Resolución 11716-2017

1.-

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a

las 14:47 hrs. del 20 de marzo de 2017, el accionante solicita que se declare

la inconstitucionalidad del artículo 22 de la Ley de Licencias para Actividades

Lucrativas y no Lucrativas del Cantón de Escazú (Ley No. 8988) y el artículo 32

del Reglamento de Licencias Municipales para las Actividades Económicas que se

desarrollan con fines lucrativos y no lucrativos. Alega que las normas

impugnadas lesionan los artículos 39 y 46 de la Constitución Política, así como

los principios de razonabilidad y proporcionalidad. El artículo 22 de la Ley

No. 8988, Ley de licencias para actividades lucrativas y no lucrativas del

cantón de Escazú, establece una sanción del 20% del monto anual del impuesto de

patentes pagado el año anterior, cuando no se presente la declaración jurada

del impuesto de patentes en el plazo que establece el artículo 20 de esa ley.

Se trata de una norma que no cumple los requisitos esenciales del principio de

razonabilidad y proporcionalidad, pues grava de manera exagerada, un ilícito

administrativo. Es normal que la misma ley prescriba una sanción por la falta

de presentación en tiempo de la declaración jurada, y que la misma tenga un

carácter punitivo, es decir una forma de castigo por incumplimiento al deber

formal. Sin embargo, la sanción a imponer debe respetar el principio de

proporcionalidad de la ley, buscando una adecuada relación entre la gravedad de

la falta o infracción y la sanción a imponer. Así, la sanción contemplada en el

artículo 22 de la Ley No. 8988 de un 20 % del impuesto pagado en el año

anterior, es una multa injusta, desmedida, excesiva que no cumple con el

principio de proporcionalidad. Por otra parte, la sanción prevista del 20% es

excesiva, aún como pena pecuniaria, ya que pierde toda vinculación con la falta

e incumplimiento al deber formal que pretende garantizar. En términos de lo

expresado por la jurisprudencia constitucional, se trata de una sanción

inconstitucional por resultar desproporcionada en sus efectos y ser excesiva en

relación con el incumplimiento de la obligación formal que se pretende

sancionar. La sanción no establece ningún tipo de graduación o atenuación en

atención a las diversas circunstancias del incumplimiento. Existen dos tipos

básicos de incumplimiento: el primero, la falta de presentación de la

declaración (omisión absoluta) y, el segundo, la presentación tardía

(declaración rendida después del término establecido). En ambos casos, la

sanción prevista es la misma, aunque el segundo supuesto debería ser claramente

atenuado, dado que no provoca ningún perjuicio para la Municipalidad, pues

permite igualmente determinar el impuesto de patente mediante el procedimiento

ordinario. El principio de proporcionalidad exige adecuación entre la conducta sancionada, la

consecuencia jurídica y la lesión al bien jurídico tutelado. De este modo, la

sanción por la presentación tardía, debería ser atenuada y diferenciada del

supuesto de omisión absoluta, o bien darle menor significancia a ambas. La

sanción creada en el artículo 22 de la Ley No. 8988 y 32 de su reglamento, debe

pasar por un examen de relevancia del bien jurídico tutelado y la idoneidad del

medio para tutelar el bien jurídico. La aplicación de una sanción está

justificada en este caso, en tanto se tutelan las funciones de fiscalización y

recaudación con la finalidad de proteger el sistema tributario local. Sin

embargo, la multa del 20% cumple la finalidad recaudadora, garantiza un deber

formal, no material, ya que la falta reprochada

es no presentar la declaración en el plazo estipulado para ello. Para el

cumplimiento y fiscalización del deber material existen otros mecanismos que

aseguran el pago del impuesto de patente. De esta manera, la falta no es grave

o significativa y, por ello, no se lesiona el bien jurídico tutelado. La multa

impuesta debería guardar la debida proporción a esa condición, y no establecer

un monto del 20 % del impuesto de patentes pagado el año anterior. El actor

considera que la multa impuesta por el artículo 22 de la Ley No. 8988, es

inadecuada para tutelar el bien jurídico y satisfacer el fin público

perseguido. Además, lesiona los derechos y garantías constitucionales que

protegen a los contribuyentes, particularmente cuando existen medios menos gravosos

para la obtención de la finalidad propuesta. La multa es también

desproporcionada y excesiva, si se compara con la prevista en el artículo 79

del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la cual es una sanción

general en nuestro sistema tributario. El

principio de proporcionalidad está estrechamente conectado al principio de

razonabilidad, por lo que el análisis anterior deber ser completado desde esta

otra perspectiva. La relación existente entre la infracción, a saber, la

presentación extemporánea de la declaración jurada y la sanción, que consiste

en una multa de 20 % del impuesto pagado en el año anterior, no está fundada en

criterios objetivos por el contrario resulta no idónea, innecesaria y

desproporcionada. Un presupuesto básico que debe apreciarse al momento de

establecer una sanción, es el impacto que tiene la conducta reprochable sobre

el interés tutelado, y medir el resultado dañoso de dicha falta. Justamente por

esta razón, el accionante concluye que la multa referida en una cantidad del 20

% del impuesto pagado el año precedente, resulta improcedente e irracional, en

tanto la falta reprochada no produjo ninguna consecuencia jurídica nociva.

Para efectos de legitimación manifiesta que deriva del artículo 75,

párrafo 1°, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El asunto previo es un

proceso de conocimiento que se tramita en el expediente No. 16-012457-1027-CA

ante el Tribunal Contencioso Administrativo. En ese asunto, se invocó la

inconstitucionalidad de las normas como medio razonable de defender el derecho

que se estima lesionado.

El

artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a

rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su

presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte

ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de

juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o

reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta

MERGEFIELD PJV:0000058Eel Magistrado MERGEFIELD PJV:0000058DJinesta Lobo; y,

SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. El artículo 75 párrafo 1o. in fine,

de la Ley de Jurisdicción Constitucional exige, para efectos de la

admisibilidad de una acción de inconstitucionalidad por la vía incidental, como

la presente, un asunto pendiente de resolver ante los tribunales, inclusive un

recurso de hábeas corpus o de amparo, o bien, en el procedimiento para agotar

la vía administrativa, en el que se invoque la inconstitucionalidad como medio

razonable de amparar el derecho o interés que se considere lesionado. En este

caso, el accionante indica que su legitimación

deriva del proceso de conocimiento que se tramita en el expediente No.

16-012457-1027-CA, interpuesto por Distribuidora de Vinos y Alimentos por

Alpiste S.A., contra la Municipalidad de San José, ante el Tribunal Contencioso

Administrativo del II Circuito Judicial de San José. Además, la acción cumple los requisitos de

admisibilidad dispuestos por los artículos 73 a 75 de la Ley de la Jurisdicción

Constitucional, y su objeto es de los indicados en los numerales 10 de la

Constitución Política y 73 de la Ley citada.

OBJETO DE LA ACCIÓN.- El accionante impugna las siguientes normas:

Ley No.

8988 del 7 de setiembre de 2011.

“Artículo

22.-

Los

patentados o sujetos pasivos que no presenten dentro del término establecido la

declaración jurada del impuesto, con sus anexos, se harán acreedores a una

multa de un veinte por ciento (20%) del monto anual del impuesto pagado el año

anterior, la cual deberá pagarse conjuntamente con el impuesto del trimestre

siguiente a las fechas establecidas en el artículo 20 de esta ley.”

Reglamento de Licencias Municipales para las Actividades

Económicas que se desarrollen con fines lucrativos y no lucrativos en el Cantón

de Escazú. MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

“Artículo

32.-De la Multa: Los patentados o patentadas o sujetos pasivos que no presenten

la Declaración Jurada con sus anexos, dentro del plazo máximo de ochenta días

naturales contados a partir de finalizado el período fiscal, se harán

acreedores a una multa de un veinte por ciento (20%) correspondiente al monto

anual del impuesto cancelado el año anterior, la cual deberá pagarse

conjuntamente con el impuesto del trimestre siguiente a la fecha de vencimiento

de su presentación.”

AGRAVIOS DE CONSTITUCIONALIDAD.- El accionante estima

lesionados las siguientes normas y principios:

Artículos 39 y 46 de la Constitución Política;

Principios de

razonabilidad y proporcionalidad. Estima que el artículo 22 impugnado no

respeta la relación que debe existir entre la sanción que ordena y la infracción

acusada, por lo que lesiona el principio constitucional de proporcionalidad. No

existe un vínculo lógico entre la sanción y la infracción cometida ya que la

sanción resulta excesiva en relación con el incumplimiento del deber formal que

se busca sancionar. Por su parte, el artículo 32 del Reglamento también

contiene una sanción que es desproporcionada en sus efectos y excesiva en

relación con el incumplimiento de la obligación formal que se pretende

sancionar. Adicionalmente, la imposición de una multa fija sin atención a las

circunstancias del incumplimiento, es contraria al principio constitucional de

capacidad económica respecto de obligaciones tributarias.

