Resolución 01252-2013

Mediante sentencia N° 2013-0319 , dictada a las once horas treinta

minutos del dieciocho de febrero de dos mil trece, el Tribunal de Apelación de Sentencia

Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, resolvió: “

Mediante resolución Nº 2013-00683, de las 9:03 horas, del

14 de junio de 2013 (cfr. folios 669 a 673), esta

Sala admitió para su trámite, el recurso de casación interpuesto por el

licenciado Michael Steve Morales Molina, en su

condición de representante del Ministerio Público, por la causal de precedentes

contradictorios, contra la resolución Nº 2013-0319, de las 11:30 horas, del 18

de febrero de 2013, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia del

Segundo Circuito Judicial de San José, la cual declaró sin lugar el recurso

formulado (cfr. folios 644 a 646). Hubo vista oral el

martes 9 de julio de 2013 (folios 680-683). De seguido se procede con el

conocimiento de fondo del asunto.

II.

Primer motivo, por existencia de precedentes contradictorios. Señala el representante del Ministerio Público que en la

sentencia impugnada se avaló un sobreseimiento definitivo dictado a favor del

imputado, por estimarse que los hechos delictivos objeto del proceso estaban

prescritos. Menciona que apeló la existencia de un acto interruptor de

prescripción, relativo a un arreglo conciliatorio celebrado el 10 de mayo de

2012, el cual excluiría el fenecimiento de la acción penal. Sin embargo, señala

que el Tribunal de Apelación de Sentencia descartó que operara dicha causal. Lo

anterior, porque la resolución que homologó la conciliación se anuló y no

existe norma expresa en materia penal juvenil que mantenga la eficacia del acto

interruptor en tales casos. También determinó que no aplicaba por analogía el

artículo 33 del Código Procesal Penal. En contraposición, aduce el recurrente

que la Sala Tercera de Casación Penal, en resolución Nº 105-2003, de las 9:05

horas, del 21 de febrero de 2003, estableció: “…Ahora bien, debe aclararse

que si bien cuando se dicta el primer fallo en este asunto, el 19 de enero de

2001, aún no se había reformado el artículo 33 en su ultimo párrafo, para

indicar que el efecto interruptor se mantiene aún cuando las resoluciones que

lo provocan fueran declaradas con posterioridad nulas o ineficaces, reforma

hecha por ley 8146 del 30 de octubre de 2001, lo cierto es que así debía

interpretarse, aún sin texto expreso en la ley. […] Desde la óptica

estrictamente procesal, se comprende que, para los efectos de la prescripción,

lo que interesa es comprobar que el proceso efectivamente ha seguido su curso y

que las actuaciones que tienen la virtud de interrumpir el plazo de la

prescripción han ocurrido, pues como actos procesales que indican que se ha

llegado a esa fase, han sucedido, son parte de la historia del proceso e

incluso, si posteriormente son anulados o declarados ineficaces, este efecto de

naturaleza “temporal” permanece…” En igual sentido, se invocan los votos de

esta Cámara: 0651-2005 y 144-2004, y 0285-2000, del antiguo Tribunal de

Casación Penal. Así las cosas, concluye el Fiscal que existen precedentes

contradictorios sobre un mismo punto de controversia. Considera que la posición

correcta es la de la Sala de Casación Penal, en el entendido de que la

resolución que interrumpe la prescripción mantiene sus efectos, sin importar

que después se declare ineficaz la resolución. Bajo esa línea, opina que se

causó perjuicio a los intereses punitivos del Ministerio Público, porque si se

hubiera impuesto la tesis de la Sala Tercera, la causa habría prescrito hasta

el 10 de mayo de 2015, y no como se resolvió. Solicita se case la sentencia, se

anule el fallo de primera instancia y se ordene el reenvío para un nuevo

juicio. Segundo motivo, por inobservancia de preceptos legales procesales,

relacionados con la interrupción del plazo de la acción penal juvenil. Normas

que se estiman infringidas: artículos 9, 65, 89 y 109 de la Ley de Justicia

Penal Juvenil, 30 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles,

vinculados al 2, 5, 33 y 142 del Código Procesal Penal. Fundamentos:

