Resolución 00001-2021

Prevenir al Importador Inversiones Toloza S. A., cédula jurídica número 3-101-197864, en su condición de obligado principal y al señor Heriberto Quirós García, cédula de identidad número 7-0047-0372, Agente de Aduanas Independiente, en su carácter de responsable solidario y representante legal del importador, conforme a los artículos 33 y 36 de la Ley General de Aduanas, para que mediante autorización para que se le debite por medio del sistema informático SINPE, o mediante pago por Entero a favor del Gobierno de Costa Rica o transferencia electrónica a las cuentas del Estado, proceda a pagar a favor del Fisco el monto de ¢6.071.745,30 (seis millones setenta y un mil setecientos cuarenta y cinco colones con treinta céntimos) más ¢741.879.11 (setecientos cuarenta y un mil ochocientos setenta y nueve colones con once céntimos) por intereses de Ley por incumplimiento de pago que surgen a partir del hecho generador, es decir del día de aceptación del DUA, el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis hasta la fecha de la presente resolución (20/04/2020). Todo lo anterior genera una obligación total a la fecha (Impuestos Insolutos e intereses de Ley) de ¢6.813.624.41 (seis millones ochocientos trece mil seiscientos veinticuatro colones con cuarenta y un céntimos). Dicho adeudo nace en virtud de la rectificación de la descripción, partida arancelaria, marca comercial y edición de nuevas líneas en razón de mercancías no declaradas en la Declaración Única Aduanera número 005-2016-233380 de fecha de aceptación veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. Generando todo lo anterior el saldo insoluto de Impuestos arriba mencionados. Resolución que se encuentra firme y origina en consecuencia el presente adeudo a favor del Fisco. Como resultado se le concede a los administrados (Importador y su agente de Aduanas) un plazo de quince días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución para que proceda a la cancelación del monto estipulado, o en su defecto, esta Aduana estaría en la facultad de remitir a la Dirección General de Aduanas el expediente administrativo para que proceda ya sea a inhabilitar al auxiliar de la función pública aduanera en sus actividades, y/o a ejecutar la garantía correspondiente o remitir a la oficina correspondiente para que se ejecute al importador y su agente de Aduanas el cobro judicial según corresponda. NOTIFÍQUESE: Al Importador Inversiones Toloza S.A., cédula jurídica número 3-101-197864 en su condición de obligado principal por medio del señor Heriberto Quirós García, cédula de identidad número 7-0047-0372, Agente de Aduanas Independiente y al señor Heriberto Quirós García, cédula de identidad número 7-0047-0372, Agente de Aduanas Independiente, en su carácter de responsable solidario y representante legal del importador, de conformidad con los artículos 33 y 36 de La Ley General de Aduanas". Dicha resolución le fue notificada al actor el 27 de abril de 2020. (ver expediente administrativo digital en expediente judicial, imágenes 151 a  167)

El actor interpuso mediante su memorial de 7 de mayo de 2020, recurso de reconsideración y apelación en contra de la resolución N° RES-AS-DN-1826-2020 de las 13:06 horas del 20 de abril del 2020, que a la fecha del dictado de ésta sentencia no ha sido resuelto. (ver expediente administrativo digital en expediente judicial, imágenes 173 a 185)

HECHOS NO PROBADOS: Se tienen como tales en virtud de ausencia de acervo probatorio útil e idóneo para calificarlos de otra manera, los siguientes:

La existencia, consistencia, magnitud, intensidad e impacto jurídico en relación a ordenamiento normativo pertinente, de algún vicio en el trámite del procedimiento aduanero "EXP-AS-DN-2309-2016", que afecte la validez del mismo.

La existencia, consistencia, magnitud, intensidad e impacto jurídico, en relación a ordenamiento normativo pertinente, de algún vicio en los elementos estructurales y sustanciales de la conducta administrativa formal impugnada N° RES-AS-DN-1826-2020 de las 13:06 horas del 20 de abril del 2020, que afecte la validez y eficacia de la misma.

Que con ocasión a la conducta administrativa impugnada se irroguen lesiones antijurídicas efectivas, evaluables e individualizables en el patrimonio material e inmaterial del accionante.

