Resolución 00673-2017

Mediante sentencia N° 2016-1703, dictada a las once horas, del dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José resolvió: “

En escritos visibles de folios 197 a 202  del expediente, la licenciada Angélica Vásquez Corrales, representante del Ministerio Público, interpone recurso de casación contra la resolución número 2016-1703, de las 11:00 horas, del 16 de diciembre del 2016, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial de San José, sede de Goicoechea.

En la resolución N° 2017-00139, de las 10:51 horas, del 27 de febrero de 2017, se admitió para su estudio el primer y segundo motivo del recurso de casación interpuesto por la licenciada Vásquez Corrales, representante del Ministerio Público.

III-  En el primer motivo con base en el inciso a) del artículo 468 del Código Procesal Penal, la recurrente invoca la existencia de precedentes contradictorios. De previo a la fundamentación del alegato, expone la  casacionista, que en el presente asunto el Tribunal de Juicio absolvió al encartado Solano Hernández, al considerar que,  si bien,  se demostró que el encartado brindó el nombre  y número de cédula de su  hermano  al momento de  recibírsele  la declaración indagatoria;  era lo cierto, que tal  conducta  resultaba atípica. En  virtud de que, el encartado realizó dicha  acción  en el  ejercicio de su defensa material. Dicho criterio fue avalado por los señores Jueces  de Apelación, mediante la resolución No. 2016-1703, de las 11:00 horas, del 16 de diciembre de 2017. Ahora bien, puntualiza la Fiscal que, ya la Sala en el precedente, No. 1453,  de las 14:50 del 16 de octubre del 2009, determinó que "una cosa es que el imputado pueda guardar  silencio durante dicha diligencia y abstenerse de colaborar con las autoridades, y otra muy distinta es legitimar engaños y obstaculizaciones en la averiguación  de la  verdad real y hasta la fabricación falsa de indicios, la calumniosa incriminación de terceros, o la suplantación de identidad, ya que eso traspasa los límites de la protección de los derechos constitucionales del imputado". Concluye, la representante del Ministerio Público, que lo dirimido en segunda instancia, no solo contraviene el pronunciamiento de  la Sala; sino  que, además, procura la  impunidad  de conductas que, a su juicio, son delictivas. Se procede  a resolver  el primer motivo de casación en la forma que se dirá. Las inconformidades que plantea la parte impugnante, se refiere a los alcances de la figura del ejercicio del derecho de defensa material del imputado, en relación con situaciones en las que éste proporciona datos falsos en una declaración judicial como la indagatoria; así como, el determinar si tal conducta es ilícita. Previo a dar respuesta a las demandas de la parte interesada, se hace necesario plantear algunas consideraciones: a) Sobre  el ejercicio del derecho de la defensa  material del imputado. Este derecho adquiere su máxima expresión en  la declaración del imputado, y en el consecuente derecho a ser oído. Lo anterior, encuentra su sustento jurídico en el numeral 8 de la Convención Americana sobre Derechos  Humanos, la cual, expone que "la manifestación de su  versión  de los hechos frente al tribunal, por medio de un relato que aspira a  ser creído"  corresponde,  sin duda,  al modo más elemental  y directo,  que posee  este  para  ejercer su defensa  material. En nuestro ordenamiento, dicha garantía encuentra asidero tanto constitucional -de la relación armónica de los artículos 36, 39 y 40 de la  Constitución Política  de Costa Rica-, así como en la normativa ordinaria. Es esta última, la que desarrolla y otorga un contenido práctico y eficaz al derecho fundamental del ejercicio de la defensa material, mediante la regulación del procedimiento de la declaración