SOBRE EL FONDO. Recientemente,

la Sala Constitucional desestimó la acción de inconstitucionalidad que se

tramitó en el expediente No. 13-003436-0007-CO, en la cual se impugnó y analizó

el artículo 10 de la Ley de Impuestos Municipales del cantón central de San

José, adicionado por la Ley N° 7548 de 21 de setiembre de 1995, que establece una multa del 20% del impuesto

pagado el año anterior por la no presentación, dentro del término establecido,

de la declaración jurada; términos similares a lo dispuesto por las normas aquí

impugnadas. Así, mediante voto No. 2017-008044 de las 11:51 hrs. del 26 de mayo del 2017,

este Tribunal manifestó:

“IV.-

Sobre la metodología de análisis de la acción.- Para facilitar el estudio de la normativa impugnada, se

inicia con un considerando que explica de manera general los alcances de la

normativa impugnada, para luego examinar en concreto los argumentos dados por

el accionante, en contra del artículo 10 de dicha normativa.

En general sobre la Ley de Impuestos Municipales del cantón central de

San José.- El impuesto de patente del Cantón Central de San

José está regulado por la Ley N° 5694 de 9 de junio de 1975, reformada por la

Ley N° 7275 de 10 de diciembre de 1991 y adicionada por Ley N° 7548 de 21 de

setiembre de 1995. Mediante el artículo 1° de dicha ley, se impone a las

personas físicas y jurídicas que realicen todo tipo actividades lucrativas, la

obligación de obtener una licencia municipal para poder operar, y la obligación

de pagar el correspondiente impuesto de patente por las actividades realizadas.

En el artículo 5 de la Ley se establecen los parámetros para determinar el

quantum de la obligación. Por su parte en el artículo 7 de la Ley se establece

el plazo dentro del cual los patentados deben presentar la correspondiente

declaración de impuestos. En el artículo 10 de la Ley se establece el régimen

sancionatorio en caso del incumplimiento, concretamente se ubica en el capítulo

que regula las tarifas y establece que la no presentación de la declaración

jurada, implica una multa del 20% del impuesto pagado el año anterior. En dicha

norma, no se hace distinción entre la no presentación absoluta o la no

presentación relativa (por presentación tardía). El accionante asume un

presupuesto que es lógicamente inadmisible, porque afirma que hay diversas

circunstancias en el incumplimiento de un plazo, cuando en realidad la falta de

presentación en un determinado plazo, es el presupuesto de la norma, no existe

una tipología de incumplimientos. Asume el accionante una distinción artificial

entre falta de presentación absoluta o relativa, o falta de presentación

absoluta y presentación tardía. Es la misma, no cabe distinción, se configura

el incumplimiento desde el primer día en que no se presentó la declaración, una

vez vencido el plazo. Así que no hay distinción ni degradación con la

presentación tardía, sino que la conducta reprochable es la no presentación,

pues se trata del incumplimiento de un plazo fijado por ley. Tomando en cuenta lo anterior, se procede a

continuación con el análisis de constitucionalidad de la norma, bajo los

argumentos dados por el accionante.

Sobre la constitucionalidad de la multa

establecida en el artículo 10 de la Ley de Impuestos Municipales del cantón central de

San José, (adicionado por la Ley N° 7548

de 21 de setiembre de 1995).- El accionante impugna la multa establecida en el artículo 10 de la Ley de Impuestos Municipales del cantón central de

San José, pues la considera irrazonable, desproporcionada y violatoria del

principio de igualdad. En su informe la Procuraduría General de la República considera que el

accionante no lleva razón en sus alegatos, pues es claro que el legislador definió la sanción en

función de los derechos y obligaciones de los sujetos pasivos de la obligación

tributaria municipal, por lo que la multa del 20% del monto del impuesto pagado

con anterioridad deviene en razonable y proporcionada a los fines que se buscan

tutelar con la norma, cuales son la hacienda municipal, y las funciones de

fiscalización, verificación y determinación de la obligación tributaria

municipal, de manera que con la multa económica se pretende evitar una conducta

muy puntual, a saber: que los sujetos pasivos no incurran en conductas – como

la presentación tardía de la declaración - que produzcan un perjuicio fiscal.

