Cargando la resolución…
Sala Constitucional
Cargando texto de la resolución…
Los enlaces corresponden únicamente a citas expresas verificadas.
Documento judicial
* 160133280007CO *
Exp: 16-013328-0007-CO
Res. Nº 2017002800
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San
José, a las nueve horas treinta minutos del veinticuatro de febrero de dos mil
diecisiete .
Recurso de hábeas corpus que se tramita en el expediente número
16-013328-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de residencia
[Valor 001], a favor de [Nombre 002], contra el PATRONATO NACIONAL DE LA
INFANCIA (PANI), el JUZGADO DE
FAMILIA y el TRIBUNAL DE FAMILIA, ambos del PRIMER CIRCUITO
JUDICIAL DE SAN JOSÉ.
Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 17:35 horas de 28 de
setiembre de 2016, la recurrente interpone recurso de hábeas corpus a favor de su hija,
persona menor de edad y de nacionalidad colombiana. Afirma que el 27 de setiembre de
2016, sin previo aviso y de forma temeraria, la menor fue sustraída por el PANI. Señala
que lo acusado se evidencia en la resolución del PANI de las 12:30 horas de 27 de
setiembre de 2016. Manifiesta que el PANI alude al voto Nº 875-2016 del Tribunal de
Familia de San José que ordenó lo siguiente: “SE REVOCA la sentencia de primera
instancia y SE ORDENA que la niña [Nombre 002]
sea restituida DE INMEDIATO a
Colombia, país donde se encontraba su residencia
habitual, para que sean las autoridades de esa República quienes determinen cuál de
sus progenitores será quien deba detentar el atributo de su custodia. La Autoridad
Central costarricense deberá coordinar con la Autoridad Central colombiana la forma
en que esta restitución se materialice, velando siempre por la protección de la
estabilidad psicológica de la niña". Alega que la autoridad accionada actuó de modo
arbitrario, pues puso en riesgo la estabilidad psicológica de la menor. Acota que
transcurrieron más de 24 horas sin haber visto a su hija ni poderle explicar la situación.
Subraya que se debieron respetar los derechos de la menor de 7 años de edad.
Manifiesta que ha sido respetuosa de las leyes e instituciones costarricenses, ha estado
en todo momento localizable, y ha acatado todos los mandatos del Juzgado de Familia
de San José y del PANI. Por ello, considera irrazonable la manera en que ese ente actuó
con su hija. Señala que el 22 de setiembre del año en curso se le notificó la sentencia del
Tribunal de Familia y, pese a eso, mantuvo su domicilio, siguió en su trabajo, y la menor
continuó asistiendo a la escuela. Agrega que se encuentra en el país con su hija desde
hace 3 años y 9 meses, por lo que el PANI tuvo que haberse comunicado con ella.
Expone que la restitución de la menor a Colombia resulta inconcebible, pues pondría en
riesgo la vida de ella, ya que ha recibido amenazas en su contra debido a la muerte de
uno de sus primos, aspecto que se tuvo como probado en la sentencia de primera
instancia y del cual aporta copia de las noticias correspondientes. Hace mención del
arraigo que tiene la tutelada en este país, por lo que considera que aplica el artículo 12
del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.
Asimismo, estima aplicable el numeral 13 del mismo convenio. Considera que lo actuado
por el PANI ha sido violatorio de sus derechos fundamentales y los de la tutelada, por lo
que solicita como medida cautelar que se prohíba la salida del país de la niña y se
declare con lugar el recurso.
Mediante resolución de las 20:03 horas de 28 de setiembre de 2016, se dio
curso al hábeas corpus y se solicitó informe a la Presidenta Ejecutiva del Patronato
Nacional de la Infancia Dra. Ana Teresa León Sáenz y a la Licda. Seidy Chavarría
Ramírez, representante legal de la Oficina Local de San José Oeste. Asimismo, se les
ordenó a las recurridas o quienes las sustituyeran en dichos cargos: a) suspender
inmediatamente la orden de restitución de la tutelada, b) garantizar inmediatamente la
continuidad del ciclo educativo de la persona menor de edad y c) suspender
inmediatamente la medida administrativa decretada en el procedimiento especial de
protección en sede administrativa de abrigo temporal en albergue institucional, debiendo
restituirla inmediatamente a la recurrente, habida cuenta de que según los propios
estudios del PANI, la persona menor de edad no corría ningún riesgo en su núcleo
familiar. Adviértase que en la propia resolución del Patronato Nacional de la Infancia de
las 12:30 horas de 27 de setiembre de 2016, aportada por la recurrente, se indicó que “la
niña niega indicadores de riesgo en su ámbito familiar tales como
maltrato físico,
verbal, consumo de sustancias adictivas u otros…".
Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:20 horas de 30 de
setiembre de 2016, informa bajo juramento Ana Teresa León Sáenz, en su condición de
Presidenta Ejecutiva y Representante Legal del Patronato Nacional de la Infancia, que la
menor de edad [Nombre 002], también registrada como
[Nombre 009], tiene 7 años y 4
meses de edad, nació el 5 de mayo de 2009, y es hija de [Nombre 001] y
[Nombre 015].
Refiere que mediante oficio 25300/2014-219645 de 14 de octubre de 2014, Eduardo
Alexander Franco Solarte, en su
condición de Subdirector de Adopciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
como Autoridad Central para la República de Colombia, remitió a Christian Carvajal
Coto, en su condición de asesor jurídico del Patronato Nacional de la Infancia
(Autoridad Central para la República de Costa Rica), la solicitud de restitución
internacional formulada por el padre de la tutelada, en virtud de que había sido trasladada
a Costa Rica sin su autorización. Indica que mediante oficio AJ-843-2014 de 30 de
octubre de 2014, dirigido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el PANI requirió
que se acreditara el derecho de custodia del progenitor solicitante respecto de la menor.
Señala que el 4 de diciembre de 2014, la autoridad recurrida trasladó al Juzgado de
Familia, Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José la solicitud de
restitución internacional formulada por la Autoridad Central de Colombia, a efectos de
que la tutelada fuera restituida a su país de residencia habitual (expediente
[Valor 005]). Dicho Juzgado celebró una audiencia el 7 de octubre de 2015 y, mediante
sentencia de primera instancia Nº 157-2016 de las 11:10 horas de 31 de marzo
de 2016, declaró sin lugar la solicitud de restitución internacional de la tutelada. Arguye
que mediante resolución de las 9:37 horas de 27 de abril de 2016, el Juzgado de Familia,
Niñez y Adolescencia admitió con efecto devolutivo el recurso de apelación presentando
por la curadora procesal del padre de la menor. Manifiesta que mediante resolución de
las 15:18 horas de 26 de julio de 2016, el Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial
de San José convocó a audiencia para las 14:00 horas de 9 de agosto de 2016. Acota
que por voto número 875-2016 de las 8:45 horas de 8 de setiembre de 2016, el Tribunal
de Familia del Primer Circuito Judicial de San José resolvió: “SE REVOCA la sentencia
de primera instancia y SE ORDENA que la niña [Nombre 002]
sea restituida DE
INMEDIATO a Colombia, país donde se encontraba su residencia
habitual, para que sean las autoridades de esa República quienes determinen cuál de
sus progenitores será quien deba detentar el atributo de su custodia. La Autoridad
Central costarricense deberá coordinar con la Autoridad Central colombiana la forma
en que esta restitución se materialice, velando siempre por la protección de la
estabilidad psicológica de la niña. La señora [Nombre 001]
deberá acatar esta
decisión y en caso de que impida u obstaculice la restitución de la niña, podrá
incurrir en responsabilidad penal, civil y familiar.”. Añade que dicha resolución fue
notificada al PANI mediante fax el 22 de setiembre de 2016. En cumplimiento de lo
anterior, la Asesoría Jurídica del PANI, actuando como Autoridad Central para la
aplicación del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de
Menores, ejecutó las siguientes diligencias: mediante correo electrónico de 23 de
setiembre de 2016 solicitó a la Oficina Local de San José Oeste del PANI dictar medidas
que aseguraran la permanencia de la menor durante el tiempo requerido para coordinar
con la Autoridad Central de Colombia el viaje de la menor a ese país; además, pidió que
se garantizara el contacto de la persona menor de edad con su madre, y se le brindara a
la tutelada atención psicológica y acompañamiento en el proceso con el propósito de
coordinar el viaje de la persona menor de edad a Colombia. Acota que el 23 de setiembre
de 2016 se llamó telefónicamente a la Autoridad Central de Colombia y el 27 de
setiembre del mismo año se le remitió correo electrónico. Alega que mediante resolución
de las 12:30 horas de 27 de setiembre de 2016, la representante legal de la Oficina Local
de San José Oeste dictó medida de abrigo temporal a favor de la menor de edad,
garantizando el contacto con su progenitora, así como dispuso la intervención inmediata
del Área de Trabajo Social y Psicología para brindar apoyo tanto a la menor de edad
como a su madre. Indica que dicha resolución le fue notificada de forma personal a la
progenitora a las 15:00 horas de 27 de setiembre de 2016. En dicha resolución, las
profesionales a cargo del caso, de forma preliminar, se apersonaron en la dirección
aportada por esa Autoridad Central; como ni la progenitora ni la niña se encontraban en
la vivienda, mediante consulta vecinal obtuvieron la dirección de la escuela y visitaron el
centro educativo, procediendo a coordinar con la directora y una maestra el egreso de la
niña del centro escolar. Refiere que la salida de la niña se dio en un ambiente cordial y
ameno, no de forma arbitraria e intempestiva. Señala que las profesionales de la Oficina
Local de San José Oeste procedieron a explicarle a la niña el motivo de su presencia e
intervención. Refiere que se le informó en presencia de su maestra (persona de su
confianza) sobre su visita a esa Oficina Local. Arguye que el mismo 27 de setiembre de
2016, la progenitora se apersonó en la Oficina Local de San José Oeste para ser
notificada de las medidas ordenadas y, a la vez, compartió unos momentos con su hija,
por lo que pudieron conversar y despedirse. Arguye que el Patronato Nacional de la
Infancia, en su calidad de Autoridad Central, tuvo que hacer efectiva la orden emanada
por el Tribunal de Familia en el voto Nº. 875-2016 de las 8:45 horas de 8 de setiembre de
2016; de ahí que la intervención de la Oficina Local de San José Oeste obedeciera más
bien a la necesidad de garantizar el cumplimiento de esa resolución judicial. Acota que se
acató lo ordenado por el Tribunal de Familia en cuanto a velar por la estabilidad
psicológica de la persona menor de edad, ya que las profesionales a cargo conversaron
con la directora y maestra del centro educativo, así como con la persona menor de edad,
a quien se le explicó el motivo de la intervención del PANI, ante lo cual ella se mostró
receptiva e incluso aceptó trasladarse a la Oficina Local de San José Oeste, esto en
presencia de su maestra como figura de confianza de la niña. Con respecto a lo
dispuesto por la Sala sobre la suspensión inmediata de la orden de restitución de la
persona menor de edad a Colombia, aclara que hay una orden dictada por el Tribunal de
Familia que debe hacerse efectiva a través de las coordinaciones de esta Autoridad
Central con su homóloga de Colombia; sin embargo, en acatamiento de lo dispuesto por
la Sala, procedieron a suspender de forma inmediata dichas coordinaciones hasta tanto el
recurso de habeas corpus no fuera resuelto. Atinente a la suspensión inmediata de la
medida de abrigo temporal dictada por la Oficina Local de San José Oeste, la
representante legal de dicha Oficina Local, mediante resolución de las 9:30 horas de 29
de setiembre de 2016, suspendió la resolución de las 12:30 horas de 27 de setiembre de
2016, que previamente había dispuesto la medida en cuestión y, además, mediante acta
de entrega y aceptación de las 12:15 horas de 29 de setiembre de 2016, se puso a la
persona menor de edad [Nombre 002] (también registrada como
[Nombre 041]) bajo los
cuidados y la protección de su progenitora [Nombre 001]. En adición, la resolución de
las 9:30 horas de 29 de setiembre de 2016, dictada por la representante legal de la Oficina
Local de San José Oeste, ordenó al centro
educativo garantizar de manera inmediata la continuidad del ciclo lectivo de la persona
menor de edad. Considera que la actuación del PANI procuró cumplir las obligaciones
adquiridas por el Estado costarricense respecto del Convenio de la Haya.
Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:41 horas de 30 de
setiembre de 2016, informa bajo juramento Seidy Chavarría Ramírez, en su condición de
representante legal de la Oficina Local de San José Oeste. Señala que como se indica en
el informe de 27 de setiembre de 2016 elaborado por Daniela Campos Rodríguez, se
procedió con visita domiciliar a cargo del Área de Trabajo Social, ocasión en la que se
logró dar con la casa de habitación de ello; empero, ni la menor tutelada ni su madre se
encontraban en el domicilio en esa ocasión. Refiere que se visitó el centro escolar al que
asiste la menor, y ahí se le explicó la situación a Ericka Wong Murillo y Melissa Romero
Bonilla, por su orden directora y profesional en orientación del centro educativo. Al
respecto, el informe referido señala: “Se negocia para retirar a la niña del espacio
escolar, ante lo cual interviene su maestra de primer grado y se explica de manera
amena a la persona menor de edad sobre su visita al PANI, ante lo cual se muestra
receptiva y acepta. En un segundo momento, se indaga con Hanna sobre sus
sentimientos actuales, se explica las funcionarias del PANI y el motivo por el que se
encuentra en la O.L, la niña asegura que se lleva bien con ambos padres, menciona
que hace poco hablo con su padre vía Skype y que vive con su mamá desde que está
en Costa Rica. La niña impresiona con sentido de empatía, cuenta con habilidades
sociales y niega indicadores de riesgo en su ámbito familiar, tales como maltrato
físico, verbal, consumo de sustancias adictivas u otros...". Acota que con lo anterior se
demuestra que la persona menor de edad no fue sustraída como se pretende hacer ver,
sino que se tomó en cuenta su opinión a la hora de realizar la diligencia y trasladarla a la
oficina local, lo cual le fue explicado a la niña con vocabulario sencillo, resguardando en
todo momento su bienestar psicológico en el proceso, consultándole sobre sus
sentimientos, y participando a la docente de grado, persona de entera confianza de la
persona menor de edad. Arguye que, previo a la diligencia realizada en el centro
educativo, se trató de localizar a la madre en el domicilio de ambas, o a alguna persona
del núcleo familiar, pero fue imposible ubicarlas. Acota que las funcionarias de la oficina
local actuaron sujetas al deber de obediencia a sus superiores y al Tribunal de Familia de
San José, a fin de asegurar la permanencia de la persona menor de edad en Costa Rica,
en tanto el Departamento de Asesoría Jurídica realizaba las coordinaciones con la
Autoridad Central de Colombia para la restitución de la niña a su país natal. Refiere que
tal y como consta en la resolución de las 12:30 horas de 27 de setiembre de 2016 dictada
por la oficina local, la diligencia se ejecutó en un ambiente de respeto para con los
derechos de la menor de edad. Alega que al no haber hallado a la progenitora en su
domicilio, la oficina local se comunicó con ella vía telefónica para comunicarle las
diligencias efectuadas. Asegura que el actuar de la oficina local ha sido totalmente
transparente en todo momento, ya que el mismo día de la diligencia se abordó a la niña
por parte de la trabajadora social y de una profesional en psicología, quienes les
explicaron a la niña y su madre el motivo de la intervención y les brindaron contención y
ayuda. Refiere que se permitió a la progenitora compartir con su hija previo al traslado de
la menor a la alternativa de protección, brindándoles un espacio de privacidad para que la
madre pudiera despedirse de su hija. Reitera que la progenitora no lleva razón al indicar
que el actuar institucional se dio de manera violenta.