de la persona imputada. Así, tenemos, el apartado IV del Código Procesal Penal, mismo que puntualiza  los tres componentes de la citada declaración indagatoria,  a saber: i) La obligación de las autoridades de informar a la persona imputada sus derechos y obligaciones, adquiridos en  tal condición (artículo 82); ii) el deber del encartado de  brindar sus datos de identificación e individualización (numerales 83 y 94) y iii) la oportunidad de que el  justiciable pueda  brindar  su versión sobre los hechos que se le atribuyen, siempre en presencia de su defensa técnica o letrada (ordinal 95). De manera tal que, desde el primer momento que se le otorga a una  persona el trato de sospechoso de la comisión de un delito, esta se encuentra cubierto por el derecho a  defenderse, de forma material, ante  el poder punitivo  del  Estado. b) Sobre el "derecho a mentir" de la persona imputada. Se ha discutido de forma  amplia, si el derecho del imputado de no auto  incriminarse y de  ser oído, le faculta faltar a la verdad; de manera que, dicha conducta queda fuera del ámbito de la responsabilidad penal. Es menester iniciar señalando que, de ningún modo, al imputado le asiste un "derecho a mentir". Sobre este particular,  la Sala Constitucional  ha indicado: "Por otra parte, no es posible deducir, de la disposición 36, ni siquiera en materia penal, un derecho fundamental del imputado a mentir en el proceso. Por el contrario, tal y como se ha venido indicando, el alcance de la garantía en cuestión se circunscribe al derecho de no declarar, de no ser obligado a ello, y al de no confesarse culpable." (Voto No. 6359-1993,  de las 14:57 horas, del 1° de diciembre del 1993) Posición que ha sido  avalada por  esta  Sala  de Casación, al referir lo siguiente: "Debe destacarse  entonces que, si  bien el imputado no tiene  derecho a mentir en el  proceso, tampoco  puede  derivarse respecto de su dicho inverosímil, falseado mediante su confrontación con las pruebas, una sanción o reproche  aplicable  a nivel  de la fijación del monto de pena que  le será impuesto."  (Sala Tercera, resolución No. 2010-01449,  de las 10:20 horas, del 23 de diciembre  del 2010. En igual sentido, la resolución No. 2004-00533, de las 8:55 horas, del 21 de mayo del 2004). Esta resolución es de gran relevancia porque reafirma que  la persona  acusada no ostenta la facultad de  mentir, al  amparo de su  ejercicio de derecho de defensa material. A  raíz de este criterio, este Órgano de Casación ha  interpretado, que la línea que separa  el ejercicio del derecho  de defensa  material lícito  del ilícito, dependerá  de si  las falsedades proferidas por el imputado  causan, de forma directa, un perjuicio a terceros. Al respecto se señaló: "Independientemente de los matices que se quiera dar al punto, lo cierto es que nada  impide  que el  acusado, si desea declarar "invente"  una coartada e incluso simule hechos  que refuerzan  su  explicación, porque no está sujeto ni al  deber  de  colaborar  y por ello, obviamente  tampoco a decir la verdad. Y por estos hechos falsos, no podría dentro  del mismo  proceso, surgirle responsabilidad  penal, por ejemplo, por falso testimonio, excepto cuando con su conducta desorientadora haya perjudicado a otras personas - por ejemplo, la denuncia calumniosa o la simulación de delito- (cfr. al respecto, resolución 492-98 de las 10:15 horas del 22 de  mayo de 1998 de esta Sala). Cuántos pasos avance el acusado en este  ejercicio y hasta  dónde  llega el terreno de lo permitido y cuándo traspasa  el límite de lo ilícito- según los supuestos antes relacionados- deber ser valorado en cada caso." (El texto resaltado y subrayado no es del original. Resolución de la Sala  Tercera,  No. 2004-1034,  de las 11:25  horas, del 27 de agosto del 2004). De modo