SOBRE EL CASO EN CONCRETO.  La demanda ha de denegarse por completo y en todos sus extremos. El artículo 317 del Código Procesal Civil de 1989, establecía la carga de la prueba y la endilgaba al que pretendía un derecho con base en un cuadro fáctico por él alegado previamente. Es decir, quien con base en determinados hechos, solicita un derecho, debe acreditar la existencia de los hechos jurídicamente relevantes en que sustenta su pretensión. Esa línea legislativa se mantiene hoy día en el Código Procesal Civil que rige a partir de Octubre del 2018, propiamente en el artículo 41.1, que dispone, en lo que interesa: "Carga de la Prueba. Incumbe la carga de la prueba:1. A quien formule una pretensión, respecto de los hechos constitutivos de su derecho..." Dicho presupuesto igualmente opera para asuntos como el tratado, y de ello no cabe exclusión alguna. Efectivamente, acogiendo la tesis del Estado demandado, estima este Tribunal, la pretensión de la parte actora quedó ayuna de elementos probatorios, tanto de carácter sustantivo como de carácter adjetivo, que lograran acreditar la existencia de yerros o vicios de tal magnitud o antijuricidad que comprometieran en grado alguno la validez y la eficacia de la resolución impugnada. Tan solo se afirma unilateralmente que: "el DUA 005-2016-233380 del 25 de mayo del 2016, no refleja la correcta percepción de tributos, según la RES-AS-DN-1826-2020, el monto de impuestos, corresponde a la suma de 6.071.745,30 colones, pero luego de un análisis minucioso en el talón de dicho DUA no se refleja el monto indicado por la Administración, siendo correcto el valor de los tributos en la suma de 268.394,28 colones. Así mismo el DUA en análisis no cuenta con modificaciones en las líneas, clasificación arancelaria, descripción, marca ni líneas agregadas de mercancía no declarada, una prueba más de la violatoria del debido proceso y de la falta de legalidad del cobro que pretende la Aduana Santamaría"; mas ello sin embargo, no deja de ser una simple afirmación de inconformidad indemostrada por su parte.  Dicha alusión, no es más que un argumento que descansa sobre la denominada falacia de petición de principio o argumento circular, situación que se muestra en la especie al constituirse en una justificación o motivación en el cual la conclusión que necesita ser probada (existencia del vicio por forma o contenido) ya está presente en su premisa que sustenta la petitoria, aspecto que contraría el deber de acreditar de manera singular, concreta y precisa la falta acusada. No corresponde a éste Tribunal y mucho menos de manera oficiosa, escudriñar el expediente administrativo y su contenido para establecer motu proprio la irregularidad que se endilga, pues ello violentaría indiscutiblemente la imparcialidad de ésta Cámara en perjuicio del equilibrio procesal que se merecen las partes procesales, si la parte no realiza dicho ejercicio técnico jurídico. Agréguese, en consideración para lo anterior, que el acto administrativo de base para el acto administrativo cuestionado, es decir, el surgido del trámite del procedimiento aduanero "EXP-AS-DN-2309-2016", que es la N° RES-AS-DN-2985-2019 de las 13:51 horas del 7 de agosto del 2019, ostenta no solo su estado y condición vigente de juricidad por validez irrefutable, en razón de su firmeza administrativa sino además, por su inimpugnidad jurisdiccional oportuna, en ese orden, no cabría discusión alguna que cuestione su contenido jurídico y sus efectos prospectivos, como lo es la producción del acto administrativo impugnado que no es otro en consecuencia siguiente al primero citado, en razón a que obedece y corresponde a la pertinente prevención de Pago de Tributos insolutos originados por rectificación de la descripción, partida arancelaria, marca comercial y adición de nuevas líneas en razón de mercancías no declaradas oportunamente en la Declaración Única Aduanera número 005-2016-233380, de fecha de aceptación veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, referente a corrección solicitada por el señor Heriberto Quirós García, cédula de identidad número 7-0047-0372, en su calidad de Agente de Aduanas Independiente, en representación del importador Inversiones Toloza S.A., cédula jurídica número 3-101-197864, cuando en abultamiento, la resolución  RES-AS-DN-2985-2019, igualmente advertía, que su dictado, lo era sin perjuicio de la verificación de la obligación tributaria aduanera que realice la autoridad aduanera de acuerdo con sus atribuciones, y sin perjuicio de las responsabilidades sancionatorias y administrativas futuras procedentes y sin perjuicio de la correcta liquidación de la Obligación Tributaria Aduanera que realice la Autoridad Aduanera de acuerdo a sus atribuciones.   Debe resaltarse a lo particular, para no incurrir en innecesarias definiciones, de acuerdo a la calidad profesional del actor, lo reiteradamente resuelto por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a la responsabilidad del agente aduanero a lo largo del íter procedimental aduanero (Exp. 10-004056-1027-CA, Res. 003565-F-S1-2019, SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, a las catorce horas cuarenta minutos del siete de noviembre de dos mil diecinueve): "El agente aduanero es un profesional auxiliar de la función pública aduanera, para lo cual requiere autorización del Ministerio de Hacienda. Efectuada la retención o percepción del tributo, él es el único responsable ante el fisco por dicho importe. De tal suerte, una vez que el obligado realiza el pago, se descarga ante el fisco. Asimismo, asume una responsabilidad solidaria junto al sujeto pasivo cuando deja de retener los impuestos. Por ello, el comitente se descarga, ya que el agente se desenvuelve