Mediante resolución de las 7:58 horas de 7 de octubre de 2016, se ordenó como
prueba para mejor resolver: “se solicita informe al
Director de la Dirección General de
Migración y Extranjería
, a fin de indique cuál es la
condición migratoria actual de
[Nombre 001], de nacionalidad colombiana, cédula de residencia
[Valor 001],
precise en qué
fecha ingresó al país, refiera si tiene algún
permiso a su favor, y señale cuál es el estado de su solicitud de refugio; asimismo,
deberá enviar copia debidamente actualizada y certificada de su expediente.”.
Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 18:11 horas de 10 de
octubre de 2016, la recurrente aporta solicitudes de refugio ante la Dirección General de
Migración y Extranjería.
Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:11 horas de 14 de
octubre de 2016, informa Esteban Gabriel Obando Ramos, en su calidad de Director
General a.i de Migración y Extranjería, que la condición migratoria actual de la recurrente
es solicitante de refugio. Señala que el trámite se encuentra en apelación, dado que se
denegó su solicitud original y el correspondiente recurso de revocatoria. Acota que
según estudio que abarca desde 1991 hasta la fecha, la recurrente no cuenta con
movimientos migratorios. Alega que la reclamante no registra trámite en la Gestión de
Extranjería ni permiso de permanencia alguno. Arguye que no cuenta con el expediente
pedido, dado que está en poder del Tribunal Administrativo Migratorio, órgano
desconcentrado del Ministerio de Gobernación y Policía competente para conocer este
tipo de impugnaciones. Resalta que entre dicho tribunal y esa Dirección General no
existe relación de dependencia o jerarquía alguna, pues se trata de dos órganos
independientes del mismo Ministerio. Adjunta oficio DGUR-454-2016, en el cual Allan
Rodríguez Vargas, en su condición de Coordinador de la Unidad de Refugio, explica el
trámite seguido con relación a la petición de reconocimiento de refugio de la recurrente,
en lo que interesa, de la siguiente manera: “El 16 de enero del 2014, la señora
[Nombre 001], planteó formal solicitud de refugio ante esta Dirección General,
solicitud tramitada en el expediente administrativo N°
[Valor 004]. Mediante resolución N° 135-487933-Administrativa, del diez de octubre
del dos mil catorce, la Comisión de Visas Restringidas y Refugio, denegó el
reconocimiento de la condición de refugiado a la señora [Nombre 001]
. Que en tiempo
y forma la señora [Nombre 001], presentó Recurso de Revocatoria con Apelación en
Subsidio, en contra de la resolución número
135-487933-Administrativa, del diez de octubre del dos mil catorce, que le denegó el
reconocimiento como refugiada. Posteriormente, mediante la resolución N°
135-527237- Administrativa, del quince de junio del dos mil quince, la Comisión de
Visas Restringidas y Refugio decidió mantener el criterio denegatorio vertido en la
resolución 135-487933-Administrativa, del diez de octubre del dos mil catorce,
elevando los autos del expediente de la señora [Nombre 001]
, ante el Tribunal
Administrativo Migratorio para el conocimiento del Recurso de Apelación.
Mediante oficio DGSR-432-2015 del 18 de agosto del 2016 esta Unidad remitió al
Tribunal Administrativo Migratorio, el expediente N° [Valor 004]
a nombre de la
señora [Nombre 001]; dicho oficio fue recibido el 20 de agosto del 2016 en ese
Tribunal, siendo que a la fecha dicho expediente se encuentra en custodia
de esa instancia.”
Mediante resolución de las 18:09 horas de 14 de octubre de 2016 se tuvo como
recurridos al Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia, y al Tribunal de Familia, ambos
del Primer Circuito Judicial de San José. En ese sentido, se solicitó informe a los jueces
tramitadores del expediente Nº[Valor 005]-8, o en su defecto a los jueces coordinadores
de los despachos recurridos.
Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:41 horas de 20 de
octubre de 2016, informan bajo juramento Rolando Soto Castro y Ana Cristina
Fernández Acuña, por su orden Juez Coordinador y Jueza Tramitadora, ambos del
Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de San José. Indican que ese Tribunal
conoció en apelación el proceso de restitución internacional formulado por el PANI y
tramitado en el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de San José, bajo expediente
Nº[Valor 005]. Señalan que dicho Tribunal, mediante el voto 875-2016 de las 8:45 horas
de 8 de setiembre de 2016, resolvió: “SE REVOCA la sentencia de primera
instancia y SE ORDENA que la niña [Nombre 002]
sea restituida DE INMEDIATO a
Colombia, país donde se encontraba su residencia
habitual, para que sean las autoridades de esa República quienes determinen cuál de
sus progenitores será quien deba detentar el atributo de su custodia. La Autoridad
Central costarricense deberá coordinar con la Autoridad Central colombiana la forma
en que esta restitución se materialice, velando siempre por la protección de la
estabilidad psicológica de la niña. La señora [Nombre 001]
deberá acatar esta
decisión y en caso de que impida u obstaculice la restitución de la niña, podrá
incurrir en responsabilidad penal, civil y familiar.”. Acotan que el expediente salió del
Tribunal desde el 30 de setiembre de 2016 y adjuntan copia certificada de la sentencia, la
cual contiene los fundamentos de la decisión.
Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 8:37 horas de 21 de
octubre de 2016, informa bajo juramento Sharon Adriana Chinchilla Villalta, en su
condición de Coordinadora del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia del Primer
Circuito Judicial de San José. Indica que ese juzgado tramita el expediente
Nº14-000690-6736-NA. Refiere que el PANI, en escrito de 4 de diciembre de 2014,
presentó una solicitud de restitución internacional de la menor [Nombre 002], de
conformidad con lo solicitado por la Autoridad Central de Colombia, según la
normativa establecida por el Convenio de La Haya. Acota que al señor [Nombre 015] se
le nombró como curadora procesal a Sandra Isabel Meza Salazar. Alega que dicho
Juzgado declaró sin lugar la solicitud; sin embargo, se apeló la sentencia
y el Tribunal de Familia la revocó. Arguye que durante la tramitación de la fase ordinaria
(primera instancia), la menor fue entrevistada por la jueza de Familia, Niñez y
Adolescencia, y valorada según consta a folios 127-128 y 148-151. Manifiesta que el
proceder de la Autoridad Administrativa no consistió en privar de libertad a la menor,
sino que se trató de un protocolo propio de ente gubernamental para tener a su
disposición a la persona menor de edad y poder remitirla a su país natal, en
cumplimiento de la sentencia. Menciona que para ese Juzgado, según lo establecido en el
artículo 13 del Convenio de La Haya, el Estado requerido no está obligado a la
restitución de la persona menor de edad cuando se ponga a la persona menor de edad en
una situación intolerable. Aduce que el Juzgado basó su sentencia en la situación que dio
origen a la salida del país de la niña y su madre, en la que resulta fallecida una persona y
herida otra, así como en las amenazas recibidas por la recurrente, las cuales justifican la
salida del país. Expone que aunque lo anterior no afecta directamente a la menor, si
impide que su madre regrese a Colombia a enfrentar un proceso de modificación de
guarda, ya que de hacerlo expondría a su hija y a ella misma a peligros reales e
inminentes.
Mediante resolución de las 7:40 horas de 24 de octubre de 2016, se tuvo como
parte a Sandra Isabel Meza Salazar, en su condición de curadora procesal de [Nombre
015] y se le dio audiencia por 5 días sobre los hechos objeto del recurso de hábeas
corpus.
12
.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 16:30 horas de 1º de
noviembre de 2016, manifiesta Sandra Isabel Meza Salazar, en su condición de curadora
procesal de [Nombre 015], que debido a una licencia de maternidad le es imposible ser
parte del proceso. Adjunta un documento elaborado por [Nombre 015], en el que se
manifiesta sobre el recurso de hábeas corpus.
Por escrito incorporado al expediente digital a las 16:30 horas de 1º de
noviembre de 2016, manifiesta [Nombre 015] que el argumento expuesto por la madre de
la menor es entendible, ya que lo que pudo haber existido por parte del
PANI es un error de comunicación; sin embargo, considera que dicha institución solo
pretendió acatar el fallo del tribunal de segunda instancia. Refiere que no se puede
desconocer el proceder de la madre de la menor, quien al sacarla de Colombia no
respetó ni los derechos de su hija ni los de él. Solicita quese tenga en cuenta que no se
comprobaron las excepciones propuestas por la madre ni la madurez de la menor.
Además, pide que se considere la modificación del registro civil de nacimiento de la
menor, donde omitió la existencia de un padre y alteró la fecha de nacimiento; así como
el cambio de nombre. Alega que con lo anterior se han violentado los derechos
fundamentales de su hija. Arguye que si bien la menor lleva más de 3 años viviendo en
Costa Rica y ha tenido arraigo, el tiempo de residencia no puede ser el argumento
principal para que no retorne a su país. Manifiesta que si la justicia procediera en un
lapso finito, desde hace tiempo se hubiera resuelto el proceso y no tendría razón de ser
dicho argumento. Considera que las autoridades de Colombia son las que deben resolver
la controversia respecto de la custodia de su hija, por lo cual solicita se declare sin lugar
el recurso.
Mediante resolución de las 15:40 horas de 7 de noviembre de 2016 se solicitó
como prueba para mejor resolver al Presidente del Tribunal Administrativo Migratorio
copia certificada del expediente Nº [Valor 004] de
[Nombre 001].
Mediante resolución de las 14:14 horas de 8 de noviembre de 2016 se solicitó
como prueba para mejor resolver al Presidente del Tribunal Administrativo Migratorio
copia certificada del expediente Nº 136-464815 de [Nombre 002], también registrada
como [Nombre 041].
Por escrito incorporado en el expediente digital a las 3:00 horas de 10 de
noviembre de 2016, Marlen Luna Alfaro, en su condición de Presidenta del Tribunal
Administrativo Migratorio, aportó copias certificadas de los expedientes Nº [Valor 004]
y Nº 136-464815, con sus respectivos legajos de apelación. Aclara que la solicitud de
refugio se encuentra en fase recursiva y se convocó a audiencia oral y privada para el 14
de noviembre de 2016.
17.-Mediante resolución de las 9:08 horas de 17 de noviembre de 2016 se solicitó a
la Directora Ejecutiva del Poder Judicial, proceder con el trámite correspondiente a
efectos de que se le asignara un nuevo curador procesal a [Nombre 015].
Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 8:27 horas de 18 de
noviembre de 2016, se apersona Ana Eugenia Romero Jenkins, en su condición de
Directora Ejecutiva del Poder Judicial. Indica que solicitó al Juzgado de Familia de Niñez
y Adolescencia designar un Curador Procesal mediante el Sistema de Peritos, para lo
cual se nombró a Dowglas Dayan Murillo Murillo.
Mediante resolución de las 17:05 horas de 18 de noviembre de 2016 se puso a
disposición de Dowglas Dayan Murillo Murillo este expediente.
Por escrito incorporado en el expediente digital a las 11:52 horas de 21 de
noviembre de 2016, se apersona Dowglas Dayán Murillo Murillo. Manifiesta que acepta
el cargo de Curador Procesal del progenitor solicitante [Nombre 015].
Mediante providencia de las18:41 horas de 22 de noviembre de 2016, se tuvo
como parte a Dowglas Dayán Murillo Murillo, en su condición de curador procesal de
[Nombre 015], y se le confirió audiencia por 5 días para que se manifestara los hechos
objeto del recurso de hábeas corpus.
Por escrito incorporado en el expediente digital a las 13:37 horas de 6 de
diciembre de 2012, se apersona Dowglas Dayán Murillo Murillo, en su condición de
Curador Procesal de [Nombre 015]. Indica que la recurrente fue notificada del voto
875-2016 dictado por el Tribunal de Familia de San José desde el 22
de setiembre del año 2016, por lo que no debería expresar que la diligencia efectuada por
el PANI en relación con el cumplimiento de la orden de restitución internacional de
[Nombre 002] no le fuera comunicada. Rechaza que el PANI realizara la sustracción de la
menor tutelada de manera irregular. Acota que de acuerdo con el
Informe Social del Área de Trabajo Social, de fecha 27 de setiembre de 2016, suscrito
por Daniela Campos Rodríguez trabajadora social asignada para este asunto, la gestión
administrativa del PANI se efectuó siguiendo un estricto orden y planificación dada la
complejidad del caso, ya que se realizaron esas gestiones para resguardar la permanencia
de la niña en Costa Rica, mientras se coordinaba lo correspondiente con la Autoridad
Colombiana para la efectiva restitución de la menor de edad a su país de origen. Alega
que el Tribunal de Familia fundamentó su resolución en la sustracción ilegítima e ilegal
realizada por medio de la confección y uso de documentos falsos. Manifiesta que la
primera acción del PANI efectuada, al haberse asignado el asunto en cuestión, fue
coordinar con el Área Legal de la Oficina Local para la correcta localización de la
persona menor de edad. Refiere que, seguidamente, se realizó la visita domiciliar pero al
no ubicar a la recurrente, se acudió al centro escolar donde asiste la persona menor de
edad [Nombre 002]. Acota que en todo momento se protegió su salud psicológica y
emocional. Arguye que en el Informe Social del Área de Trabajo Social del
PANI de 27 de setiembre de 2016 y el Registro de Proceso del Área de Trabajo Social
del PANI de 29 de setiembre del 2016, se constata que tanto la recurrente como la menor
de edad han sido tratadas con respeto y consideración, brindándoles todo el apoyo
psicológico y emocional que conlleva la transición de un proceso como el que ocupa el
trasfondo de este asunto. Manifiesta que en el voto Nº 875-2016 del Tribunal de Familia
se tuvo por acreditado que la recurrente sustrajo ilegalmente a la menor de su país de
origen, alterando el registro de nacimiento, cambiando la fecha de nacimiento, y
eliminando la filiación paterna. Indica que la recurrente, con los documentos alterados,
ingresó a Costa Rica e inscribió a la menor [Nombre 002] como
[Nombre 041] con una
edad falsa. Señala que lo anterior irrespeta los artículos 7 y 8 de
la Convención Sobre los Derechos del Niño. Resalta que en la solicitud que realiza la
recurrente y en la entrevista, ambas ante la Dirección General de Migración y Extranjería,
vuelve a utilizar el nombre falso y, además, no menciona al progenitor de la menor.
Expone que la recurrente a ntes de salir del país por las supuestas amenazas recibidas,
tuvo tiempo suficiente para recabar pruebas y documentos que demostraran el peligro
inminente y la desatención o desinterés del Estado Colombiano por protegerla a ella y a
la menor; sin embargo, la única prueba que aporta la recurrente es un recorte de
periódico en el cual se informa sobre el ataque de unos sicarios contra una abogada de
nombre María Nora Victoria Quintero y la muerte del hijo de esta de nombre Camilo
Muñoz. Recalca que en el expediente no existe una sola prueba que demuestre la
supuesta filiación de las personas que se mencionan en el recorte de periódico aportado
con Hannah o la recurrente. Alega que, en todo caso, aun si fueran familiares, no es
posible que se otorgue total credibilidad al dicho de la recurrente en cuanto a las
supuestas amenazas, ya que no recabó las pruebas necesarias para probar su dicho y,
más bien, su último tiempo de residencia en Colombia lo dedicó exclusivamente a
gestionar la documentación falsa para ilegalmente sustraer a la menor de ese país. Estima
que si la intención de la recurrente al cambiar el nombre de la menor de edad hubiera sido
en aras de su protección ante las supuestas amenazas a su familia, debió haber mantenido
el apellido del progenitor de la menor. Alega que no existen pruebas que demuestren la
existencia de denuncias interpuestas por la recurrente.
