Resolución 08460-2015

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:55 horas del

4 de marzo del 2015, la accionante solicita que se declare la

inconstitucionalidad del párrafo tercero del Artículo 86 del Código de

Normas y Procedimientos Tributarios y contra la jurisprudencia de la Sala

Primera de la Corte Suprema de Justicia sobre dicho artículo. Alega que

plantea la acción como medio razonable para defender los derechos de su

representada, a ser juzgada dentro del proceso en que se discute la

aplicación de la sanción administrativa de cierre de negocios, bajo los

cánones de constitucionalidad definidos por la Sala Constitucional, es

decir, la valoración de la gravedad o no de la vulneración del bien jurídico

tutelado por la norma sancionatoria, la determinación de una eventual

existencia de una causal eximente de responsabilidad y los principios

constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad. Lo anterior en el

marco del proceso judicial que se tramita ante la Sección Novena del

Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en el

expediente número 13-000111-1027-CA, en el cual recayó la sentencia

número 492-2013-IX de las 15:40 horas de 12 de diciembre del 2013,

contra la cual se interpuso un recurso de casación que se encuentra

pendiente de resolver por parte de la Sala Primera de la Corte Suprema de

Justicia. Alega que la empresa representada realizó tardíamente un arreglo

de pago para el impuesto general sobre las ventas de los meses de enero y

marzo del 2008. Sostiene que la Sala Primera de la Corte Suprema de

Justicia, en reiteradas resoluciones, entre ellas, la número 1255-F-S1-2011

de las 14:35 horas del 26 de septiembre del 2011, señaló que sólo las dos

primeras causales del artículo 86 del Código Tributario permiten una

valoración facultativa por parte de la Administración Tributaria, mientras

que el lenguaje del párrafo tercero es de “índole imperativo y obligatorio,

por lo que cometida la infracción, deberá aplicarse la sanción de cierre

sin más análisis y sin utilizar criterios de ponderación y circunstancias

atenuantes”. Este criterio de la Sala Primera de la Corte Suprema de

Justicia ha sido reiterado en las sentencias número 452-F-S1-2012 de las

09:10 horas del 12 de abril del 2012 y número 430-F-S1-2013 de las 15:35

horas del 9 de abril del 2013, entre otras. Considera que el criterio

jurisprudencial impugnado lesiona los principios de proporcionalidad y

razonabilidad de las sanciones. En las decisiones de la Sala Constitucional

sobre este tema, plasmado en los Votos números 1995-3929 y 2000-8191,

no aparece, la pretendida distinción entre las causales facultativas y

obligatorias, por el contrario, esa distinción es incompatible con el

razonamiento, espíritu y la letra de esos fallos. Siguiendo el razonamiento

de la Sala, más bien todos los supuestos pueden ser ponderados por la

Administración Tributaria dentro de los límites de la discrecionalidad

reglada que le atribuye el artículo 86 del Código de Normas y

Procedimiento Tributarios. Sostiene que es erróneo el criterio de la Sala

Primera según el cual la causal de cierre de negocios establecida por el

párrafo tercero del artículo 86 del Código de Normas y Procedimientos

Tributarios no admite, por decisión deliberada del legislador, “margen

para una conducta discrecional aquí por parte de la Administración,

pues cumplidos los supuestos establecidos en la norma como el

requerimiento y la desatención del mismo, omitiendo por lo tanto la

conducta debida (presentación de la declaración y/o pago de las sumas

cobradas, percibidas o retenidas), la Administración debe aplicar la

sanción, sin que pueda elegir entre su aplicación o no, de forma que

cumplidos los supuestos allí enunciados, solamente hay una única

solución correcta, cual es decretar la sanción”. En su criterio, el legislador

no puede saltarse los cánones de razonabilidad y proporcionalidad, y

establecer sanciones automáticas, pues el operador jurídico debe ponderar

si hubo lesión o no al bien jurídico tutelado, así como la gravedad de la

lesión, para determinar si procede la sanción. También estima

inconstitucional el párrafo 3º del artículo 86 del Código de Normas y

Procedimientos Tributarios, teniendo en cuenta lo expuesto en la decisión

número 2000-8191, ya que el párrafo tercero no admite una aplicación

discrecional y con ponderación de los valores constitucionales por parte

del administrador tributario. Afirma que la doctrina de la Sala Primera

establece dos grupos de causales, las discrecionales y las de índole

imperativo del párrafo tercero impugnado. Por ello si la interpretación de la

Sala Primera es correcta, el párrafo tercero del artículo 86 es

inconstitucional, porque no permite evitar la afectación de derechos

constitucionales de terceros involucrados, vulnerándose el principio

