Resolución 00683-2014

Con base

en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, el actor estableció

proceso de conocimiento, cuya pretensión se aclaro en audiencia preliminar,

para que en sentencia, se declare: (f299)“1. …Que se deje sin efecto

la escritura pública número 33, tomo 53, notario Erick Guier Alfaro, presentada

al tomo 2009, asiento 58915.

Que se tenga por extinguida la obligación de

crédito hipotecario que se encuentra en la base de datos del BCAC y que se

refiere a la finca del Partido de Cartago 3-182554-000.

Que se condene y

ordene solidariamente al señor Carlos Haug Umaña y al BCAC a restituir la

totalidad del dinero pagado por concepto de cuotas de pago de hipoteca desde su

inicio y hasta la última cuota de pago más sus respectivos intereses.

Que se

condene y ordene solidariamente a los accionados al pago de daños y perjuicios

ocasionados, los que se liquidan en la suma de ochenta millones de colones,

dada la imposibilidad material de usar el inmueble y que en sustitución por

compra de otro inmueble de similar área, seria éste el nuevo costo económico. Respecto

de los daños y perjuicios solicitados: “-Pago impuesto ₵4.690.000,00.

(cuatro millones seiscientos noventa mil colones) -Pago bienes inmuebles ₵59.316

(sic) (cincuenta y nueve mil trescientos dieciséis colones) -Recibos de

pago ₵2.036.000. -Pago de cuotas ₵5.149.458 (cinco millones ciento

cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y ocho colones), la cual

corresponde a la pretensión 1. de la condenado en manera líquida.

Se condene

a los demandados al pago de daño moral por la suma de veinte millones de

colones, provocados por la desesperación, angustia y sufrimiento.

Se condene

a (sic) solidariamente a los demandados al pago de ambas costas."

Los

demandados contestaron negativamente y opusioeron las excepciones de falta de:

derecho y de legitimación en su doble modalidad. De forma interlocutoria se

conoció la defensa de litis consorcio pasivo necesario interpuesta por el señor

Rivera Rojas, así como la excepción de incompetencia promovida por el

codemandado Haug Umaña.

Al ser

las 9 horas 10 minutos del 1 de julio de 2011, se efectuó la audiencia

preliminar, oportunidad en que hicieron uso de la palabra los representantes de

las partes.

El

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Quinta,

integrada por el Juez Sergio Mena García y las juezas Ileana Sánchez Navarro y

Gricelda Trejos Vega, con redacción de esta última, en sentencia no. 11-2012 de

las 14 horas del 15 de febrero de 2012, resolvió: "Se rechazan las

excepciones de falta de legitimación pasiva y activa formuladas por los

demandados Jerry Rivera Rojas y Carlos Haug Umaña. Se acoge defensa de

falta de derecho formulada por Carlos Haug Umaña, se declara la falta de

derecho respecto del Banco Crédito Agrícola de Cartago. Se rechaza la defensa

de falta de derecho formulada por el demandado Jerry Rivera Rojas respecto del

actor. Se declara parcialmente con lugar la demanda, únicamente en lo que

se dirá, debiendo entenderse denegada en lo no expresamente concedido: Se

declara la nulidad absoluta del contrato de compra-venta del inmueble numero de

folio real 182554-000 del partido de Cartago, suscrita en los señores Christian

Brenes Brenes y Jerry Andre Rivera Rojas, se anula la escritura pública número

33 del tomo 53 del notario Eric Guier Alfaro, presentada al Registro Publico de

la propiedad inmueble al tomo 2009, Asiento 58915. En consecuencia debe tenerse

como nulo el contrato de préstamo mercantil entre el Banco Crédito Agrícola de

Cartago y el señor Christian Brenes Brenes, así como la hipoteca constituida por

el actor en garantía sobre dicho préstamo mercantil inscrita bajo las citas

2009-00058915-01-0004-001. Se tiene por extinguida la obligación del crédito

hipotecario a favor del Banco Crédito Agrícola de Cartago con garantía

hipotecaria de primer grado sobre la finca número 182.554-000 del partido de

Cartago, en donde figura como deudor el señor Christian Alberto Brenes

Brenes. Se ordena al Registro Público de la Propiedad Inmueble dejar sin

efecto y cancelar la inscripción de la escritura publica número 33 del notario

Eric Guier Alfaro, bajo el tomo 2009, asiento 00058915, debiendo cancelarse la

inscripción de la propiedad bajo el número de folio real matricula 00182554-000

del partido de Cartago a nombre del señor Christian Alberto Brenes Brenes cédula

número uno-ochocientos cuarenta y cinco-doscientos sesenta y seis inscrita bajo

las citas 2009-00058915-01, y se inscriba el inmueble a nombre del dueño

anterior conforme a lo que indique el Registro. Se ordena cancelar la

inscripción de la hipoteca sobre dicho inmueble bajo las citas

2009-00058915-01-0004-001, inscribiéndose la propiedad a nombre de su antiguo

propietario libre de anotaciones y gravámenes. Se declara la responsabilidad

del señor Jerry Rivera Rojas, se le condena al pago de los daños y perjuicios ocasionados al actor

Christian Brenes Brenes los cuales deberán ser liquidados y demostrados en

ejecución de Sentencia, constituidos por los montos que el actor hubiere

efectivamente pagado al Banco accionado con ocasión de la obligación financiera

contraída para adquirir el referido inmueble, el pago de impuestos municipales por el bien inmueble numero 182254-000 del

partido de Cartago y las sumas canceladas por el actor Christian Brenes al

demandado Jerry Rivera por concepto de compra de dicho inmueble, y los

intereses sobre las sumas que resulten, los réditos deberán contarse a partir

de la fecha en que cada pago fue realizado y hasta su efectiva cancelación. Se

condena a Jerry Rivera Rojas a cancelar la suma de capital que se adeude al

Banco Crédito Agrícola de Cartago por la operación crediticia para la compra

del inmueble número matrícula de folio real número 182.554-000 de la provincia

de Cartago, a partir de la firmeza del fallo, monto que se determinará en

ejecución de Sentencia. Se condena al demandado Jerry Rivera Rojas al pago de DOS

MILLONES DE COLONES al actor Christian Brenes Brenes por concepto de daño

moral, y al pago de intereses legales sobre dicha suma desde la firmeza del

presente fallo y hasta el efectivo pago, así como al pago de ambas costas de

esta acción en favor del actor Christian Brenes Brenes, así como de los

codemandados Banco Crédito Agrícola de Cartago y Carlos Haug Umaña.”

5.-

El apoderado bancario formula recurso de casación indicando las razones en que

se apoya para refutar la tesis del Tribunal.

6.-

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de

ley.

Redacta la magistrada Rojas Morales

Según se obtiene del

escrito inicial presentado a estados el 8 de marzo de 2010, los demandados

Christian Brenes Brenes y Jerry André Rivera Rojas, suscribieron el 9 de enero

de 2009 una opción de compra venta del inmueble no. 182554-000, inscrito

actualmente a nombre del primero, ubicado en Tejar del Guarco, Cartago, con una

medida de 1.326,56 metros cuadrados. El precio de la venta se fijó en

¢15.600.000,00, del cual se indicó en la opción que quedaba un saldo de

¢12.250.000,00. El plazo era de tres meses que vencían el 9 de abril del 2009.

Ante solicitud de crédito formulada, el Banco Crédito Agrícola de Cartago (en

adelante el Banco o BCAC) solicitó a la empresa Avalúos Haug y Vicente S. A.,

que realizara la valoración correspondiente, la cual se practicó el 20 de enero

de 2009. El valor establecido fue de ¢17.187.033,60, recomendando el ingeniero

Carlos Haug Umaña, aceptar el inmueble en garantía. Mediante escritura no. 33

del notario Eric Guier Alfaro, don Jerry André vendió a don Christian la finca

y en ese mismo acto, el señor Brenes Brenes se constituyó en deudor del Banco

para la compra del lote por la suma de ¢12.300.000,00. Desde el 9 de marzo de

2009, el inmueble se encuentra inscrito a nombre de don Christian en el

Registro Público de la Propiedad, con una medida de 1.326,56 metros cuadrados.

El 1° de junio de 2009, el Director de Urbanismo Municipal de la Municipalidad

de Cartago, mediante oficio no. DU-652-2009 le indicó al nuevo propietario que

previo a continuar con el estudio de visado de segregación del terreno con

plano catastrado no. C-1279185-2008, debía presentar el plano de la finca

madre. El topógrafo Marvin Guzmán Acuña, quien confeccionó el plano catastrado

a pedido de don Jerry Andre hizo un levantamiento topográfico, informándole que

el colindante sur había tomado de forma equivocada casi 700 metros cuadrados

del inmueble de su representado, lo que se puso en conocimiento del Banco el 16

de setiembre de 2009. Con apoyo en estos hechos, el señor Brenes Brenes demandó

al Banco y a los señores Carlos Haug Umaña y Jerry André Rivera Rojas. En

concreto peticiona: A) Dejar sin efecto la escritura pública no. 33, tomo 53

del notario Eric Guier Alfaro. B) Tener por extinguida la obligación de crédito

hipotecario que se encuentra en la base de datos del Banco, referida a la finca

del partido de Cartago no. 3-182554-000. C) Condenar solidariamente a Carlos

Haug Umaña y al Banco a restituir la totalidad del dinero cancelado por

concepto de cuotas de pago de hipoteca desde su inicio y hasta la última, más

sus respectivos intereses. D) El reconocimiento de los daños y perjuicios

por la suma de ¢80.000.000,00, por la imposibilidad material de usar el

inmueble. E) ¢20.000.000,00 de daño moral. F) La condena en ambas costas del

proceso, así como la indexación de todos los extremos peticionados. Los

demandados contestaron en forma negativa y opusieron las excepciones de: falta

de derecho y de legitimación activa y pasiva. De forma interlocutoria se

conoció la defensa de litis consorcio pasivo necesario interpuesta por el señor

Rivera Rojas, así como la excepción de incompetencia promovida por el

codemandado Haug Umaña. El Tribunal rechazó la defensa de falta de legitimación

en sus dos modalidades y acogió la de falta de derecho formulada por Carlos

Haug Umaña y la denegó respecto del Banco. Denegó esa defensa opuesta por Jerry

André en cuanto al actor. Declaró parcialmente con lugar la demanda. Dispuso la

nulidad del contrato de compra venta del inmueble no. 182554-000 del partido de

Cartago, suscrito entre el actor y Jerry André Rivera Rojas, de la citada

escritura no. 33 del tomo 53 del notario Eric Guier Alfaro, presentada al

Registro Público de la Propiedad Inmueble y del contrato de préstamo mercantil

entre el Banco y Christian Brenes Brenes, así como la hipoteca constituida en

garantía sobre el préstamo mercantil inscrito bajo las citas no.

2009-00058915-01-0004-001. Tuvo por extinguida la obligación del crédito a

favor del Banco con garantía hipotecaria de primer grado sobre la finca no.

182554-000. Ordenó al Registro Público de la Propiedad dejar sin efecto y

cancelar la inscripción del instrumento no. 33, así como la cancelación de la

inscripción de la hipoteca sobre dicho terreno bajo las citas

2009-00058915-01-0004-001, inscribiéndose la heredad a nombre de su antiguo

propietario libre de anotaciones y gravámenes. Declaró la responsabilidad de

Jerry André, condenándolo al pago de los daños y perjuicios ocasionados al

actor, los cuales se liquidarían en etapa de ejecución de sentencia,

correspondientes a los montos que don Christian hubiere pagado al Banco,

además, del desembolso por impuestos municipales y las sumas canceladas al

señor Rivera Rojas por la compra de dicho terreno, así como sus intereses, los

cuales deberán cancelarse a partir de la fecha en que cada pago fue realizado.

Condenó a don Jerry André a cancelarle al Banco la suma del capital que se

adeude por la operación crediticia para la compra del terreno no. 182554-000,

el cual se determinará en ejecución de sentencia. Asimismo, le impuso el pago

de ¢2.000.000,00, por concepto de daño moral, sus respectivos intereses y ambas

costas del proceso.

Acude ante esta Sala

la apoderada especial judicial del Banco codemandado. Alega tres agravios por

el fondo. Sin embargo, en resolución interlocutoria se rechazaron de plano el

segundo y el tercero, de manera que se admitió un único cargo donde hace

hincapié en el considerando V de la sentencia recurrida para señalar que, si

bien el precepto 1049 del Código Civil, alude a la perfección de la venta entre

las partes desde que convienen en cosa y precio, se evidenció mediante la

declaración de los peritos que había una invasión de la colindancia sur sobre

el terreno del señor Brenes Brenes. Agrega, la escritura de constitución de la

hipoteca se hizo basada en el informe que brindó el experto externo del Banco.

De seguido, reproduce doctrina nacional e internacional en punto a lo que se ha

definido por contrato y, argumenta, “Al expresar el comprador señor don

Christian Brenes que se declare la nulidad absoluta del contrato de

compra-venta del inmueble en marras, por consiguiente, el Tribunal indica que

se deberá anular la escritura pública número 33 del tomo 53 del notario Eric

Guier Alfaro, por existir un vicio de consentimiento en el contrato de compra-venta

(medida del bien inmueble dado en garantía al BCAC).” En razón de

ello, expresa, “Se violenta entonces el primer acto de la escritura pública”

–compra venta del terreno-, al haber un vicio en el consentimiento, lo cual,

dice, no ocurrió así en el segundo, pues, para la constitución de la hipoteca

no existió ningún error en el consentimiento. A su parecer, al Tribunal le

correspondía aplicar los artículos 1008 y 1025 del Código Civil. El primero, al

establecer que el consentimiento de las partes debe ser libre y manifiesto. No

como se indicó en la sentencia refutada como argumento para anular la escritura

de la hipoteca en primer grado a favor del Banco; el segundo, al revelar que

los convenios no producen efectos sino, entre las partes contratantes ni

perjudican a terceros. Añade, no se logró demostrar que existiera dolo para

provocar un error en la voluntad del señor Brenes Brenes. Prosigue, al firmar

el crédito del instrumento público, hubo voluntad. En apoyo a su planteamiento,

de nuevo alude a doctrina nacional. Reseña, los bancos administran fondos

públicos, por lo que no pueden disponer de ellos por decisión unilateral. A su

juicio, se está ante una sentencia contradictora, dado que, en la escritura no.

33 se le indicó al deudor de forma clara las condiciones y plazos en los que

debía cumplir con su obligación dineraria. Al margen de lo anterior, reproduce

en lo de su interés el canon 780 del Código Civil y refiere al conocimiento que

tenía el insolvente del monto a cancelar mensualmente.

El reparo atañe a una

falta de aplicación de los artículos 1008 y 1025 del Código Civil. Estos

numerales por su orden disponen: “El consentimiento de las partes debe ser

libre y claramente manifiesto. La manifestación puede ser hecha de palabra, por

escrito o por hechos de que necesariamente se deduzca.” Por su parte, el

1025 establece: “Los contratos no producen efectos sino entre las partes

contratantes, no perjudican a terceros, así como no les aprovechan, salvo lo

dispuesto en los artículos siguientes.” El Banco, por un lado reconoce que

hubo un vicio en el consentimiento en el contrato de compra venta en punto a la

medida del inmueble. En ese sentido, señaló: “ (…) Se violenta entonces el

primer acto de la escritura pública, (cual es la compra del inmueble) el

principio de libertad contractual, al haber un vicio en el consentimiento (…)”,

lo que permite asegurar que no está cuestionando la nulidad de la compra venta.

Por otro, y en eso centra su inconformidad, considera que no se debió anular la

escritura de constitución de la hipoteca, porque no solo se hizo basado en el

informe que brindó el perito nombrado por esa entidad bancaria, sino que,

además, porque no se dio un vicio en el consentimiento, pues, asegura, había

voluntad de parte del actor al firmar el documento que lo comprometía a cumplir

con la obligación crediticia. El Tribunal por su parte, tuvo por demostrado que

el crédito se pactó con el objeto de la compra venta de un inmueble con una

medida de 1.326.56 metros cuadrados, lo cual, constató con la escritura de

compra venta y préstamo con garantía hipotecaria, donde don Christian Alberto

se constituyó deudor del Banco, así como del plano catastrado según

documentos visibles a folios 34 a 41 y

El crédito y la hipoteca

tuvieron su origen, precisamente, en la compra de la heredad, pues, en la

escritura de constitución de la hipoteca se indicó: “(…) mide MIL

TRESCIENTOS VEINTISEIS METROS CON CINCUENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS, cuyo

plano catastrado es el número C-uno dos siete nueve uno ocho cinco-dos mil

ocho. Manifiesta ahora el señor CRISTIAN ALBERTO BRENES BRENES,

Que

habiendo recibido en calidad de préstamo mercantil, del BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA

DE CARTAGO, cédula de personería jurídica cuatro-cero cero cero-cero cero mil

ciento veintiocho, la suma de DOCE MILLONES TRESCIENTOS MIL COLONES, se

constituye en deudor de dicho Banco, hasta por la suma indicada.

Que

el préstamo será destinado para la compra de lote de terreno (…).” Con base

en ese hilo conductor, se debe partir de los siguientes aspectos. Es claro que

existió un contrato de compra venta que dio origen al préstamo con garantía

hipotecaria en las condiciones y plazos que fueron plasmados en la escritura

pública no. 33, del tomo 53 del notario Eric Guier Alfaro. La compra venta que

le dio origen al crédito e hipoteca fue anulada (pronunciamiento que el Banco

no objeta), al existir, precisamente, un error en la medida del terreno, hecho

que no percibió el experto nombrado por el Banco, quien recomendó aceptar el

inmueble en garantía e hizo que don Christian se constituyera en deudor de esa

entidad financiera. En ese sentido, debe determinarse si la garantía

hipotecaria sobre la finca no. 182.554-000 del partido de Cartago, otorgada a

favor del Banco, se extinguiría, al incidir aquella nulidad de forma directa en

el gravamen que sustenta la venta, o si por el contrario, debe mantenerse en

virtud de que no existe en su constitución un vicio en el consentimiento. Esta

Cámara en el fallo no. 40 de las 15 horas del 3 de junio de 1994, expresó:

“(…) En cuanto a las hipotecas comunes, la interpretación transcrita podría

conducir a criterios contradictorios. Debe repararse, al respecto, en la

naturaleza accesoria de ese derecho real de garantía. La hipoteca sirve para

asegurar el cobro de una obligación en caso de incumplimiento; ella confiere al

acreedor el derecho de sacar a remate la finca dada en garantía, siguiendo los

procedimientos legales respectivos, y así saldar la deuda con el dinero

obtenido en la almoneda pública. Pero si el derecho de crédito garantizado se

extingue, la hipoteca corre la misma suerte. Este principio lo recoge el

artículo 424 del Código Civil. Pero a la inversa no sucede igual. Si la

hipoteca se extingue por cualquier motivo, no necesariamente fenece el crédito

asegurado (…)”. En la especie, a partir de un contrato de compra venta se

impuso al inmueble un gravamen hipotecario. De allí que, por su naturaleza

accesoria, su existencia estaría ligada al crédito solicitado para la

enajenación. Dicho de otro modo, la constitución de la hipoteca está viciada

porque su origen o causa, a saber: compra de un inmueble mediante un crédito

bancario, se invalidó por un vicio en el consentimiento que se dio en virtud de

la diferencia de medida. Visto así, la nulidad de la compra venta,

desnaturaliza la hipoteca por su carácter accesorio. Por ello, bien hizo el

Tribunal al declararla también a su vez nula, pese a que no dio por

cancelada la deuda, que la mantuvo a cargo de Jerry Rivera Rojas a quien obligó

a cancelar la suma del capital que se le adeude al Banco por la operación

crediticia, como también a pagar los daños y perjuicios, daño moral y

ambas costas del proceso. Por las razones señaladas, no considera esta Sala que

en la resolución recurrida se haya dado una falta de aplicación de los

artículos 1008 y 1025 del Código Civil, como tampoco motivo alguno para casar

la sentencia. Al no incurrir el fallo en el yerro alegado, procede declarar sin

lugar el recurso con sus costas a cargo de quien lo interpuso (artículo 150

inciso 3) del CPCA).