley General de la Administración Pública, al resultar procedente la indemnización con base en la responsabilidad por la conducta administrativa que se declara.

SOBRE LAS EXCEPCIONES ALEGADAS: El Estado planteó la defensa de falta de derecho, la cual, conforme lo resuelto en considerandos anteriores, debe acogerse parcialmente respecto del daño corporal y material reclamado.

SOBRE LAS COSTAS: Respecto a las costas, de conformidad con el numeral ciento noventa y tres del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena sólo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, existiendo un vencimiento recíproco, se resuelve sin especial condenatoria en costas.