constitucional de la personalidad de la sanción. Tampoco permite la

valoración de circunstancias eximentes de responsabilidad o la vulneración

suficientemente grave o no del bien jurídico tutelado. Alega que la norma

impugnada tutela distintos bienes jurídicos y que en la sentencia número

3929-1995 del 18 de julio de 1995 la Sala Constitucional definió hace ya

casi 20 años que en las infracciones administrativas deben respetarse los

principios aplicables a la materia penal, con ciertos matices. De esta forma,

debe existir una correlación entre la sanción y la protección del bien

jurídico tutelado. En este marco, se debe ponderar, en el caso que el bien

jurídico tutelado sea la hacienda pública, la relación intrínseca entre la

cuantía del daño producido a ese patrimonio, así como si el pago se hizo

tardíamente y si el atraso fue significativo o no. Afirma que lo anterior es

soslayado por la Jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de

Justicia, sin motivo alguno. Alega que la postura de la Sala Primera

desconoce los lineamientos establecidos por la Sala Constitucional en las

sentencias número 1995-3929 y número 2000-8191. Considera vulnerados

los derechos protegidos en los artículos 11, 18 y 28 de la Constitución

Política. Solicita que se declare con lugar la acción y la inconstitucionalidad

de las normas impugnadas.

A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover

esta acción de inconstitucionalidad, el actor cita el recurso de casación que

se conoce ante la Sala Primera en expediente número 13-000111-1027-CA.

El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la

Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso

desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento

que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que

existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la

simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar

rechazada.

Redacta el Magistrado Armijo Sancho; y,

SOBRE LOS PRESUPUESTOS FORMALES DE

ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. La acción de inconstitucionalidad

es un proceso con determinadas formalidades, que deben ser satisfechas a

efecto de que la Sala pueda válidamente conocer el fondo de la

impugnación. En ese sentido, el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción

Constitucional, establece los presupuestos de admisibilidad de la acción de

inconstitucionalidad. En primer término, se exige la existencia de un asunto

previo pendiente de resolver, sea en vía judicial, o bien, en el procedimiento

para agotar de la vía administrativa, en que se haya invocado la

inconstitucionalidad como medio razonable para amparar el derecho o

interés que se considera lesionado. En el párrafo segundo y tercero, la ley

establece de manera excepcional, presupuestos en los que no se exige el

asunto previo, cuando por la naturaleza del asunto, no exista una lesión

individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos o

colectivos, o bien cuando es formulada en forma directa por el Contralor

General de la República, el Procurador General de la República, el Fiscal

General de la República y el Defensor de los Habitantes. Asimismo, existen

otras formalidades que deben ser cumplidas, a saber, la determinación

explícita de la normativa impugnada, debidamente fundamentada, con cita

concreta de las normas y principios constitucionales que se consideren

infringidos, la autenticación por abogado del escrito en el que se plantea la

acción, la acreditación de las condiciones de legitimación (poderes y

certificaciones), así como la certificación literal del escrito en el que se

invocó la inconstitucionalidad de las normas en el asunto base. En el caso

particular, si bien la acción reúne todos los requisitos formales de

admisibilidad, la acción resulta inadmisible por los motivos que se

analizarán a continuación.

OBJETO DE LA IMPUGNACIÓN.

El accionante solicita que

se declare la inconstitucionalidad del párrafo tercero del artículo 86 del

Código de Normas y Procedimientos Tributarios y la Jurisprudencia de la

Sala Primera contenida en las resoluciones número 452-F-S1-2012,

430-F-S1-2013, 1535-F-S1-2014 y 22-F-S1-2015 en relación con el tema.

El artículo 86 párrafo tercero establece lo siguiente:

“Artículo 86.-Infracciones que dan lugar al cierre de

negocios. La Administración Tributaria queda facultada para

ordenar el cierre, por un plazo de cinco días naturales, del

establecimiento de comercio, industria, oficina o sitio donde se

ejerzan la actividad o el oficio, en el cual se cometió la

infracción, para los sujetos pasivos o declarantes que reincidan

en no emitir facturas ni comprobantes debidamente autorizados

por la Administración Tributaria o en no entregárselos al

cliente en el acto de compra, venta o prestación del servicio.

