Resolución 00026-2026

El licenciado Erick J. Martínez Trejos interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución dictada a las dieciséis horas con veintiún minutos del veintiuno de mayo de dos mil veintiséis, emitida por el Tribunal de Juicio de Crimen Organizado, mediante la cual se dispuso su valoración médico forense y el secuestro de sus expedientes clínicos. El recurrente sostuvo que la decisión impugnada vulnera sus derechos fundamentales a la salud, intimidad, dignidad y autodeterminación informativa, al pretender incorporar en el expediente judicial datos sensibles relativos a su condición médica. Alegó que no ostenta la condición de imputado ni de víctima dentro del proceso penal, sino únicamente la calidad de defensor técnico, por lo que carece de sustento legal obligarlo a someterse a una valoración médica forense o al examen de su historial clínico. Añadió que ni siquiera las víctimas pueden ser compelidas a una valoración médica sin su consentimiento informado. Indicó que cuenta con sesenta y cinco años de edad y que, en virtud del artículo 11 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, posee el derecho irrenunciable a manifestar consentimiento libre e informado en materia de salud. Argumentó que la negativa o desconocimiento de ese consentimiento constituye una vulneración de derechos humanos de las personas adultas mayores. Asimismo, sostuvo que la información clínica posee carácter confidencial y está protegida por el derecho a la intimidad. Manifestó que anteriormente el Tribunal de Juicio de Pérez Zeledón ordenó el secuestro de sus expedientes clínicos sin su consentimiento, actuación que, según expuso, fue corregida por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Segunda, mediante la resolución N.º 2021-309, de las once horas diez minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Señaló que dicho precedente estableció la improcedencia de solicitar el expediente médico de un defensor, al tratarse de documentos privados protegidos por el artículo 24 constitucional y por la Ley sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones. Añadió que el artículo 19 del Reglamento del Expediente de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social consagra expresamente la confidencialidad de los expedientes médicos. Adujo que el precedente citado constituye un parámetro interpretativo vinculante que reafirma la ilegalidad del acto recurrido, pues el órgano de alzada ya había considerado improcedente la obtención de información médica de un abogado defensor sin orden debidamente fundada y sin competencia legal para ello. Refirió, además, jurisprudencia de la Sala Tercera en la que se resaltó la necesidad de equilibrar la dirección del debate con el respeto a los derechos fundamentales de las partes y defensores. El recurrente invocó también la Ley N.°8968 de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos

Personales, indicando que la información biomédica constituye un dato sensible y que ninguna persona está obligada a suministrarlo. Señaló que la Sala Constitucional, mediante sentencia N.°3080-2005, reconoció que la epicrisis médica y el expediente clínico forman parte del ámbito protegido por el derecho fundamental a la intimidad y a la autodeterminación informativa, por lo que su divulgación sin consentimiento constituye una violación al artículo 24 de la Constitución Política. Sostuvo que ese criterio tiene carácter obligatorio conforme al artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En cuanto a la medida ordenada, afirmó que disponer una valoración médica y el examen de todo su historial clínico por una incapacidad de dos días resulta arbitrario, desproporcionado e irracional, especialmente porque dicha situación no afectó el curso del debate. Argumentó que el tribunal no tiene incumbencia sobre su condición médica personal ni puede exponerla a las demás partes del proceso. Añadió que incorporar datos médicos en el expediente judicial implica un atentado contra su dignidad, debido al eventual acceso público a esa información. Sostuvo que el artículo 24 constitucional únicamente permite el secuestro o examen de documentos privados en casos absolutamente indispensables para esclarecer hechos delictivos, presupuesto que, según afirmó, no concurre en el caso concreto, pues no existe investigación penal alguna en su contra. Indicó además que la Ley N.°7425 exige que la medida resulte indispensable para averiguar la verdad y que sirva como prueba indispensable de la comisión de una conducta delictiva, extremos que considera inexistentes en el asunto sometido a conocimiento. Por ello, afirmó que la resolución excede los límites constitucionales y legales y configura un acto abusivo y desproporcionado. El apelante desarrolló igualmente argumentos relativos a las garantías internacionales para el ejercicio de la abogacía, citando los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados adoptados por Naciones Unidas. Alegó que la decisión judicial constituye una forma de intimidación, hostigamiento e interferencia indebida en el ejercicio libre e independiente de la defensa técnica, pues pretende valorar su idoneidad profesional a partir de su historial clínico. Añadió que ello no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino también el derecho de su representada a contar con la defensa de su elección. Asimismo, sostuvo que el tribunal carece de competencia para inhabilitarlo directa o indirectamente mediante intromisiones en su información médica. Calificó la actuación recurrida como un acto de desviación de poder y de invasión de competencias que menoscaba la dignidad profesional del abogado y la confianza en la administración de justicia. Añadió que posee derecho a guardar silencio frente a lo que considera un acto ilegal y arbitrario que revela datos sensibles a las demás partes del proceso. Posteriormente indicó que su estado de salud ya había sido superado y obedeció a una reacción medicamentosa temporal que le produjo estrés y desenfoque visual. Señaló que cualquier profesional puede sufrir quebrantos de salud sin que ello impida el ejercicio de la profesión. Denunció además haber sido objeto de acoso por parte del despacho judicial, pues mientras era atendido en el EBAIS recibió llamadas telefónicas de una auxiliar judicial consultándole sobre su cita médica, situación que consideró violatoria de su intimidad y de su derecho a la atención médica. También afirmó que la suspensión de una cita médica programada evidenciaba hostigamiento. Como agravio central, reiteró que la resolución que ordena la valoración forense y el secuestro de sus expedientes clínicos constituye un acto arbitrario e ilegal que lesiona sus derechos fundamentales y expone datos sensibles sin existir investigación penal en su contra ni igualdad de trato respecto de jueces, fiscales o defensores públicos que presentan incapacidades médicas. Añadió que el médico forense tampoco cuenta con consentimiento informado para examinar sus expedientes clínicos. Finalmente, en la petitoria solicitó que se revoque la resolución impugnada y se deje sin efecto el secuestro de los expedientes médicos ordenados. Subsidiariamente, pidió que, en caso de mantenerse la medida, se suspenda el debate hasta contar con un dictamen médico definitivo sobre su condición de salud, el cual eventualmente podría ser objeto de apelación ante el Consejo Médico Forense. También sostuvo que no existe causa suficiente para separarlo de la defensa técnica de su representada y alegó que el recurso posee efectos suspensivos respecto del secuestro de los expedientes clínicos.