tal que, esta  Sala ya  ha definido, que  no todo ejercicio del derecho de la defensa material  hace  que la conducta del  imputado  no resulte  prohibida en sí misma y ello  obliga  que la situación deba ser  valorada caso por caso.  c) Sobre la posición de la Sala en relación con el ejercicio de la defensa material, en el acto de identificación del imputado. En un caso de reciente  data, en el cual  el imputado  aportó el nombre  y número de cédula  de un  familiar suyo,  esta Cámara de  Casación plasmó lo siguiente: “En  el caso que nos  ocupa, el imputado falta  a la verdad suministrando como propios el nombre y número de cédula de otra persona,  específicamente, de un primo suyo. Si bien es cierto a raíz de esa  falta  a la verdad se provocó un perjuicio a un tercero  pues,  el  ofendido Ramírez  Rojas fue detenido en retenes  policiales y advertido de que su nombre registraba expediente abierto en el Organismo de Investigación Judicial; cabe estudiar si esa afectación fue una consecuencia directa de la mentira  del imputado en el proceso de identificación de marras. Con vista  en la  acusación formulada por el Ministerio Público (f. 1-2 vuelto), en este asunto resulta de importancia  que: 1) el encartado no aportó  ningún documento de identidad que acreditara sus datos personales pues, al momento de la detención, aquel se encontraba indocumentado (segunda diligencia de la acusación); 2) él firmó el acta  del  expediente de su Expediente del Archivo Criminal con su verdadero nombre y número  de cédula, que resultaba ser distinto a los que había suministrado (tercera diligencia de la acusación). Es  decir, en el acta  quedaron  constando ambos nombres (f.18);

Gracias  a ese  número  de cédula que  consta  en el  acta mencionada, fue el que el Ministerio Público, ex post, consultó al Registro Civil para acreditar la identidad. Es  criterio de los Magistrados  que  suscriben que, los elementos enumerados con 1) y 2), debieron  provocar una duda  suficiente en los  Oficiales del Organismo de Investigación Judicial que realizaron la reseña (como representantes del Estado represor y, por lo tanto,  encargados no solo de la individualización física  del imputado sino también, en la medida de lo posible de su identificación)...” (Sala Tercera,  resolución No. 2015-01298,  de las 9:34 horas, del 16  de octubre del 2015.). Visto lo anterior, esta Sala de Casación procede a unificar el criterio señalando que: La ilicitud  de las  faltas a la verdad en el ejercicio de la defensa material, en el acto de identificación del imputado,  deberá ser valorada siempre caso por  caso, porque siempre que exista  duda por parte de las autoridades (ya sea por inconsistencias de los datos aportados por el justiciable o porque este no porte documento de identidad, por ejemplo), estas tienen la facultad y posibilidad de corroborar la información por otros medios. Según lo dispone el numeral 83 del Código Procesal Penal, mismo que consigna lo siguiente: " El imputado deberá suministrar  los  datos  que  permitan  su  identificación personal y mostrar su documento  de identidad. Si no los  suministra o se estima necesario, se solicitará  constancia al  Registro  Civil , sin  perjuicio  de que una oficina técnica practique su identificación física utilizando sus datos personales, impresiones digitales y señas particulares...". Estas situaciones, ya  han sido  abordados  por  esta  Sala,  quien ha dejado claro que, ante la sospecha o duda sobre  la  identificación  de una  persona perseguida penalmente, compete al Estado su verificación. Prueba de ello, es el Voto N.2006-00510, el cual  indicó que: "...una vez  más hay  que repetirlo, respecto del primero de esos actos (el procedimiento de identificación) si el imputado miente o genera dudas, le queda a la autoridad  pública la vía de verificación, por los amplios medios compulsivos que  tiene a su alcance, para  aclarar todos esos  extremos" (Resolución de la Sala Tercera, de las 9:35 horas, del 2 de junio del 2006).  