Se considerará que se configura la reincidencia

cuando se incurra, por segunda vez, en una de las causales

indicadas en el párrafo anterior, dentro del plazo de

prescripción. Podrá aplicarse la sanción de cierre una vez que

exista resolución firme de la Administración Tributaria o

resolución del Tribunal Fiscal Administrativo que impone la

sanción prevista en el artículo 85 de este Código a la primera

infracción y, una vez que tal resolución firme exista respecto de

la segunda infracción, pero sí podrán iniciarse los

procedimientos por la segunda infracción, aun cuando no haya

concluido el de la primera. Aplicado el cierre por reincidencia,

el hecho anterior no será idóneo para configurar un nuevo

supuesto de reincidencia.

También se aplicará la sanción de cierre por cinco

días naturales de todos los establecimientos de comercio,

industria, oficina o sitio donde se ejerza la actividad o el oficio,

de los sujetos pasivos que, previamente requeridos por la

Administración Tributaria para que presenten las

declaraciones que hayan omitido, o ingresen las sumas que

hayan retenido, percibido o cobrado; en este último caso,

cuando se trate de los contribuyentes del impuesto general

sobre las ventas y del impuesto selectivo de consumo, que no lo

hagan dentro del plazo concedido al efecto.

[…]” (El resaltado no es original)

A juicio del accionante, tanto la norma como la jurisprudencia

impugnada son contrarias a los principios de razonabilidad y

proporcionalidad de las sanciones y del bien jurídico tutelado, pues la

sanción es fija, automática y no admite la posibilidad de que el operador

tributario aplique la sanción de forma discrecional con ponderación de los

valores constitucionales lesionados. Asimismo, la norma no permite evitar

la afectación de derechos constitucionales de terceros, violando el

principio de personalidad de la sanción, además tampoco permite la

valoración de circunstancias eximentes de responsabilidad o la valoración

de la gravedad o no de la lesión al bien jurídico tutelado.

En cuanto a la jurisprudencia de la Sala Primera cuestiona el siguiente

contenido:

“Es claro que el lenguaje utilizado en la norma en los dos

primeros apartados es de carácter facultativo y en el tercero, de

índole imperativo u obligatorio. De tal manera, para el

segundo supuesto (cuando no se presentan declaraciones, pese

al requerimiento de la Administración Tributaria), la norma no

deja abierta la posibilidad de que la Administración

Tributaria, utilice la potestad discrecional que sí otorga para la

primera hipótesis prevista en el citado numeral, de aplicar o no

el cierre de negocios, cuando lo considere necesario. En

palabras simples, la norma que crea la infracción y da la

sanción correspondiente, no permite que la Administración

Tributaria, pueda escoger si aplica o no la sanción, como

alega el casacionista, al menos en el supuesto en cuestión.

Cometida la infracción, deberá aplicarse la sanción de cierre

sin más análisis y sin utilizar criterios de ponderación y

circunstancias atenuantes.”

Afirma que esa Sala interpreta que la causal de cierre de negocios

establecida en el artículo 86 es una causal que por decisión del legislador

no admite margen para una conducta discrecional por parte de la

Administración, pues cumplidos los supuestos establecidos en la norma, la

Administración debe aplicar la sanción, lo que lesiona el principio de

proporcionalidad.

SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PÁRRAFO

TERCERO DEL ARTÍCULO 86 DEL CÓDIGO DE NORMAS Y

PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. En anteriores oportunidades,

esta Sala se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del párrafo tercero

del artículo 86 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios;

específicamente, en la sentencia número 8191-2000 -reiterada en las

sentencias número 2526-2002 y 10701-2003- consideró que:

“[…]

Proporcionalidad y razonabilidad. Se reclama en la

acción que el cierre de negocios derogado carece de los

parámetros de razonabilidad y proporcionalidad que debe

tener toda norma, especialmente entratándose de derecho

sancionador. Concretamente indican que en algunos casos, las

sanciones previstas para las infracciones -que se suponen

menos graves- resultaban mayores que las de las

contravenciones e ilícitos tributarios -las que se suponen más

graves-, así como que la legislación derogada en su artículo 81

del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, permitía a

los infractores de ilícitos penales, subsanar el incumplimiento

antes de sufrir la pena, posibilidad, que no se permitía en el

caso de la sanción administrativa de cierre de negocios,

generando, a su juicio, un problema de igualdad. Con la

reforma introducida en la Ley 7900 citada, se readecúa el

sistema de ilícitos tributarios en general y se deroga el artículo

81 citado, de tal forma que desaparece el motivo de la

impugnación. Por otro lado, parte importante de los

argumentos de proporcionalidad alegados para la legislación

derogada, se centraban en el hecho de que la sanción de

quince días no tenía criterios de graduación, es decir era fija e

igual para todos, lo que no permitía tomar en cuenta

circunstancias como el grado de dolo o culpa, la reincidencia,

el cumplimiento voluntario y la capacidad económica del

sujeto. No cabe duda que un sistema de graduación, que

permita tomar en cuenta estas y otras circunstancias, es mucho

más conveniente, pero el punto está en sí un sistema de sanción

fija, es por ese sólo hecho, contrario a la Constitución. Se cita

como argumento para sustentar la inconstitucionalidad de la

sanción fija, la sentencia 05944-98 en la que se anuló el

artículo 79 inciso b) del Código de Normas y Procedimientos

Tributarios, que establecía una sanción fija de 6 salarios base.

Sobre este punto, es importante aclarar que la sanción se anuló

principalmente por estimarse confiscatoria, pero no por el

hecho de ser fija como se interpreta, sino en la medida que

resultaba excesiva en su cuantía, causando efectos

confiscatorios para algunos de los contribuyentes. Si la sanción

fuera fija, pero de cien colones, muy probablemente no

resultaría confiscatoria ni desproporcionada, ejemplo que sirve

para ilustrar que el problema no está en su rigidez, sino en una

combinación de ésta con el monto o duración y su relación con

la importancia del bien jurídico tutelado. Estos factores, no

pueden analizarse en forma fragmentada sino conjunta, para

determinar la proporcionalidad de una determinada sanción

frente a un ilícito concreto. Así por ejemplo, la misma sanción

fija de quince días de cierre para un delito penal, no sería vista

como excesivamente rigurosa, sino por el contrario,

excesivamente leve. De ahí que la jurisprudencia ha estimado

como constitucional otras sanciones fijas, como por ejemplo el

salario base de oficinista 1, para otras materias,

independientemente de si es o no la mejor técnica legislativa

para un sistema sancionatorio, ya que esta Sala, como tribunal

de derecho, no tiene competencia para pronunciarse sobre la

conveniencia u oportunidad de las medidas, sino sólo sobre su

conformidad o no con el ordenamiento constitucional. La

reforma legal introducida mediante la Ley 7900 supra citada,

modifica las causales del cierre de negocios, su pena y

procedimiento, reduciendo la sanción a cinco días hábiles,

para el caso de la reincidencia en la no emisión de

comprobantes debidamente autorizados por la Administración

Tributaria o la no entrega al cliente en el acto de la compra,

venta o prestación de servicio, así como para aquellos casos de

persistencia en la no presentación de declaraciones omitidas o

de no ingresar las sumas retenidas, percibidas o cobradas, en

éste último caso, tratándose de los contribuyentes del impuesto

general sobre las ventas y del selectivo de consumo. Nótese que

el legislador se reserva esta sanción, para los reincidentes y

aquellos que, previamente requeridos, por la administración

tributaria, persistan en el incumplimiento en los supuestos

señalados. Con estas modificaciones se resuelve el tema de la

falta de proporcionalidad y razonabilidad alegadas, no sólo al

reducirse la pena de quince a cinco días, sino porque se dan al

obligado otras alternativas, antes de su aplicación,

reservándose sólo para aquellos casos en que existe una

conducta reiterada o persistencia de incumplimiento.

[…]

Confiscatoriedad. Se reitera lo señalado supra, en

el sentido de que la reforma introducida mediante Ley 7900,

reduce la duración de la sanción a 5 días e introduce otras

atenuantes ya expuestas que, a juicio de esta Sala hacen la

legislación constitucionalmente conforme. Más bien la reforma

actual, entratándose de la persistencia de los sujetos pasivos de

ingresar, dentro del plazo concedido al efecto, las sumas que

hubieren retenido, percibido o cobrado por concepto del

Impuesto General sobre las Ventas o Selectivo de Consumo, es

bastante flexible porque ese dinero, pagado por otros, y que no

requiere desembolso alguno, simplemente debió haber sido

remitido en su oportunidad al Fisco, de tal forma permite a

quien ilegítimamente lo retiene o se apropia de él, subsanar el

defecto y evitar la sanción, con el sólo hecho de hacerlo en el

plazo de ley, o una vez requerido al efecto.

[…]

IX.-. Ejercicio del comercio y derecho al trabajo. El

derecho al trabajo, consagrado en el artículo 56 de la

Constitución Política consiste en la libertad del individuo de

elegir la ocupación lícita que más convenga a sus intereses. Sin

embargo, ese derecho no es ilimitado, y está sujeto al

cumplimiento de requisitos de orden público, como por ejemplo

el de licencias especiales, títulos profesionales, edad mínima, en

fin, de acuerdo a la actividad existen regulaciones necesarias

de interés público. En el caso del ejercicio de una actividad

comercial, es lógico que el Estado busque la tutela de los bienes

jurídicos de fiscalización y verificación para proteger los

recursos que legalmente deben ingresar a las arcas del Estado,

de allí que si una persona física desea poner un establecimiento

comercial, para ejercer a través de él el libre comercio y

elección de la actividad lícita de su preferencia, lógicamente

debe cumplir con las regulaciones y cargas que por razones de

interés público se establecen. Por otra parte, el reclamo del

derecho al trabajo a favor de los terceros afectados con una

medida de cierre no es válida, pues el trabajador sigue

conservando sus derechos laborales frente a una medida de

cierre. Pretender que no existan regulaciones, en aras de

salvaguardar la estabilidad y sustento de los trabajadores,

serviría como justificación para eliminar todo impuesto y

limitación que exista por razones de interés público, por el sólo

hecho de que eventualmente pueda significar la quiebra o

cierre del establecimiento.”

En síntesis, esta Sala consideró, en primer término, que el solo hecho

de que la sanción sea fija para todos, no es por sí misma inconstitucional.

En segundo lugar, la sanción de cierre de negocio por el plazo de cinco

días, tampoco resulta contraria al principio de razonabilidad y

proporcionalidad, pues el bien jurídico que pretende proteger es el de

fiscalización y recaudación de los tributos como potestad del Estado y

deber constitucional de todos los contribuyentes. Aunado a lo anterior, la

sanción se aplica a casos de reincidencia o persistencia en el

incumplimiento de sus obligaciones, y no a primeros infractores pues,

específicamente, el párrafo tercero cuestionado, establece la sanción de

cierre para los establecimientos que persisten en el incumplimiento, pese

haber sido apercibidos y emplazados por la Administración, y que no

cumplen su obligación dentro del plazo otorgado. Es decir, el administrado

que no cumple con trasladar el dinero recaudado o no presenta declaración,

pese a su estado de incumplimiento, la Administración le apercibe su

incumplimiento y le otorga un plazo para cumplir sus obligaciones y de esta

forma evitar la sanción. En ese sentido, la sanción resulta acorde con los

principios de proporcionalidad y razonabilidad, no solo porque el plazo de

cinco días no resulta excesivo tomando en cuenta, que se trata de faltas o

incumplimiento cometidos en forma reiterada o persistente, sino porque

además, en relación con el bien jurídico a tutelar, que es la fiscalización,

verificación y recaudación en materia tributaria. Por otra parte, el

precedente especificó que la sanción no es automática, pues para ello se

inicia un procedimiento administrativo en el que se le otorga debido

proceso al administrado para ejercer su defensa, el cual además, puede ser

posteriormente conocido en vía judicial, por lo que será en cada caso

concreto, en donde se valoren las causas de justificación que alegue el

administrado. Finalmente, en dicha sentencia esta Sala expresó que en

cuanto a la afectación de derechos de terceros, es un tema que debe

discutirse en el caso concreto, pero en todo caso, la norma establece que

en el caso de los trabajadores, el patrono debe asumir las obligaciones

laborales y el pago de salario para proteger al trabajador, por lo que en ese

aspecto, se protegen los derechos de los terceros trabajadores. En virtud

de lo anteriormente expuesto y dado que no existe motivo para variar el

criterio vertido en la sentencia citada y reiterado posteriormente, en las

sentencias números 2526-2002 y 10701-2003, procede el rechazo por el

fondo de esta acción en cuanto a este extremo.

SOBRE LA IMPUGNACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

DE SALA PRIMERA. Siendo que este Tribunal ya se ha pronunciado

reiteradamente, sobre la constitucionalidad del artículo 86 del Código de

Normas y Procedimientos Tributarios, lo que procede es analizar la

jurisprudencia de Sala Primera impugnada por el actor en relación con

dicha norma. Ahora bien, en cuanto a ese tema, el reclamo del accionante

consiste en que la Sala Primera a través de la jurisprudencia plasmada en las

resoluciones número 1255-F-S1-2011, 452-F-S1-2012, 430-F-S1-2013,

1535-FS1-2014 y 22-F-S1-2015, interpreta que la causal de cierre de

negocios establecida en el artículo 86 es una causal que por decisión del

legislador no admite margen para una conducta discrecional por parte de la

Administración, pues cumplidos los supuestos establecidos en la norma, la

Administración debe aplicar la sanción, lo que a juicio del actor violenta el

principio de razonabilidad y proporcionalidad, porque no permite ponderar

las circunstancias o el grado de lesión al bien jurídico tutelado. No

obstante, del análisis de la jurisprudencia citada se desprende, que la Sala

Primera no hace más que aplicar la sanción que establece la norma para ese

tipo de faltas, la cual según lo analizado en el considerando anterior, resulta

acorde con los principios de razonabilidad, proporcionalidad y no

confiscatoriedad, en relación con el bien jurídico tutelado. En otras

palabras, se observa que la jurisprudencia impugnada no va más allá de lo

que establece la norma, toda vez, que el artículo 86 establece, claramente,

cual es la conducta reprochable (sujetos pasivos que, previamente

requeridos por la Administración Tributaria para que presenten las

declaraciones que hayan omitido, o ingresen las sumas que hayan retenido,

percibido o cobrado; que no lo hagan dentro del plazo concedido al

efecto) y su consecuencia (sanción de cierre del negocio por cinco días);

por lo que de constatarse la comisión de la falta o conducta reprochable la

consecuencia es el cierre del negocio. En ese sentido, la Jurisprudencia de

la Sala Primera no va más allá de lo que dice la norma, pues no aumenta el

plazo de cierre ni interpreta otra conducta diferente a la que describe el

artículo 86, solo procede a su aplicación tal cual se establece. Ahora bien,

está claro que la sanción no opera en forma automática, pues precisamente

para ello se sigue un procedimiento en el que el administrado goza de

todas las garantías del debido proceso y ejerce su defensa, y es en ese

procedimiento o bien en el proceso judicial correspondiente, donde el

administrado tiene la posibilidad de evitar la sanción, si logra demostrar

que no incurrió en la falta tipificada en la norma o que mediaron causas que

lo eximen de responsabilidad; todo lo cual corresponde ser analizado y

resuelto por el juez en cada caso concreto. Por lo anterior y siendo que la

sanción que establece el citado artículo 86, no lesiona ningún derecho

fundamental, se observa que en realidad al impugnar la jurisprudencia, el

actor lo que pretende, es que este Tribunal analice la literalidad de la norma

y defina cuál es la correcta interpretación de la norma a fin de determinar si

el cierre del negocio es facultativo o imperativo; sin embargo, esa

pretensión resulta improcedente por cuanto no le corresponde a este

Tribunal especializado controlar la correcta aplicación del Derecho, pues el

proceso de acción está destinado para ejercer un control de

constitucionalidad de las normas y no para definir la interpretación legal de

las mismas. Así las cosas, determinar si en cada caso concreto, debe o no

aplicarse la sanción o si deben valorarse otras circunstancias no descritas

en la norma, eso es un tema propio del ejercicio de hermenéutica que

efectúe la jurisdicción ordinaria. Con fundamento en lo anterior y dado que

ya este Tribunal consideró que la sanción dispuesta en el citado artículo 86

es acorde con el Derecho de la Constitución, su aplicación por parte de la

Sala Primera no lesiona ningún derecho fundamental. Bajo tales

circunstancias, la acción es inamisible también en cuanto a este extremo.

CONCLUSIÓN. En virtud de lo expuesto, la acción es

inadmisible por el fondo, con base en los precedentes emitidos por esta

Sala en relación con la sanción de cierre de negocio que establece el

artículo 86 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO JINESTA. El

Magistrado Jinesta Lobo salva el voto y ordena dar curso a la acción de

inconstitucionalidad por las razones siguientes: Se aduce que el párrafo 3°

del ordinal 86 del Código Tributario y una línea jurisprudencial de la Sala

Primera de la Corte Suprema de Justicia, impiden ponderar casuísticamente

y según ciertos principios y reglas constitucionales la imposición de una

sanción como lo es el cierre de un negocio por 5 días naturales. Estimo que

para resolver lo aducido es menester dar curso a la acción para contar con

mayores elementos de juicio para resolver el mérito del asunto.