Por su parte, en su informe el Alcalde

de la Municipalidad de San José, también

considera que la norma en cuestión no es desproporcionada, ni irrazonable, pues

la multa se calcula porcentualmente en razón al monto de ingresos anteriormente

declarados o reportado por el comerciante. Asimismo que dicha infracción es

fácilmente evitable, dado que lo único que se requiere es presentar la

declaración el tiempo. Al

respecto, luego

del examen de constitucionalidad que realiza esta Sala, por las razones que se

detallan a continuación, no se considera que la multa contenida en la norma en

cuestión sea inconstitucional.

En primer

lugar.- La multa resulta razonable por sancionar una falta que entorpece las

competencias municipales: El pago

de patentes es el principal ingreso de las haciendas municipales para poder

sufragar el costo de los servicios públicos que el particular recibe de la

entidad municipal, tales como la seguridad, el aseo y la actividad municipal en

general. En este caso, la conducta reprochable (la no presentación de la

declaración jurada para el pago del impuesto de patente municipal) resulta

significativa para el gobierno local por cuanto ello impide el ejercicio de las

facultades de control, verificación y fiscalización de la obligación

tributaria, que garanticen a la administración tributaria municipal contar con

los ingresos necesarios para el cumplimiento de los fines que le corresponden.

El entorpecimiento de las competencias municipales, producto de la no

presentación de la declaración jurada (aunque luego se presente de forma

tardía), es suficiente para considerar que el establecimiento de una multa es

razonable. En atención a la importancia

que tiene la presentación oportuna de las declaraciones juradas de este tipo,

para el cálculo del impuesto de patentes que corresponde al Gobierno Local, su

incumplimiento se tipifica como una infracción tributaria, sancionada con una

multa. Con esta sanción se pretende, además de reprimir al responsable,

disuadir o intimidar al resto de la sociedad, para que no cometa los ilícitos

sancionados, y resarcir al municipio por el daño causado. El accionante

argumenta que la presentación tardía no causa un verdadero menoscabo en los

ingresos de la Municipalidad, además de que, finalmente la declaración no fue

que no se presentó, sino que siempre se hizo. Al respecto, nótese que, más allá de que la Corporación Municipal sufra en estos supuestos,

un menoscabo o no, en sus ingresos, es lo cierto que el ejercicio de sus

competencias se ve obstaculizado, al no contar con toda la información de las

actividades lucrativas desarrolladas en su cantón al momento de realizar las

previsiones presupuestarias a principios de cada año. Nótese además que, la

falta y el daño ya se produjeron, no siendo la presentación posterior una causa

que elimine la infracción. Si bien indica el accionante que mientras la fecha

de presentación de la declaración jurada es hasta el 15 de enero y el pago se

hace el 30 de marzo, es lo cierto que ello no convierte en irrazonable la

sanción de multa, pues la Administración Local debe contar con el tiempo

suficiente para planear sus ingresos y ejercer sus facultades de fiscalización de la obligación

tributaria. Además, en el caso base de esta acción se observa que el accionante

presentó la declaración el 12 de marzo, días antes

del cumplimiento del plazo para pagar y luego de meses después de haberse hecho

el cierre fiscal del año anterior. Por ello, en este

tipo de materia tributaria, resulta admisible desde el punto de vista

constitucional, que el legislador defina una sanción en función de las

obligaciones de los sujetos pasivos de la obligación tributaria municipal, como

en este caso.