d) Solución al caso concreto. De todo  lo dicho  se  concluye que en  el  presente caso,  la conducta del acusado Solano Hernández  no resulta ser típica, por cuanto  en  la misma se presentó una sospecha o duda en sus datos de identificación, que no fue advertida por las autoridades competentes. De acuerdo con el estudio del  expediente, se extraen  los siguientes  datos  de importancia: i)  en  fecha 8 de  noviembre del 2013, el imputado al momento de brindar sus datos de identificación, en  su declaración indagatoria, indicó llamarse Carlos Vinicio Solano Hernández y aportó como número de cédula el 1-1148-580; ii) en dicha declaración, él afirmó no portar la cédula (f. 16); iii)  el día 27 de noviembre del mismo año, compareció ante  los estrados judiciales,  una persona que se identificó como Carlos Vinicio Solano Hernández e indicó a las autoridades responsables de  esta sumaria, que su  hermano David  Mauricio Solano  Hernández se identificó  con su  nombre y por ende, este último era la persona  imputada; iv)  acto seguido, el Ministerio  Público, en esa misma fecha (27 de noviembre del 2013), le solicitó al Archivo Criminal del Organismo de Investigación Judicial que determinara "si con base  en el resultado que arrojó la reseña, expediente OIJ-75090 con fecha  de impresión 8 de noviembre del 2013, si la persona  reseña corresponde a las persona que dijo llamarse CARLOS VINICIO SOLANO HERNÁNDEZ en  la declaración indagatoria." (cfr. f. 31); v) el Archivo Criminal, mediante pericia  de  fecha 2 de diciembre del 2013, le informó al representante fiscal que el  indocumentado Carlos Solano Hernández utilizó los datos de su hermano Carlos. Conclusión a la que se arribó mediante la comparación de lofoscopía realizada  y que en  realidad, la persona detenida por esta causa se trataba de David Mauricio Solano Hernández, portador de la cédula 1-1055-558 (cfr. f.33). Es criterio de los Magistrados que suscriben, que desde el momento en que el imputado Solano Hernández indicó en su declaración  no portar el documento de identidad  respectivo, ya ello constituía un elemento suficiente para generar duda en las autoridades estatales, en este caso representadas por el Ministerio Público,  y por tanto, eran  estas quienes estaban en la obligación de  utilizar  los mecanismos que se encontraban a su  disposición  para  comprobar que  los datos  brindados por el imputado fueran verídicos. Incluso, llama la atención como las autoridades competentes, el día de la detención del encartado, ordenaron que a este se le practicara la reseña correspondiente y pese a  que, ya tenían conocimiento de que se trataba de una persona  indocumentada, estas omitieron -de forma absoluta- solicitarle al Archivo Criminal que comprobara la identidad citada. Por el contario, denota esta Cámara, que la señora  fiscal llevó a cabo la aludida diligencia hasta  el instante en  que se presentó el señor Carlos  Vinicio a alertar de la situación. Para  esta  Sala,  de ninguna forma,  es  aceptable el actuar negligente del Ministerio  Público, al  omitir el procedimiento, en el  momento en que  la  normativa  procesal  se  lo impone,  máxime  contando  este con los medios para identificar una persona y con ello esclarecer cualquier duda en los datos de identificación de la persona investigada. Es decir, este Órgano de Casación no avala que se pretenda responsabilizar al encartado Solano Hernández por la negligencia propia de las autoridades estatales. Por lo expuesto, se declara sin lugar el  primer motivo de  casación incoado por la fiscal Angélica Vásquez Corrales.

En el segundo motivo alega la representante del Ministerio Público, inaplicación del artículo 367 del Código Penal, lo anterior de conformidad con el artículo 468 inciso b) del mismo cuerpo de leyes. Arguye la representante fiscal que, de conformidad con  el cuadro fáctico acreditado en sentencia, lo que procedía era calificar la conducta investigada  como configurativa de un delito de falsedad ideológica, cual  fue reprochado en apelación de sentencia. Sin embargo, este agravio fue desestimado por el Tribunal, señalando que  al efecto aplican otras figuras típicas,  que por ser contravencionales ya estaban prescritas. Se  declara sin lugar este  motivo de casación. Conforme fue analizado por el Tribunal de Apelación de Sentencia, el  cuadro fáctico acusado a Solano Hernández le atribuyó a este el  haber brindado un nombre y número de cédula falsos a las autoridades competentes, quienes le interrogaron sobre sus  datos de identificación al momento de rendir su declaración indagatoria, y por ende, desde la perspectiva de los señores jueces de Apelación, dicha acción se configura en la contravención "de negativa a identificarse", prevista y sancionada en el  numeral 396 inciso 6). Posición que  esta Sala  de  Casación avala,  por las  razones que  de seguido se exponen:

En el considerando  anterior, esta Sala delimitó la línea que separa el ejercicio del derecho de defensa material lícito del  ilícito, en el acto de  identificación del imputado. Ahí se  señala que la ilicitud de las faltas a la verdad en dicho ejercicio, dependerá de  la valoración  que se  realice a  la conducta desorientadora del imputado, según sea el caso concreto. De modo tal que,  si  ese examen valorativo da como resultado que la falta a la verdad del imputado resultó ser  ilícita, el paso a seguir es determinar el tipo penal que le  sea  aplicable, ya sea este constitutivo de delito o  constitutivo de una infracción leve o contravención. Lo anterior, por cuanto, tanto  el tipo penal constitutivo de delito como el tipo penal leve (contravención),  poseen la descripción de  una  acción, con  la clara indicación de sus elementos objetivos y subjetivos (tipicidad). En ambos tipos penales existe, además, contradicción entre la acción y la norma penal, configurándose la antijuridicidad  de la conducta, entendida  esta  como el perjuicio o lesión  que sufre o pueda  sufrir el  bien jurídico  tutelado por  la conducta, el cual, aunque no se describa en el tipo penal, este debe encontrarse  implícito  en  la norma penal. Sobre el principio de lesividad, esta  Sala ha referido: "En este sentido, lleva razón el Tribunal al señalar que: "la simple contravención de una norma no es suficiente para justificar la intervención del sistema criminal, pues resulta necesario que al menos sea puesto en peligro de manera significativa la lesión a un bien jurídico, para poder habla de la existencia de una conducta materialmente antijurídica”. (Resolución de la Sala Tercera, No. 00081-2017, de las 9:35 horas, del 10 de  febrero del 2017). Finalmente, ambos tipos penales contienen el reproche que se le debe realizar  a la persona infractora; en  virtud,  de no haber  adecuado su conducta  conforme a lo dispuesto en la norma (culpabilidad).  Ahora bien,  la diferencia entre un tipo penal constitutivo  de delito y otro constitutivo de contravención, la encontramos en la misma  ley, por cuanto, es  el legislador quien define cuáles  conductas son sancionables como delito y cuáles conductas como contravención. Atendiendo este a criterios de mayor o menor reproche hacia el bien jurídico que se pretende proteger con la conducta descrita en el tipo penal. De modo tal que, sería incorrecto interpretar que todas aquellas conductas generadores de un perjuicio a terceros, necesariamente, deben ser consideradas delictivas, pues, como ya se  indicó por parte  de  esta Cámara, todo tipo penal -incluyendo a la falta leve o contravención- debe causar un perjuicio al bien jurídico tutelado, pudiendo resultar este en una afectación o un perjuicio hacia otra persona.

