Resolución 00985-2015

En el primer nivel corresponde definir los alcances de

la imputabilidad, inimputabilidad e imputabilidad

disminuida, como sub-componentes del elemento de

culpabilidad de la teoría del delito. De acuerdo con la teoría normativa de la

culpabilidad, dominante en la jurisprudencia de esta Sala desde vieja data

(Sentencia No. 1994-0131, de las 09:00 horas, del 13 de mayo de 1994), se

entiende por culpabilidad la posibilidad de comprender el carácter ilícito del

injusto y de actuar conforme a esta comprensión. Se trata además de un elemento

graduable, que permite ajustar la reprochabilidad de

delito según el mayor o menor grado de exigibilidad de una conducta conforme a

Derecho. En este sentido la culpabilidad es un concepto compuesto por tres

elementos “

La capacidad de culpabilidad

(o imputabilidad como se le conoce en nuestro medio),

El conocimiento

actual o potencial de injusto, es decir, el conocimiento de que una conducta

particular se encuentra prohibida y penada por el ordenamiento jurídico.

La

exigibilidad de un comportamiento conforme a derecho.” (Sentencia No.

2010-0957, de las 16:30 horas, del 14 de septiembre de 2010). Como puede

apreciarse en este caso lo que nos ocupa es el primer sub-componente

de la culpabilidad: la capacidad de culpabilidad (o imputabilidad). Al respecto

el Código Penal establece en su artículo 42: “Es inimputable

quien en el momento de la acción u omisión, no posea la capacidad de comprender

el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión,

a causa de enfermedad mental, o de grave perturbación de la conciencia sea ésta

o no ocasionada por el empleo accidental o involuntario de bebidas alcohólicas

o de sustancias enervantes.”; por su parte el artículo 43 regula: “Se

considera que actúa con imputabilidad disminuida quien, por efecto de las

causas a que se refiere el artículo anterior, no posea sino incompletamente, en

el momento de la acción u omisión, la capacidad de comprender el carácter

ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión.” Como

puede apreciarse el Código Penal contempla tres hipótesis respecto a la

capacidad de culpabilidad: (i) en la primera el autor presenta plena capacidad

de culpabilidad (imputabilidad); (ii) en la segunda

existe completa ausencia de capacidad de culpabilidad (inimputabilidad);

(iii) y en la tercera la capacidad de culpabilidad se

encuentra disminuida (imputabilidad disminuida). Tanto para la inimputabilidad como para la imputabilidad disminuida el

articulado estipula dos causas: enfermedad mental o grave perturbación de la

conciencia; sin embargo en la práctica se acepta también como posible causal el

retardo mental o desarrollo mental insuficiente (Harbottle,

Frank. Imputabilidad Disminuida (2012). Costa Rica:

Editorial Juritexto. p. 238).

El segundo

nivel de análisis se encuentra íntimamente relacionado con el anterior, pues se

refiere a las consecuencias jurídicas de la inimputabilidad

y la imputabilidad disminuida. Al respecto el Código Penal establece en su

artículo 98: “Obligatoriamente el Juez impondrá la correspondiente medida de

seguridad:

Cuando el autor de un delito haya sido declarado inimputable o tuviere disminuida su imputabilidad…”. De

acuerdo con lo anterior, para el legislador costarricense, tanto para el inimputable como para el autor con imputabilidad