Mediante resolución de las 13:01 horas de 8 de diciembre de 2016 se dispuso
la celebración de una audiencia con la menor [Nombre 002] para las 8:00 horas de 13 de
diciembre de 2016 en la Cámara Gessell, ubicada en los Tribunales del I
Circuito Judicial de San José.
Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 8:26 horas de 12 de
diciembre de 2016, la recurrente solicita reprogramación de la audiencia señalara para el
13 de diciembre de 2016, toda vez que la menor tiene un compromiso escolar.
Mediante resolución de las 9:19 horas de 12 de diciembre de 2016 se rechaza la
petición de reprogramación de la audiencia planteada por la recurrente.
El 13 de diciembre de 2016 se celebró la audiencia señalada en la Cámara
Gessel, a la que, de entre las partes del proceso, solo asistió la recurrente en compañía
del Lic. Iván Darío Villegas Franco y la menor tutelada [Nombre 002].
Mediante resolución de las 18:32 horas de 15 de diciembre de 2016 se solicitó
al Departamento de Trabajo Social y Psicología del I Circuito Judicial de San José,
como prueba para mejor resolver, la realización de una valoración psicosocial a la menor
[Nombre 002], también registrada como [Nombre 041]
, para lo cual se le otorgó el plazo
de un mes.
Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:57 horas de 19 de enero
de 2017, se apersona Marlen Luna Alfaro, en su condición de Presidenta del Tribunal
Administrativo Migratorio. Indica que remite copia certificada de las resoluciones
números 056-2017-TAM de las 14:00 horas de 18 de enero de 2017 y 057-2017-TAM de
las 14:30 horas de 18 de enero de 2017, mediante las cuales ese Tribunal declaró sin lugar
el recurso de apelación interpuesto y confirmó la denegatoria del reconocimiento de su
solicitud de refugio en Costa Rica, con lo cual se tiene por agotada la vía administrativa.
Por escrito incorporado en el expediente digital a las 14:22 horas de 20 de
enero de 2017, se apersonan Cinthya Matamoros Sequeira y Pamela Umaña Barrientos,
ambas funcionarias del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial.
Solicitan una ampliación de plazo de entrega de la pericia psicosocial solicitada.
Consideran que requieren 2 semanas más para finalizar la investigación correspondiente.
Mediante resolución de las 17:20 horas de 20 de enero de 2017 se otorgó el
plazo pedido por las funcionarias del Departamento de Trabajo Social y Psicología del
Poder Judicial.
Por escrito incorporado en el expediente digital a las 19:22 horas de 6 de
febrero de 2017, Cinthya Matamoros Sequeira, Psicóloga del Departamento de Trabajo
Social y Psicología del Poder Judicial, rinde el Dictamen Psicológico Forense
Nº16-000287-1521-PS.
Por escrito incorporado en el expediente digital a las 19:22 horas de 6 de
febrero de 2017, Pamela Umaña Barrientos, Trabajadora Social del Departamento de
Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, presenta el Dictamen Social Forense
Nº16-000287-1521-TS.
33.-Mediante providencias de las 16:15 horas de 7 de febrero de 2016 se puso en
conocimiento de las partes, por el plazo de 3 días, los dictámenes Nº16-000287-1521-PS
y Nº16-000287-1521-TS para lo que a bien quisieran manifestar.
Por escrito incorporado en el expediente digital a las 10:51 horas de 13 de
febrero de 2017, se apersona Maraya Bogantes Arce, en su condición de Apoderada
Judicial del Patronato Nacional de la Infancia. Indica que como Autoridad Central de la
República de Costa Rica para la aplicación del Convenio sobre los Aspectos Civiles de
la Sustracción Internacional de Menores, en cumplimiento de las obligaciones que Costa
Rica adquirió al momento de ratificar dicho Convenio, reitera la solicitud de restitución
internacional de la persona menor de edad [Nombre 002], quien también fue registrada
como [Nombre 041]. Señala que la solicitud fue trasladada al Juzgado de Niñez y
Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José el 4 de diciembre del
año 2014, hace más de 2 años. Acota que el Estado Costarricense tiene compromisos
como el de adoptar todas las medidas para luchar contra los traslados ilícitos en el
extranjero (Artículo 11 del Convenio sobre los Derechos del Niño). Manifiesta que toda
persona menor de edad tiene derecho a tener contacto con ambos progenitores, y a no
ser separado de sus padres, excepto por disposición de Autoridad competente (Artículo
9 de la Convención sobre los Derechos del Niño y Artículo 33 del Código de Niñez y
Adolescencia). Con respecto al Dictamen Psicológico Forense No. 16000287-1521-PS y
al Dictamen Social Forense No. 16-00028-1521-TS, menciona que ciertamente se
establece que la niña se ha adaptado bien a las costumbres de este país, lo que es lógico
debido a la tardanza en resolver la solicitud de restitución inmediata. Advierte que dichas
pericias no hacen referencia a los efectos que en la persona menor de edad tendría su
retorno a Colombia, razón por la cual se desconocen si este le perjudicaría. Alega que la
doctrina ha considerado sobre procesos de restitución internacional, que la aplicación
del Principio del Interés Superior del Menor debe garantizarle a la persona menor de
edad el retorno a su país de origen, y que sea en ese país donde se dilucide el conflicto
por su custodia. Arguye que tal y como consta en el expediente [Valor 005], tanto el
Juzgado de Niñez y Adolescencia como el Tribunal de Familia tuvieron por
demostrado que la recurrente sacó de forma ilegal a su hija de Colombia sin la debida
autorización del progenitor, el cual, más bien, había manifestado su oposición a que la
niña fuera trasladada a otro país a fin de residir en él. Considera que el cambio de
nombre y pasaporte de la menor violenta su derecho de identidad. Refuta el argumento
sobre las amenazas en contra de la recurrente y señala que no consta que haya acudido
ante las autoridades de Colombia. Solicita que en cumplimiento de las obligaciones
adoptadas por el Estado Costarricense, se ordene la restitución de la persona menor de
edad [Nombre 002], quien también fue registrada como
[Nombre 041] a Jaimes, a su
país de nacimiento y residencia habitual -República de Colombia-, para que
sea una autoridad en dicho país la que dirima el conflicto por su custodia y ella pueda
tener contacto con su progenitor.
Por escrito incorporado en el expediente digital a las 15:45 horas de 14 de
febrero de 2017, la recurrente se apersona para referirse a los dictámenes de los cuales se
dio audiencia. Señala que resulta evidente que su hija no solo ha logrado adaptarse a las
costumbres costarricenses y ha manifestado su deseo de permanecer en el país. Expone
que este asunto debe resolverse procurando el Interés Superior de su hija.
En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,
Objeto del recurso.- La recurrente considera violentados los derechos
fundamentales de su hija, toda vez que el Patronato Nacional de la Infancia la sustrajo de
la escuela de manera arbitraria y sin notificación previa, lo cual puso en riesgo la
estabilidad psicológica de la menor. Además, arguye que restituir a su hija a Colombia, la
pondría en peligro, por lo que se debe mantener el criterio del Juzgado de Familia de
Primera Instancia, que declaró sin lugar la restitución internacional de la menor.
Hechos probados.- De importancia para la decisión de este asunto, se estiman
como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido
acreditados o bien porque las autoridades recurridas hayan omitido referirse a ellos
según lo prevenido en el auto inicial:
La menor de edad [Nombre 002], también registrada como [Nombre 009]
,
es hija de [Nombre 001] y [Nombre 015], y nació en Colombia el 5 de
mayo de 2009 (informe del
Patronato Nacional de la Infancia).
La recurrente y la menor tutelada salieron de Colombia el 21 de diciembre
de 2013 (manifestación de la recurrente en la audiencia grabada ante el
Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de San José. Hora de la
manifestación: 15:10:53 y escrito de solicitud de aplicación de convenio
visible a folio 32 vuelto del expediente Nº[Valor 005]).
El 24 de diciembre de 2013, la recurrente y la menor tutelada ingresaron a
Costa Rica; sin embargo, no hay registros oficiales de su entrada al país
(Dictamen Psicológico Forense Nº16-000287-1521-PS, prueba aportada
por la Dirección Nacional de Migración y Extranjería).
El 22 de setiembre de 2014, [Nombre 015], padre de la menor tutelada,
solicitó a la Autoridad Central de Colombia la restitución de
su hija (folio 2 del expediente Nº[Valor 005]).
El 14 de octubre de 2014, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en
la persona de Eduardo Alexander Franco Solarte, solicitó la aplicación del
Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de
Menores mediante comunicación dirigida a Cristian Carvajal Coto,
funcionario del Patronato Nacional de la Infancia (folio 2 del expediente
Nº[Valor 005]).
El 4 de diciembre de 2014, el Patronato Nacional de la Infancia interpuso
ante el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia del Primer Circuito
Judicial de San José un proceso de aplicación del Convenio sobre los
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, a favor de la
persona menor de edad [Nombre 002], al que le fue asignado el número de
expediente Nº[Valor 005] (folio 32 del expediente Nº
[Valor 005]).
El 18 de junio de 2015, el Organismo de Investigación Judicial presentó el
oficio N° 489-DCIFTT-DM-15 ante el Juzgado de Fanilia, Niñez y
Adolescencia, en el cual indicó que la recurrente y la menor tutelada habían
sido localizadas para los fines del expediente Nº[Valor 005] (folio 56 del
expediente Nº[Valor 005]).
El 7 de julio de 2015, el Patronato Nacional de la Infancia dio por agotada la
vía administrativa ante la negativa de la recurrente de restituir
voluntariamente a la tutelada (folios 68 y 69 del expediente
Nº[Valor 005]).
El Juzgado de Familia, de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial
de San José, mediante resolución de las 11:27 horas de 14 de julio de 2015,
tuvo por establecido el proceso especial de aplicación de Convenio de la
Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de
menores, y convocó a audiencia para el 7 de octubre de 2015 (folio 71 del
expediente Nº[Valor 005]).
El 7 de octubre de 2015, el Juzgado de Familia, de Niñez y
Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José, realizó la audiencia
respectiva y confirió a las partes un plazo de 3 días para que rindieran
conclusiones y se refirieran a la prueba documental aportada (folios del 127
al 133 del expediente Nº[Valor 005]).
El 22 de octubre de 2015, Maraya Bogantes Arce, en su condición de
Apoderada Judicial del Patronato Nacional de la Infancia, solicitó al
Juzgado de Familia, de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de
San José autorización para que el padre tuviera contacto con la menor en
forma telefónica o virtual, ya que no había podido viajar a Costa Rica (folio
167 del expediente Nº[Valor 005]).
El Juzgado de Familia, de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito
Judicial de San José, mediante providencia de las 10:07 horas de 2 de
noviembre de 2015, autorizó al progenitor de la menor para que se
comunicara con esta vía telefónica o virtual. Además, previno a la
recurrente indicar número de teléfono y realizar los ajustes necesarios para
que la menor se pudiera comunicar de manera virtual con su padre (folio
168 del expediente Nº[Valor 005]).
El Juzgado de Familia, de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito
Judicial de San José, por providencia de las 13:22 horas de 16 de
noviembre de 2015, dispuso:
“Visto el memorial presentado por la progenitora [Nombre 001]
, visible a folio 172 y
173, se provee: Se pone en conocimiento al Señor [Nombre 015]
por medio de su
curadora procesal licenciada Sandra Isabel Meza Salazar, que el usuario para
comunicarse con su hija es “kavija2015” ([Nombre 001]
), así como los días y el
horario establecido hora costarricense. Las comunicaciones y los
gastos serán por cuenta del progenitor, por sus propios medios telefónicos o virtuales.
En cuanto a grabar y supervisar por medio de la progenitora o las funcionarias del
Patronato Nacional de la Infancia, la conversación con su padre, no ha lugar.” (folio
174 del expediente Nº[Valor 005]).
El 9 de diciembre de 2015, Sandra Meza Salazar, en su condición de
Curadora Procesal de [Nombre 015], presentó un escrito ante el Juzgado de
Familia, de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de
San José en el cual indicó:
“A solicitud del padre de la menor y como hecho nuevo se aporta copia de Registro
Civil donde la madre de la menor cambia los datos de esta y la registra como hija de
madre soltera, cambia de nombre y fecha de nacimiento con el fin de hacer más fácil
la salida del país, solicitamos se tenga esta prueba para mejor resolver” (folio 181 del
expediente Nº[Valor 005]).
El Juzgado de Familia, de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito
Judicial de San José, mediante providencia de las 16:02 horas de 9 de
diciembre de 2015, dispuso:
“
Vista la documentación presentada por la curadora procesal licenciada Sandra Meza
Salazar, en la que se demuestra que el nombre de la personas (sic) menor de edad se
registro (sic) con otro nombre, se ordena expedir impedimento de salida del país a
favor de la persona menor de edad [Nombre 041] (ver folios 182 a 188)” (folio 190
del expediente Nº[Valor 005]).
El 10 de diciembre de 2015, Maraya Bogantes Arce, en su condición
de Apoderada Judicial del Patronato Nacional de la Infancia, presentó ante
el Juzgado de Familia, de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial
de San José un escrito en el cual indicó:
“
De conformidad con la información proporcionada por el progenitor solicitante, la
cual nos fue trasladada por la Autoridad Central Colombia, pongo en conocimiento
del Juzgado, que con la finalidad de evadir el control migratorio, de precio a salir de
Colombia, la señora [Nombre 001], cambió el nombre de su hija
[Nombre 002]. Esto
sin el consentimiento del señor [Nombre 015]
(Adjunto correos electrónicos sobre el
particular).
Por lo cual de forma respetuosa solicito a su Autoridad se analice la posibilidad de
testimoniar piezas ante el Ministerio Público, con la finalidad de que se investigue la
aparente comisión de un delito” (folio 201 del expediente Nº[Valor 005]
).
El Juzgado de Familia, de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito
Judicial de San José, por providencia de las 16:08 horas de 16 de diciembre
de 2015, dispuso:
“
Vista la solicitud que hace la licenciada Maraya Bogantes Arce, Representante Legal
del Patronato Nacional de la Infancia, visible a folio 201, se provee: No ha lugar lo
solicitado, ya que la Autoridad Central puede interponer la denuncia ante el
Ministerio Público” (folio 202 del expediente Nº[Valor 005]
).