Alega el recurrente que el Tribunal de Alzada no aplicó en forma correcta las

normas sobre prescripción en materia penal juvenil. Aduce que el acuerdo

conciliatorio realizado el 10 de mayo de 2012, interrumpió el plazo de

prescripción, con independencia de que después se anulara la resolución que lo

homologó, por lo que la causa no expiró. Lo anterior es así, opina, por dos

razones. Primero, porque no se anuló el acto interruptor que era el acuerdo

conciliatorio, sino, la resolución posterior que lo homologó. Y segundo, porque

aún suponiendo la ineficacia del acuerdo conciliatorio, es un principio general

del derecho que las actuaciones procesales aunque se declaren nulas, existieron

en el proceso, lo cual descarta la inactividad procesal, situación que sanciona

la prescripción y aquí no ocurrió. Además, conforme al 9 de la Ley de Justicia

Penal Juvenil, las lagunas legales se integrarán en forma supletoria con lo

dispuesto en el Código Penal y Procesal Penal, lo cual significa que a partir

de una interpretación sistemática, no extensiva o analógica, debía aplicarse el

33 del Código Procesal Penal, en el sentido de que los actos interruptores de

prescripción operan con independencia de que se declaren ineficaces con

posterioridad. Por consiguiente, sostiene el quejoso que la resolución

impugnada le causó agravió, por cuanto afectó las pretensiones punitivas del

órgano acusador al avalar prescrita una causa que no lo estaba. Solicita se

case la sentencia, se anule el sobreseimiento definitivo de primera instancia y

se ordene el juicio de reenvío. Por lo estrechamente vinculado de los

motivos, se resuelven de manera conjunta. Por mayoría, se declara con

lugar el recurso. En el presente asunto se reclama que contrario a lo

decidido por el Tribunal de Apelación, la investigación seguida contra el

imputado E., por los delitos de robo agravado y amenazas personales, nunca prescribió,

toda vez que el 10 de mayo de 2012, las partes llegaron a un arreglo

conciliatorio, el cual interrumpió el plazo de prescripción. Se aduce que si

bien la medida alterna fue anulada, lo cierto es que el acuerdo existió y en

ese tanto los efectos interruptores operaron (resolución Nº 105-2003, de la

Sala Tercera de Casación Penal). Además, se arguye que por no estar regulado el

tema en la legislación especial, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de

Justicia Penal Juvenil, aplicaba el 33 del Código Procesal Penal, el cual

contempla que aunque las resoluciones interruptoras del plazo de prescripción,

sean anuladas, los efectos persisten. Ahora bien, la resolución impugnada

declaró sin lugar estos planteamientos, con base en lo conducente: “…La

fiscal estructura y desarrolla su recurso a partir de una interpretación

sesgada y personal del artículo 33 del Código Procesal, pues asegura que dicha

norma indica que a pesar de que las resoluciones que interrumpan la

prescripción de la acción penal sean declaradas nulas, mantendrán el efecto

interruptor. En realidad, el contenido del párrafo 3º de dicha norma presenta

una redacción diferente a lo que en este caso menciona la representante del

Ministerio Público, al indicar: “[…] La interrupción de la prescripción opera,

aun en el caso de que las resoluciones referidas en los incisos anteriores,

sean declaradas ineficaces o nulas, posteriormente […]”. Como se deriva de lo transcrito, esta disposición no alude de modo genérico a