En

segundo lugar.- Se trata de una sola conducta reprochable, no hay obligación

del legislador de diferenciar (no violación al principio de igualdad): El accionante alega que en el artículo 10 no se

hace una diferenciación entre lo que es “la no presentación de la declaración”

y “la presentación tardía de las declaraciones”, pero ello es una

diferenciación que él quisiera que el legislador hubiera hecho, y que no está

obligado a realizar. Ciertamente se trata una sola conducta la que el legislador

consideró reprochable, la no presentación de la declaración jurada. Una multa

para este caso, sin hacer distinción entre no presentación absoluta y relativa,

no la convierte en inconstitucional. Asume el accionante que en la presentación

tardía no hay lesión, cuando sí la hay, la lesión es el atraso en una

obligación tributaria que debe cumplirse en un determinado plazo. Es el plazo

lo que se protege, la presentación tardía lesiona lo que pretende tutelar la

norma sancionatoria. Sí hay menoscabo con el atraso en la presentación, el

actor, asume, erróneamente, que no hay lesión cuando se omite presentar la

declaración en el plazo de ley. La falta de presentación en tiempo no es una

mera formalidad, es una obligación que debe acatarse. Asume que la presentación

en tiempo es una mera formalidad que no amerita una multa del veinte por

ciento, ignorando que es una sanción proporcional y que es de modulación

legislativa. El legislador no quiso diferenciar pues la conducta reprochable se

da desde el mismo momento en que la declaración jurada no se presenta. Por lo

que, aunque el patentado presente su autoliquidación fuera del plazo previsto,

se sanciona el incumplimiento del deber formal de presentar la declaración a

más tardar el 15 de enero de cada año, con la sanción prevista en el artículo

Así, no se observa obligación constitucional que se deba dar un tratamiento

indiferenciado en estos casos, como lo argumenta el accionante, ni por tanto,

violación alguna al principio de igualdad.

En tercer

lugar.- La multa no es desproporcionada pues toma en cuenta la capacidad

económica del sancionado: Del

examen del principio de proporcionalidad, no se observa que una multa que

corresponda al 20% del impuesto pagado en el año anterior, sea

desproporcionado. Nótese que el porcentaje se calcula con base en el impuesto

pagado en el año anterior, así que la norma está tomando en cuenta la capacidad

de pago del infractor. Es decir, la base del impuesto es individualizada a la

situación del infractor. En esta dirección, se cumple además con el

principio de igualdad, pues se trata de forma igual a quienes están en

situaciones iguales, y en forma desigual, a quienes están en situaciones

desiguales. Un porcentaje de 20%, que no representa siquiera un cuarto del

total, no puede ser considerado desproporcionado. Si el legislador optó por

establecer una sanción como ésta frente a la conducta reprochable de no

presentar la declaración jurada en tiempo, y el accionante considera que el

legislador pudo optar por una sanción menos gravosa, ello no la hace

inconstitucional. El veinte

por ciento responde a un criterio objetivo, hay proporcionalidad y no es

inidónea. Esta Sala ha considerado en otros casos la violación al

principio de proporcionalidad únicamente cuando la norma hace abstracción de la

capacidad económica del infractor. El bloque de Constitucionalidad le impone al

legislador, cuando de imponer multas y sanciones se trata, el deber de

garantizar una justa y equitativa proporción entre la cuantía de la sanción y

las condiciones económicas del sancionado, lo cual se está dando en este caso.

Además, el porcentaje de una multa se ha considerado desproporcionado en tanto

más se acerque o rebase el 50% del ingreso del infractor, lo cual no es este el

caso, pues en este

caso se trata de un porcentaje que se calcula con base en el

impuesto pagado en el año anterior, y no

con base en los ingresos del infractor. Dicho todo lo anterior, es claro que el monto de la sanción va

en relación directa con el monto del impuesto que se paga, de suerte tal que

establecer una multa fija –como lo propone el accionante- más bien incentivaría

al incumplimiento del deber de declarar en tiempo, y va en contra de las más

recientes tendencias en la materia que propugnan por el estableciendo de

porcentajes en vez de montos fijos. Establecer la multa a partir de un

porcentaje lleva a que pague más multa quien mayores ingresos brutos o ventas

genere, caso contrario, si se hubiera establecido la multa con base en un

salario base –como lo propone el accionante- sí podría resultar

desproporcionado en ciertos casos concretos. Afirma el

accionante que la falta no es grave o significativa y por eso no se lesiona el

bien jurídico tutelado. Pero sí hay lesión por la presentación tardía. El monto

de la multa no es irrazonable o desproporcionado, porque fijada la capacidad

tributaria del sujeto obligado, es un veinte por ciento. Es decir, cinco veces

menos que la capacidad tributaria total. Por lo demás, nótese que indica la Municipalidad en su