El Juzgado de Familia, de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito
Judicial de San José, por medio de la sentencia Nº157-2016 de las 11:10
horas de 31 de marzo de 2016, en su Considerando I, tuvo como hechos
probados, los siguientes:
“(…) c) Durante el tiempo que doña Carolina vivió en Colombia con su hija, se
presentó un conflicto familiar en el que resultó muerto un primo y su tía queda herida,
laborando doña Carolina en un hotel propiedad de esta tía (ver documento de folio
139), d) Después del asesinato de su primo, la señora [Nombre 001]
recibió
amenazas en Colombia (ver testimonio de Mery Jaimes Trujillo en acta de
folios 127 a 133), e) La progenitora junto con su hija se trasladan a un lugar
denominado Agua Blanca, en Colombia, donde inscribe nuevamente a su hija, con
otro nombre -[Nombre 041]- y otra fecha de nacimiento -cinco de julio de dos mil
ocho- y con esta nueva inscripción tramita el pasaporte y sale de Colombia junto con
su hija, sin autorización del progenitor de la niña (ver informe de folios 117 a 123 y
documento de folio 184), f) El señor [Nombre 015]
Jaimes denunció en la Fiscalía
Cali, Colombia a la señora [Nombre 001] por la desaparición de su hija desde el día
veintiuno de diciembre de dos mil trece (ver documentos de folios 9 a
16), g) El señor [Nombre 015] solicita el retorno de su hija a Colombia el veintidós de
setiembre de dos mil catorce (ver documentos de folios 1 a 8)
”. (…) m) La niña se encuentra en adecuadas condiciones en nuestro país, donde se
ha adaptado, asiste a la escuela y tiene sus necesidades básicas satisfechas (ver
informe de folios 117 a 133, testimonio de Helen Castillo Villegas en acta de folios 127
a 133 y documentos de folios 134 a 138) (folios del 209 al 215 del expediente
Nº[Valor 005]).
El Juzgado de Familia, de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito
Judicial de San José, mediante sentencia Nº157-2016 de las 11:10 horas de
31 de marzo de 2016, en su Considerando V indicó:
“V.- Sin embargo, a pesar de no existir duda de la ilicitud del traslado de Hannah a
nuestro país, considera la suscrita que debido a las situaciones particulares que
enfrentaba la progenitora y su hija en Colombia, es necesario analizar las excepciones
contenidas en el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional
de Menores. (…) En el presente caso, el proceso de restitución se inicia el cuatro de
diciembre de dos mil (sic), cuando es presentada la solicitud a este Juzgado y la
denuncia de la desaparición de la niña la efectúa el veintiuno de diciembre de dos mil
trece, con lo cual no ha transcurrido el plazo de un año, y por ello la solicitud
planteada ante la Autoridad Central de Colombia, también se hizo en al (sic) no
haber transcurrido el plazo de un año contemplado por el convenio. En cuanto al
arraigo de Hannah a Costa Rica, no hay duda de ello, así lo manifestó su maestra de
escuela y la misma niña en las entrevistas y valoraciones que se le efectuaron.
Asimismo se comprobó que la niña vive en un ambiente, en el cual se le satisfacen
todas sus necesidades, existiendo entre la niña y su madre y fuerte vinculo afectivo.
Acoger la presente demanda y trasladarla a Colombia a fin de que en dicho país se
resuelva lo relativo a la custodia de la niña, sería exponerla a un nuevo desarraigo,
que sería comprensible, sino (sic) existieran otros elementos, como se expone a
continuación. Como se indicó, el artículo 13 del Convenio de La Haya indica que el
Estado requerido no está obligado a la restitución de la persona menor de edad
cuando la restitución ponga a la persona menor de edad en una situación intolerable.
En autos se comprobó la situación que dio origen a la salida del país de la niña y su
madre. La situación familiar, en la que resulta fallecida una persona y herida otra, así
como las amenazas recibidas por doña Carolina, no sólo explican, sino que justifican
la salida del país. Esta situación, si bien no afecta directamente a Hannah, si le
impide a su progenitora regresar a Colombia a enfrentar un proceso de modificación
de guarda, ya que hacerlo implicaría exponerse a una situación sumamente riesgosa y
exponer a peligros reales e inminentes también a la niña. Al trasladarse a nuestro
país, la progenitora evita exponerse ella y su hija a situaciones en las que su vida esté
en peligro. Esta situación ha afectado a la señora Carolina de tal forma que tanto
ella, como la niña han requerido de apoyo psicológico y esto mismo ha llegado a la
señora [Nombre 001] a solicitar el refugio en nuestro país. Debido a lo anterior,
concluye la suscrita, que en el presente caso SÍ se da la excepción contenida en el
artículo 13 de la Convención de La Haya y por ende, lo procedente es rechazar la
solicitud de restitución formulada por el señor [Nombre 015]
.” (folios del 209 al 215
del expediente Nº[Valor 005]).
El Juzgado de Familia, de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito
Judicial de San José, en la parte dispositiva de la sentencia Nº157-2016 de
las 11:10 horas de 31 de marzo de 2016, estableció:
“De conformidad con lo expuesto, y la normativa citada lo procedente es acoger la
excepción contenida en el artículo 13 del Convenio sobre Aspectos Civiles de la
Sustracción Internacional de Menores y declarar SIN LUGAR la solicitud de
RESTITUCIÓN INTERNACIONAL de la persona menor de edad [Nombre 002]
solicitada por el señor [Nombre 015]. De conformidad con el artículo 26 del Convenio
sobre los Aspectos Civiles de la
Sustracción Internacional de Menores se dicta esta resolución sin especial
condenatoria en costas. NOTIFIQUESE. Yerma Campos C.jueza.-” (folios del 209 al
215 del expediente Nº[Valor 005]).
El 22 de abril de 2016, la curadora procesal de [Nombre 015], padre
de la menor tutelada, interpuso recurso de apelación en contra de la
sentencia Nº157-2016 de las 11:10 horas de 31 de marzo de
2016 del Juzgado de Familia, de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito
Judicial de San José (folio 220 del expediente Nº[Valor 005]).
El Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de San José, en el
expediente Nº[Valor 005], mediante providencia de las 7:40 horas de 6 de
junio de 2016, señaló:
“De conformidad con los artículos 331 y 575 del Código Procesal Civil, con el
carácter de prueba para mejor proveer, se admiten los documentos aportados a folio
231 y 232; de los cuales se otorga audiencia a las partes el plazo de TRES DÍAS
HÁBILES,
para lo que tengan a bien manifestar” (folio 244 del expediente
Nº[Valor 005]).
El Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de San José,
mediante providencia de las 15:18 horas de 26 de julio de 2016, indicó:
“Se convoca a todas las partes a una audiencias que se realizará en este Tribunal
para lo cual se señalan las CATORCE HORAS DEL NUEVE DE AGOSTO DEL
DOS MIL DIECISÉIS,
misma que se realizará en las oficinas de este Tribunal,
ubicado en el primer piso del Edificio los Tribunales del Justicia del Primer Circuito
Judicial de San José. (…)” (folio 253 del expediente Nº[Valor 005]
).
El 9 de agosto de 2016 se celebró la audiencia señalada por el
Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de San José (folio 288 del
expediente Nº[Valor 005]).
El Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de San José,
mediante voto Nº875-2016 de las 8:45 horas de 8 de setiembre de 2016, en
su Considerando III estableció:
“
De la relación de hechos probados que se consigna en la primera consideración de la
sentencia de primera instancia se avala los que fueron identificados con las letras a),
b), c), e), f), g), h), i), j), k), I), m). El hecho identificado con la letra d) no se avala.
Las razones se consignarán en las consideraciones de fondo.(…)” (folios del 289 al
293 del expediente Nº[Valor 005]).
El Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de San José,
mediante voto Nº875-2016 de las 8:45 horas de 8 de setiembre de 2016, en
su Considerando IV dijo:
“Consta en autos que el señor [Nombre 015]
solicitó a la Autoridad Central de su
país la restitución de su hija el día 22 de setiembre de 2014 (f.2) y que
el día 14 de octubre de 2014, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en la
persona de Eduardo Alexander Franco Solarte, solicitó la aplicación del Convenio
mediante comunicación que dirigió al Licenciado Cristian Carvajal Coto, funcionario
del Patronato Nacional de la Infancia. Con esta documentación se demuestra el
cumplimiento de lo que dispone el párrafo primero del artículo 12 del Convenio de La
Haya (…)”(folios del 289 al 293 del expediente Nº[Valor 005]
).
El Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de San José,
mediante voto Nº875-2016 de las 8:45 horas de 8 de setiembre de 2016, en
su Considerando V concluyó:
“Lo que procede entonces es determinar si existe una causa para no ordenar la
restitución. (…) En este caso, el Juzgado de primera instancia no hizo lugar a la
restitución porque consideró que se configuraba la excepción del literal b), ya que se
comprobó la situación que dio origen a la salida del país de la niña y su madre. Esa
situación que refiere la sentencia fue que hubo un ataque en el que resultó fallecida
una persona y herida otra, ambas familiares de la madre, y que doña Carolina recibió
amenazas. En criterio de este Tribunal, aunque si está probado el ataque criminal que
provocó el fallecimiento del primo de la madre y la tentativa de homicidio contra la tía,
no se demostró que doña Carolina hubiera sido amenazada. Esto es así por múltiples
razones: Según quedó evidenciado en las audiencias que se llevaron a cabo, la señora
Mery Jaimes Trujillo -madre de doña Carolina y abuela de la niña Hannah- reside en
Costa Rica desde hace varios años, y el deseo de Carolina desde hace bastante tiempo
fue venir a radicar a este país. El padre de su hija nunca estuvo de acuerdo. Luego
ellos se separaron como pareja, pero la niña siguió relacionándose con el padre. El
día del ataque en que resultó fallecido el primo de doña Carolina ya ellos no estaban
juntos y resulta plenamente comprensible que ella estuviera asustada, pero resulta que
su decisión fue llevar a la niña con su padre, para que este la tuviera bajo su cuidado
personal por algunos días. Aún dando crédito a la versión de que la madre pensó en
venirse a Costa Rica súbitamente a raíz de ese evento, lo cierto es que la niña no
corría peligro. El padre NO autorizó su salida de Colombia y lo que hizo la madre fue
borrar su existencia, alterando los documentos de identidad de la niña, cambiándole
hasta su nombre y su fecha de nacimiento, y logrando que en un tiempo impresionante
se le expidiera un pasaporte. ¿Y luego qué hizo? En lugar de subir a un avión con
rumbo a Costa Rica, donde planeaba reunirse con su madre, eligió la vía más
tortuosa, saliendo por Ecuador, pasando a Panamá e ingresando ilegalmente a Costa
Rica. El único elemento probatorio que señaló la Jueza para tener por demostrado que
las amenazas en contra de doña Carolina existieron fue la declaración de su madre, la
señora Mery Jaimes Trujillo. Esta señora, sin embargo, no solo no estaba en Colombia
al momento de los ataques y tampoco le constan las amenazas, sino que solo las
conoce por lo que su hija le ha dicho. Además, esta testiga claramente tiene un interés
directo, claro y preciso para que su hija y su nieta permanezcan en Costa Rica. La
forma en que se desarrollaron los acontecimientos previos a la salida del país son
extremadamente inusuales y lo que reflejan es que a la madre lo único que le importó
fue salir de su país para venirse al país donde reside su madre, y en lugar de acudir a
los mecanismos legítimos para lograr su propósito, alteró TODO, incluyendo hasta el
nombre y la edad de la niña. Nuestro país es un Estado de Derecho y no puede avalar
este tipo de situaciones tan irregulares. Los Convenios sobre Restitución de Menores
buscan simplemente que los niños y las niñas regresen al país donde han tenido su
residencia habitual para que sea en ellos donde se defina la custodia y, con ello, la
posibilidad de radicarse en el extranjero en caso de no exista acuerdo entre los
progenitores. En este escenario internacional se debe tener confianza en los demás
Estados y es claro que no se debe pensar que solo en el propio país se toman
decisiones justas. Sobre este particular, los Estados han entendido que son las
autoridades del lugar donde la persona menor de edad ha tenido su residencia
habitual, a quienes compete definir cuál de ellos ejercerá el atributo de la custodia de
sus hijos menores de edad, si ellos no se ponen de acuerdo, y, en su caso, son estas
mismas autoridades las que deben autorizar, también cuando no hay acuerdo, la
salida del país de la persona menor de edad en caso de que el progenitor custodio
traslade su residencia a otro Estado. Es importante tener presente que aunque el
Convenio de La Haya (1980) ciertamente es anterior a la Convención sobre los
Derechos del Niño (1989), lo cierto es que sus disposiciones no son contradictorias.
(…) Por último, debe señalarse que el hecho de que la niña se encuentre en buenas
condiciones en Costa Rica no es razón para no ordenar su restitución. Eso es más bien
lo que se espera pues el sistema sería muy perverso si solo se pudiera restituir a una
persona menor de edad cuando sus condiciones en el país donde fue ilícitamente
trasladada o donde se encuentra ilícitamente retenida, son deplorables” (folios del 289
al 293 del expediente Nº[Valor 005]).
El Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de San José,
mediante voto Nº875-2016 de las 8:45 horas de 8 de setiembre de 2016,
determinó en la parte dispositiva:
“
SE REVOCA la sentencia de primera instancia y SE ORDENA que la niña
[Nombre
002] sea restituida DE INMEDIATO a Colombia, país donde se encontraba su
residencia habitual, para que sean las autoridades de esa República
quienes determinen cuál de sus progenitores será quien deba detentar el atributo de su
custodia. La Autoridad Central costarricense deberá coordinar con la Autoridad
Central colombiana la forma en que esta restitución se materialice, velando siempre
por la protección de la estabilidad psicológica de la niña. La señora
[Nombre 001]
deberá acatar esta decisión y en caso de que impida u obstaculice la restitución de la
niña, podrá incurrir en responsabilidad penal, civil y familiar. ”
(folios del 289 al 293 del expediente Nº[Valor 005]).
El Patronato Nacional de la Infancia, Oficina Local de San José
Oeste, por medio de la resolución de las 12:30 horas de 27 de setiembre de
2016, en sus consideraciones legales afirmó:
“1. De acuerdo a lo regula por los artículos 129,130, siguientes y concordantes del
Código de la Niñez y la Adolescente, este Órgano Director del Procedimiento, es
competente, para aplicar las medidas de protección a las Personas Menores De Edad,
a las que se les esté violentando o amenazando en forma alguna sus derechos o bien
colocándoseles en una situación de riesgo.
En la presente situación se han
observado las formalidades y procedimientos legales establecidos, no existen vicios de
nulidad que invaliden el proceso, ni los derechos de los administrados. Lo anterior de
conformidad con lo que establece el artículo 128 del mismo, cuerpo legal.
A través
de la ratificación de La Convención sobre los Derechos del Niño, así como de la
promulgación del Código de la Niñez y la Adolescencia, se pretende garantizar el
debido respeto a los derechos de las Personas Menores De Edad, por lo cual nuestros
legisladores han delegado al Patronato Nacional de la Infancia, funciones de control,
verificación y garantía del cumplimiento de los derechos otorgados por ley a favor de
esta población, para que en el momento en que tales derechos sean negados,
restringidos o vulnerados, quedan facultadas las Oficina Local es de la entidad, para
que de oficio o a petición de parte, se inicie el Proceso Especial de Protección en Sede
Administrativa, a fin de reconocer o restituir lo tales.
En relación a los hechos que
fundamentan la presente resolución administrativa, se desprende que la Persona
Menor de Edad [Nombre 002], de conformidad con la resolución judicial de las ocho
horas y cuarenta y cinco minutos del ocho de setiembre
del dos mil dieciséis, emitida por el Tribunal de Familia de San José, Voto número
875-2016, la cual ordena que la niña sea restituida DE INMEDIATO a Colombia,
país donde se encontraba su residencia habitual, para que sean las autoridades de
esa República quienes determinen cuál de sus progenitores será quien deba detentar el
atributo de su custodia, por ende con el fin de que desde la Autoridad Central
Costarricense se finiquiten las coordinaciones con la Autoridad Central de Colombia
sobre la restitución de la persona menor de edad, se procede con el dictado de la
presente Medida de Abrigo Temporal, en la alternativa de protección especial, que en
estas circunstancias le conviene más a la persona menor de edad. La medida
permitirá garantizarle su seguridad, bienestar y desarrollo integral, mientras se
finiquitan las coordinaciones supra indicadas. Por lo anterior esta representación en
apego al artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en relación con el
artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ordena de conformidad con
el artículo 135 inciso g) del mismo cuerpo legal, EL ABRIGO TEMPORAL, a favor de
[Nombre 002], conocida como [Nombre 041], en la alternativa institucional, por un
plazo máximo de seis meses, salvo prórroga
judicial.