las resoluciones que interrumpan la prescripción de la acción penal (conforme

lo sostiene la impugnante), sino, de modo más concreto, taxativo y restringido,

a las resoluciones referidas en los incisos anteriores, dentro de las cuales no

aparece aquella que homologa un acuerdo conciliatorio. Esta precisamente es la

interpretación que vierte la jueza de mérito en este caso, siendo que a partir

de ella y atendiendo a la prohibición de interpretar analógicamente una norma

en detrimento de la libertad del imputado, llega a la conclusión de que la

nulidad de ese acuerdo conciliatorio […] determina que el mismo no podría

mantener el efecto interruptor de la prescripción. […] Este Tribunal de

Apelación avala esta construcción pues, en efecto, la única manera de aplicar

en este caso la regla del numeral 33 del Código Procesal Penal sería partiendo

de una interpretación analógica a partir de la cual se entienda que cualquier

resolución que tenga la virtud de interrumpir el cómputo de la prescripción

(aunque expresamente no esté enlistada e incluida en el citado párrafo de

comentario), aunque se anule posteriormente siempre mantendrá ese efecto

interruptor…” (cfr. folios

644 vuelto y 645 frente). Bajo esta perspectiva, el tema de fondo consiste en

escudriñar si la revocatoria de la resolución que homologa el acuerdo

conciliatorio, deja o no también sin efecto el plazo interruptor de

prescripción. En ese orden, se tiene que el numeral 65 de la Ley de Justicia

Penal Juvenil dispone que el acuerdo conciliatorio interrumpe

el plazo de prescripción de la acción penal. Sin embargo, existe un vacío legal

con respecto a las consecuencias jurídicas en caso de que se anulen las

causales interruptoras. Ante esta situación, el artículo 9 de la LJPJ preceptúa: “En todo lo que no se encuentre regulado

de manera expresa en la presente ley, deberán aplicarse supletoriamente la

legislación penal y el Código Procesal Penal. Sin embargo, al conocer el caso

concreto, el Juez Penal Juvenil siempre deberá aplicar las disposiciones y los

principios del Código Penal, en tanto no contradigan alguna norma expresa de

esta ley.” Por su parte, el artículo 33 del Código Procesal Penal establece

que las causales interruptoras de prescripción en adultos operan aun cuando

estas luego se declaren ineficaces. Por ende, dado que en materia penal juvenil

no está regulado dicho aspecto, procede su aplicación supletoria de conformidad

con el artículo 9 de la LJPJ, de modo que lo efectos

interruptores de la prescripción subsisten con independencia de que la causal

de origen se anule. Además, siendo que en el caso bajo estudio las partes

llegaron a un arreglo conciliatorio el 10 de mayo de 2012, por lo que el plazo

de prescripción se interrumpió, el ejercicio de la acción penal expiraría hasta

el 10 de mayo de 2015 (artículos 65 y 109 de la

LJPJ). Es importante aclarar que la

aplicación del 33 del CPP en el particular no es resultado de una

interpretación extensiva o analógica (como erróneamente se analizó en la

resolución impugnada), sino de una aplicación supletoria por ausencia normativa,

con relación a los efectos interruptores de la prescripción de la acción penal.

Asimismo, es conveniente indicar que la aplicación supletoria en la especie no

vulnera ningún derecho fundamental del acusado o principio rector de la materia

especializada penal juvenil (no existe un derecho fundamental del encartado a

la prescripción). Más bien, se preserva la igualdad procesal entre las partes a

fin de garantizar una tutela judicial efectiva. A mayor detalle, con respecto a

la aplicación supletoria del Código Penal y Procesal Penal de adultos en penal

juvenil, véanse las resoluciones Nº 00145-2013 y 01203-2012 del Tribunal de

Apelación de Sentencia Penal Juvenil de Goicoechea, en que se admite el

procedimiento abreviado; así como la Nº 00917-2009, en que aprueban las medidas

de seguridad curativas. En consecuencia, se declara con lugar el recurso

interpuesto. Se anulan las resoluciones números 2013-0319, dictada por el

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil de Goicoechea, Sección

Segunda, a las 11:30 horas, del 18 de febrero de 2013, y la sentencia oral Nº

0118-2012, dictada por el Juzgado Penal Juvenil de Limón, a las 14:23 horas,

del 8 de noviembre de 2012. Se ordena el reenvío al Juzgado Penal Juvenil de

origen, para que con otra integración, procedan con la reanudación del

procedimiento.

Por

Tanto:

Por mayoría, se

declara con lugar el recurso incoado por el Ministerio Público. La Magistrada

Arias Madrigal salva el voto.