disminuida, la consecuencia es la imposición de una medida de seguridad. Si

bien en doctrina nacional y comparada, existen autores que estiman que la

imputabilidad disminuida sí permite la imposición de una pena (aunque

atenuada), pues dicha situación no elimina por completo la capacidad de

culpabilidad. Lo cierto es que el legislador estableció de manera taxativa en

el artículo 98 mencionado, que en ambos supuestos el Juez está obligado a

imponer una medida de seguridad. Lo cual ha sido recogido sistemáticamente por

la jurisprudencia de esta Cámara (Sentencias No. 2005-01128, 2005-01135,

2008-00317, 2008-1391, 2011-00934). Llegado este punto arribamos a una primera

conclusión, y a un cuestionamiento subsiguiente. La conclusión es que, tanto lo

relativo a la culpabilidad, y específicamente el subcomponente

de la capacidad de culpabilidad, como lo relacionado con las medidas de

seguridad en los casos de inimputabilidad e

imputabilidad disminuida; está regulado exclusivamente en la Parte General del

Código Penal. Es decir, que la Ley

de Justicia Penal Juvenil no regula de manera especial ambos puntos. Ahora

bien, en cuanto a la culpabilidad y específicamente la imputabilidad, no hay

duda de que la regulación del Código Penal se extiende a la materia penal de

personas menores de edad, mas no es tan claro en relación con las medidas de

seguridad. Es este entonces el cuestionamiento subsiguiente: Si bien las

personas menores de edad pueden presentar una afectación a su capacidad de

culpabilidad, por inimputabilidad o imputabilidad

disminuida, ¿es posible imponerles las medidas de seguridad reguladas en el

Código Penal?

Llegamos así a un tercer nivel de análisis, las

posibilidades de integrar la Ley

de Justicia Penal Juvenil con la legislación de adultos, y su aplicación en

este caso concreto. El punto de partida aquí es el artículo 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil:

“ En todo lo que no se encuentre regulado de

manera expresa en la presente ley, deberán aplicarse supletoriamente la

legislación penal y el Código Procesal Penal. Sin embargo, al conocer el caso

concreto, el Juez Penal Juvenil siempre deberá aplicar las disposiciones y los

principios del Código Penal, en tanto no contradigan alguna norma expresa de

esta ley.” Como puede apreciarse, esta norma establece el carácter autónomo

de la justicia penal juvenil, pero también reconoce la complementariedad de la

legislación de adultos, por la sencilla razón de que la normativa para las

personas menores de edad no es exhaustiva, sino que regula fundamentalmente los

institutos que son diferentes o particulares. Así mismo, el límite de la

complementariedad de la normativa de adultos lo marca el principio de especialidad:

el Juez Penal Juvenil puede aplicar las disposiciones del Código Penal y

Procesal Penal, siempre que no sean contrarias a la normas de la ley especial,

las cuales incluyen por supuesto sus principios, desarrollados entre otros en

los artículos 7 y 8 de la misma. De manera que la regla general sería la

siguiente, las disposiciones del Código Penal y Procesal Penal son aplicables

en la jurisdicción penal juvenil, siempre que no sean contrarias a las normas y

principios especiales de la materia (protección integral, interés superior,

formación integral, reinserción, especialidad). Corresponde entonces determinar

si las medidas de seguridad reguladas en el Código Penal son compatibles con la

normativa y principios rectores de la Justicia Penal Juvenil.

Analizada de

manera integral la normativa del Código Penal sobre las medidas de seguridad,

este juzgador concluye que, en la forma en que está estipulada actualmente

dicha regulación, no es posible aplicarla respecto a las personas menores de

edad, pues sería contrario a los principios de la materia penal juvenil. Las

razones por las que se estima que la regulación de las medidas de seguridad del

Código Penal es incompatible con la normativa y principios de la Justicia Penal

Juvenil son las siguientes: A) De acuerdo con el principio de legalidad

penal, la prohibición de los hechos constitutivos de delito, así como su

penalidad, deben estar regulados previamente por ley. Es decir, que tanto la

conducta que constituye el delito, como la sanción que se le impone, debe estar

estipulada previamente por una ley de la República. Al

respecto la Ley

de Justicia Penal Juvenil establece en su artículo 13: “Ningún menor

de edad podrá ser sometido a un proceso por un hecho que la ley penal no

tipifica como delito ni contravención. Tampoco podrá ser sometido a sanciones

que la ley no haya establecido previamente.” Respecto a los hechos

constitutivos de delito, el catálogo de prohibiciones es en principio el mismo

que para los adultos, es decir la Parte Especial del Código Penal y las leyes

especiales. En este sentido el artículo  45 de la Ley No. 7576: “La

calificación legal de los delitos o contravenciones cometidos por menores, se

determinará por las descripciones de conductas prohibidas que se establecen en

el Código Penal y en las leyes especiales”. Sin embargo, en cuanto a las

sanciones a imponer, el catálogo que se aplica en materia penal juvenil está

regulado exclusivamente en la

Ley No. 7576, pues se trata de sanciones no sólo distintas a

las de adultos, sino especiales en cuanto a sus fines y medios para lograrlos.