En el Derecho Penal es  absolutamente posible que a una  sola  conducta  le  pueda ser aplicable dos o más tipos penales, ya  sea  entre uno constitutivo  de delito y otro de  contravención,  tal y como  ocurre  en  este caso en  estudio, donde se discute si el tipo penal aplicable es el delito  de  falsedad ideológica  o la contravención de  negativa  a identificarse. Esto es lo que la doctrina denomina concurso  aparente de normas, y nuestra legislación lo  recoge en el artículo 23 del Código Penal, en el cual se  dispone que: "Cuando una misma conducta esté descrita  en  varias  disposiciones legales que se  excluyan entre sí, solo será aplicable  una  de ellas"  De manera tal que,  este tipo de concurso produce una  lesión "aparente" de varios bienes jurídicos, pero  que en realidad  trata  de una  única lesión existente; en  virtud de que,  el primero de  los tipos penales aplicables absorbe, desplaza o consume la aplicación del otro. Para distinguir la existencia de un concurso aparente de normas, de forma necesaria, debe recurrirse  a una  serie  de principios, entre estos: el principio de especialidad, el de subsidiariedad material o tácita y el  de consunción. Sobre el principio de especialidad,  el mismo  existe cuando una disposición penal, que es la del tipo penal que  resulta aplicable, "contiene en sí todos los elementos de la disposición penal del tipo general, más uno o más elementos especializantes, por medio de los cuales el legislador considera la acción bajo puntos de vista distintos tomados en cuenta a la hora de construir el tipo penal”. (Francisco Castillo González, El concurso de delitos en el derecho penal costarricense, Publicaciones de la Facultad de Derecho, UCR, 1981, Pág. 37). En lo relativo al principio de subsidiariedad material, son dos las situaciones que se puede presentar: 1) el tipo penal aplicable es aquel que protege el mismo bien jurídico  de un ataque mayor que el otro tipo penal, y 2)  el tipo penal  aplicable protege un bien jurídico diferente, pero en él se comprende el bien jurídico resguardado por el tipo penal desplazado. Esta relación de subsidiariedad puede encontrarse de forma  expresa en la ley o bien,  tácita. Finalmente, respecto  del principio de consunción,  el tipo penal  aplicable posee una  relación de medio a fin con el tipo penal desplazado, el  cual,  se  absorbe por ser de menor gravedad. Al respecto este Órgano de Casación  ha  referido: "... la doctrina ha elaborado los principios de especialidad, subsidiariedad y consunción. Existe una relación de especialidad que excluye la aplicación simultánea de dos tipos penales, cuando uno de ellos contiene todos los elementos del otro, pero agrega al menos un elemento adicional especial. Por su parte, la subsidiariedad entre tipos puede ser expresa o tácita, en la primera la propia norma lo establece, mientras que la segunda opción se determina por un análisis teleológico de la relación de ambas normas. Lo determinante de la subsidiariedad es que, ya sea de forma expresa o tácita, existe una relación entre ambos tipos que supone que uno sólo es aplicable si el otro no lo es. Por último, la consunción ocurre cuando un delito se comete antes, durante o después de otro más grave, que desplaza al primero por contener su injusto y culpabilidad." (Sala Tercera,  resolución No. 468-2011, de las 12:49  horas,  del 15 de abril del 2011).

En el  cuadro fáctico acusado a Solano Hernández  se tiene lo siguiente: "

El día 08 de noviembre del año 2013,  entre las 06:43  y 08:00 horas,  en la Fiscalía  de Turno Extraordinario del I Circuito Judicial de San José, el imputado DAVID SOLANO HERNÁNDEZ,  atendiendo  a un plan para ocultar su  verdadera identidad,  hizo  insertar  falsamente en la  declaración indagatoria del  proceso 13-000848-1275-PE y el registro de detención No. OIJ-9160-2013 información falsa, toda  vez que se identificó como Carlos Vinicio Solano Hernández, con cédula de identidad 1-1148-580, información que corresponde a un hermano  del  imputado.

Dicho  acto  genero que el expdiente 13-000848-1275- PE se  tuviera  como  imputado a Carlos  Vinicio Solano Hernández y que el  registro  de detención No. OIJ-9160-2013 estuviera  a nombre  de Carlos Vinicio Solano Hernández, lo que  generó que el  verdadero Carlos  Vinicio Solano Hernández tuviera que apersonarse al  proceso  a  aclarar  la situación. "(cfr.  fs. 75 y 76).  De acuerdo  con la  relación de hechos  expuesta,  esta Sala  logra verificar la existencia de una relación de especialidad entre el delito de falsedad idelológica y la contravención de "negativa a identificarse". Como bien apuntaron los señores juzgadores de segunda  instancia, el delito de  falsedad  ideológica  es  un tipo penal genérico, el cual,  no define el tipo de documento  público en el cual se debe insertar las falsedades,  tampoco refiere  de forma expresa cuáles  son los datos  que el agente activo debe  brindar como falsos, ni  ante  qué  persona o autoridad lo realiza. Sobre  este  punto, los  Jueces  de Apelación indicaron: "Ahora bien, en relación  con la calificación legal de los hechos,  propuesta  por el Ministerio  Público, no se comparte  que  se trate  de una falsedad ideológica,  en el tanto dicha  norma indica: "ARTÍCULO 367. -Las penas previstas en el artículo anterior  son  aplicables al que insertare  o hiciere  insertar en un documento público o auténtico declaraciones falsas, concernientes  a un hecho que el  documento deba probar,  de modo  que pueda  resultar perjuicio.". Si se  analiza la norma en detalle,  en relación con la inserción  de datos falsos,  como característica especial del documento que se  utiliza en  el proceso es que debe probar algo, sin embargo, la identificación del imputado no es un elemento probatorio, si se aprecia la acusación no es  ofrecido  este documento como un elemento probatorio,  esta  característica hace que no se cumplan en el caso  de interés los elementos objetivos del tipo, en especial en relación con los elementos normativos. Por otra parte  la referencia es  genérica,  se sanciona la inserción de cualquier tipo de dato y se  alude  de manera  igual a cualquier tipo de documento público" (cfr.  f. 193 vto). Contrario  a lo anterior,  el tipo penal del artículo 396 inciso  6),  no solo contiene en sí la conducta  genérica del  delito de falsedad ideológica, sino que  este  además sí  describe los  elementos especiales ya citados, tal y como se evidencia en su  descripción fáctica: "ARTÍCULO 396.- Se penará  con cinco  a treinta días multas:

Al que requerido o interrogado por autoridad  competente para ello en el ejercicio de sus funciones,  se negare  a presentar   su cédula de identidad,  pasaporte o permiso  de residencia, rehusare  dar  su  nombre, profesión, estado civil, nacionalidad, lugar  de nacimiento, domicilio y demás  datos de filiación o los diere  falsos"  Nótese que,  este  tipo penal sanciona la conducta  de una persona que  da datos  falsos como nombre y demás  datos de  identificación o filiación, ante  una autoridad competente,  cuando  esta  la interrogare en el ejercicio de sus  funciones. De manera que, al  hacerse el análisis  de los hechos  que se  le atribuyen al endilgado Solano Hernández,  y  de su comparación con el tipo penal  de la  contravención en estudio,  tenemos  la identidad en los siguientes elementos: a) la acción típica es  el dar o bridar datos falsos de identificación;  el imputado en este  caso, dio un nombre y   número de cédula falsos; b)  la norma exige que la falsedad  de los datos de identificación sean  brindados  con ocasión de un interrogatorio. En este  supuesto, al imputado Solano Hernández le fueron requeridos sus datos de identificación por motivo de su declaración indagatoria, lo cual, constituye un interrogatorio y c) los datos de identificación falsos deben  darse  ante una autoridad competente; en este asunto, el imputado Solano Hernández dio los datos  falsos al Ministerio Público,  el que en  el ejercicio de sus  funciones representaba a  la autoridad pública competente   para requerirle sus datos de identificación. Así las cosas, la calificación establecida por el  Tribunal de Apelación de Sentencia, se adecuan a los hechos que se tuvieron por demostrados, pues entre ambas infracciones (falsedad ideológica y la contravención de negativa a identificarse) existió un concurso aparente de delitos, siendo la calificación correcta de la contravención de “negativa  a identificarse”. En virtud de lo anterior, se declara sin lugar el recurso  de casación incoado por el  Ministerio Público y se confirma la sentencia No. 2016-1703, de las 11:00 horas, del 16 de diciembre del  2016, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia  Penal del  Segundo Circuito Judicial de San José.