Notifíquese.

Carlos Chinchilla S.

Jesús Alberto

Ramírez Q.

Magda Pereira

V.

Doris Arias M.

Rafael Ángel Sanabria R.

VOTO

SALVADO DE LA MAGISTRADA DORIS

ARIAS MADRIGAL

Respetuosamente

discrepo de la decisión que ha sido adoptada por la mayoría, pues considero que

no procede la aplicación supletoria en el particular, por las siguientes

razones: En primer lugar, tenemos que la Ley de Justicia Penal Juvenil, así

como la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, regulan un régimen

propio de prescripción, distinto al régimen de adultos: las causales de

interrupción y suspensión, así como el cómputo del plazo no son iguales (arts. 65, 89, 109 y 110 de la LJPJ

y 30 de la LESPJ). Por ejemplo, con relación a las

causales interruptoras de la acción penal, se contemplan el arreglo

conciliatorio, la suspensión del proceso a prueba y la sentencia de juicio. Con

respecto a las causales de suspensión, se incluye únicamente la rebeldía. En

cuanto al cómputo del plazo, no se reduce a la mitad, sino que vuelve a correr

de nuevo. Como se aprecia, el tema está regulado en forma expresa y por ende no

aplican subsidiariamente las reglas de prescripción estipuladas en el Código

Procesal Penal. A ello se agrega que el artículo 30 de la Ley de Ejecución de

las Sanciones Penales Juveniles, señala la posibilidad de que se mantengan los

efectos interruptores de prescripción de las sanciones, aun cuando estas se

anulen. El que no se diga nada con respecto a las hipótesis en que se

interrumpe la prescripción de la acción penal, no significa que exista laguna

de ley. Simplemente, sucede que el legislador estimó que en ese supuesto no

debía operar aquella consecuencia. Además, deben tomarse en cuenta los

principios rectores que erigen el Derecho penal juvenil, de interés superior de

la persona menor de edad, fin educativo y derecho a la reinserción familiar y

social (arts. 7 y 8 de la Ley de Justicia Penal

Juvenil, 2 y 3 de la Convención de los Derechos del Niño). Principios inviables

si no se le garantiza al menor acusado, un juzgamiento en un plazo razonable (4

del Código Procesal Penal). Por ende, dado que la interrupción de la

prescripción evita la extinción de la acción penal y extiende el plazo de ley

establecido para su prosecución, las causales que lo autorizan deben

interpretarse en forma restrictiva (literal); la interpretación extensiva

desfavorable para el imputado, queda prohibida, por cuanto quebranta la

garantía Constitucional y Convencional de una justicia pronta y sin demoras (arts. 40 de la Convención de los Derechos del Niño, 41 de la

Constitución Política, 1 y 2 del Código Procesal Penal). En

el caso concreto, la legislación penal juvenil no regula en forma

específica si a pesar de la anulación de las causales interruptoras de

prescripción, perduran sus efectos. Dos podrían ser las interpretaciones

jurídicas. La primera, una interpretación extensiva in malam

partem o perjudicial para el imputado, en el

sentido de que los efectos interruptores se mantienen, porque lo importante es

que el acuerdo conciliatorio existió, con independencia de que después se

anulara (posición parcial defendida en el voto de esta Sala Nº 105-2003, propia

del sistema penal de adultos). Y la segunda, una interpretación extensiva in

bonam partem o

favorable al reo, entendiendo que no se puede mantener interrumpido el plazo de

prescripción de una resolución que no existe. Esta última se considera la

interpretación aplicable en la especie. Por un lado, porque es la que mejor

protege el interés superior del menor, con relación a su reintegración familiar

y social. Y por otro lado, porque existe prohibición de interpretar en forma

extensiva preceptos procesales (vrg. prescripción)

que coarten o limiten alguna regla de garantía (vrg.

derecho a una justicia pronta), establecida a favor del imputado. En

consecuencia, se rechaza el recurso interpuesto y se mantiene lo resuelto en el

fallo impugnado.

Doris

Arias M.

LGVARGAS

(Int. 420-5/19-11-13)