Dicho de otro modo, la lógica de las sanciones  en materia penal juvenil

es radicalmente distinta a la de adultos: “…buscará la reinserción del menor

de edad en su familia y sociedad, según los principios rectores establecidos en

esta ley.” (Artículo 44). Es decir no sólo tienen un radical carácter de

prevención especial positiva (reinserción), sino que además el diverso y amplio

catálogo de sanciones debe emplearse en concordancia con los reforzados

principios de intervención mínima, ultima ratio, jerarquía de las sanciones no

privativas de libertad sobre las privativas de libertad, y respetando siempre

el principio educativo. Sin perder de vista además que: “

El aspecto característico del Derecho Penal

Juvenil es lo atinente a las sanciones: con base en los

principios de interés superior del niño y de protección integral de este, evita

la imposición de una sanción, y cuando ella es inevitable dispone la menor

restricción de derechos posibles, tratando de no imponer una sanción privativa

de libertad.” (Llobet, Javier; y Tiffer, Carlos. La Sanción Penal Juvenil y sus

alternativas en Costa Rica. 1999. Costa Rica: UNICEF – ILANUD – CE). De

manera que, considerando que en materia penal juvenil existe un catálogo

especializado de sanciones (con finalidades particulares ajustadas a sus

principios rectores), encontramos en el principio de legalidad una primera

razón para concluir que no es posible interpretar que la ausencia de regulación

en la Ley de

Justicia Penal Juvenil respecto a la imposición de medidas de seguridad, puede

ser integrada con la normativa que el Código Penal establece para las personas

mayores de edad. mB)

Una segunda razón para descartar la tesis propuesta por el Ministerio

Público, es la incompatibilidad del carácter indeterminado de las medidas de

seguridad del Código Penal, con la legislación y principios de la materia penal

juvenil. Mientras que el artículo 100 del Código Penal dispone: “Las medidas

curativas de seguridad son de duración indeterminada.”; el 26 de la Ley de Justicia Penal Juvenil

establece: “ No podrán imponerse, por ningún

tipo de circunstancia, sanciones indeterminadas. Lo anterior no excluye la

posibilidad de que el menor de edad sea puesto en libertad antes de tiempo.”

Estamos frente a una incompatibilidad absoluta, que no puede obviarse –como

pretende el recurrente– aduciendo que la limitación

temporal serían los diez y quince años que dispone el artículo 131 de la ley

7576 para la sanción de privación de libertad en un centro especializado. C)

Una tercera razón que no permite aplicar las medidas de seguridad del Código

Penal a los imputados menores de edad inimputables o

que presenten imputabilidad disminuida, es el carácter especializado que deben

tener todos los agentes involucrados en la administración de justicia penal

juvenil. En este sentido la Ley

de Justicia Penal Juvenil establece: “Principio de justicia especializada.

