Resolución 00181-2016

En el

primer nivel corresponde definir los alcances de la imputabilidad, inimputabilidad e imputabilidad disminuida, como sub-componentes del elemento de culpabilidad de la teoría

del delito. De acuerdo con la teoría normativa de la culpabilidad, dominante en

la jurisprudencia de esta Sala desde vieja data (Sentencia No. 1994-0131, de

las 09:00 horas, del 13 de mayo de 1994), se entiende por culpabilidad la

posibilidad de comprender el carácter ilícito del injusto y de actuar conforme

a esta comprensión. Se trata además de un elemento graduable, que permite

ajustar la reprochabilidad de delito según el mayor o

menor grado de exigibilidad de una conducta conforme a Derecho. En este sentido

la culpabilidad es un concepto compuesto por tres elementos “1.- La

capacidad de culpabilidad (o imputabilidad como se le conoce en nuestro medio),

El conocimiento actual o potencial de injusto, es decir, el conocimiento de

que una conducta particular se encuentra prohibida y penada por el ordenamiento

jurídico.

La exigibilidad de un comportamiento conforme a derecho.” (Sentencia

No. 2010-0957, de las 16:30 horas, del 14 de septiembre de 2010). Como puede

apreciarse en este caso lo que nos ocupa es el primer sub-componente

de la culpabilidad: la capacidad de culpabilidad (o imputabilidad). Al respecto

el Código Penal establece en su artículo 42: “Es inimputable

quien en el momento de la acción u omisión, no posea la capacidad de comprender

el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión,

a causa de enfermedad mental, o de grave perturbación de la conciencia sea ésta

o no ocasionada por el empleo accidental o involuntario de bebidas alcohólicas

o de sustancias enervantes.”; por su parte el artículo 43 regula: “ Se

considera que actúa con imputabilidad disminuida quien, por efecto de las

causas a que se refiere el artículo anterior, no posea sino incompletamente, en

el momento de la acción u omisión, la capacidad de comprender el carácter

ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión.” Como

puede apreciarse el Código Penal contempla tres hipótesis respecto a la

capacidad de culpabilidad: (i) en la primera el autor presenta plena capacidad

de culpabilidad (imputabilidad); (ii) en la segunda

existe completa ausencia de capacidad de culpabilidad (inimputabilidad);

(iii) y en la tercera la capacidad de culpabilidad se

encuentra disminuida (imputabilidad disminuida). Tanto para la inimputabilidad como para la imputabilidad disminuida el

articulado estipula dos causas: enfermedad mental o grave perturbación de la

conciencia; sin embargo en la práctica se acepta también como posible causal el

retardo mental o desarrollo mental insuficiente (Harbottle,

Frank. Imputabilidad Disminuida (2012). Costa Rica:

Editorial Juritexto. p. 238).

El segundo

nivel de análisis se encuentra íntimamente relacionado con el anterior, pues se

refiere a las consecuencias jurídicas de la inimputabilidad

y la imputabilidad disminuida. Al respecto el Código Penal establece en su

artículo 98: “Obligatoriamente el Juez impondrá la correspondiente medida de

seguridad:

Cuando el autor de un delito haya sido declarado inimputable o tuviere disminuida su imputabilidad…”. De

acuerdo con lo anterior, para el legislador costarricense, tanto para el inimputable como para el autor con imputabilidad

disminuida, la consecuencia es la imposición de una medida de seguridad. Si

bien en doctrina nacional y comparada, existen autores que estiman que la imputabilidad

disminuida sí permite la imposición de una pena (aunque atenuada), pues dicha

situación no elimina por completo la capacidad de culpabilidad. Lo cierto es

que el legislador estableció de manera taxativa en el artículo 98 mencionado,

que en ambos supuestos el Juez está obligado a imponer una medida de seguridad.

Lo cual ha sido recogido sistemáticamente por la jurisprudencia de esta Cámara

(Sentencias No. 2005-01128, 2005-01135, 2008-00317, 2008-1391, 2011-00934).

