Resolución 00158-2026

I.-

a) Solicitud: De los hechos que dan sustento a su demanda, la parte actora solicita lo siguiente: "SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR:Apariencia de buen derecho (fumus boni iuris)Indicios serios y verificables de la inexistencia de perjuicio patrimonial y de imagen en la empresa demandada: debido a las acciones realizadas preliminarmente de segregación y descarte de la fruta en planta empacadora, conforme al protocolo "prueba de crema", y otros filtros posteriores, impidiendo la salida de la fruta que hubiese afectado directamente en el mercado, prueba que no fue aceptada por la empresa demandada. Con este elemento, existe, en sede cautelar, verosimilitud de la pretensión de nulidad del despido y de ia aiegación de inexistencia de perjuicio, lo que satisface el requisito de apariencia de buen derecho. Peligro en la demora (periculum in mora) Daño económico y riesgo para la subsistencia: El suscrito depende del salario para la subsistencia propia y de su familia, la pérdida inmediata del ingreso supone riesgo de imposibilidad para cubrir alimentos, vivienda, servicios y obligaciones básicas. La reparación posterior mediante pago de salarios atrasados no va a resarcir el perjuicio continuo y las consecuencias sociales inmediatas. Efecto agravante del tiempo procesal: El lapso necesario para tramitar la causa incrementa mi daño económico y sanitario, por tanto, la demora procesal convierte daños reparables en daños irreparables si no se adoptan medidas cautelares. En atención a !o anterior, existe periculum in mora que justifican la adopción inmediata y proporcional de medidas cautelares  Ponderación de intereses y proporcionalidad  Idoneidad y necesidad: Señor(a) Juez(a), la medida solicitada (suspensión de efectos del despido, reincorporación provisional) es idónea y necesaria para garantizar la eficacia de la tutela jurisdiccional y evitarme perjuicios irreparables. La reintegración provisional es provisionalísima y no altera estructuralmente a la empresa demandada, el suscrito actor realza labores operativas y necesarias que la empresa demandada requiere cubrir (cosecha), por lo que mi reinstalación no genera una carga operativa ni organizativa extraordinaria. La afectación mínima que 1a medida provisoria impone al empleador (reincorporación temporal de un trabajador que realiza labores necesarias) se contrapone al perjuicio grave, continuo e irreparable que sufriría yo (pérdida de ingreso, riesgo de perder aseguramiento y continuidad de tratamientos médicos). En esta ponderación, la medida cautelar solicitada resulta proporcional y necesaria para proteger derechos fundamentales y la eficacia del proceso. Maxime que en estos momentos la empresa demandada está ofreciendo empleo por falta de personal en la labor de cosecha......" (sic) b) Oposición: De lo solicitado se otorgó audiencia a la parte demandada mediante  resolución de las siete horas cuarenta y siete minutos del nueve de enero de dos mil veintiséis, la accionada se opone a la medida cautelar mediante escrito visible a imagen 73 a 79 en orden ascendente del expediente electrónico, señala: "[...] se debe rechazar la medida cautelar solicitada por la parte accionante, pues al haber una terminación de la relación laboral, no se están dando los presupuestos necesarios para su otorgamiento. Máxime que, la imposición de dicha medida generaría un grave perjuicio en la imagen de mi representada, pues la solicitud de la medida cautelar de reinstalación se ha convertido últimamente en un mecanismo utilizado de forma reiterada y sin fundamentos sólidos por extrabajadores en contra de mi representada, ocasionando un perjuicio inestimable.".   c) Resolución impugnada: El Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de Limón, por resolución, dictada a las quine horascincuenta y siete minutos del diecinueve de febrero de dos mil veintiséis, en lo conducente resolvió: "De conformidad con lo expuesto y citas de ley invocadas, se RECHAZA la solicitud de Medida Cautelar. Se resuelve sin especial condenatoria en costas, artículo 563 del Código de Trabajo. Hágase saber.- (...)".-   d) Recurso de Apelación: Conoce este Tribunal, por motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la resolución supra indicada. e) No existencia de vicios de procedimiento: No se observan vicios de procedimiento capaces de producir nulidad o indefensión a las partes. f) Sobre la Admisibilidad del Recurso: A la luz de lo establecido en el artículo 583 del Código de Trabajo, admite recurso de apelación, siempre y cuando sea interpuesto dentro del tercero día posterior a su notificación y conforme a lo establecido en el numeral 590 ibidem. En el caso examinado, el pronunciamiento se notificó a todas las partes el 19 de febrero de 2026; y el recurso de la parte actora se presentó el 24 de febrero de los corrientes; con las formalidades de ley; así que procede su conocimiento en esta sede.

Sobre los

Se aprueban los hechos tenidos por demostrados por ser fiel reflejo del mérito de los autos.

Recurso de la parte actora:  Inconforme con lo decidido en primera instancia, la parte actora interpuso recurso de apelación, literalmente indica: "1. Error en la valoración del Peligro en la Demora (Periculum in Mora)EI juzgador afirma que no demostré un daño grave o irreparable. No obstante, existe un error de apreciación juridica:- Naturaleza alimentaria del salario: El salario no es solo una "obligación dineraria", es el medio de subsistencia básica protegido constitucionalmente. Privanme de él durante los años que dure el proceso judicial me expone a una vulnerabilidad social extrema que ninguna sentencia futura podrá reparar retroactivamente en cuanto a mi dignidad y salud. . Irreparabilidad del tiempo: La resolución indica que el daño es reparable económicamente en sentencia. Sin embargo, la justicia cautelar laboral busca evitar que el trabajador deba Iitigar en condiciones de indigencia o precariedad, lo cual afecta la "igualdad de armas" procesal. EI Pertculum In Mora en materia laboral no es una mera posibilidad, es una corteza. Al estar sin trabajo me genera un daño irreparable. que se manifiesta de forma inmediata La jurisprudencia constitucional ha protegido este derecho de forma contundente: "La tutela cautelar en materia laboral debe operar de forma inmediata y efectiva. pues el daño que el despido lnjusto genera en al trabajador at privado de su único medio de aubsistencla, es de caracter irreparabte. El derecho al trabajo y la proteccion de la familia son valores constitucionales que obligan al juzgador a adoptar medidas urgentes para evitar el perjuicio irreversible." (Sentencla de la Sala Constitucional. n.° 2018-000259. de las 09 00 horas del 12 de enerode 2018). Mi despido injustificado no solo afecta mi economia personal. sino que tiene un impacto directo en Ia alimentación, educación y salud de mi famitia. Este daño es mucho más grave que cualquier posible afectación económica a la empresa, que, además, puede ser resarcida si se revierte la medida. El Juez A-Quo debto ponderar estos intereses y dar prioridad a mi subsistencia. Al no hacerlo, me dejó en un estado de indefensión y vulnerabilidad que en principio la justicia laboral está llamada a corregir.

Contradlcclón sabre el tiempo transcurrido (lnactlvldad vs. Necesidad) El Juzgado señala que, al haber interpuesto la demande cuatro meses despues del despido (del 10 de setiembre de 2025 al 8 de enero de 2026), no exlete urgencia. . Refutación: Este razonamiento es falaz. El plazo de cuatro meses es razonable para quo un trabajador despedido busque asesoria legal, recolecta pruebas y gestione los recursos mínimos para lnlclar un proceso. Interpretar que la "espera" elimine la urgencia es castlgarme como trabajador por no tener acceso inmedlato a defensa tecnica. La necesidad de alimento y vivienda (mencionada en ml demanda) es permanente y actual, no desaparece por el paso de unos meses, por el contrario, se agrava al agotarse los ahorros o recursos de auxilio iniciales.

Exceso de rigorismo en la Ponderación de InteresesEl Juez omitió analizar la ponderación de intereses'alegando que los presupuestos sonexcluyentes. - Argumento: Al estar en juego mi derecho al trabajo y la subsistencia (interés humano fundamental) frente al interés meramente patrimonial de una corporación de gran envergadura como la empresa demandada, la balanza debe inclinarse hacia la protección del eslabón más débil, conforme al principio pro operario y la tutela judicial efectiva (articulo 489 y 493 del Código de Trabajo).

Reconocimiento de la Apariencia de Buen Derecho Es vital señalar que el propio A-quo admitió que mi solicitud cumple con la Apariencia de Buen Derecho (Fumus Boni Juris), confinmando que mi demanda no es temeraria y tiene argumentos respetables. Si el derecho parece fundado, el riesgo de que la sentencia sea inoperante por mi insolvencia previa al fallo debe ser cubierto por la justicia cautelar. PETITORIA: Por Io antes expuesto, solicito a su autoridad, se acoja este recurso de APELACION,consecuentemente, se acoja la solicitud de medida cautelar de reinstalación solicitada" (sic)

Criterio del Tribunal:   Las manifestaciones del escrito de inconformidad no son suficientes para modificar lo resuelto. Como ya lo ha expuesto en forma reiterada este Colegiado, para poder revocar una resolución, sobre un extremo en concreto, necesariamente, la parte apelante debe plantear, de forma clara y precisa las razones, por las cuáles, la resolución judicial no es correcta. Debe puntualizar, bajo un razonamiento específico, los motivos que, obligan a revocar. Debe desvirtuar el razonamiento y fundamentación del juez. No basta con mostrar disconformidad contra el auto, o con hacer referencia a lo pedido. Ni reiterar o transcribir la solicitud de la medida, o alegarse presunciones de necesidades del actor. Ni hacer agravios genéricos, sin ninguna concatenación y valoración con la prueba evacuada.  La apelación es contra el razonamiento, fundamentación y decisión de la persona juzgadora plasmada en una sentencia específica. En el caso, resulta evidente que la apelación es inatendible, puesto que, el apelante no formuló ningún agravio concreto, ni planteó una argumentación contra la decisión de la persona juzgadora. Nos explicamos.   La persona juzgadora razonó su decisión en el siguiente sentido:  "(...) Analizados los argumentos de la parte y los elementos de prueba puestos a disposición en el expediente, es el criterio de esta Autoridad que no concurren los elementos y características para otorgar la medida cautelar solicitada, por las razones que se procede a exponer.Primeramente, de una lectura minuciosa del escrito de demanda, especialmente en el apartado de medida cautelar, no se menciona cual es la petitoria de la medida cautelar. Como puede verse, el actor se limita a citar los elementos necesarios y los fundamenta, pero ¿cuál medida cautelar es la que solicita? No es sino hasta el punto de ponderación de intereses que entre paréntesis menciona la suspensión de los efectos del despido y reincorporación provisional. Asumiendo que es una omisión involuntaria y que correlativamente esta ligada a la pretensión principal de reinstalación se resuelve (...)  En cuanto a la apariencia de buen derecho, considera el Juzgador que se cumple porque no estamos frente a una medida cautelar que derive en una demanda temeraria o en forma palmaria carente de seriedad. Así, se trata de un aspecto posible de ser conocido ante los tribunales de justicia y frente al que se plantean argumentos respetables (lo cual no significa que este juzgador los avale o no). Téngase en cuenta que el CPC no establece la obligación de verificar que exista una apariencia de buen derecho, sino simplemente que la demanda no sea temeraria, o en forma palmaria carente de seriedad. En este sentido, para este juzgador no se puede exigir en la solicitud cautelar un análisis más allá de este punto, pues no podría este juzgador imponer más límites al otorgamiento de las medidas cautelares que los ya establecidos por Ley, ya que esto significaría cercenar el derecho de acceso a la justicia pronta y cumplida del administrado. El análisis se limita a verificar que se trata de un objeto posible, y que no se trate de algo absolutamente descabellado. Analizar si el asunto tiene altas posibilidades de ser acogido en sentencia constituiría un ejercicio jurisdiccional innecesario y por demás contrario a la Ley. Dentro de este marco, entonces, se tiene por cumplido el primero de los presupuestos. Conforme a ambas normas en mención, las medidas cautelares deben también cumplir con el presupuesto del daño o peligro de daño, y el Periculum in Mora (Peligro por la Demora).  Respecto del peligro en la demora, este juzgador acusa la ausencia absoluta de pruebas y argumentos que sustenten la existencia de un daño grave actual, potencial o irreparable que pueda ser causado al actor de este proceso de no acogerse la medida cautelar. Cabe indicar que no presenta ningún tipo de prueba en cuanto a ese daño eventual (41.1 del CPC). Del escrito de demanda, en la parte de solicitud de medida cautelar, el actor en cuanto a este elemento dice que la dilatación de este proceso causará un perjuicio continuo, dado que depende del salario para su propia subsistencia y de su familia, lo que la perdida del trabajo supone riesgo e imposibilidad de cubrir sus alimentos, vivienda, servicios y obligaciones básicas.No hay que perder de vista que la medida cautelar tiene como fin fundamental el proteger y garantizar el objeto del proceso y garantizar la efectividad de la sentencia. La pretensión de reinstalación en el puesto de trabajo junto con los salarios a percibir, en realidad es una pretensión que se traduce en términos económicos en caso de sentencia estimatoria, es decir, tratándose de una obligación dineraria el único peligro es que la parte demandada no tenga recursos económicos a futuro para cubrir los adeudos, lo que no se demuestra en autos.No especifica, detalla ni demuestra cual sería ese perjuicio grave, irreparable e inminente. No consta prueba de que sea el único ingreso familiar, que tenga que pagar vivienda ni especifica cuales son esas necesidades básicas.Ahora, bien desde la perspectiva de la parte trabajadora, la pérdida del empleo y la no percepción del salario, no es una situación que por sí sola sea determinante para acceder a la medida cautelar, porque sino habría que concederla en todos los casos en que exista un despido, sin mayor análisis.Aunado a lo anterior, y muy de la mano al fin de la medida cautelar está el que mientras se tramita el proceso el acto que se pretenda suspender no sea fuente de daños y perjuicios, actuales o potenciales, de difícil o imposible reparación, o de graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, de la situación aducida.En la especie, además de lo indicado supra, no existe esa lesión de difícil o imposible reparación, por cuanto, como bien se observa en los autos, el despido ocurrió el 10 de setiembre del 2025 y es hasta en fecha 8 de enero del 2026 que se interpone este proceso, con lo cual transcurrió casi cuatro meses.En el caso concreto, no hay peligro por la demora dado el tiempo que ha transcurrido, considerable, que como lo indica la parte gestionante no ha contado con el sustento que le brindaba el salario que devengaba bajo las ordenes patronales de la parte demandada. Entonces, realmente no se estima la afectación por el atraso en la tramitación del proceso.Así las cosas, no se tiene por acreditado el segundo de los presupuestos para el otorgamiento de la tutela cautelar. Al no demostrarse peligro en la demora (urgencia e instrumentalidad), no resulta necesarios entrar a conocer la ponderación de intereses, ya que son excluyentes entre sí.. (...)" Las afirmaciones realizadas en el recurso son puras alegaciones sin cuestionar lo señalado por la persona juzgadora, ni fundamentar en el elemento probatorio, quje dicho sea de paso no se aportó ningún tipo de prueba para sustentar la medida cautelar solicitada,  por lo que no queda más remedio que confirmar la resolución venida en alzada.-      POR TANTOEn lo apelado se confirma la resolución venida en alzada.-   Brenda Celina Calvo De la O  Maricruz Barrantes Córdoba                                                                Luis Esteban Araya Ugalde  BCALVOD   HH1WC47LRXF861BRENDA CELINA CALVO DE LA O - JUEZ/A DECISOR/A MOSBDHLNO43861LUIS ESTEBAN ARAYA UGALDE - JUEZ/A DECISOR/A PIRN7BZADSC61MARICRUZ BARRANTES CORDOBA - JUEZ/A DECISOR/A EXP: 26-000011-0929-LAI Circuito Judicial de Limón, Limón centro, Edificio de los tribunales, Tercer piso Teléfonos: 2799-1389 ó 2799-1510. Fax: 2799-1329. Correo electrónico: limtribapel@poder-judicial.go.cr