La aplicación de esta ley, tanto en el proceso como en la ejecución, estará a

cargo de órganos especializados en materia de menores.” (Artículo 12); “ Internamiento en centros especializados. En caso

de ser privados de libertad, de manera provisional o definitiva, los menores de

edad tendrán derecho a ser ubicados en un centro exclusivo para menores de

edad; no en uno para personas sometidas a la legislación penal de adultos. De

ser detenidos por la policía administrativa o judicial, esta destinará áreas

exclusivas para los menores y deberá remitirlos cuanto antes a los centros

especializados.” (Artículo 27). En vista de que dicha ley no contempla la

posibilidad de aplicar medidas de seguridad a personas menores de edad que sean

inimputables o que presenten imputabilidad

disminuida; en este momento no existen los programas, el personal, ni la coordinación

con otras instituciones que permitan garantizar que la atención que recibirían

las personas menores de edad en dicha situación sería especializada. D) Por

último, la razón más importante por la que no puede acogerse la tesis del

Ministerio Público, son las diferencias cualitativas que presenta el elemento

de la culpabilidad en materia penal juvenil, y la absoluta incompatibilidad de

ésta con el criterio de peligrosidad que inspira las medidas de seguridad del

Código Penal. Iniciando por esto último, el artículo 97 del Código Penal

establece: “Las medidas de seguridad se aplicarán solamente a las personas

que hayan cometido un hecho punible, cuando del informe que vierta el Instituto

de Criminología se deduzca la posibilidad de que vuelvan a delinquir.”

Independientemente de  la aplicación práctica de este estudio que se

encomienda al Instituto de Criminología, lo que aquí interesa es el criterio

que subyace a dicha valoración: la posibilidad de que vuelvan a delinquir, no

es otra cosa que una prognosis de riesgo, más específicamente, una medición del

peligro de reincidencia delictual que representan las

personas con limitaciones en su capacidad de culpabilidad. Lo cual

indudablemente revela que la finalidad de las medidas de seguridad es de

prevención especial negativa, a pesar de que el artículo 51 del Código Penal

diga otra cosa. Esta idea, que lejos de ser marginal, es el fundamento de las

medidas de seguridad en materia penal de adultos, resulta absolutamente

incompatible con los principios de justicia penal juvenil, y específicamente

con la reforzada finalidad de prevención especial positiva y el principio

educativo que debe guiar el análisis de la culpabilidad. Al respecto nos dice

el especialista Tiffer Sotomayor: “En el derecho

penal juvenil existen puntos de coincidencia y disidencia respecto a la

culpabilidad en el derecho penal de adultos. Coincide en que la sanción solo

puede fundamentarse en la constatación de que se puede reprochar al autor la

acción que ha realizado; lo mismo que la sanción presupone la culpabilidad, pero

se diferencia en la pretendida simetría de culpabilidad y pena, porque en el

derecho penal juvenil la sanción puede ser inferior a la culpabilidad

precisamente por el fin educativo que se persigue (Prevención Especial Positiva).

Sin que solo el fin educativo sea suficiente para declarar la culpabilidad.” (Tiffer, Carlos. Ley de Justicia Penal Juvenil comentada.

Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 3era Edición. p. 337). En la misma

línea el autor Chan Mora señala: “…la gravedad de

la culpabilidad sigue incidiendo como un criterio límite para la medición o

fijación o sanción penal juvenil, pero como un límite máximo, por así decirlo,

según el cual el monto de la pena no puede rebasar la gravedad de la

culpabilidad. Pero debido a los efectos del interés superior, la sanción a

imponer puede ser inferior a la gravedad de la culpabilidad, lo cual se

explica, desde nuestra perspectiva, en atención al mayor aseguramiento de los

derechos fundamentales del niño o joven que ese principio exige.” (Chan, Gustavo. Adultocentrismo y

culpabilidad penal juvenil. Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas. p.