Llegado este punto arribamos a una primera conclusión, y a un cuestionamiento

subsiguiente. La conclusión es que, tanto lo relativo a la culpabilidad, y

específicamente el subcomponente de la capacidad de

culpabilidad, como lo relacionado con las medidas de seguridad en los casos de inimputabilidad e imputabilidad disminuida; está regulado

exclusivamente en la

Parte General del Código Penal. Es decir, que la Ley de Justicia Penal Juvenil

no regula de manera especial ambos puntos. Ahora bien, en cuanto a la

culpabilidad y específicamente la imputabilidad, no hay duda de que la

regulación del Código Penal se extiende a la materia penal de personas menores

de edad, mas no es tan claro en relación con las medidas de seguridad. Es este

entonces el cuestionamiento subsiguiente: Si bien las personas menores de edad

pueden presentar una afectación a su capacidad de culpabilidad, por inimputabilidad o imputabilidad disminuida, ¿es posible

imponerles las medidas de seguridad reguladas en el Código Penal?

Llegamos

así a un tercer nivel de análisis, las posibilidades de integrar la Ley de Justicia Penal Juvenil

con la legislación de adultos, y su aplicación en este caso concreto. El punto

de partida aquí es el artículo 9 de la

Ley de Justicia Penal Juvenil: “En todo lo que no se

encuentre regulado de manera expresa en la presente ley, deberán aplicarse

supletoriamente la legislación penal y el Código Procesal Penal. Sin embargo,

al conocer el caso concreto, el Juez Penal Juvenil siempre deberá aplicar las

disposiciones y los principios del Código Penal, en tanto no contradigan alguna

norma expresa de esta ley.” Como puede apreciarse, esta norma establece el

carácter autónomo de la justicia penal juvenil, pero también reconoce la

complementariedad de la legislación de adultos, por la sencilla razón de que la

normativa para las personas menores de edad no es exhaustiva, sino que regula

fundamentalmente los institutos que son diferentes o particulares. Así mismo,

el límite de la complementariedad de la normativa de adultos lo marca el

principio de especialidad: el Juez Penal Juvenil puede aplicar las

disposiciones del Código Penal y Procesal Penal, siempre que no sean contrarias

a la normas de la ley especial, las cuales incluyen por supuesto sus

principios, desarrollados entre otros en los artículos 7 y 8 de la misma. De

manera que la regla general sería la siguiente, las disposiciones del Código

Penal y Procesal Penal son aplicables en la jurisdicción penal juvenil, siempre

que no sean contrarias a las normas y principios especiales de la materia

(protección integral, interés superior, formación integral, reinserción,

especialidad). Corresponde entonces determinar si las medidas de seguridad

reguladas en el Código Penal son compatibles con la normativa y principios

rectores de la Justicia

Penal Juvenil.

Analizada de manera integral la

normativa del Código Penal sobre las medidas de seguridad, este juzgador

concluye que, en la forma en que está estipulada actualmente dicha regulación,

no es posible aplicarla respecto a las personas menores de edad, pues sería

contrario a los principios de la materia penal juvenil. Las razones por las que

se estima que la regulación de las medidas de seguridad del Código Penal es

incompatible con la normativa y principios de la Justicia Penal

Juvenil son las siguientes: A) De acuerdo con el principio de legalidad

penal, la prohibición de los hechos constitutivos de delito, así como su

penalidad, deben estar regulados previamente por ley. Es decir, que tanto la

conducta que constituye el delito, como la sanción que se le impone, debe estar

estipulada previamente por una ley de la República. Al

respecto la Ley

de Justicia Penal Juvenil establece en su artículo 13: “Ningún menor

de edad podrá ser sometido a un proceso por un hecho que la ley penal no

tipifica como delito ni contravención. Tampoco podrá ser sometido a sanciones

que la ley no haya establecido previamente.” Respecto a los hechos

constitutivos de delito, el catálogo de prohibiciones es en principio el mismo

que para los adultos, es decir la Parte Especial del Código Penal y las leyes

especiales. En este sentido el artículo 45 de la Ley No. 7576: “La

calificación legal de los delitos o contravenciones cometidos por menores, se

determinará por las descripciones de conductas prohibidas que se establecen en

el Código Penal y en las leyes especiales”. Sin embargo, en cuanto a las

sanciones a imponer, el catálogo que se aplica en materia penal juvenil está

regulado exclusivamente en la

Ley No. 7576, pues se trata de sanciones no sólo distintas a

las de adultos, sino especiales en cuanto a sus fines y medios para lograrlos.

Dicho de otro modo, la lógica de las sanciones en materia penal juvenil es

radicalmente distinta a la de adultos: “…buscará la reinserción del menor de

edad en su familia y sociedad, según los principios rectores establecidos en

esta ley.” (Artículo 44). Es decir no sólo tienen un radical carácter de

prevención especial positiva (reinserción), sino que además el diverso y amplio

catálogo de sanciones debe emplearse en concordancia con los reforzados

principios de intervención mínima, ultima ratio, jerarquía de las sanciones no

privativas de libertad sobre las privativas de libertad, y respetando siempre

el principio educativo. Sin perder de vista además que: “El aspecto

característico del Derecho Penal Juvenil es lo atinente a las sanciones:

con base en los principios de interés superior del niño y de protección

integral de este, evita la imposición de una sanción, y cuando ella es

inevitable dispone la menor restricción de derechos posibles, tratando de no

imponer una sanción privativa de libertad.” (Llobet,

Javier; y Tiffer, Carlos. La Sanción Penal

Juvenil y sus alternativas en Costa Rica. 1999. Costa Rica: UNICEF – ILANUD

– CE). De manera que, considerando que en materia penal juvenil existe un

catálogo especializado de sanciones (con finalidades particulares ajustadas a

sus principios rectores), encontramos en el principio de legalidad una primera

razón para concluir que no es posible interpretar que la ausencia de regulación

en la Ley de

Justicia Penal Juvenil respecto a la imposición de medidas de seguridad, puede

ser integrada con la normativa que el Código Penal establece para las personas

mayores de edad. B) Una segunda razón para descartar la tesis propuesta

por el Ministerio Público, es la incompatibilidad del carácter indeterminado de

las medidas de seguridad del Código Penal, con la legislación y principios de

la materia penal juvenil. Mientras que el artículo 100 del Código Penal

dispone: “Las medidas curativas de seguridad son de duración indeterminada.”;

el 26 de la Ley

de Justicia Penal Juvenil establece: “No podrán imponerse, por ningún tipo

de circunstancia, sanciones indeterminadas. Lo anterior no excluye la

posibilidad de que el menor de edad sea puesto en libertad antes de tiempo.”

Estamos frente a una incompatibilidad absoluta, que no puede obviarse –como

pretende el recurrente– aduciendo que la limitación

temporal serían los diez y quince años que dispone el artículo 131 de la ley

7576 para la sanción de privación de libertad en un centro especializado. C)

Una tercera razón que no permite aplicar las medidas de seguridad del Código

Penal a los imputados menores de edad inimputables o

que presenten imputabilidad disminuida, es el carácter especializado que deben

tener todos los agentes involucrados en la administración de justicia penal

juvenil. En este sentido la Ley

de Justicia Penal Juvenil establece: “Principio de justicia especializada.

La aplicación de esta ley, tanto en el proceso como en la ejecución, estará a

cargo de órganos especializados en materia de menores.” (Artículo 12); “Internamiento

en centros especializados. En caso de ser privados de libertad, de manera

provisional o definitiva, los menores de edad tendrán derecho a ser ubicados en

un centro exclusivo para menores de edad; no en uno para personas sometidas a

la legislación penal de adultos. De ser detenidos por la policía administrativa

o judicial, esta destinará áreas exclusivas para los menores y deberá

remitirlos cuanto antes a los centros especializados.” (Artículo 27). En

vista de que dicha ley no contempla la posibilidad de aplicar medidas de

seguridad a personas menores de edad que sean inimputables

o que presenten imputabilidad disminuida; en este momento no existen los

programas, el personal, ni la coordinación con otras instituciones que permitan

garantizar que la atención que recibirían las personas menores de edad en dicha

situación sería especializada. D) Por último, la razón más importante

por la que no puede acogerse la tesis del Ministerio Público, son las diferencias

cualitativas que presenta el elemento de la culpabilidad en materia penal

juvenil, y la absoluta incompatibilidad de ésta con el criterio de peligrosidad

que inspira las medidas de seguridad del Código Penal. Iniciando por esto

último, el artículo 97 del Código Penal establece: “Las medidas de seguridad

se aplicarán solamente a las personas que hayan cometido un hecho punible,

cuando del informe que vierta el Instituto de Criminología se deduzca la

posibilidad de que vuelvan a delinquir. ” Independientemente

de la aplicación práctica de este estudio que se encomienda al Instituto de

Criminología, lo que aquí interesa es el criterio que subyace a dicha

valoración: la posibilidad de que vuelvan a delinquir, no es otra cosa que una

prognosis de riesgo, más específicamente, una medición del peligro de

reincidencia delictual que representan las personas

con limitaciones en su capacidad de culpabilidad. Lo cual indudablemente revela

que la finalidad de las medidas de seguridad es de prevención especial negativa,

a pesar de que el artículo 51 del Código Penal diga otra cosa. Esta idea, que

lejos de ser marginal, es el fundamento de las medidas de seguridad en materia

penal de adultos, resulta absolutamente incompatible con los principios de

justicia penal juvenil, y específicamente con la reforzada finalidad de

prevención especial positiva y el principio educativo que debe guiar el

análisis de la culpabilidad. Al respecto nos dice el especialista Tiffer Sotomayor: “En el derecho penal juvenil existen

puntos de coincidencia y disidencia respecto a la culpabilidad en el derecho

penal de adultos. Coincide en que la sanción solo puede fundamentarse en la

constatación de que se puede reprochar al autor la acción que ha realizado; lo

mismo que la sanción presupone la culpabilidad, pero se diferencia en la

pretendida simetría de culpabilidad y pena, porque en el derecho penal juvenil

la sanción puede ser inferior a la culpabilidad precisamente por el fin

educativo que se persigue (Prevención Especial Positiva). Sin que solo

el fin educativo sea suficiente para declarar la culpabilidad.” (Tiffer, Carlos. Ley de Justicia Penal Juvenil comentada.

Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 3era Edición. p. 337). En la misma

línea el autor Chan Mora señala: “…la gravedad de la

culpabilidad sigue incidiendo como un criterio límite para la medición o

fijación o sanción penal juvenil, pero como un límite máximo, por así decirlo,

según el cual el monto de la pena no puede rebasar la gravedad de la

culpabilidad. Pero debido a los efectos del interés superior, la sanción a

imponer puede ser inferior a la gravedad de la culpabilidad, lo cual se

explica, desde nuestra perspectiva, en atención al mayor aseguramiento de los

derechos fundamentales del niño o joven que ese principios exige.” (Chan, Gustavo. Adultocentrismo y

culpabilidad penal juvenil. Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas. p.

329). Es decir, que en razón de la exclusiva finalidad de prevención especial

positiva de la sanción penal juvenil, y de la incidencia del principio

educativo y el interés superior en su fijación, la

penas impuestas a las personas menores de edad pueden ser menores a su

culpabilidad. Esta particularidad por sí misma revela que, las medidas de

seguridad de adultos, en tanto están fundadas en criterios de peligrosidad (y

con fines de prevención especial negativa), son incompatibles con la lógica de

las sanciones penales juveniles. Pero adicionalmente, este rasgo

diferenciado de la culpabilidad, no es otra cosa que un reflejo del diferente

punto de partida filosófico de la materia penal juvenil: las personas menores

de edad son diferentes a los adultos porque se encuentran en una etapa de

desarrollo cognitivo, psicológico y emocional; y por ello cuando infringen la

ley penal debe dárseles un tratamiento diferenciado, que lejos de disminuir sus

garantías y derechos los aumenta, y busca esencialmente darles las herramientas

y el acompañamiento necesarios para que logren reintegrarse exitosamente en la

vida social y familiar. Es decir, partiendo de esta particular situación de

desarrollo, el objetivo primordial de la Justicia Penal

Juvenil es no renunciar al infractor menor de edad y procurar su reinserción.

Esto es fundamental para la resolución de este caso, porque aun y cuando se

trata de personas inimputables o con imputabilidad

disminuida, siguen siendo menores de edad en una etapa de desarrollo, respecto

a los cuales el fin de la intervención penal juvenil debe ser su reinserción.

Es decir, el hecho de que una persona menor de edad presente una imputabilidad

disminuida o sea inimputable, por ejemplo por un

retardo mental, no significa que no pueda continuar desarrollándose e

integrarse socialmente; por el contrario, debe respetarse estrictamente su

particular situación de persona en desarrollo. De ahí que, para el

Magistrado que firma, resulta inaceptable imponerle a una persona menor de edad

en dicha situación, medidas de seguridad de adultos, cuyo fundamento es la

peligrosidad y su finalidad evitar la reincidencia. Pues ello implicaría

negarles su condición de seres humanos en desarrollo, y la finalidad de

prevención especial positiva que caracteriza a la Justicia Penal

Juvenil.

Ahora bien, se podría sostener una especie de solución

intermedia, que consistiría en: (i) negar la posibilidad de imponer las medidas

de seguridad del Código Penal, (ii) pero aceptar la

imposición de alguna de las sanciones de la Ley de Justicia Penal Juvenil a las personas

menores de edad que sean inimputables o presenten una

imputabilidad disminuida. Sin embargo esta opción tampoco es admisible porque:

i) También sería contraria al principio de legalidad, ya que ello no está

regulado de esa forma en la Ley

7576. Si bien doctrinariamente hay quienes afirman que las sanciones

socio-educativas y las ordenes de orientación y supervisión tiene carácter de

medidas de seguridad, lo cierto es que en dicha ley están reguladas como

sanciones, y su artículo 121 de manera expresa dispone que serán aplicables una

vez: “Verificada la comisión o participación del menor de edad en un hecho

delictivo, el Juez Penal Juvenil podrá aplicar los siguientes tipos de

sanciones…”. Lo que descarta la posibilidad de imponerlas respecto a un

injusto penal (acción típica antijurídica pero no culpable). ii) Por otra parte, específicamente respecto a la

imputabilidad disminuida, tal y como se indicó anteriormente, aunque un sector

de la doctrina considera que ante la imputabilidad disminuida es posible

imponer una sanción, por existir todavía algún grado de capacidad de

culpabilidad; nuestra legislación no admite esa posibilidad, y la

jurisprudencia de esta Cámara ha sido reiterada al respecto. iii) Finalmente, con base en la coherencia interna de las

sanciones contempladas por la ley penal juvenil, tampoco sería viable esa

opción, pues claramente ninguna de ellas está dirigida al tratamiento de

personas menores de edad inimputables

o con imputabilidad disminuida. Verbigracia, la única orden de orientación y

supervisión que menciona el internamiento en centros de salud (artículo 121

inciso 7), está constreñida a fines de desintoxicación. Claramente estamos ante

un tema de difícil solución, pues no está regulado expresamente, y la

regulación existente sobre medidas de seguridad es de vieja data y ha sufrido

muchas variaciones. De ahí que existan diversas interpretaciones, sin embargo,

en este tipo de casos la herramienta fundamental del Juez es la ponderación de

principios. En este caso, siguiendo una interpretación acorde con los

principios particulares de la materia penal juvenil, este voto de minoría concluye

que la posición correcta es la de la sentencia impugnada. Concretamente,

partiendo de la legislación actual, no es posible interpretar que la ausencia

de regulación en la Ley

de Justicia Penal Juvenil respecto a la imposición de medidas de seguridad justifique

aplicar la normativa correspondiente del Código Penal; pues ello iría en contra

de los siguientes principios y reglas especiales de la materia: i) El principio

de legalidad, ya que la Ley N° 7576

establece un catálogo especializado de sanciones (con finalidades particulares

ajustadas a sus principios rectores), que no contempla la posibilidad de

imponer medidas de seguridad a personas menores de edad con imputabilidad

disminuida o ausente. ii) El carácter relativamente

indeterminado de las medidas de seguridad del Código Penal es incompatible con

la prohibición expresa de medidas indeterminadas que establece la Ley N° 7576. iii) Ante la ausencia de

regulación, no podría aplicarse las medidas de seguridad del Código Penal sin

que ello implique incumplir con el carácter especializado de la Justicia Penal

Juvenil. iv) Por último, las medidas de seguridad de

adultos, en tanto están fundadas en criterios de peligrosidad (y con fines de

prevención especial negativa), son incompatibles con la lógica del sistema

penal juvenil; que aún respecto a personas menores de edad inimputables

o con imputabilidad disminuida debe buscar su reintegración social por

encontrare en una etapa particular de desarrollo. En cuanto a la remisión hecha

por el Tribunal de Apelación al procedimiento administrativo regulado en los

artículo 128 y siguientes del Código de la Niñez y Adolescencia, tampoco encuentra esta

Cámara que lleve razón el recurrente, pues el artículo 6 de la Ley de Justicia Penal Juvenil

establece que: “Los actos cometidos por un menor de doce años de edad, que

constituyan delito o contravención, no serán objeto de esta ley; la

responsabilidad civil quedará a salvo y se ejercerá ante los tribunales

jurisdiccionales competentes. Sin embargo, los juzgados penales juveniles

referirán el caso al Patronato Nacional de la Infancia, con el fin de

que se le brinde la atención y el seguimiento necesarios. Si las medidas

administrativas conllevan la restricción de la libertad ambulatoria del menor

de edad, deberán ser consultadas al Juez de Ejecución Penal Juvenil, quien

también las controlará.” Como bien señala el ad quem,

la hipótesis de esta norma también cubre el caso de marras, pues aunque el

imputado es una persona mayor de doce años, presenta una capacidad de culpabilidad

disminuida que es análoga a la ausencia de capacidad por ser menor de 12 años.

De manera que el Tribunal de Apelación lleva razón el remitir a la persona

menor de edad imputada al Patronato Nacional de la Infancia, institución

competente para determinar si corresponden imponer las medidas estatuidas en el

artículo 135 del Código de la

Niñez y la Adolescencia. Dicho todo lo anterior, para el

Magistrado que suscribe es importante aclarar que, negar la posibilidad de

aplicar supletoriamente la normativa procesal de adultos referida al

procedimiento especial de medidas de seguridad, respecto a las personas menores

de edad, por considerarlas contrarias a los principios de la materia penal

juvenil, no implica cerrar los ojos ante la inminente necesidad de dar una

respuesta estatal a las circunstancias especiales del menor inimputable

o con imputabilidad disminuida. Es decir: asegurarle al joven su derecho a la

salud mental y proporcionarle el apoyo que requiera, en aras de lograr, en la

medida de lo posible, su reinserción social. Lo que aquí se defiende, es que

esta respuesta no puede ser impuesta desde la agencia penal, en virtud de los

principios de intervención mínima y última ratio. El firmante considera

que esta ayuda debe venir de la institución cuyo fin último es exclusivamente

velar por el bienestar de los menores, en coordinación con la entidad

gubernamental encargada de garantizar el derecho a la salud de las personas.

Así las cosas, se unifica la jurisprudencia contradictoria en el sentido

explicado.”