Se ordena en aras de respetar el artículo 34 del Código de la Niñez y la
Adolescencia, al área trabajo psicológico, intervenir de manera inmediata ofreciendo
el apoyo interinstitucional que este grupo familiar requiere, así mismo brindando
atención psicológica y acompañamiento en el proceso.
A fin de dar seguimiento a lo
supra ordenado, en respeto a lo indicado en el artículo 135 inciso a) se ordena al área
de Atención Integral EL APOYO, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO, a la persona
menor de edad y la progenitora.” (informe del Patronato Nacional de la Infancia y
prueba aportada).
El Patronato Nacional de la Infancia, Oficina Local de San José
Oeste, mediante resolución de las 12:30 horas de 27 de setiembre de 2016,
resolvió:
“Considerando el INTERÉS SUPERIOR de la Persona Menor De Edad [Nombre
002], Cc: [Nombre 041] JAMES, que se encuentra consagrado en nuestra legislación
y las razones dadas anteriormente, se dicta como
medida que mejor conviene a la Persona Menor de Edad indicada. Se ordena:
EL
ABRIGO TEMPORAL a favor de la Persona Menor De Edad [Nombre 002], Cc:
[Nombre 041] JAMES, para que permanezca en albergue institucional, por el plazo
máximo de seis meses, sin perjuicio de revocar, adicionar o
modificar las presentes medidas de protección por el interés superior de la Persona
Menor de Edad o de solicitar prórroga judicial a recomendación del Área de Atención
Integral de esta Oficina Local pudiendo en cualquier momento ser reubicada en otro
albergue Institucional u ONG, o recurso familiar o comunal, que mejor favorezca a sus
derechos.
NO EXISTIENDO EN ÉSTE MOMENTO IMPEDIMENTO LEGAL AL
EFECTO, SE PROCEDE A ESTABLECER QUE LA PROGENITORA, LA SEÑORA
[Nombre 001]. PODRÁ VISITAR A su HIJA EN LA ALTERNATIVA DE
PROTECCIÓN INSTITUCIONAL CASA VIVA, DEBIENDO DE COORDINAR
CON AL AREA DE TRABAJO SOCIAL, ESPECÍFICAMENTE CON LA LICDA.
CAMPOS, SOBRE LOS DÍAS Y EL HORARIO EN EL CUAL PODRÁ COMPARTIR
CON LA PERSONA MENOR DE EDAD LOS ESPACIOS DE VISITA, HASTA QUE
SE HAGA EFECTIVA LA DILIGENCIA DE RESTITUCIÓN AL PAÍS DE ORIGEN
DE LA NIÑA, COLOMBIA. (…)
INTERVENCIÓN INMEDIATA: Se ordena, al
área de trabajo social y psicología de ésta oficina Local, intervenir de manera
inmediata brindando atención psicológica y acompañamiento a la persona menor de
edad y a su progenitora en el proceso.
ORIENTACIÓN, APOYO Y
SEGUIMIENTO: Se ordena al área de Atención Integral dar seguimiento a la
progenitora y a la persona menor de edad. (…)
RECURSOS: Se le hace saber a
las partes que contra la presente resolución procede recurso de apelación para ante la
Presidencia Ejecutiva de esta institución, el cual podrá interponerse verbalmente o por
escrito en la Oficina Local de San José Oeste, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes a su notificación. ( del Código de la Niñez y la Adolescencia).
Se advierte que la interposición del recurso no suspenderá la aplicación de la presente
medida de protección.” (informe del Patronato Nacional de la Infancia y prueba
aportada).
El 27 de setiembre de 2016, funcionarias del Patronato Nacional de la
Infancia, a fin de cumplir lo ordenado por el Tribunal de Familia, se
apersonaron a la dirección de la recurrente, pero no la hallaron ni tampoco a
su hija, por lo que visitaron el centro educativo de la menor, donde
coordinaron su egreso con la directora y una maestra. La salida de la niña
de ese centro escolar se dio en un ambiente cordial y ameno, no de forma
arbitraria e intempestiva. Las profesionales de la Oficina Local de San José
Oeste le explicaron a la niña el motivo de su presencia e intervención, lo que
ocurrió en presencia de su maestra (persona de su confianza). Ese mismo
día, la progenitora se apersonó a la Oficina Local de San José Oeste para
ser notificada de las medidas ordenadas y, a la vez, compartió unos
momentos con su hija (informe bajo juramento de las autoridades del
Patronato Nacional de la Infancia).
El Patronato Nacional de la Infancia, Oficina Local de San José
Oeste, en resolución de las 9:30 horas de 29 de setiembre de 2016, decidió:
“SE
Decisión final del tribunal
SUSPENDER la resolución indicada en el hecho cuarto en
acatamiento de la resolución emitida por la Sala Constitucional de las veinte horas y
tres minutos del veintiocho de setiembre del dos mil dieciséis.
SE ORDENA AL
CENTRO EDUCATIVO EN BASE A LA RESOLUCIÓN JUDICIAL SUPRA
INDICADA, GARANTIZAR DE MANERA INMEDIATA LA CONTINUIDAD DEL
CICLO EDUCATIVO DE LA PERSONA MENOR DE EDAD [Nombre 002] Cc:
[Nombre 041] JAMES.” (informe del Patronato Nacional de la Infancia y prueba
aportada).
El Patronato Nacional de la Infancia, Oficina Local de San José
Oeste, mediante acta de entrega y aceptación de las 12:15 horas de 29 de
setiembre de 2016, puso a la menor de edad [Nombre 002], también
registrada como [Nombre 041], bajo los cuidados y protección de su
progenitora (informe del Patronato Nacional de la
Infancia).
El Dictamen Psicológico Forense Nº16-000287-1521-PS elaborado
por Cinthya Matamoros Sequeira, Psicóloga del Departamento de Trabajo
Social y Psicología del Poder Judicial, concluyó:
“Por tanto, de la investigación realizada se destaca que al momento de la presente
valoración psicológica la evaluada cuenta con grupo familiar y vínculo materno-filial
positivo, los cuales han constituido en figuras significativas de apoyo, protección y
contención afectiva para la persona menor de edad. Todo lo cual, aunado a los
vínculos establecidos con su grupo de pares y la participación en diferentes actividades
de índole social, aparentan han favorecido la salud psicológica de la valorada, así
como el proceso de adaptación de la misma ante los cambios experimentados;
logrando a su vez adquirir sentido de pertenencia en el contexto donde se desarrolla.
Lo cual constituyen factores protectores para la misma, máxime la etapa evolutiva en
la que se encuentra, siendo de suma importancia la identificación de la evaluada en
su contexto social y familiar, para su sano crecimiento y el desarrollo de futuras
habilidades.
Asimismo, se destaca que la evaluada cuenta con desarrollo evolutivo psicomotor,
cognoscitivo, de lenguaje, hábitos y socioafectivo, dentro de límites esperados para su
edad. Evidenciando que la misma cuenta con las capacidades necesarias para
expresar su posición frente a diferentes situaciones experimentadas en su vida
cotidiana, así como el actual proceso judicial.
Cabe destacar, que se dificulta emitir criterio respecto a las posibles condiciones de la
evaluada en su país de origen, en razón de que no se cuenta con la información
necesaria para realizar el análisis correspondiente, dadas las características de la
presente valoración.” (Dictamen Psicológico Forense Nº16-000287-1521-PS).
El Dictamen Social Forense Nº16-000287-1521-TS elaborado por
Pamela Umaña Barrientos, Trabajadora Social del Departamento de Trabajo
Social y Psicología del Poder Judicial, concluyó:
“Por tanto los resultados de la investigación llevada a cabo, evidencian que la
persona menor de edad Danna tiene 3 años de residir en el país en compañía de su
familia materna. Grupo familiar con el cual ha desarrollado una relación cercana y
vínculos afectivos significativos; especialmente con su figura materna, quien se ha
encargado de satisfacerle sus distintas necesidades.
Asimismo Danna durante su convivencia en Costa Rica se ha incorporado a diferentes
espacios sociales, los cuales le han permitido desarrollarse de manera integral según
su etapa evolutiva, participando del sistema educativo formal, asistiendo a una iglesia
y compartiendo con su grupo de pares. Mostrando sentimientos de alegría en los
diferentes espacios en los cuales se encuentra incorporada.
En este sentido, Danna ha logrado construir y consolidar lazos afectivos significativos
que le han permitido satisfacer sus distintas necesidades y sentirse feliz en este país,
sin externar sentimientos de tristeza o añoranza por su país natal.
Cabe destacar que la niña a lo largo de la valoración, fue clara en expresar su deseo
de permanecer en este país al lado de su familia y grupo de pares. Lo anterior ya que
para ella Costa Rica constituye su referente como país de residencia. Lugar en donde
se encuentra su grupo familiar con el cual ha crecido y quienes le han brindado
cuidado, protección y afecto. Suscitándose que en su país de origen no posee vínculos
afectivos significativos y únicamente ha tenido contacto con su progenitor mediante
video conferencias realizadas de manera electrónica por skype, sin vincular con más
personas de su familia paterna.
Es así como Danna se siente parte del país y se encuentra identificada con las
tradiciones del mismo, incluso llegando a participar de grupos de bailes y
celebraciones propias del ser costarricense.
Por otro lado, las redes de apoyo con que cuenta la persona menor de edad (familia,
iglesia) le ha permitido desarrollarse de manera integral, comportándose como una
niña obediente, alegre, respetuosa, afectuosa y colaboradora.
En este sentido, se tiene como la principal red de apoyo de Danna su
progenitora, quien se caracteriza por ser una persona afectuosa, responsable,
respetuosa y preocupada por el bienestar de su hija.” (Dictamen Social Forense
Nº16-000287-1521-TS).
Sobre el Principio del Interés Superior del Menor.
El primer instrumento
jurídico que reconoció ese principio fue la Declaración Universal sobre los Derechos del
Niño de 1959, que en su segundo principio dispuso: “El niño gozará de una
protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por
la ley y por otros medios, para que pueda desarrollar física, mental, moral, espiritual y
socialmente de forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y
dignidad. Al promulgar leyes con este fin, el Interés Superior del Menor será la
consideración primordial”.
Se advierte entonces que, en un comienzo, el Principio
quedó restringido a la promulgación de leyes. Posteriormente, el Principio fue
incorporado en diferentes instrumentos internacionales relacionados con la persona
menor de edad. Así, el artículo número 5.b de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer exige a los Estados Parte garantizar
que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como
función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en
cuanto a la educación y desarrollo de sus hijos, teniendo en cuenta que el interés de los
hijos es la consideración primordial en todos los casos. Igualmente, el numeral 16.1.d de
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer señala que en todos los asuntos que se vinculen con las relaciones matrimoniales y
familiares, los intereses del niño serán primordiales. Por su parte, el ordinal 4.1 de la
Carta sobre los Derechos y el Bienestar del Niño Africano (1990) estipula que en “todas
las medidas relativas al niño emprendidas por cualquier persona o autoridad, el
Interés Superior del Menor será la consideración principal”. Sin embargo, no fue sino
con motivo de la Convención sobre los Derechos del Niño que el Principio del Interés
Superior del Menor que quedó instaurado plenamente como principio general de
derecho, de manera que en razón de su naturaleza jurídica, irradia su función rectora
sobre todo el ordenamiento jurídico. En concreto, el artículo 3.1 del Convención sobre
los Derechos del Niño dispone: “ En todas las medidas concernientes a los niños, que
tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los Tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a
que se atenderá será el Interés Superior del Menor
”. A los efectos de la resolución de
este asunto, conviene destacar, entre otras características, la calificación de “
superior”
que se le hace al principio. La Real Academia Española define superior como “lo que
está más alto y en lugar preeminente respecto de otra cosa.
” Esto implica que el
derecho del menor, dependiendo del caso concreto, prevalece frente a otros derechos,
aunque estos sean legítimos. Se trata entonces de una cualidad jurídica integral que hace
que el interés jurídico del menor tenga supremacía, predominio o preponderancia sobre
los intereses de los demás; es decir, la “superioridad” del Principio supone la existencia
de un interés objetivo que se encuentra por encima de los intereses subjetivos de los
demás involucrados, ya sea que se trate de instituciones estatales, progenitores e,
incluso, los propios menores afectados. Ello obedece a que como se parte de la base de
que el menor de edad es un sujeto jurídico en desarrollo (o, en su caso, en formación),
de cuya construcción alguien debe responder para beneficio de él y de la sociedad
entera, resulta explicable que respecto de los menores de edad siempre exista una
relación entre el interés jurídico de estos y los intereses jurídicos de otros (que pueden
ser los padres o extraños, la sociedad en general o el Estado), evento en el cual aquél
será “superior”. El hecho de que exista un interés objetivo por encima del interés
subjetivo del menor, no constituye un retorno a la doctrina de la situación irregular. Por el
contrario, la superioridad de tal interés no significa indiferencia ante la voluntad del
menor, porque en la conformación de tal interés resulta indispensable considerar esa
voluntad, cuando ello es posible de acuerdo con el desarrollo sicológico y fisiológico del
menor. Ahora bien, como dicho desarrollo no es pleno y varía según la edad, el interés
superior debe nutrirse de otros elementos ajenos a los criterios subjetivos de los
involucrados (menor, progenitor, Estado), a fin de que la medida que se disponga esté
fundamentada en argumentos razonables y precisos, intersubjetivamente demostrables.
Así las cosas, el interés superior del niño no es paternacéntrico ni estatocéntrico, sino
infantocéntrico. Esto implica que las consideraciones a la confianza que debe existir entre
los Estados en cuanto a las medidas para proteger a los menores, o las pretensiones de
los progenitores respecto de sus derechos para con sus hijos, son cuestiones de
segundo orden porque lo que prima son los derechos de las personas menores de edad
y el ambiente que mejor ampare sus propios proyectos de vida, acorde a las
circunstancias que los rodean. Establecida la superioridad del interés del menor,
conviene establecer la manera en que el Principio se aplica. Primeramente, este último
permite la aplicación de criterios de equidad en beneficio de la persona menor de edad,
cuando de por medio se encuentran en juego sus intereses. Si en términos muy amplios
la justicia es dar a cada uno según sus méritos, la equidad es juris legitimi enmendatio
(legítima corrección del derecho), según Aristóteles. “
Un siglo de legalismo y de
justicia puramente formalista ha mostrado los serios inconvenientes que le son
consustanciales; por eso han surgido en esta época diversos movimientos enderezados
contra la rigidez del imperio de la norma genérica y abstracta y en favor de la
consideración de los elementos individualísimos que definen cada caso como una
entidad irreducible a las demás ” (Ver Legaz y Lacambra, Luis, Filosofía del Derecho.
Editorial Bosch, Barcelona, 1953, pág. 464). De otro lado, el Principio del Interés
Superior del Menor debe ser utilizado por el operador jurídico como pauta hermenéutica,
lo que comprende la interpretación tanto del derecho infraconstitucional como del
constitucional, así como de todos aquellos tratados o convenios suscritos por el país en
lo atinente al campo de los derechos humanos; es evidente que tal criterio interpretativo
comprende igualmente a las autoridades de los otros Poderes Públicos, en lo atinente a
sus respetivas competencias. “Este reconocimiento del interés superior del niño como
principio general que forma parte e informa a la globalidad del ordenamiento, ha
llevado a la Sala a brindar y ordenar protección especial a los menores en materias
tan diversas como la protección de su imagen e identidad, el resguardo de la imagen e
identidad de los menores en conflicto con la ley, y a controversias suscitadas en
asuntos migratorios, de salud y de familia –ver, entre otras, sentencias números
2003-5117, de las catorce horas cuarenta y ocho minutos del diecisiete de junio de dos
mil tres; 2004-1020, de las ocho horas treinta y dos minutos del seis de febrero de dos
mil cuatro; 2004- 8759, de las ocho horas cincuenta y seis minutos del trece de agosto
de dos mil cuatro; 2005- 4274, de las dieciocho horas seis minutos del veinte de abril
de dos mil cinco; 2007-10306, de las catorce horas diez minutos del veinte de julio de
dos mil siete; y número 2008-7782, de la diez horas un minuto del nueve de mayo de
dos mil ocho-. En este sentido, como principio general reconocido y plenamente
aplicable, al interés superior del niño no le es oponible norma o decisión alguna
–administrativa o judicial- que le contradiga, salvo que en circunstancias
determinadas se encuentre en liza la aplicabilidad de algún otro principio general de
relevancia, en cuyo caso el operador jurídico deberá atenerse a la prueba de
ponderación y al rol de cada principio en el caso particular. De tal forma, ignorar el
carácter principal del interés superior del niño desatendiendo su aplicación estricta en
aquellos casos que involucren a personas menores de edad, resulta contrario a los
reconocimientos que sobre el particular efectúa el Derecho de la Constitución, a la vez
que da margen para situarse en una posición de vulnerabilidad frente al mandato del
artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En otras palabras,
las autoridades administrativas y judiciales tienen la obligación de reconocer y aplicar
el principio general del interés superior del niño, en perfecto acatamiento de su
carácter de principio, de los mandatos establecidos por el Derecho de la Constitución,
incluso ideando mecanismos apropiados y soluciones consecuentes de conformidad
con lo ordenado por el referido artículo 2 de la Convención Americana.” (ver sentencia
número 2008-015461 de las 15:07 horas del 15 de octubre de 2008). Finalmente, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que una manera de asegurar la
primacía y real vigencia del interés superior del niño consiste en proporcionar al niño
medidas especiales de protección (CORTE I.D.H.: Condición Jurídica y Derechos
Humanos del Niño. Opinión Consultiva 0C-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A N°
17, par. 60, p. 62).
El Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional
de Menores . El Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de
Menores, suscrito en La Haya el 28 de octubre de 1980, y aprobado en el ámbito interno
mediante ley número 7746 de 23 de febrero de 1998, es un instrumento internacional
ideado para la restitución inmediata de menores de edad que han sido trasladados o
retenidos de manera ilegítima en un país distinto a su residencia habitual, así como
asegurar el derecho de visita. A los efectos del Convenio, mediante Decreto Ejecutivo
número 29694-RE-J-MP de 21 de junio de 2001 se designó al Patronato Nacional de la
Infancia como la denominada «autoridad central». En cuanto a este tema, en sentencia
número 2008-15461 de las 15:07 horas del 15 de octubre de 2008, esta Sala señaló que el
citado Convenio:
“(…)
suscrito en La Haya el veinticinco de octubre de mil novecientos ochenta, y
aprobado en el ámbito interno mediante ley número 7746 de veintitrés de febrero de
mil novecientos noventa y ocho, es un instrumento de origen internacional ideado para
la restitución inmediata de menores de edad que han sido retenidos de manera
ilegítima en un país distinto a su entorno habitual de residencia. A los efectos del
Convenio, mediante el Decreto Ejecutivo número 29694-RE-J-MP del veintiuno de
junio de dos mil uno, se designa al Patronato Nacional de la Infancia como la
denominada «autoridad central». Este instrumento establece que si la persona que se
estima ha retenido al menor de edad manifiesta su negativa para restituirlo, la
autoridad central deberá instar ante las autoridades administrativas o judiciales del
país donde se encuentre el niño para lograr que se ordene la restitución y permitir que
se regule lo concerniente al derecho de visita –artículo 7.f.-”
Esta Sala Constitucional también destacó que, una vez instaurado el respectivo
procedimiento, el:
“(…)
artículo 13.b del Convenio define una excepción a la restitución, cual es que con
la misma se exponga al menor a una situación grave de peligro físico o psíquico, o se
ponga al niño en una situación intolerable. Precisamente por ello, el párrafo tercero
del mismo artículo 13, dispone que las autoridades deberán tomar en consideración la
información que sobre la situación social del niño proporcione la autoridad central del
país de residencia habitual, pero al mismo tiempo, el artículo 15 del Convenio señala
que las autoridades del país donde se estima se produce la retención, podrán requerir
al solicitante de la gestión que se aporte una decisión o certificación del Estado de
residencia habitual donde se acredite que la retención del menor de edad es ilegítima,
potestad que la Sala estima como de importante ejercicio en atención al principio del
interés superior del niño, toda vez que con esta acreditación, las autoridades
administrativas o judiciales podrán tener mejores elementos para determinar el
carácter de la permanencia del menor. Particularmente ilustrativa a efectos de la
decisión que deba tomarse, resulta la disposición del artículo 20 del Convenio, el cual
define que la restitución puede denegarse cuando no la permitan los principios
fundamentales del Estado requerido en materia de protección de los derechos humanos
y las libertades fundamentales. En otras palabras, si las autoridades administrativas o
judiciales del Estado requerido, advierten que la restitución resulta contraria a los
principios fundamentales del Estado en cuanto a la protección de los derechos
humanos, esa restitución podrá ser denegada. En definitiva, el Convenio bajo estudio
establece la posibilidad de disponer la restitución de menores cuando se acredite una
retención ilegítima, pero al mismo tiempo impone a las autoridades del país requerido
el ejercicio de ciertas potestades que determinan la procedencia o no de esa restitución;
es decir, la restitución que permite y regula el Convenio no es absoluta, sino que
encuentra limitaciones contundentes en lo que respecta a la seguridad física o
psíquica del menor, y, particularmente, en los principios del Estado requerido en
materia de derechos humanos. Asimismo, la Sala reconoce que al amparo del
Convenio, las autoridades administrativas o judiciales del país requerido no prejuzgan
sobre la guarda, crianza y educación de los menores, sino que valoran solamente si ha
existido una retención ilegítima y ordenan la procedencia o no de la restitución
internacional, siempre que no se esté ante circunstancias atenuantes o que impidan la
restitución, tal y como se establece y acredita en esta sentencia.”
Como corolario de lo anterior, este Tribunal concluyó que el instituto de la
restitución de menores, en los términos regulados en el convenio de cita, encuentra
circunstancias particulares que deben ser analizadas de conformidad a los límites
impuestos por los principios fundamentales del Estado costarricense y, en particular, por
el Derecho de la Constitución. En concreto:
“(…)
Primariamente, al aplicar el Convenio debe valorarse la incidencia que sobre el
caso particular pueda tener previsiones constitucionales y principales como el interés
superior del niño,…; asimismo, también pueden ser revisados algunos enunciados que
se encuentran en algunas normas constitucionales, como la del artículo 32 de la
Constitución Política, definición que ha planteado algún cuestionamiento en cuanto a
la posibilidad de que personas nacionales de Costa Rica sean entregadas a órganos
de la jurisdicción universal para el cumplimiento de sus fines –ver, en este sentido,
sentencia número 2000-9685, de las catorce horas cincuenta y seis minutos del
primero de noviembre de dos mil-. De tal forma, lejos de circunstancias claramente
definidas y delimitadas, las acciones administrativas o judiciales que de alguna
manera puedan significar una orden de abandono o salida del país –como lo puede
ser la restitución internacional de un menor de edad-, deben valorarse de conformidad
con los principios generales que rigen el Estado democrático de Derecho e informan al
Derecho de la Constitución. Así, si se trata de un costarricense menor de edad, debe
–de manera preponderante- integrarse en la decisión lo concerniente al principio del
interés superior del niño en los términos dichos. De esta manera, si el menor de edad
sobre el cual se plantea la posibilidad de una restitución internacional resulta ser un
costarricense que se encuentra en territorio nacional, las autoridades administrativas y
judiciales que deban resolver lo concerniente deberán tomar en consideración la
existencia de principios generales expresos reconocidos por el país; que el Convenio
sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores define en su artículo
20 que la restitución podrá ser denegada cuando así lo impidan los principios
fundamentales del Estado requerido; y que el mismo Convenio define una serie de
potestades a ser ejercidas por las autoridades de ese Estado; pues no hacerlo así dará
como resultado un pronunciamiento ilegítimo por contradecir principios, valores y
normas concretas establecidos en la globalidad del Derecho de la Constitución y que
aquí han sido definidas.”
Por lo que, en definitiva, en la citada sentencia 2008-015461 esta Sala recordó que
el Convenio sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores debe
aplicarse en congruencia con el Principio del Interés Superior del Niño. Debe reiterarse
que el artículo 50 de la Constitución le impone al Estado costarricense la obligación
fundamental de proteger, entre otros, al niño, lo que resulta congruente con el
compromiso internacional de actuar conforme al Principio del Interés Superior del Menor
(al respecto, ver la sentencia número 2011-012458 de las 15:37 horas del 13 de setiembre
de 2011).
Sobre la aplicación del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la
Sustracción Internacional de Menores a la luz del Principio del Interés Superior
del Menor. Como se indicó supra y siguiendo la línea fijada en la sentencia número
2011-012458 de las 15:37 horas del 13 de setiembre de 2011, el Principio del Interés
Superior del Menor constituye una pauta hermenéutica de aplicación obligada por parte
de todas las autoridades de los Poderes Públicos. Su carácter superior exige que la
interpretación jurídica y la resolución de controversias en que haya niños de por medio,
sea infantocéntrica, antes que paternocéntrica o estatocéntrica. En efecto, en tales
situaciones debe primar aquella resolución que mejor convenga al desarrollo de la
persona menor de edad, lo que significa que su bienestar prevalece frente a otros
derechos, aun cuando estos fueran legítimos. La “superioridad” del Principio supone la
existencia de un interés objetivo por encima de los intereses subjetivos de otros
involucrados, sea instituciones estatales, progenitores o, incluso, los propios menores
afectados. Esto implica que las consideraciones a la confianza que debe existir entre los
Estados en cuanto a las medidas para proteger a los menores, o las pretensiones de los
progenitores respecto de sus derechos para con sus hijos, devienen en cuestiones de
segundo orden, porque lo que prima son los derechos de las personas menores de edad
y el ambiente que mejor potencie sus proyectos de vida, acorde a las circunstancias que
los rodean. Así las cosas, lo dispuesto en los numerales 13 y 20 del Convenio sobre los
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores no debe interpretarse como
“excepciones” a la aplicación de dicha normativa, porque la regla siempre debe ser el
uso del Convenio de cita de manera integral y conforme al Principio del Interés Superior
del Menor, para cuyo efecto en determinadas situaciones se deben aplicar los ordinales
supracitados, mas no como una forma de exceptuar el Convenio, sino, por el contrario,
como un modo ordinario y obligado de aplicarlo cuando determinadas situaciones lo
exijan o justifiquen. El temor de que la aplicación de dichos artículos socave la confianza
entre los Estados (visión estatocéntrica) cede inexorablemente a la obligación primaria de
interpretar el derecho conforme al Principio del Interés Superior del Menor (visión
infantocéntrica).
Así las cosas, esta Sala destaca que el artículo 20 del Convenio estipula que la
restitución del menor podrá denegarse cuando no lo permitan los principios
fundamentales del Estado requerido en materia de protección de los derechos humanos y
las libertades fundamentales, lo que evidentemente comprende al Principio del Interés
Superior del Menor.
Sobre el caso concreto: Medida de abrigo temporal dictada por el
PANI. En la especie, la recurrente considera violentados los derechos fundamentales de
su hija, toda vez que el Patronato Nacional de la Infancia la sustrajo de la escuela de
manera arbitraria y sin notificación previa, lo que puso en riesgo la estabilidad
psicológica de la menor.
Sobre el particular, este Tribunal estima razonable la medida de abrigo temporal
adoptada por el Patronato Nacional de la Infancia, Oficina Local de San José Oeste,
mediante resolución de las 12:30 horas de 27 de setiembre de 2016.
Obsérvese que el Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de San José,
mediante voto Nº875-2016 de las 8:45 horas de 8 de setiembre de 2016, había ordenado
restituir de inmediato a la menor de edad a Colombia; asimismo, había establecido la
obligación de la Autoridad Central costarricense (PANI) de coordinar con la Autoridad
Central colombiana para que ejecutara la restitución.
Ante tal mandato judicial y con el fin de acatarlo, funcionarias del PANI se
apersonaron en la dirección de la recurrente, pero no hallaron ni a ella ni a su hija, por lo
que procedieron a visitar el centro educativo de la menor, donde coordinaron su egreso
con la directora y una maestra. Dicha salida se dio en un ambiente cordial y ameno, no
de forma arbitraria e intempestiva. Las profesionales de la Oficina Local de San José
Oeste le explicaron a la niña el motivo de su presencia e intervención estando ahí su
maestra (persona de su confianza). Ese mismo día, la progenitora se presentó en la
Oficina Local de San José Oeste para ser notificada de las medidas ordenadas y, a la
vez, compartió unos momentos con su hija.
Asimismo, el Patronato Nacional de la Infancia, Oficina Local de San José Oeste,
mediante resolución de las 12:30 horas de 27 de setiembre de 2016, en sus
consideraciones legales indicó: “… En relación a los hechos que fundamentan la
presente resolución administrativa, se desprende que la Persona Menor de Edad
[Nombre 002], de conformidad con la resolución judicial de las ocho horas y cuarenta
y cinco minutos del ocho de setiembre del dos mil dieciséis,
emitida por el Tribunal de Familia de San José, Voto número 875-2016, la cual
ordena que la niña sea restituida DE INMEDIATO a Colombia, país donde se
encontraba su residencia habitual, para que sean las autoridades de esa República
quienes determinen cuál de sus progenitores será quien deba detentar el atributo de su
custodia, por ende con el fin de que desde la Autoridad Central Costarricense se
finiquiten las coordinaciones con la Autoridad Central de Colombia sobre la
restitución de la persona menor de edad, se procede con el dictado de la presente
Medida de Abrigo Temporal, en la alternativa de protección especial, que en estas
circunstancias le conviene más a la persona menor de edad. La medida permitirá
garantizarle su seguridad, bienestar y desarrollo integral, mientras se finiquitan las
coordinaciones supra indicadas. Por lo anterior esta representación en apego al
artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en relación con el artículo 3 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, ordena de conformidad con el artículo 135
inciso g) del mismo cuerpo legal, EL ABRIGO TEMPORAL, a favor de [Nombre
002], conocida como [Nombre 041], en la alternativa institucional, por un plazo
máximo de seis meses, salvo prórroga judicial.
Se ordena en aras de respetar el artículo 34 del Código de la Niñez y la
Adolescencia, al área trabajo psicológico, intervenir de manera inmediata ofreciendo
el apoyo interinstitucional que este grupo familiar requiere, así mismo brindando
atención psicológica y acompañamiento en el proceso.
A fin de dar seguimiento a lo
supra ordenado, en respeto a lo indicado en el artículo 135 inciso a) se ordena al área
de Atención Integral EL APOYO, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO, a la persona
menor de edad y la progenitora.”
En adición, el Patronato Nacional de la Infancia en la resolución mencionada
continuó señalando: “Considerando el INTERÉS SUPERIOR de la Persona Menor De
Edad [Nombre 002], Cc: [Nombre 041] JAMES, que se encuentra consagrado en
nuestra legislación y las razones dadas anteriormente, se
dicta como medida que mejor conviene a la Persona Menor de Edad indicada. Se
ordena:
EL ABRIGO TEMPORAL a favor de la Persona Menor De Edad [Nombre
002], Cc: [Nombre 041] JAMES, para que permanezca en albergue institucional, por
el plazo máximo de seis meses, sin perjuicio de revocar,
adicionar o modificar las presentes medidas de protección por el interés superior de la
Persona Menor de Edad o de solicitar prórroga judicial a recomendación del Área de
Atención Integral de esta Oficina Local pudiendo en cualquier momento ser reubicada
en otro albergue Institucional u ONG, o recurso familiar o comunal, que mejor
favorezca a sus derechos.
NO EXISTIENDO EN ÉSTE MOMENTO
IMPEDIMENTO LEGAL AL EFECTO, SE PROCEDE A ESTABLECER QUE LA
PROGENITORA, LA SEÑORA [Nombre 001]. PODRÁ VISITAR A su HIJA EN LA
ALTERNATIVA DE PROTECCIÓN INSTITUCIONAL CASA VIVA,
DEBIENDO DE COORDINAR CON AL AREA DE TRABAJO SOCIAL,
ESPECÍFICAMENTE CON LA LICDA. CAMPOS, SOBRE LOS DÍAS Y EL
HORARIO EN EL CUAL PODRÁ COMPARTIR CON LA PERSONA MENOR DE
EDAD LOS ESPACIOS DE VISITA, HASTA QUE SE HAGA EFECTIVA LA
DILIGENCIA DE RESTITUCIÓN AL PAÍS DE ORIGEN DE LA NIÑA, COLOMBIA.
(…)
INTERVENCIÓN INMEDIATA: Se ordena, al área de trabajo social y
psicología de ésta oficina Local, intervenir de manera inmediata brindando atención
psicológica y acompañamiento a la persona menor de edad y a su progenitora en el
proceso.
ORIENTACIÓN, APOYO Y SEGUIMIENTO: Se ordena al área de
Atención Integral dar seguimiento a la progenitora y a la persona menor de edad. (…)
RECURSOS: Se le hace saber a las partes que contra la presente resolución
procede recurso de apelación para ante la Presidencia Ejecutiva de esta institución, el
cual podrá interponerse verbalmente o por escrito en la Oficina Local de San José
Oeste, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su notificación. (Artículo 139
del Código de la Niñez y la Adolescencia). Se advierte que la interposición del recurso
no suspenderá la aplicación de la presente medida de protección.”
De esta forma, se evidencia que la medida ejecutada por el PANI se tomó con el
propósito de garantizar el cumplimiento de una resolución jurisdiccional, acto en el cual
veló por la seguridad y el bienestar de la menor tutelada, mientras se finiquitaban las
coordinaciones correspondientes para ejecutar el fallo de marras. Nótese que el PANI
ofreció el apoyo interinstitucional al grupo familiar afectado, brindando atención
psicológica y acompañamiento en el proceso, así como orientación y seguimiento a la
niña y su progenitora. Incluso le comunicó a la madre de la menor su facultad de
interponer los recursos correspondientes. Por lo cual, no se estima que el PANI haya
actuado de manera arbitraria o infundada.
En adición, debe tenerse claro el contexto en el cual se tomó la medida; es decir,
existía el precedente en el cual la recurrente había sacado a su hija de Colombia de
manera irregular. Bajo ese cuadro fáctico, deviene razonable que el PANI, como
institución encargada en Costa Rica de este tipo de procedimientos, dictara, según sus
criterios, las medidas correspondientes para cumplir con su obligación de cooperar con
la autoridad judicial y asegurar la restitución internacional ordenada.
En virtud de lo expuesto, esta Sala no considera que en el caso de marras se haya
restringido de manera ilegítima la libertad de tránsito de la menor, por lo que se declara
sin lugar este extremo del habeas corpus.
Sobre la restitución internacional de la menor tutelada en el caso
concreto. En el sub lite, considera la recurrente que restituir a su hija a Colombia la
pondría en peligro y que debe mantenerse el criterio del Juzgado de Familia de primera
instancia que declaró sin lugar la solicitud de restitución internacional de menor. Además,
alega que la niña amparada ya tiene arraigo en el país.
Sobre el particular, no es objeto de discusión el hecho de que la menor haya sido
sustraída de Colombia de manera irregular, ya que constan suficientes elementos en las
sentencias de primera y segunda instancia, incluido el reconocimiento expreso de la
recurrente, que acreditan tal acontecimiento.
Más bien, es importante señalar que, en aplicación del Interés Superior del Niño, en
el sub examine la principal consideración debe ser la estabilidad y el bienestar de la
menor tutelada, lo que implica la obligación de resolver este caso con base en un
enfoque infantocéntrico.
Ahora, se tuvo por demostrado en la vía ordinaria, tanto en primera como en
segunda instancia, que la niña se encuentra en adecuadas condiciones en nuestro país,
donde se ha adaptado a su entorno, asiste a la escuela y tiene sus necesidades básicas
satisfechas; sin embargo, resulta primordial analizar cuánto tiempo ha estado la menor en
Costa Rica y cómo ha sido el desarrollo que ha tenido.
En cuanto a este punto, no puede obviar este Tribunal que la menor tutelada ha
estado viviendo en este país desde hace más de 3 años y que salió de Colombia a los 4
años de edad. Los motivos por los cuales la menor ha permanecido tanto tiempo en
Costa Rica han sido los siguientes:
La fecha de ingreso al país de la recurrente y la menor tutelada (24 de
diciembre de 2013).
El tiempo transcurrido para que el padre de la menor solicitara formalmente la
restitución internacional de la menor por medio de la Autoridad Central
colombiana (14 de octubre de 2014).
El tiempo que se tardó en el proceso de restitución internacional desde su
interposición por parte del Patronato Nacional de la Infancia (4 de diciembre
de 2014) y hasta que informó sobre la localización de la recurrente y la menor
tutelada (18 de junio de 2015).
El tiempo que tomó la resolución del proceso judicial (sentencia de primera
instancia del 31 de marzo de 2016 y sentencia de segunda instancia del 8 de
setiembre de 2016).
Con base en lo señalado, se infiere que el padre de la menor tutelada accionó los
mecanismos correspondientes 9 meses después de que ella saliera de Colombia.
Además, el tiempo que tomó localizarla para los fines del proceso judicial en Costa Rica
fue de 7 meses (para este momento la menor ya tenía 1 año y 5 meses en el país).
En cuanto al proceso de restitución internacional, debe acotarse que la autoridad
judicial competente tardó 10 meses en su tramitación desde que se localizó a la menor y
hasta el dictado de la sentencia de primera instancia (para esa fecha la menor ya tenía
más de 2 años en el país).
Posteriormente, merced al recurso de apelación, el proceso se prorrogó incluso 5
meses más.
Por lo anterior, resulta necesario analizar el estado actual de la menor, no con
relación al arraigo que pudiera presentar, sino en cuanto a la condición emocional,
psicológica y social que pudiere haber desarrollado y lo que ello actualmente incide en la
persona menor de edad.
Al respecto, con ocasión del
sub judice y ante la falta de estudios forenses en el
proceso de restitución internacional ordinario, el Departamento de Trabajo Social y
Psicología emitió 2 dictámenes que evaluaron a la menor tutelada.
El Dictamen Psicológico Forense Nº16-000287-1521-PS concluyó:
“Por tanto, de
la investigación realizada se destaca que al momento de la presente valoración
psicológica la evaluada cuenta con grupo familiar y vínculo materno-filial positivo, los
cuales han constituido en figuras significativas de apoyo, protección y contención
afectiva para la persona menor de edad. Todo lo cual, aunado a los vínculos
establecidos con su grupo de pares y la participación en diferentes actividades de
índole social, aparentan han favorecido la salud psicológica de la valorada, así como
el proceso de adaptación de la misma ante los cambios experimentados; logrando a su
vez adquirir sentido de pertenencia en el contexto donde se desarrolla. Lo cual
constituyen factores protectores para la misma, máxime la etapa evolutiva en la que se
encuentra, siendo de suma importancia la identificación de la evaluada en su contexto
social y familiar, para su sano crecimiento y el desarrollo de futuras habilidades.
Asimismo, se destaca que la evaluada cuenta con desarrollo evolutivo psicomotor,
cognoscitivo, de lenguaje, hábitos y socioafectivo, dentro de límites esperados para su
edad. Evidenciando que la misma cuenta con las capacidades necesarias para
expresar su posición frente a diferentes situaciones experimentadas en su vida
cotidiana, así como el actual proceso judicial. Cabe destacar, que se dificulta emitir
criterio respecto a las posibles condiciones de la evaluada en su país de origen, en
razón de que no se cuenta con la información necesaria para realizar el análisis
correspondiente, dadas las características de la presente valoración.”
El Dictamen Social Forense Nº16-000287-1521-TS determinó:
“Por tanto los
resultados de la investigación llevada a cabo, evidencian que la persona menor de
edad Danna tiene 3 años de residir en el país en compañía de su familia materna.
Grupo familiar con el cual ha desarrollado una relación cercana y vínculos afectivos
significativos; especialmente con su figura materna, quien se ha encargado de
satisfacerle sus distintas necesidades. Asimismo Danna durante su convivencia en
Costa Rica se ha incorporado a diferentes espacios sociales, los cuales le han
permitido desarrollarse de manera integral según su etapa evolutiva, participando del
sistema educativo formal, asistiendo a una iglesia y compartiendo con su grupo de
pares. Mostrando sentimientos de alegría en los diferentes espacios en los cuales se
encuentra incorporada. En este sentido, Danna ha logrado construir y consolidar
lazos afectivos significativos que le han permitido satisfacer sus distintas necesidades y
sentirse feliz en este país, sin externar sentimientos de tristeza o añoranza por su país
natal. Cabe destacar que la niña a lo largo de la valoración, fue clara en expresar su
deseo de permanecer en este país al lado de su familia y grupo de pares. Lo anterior
ya que para ella Costa Rica constituye su referente como país de residencia. Lugar en
donde se encuentra su grupo familiar con el cual ha crecido y quienes le han brindado
cuidado, protección y afecto. Suscitándose que en su país de origen no posee vínculos
afectivos significativos y únicamente ha tenido contacto con su progenitor mediante
video conferencias realizadas de manera electrónica por skype, sin vincular con más
personas de su familia paterna. Es así como Danna se siente parte del país y se
encuentra identificada con las tradiciones del mismo, incluso llegando a participar de
grupos de bailes y celebraciones propias del ser costarricense. Por otro lado, las redes
de apoyo con que cuenta la persona menor de edad (familia, iglesia) le ha permitido
desarrollarse de manera integral, comportándose como una niña obediente, alegre,
respetuosa, afectuosa y colaboradora. En este sentido, se tiene como la principal red
de apoyo de Danna su progenitora, quien se caracteriza por ser una persona
afectuosa, responsable, respetuosa y preocupada por el bienestar de su hija.”
De los resultados referidos, que fueron puestos en conocimiento de las partes
(incluido el curador procesal del progenitor de la menor, quien no se refirió a los mismo
pese a la audiencia que le fue concedida) se puede concluir que, sin tomar en
consideración las condiciones en las que sus padres se separaron y las razones de su
traslado, es innegable que la menor, a estas alturas, disfruta de un desarrollo integral en
este país que beneficia de forma relevante su desarrollo.
Según los dictámenes referidos, en Costa Rica la menor se ha incorporado a
diferentes espacios sociales, que le han permitido desenvolverse de manera integral según
su etapa evolutiva, participando del sistema educativo formal, asistiendo a una iglesia y
compartiendo con su grupo de pares, de manera tal que ha logrado construir y
consolidar lazos afectivos significativos (siendo su principal red de apoyo la progenitora)
que le han permitido satisfacer sus distintas necesidades y sentirse feliz en este país, sin
externar sentimientos de tristeza o añoranza por su país natal. Más bien, se siente parte
del país y se quiere quedar acá.
En ese sentido, según los informes técnicos, la menor cuenta con desarrollo
evolutivo psicomotor, cognoscitivo, de lenguaje, hábitos y socioafectivo, dentro de
límites esperados para su edad, evidenciando las capacidades necesarias para expresar
su posición frente a diferentes situaciones experimentadas en su vida cotidiana y en el
actual proceso judicial.
Por lo expuesto, con independencia de las razones por las cuales su estadía se ha
prologando, resulta claro y evidente, según la prueba pericial evacuada, que la niña ha
alcanzado una estabilidad en su desarrollo que le beneficia, la cual se vería interrumpida
con una eventual orden de restitución internacional a Colombia.
Además, la menor en Costa Rica cuenta con un grupo familiar y un vínculo
materno-filial positivo, que han constituido figuras significativas de apoyo, protección y
contención afectiva.
En consecuencia, conforme a lo expuesto, esta Sala concluye que dada la situación
descrita, a la luz del Principio del Interés Superior del Menor, lo procedente es optar por
la solución que más beneficie a la menor tutelada, lo que implica la aplicación del artículo
20 del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.
Según dicho ordinal, la restitución del menor podrá denegarse cuando no lo permitan los
principios fundamentales del Estado requerido en materia de protección de los derechos
humanos y las libertades fundamentales.
En esa dirección, la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por Costa
Rica, establece en su numeral 3 el Principio del Interés Superior del Menor, el cual
constituye una pauta hermenéutica de aplicación obligada por parte de todas las
autoridades de los Poderes Públicos. Su carácter superior exige que la interpretación
jurídica y la resolución de controversias en que haya niños de por medio, sea
infantocéntrica, antes que paternocéntrica o estatocéntrica. En efecto, en tales situaciones
debe primar aquella resolución que mejor convenga al desarrollo de la persona menor de
edad, lo que significa que su bienestar prevalece frente a otros derechos, aun cuando
estos fueran legítimos. En el caso concreto, conforme se indicó supra, los dictámenes
forenses aportados corroboran el buen desarrollo que está teniendo la menor tutelada al
lado de su madre (quien constituye su principal red de apoyo), y evidencian una relación
cercana con ella por la presencia de vínculos afectivos significativos, ya que se
caracteriza por ser una persona afectuosa, responsable, respetuosa y preocupada por el
bienestar de su hija.
Tomando en cuenta lo anterior, la Sala concluye que existen suficientes factores
para sostener que la menor tutelada ha desarrollado relaciones importantes a nivel
educativo, familiar y social, que han creado un sentido de pertenencia de ella en el país,
por lo que si se le obligara a salir del país, con un alto grado de probabilidad resultaría
seriamente afectada. De ahí que en aplicación del Principio de Interés Superior del
Menor, que se deriva de los artículos 51 de la Constitución Política y 3.1 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, esta Sala acoja el habeas corpus en aras de
garantizar la prevalencia del interés y los derechos de la menor tutelada, los que deben
ser protegidos por el Estado, incluso sobre otros derechos que puedan resultar
legítimos.
Con respecto a los cuestionamientos de los dictámenes del Departamento de
Psicología y Trabajo Social del Poder Judicial que realizó el Patronato Nacional de la
Infancia como Autoridad Central de la República de Costa Rica para la aplicación del
Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, cabe
indicar que los mismos no alcanzan para desvirtuar las conclusiones a las que llegaron las
profesionales encargadas de realizar los estudios.
En ese sentido, las omisiones en los dictámenes relacionadas con la falta de análisis
en cuanto a los efectos que tendría la menor en Colombia y hacer referencias genéricas a
la doctrina para fundamentar el envío de la menor a su país de origen, no constituyen
elementos suficientes para menguar la significancia de varios aspectos claves para
resolver el sub examine que sí fueron identificados en los dictámenes técnicos en
cuestión, como el hecho de que existan: 1) factores protectores para la menor tutelada en
el país receptor, máxime la etapa evolutiva en la que se encuentra, siendo de suma
importancia la identificación de la evaluada en su contexto social y familiar para su sano
crecimiento y el desarrollo de futuras habilidades, 2) que Danna cuenta con las
capacidades necesarias para expresar su posición frente a diferentes situaciones
experimentadas en su vida cotidiana, así como el actual proceso judicial, 3) que la niña
ha logrado construir y consolidar lazos afectivos significativos que le han permitido
satisfacer sus distintas necesidades y sentirse feliz en este país, sin externar sentimientos
de tristeza o añoranza por su país natal y 4) que la niña a lo largo de la valoración de
trabajo social, fue clara en expresar su deseo de permanecer en este país al lado de su
familia y grupo de pares.
Todo lo anterior obliga a esta Sala a que desde un enfoque infantocéntrico (no
estatocéntrico ni paternocéntrico) se opté por aquella solución que con los elementos
probatorios adjuntados a los autos, se vea que beneficie más a la menor amparada.
Así las cosas, se declara con lugar este extremo del recurso de hábeas corpus con
las disposiciones que se dictarán en la parte dispositiva.
Lo anterior no obsta que el padre, por la vía jurisdiccional ordinaria, establezca
procesos tendentes a mantener vínculos con su hija y a que ella afiance los lazos
afectivos con su familia, todo lo cual sujeto al beneficio emocional y físico de la persona
menor de edad.
VIII- Sobre la obligatoriedad de la aplicación de los Convenios
Internacionales para Costa Rica. El parámetro de control de constitucionalidad,
según el artículo 1º de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no solo se encuentra
compuesto por las normas de la Ley Fundamental, sino también por “los principios
constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República,
su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades
fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales
de derechos humanos vigentes en Costa Rica”. Ergo, todas las fuentes jurídicas,
principios y derechos citados, que comprenden tanto principios constitucionales como
otros del Derecho Internacional o Comunitario, en el ejercicio del control de
constitucionalidad, deben aplicarse de modo armónico, de forma tal que sus contenidos
protectores se optimicen de la mejor manera posible y no se afecte el contenido esencial
de ninguno de ellos.
Asimismo, el principio de derecho internacional effet utile exige del Estado, en la
interpretación y aplicación de los Tratados, y de aquellos no autoaplicables (non-self
executing), la obligación de estimular a todos los órganos del aparato estatal para que se
generen efectos duraderos en el orden interno de acuerdo con las obligaciones
internacionales adquiridas, de modo que se deben tomar las medidas necesarias en todo
su conjunto, para asegurar que los términos de un acuerdo internacional tengan efectos
en armonía con el derecho interno. A esto siguen los mecanismos de cooperación entre
los Estados y organizaciones internacionales, y de seguimiento sobre la compatibilidad
de la legislación interna con la de los convenios internacionales.
En igual sentido, los principios de pacta sunt servanda y bona fides determinan
que los tratados deben ser cumplidos tal y como se consagran de buena fe, por cuanto la
obligatoriedad del tratado entre las partes les impone establecer políticas tendentes a su
adecuado acatamiento.
Los principios anteriores obligan a una interpretación del derecho interno, incluida
por supuesto la Constitución y de las normas de los tratados suscritos por Costa Rica, a
la luz del principio de coherentia, en virtud del cual, ante dos enunciados, uno de una
norma de un tratado internacional y otra de una del derecho interno, en la medida de lo
posible, no debe atribuírseles un significado que produzca una incompatibilidad entre
ellas. La exigencia de coherencia es una consecuencia lógica de los principios de pacta
sunt servanda, bona fides y effet utile a los que ya hemos hecho referencia. Si los
Estados se comprometen en el orden internacional, es porque tienen la voluntad de
cumplir las obligaciones contraídas y es obligación de los Estados y sus órganos
internos adoptar todas las medidas requeridas, incluido aquellas de carácter
interpretativo, para adaptar el ordenamiento interno de manera que se alcance el objetivo
perseguido en el convenio internacional ratificado.
Por tales razones, el Tribunal Constitucional, en ejercicio del control de
constitucionalidad, tiene el deber de armonizar las obligaciones derivadas de la
Constitución Política y el Derecho Internacional, todo ello en la medida que el
razonamiento técnico jurídico preciso y fundado en el bloque de constitucionalidad así
lo permita, de manera que los contenidos protectores de las diversas fuentes se
optimicen de la mejor manera posible, eso sí sin que eso afecte el contenido esencial de
ninguno derecho fundamental.
Ciertamente, en el plano interno, el derecho constitucional tiene prioridad sobre el
internacional; sin embargo, en el plano externo, lo anterior no justifica el incumplimiento
unilateral de un Estado de una obligación convencional vinculante, lo que
irremediablemente acarrearía responsabilidad para el Estado que incumple por tratarse de
la violación del derecho internacional, y solo tendría la posibilidad complicada de
proceder con la regulación de la nulidad, terminación o suspensión de la aplicación de
los tratados conforme a la Parte V de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados de 1969.
De ahí que el juez constitucional, antes de someter al país a situaciones tan
complejas, primeramente tenga el deber de interpretar de manera conciliatoria los
instrumentos inmersos en un conflicto derecho interno-derecho internacional, y solo en
caso de que no sea jurídicamente plausible una interpretación armoniosa o que
irremediablemente se vacíe de su contenido esencial a un derecho constitucional, tendría
preponderancia el derecho interno, tesis que en lo fundamental es seguida por
reconocidos internacionalistas como Thomas Buergenthal, Hector Gross Espiell, Claudio
Grosman y Harold G. Maier. Esta aproximación o modo de análisis a este tipo de
situación se justifica aún más puesto que el parámetro de constitucionalidad incluye,
según se explicó supra, los principios del derecho internacional o comunitario como
dispone el artículo 1º de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Así las cosas, Costa Rica debe poner en práctica las disposiciones del Convenio
sobre la Sustracción Internacional de Menores y cumplir los plazos y condiciones
consignados en él. Si se resuelve de manera célere el proceso de restitución internacional
de menor, se le estaría garantizando a la persona menor de edad tutelada un adecuado
tratamiento de sus derechos en concordancia con su Interés Superior.
Sobre el proceso judicial de restitución internacional de menores en
Costa Rica. Este Tribunal considera que el Estado costarricense debe revisar la
celeridad que se debe emplear en la tramitación judicial de los procesos de restitución
internacional de menores, puesto que de ello depende la efectiva aplicación del Convenio
sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción de Menores.
Al respecto, el artículo 2 de dicha normativa dispone:
“Los Estados contratantes
adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que se cumplan en sus
territorios respectivos los objetivos del Convenio. Para ello deberán recurrir a los
procedimientos de urgencia de que dispongan.” (El destacado no es original).
Además, el numeral 11 señala: “
Las autoridades judiciales o administrativas de
los Estados contratantes actuarán
con urgencia en los procedimientos para la
restitución de los menores. Si la autoridad judicial o administrativa competente no
hubiera llegado a una decisión en el plazo de seis semanas a partir de la fecha de
iniciación de los procedimientos, el solicitante o la Autoridad Central del Estado
requerido, por iniciativa propia o a instancia de la Autoridad Central del Estado
requirente tendrá derecho a pedir una declaración sobre las razones de la demora.
Si la Autoridad Central del Estado requerido recibiera una respuesta, dicha Autoridad
la transmitirá a la Autoridad Central del Estado requirente o, en su caso, al
solicitante.” (El destacado no es original).
De los ordinales transcritos se observa que el Convenio de marras ordena que los
procesos tendentes a aplicar lo estatuido en ese instrumento sean tramitados con
urgencia, lo que significa que los mismos deben participar de una naturaleza sumaria,
semejante a la del amparo. Incluso dispone que las autoridades tienen la obligación de
actuar con urgencia, al punto que establece como parámetro, que si no se ha llegado a
una decisión en el plazo de 6 semanas, podrá pedirse una declaración sobre las razones
de la demora.
Lamentablemente, el sub examine evidencia que Costa Rica carece de un proceso
expedito para la resolución de asuntos de restitución internacional de menores en los
términos del Convenio en mención, defecto que repercute, como sucede en este caso, en
la decisión de los procesos planteados en la vía ordinaria, ya que por su duración puede
acaecer que la persona menor de edad termine por culturizarse en Costa Rica (sobre
todo cuando su ingreso se da a una edad temprana), ello incluso a pesar de que entre el
traslado o retención ilegítima del menor y la fecha de la iniciación del respectivo
procedimiento ante la autoridad judicial o administrativa de Costa Rica, hubiera
transcurrido un periodo inferior a un año desde el momento en que se produjo tal
traslado o retención ilícitos, situación en la cual, conforme al ordinal 11 del Convenio, la
autoridad competente de nuestro país debe ordenar la restitución inmediata del menor.
Así las cosas, cuando merced a la culturización la restitución de la persona menor
de edad le resulta más perjudicial, no hay más remedio que aplicar otras normas del
Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción de Menores, como su artículo
20, el cual permite la denegatoria de la restitución de un menor cuando lo impidan los
principios fundamentales del Estado requerido en materia de protección de los derechos
humanos y las libertades fundamentales. En Costa Rica, como ya se suscribió el
Convenio sobre los Derechos del Niño, deviene inexorable, precisamente, la aplicación
del Principio del Interés Superior del Menor, conforme al numeral 3.1 de este último
instrumento.
Por lo anterior, consideramos que esta sentencia debe comunicarse a Zarela
Villanueva Monge, en su condición de Presidenta de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo Superior del Poder Judicial, con la finalidad de que la institución que representa
analice la problemática antedicha y plantee las medidas que corresponda.
Razones adicionales del Magistrado Rueda Leal. Sobre el carácter
“trifronte” del Interés Superior del Niño.
Advierto, como ya indiqué en mi voto particular contenido en la sentencia
2014-011643 de las 14:30 del 16 de julio de 2014, que el Interés Superior del Niño no
solo es un principio general de derecho, esto es una pauta hermenéutica útil como guía
de la gestión administrativa, jurisdiccional e incluso legislativa, sino que también
constituye un derecho en sí mismo. En efecto, estamos ante un verdadero derecho
humano, inherente a la persona menor de edad por el solo hecho de serlo, que se debe
aplicar de manera universal y cuyo ámbito de protección es irreversible. En tal sentido, se
trata de un derecho no solo de defensa, sino también prestacional, lo que supone la
posibilidad de declarar inconstitucional toda norma que atente contra la serie de derechos
que cobijan al menor en virtud del Interés Superior del Niño, entre ellos el de ser
escuchado. Finalmente, dejo claro que el Interés Superior del Menor, en tanto derecho y
de manera similar a como lo hace el derecho al libre desarrollo de la personalidad
(artículo 28 de la Constitución Política), actúa como un “derecho-paraguas”, toda vez
que el mismo cubre no solo las situaciones contempladas en la Convención sobre los
Derechos del Niño o expresamente reguladas en el ordenamiento infra convencional, sino
también aquellas que no estén regladas, pero que incidan en el bienestar del menor. Por
ello, si para efectos de resolver un conflicto, una situación de desventaja (verbigracia de
tipo procesal) o perjuicio contra la persona menor de edad, no se da un respaldo diáfano
en alguna norma de la Convención, tal problemática siempre podrá ser resuelta mediante
la búsqueda de la solución que mejor convenga al niño en aplicación del mencionado
Interés Superior. Ahí precisamente radica su cualidad de “paraguas”, pues envuelve todo
supuesto de hecho jurídicamente relevante, con independencia de que exista o no una
norma positiva que lo ampare. Finalmente, cabe destacar que en la Observación general
Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración
primordial (artículo 3, párrafo 1) –aprobada por el Comité de los Derechos del Niño de
la ONU en su 62º período de sesiones (14 de enero a 1º de febrero de 2013)– plantea un
significativo avance en la repercusión práctica del Interés Superior del Menor, ya que no
solo lo califica como un principio general y un derecho, sino que además lo eleva a la
categoría de norma de procedimiento en los siguientes términos, que el suscrito
plenamente comparte:
“c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión
que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en
general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las
posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños
interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño requieren
garantías procesales. Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente que
se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho. En este sentido, los Estados partes
deberán explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se ha
considerado que atendía al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado la
decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones,
ya se trate de cuestiones normativas generales o de casos concretos.”
De ahí que ahora podamos hablar del carácter “trifronte” del Interés Superior del
Niño.
Nota de los Magistrados Jinesta Lobo y Hernández Gutiérrez, con
redacción del segundo.- Los suscritos Magistrados coincidimos con el criterio de la
mayoría en cuanto a los dos primeros extremos desarrollados en la resolución, sean
estos, desestimar el recurso al considerarse que la actuación del Patronato Nacional de la
Infancia se ajustó a derecho y estimarlo, al verificarse la violación del interés superior de
la menor amparada por la resolución del Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial
de San José. No obstante lo anterior, estimamos que lo relativo a las dilaciones indebidas
en el proceso de restitución internacional de menores, al cual se alude en el considerando
IX de la sentencia, es materia ajena al recurso, al no constar dentro de los agravios
expuestos por la parte recurrente, por cuya razón no suscribimos esa parte del fallo.
Por lo que no compartimos lo establecido en la parte dispositiva en el sentido de
notificarle esta resolución a la señora Presidenta de la Corte Suprema de Justicia para que
tome acciones.
Documentación aportada al expediente.
Se previene a las partes que de
haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en
algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico,
telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del
despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de
esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado
dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico
ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto
del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del
2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la
sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Decisión final del tribunal
Se declara parcialmente con lugar el recurso. En consecuencia, se anula la
sentencia Nº875-2016 de las 8:45 horas de 8 de setiembre de 2016 del Tribunal de
Familia del Primer Circuito Judicial de San José. Se condena al Estado al pago de las
costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta
declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso
administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Rueda Leal
pone razones adicionales. Los Magistrados Jinesta Lobo y Hernández Gutiérrez ponen
nota. Notifíquese esta resolución a Rolando Soto Castro y Ana Cristina Fernández
Acuña, por su orden Juez Coordinador y Jueza Tramitadora, ambos del Tribunal de
Familia del Primer Circuito Judicial de San José, así como a todas las partes. Además,
notifíquese este pronunciamiento a la Magistrada Zarela Villanueva Monge, en su
condición de Presidenta de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior del
Poder Judicial, con la finalidad de que la institución que representa analice la
problemática expuesta en los considerandos VIII y IX, y plantee las medidas que
corresponda.-
Ernesto Jinesta L.
Presidente
Fernando Cruz C.
Fernando Castillo
V.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Jose Paulino Hernández G.
Documento Firmado Digitalmente
-- Código verificador --
*TWK6YD47VCNI61*
TWK6YD47VCNI61
EXPEDIENTE N° 16-013328-0007-CO
Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional.
Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6