informe que los casos de patentados que no presentan las declaraciones juradas,

o en forma tardía, resultan poco significativos, precisamente porque el medio

que prevé la ley, sea la multa, resulta ser un medio efectivo para que los

administrados cumplan con sus obligaciones tributarias. El accionante indica que tal multa es “claramente

irracional”, pero esa afirmación no la sustenta con argumentos. Un veinte por

ciento de multa no constituye una grosera irracionalidad, porque es un

porcentaje de lo que debió presentarse. No puede ignorarse que el impuesto

representa en un 0,35 por ciento de ventas o ingresos brutos, es decir, que el

porcentaje del impuesto no puede comparase con el impuesto de la renta, porque

éste es mucho más alto. El accionante sustenta sus alegatos en la aplicación de

varios votos de esta Sala, que no resultan aplicables en este caso: la

sentencia 3929-95, la sentencia 5944-98, la sentencia 2000-08191 y la

sentencia 633-94.

-La

primera (sentencia 3929-95) que es una consulta de constitucionalidad sobre el

proyecto de ley de Justicia Tributaria, el accionante la cita en cuanto al

principio de proporcionalidad. Sin embargo, en este caso, parámetros como la

gravedad objetiva del ilícito y las condiciones subjetivas relevantes no lo

vinculan con la falta de presentación de la declaración.

-La

segunda (sentencia 5944-98) referida a la impugnación del inciso b) del

artículo 79 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el cual

establecía una multa por la presentación tardía de la declaración del

impuesto de ventas que resultaba casi igual que los ingresos netos generados

por la accionante, al pretenderse cobrar como multa imponible el setenta y dos,

dieciséis por ciento, (72.16%) de la renta imponible gravable. La Sala

Constitucional declaró con lugar la acción por considerar que la multa era

desproporcionado en sus efectos, y excesiva en relación con el incumplimiento

de la obligación formal que se pretende sancionar, a tal punto de considerarse

confiscatorio. Además porque consideró que, al establecer una multa fija, sin

graduación alguna ni atenuaciones en atención a las diversas circunstancias del

incumplimiento, ni a la capacidad económica de los contribuyentes, es contraria

al principio constitucional de la capacidad económica respecto de las

obligaciones tributarias. Ahora bien, en este caso, dicho precedente no resulta

aplicable pues, ni la multa es confiscatoria, ni tampoco se requiere de una gradación, pues estamos en

presencia de un incumplimiento injustificado. En este caso, no se requiere

aplicar parámetros que permitan individualizar cada caso, porque en este

supuesto de la norma objetada es la omisión de no presentar una declaración, la

cual no requiere una individualización, es un incumplimiento de hacer

algo dentro de un determinado plazo. No se trata de un deber formal, es el

incumplimiento de una obligación que debe acatarse dentro de un determinado

plazo. No es una mera formalidad, es que debe presentarse la declaración dentro

de un plazo impostergable.

-La

tercera (sentencia 2000-08191) corresponde a una acción de

inconstitucionalidad, contra la Ley del impuesto general sobre las ventas y la

sanción de cierre de negocios, donde la Sala declaró sin lugar la acción.

Indica el accionante, que al igual que dicha sentencia debe aplicarse en este

caso el principio de utilidad. Sin embargo, este no es aplicable, porque en

este caso la sanción no es inútil, tiene la utilidad de fijar un plazo

perentorio en el que debe presentarse la declaración, es un medio eficaz para

obligar al cumplimiento de la obligación tributaria en un plazo ineludible. El

criterio de la utilidad es para las infracciones tributarias y no para las

obligaciones impuestas en el plano local, no son comparables. Son sanciones

distintas, por eso la construcción de la argumentación, no es admisible. El

cierre de un negocio no puede compararse con el incumplimiento de plazo

impostergable y perentorio para la presentación de una declaración jurada. Tal

como se dijo, no hay presentación tardía, sino que, la única conducta

reprochable es el incumplimiento de un plazo fijado por ley. Comparar la

omisión de no presentar la autoliquidación tributaria fuera del plazo de ley,

con el incumplimiento de una obligación tributaria municipal, no fija un

parámetro de comparación, porque son situaciones diferentes, en contextos

normativos distintos.

-La

cuarta (sentencia 633-94) referida a una acción de inconstitucionalidad

planteada contra una patente. Al respecto, nótese que se cita en cuanto a la

proporcionalidad y razonabilidad de los tributos, y en este caso se trata de

una sanción de multa por el incumplimiento de una obligación tributaria, que

opera bajo parámetros distintos. Así que

tampoco resulta aplicable.

Así que no hay desproporcionalidad en este caso, en

que la multa se establece a partir de un porcentaje razonables (20%) que toma

por demás en cuenta la capacidad económica del infractor.

En cuarto lugar.- La multa no es confiscatoria a

diferencia del caso examinado bajo el precedente que se alega: El precedente que cita el accionante como

aplicable a su caso no resulta pertinente, por cuanto, en la resolución

no.05944-98 se impugnó una norma del Código de Normas y Procedimientos

Tributarios que establecía una multa, por una conducta que, aunque ciertamente

similar a la que sustenta esta acción (la no presentación de la declaración del impuesto de

ventas), el monto de la multa en ese caso era de un

72.16%, tres cuartas partes de sus ingresos netos,

porcentaje que difiere enormemente del aquí impugnado. En dicha resolución la

Sala consideró que en efecto el monto de la multa resultaba desproporcionado, y

hasta confiscatorio al existir exceso en la cuantía prevista por el legislador, pues además la multa se establecía sin atender la

capacidad económica del contribuyente. Por otro lado, la comparación que hace el

accionante entre la multa por conducta similar, que se establece actualmente en

el artículo 79 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (“Artículo

Omisión de la presentación de las declaraciones

tributarias. Los sujetos pasivos que omitan presentar las

declaraciones de autoliquidación de obligaciones tributarias dentro del plazo

legal establecido, tendrán una multa equivalente al cincuenta por ciento (50%)

del salario base.”), no resulta tampoco aplicable en este caso. Nótese que se

trata de supuestos y sujetos diferentes. Aquí estamos frente a un impuesto

local y frente a un sujeto particular, cual es, una empresa que realiza una

actividad lucrativa. Además, si el monto que termina pagando el infractor en

estos caso, es mayor que si hubiera sido una multa por otra sanción tributaria,

no obedece a la norma, sino a la capacidad económica del infractor, ya que la

multa, en este caso, toma como base tal capacidad al indicarse que la “multa

equivalente al veinte por ciento (20%) del impuesto pagado en el año anterior”.

Asimismo, nada impide que el legislador establezca diferencias de multas, o

diferentes métodos de cálculo de multas, en normas tributarias nacionales y

normas tributarias locales. Por lo tanto, en este caso, no sólo el porcentaje

establecido no es confiscatorio, y por tanto no aplica el presente citado por

el accionante del año 1998, sino que, es admisible que el legislador establezca

distintos métodos de cálculo de multas en distintas normas.

Conclusión.- Conforme a los argumentos expuestos, se asumen las

siguientes conclusiones: la multa resulta razonable por sancionar una falta que

entorpece las competencias municipales; la norma impugnada sanciona una única conducta

(la no presentación de la declaración jurada); la multa de un 20%, según el

impuesto pagado el año anterior, no es desproporcionada, pues toma en

cuenta el impuesto pagado el año anterior; la multa no es confiscatoria,

a diferencia del caso examinado bajo el precedente (resolución no.05944-98)

donde se anuló una norma del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que

establecía una multa de un 72.16%, por desproporcionada y confiscatoria. No se

considera que existan razones para declarar la inconstitucionalidad de la norma

impugnada, por lo que procede la declaratoria sin lugar de esta acción, tal

como en efecto se hace.-“

CONCLUSIÓN.- Los argumentos esbozados en la

acción parcialmente transcrita, coinciden con los alegatos

expresados por el accionante ante este Tribunal, en este caso. El contenido del artículo 32 del Reglamento impugnado reproduce, en

términos similares, lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley No. 8988. En este sentido, y de conformidad con lo indicado

en el precedente citado, a juicio de este Tribunal no hay violación a los

principios de razonabilidad, proporcionalidad, igualdad y no confiscatoriedad

por el establecimiento de una sanción de un 20% del impuesto pagado el año

anterior por la no presentación, dentro del término establecido, de la

declaración jurada. En consecuencia, no habiendo motivos para variar el

criterio expuesto, lo procedente es el rechazo por el fondo de esta acción.

DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que

de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas

contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático,

magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán

ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a

partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido

todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo

dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder

Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto

del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de

enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del

Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo

LXXXI.