329). Es decir, que en razón de la exclusiva finalidad de prevención especial

positiva de la sanción penal juvenil, y de la incidencia del principio

educativo y el interés superior en su fijación, las penas impuestas a las

personas menores de edad pueden ser menores a su culpabilidad. Esta

particularidad por sí misma revela que, las medidas de seguridad de adultos,

en tanto están fundadas en criterios de peligrosidad (y con fines de prevención

especial negativa), son incompatibles con la lógica de las sanciones penales

juveniles. Pero adicionalmente, este rasgo diferenciado de la culpabilidad,

no es otra cosa que un reflejo del diferente punto de partida filosófico de la

materia penal juvenil: las personas menores de edad son diferentes a los

adultos porque se encuentran en una etapa de desarrollo cognitivo, psicológico

y emocional; y por ello cuando infringen la ley penal debe dárseles un

tratamiento diferenciado, que lejos de disminuir sus garantías y derechos los

aumenta, y busca esencialmente darles las herramientas y el acompañamiento

necesarios para que logren reintegrarse exitosamente en la vida social y

familiar. Es decir, partiendo de esta particular situación de desarrollo, el

objetivo primordial de la

Justicia Penal Juvenil es no renunciar al infractor menor de

edad y procurar su reinserción. Esto es fundamental para la resolución de

este caso, porque aun y cuando se trata de personas inimputables

o con imputabilidad disminuida, siguen siendo menores de edad en una etapa de

desarrollo, respecto a los cuales el fin de la intervención penal juvenil debe

ser su reinserción. Es decir, el hecho de que una persona menor de edad presente

una imputabilidad disminuida o sea inimputable, por

ejemplo por un retardo mental, no significa que no pueda continuar

desarrollándose e integrarse socialmente; por el contrario, debe respetarse

estrictamente su particular situación de persona en desarrollo. De ahí que,

para el Magistrado que firma, resulta inaceptable imponerle a una persona menor

de edad en dicha situación, medidas de seguridad de adultos, cuyo fundamento es

la peligrosidad y su finalidad evitar la reincidencia. Pues ello implicaría

negarles su condición de seres humanos en desarrollo, y la finalidad de

prevención especial positiva que caracteriza a la Justicia Penal

Juvenil.

Ahora bien, se podría sostener una especie de solución

intermedia, que consistiría en: (i) negar la posibilidad de imponer las medidas

de seguridad del Código Penal, (ii) pero aceptar la

imposición de alguna de las sanciones de la Ley de Justicia Penal Juvenil a las personas

menores de edad que sean inimputables o presenten una

imputabilidad disminuida. Sin embargo esta opción tampoco es admisible porque:

i) También sería contraria al principio de legalidad, ya que ello no está

regulado de esa forma en la Ley

7576. Si bien doctrinariamente hay quienes afirman que las sanciones

socio-educativas y las ordenes de orientación y supervisión tiene carácter de

medidas de seguridad, lo cierto es que en dicha ley están reguladas como

sanciones, y su artículo 121 de manera expresa dispone que serán aplicables una

vez: “Verificada la comisión o participación del menor de edad en un

hecho delictivo, el Juez Penal Juvenil podrá aplicar los siguientes

tipos de sanciones…” .

Lo que descarta la posibilidad de imponerlas respecto a un injusto penal

(acción típica antijurídica pero no culpable). ii)

Por otra parte, específicamente respecto a la imputabilidad disminuida, tal y

como se indicó anteriormente, aunque un sector de la doctrina considera que

ante la imputabilidad disminuida es posible imponer una sanción, por existir

todavía algún grado de capacidad de culpabilidad; nuestra legislación no admite

esa posibilidad, y la jurisprudencia de esta Cámara ha sido reiterada al

respecto. iii) Finalmente, con base en la coherencia

interna de las sanciones contempladas por la ley penal juvenil, tampoco sería

viable esa opción, pues claramente ninguna de ellas está dirigida al

tratamiento de personas menores de edad inimputables

o con imputabilidad disminuida. Verbigracia, la única orden de orientación y

supervisión que menciona el internamiento en centros de salud (artículo 121

inciso 7), está constreñida a fines de desintoxicación. Claramente estamos ante

un tema de difícil solución, pues no está regulado expresamente, y la

regulación existente sobre medidas de seguridad es de vieja data y ha sufrido

muchas variaciones. De ahí que existan diversas interpretaciones, sin embargo,

en este tipo de casos la herramienta fundamental del Juez es la ponderación de

principios. En este caso, siguiendo una interpretación acorde con los

principios particulares de la materia penal juvenil, este voto de minoría

concluye que la posición correcta es la de la sentencia impugnada.

Concretamente, partiendo de la legislación actual, no es posible interpretar

que la ausencia de regulación en la

Ley de Justicia Penal Juvenil respecto a la imposición de

medidas de seguridad justifique aplicar la normativa correspondiente del Código

Penal; pues ello iría en contra de los siguientes principios y reglas

especiales de la materia: i) El principio de legalidad, ya que la Ley N° 7576 establece un catálogo especializado de sanciones

(con finalidades particulares ajustadas a sus principios rectores), que no

contempla la posibilidad de imponer medidas de seguridad a personas menores de

edad con imputabilidad disminuida o ausente. ii) El

carácter relativamente indeterminado de las medidas de seguridad del Código

Penal es incompatible con la prohibición expresa de medidas indeterminadas que

establece la Ley N° 7576. iii) Ante la ausencia de regulación, no podría aplicarse

las medidas de seguridad del Código Penal sin que ello implique incumplir con

el carácter especializado de la Justicia Penal Juvenil. iv)

Por último, las medidas de seguridad de adultos, en tanto están fundadas en

criterios de peligrosidad (y con fines de prevención especial negativa), son

incompatibles con la lógica del sistema penal juvenil; que aún respecto a

personas menores de edad inimputables o con

imputabilidad disminuida debe buscar su reintegración social por encontrare en

una etapa particular de desarrollo. En cuanto a la remisión hecha por el

Tribunal de Apelación al procedimiento administrativo regulado en los artículos

128 y siguientes del Código de la

Niñez y Adolescencia, tampoco encuentra esta Cámara que lleve

razón el recurrente, pues el artículo 6 de la Ley de Justicia Penal Juvenil establece que: “Los

actos cometidos por un menor de doce años de edad, que constituyan delito o

contravención, no serán objeto de esta ley; la responsabilidad civil quedará a

salvo y se ejercerá ante los tribunales jurisdiccionales competentes. Sin

embargo, los juzgados penales juveniles referirán el caso al Patronato Nacional

de la Infancia,

con el fin de que se le brinde la atención y el seguimiento necesarios. Si las

medidas administrativas conllevan la restricción de la libertad ambulatoria del

menor de edad, deberán ser consultadas al Juez de Ejecución Penal Juvenil,

quien también las controlará.”  Como bien señala el ad quem, la hipótesis de esta norma también cubre el caso

de marras, pues aunque el imputado es una persona mayor de doce años, presenta

una capacidad de culpabilidad disminuida que es análoga a la ausencia de

capacidad por ser menor de 12 años. De manera que lo que procede, es remitir a

la persona menor de edad imputada al Patronato Nacional de la Infancia, institución

competente para determinar si corresponden imponer las medidas estatuidas en el

artículo 135 del Código de la

Niñez y la Adolescencia. Dicho todo lo anterior, para el

Magistrado que suscribe es importante aclarar que, negar la posibilidad de

aplicar supletoriamente la normativa procesal de adultos referida al

procedimiento especial de medidas de seguridad, respecto a las personas menores

de edad, por considerarlas contrarias a los principios de la materia penal

juvenil, no implica cerrar los ojos ante la inminente necesidad de dar una

respuesta estatal a las circunstancias especiales del menor inimputable

o con imputabilidad disminuida. Es decir: asegurarle al joven su derecho a la

salud mental y proporcionarle el apoyo que requiera, en aras de lograr, en la

medida de lo posible, su reinserción social. Lo que aquí se defiende, es que

esta respuesta no puede ser impuesta desde la agencia penal, en virtud de los

principios de intervención mínima y última ratio. El firmante considera

que esta ayuda debe venir de la institución cuyo fin último es exclusivamente

velar por el bienestar de los menores, en coordinación con la entidad

gubernamental encargada de garantizar el derecho a la salud de las personas.

Así las cosas, se unifica la jurisprudencia contradictoria en el sentido

explicado.”