como auxiliar de comercio y estatal. Ver fallo 298-2008. Para esta Sala, del mandato 33 de la Ley General de Aduanas se extrae que el agente aduanero es el representante legal del importador, para las actuaciones y notificaciones del despacho aduanero y los actos que este deriven. En ese carácter, es además el responsable civil ante su mandante por las lesiones patrimoniales que surjan como consecuencia del cumplimiento de su mandato. Si bien el despacho aduanero concluye con el levante de la mercancía (norma 266 ibídem), el agente aduanal mantiene sus responsabilidades como representante del importador y auxiliar de la Administración Aduanera (en su carácter de munera pública), aún respecto de los actos que eventualmente se generen con posterioridad al despacho aduanero, lo cual evidentemente incluye el recibir notificaciones a nombre del importador. Si bien en el caso concreto, el procedimiento administrativo fue iniciado tanto en contra del importador como de la Agencia de Aduanas (sociedad actora), solo fue notificada la segunda; es claro que ella mantenía a ese punto su responsabilidad como mandante y auxiliar público en materia aduanera, respecto de cualesquiera actos sucedidos durante el despacho aduanero. Ergo, es evidente la violación por indebida interpretación y desaplicación de los citados numerales en la cual incurre la sentencia atacada, en tanto considera que el mandato deja de surtir efectos con el levante (voto 3565-F-2020)".  De esta manera, lleva razón el Estado cuando señala: "Al encontrarse firme y debidamente notificada la resolución N° RES-AS-DN-2985-2019 de las 13:51 horas del 7 de agosto del 2019, lo que procedía era ejecutar la misma, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 228 de la Ley General de la Administración Pública"; máxime si se estima que el actor como auxiliar aduanero fue notificado de la resolución impugnada en tanto representaba en toda su expresión jurídica a la sociedad beneficiaria final de la importación, razón suficiente para desvirtuar lo manifestado por la letrada del actor en sus conclusiones de éste proceso, durante la audiencia preliminar celebrada el 8 de octubre de 2020, y que aduce la existencia de violaciones a la defensa técnica y al debido proceso en perjuicio de su cliente. Agréguese a ello, que el acto impugnado, también obedece a la instrumentación de la aplicación legal de los numerales normativos 29, 61, 199, 272 de la Ley General de Aduanas y 169 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 16 inciso 6 del Recauca y otros indicados en la citada resolución, y en cuanto a ello, el accionante no ha justificado en esta oportunidad la indebida aplicación normativa citada para llegar a acreditar la falla del debido proceso que se acusa. Se llama la atención, que la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, establecida en el artículo 49 de la Constitución Política, tiene por objeto tutelar las situaciones jurídicas de toda persona, garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la Administración Pública sujeta al Derecho administrativo, así como conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico-administrativa, y en dicho sentido, la situación jurídica que ahora se reprocha,  tiene por su contenido, naturaleza derivada  de aquella que le dio antecedente, motivo por el cual al concretar el montante de los impuestos insolutos y su prevención de pago, de modo que el citar votos del debido proceso emitidos en su oportunidad por la Sala Constitucional o, citar el artículo 6. inciso C. de la Ley de Aduanas, para acreditar la irregularidad jurídica denunciada, sin precisar y acreditar su acaecimiento particular y singular al sublitem en perjuicio del actor, no resulta ser un argumento de antijuricidad sustentable para desaparecer del ordenamiento normativo los alcances jurídicos del acto impugnado como se deseaba, si por el contrario no hubo ejercicio técnico jurídico mínimo para justificar la indefensión por violación al debido proceso como se ha indicado.  En efecto, la parte actora no aportó ninguna prueba de interés relevante para que al menos, a partir de ello, la discusión planteada tuviese sustento probatorio de la ocurrencia de una indefensión y perjuicio derivado de una anomalía en el debido proceso, tanto en el plano material como normativo, por lo que ésta Sección del Tribunal se decanta por rechazar de plano la presente demanda, en toda su extensión, acogiéndose la excepción de falta de derecho invocada por el Estado. En consecuencia y correspondencia con lo anterior, los daños y perjuicios que se pretenden deben desestimarse por no haberse acreditado su nexo causal con la conducta impugnada.

Costas. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, no observa este Tribunal motivo alguno para excepcionar la aplicación de tal máxima, por lo que, lo debido es imponerlas a la parte actora vencida conjuntamente con el pago de sus intereses legales correspondientes una vez que dicho extremo sea determinado en la fase de ejecución correspondiente.

POR TANTO.

Se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos petitorios. Se acoge la excepción de falta de derecho invocada por el Estado. Son ambas costas a cargo de la parte  actora y vencida, conjuntamente con el pago de sus intereses legales correspondientes una vez que dicho extremo sea determinado en la fase de ejecución correspondiente. Notifíquese. Ronaldo Hernández Hernández  //  Eduardo González Segura  //  Lourdes Vargas Castillo  //  Exp. 20-0002372-1027-CA

- Código Verificador -MFL6DY0XUDE61

Documento firmado por:RONALDO HERNANDEZ HERNANDEZ, JUEZ/A DECISOR/AEDUARDO GONZÁLEZ SEGURA, JUEZ/A DECISOR/ALOURDES VARGAS CASTILLO, JUEZ/A DECISOR/A

EXP: