Resolución 10176-2020

Por escrito recibido a las 9:58 horas del 19 de marzo de 2020, el recurrente [Nombre 001] indica

que es “sordo anacusio por secuelas de meningitis bacteriana

”. Indica que habitan en el Barrio El

Manguito (Guápiles, Guácimo) y reciben los servicios de televisión e internet que brinda la empresa

recurrida. Sin embargo, aduce que el canal 9 digital Tigo Sports, en concreto, el noticiero deportivo

“TigoSport-Noticias” no cuenta con intérprete en lenguaje Lesco ni el sistema “Closed Caption” en ninguna

de sus ediciones, lo cual estiman lesivo de sus derechos fundamentales. Cita diferentes sentencias de la

Sala. Agrega que el 18 de marzo de 2020, [Nombre 005] remitió una misiva a la recurrida mediante la que

solicitó una explicación sobre la vulneración de derechos descrita, pero no han recibido respuesta y la

situación tampoco ha sido resuelta. Solicita que se tenga como coadyuvante a su esposa,

[Nombre 005].

Mediante escrito incorporado a las 14:17 horas del 19 de marzo de 2019, la [Nombre 005] aporta

prueba.

Mediante escrito incorporado a las 15:04 del 19 de marzo de 2019, el recurrente [Nombre 001]

pide que se adjunte al expediente la prueba aportada por [Nombre 005].

Mediante escrito incorporado a las 16:23 horas del 19 de marzo de 2020, [Nombre 005] solicita

que se adjunte prueba al expediente.

5.-Mediante escrito incorporado a las 6:53 horas del 30 de marzo de 2020, [Nombre 005] solicita que

se adjunte prueba al expediente.

6.-Mediante resolución de las 18:15 horas del 23 de marzo de 2020 se cursó este recurso.

Contestan Fabián Volio Echeverría y Marcelo Volio González, en su condición de apoderados

judiciales especiales de Millicom Cable Costa Rica S.A., que la recurrente [Nombre 005] contrató el servicio

de internet y televisión por cable por la orden de trabajo número 13999185 y su número de cliente es

11861253. Refieren que no les consta que [Nombre 001] haya contratado un servicio a Millicom o que viva

en la misma casa que [Nombre 005]. Refieren que no les consta “

que el señor [Nombre 001]

haya tenido

problemas técnicos para poder activar la función de "closed caption" de un televisor,

específicamente para el programa "Tigo Sport Noticias", que se transmite en el canal 9 "Tigo Sports" de

nuestro servicio de televisión por cable”. Aseguran que el canal 9 de televisión es de Millicom. Apuntan

que el programa "Tigo Sport Noticias" no tiene activada la función de "closed caption" o subtítulos, pero

tendrá el servido de intérprete del lenguaje Lesco a partir del 1° de mayo de 2020. Reconocen que

[Nombre

005] envió un correo electrónico el 18 de marzo de 2020 y se le respondió que su petición sería atendida.

Explican que por el alto volumen de correos y llamadas telefónicas recibidas durante la pandemia actual, no

pudo ser respondido a tiempo. Señalan que la “Sala Constitucional no puede saber si los representados en

las fotografías son o no los televisores que están en la casa de la señora

[Nombre 005]. Esas imágenes no

pueden servir de prueba en este caso”. Aducen que no aplica el artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción

Constitucional, porque la empresa recurrida no está en una posición de poder. Reiteran que “

No hay

prueba de que el señor [Nombre 001]

viva en esa casa. No compró el televisor y no suscribió el contrato

con nuestra empresa”. Refieren que el canal 9 denominado "Tigo Sports" es un canal producido

en Costa Rica y tiene 2 tipos de contenidos: producción nacional, como lo es el programa Tigo Sports

Noticias y retransmisión de programas producidos en otro país que son simplemente retransmitidos.

Aceptan que Millicom Cable Costa Rica S.A. produce el programa "Tigo Sport Noticias”.

Mediante escrito incorporado a las 11:16 horas del 24 de abril de 2020, [Nombre 005] replica a la

contestación dada por la recurrida. Aduce que el accionante [Nombre 001]

es su esposo y vive en su misma

casa de habitación.

Mediante escrito incorporado a las 11:03 horas del 27 de abril de 2020, el recurrente [Nombre

001] replica a la contestación de la empresa recurrida.

Mediante escrito incorporado a las 13:05 horas del 28 de abril de 2020, Fabián Volio Echeverría

pide acceso al expediente.

Mediante escrito incorporado a las 13:07 horas del 18 de mayo de 2020, Fabián Volio Echeverría

aduce que la parte recurrente ha aportado prueba adicional a la que plantearon con el escrito de

interposición, con lo que demostraron hechos que antes no estaban respaldados probatoriamente.

Mediante escrito incorporado a las 14:40 horas del 18 de mayo de 2020, la parte cuestiona que

el representante judicial de la empresa recurrida haya aportado a los autos otro escrito después de la

contestación que se le solicitó mediante la resolución de curso. Estima que ello es un desacato. Pide que se

testimonien piezas contra Fabián Volio por el delito de desacato.

Mediante escrito incorporado a las 16:32 horas del 21 de mayo de 2020, Fabián Volio Echeverría

alega que no “existe ninguna resolución o precepto legal que impida aportar documentos o escritos

adicionales, como también lo ha hecho el recurrente, por lo que tampoco existe desacato alguno”.

Destaca que a partir del 27 de abril de 2020, ya el Noticiero Tigo Sports cuenta con intérprete de lenguaje

Lesco. Rechaza que haya incurrido en el delito de desacato.

Mediante escrito incorporado a las 12:24 horas del 23 de mayo de 2020, la parte recurrente

replica al escrito incorporado al expediente a las 16:32 horas del 21 de mayo de 2020.

15.-En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado

Rueda Leal; y,

Sobre la admisibilidad. Por su excepcional naturaleza, el trámite ordinario de los recursos de

amparo contra sujetos de derecho privado exige comenzar por examinar si, en la especie, se está ante alguno

de los supuestos que lo hacen admisible para, posteriormente, dilucidar si es estimable o no. El artículo 57 de

la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que procede el recurso de amparo contra las acciones u

omisiones de sujetos de derecho privado cuando estos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o

potestades públicas, o se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los

remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o

libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2 inciso a) de la misma ley. En el caso concreto, sí se

cumplen estos presupuestos ya que se trata de un sujeto de derecho privado que se encuentra en una

posición de poder frente a los amparados, y por las circunstancias concretas, está en la posibilidad de

infringir sus derechos constitucionales, sin que los remedios jurisdiccionales comunes sean suficientes u

oportunos.

Sobre la solicitud de coadyuvancia planteada. La coadyuvancia es una forma de intervención

procesal que se da cuando una persona actúa en un proceso adhiriéndose a las pretensiones de alguna de

las partes principales. En consecuencia, está legitimado para actuar como coadyuvante quien ostente un

interés directo en el resultado del recurso; empero, al no ser actor principal, el coadyuvante no resulta

directamente afectado por la sentencia, es decir, la eficacia de esta no puede alcanzarle de manera directa e

inmediata, ni le afecta la condición de cosa juzgada del pronunciamiento, aunque en materia de amparo

pueda favorecerle la eficacia de lo resuelto debido al carácter de erga omnes

de la jurisprudencia y

precedentes de la jurisdicción constitucional (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).

A partir de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de la

Jurisdicción Constitucional, se acepta la gestión planteada y se admite la coadyuvancia solicitada ante esta

Sala.

Objeto del recurso. Según la resolución que cursó este amparo, el recurrente alega que es

“sordo anacusio por secuelas de meningitis bacteriana

”. Aduce que él y su esposa, [Nombre 005]

,

contrataron los servicios de televisión e internet ofrecido por Tigo Star (Millicom Cable Costa Rica S.A.).

Acusa que el noticiero deportivo “TigoSport-Noticias”, transmitido por canal 9 digital, no cuenta con

“un

intérprete de señas del Lenguaje Lesco (Lenguaje de Señas de Costa Rica, ni el sistema de “Close

Caption”).”

Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como

debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el

recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a)Según referencia de la CCSS del 15 de junio de 2018, el tutelado padece hipoacusia y utiliza

audífonos (véase prueba aportada).

b) [Nombre 005] es cliente del servicio de internet y televisión ofrecido por Millicom Cable

Costa Rica S.A. (hecho incontrovertido).

c)El programa "Tigo Sport Noticias" es producido y trasmitido en el canal 9 "Tigo Sports", del

servicio de televisión por cable de Millicom Cable Costa Rica S.A. (véase manifestaciones

de la parte recurrida).

d)Al momento en que la recurrida rindió la contestación a este amparo, el programa "Tigo

Sport Noticias" no tenía activada la función de "closed caption" o subtítulos ni un

intérprete del lenguaje Lesco (hecho incontrovertido).

V.-Sobre el caso concreto. Según la resolución que cursó este amparo, el recurrente alega que es

“sordo anacusio por secuelas de meningitis bacteriana

”. Aduce que él y su esposa, [Nombre 005]

,

contrataron los servicios de televisión e internet ofrecido por Tigo Star (Millicom Cable Costa Rica S.A.).

Acusa que el noticiero deportivo “TigoSport-Noticias”, transmitido por canal 9 digital, no cuenta con

“un

intérprete de señas del Lenguaje Lesco (Lenguaje de Señas de Costa Rica, ni el sistema de “Close

Caption”).

En sentencia n.°2019-24238 de las 9:30 horas del 6 de diciembre de 2019, la Sala resolvió un caso

similar al sub lite también interpuesto por el aquí recurrente. En esa ocasión se dispuso lo siguiente:

“

ANTECEDENTE RELACIONADO. Esta Sala, en Sentencia N° 2003-07275 de las 08:57 horas

del 18 de julio de 2003, conoció un asunto similar donde el mismo recurrente de este proceso denunciaba

que los canales nacionales no tenían habilitada alguna función para que las personas con problemas

auditivos pudieran acceder fácilmente a la información difundida por tales medios de comunicación. En

esa ocasión se indicó lo siguiente: "(...) La declaratoria con lugar del amparo, se hace tomando en

consideración los diversos motivos por los cuales varios de los recurridos adujeron que extender la

adaptación de la programación para personas sordas, fuera de los noticieros, les resultaba difícil. Así, a

propósito de las razones económicas que se invocaron para omitir dar cumplimiento a la obligación del

artículo 51 de la Ley ya citada, esta Sala dijo en anteriores oportunidades, en esta misma materia:

“...menos es admisible que se afirme que instalar sistemas como el que se pretende es muy oneroso para la

empresa televisiva, puesto que no se trata de una opción libre de aceptarpor la empresa, sino de un deber

que ha creado el Estado a cargo de los canales concesionarios de las frecuencias.” (sentencia número

06732-98 de las 15:18 horas del 18 de setiembre de 1998. En el mismo sentido ver las decisiones número

2001-05792 de las 9:12 horas del 29 de junio del 2001 y 2002-09233 de las 10:56 horas del 20 de

setiembre de 2002). De este modo, no se trata de un motivo que pueda válidamente oponerse a la

satisfacción del deber que origina la estimatoria del amparo. Lo anterior sin perjuicio que los

responsables de los medios de comunicación accionados promuevan por ellos mismos y frente el Estado

la concesión de préstamos, exenciones fiscales, subsidios con fines específicos o fondos especiales,

para

estimular y apoyar la participación en la sociedad de las personas con discapacidad en un pie de

igualdad, al tenor de los artículos 14 y 16 de las Normas Uniformes sobre la equiparación de

oportunidades para las personas con discapacidad de las Naciones Unidas (...) Asimismo, se trata de

excusar la responsabilidad de los canales de televisión a través del empleo de medios alternativos a la

utilización del lenguaje lesco o del sistema de “close caption” como sería la presentación de títulos

escritos en la pantalla o la transcripción de la información en internet. Al respecto debe recordarse que

en la sentencia número 2001-05792 de las 9:12 horas del 29 de junio de 2001 ya esta Sala precisó que

tales medios no solucionan la desigualdad que se pretende paliar, porque la información recibida no es

completa –en el caso de la aparición de titulares escritos en la pantalla–. En lo que concierne a internet,

está de por medio el igual acceso a los programas informativos televisados –precisamente a través de la

televisión– y no de los datos que constan en esa red sobre los programas, cuya difusión no alcanza los

mismos niveles que los de la televisión".

SOBRE EL CASO CONCRETO.

De los hechos acreditados, así como de las pruebas que obran

en autos, este Tribunal Constitucional considera que sí existe mérito suficiente para acoger el presente

recurso de amparo. Se tiene por demostrado que el 7 de octubre de 2019, la empresa recurrida recibió

dos correos electrónicos suscritos por Dinia Cecilia [Nombre 005]

, solicitando una explicación del por

qué no se activa la función de “Closed Caption” en el terminal que utiliza junto al recurrente; terminal

que, de acuerdo con el contrato de prestación de servicios de televisión digital (DTH) con Claro TV, se

encuentra a nombre del señor Vernon Menéndez Rojas. Las condiciones de contenido y la habilitación de

las posibilidades de tener subtítulos como "closed caption" no son reguladas por la SUTEL. El "closed

caption" es una tecnología de asistencia que permite a personas con problemas auditivos la conversión

de sonidos y diálogos a texto para su comprensión. Los principales problemas de la imposibilidad de

recepción de "closed caption" son por dos causas principales:

El set top box o el televisor digital del

usuario no está debidamente configurados para desplegar el CC;

Por problemas en el emisor de la

programación que no configure adecuadamente el CC o no lo incluya. También se tiene por demostrado

que la empresa recurrida contestó a la señora [Nombre 005]

que la empresa Claro Costa Rica “(…) no

ha habilitado al día de hoy la funcionalidad de Closed Caption en su servicio de televisión por

suscripción (…)”. Esta Sala estima que, con la aseveración anterior, aunado a lo informado por la misma

empresa en este recurso de amparo, sí se violenta el derecho fundamental a la información del recurrente

y demás población con problemas auditivos a nivel nacional que hayan suscrito un contrato con la

empresa Claro Costa Rica para la retransmisión de canales. En reiterada jurisprudencia, esta Sala ha

hecho énfasis en la especial protección que requieren los grupos vulnerables de la población, entre ellos

quienes tienen alguna condición de discapacidad auditiva, pues por mandato constitucional así se

ordena. Tanto la Constitución Política de Costa Rica, como la Convención Americana sobre Derechos

Humanos, consagran el principio de igualdad de las personas y la prohibición de hacer distinciones

contrarias a su dignidad (artículos 33 y 24, respectivamente). Adicionalmente, los derechos de las

personas con discapacidad están reconocidos en otros instrumentos internacionales como la

"Convención Americana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas

con Discapacidad", aprobada por la Asamblea Legislativa por Ley N° 7948 y la "Ley de Igualdad de

Oportunidades para las Personas con Discapacidad", N° 7600. La citada Convención define, en su

artículo 1°, la discriminación, de la siguiente manera: "El término discriminación contra las personas

con discapacidad, significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad,

antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o el

propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con

discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales". Asimismo, se consagra la

obligación de los Estados que la suscribieron, entre ellos Costa Rica, a adoptar: "las medidas para

eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades

gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones,

programas, actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la

recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales y las actividades

políticas y de administración." Por su parte, de importancia para la resolución del presente asunto,

resulta conveniente señalar lo dispuesto en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con

Discapacidad, N° 7600, la cual establece, en términos generales, la obligación que tienen las

instituciones, tanto públicas como privadas

, de proveer todo el apoyo técnico que sea necesario para las

personas con discapacidad a fin de garantizar sus derechos: “Artículo

Ayudas técnicas y servicios de

apoyo: Las instituciones públicas y las privadas de servicio público

deberán proveer, a las personas con

discapacidad, los servicios de apoyo y las ayudas técnicas requeridos para garantizar el ejercicio de sus

derechos y deberes”.

Si bien la empresa recurrida señala que ellos son solamente "( …) la plataforma por medio de la

cual se brinda el servicio de telecomunicaciones, no somos un canal productor de algún tipo de

contenido. Con los canales los operadores suscriben contratos, y paquetizamos nuestros servicios en una

grilla de canales cuyo contenido es gestionado exclusivamente por dichos canales en los cuales nosotros

nos comprometemos a reproducir según los alcances técnicos de cada canal. Nuestro servicio se basa

únicamente en la distribución de los canales de televisión, tanto nacionales como extranjeros (…)”, lo

cierto es que también reconocen no haber habilitado a nivel nacional la función "Closed Caption", que

ya de por sí deberían tener los canales nacionales en algunos de sus programas, en atención a lo

ordenado por este Tribunal desde la Sentencia N° 2003-07275 de las 8:57 horas del 18 de julio de 2003.

Tal omisión técnica, en este caso en particular, no involucra a los canales nacionales (pues deberían

tener habilitada la función "Closed Caption" por sí mismos), sino al operador o, en este caso, a la

empresa que sirve de intermediaria entre los canales y el usuario final del servicio (como lo es la cablera

Claro Costa Rica). Además, dicha omisión técnica implica privar al recurrente y demás población con

discapacidad auditiva que tenga contratados servicios con Claro Costa Rica, de su derecho fundamental

a la información, además de constituir una grosera infracción al principio de igualdad y no

discriminación promovido tanto por la Constitución Política, como por Instrumentos Internacionales de

Derechos Humanos, según se vio en el considerando anterior. Estima la Sala que si bien son las

televisoras nacionales quienes deben, de acuerdo con lo establecido en la citada Sentencia N°

2003-07275 de las 8:57 horas del 18 de julio de 2003, habilitar la modalidad "Closed Caption", en este

caso concreto, el medio que permitiría ejecutar dicha función recae en el servicio de televisión que

brinda la empresa recurrida; es decir, el hecho de que la accionada no tenga habilitada la función

"Closed Caption" cercena o imposibilita la ejecución de la modalidad técnica que ya previamente las

televisoras nacionales implementaron, lo que finalmente la hace responsable de transgredir el derecho

fundamental aludido por el recurrente. En virtud de lo anteriormente expuesto, lo procedente es declarar

con lugar el recurso, con la orden que se establece en la parte dispositiva de esta sentencia.”

En el sub examine, se comprobó que el programa "Tigo Sport Noticias" es producido y trasmitido

en el canal 9 "Tigo Sports" del servicio de televisión por cable de Millicom Cable Costa Rica S.A. Tal como

lo reconoce la propia parte recurrida en la contestación rendida a esta Sala con ocasión de la resolución de

curso, en ese momento, el programa "Tigo Sport Noticias" no tenía activada la función de "closed caption"

o subtítulos ni un intérprete del lenguaje Lesco. De ahí que, a la luz del antecedente jurisprudencial citado,

se impone declarar con lugar el recurso por la omisión de la recurrida de dotar al programa referido de una

modalidad que lo hiciera accesible a la población con alguna deficiencia auditiva.

Ahora bien, la parte accionada, en un escrito posterior a su contestación, señala que, desde el 27 de

abril de 2020, el programa "Tigo Sport Noticias" cuenta con un intérprete Lesco; sin embargo, en mérito que

la contestación no es rendida bajo juramento, ello no puede tenerse por un hecho demostrado. En virtud de

lo anterior, en la parte dispositiva se ordena que, en caso de que todavía no se haya implementado una

modalidad de accesibilidad para la población con deficiencia auditiva, ello se lleve a cabo en el término de 2

meses.

VI.-Por otra parte, procede la desestimatoria del agravio esgrimido por el recurrente con

posterioridad al escrito de interposición, en el sentido de que quienes rindieron la contestación por parte de

la empresa recurrida incurrieron en el delito de desacato. Al respecto, es menester indicar que, de considerar

que se ha incurrido en un delito, la parte accionante deberá plantear sus alegatos en la vía ordinaria de

legalidad.

VII.-Voto salvado del Magistrado Hernández Gutiérrez.

El recurrente viene en amparo porque,

según alega, en el servicio de televisión por cable que dice haber suscrito se transmiten programas que no

cuentan con intérprete en lenguaje Lesco ni otro sistema alterno. A juicio del suscrito Magistrado, el amparo

es improcedente. En primer término, porque se dirige contra un sujeto de derecho privado que no está en los

supuestos del artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El artículo 57 de la Ley de la

Jurisdicción Constitucional establece que procede el recurso de amparo contra las acciones u omisiones de

sujetos de derecho privado cuando estos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades

públicas, o se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios

jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o

libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2 inciso a) de la misma ley. En este caso es claro que no

se trata del ejercicio de una función o potestad pública, conforme se explicará más adelante. Por otra parte, la

relación entre el usuario y la empresa recurrida se rige por el derecho privado, sin que esta última se

encuentre de hecho o de derecho en una posición de poder.

En sentencia número 2008014921 de las 14:54 horas del 8 de octubre de 2008, esta Sala, al conocer

una acción de inconstitucionalidad relativa al servicio de televisión o audio por suscripción, caracterizó esta

última de la siguiente manera:

“TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN. Los servicios de televisión, desde un punto de vista técnico,

suponen la emisión, transmisión, difusión, distribución, radiación y recepción de señales de audio y video

en forma simultánea. Se distingue entre la televisión abierta, que se caracteriza porque su señal puede ser

recibida libremente por cualquier persona en el área de cobertura de la estación y la televisión por

suscripción o cerrada, en la cual la señal, independientemente, de la tecnología de transmisión, está

orientada a ser recibida, única o restringidamente, por las personas autorizadas para la recepción

(suscriptor). El Reglamento de Radicomunicaciones (Decreto Ejecutivo No. 31608-G y sus reformas)

define el “Servicio de televisión por suscripción” como el que se presta “(…) a través de redes cableadas,

utilización de frecuencias del espectro radioeléctrico, o directamente del satélite, por el que, mediante

contrato con proveedores autorizados de la señal se distribuye programación de audio y video asociado,

de manera continua a los suscriptores que realicen un pago periódico de una cantidad preestablecida y

revisable”. La televisión por suscripción, actualmente, se subdivide en las siguientes modalidades: a)

Televisión satelital o DTH (“direct to home”) o directa al hogar, la cual permite la recepción exclusiva e

individual de señalas transmitidas, emitidas, difundidas y programadas desde el extranjero, por medio de

redes satelitales especiales de difusión directa, con el uso consiguiente del espectro electromagnético a

través de antenas parabólicas con decodificadores, hasta los equipos terminales de recepción individual.

b) Televisión por cable, la cual tiene por característica que la señal es recibida por el usuario o

consumidor –suscriptor- a través de un medio físico o alámbrico de distribución –redes de fibra óptica,

cable coaxial o IP (protocolo IP o IPTV) con utilización de los servicios de Internet u otras-, destinado

exclusivamente para ese fin o compartido para prestar otros servicios de telecomunicaciones. Debe

advertirse que la televisión por suscripción ha adquirido gran aceptación a nivel mundial, frente a la

televisión abierta, por cuanto las personas (usuarios y consumidores del servicio) encuentran mayores

opciones, libertad y amplitud de contenidos, con lo cual constituye una verdadera alternativa para el

goce efectivo de los derechos al ocio digno y a la información”.

Y más adelante agregó lo siguiente:

“TELEVISION POR SUSCRIPCIÓN MODALIDAD CABLE NO ES UN SERVICIO PÚBLICO SINO

UNA ACTIVIDAD EMPRESARIAL PRIVADA. En opinión de este Tribunal Constitucional, un aspecto de

primordial importancia para resolver la inconstitucionalidad planteada es determinar si la televisión

por suscripción en la modalidad cable es o no un servicio público o si, por el contrario se trata de una

simple actividad empresarial privada de interés público. Debe tomarse en consideración que la

declaración por Constitución o ley de una actividad como servicio público, esto es, la asunción de ésta

por una administración pública en particular, supone la sustracción de la esfera privada donde opera el

principio de la autonomía de la voluntad, la libertad de constitución de empresas y de ejercicio del

comercio. La titularidad de un servicio público la asume un ente público a través de la figura

denominada “publicatio” que debe efectuar la Constitución o la ley, en virtud de la cual la actividad es

sustraída de las relaciones jurídico-privadas y pasa a ser regulada, organizada y prestada bajo un

régimen de Derecho Público-Administrativo exorbitante del Derecho común. La titularidad pública de un

servicio público, habilita a la respectiva administración pública para determinar la forma de

gestionarlo, ya sea directamente (nomine propio) o indirectamente a través de figuras tales como la

concesión o la gestión interesada. Consecuentemente, es preciso distinguir entre la titularidad del

servicio público que es consecuencia de la asunción o publicatio y su gestión, puesto que, un ente

público puede ser titular del servicio público pero no gestionarlo o prestarlo de manera directa. Como ya

se indicó la publicatio o asunción de la titularidad de una actividad como servicio público, al someterse

a un régimen de Derecho público intenso y fuerte, es reserva de ley, por cuanto, supone una limitación al

ejercicio de ciertos derechos fundamentales (artículos 28 de la Constitución y 19 de la Ley General de la

Administración Pública) tales como la libertad de constitución de empresas y de desarrollar un giro

empresarial privado. En el caso de la televisión por suscripción modalidad cable, no cabe la menor duda

que se trata de una actividad empresarial privada sometida a las reglas del Derecho privado o común,

que es prestada según la reglas de la oferta y la demanda del mercado y en un marco de libre

competencia. La Ley de Radio y Televisión no dispone la asunción de la televisión por cable como un

servicio público, de otra parte, el Reglamento de Radiocomunicaciones que no podría hacerlo por virtud

del principio de reserva de ley señalado, únicamente, se limita en su artículo 13 a calificar esa actividad

como de interés público, como lo constituyen, también, muchas otras a la luz del imperativo

constitucional de protección de los derechos e intereses de los consumidores o usuarios (artículo 46,

párrafo 5°, de la Constitución Política)”.

La televisión por suscripción, a diferencia de la televisión abierta, no cabe la menor duda (indicó la

Sala), es una actividad empresarial privada sometida a las reglas del derecho privado o común, que es

prestada según la reglas de la oferta y la demanda del mercado y en un marco de libre competencia. En

consecuencia, el reclamo que plantea el recurrente resulta improcedente, no solo porque la relación entre él y

la empresa recurrida no se enmarca dentro de los requisitos que establece el artículo 57 de la Ley de la

Jurisdicción Constitucional, sino porque él puede libremente prescindir del servicio que le brinda la empresa

recurrida si no está satisfecho. El recurso, en consecuencia, debe desestimarse.

VIII.-Documentación aportada al expediente

. Se previene a las partes que de haber aportado algún

documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter

electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán

ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 d

ías hábiles contados a partir de la notificación de esta

sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según

lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte

Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número

19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en

la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.