El recurso es inadmisible. El artículo 437 del Código Procesal Penal establece el principio de taxatividad como regla general en materia recursiva, según el cual: «Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos». En el caso que nos ocupa, el gestionante formuló recurso de apelación contra el Voto N.°142-R-2026, dictado por el Tribunal Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada de las dieciséis horas veintiún minutos del veintiuno de mayo de dos mil veintiséis, mediante la cual, el Tribunal dispuso la realización de una valoración médico-legal respecto del licenciado Eric Javier Martínez Trejos, defensor técnico de la imputada [Nombre 002], así como el secuestro de diversa documentación clínica relacionada con dicho profesional, la cual carece de impugnabilidad objetiva. Al efecto, dispone el numeral 452 del código adjetivo: «Además de lo dispuesto en el procedimiento contravencional y en la ejecución penal, el recurso de apelación procederá solamente contra las resoluciones de los tribunales del procedimiento preparatorio e intermedio , siempre que sean declaradas apelables, causen gravamen irreparable, pongan fin a la acción o imposibiliten que esta continúe» (resaltado suplido). Como se puede colegir del precepto anterior el legislador no previó impugnación alguna contra las resoluciones interlocutorias emitidas por el tribunal de juicio. A lo anterior se abona que, de conformidad con el numeral 93 ter de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, esta Cámara no cuenta con competencia para conocer impugnaciones de esta naturaleza, lo que guarda total correspondencia con la norma anteriormente transcrita. Incluso, si se acude a la previsión general del numeral 93 de ese mismo cuerpo normativo, el recurso de apelación contra las resoluciones que dicten los tribunales de juicio procede únicamente «cuando la ley acuerde la procedencia del recurso», lo que no se verifica en la especie, pues, como ya se señaló, la normativa procesal no prevé recurso de apelación ordinario contra las resoluciones interlocutorias dictadas por el tribunal de juicio. No desconoce esta Cámara que, por vía jurisprudencial, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha introducido nuevas causales de apelación a cargo de los tribunales de apelación de sentencia. Sin embargo, dicha lectura se realiza partiendo de una interpretación extensiva in bonam partem del art. 256 del Código Procesal Penal. Al respecto, dispuso la Sala Constitucional, en el fallo N.º 2021-20046 de las 14:00 horas del

3 de setiembre de 2021: «El punto de partida del análisis es el artículo 256 del Código Procesal Penal, cuyo párrafo primero señala: "Durante el procedimiento preparatorio e intermedio, la resolución que decrete por primera vez la prisión preventiva o, transcurridos los primeros tres meses, rechace una medida sustitutiva, se tomará en audiencia y será apelable sin efecto suspensivo (...)" (El subrayado es agregado). Esta disposición legal garantiza al imputado el derecho de apelación de la imposición de la prisión preventiva, por primera vez, decretada en esas fases procesales. El propósito de la norma es que dicha resolución -la que decreta la prisión preventiva por primera vez- sea sometida al control de una autoridad jurisdiccional distinta y de superior jerarquía, la cual deberá valorar la procedencia de la medida. En otras palabras, dicha norma estatuye una garantía procesal a favor del imputado, quien siempre tendrá la posibilidad de acudir ante el superior para cuestionar la resolución que amenaza su libertad. Se acota que lo anterior es predicable del caso regulado por el artículo, es decir, el procedimiento ordinario durante las fases preparatoria e intermedia» (el resaltado no corresponde al original). No obstante, la decisión interlocutoria de marras no se encuentra en el supuesto de excepción antes mencionado. A partir de dicha disposición y de la línea jurisprudencial constitucional que se ha ocupado del tema, se concluye que el recurso de apelación formulado contra la resolución N.º 142-R-2026 del Tribunal Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, de las dieciséis horas veintiún minutos del veintiuno de mayo de dos mil veintiséis, resulta inadmisible, al carecer de impugnabilidad objetiva en esta sede, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 437 y 452 del Código Procesal Penal, así como en el numeral 93 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial.