Resolución 00173-2017

<!--

/* Style Definitions */

p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal

{mso-style-parent:"";

margin:0cm;

margin-bottom:.0001pt;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:12.0pt;

font-family:"Times New Roman";

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}

span.SpellE

{mso-style-name:"";

mso-spl-e:yes;}

span.GramE

{mso-style-name:"";

mso-gram-e:yes;}

@page Section1

{size:595.3pt 841.9pt;

margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm;

mso-header-margin:35.4pt;

mso-footer-margin:35.4pt;

mso-paper-source:0;}

div.Section1

{page:Section1;}

-->

“III. Se declara con lugar el motivo interpuesto. Como punto de partida en el presente análisis, tiene

por establecida esta

Sala de Casación Penal, que el Tribunal de Apelación de Sentencia

Penal Juvenil del II Circuito Judicial de San José,

declaró inadmisible el

recurso de apelación presentado por la representación

fiscal, por considerar que el mismo fue presentado de forma extemporánea. Para

fundamentar su resolución, el ad quem procede

a establecer que: “ B) resolución del caso concreto . La

Ley de Notificaciones Judiciales , aplicable también a la materia penal juvenil, por

disposición expresa de su numeral 1 , establece lo siguiente “Se

tendrá por notificada la parte o la tercera persona interesada que, sin haber

recibido notificación formal alguna, o recibida de manera irregular, se

apersone al proceso, independientemente de la naturaleza de su gestión. (...).

Si se pide la nulidad, la parte deberá realizar el acto procesal correspondiente

dentro del plazo legal, que se computará en la forma indicada. La eficacia de

este acto quedará sujeta al resultado de la nulidad. (...)“. A la luz de

la citada norma, la notificación de la sentencia de sobreseimiento que ahora se

recurre, debe tenerse por efectuada el día 29 de julio de 2016, día en que la

licenciada Melisa Quirós Rodríguez, en su condición de Fiscal, se apersonó al

proceso e interpuso incidencias de nulidad, tanto ante este Tribunal como

ante el Juzgado Penal Juvenil a quo, oportunidad en la que incluso se manifestó

plenamente conocedora del contenido de la resolución impugnada, tal y como se

indicó supra. En tal hipótesis, el plazo para

recurrir venció el 23 de agosto de 2016, porque su cómputo inició al día

siguiente hábil de que se tuvo por notificada la resolución recurrida, esto es,

a partir del primero de agosto de 2016. El recurso de apelación que se conoce,

fue presentado el 14 de septiembre de 2016 (acta de folio 442), cuando ya

sobradamente había transcurrido el plazo para hacerlo, por lo que la resolución

impugnada habla adquirido firmeza, al no haber sido oportunamente recurrida

(artículo 148 del Código Procesal Penal). Asilas cosas, se declara inadmisible,

por extemporáneo, el recurso de apelación.” (cfr. f. 447 vto., el resaltado y subrayado no

pertenece al original.) Por lo que en criterio del ad quem,

la normativa que resultaba viable para proceder a realizar el respectivo

cómputo del plazo recursivo, debía de ponderarse a tenor de lo preceptuado por la Ley de Notificaciones

Judiciales N0. 8687; en el sentido de que aún y cuando el Ministerio Público no

había sido notificado de la resolución que se pretendía apelar (res: 71-2016,

de las 14:10 horas, del 20 de abril de 2016, dictada por el Juzgado Penal

Juvenil de Liberia.) el hecho de que se presentara en despachos y que se

procediera a interponer una solicitud de actividad procesal defectuosa por esa

circunstancia, automáticamente la parte quedó debidamente notificada y el plazo

de notificación para recurrir ante el Tribunal de Apelación inició. Aún y

cuando, visualiza esta Sala, el mismo Juzgado Penal Juvenil del I Circuito

Judicial de Guanacaste, mediante resolución motivada procedió a declarar con

lugar su gestión y procedió a ordenar la notificación inmediata y que en un

plazo no mayor a las veinticuatro horas, a todas las partes intervinientes,

con la finalidad de subsanar el defecto apuntado por la representación fiscal

(en ese sentido ver resolución de las 08:00 horas del 6 de setiembre

de 2016, cfr. f. 431 a 433.) Ahora bien, en lo

que respecta a la normativa contradictoria traída a colación, tenemos que en lo

referente al debido cómputo del plazo recursivo, el Código Procesal Penal

indica en su artículo 167 lo siguiente: “ Regla

general: Los plazos individuales correrán desde que comienza el día

siguiente a aquel en que se efectuó la notificación al interesado; los

plazos comunes, desde el día siguiente a la última notificación que se

practique. […].” (el resaltado no pertenece al

original). Por consiguiente, se establece que el respectivo cómputo de un plazo

recursivo, da inicio una vez sean notificadas debidamente y de forma

individual, cada una de las partes intervinientes en

el proceso penal. Por su parte, el artículo 438 del Código Procesal Penal,

indica que: “Condiciones de interposición : los

recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinan

en este Código, con indicación específica de los puntos impugnados de la

resolución…”. De ahí, nace el respectivo reproche traído a colación por

parte de Ministerio Público ante esta Sala de Casación Penal. En el entendido,

de que el Tribunal de Apelación Penal Juvenil, procedió a aplicar la normativa

de carácter general, como lo es la

Ley de Notificaciones y Citaciones Judiciales, en detrimento

de la normativa especializada que rige la materia procesal penal, tanto en la

jurisdicción  penal juvenil como de adultos. Sobre los precedentes

contradictorios reseñados, tiene por establecida esta Cámara que en lo que

respecta a la legislación aplicable en materia de notificaciones, el tema ya

fue planteado y resuelto por la jurisprudencia de esta Sala, refiriéndose a la

entonces norma reglamentaria (que hoy tiene carácter de ley, como se verá

adelante, pero sin que ello afecte el resultado), en el voto 1019, de las 8:35

horas del 9 de septiembre del 2005, cuando señaló: “Ahora bien, en cuanto al

tema principal, cual es el del momento a partir del cual deben contarse los

tres días hábiles dentro de los cuales puede gestionarse alguna adición o aclaración

de un fallo, debe decirse que es cierto que el Reglamento para el uso de fax

como medio de notificación en los despachos judiciales, dispone en su artículo

3 que las resoluciones judiciales se tendrán por notificadas el día hábil

siguiente a aquel en que se hizo la transmisión. Pero resulta que ese

Reglamento es, en primer lugar, una disposición emitida por Corte Plena, por lo

que su rango normativo es inferior a la ley. Además, constituye una

implementación de la Ley Nº

7637, de notificaciones, citaciones y otras formas de comunicaciones

judiciales. Esta ley de 1996 está referida al entonces vigente Código de

Procedimientos Penales de 1973, que fue el reformado por la misma. El 1 de

enero de 1998 entró en vigencia el Código Procesal Penal hoy vigente, el cual

contiene una disposición expresa en materia de notificaciones por fax (artículo

160), la cual difiere de la incluida en el indicado Reglamento. El Código

Procesal Penal, texto bajo cuya égida se tramitó la causa que aquí interesa,

establece que los plazos corren a partir del envío de la comunicación. Por

tratarse de una ley (que es de rango superior al indicado texto normativo

emitido por Corte Plena) y por referirse de manera especial y expresa a las

notificaciones por fax en el proceso penal, lo que rige esta materia es el

artículo 160 del Código Procesal Penal y no el Reglamento para el uso de fax

como medio de notificación en los despachos judiciales”. (El resaltado

no pertenece al original). Reseña jurisprudencial, que no encuentra mayor

variación con la posterior emisión de la

Ley de Notificaciones Judiciales (n°

8687), del 4 de diciembre del 2008, esto por cuanto, a pesar de la novedad de

esa Ley respecto al Código Procesal Penal vigente, se aprecia nuevamente que la

misma tiene un origen y naturaleza de carácter general, que no aplica a las

materias regidas por normas específicas, como es el caso de la legislación

procesal penal, tanto para la materia de adultos como para la jurisdicción

penal juvenil. De manera que, continúa siendo un precepto general, que no

predomina sobre las reglas especiales del procedimiento penal. En este sentido,

es importante indicar que el tema en discusión, ya ha sido motivo de

conocimiento por parte de la

Corte Plena, donde se procedió a establecer que la Ley de Notificaciones y

Citaciones Judiciales N° 8687, es de carácter general

y por ende en los procedimientos seguidos en la jurisdicción penal, prevalecía

la normativa especial, entendiéndose esta por las regulaciones expresas sobre

la materia establecida en el propio Código Procesal Penal. Circunstancia que es

referenciada en la resolución de esta Sala  N°

2011-0682, de las 09:58 horas, del 3 de junio de 2011, que en lo que respecta

infiere: “[…] Precisamente, esa misma discusión fue sostenida a nivel de la Corte Plena, en la

sesión número 06, del día 7 de marzo del 2011, en la que a gestión de un

litigante, se aclaró cuál es el régimen de notificación que siguen las diversas

áreas de la

Administración de Justicia y, particularmente, de las Salas.

Después de debatir el asunto, en el artículo XXV de

dicha sesión, se tomó el acuerdo de que el artículo 38 de la Ley de Notificaciones

Judiciales (ley n° 8687), se aplica a la Sala Primera y Sala

Segunda, de la Corte

Suprema de Justicia, no así a la Sala Tercera, que,

como ya se explicó arriba, se rige por una normativa especial (la procesal

penal), la cual prevalece sobre la general contenida en la Ley de Notificaciones

Judiciales […].” Otro aspecto importante a reseñar, en lo que deviene a la

posición externada por esta Sala de Casación Penal, relativa a la aplicación de

la legislación especial sobre la general, en otras palabras la aplicación

debida de las reglas de notificación establecidas en el Código Procesal Penal

sobre lo preceptuado en la Ley

de Notificaciones, lo es la consulta de constitucionalidad a la que fue

sometida la

Jurisprudencia de esta Cámara relativa al tema en cuestión,

donde la Sala

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución

2013-1554, de las 14:30 horas, del 30 de enero de 2013, indicó: “[...] Inadmisibilidad de la acción en razón del objeto.

El caso que se somete a consideración de esta Sala no involucra problema de

constitucionalidad alguno. Se trata de determinar qué norma resulta aplicable

para el cómputo de los plazos, una vez efectuada la notificación de una

resolución; si el Código Procesal Penal o la Ley de Notificaciones. La jurisprudencia que

se impugna señala que la normativa aplicable es el Código Procesal Penal por

ser una ley de naturaleza especial y el accionante estima que debe ser la Ley de Notificaciones. No

corresponde a esta Jurisdicción establecer cuál es la normativa aplicable, sino

a los tribunales ordinarios que deben interpretar y aplicar las normas legales

correspondientes al resolver los casos que se someten a su conocimiento. El

cómputo de los plazos en los diferentes procesos y la determinación del momento

a partir del cual deben empezar a contarse, son elementos que deben ser

definidos por el legislador y corresponde al aplicador

de la norma interpretar cómo deben contabilizarse, claro está, con las

limitaciones derivadas del respeto a los principios, derechos y garantías

fundamentales de las partes en el proceso. En consecuencia, se rechaza de plano

la acción […]” (El resaltado es suplido). Por consiguiente el criterio

jurisprudencial sostenido por parte de esta Sala de Casación Penal, en cuanto a

que la especialidad de la norma prevalece sobre la generalidad, es acorde con

los principios generales del derecho. La existencia de una antinomia normativa

conlleva a un supuesto en el cual dos normas pertenecientes a un mismo

ordenamiento jurídico, llegan a concurrir tanto en el ámbito temporal y

espacial; como ocurre en el presente caso, con el tema de las notificaciones y

el respectivo cómputo del plazo recursivo, al tener una regulación específica

en el Código Procesal Penal y simultáneamente coexistir normativa general del

tema en la Ley de

Notificaciones Judiciales. Esta circunstancia particular, tiende a reproducir

en el ordenamiento jurídico consecuencias incompatibles entre sí en ciertos

supuestos fácticos. Por consiguiente, se debe recurrir a la interpretación

jurídica, con la finalidad de evitar o eliminar la antinomia existente. En este

entendido, se deben visualizar los criterios hermenéuticos aplicables para el

caso y desde una perspectiva básica y unificadora del derecho, se deben

considerar varios criterios que darían solución a la disyuntiva existente. En

este entendido, tenemos el criterio jerárquico (ley superior sobre ley

inferior), este supuesto implica la colisión de normas provenientes de fuentes

de diverso orden jerárquico, y se puede considerar que la norma de rango

inferior va a ostentar una condición de subordinación y, por lo tanto, debe

ceder ante la de rango superior; asimismo encontramos el criterio cronológico

(ley posterior sobre ley anterior), en el supuesto de hecho de que se está en

frente de dos normas de igual rango jerárquico, en el cual la norma creada con

posterioridad en el tiempo, debe considerarse sobre la más antigua, y finalmente,

podemos valorar el criterio de especialidad (ley especial sobre ley general),

el supuesto de hecho y la eventual antinomia, nace ante la existencia de dos

normas, de igual rango jerárquico, que son incompatibles entre sí, con la

característica de que una de ellas es de tipo general y la otra tiene una

connotación especial sobre una materia afín, donde la solución indica que debe

prevalecer el criterio de la especialidad de la materia. Dicha posición se

sustenta en que la ley especial contiene expresamente una parte de la materia

regida por la que es de mayor amplitud. Para efectos del presente tema en

cuestión, es importante indicar que el criterio de especialidad debe entenderse

como la solución a la disyuntiva planteada, ya que nos encontramos ante el

supuesto de normas de igual jerarquía, en el cual el operador jurídico debe

optar por la aplicación de la normativa especial frente a la general. Siendo

que la norma que tiene una connotación de regular disposiciones jurídicas de

carácter especial dentro del ordenamiento jurídico, constituye una excepción

respecto de lo dispuesto por la otra disposición de alcance más general. Por lo

tanto, la normativa establecida en el Código Procesal Penal, es una normativa

de carácter especial para la materia penal, por consiguiente, su aplicación se

sobrepone a la regulación general establecida en la Ley de Notificaciones y

Citaciones Judiciales. A lo anterior se debe de adicionar que de acuerdo a lo

consignado en el ordinal 9 de la

Ley de Justicia Penal Juvenil, en todo aquello que no se

encuentre regulado de manera expresa en esa ley, deberá aplicarse

supletoriamente la legislación penal y el Código Procesal Penal, como es el

caso específico del tema traído a colación en la presente resolución, donde se

establece en los Capítulos V y VI del Código de

marras, la normativa vigente para efectos de tenerse por acreditadas

debidamente las respectivas notificaciones; así como la forma en que se debe de

computar correctamente el plazo recursivo respectivo. En el presente caso,

nos encontramos ante una resolución judicial que declara una actividad procesal

defectuosa de carácter absoluto, por cuanto, no se notificó a ninguna de las

partes intervinientes la resolución que dictamina el

respectivo sobreseimiento definitivo (ver resolución de las 08:00 horas del 6

de setiembre de 2016, cfr.

f. 431 a 433.). En el

conocimiento jurisdiccional de la actividad procesal defectuosa planteada por

la representación fiscal, se llegó a considerar que la omisión de notificar al

Ministerio Público y al resto de las partes intervinientes,

constituyó un vicio de carácter absoluto, por cuanto se limitó el debido

ejercicio de la acción penal, así como su participación en el procedimiento.

Razón por la cual, se procedió al tenor de lo preceptuado en los artículos 155

y 156 del Código Procesal Penal, con la subsanación del vicio incoado y se

ordena la notificación inmediata de la resolución 71-2016, de las 14:10 horas,

del 20 de abril de 2016, dictada por el Juzgado Penal Juvenil de Liberia, sentencia

que pretendía impugnar la representación del Ministerio Público ante el

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil. Por consiguiente, en

aplicación de los referenciados lineamientos jurisprudenciales de esta Sala de

Casación Penal y en concordancia de lo preceptuado en el artículo 167 del

Código Procesal Penal, el plazo recursivo de la resolución que dictaminó el

sobreseimiento definitivo, inició su có mputo a partir de la notificación de la misma y no como

erróneamente lo consideró el Tribunal de Apelación. En consecuencia, se unifica

el criterio jurisprudencial expuesto por la Sala de Casación Penal y el Tribunal de

Apelaciones de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San

José, y se establece que en la materia penal, en lo relativo a las

notificaciones y cómputo del plazo recursivo, éstas son regidas por las normas

preceptuadas en el Código Procesal Penal, al ser ésta una legislación de

carácter especial, sobre la normativa de carácter general regulada en la Ley de Notificaciones y

Citaciones Judiciales. En vista de las razones expuestas, se declara la

ineficacia de la resolución N° 2016-0413 de las 14:25

horas, del 25 de octubre de 2016, dictaminada por el Tribunal de Apelación

Penal Juvenil del II Circuito Judicial de San José; y

se ordena el respectivo reenvío, para que con una integración distinta, se

proceda con el conocimiento del recurso de apelación presentado por la

representación fiscal. Notifíquese.”