Resolución 00788-2013

Con base en la

resolución dictada por Juzgado de Tránsito del I Circuito Judicial de Alajuela

a las 15 horas 22 minutos del 6 de julio de 2006, el ejecutante presentó la

respectiva liquidación, para que en sentencia se apruebe el pago de: a) Daños:

¢ 755.855,00; b) Perjuicios: ¢486.581,65. Asimismo, pide que se despache

ejecución por el monto adeudado más el 50% de ley, los intereses legales hasta

la fecha de su efectivo pago y ambas costas de la ejecución.

El ejecutado contestó

conforme a folios 20 y 21 e interpuso las excepciones de transacción, cosa

juzgada, prescripción, caducidad, falta de derecho y falta de legitimación

activa y pasiva.

3.

La jueza Ericka Sanabria Salazar en resolución n.° 978-2011 de las 11 horas

del 24 de mayo de 2011, dispuso: “De conformidad con los hechos que

informan el proceso y citas legales mencionadas, se

El Juzgado de Tránsito

del Primer Circuito Judicial de Alajuela, en sentencia de las 15 horas 22

minutos del 6 de julio de 2006, declaró a Germán Salas González, autor

responsable de la colisión ocurrida el 31 de diciembre de 2005 entre los

vehículos identificados con matrículas 357101 y 211534, el primero conducido

por don Germán y el segundo por la señora Rosa Ramírez Elizondo. En tal

condición, se le condenó al “…pago de los daños y perjuicios ocasionados y

al pago de ambas costas del proceso…”. El Instituto Nacional de Seguros (en

adelante INS o Instituto), subrogándose los derechos del beneficiario de la

póliza que cubría al vehículo 211534, presentó proceso de ejecución de

sentencia donde solicitó, se condenara al ejecutado al pago de ¢755.855,00 por

concepto de daño material,  perjuicios por la suma de ¢486.581,65

correspondientes a los intereses calculados según el 15% de interés legal y

desde que el INS giró al asegurado directo, sea el 15 de noviembre de 2005 y

hasta el 15 de abril de 2010; así como a la cancelación de ambas costas del

proceso. El ejecutado contestó negativamente la demanda y opuso las excepciones

de prescripción, caducidad, cosa juzgada, transacción, falta de legitimación ad

causam activa, y pasiva; así como la de derecho. El Juzgado rechazó todas las

defensas planteadas. Declaró parcialmente con lugar la ejecución. Condenó al

señor Salas González a pagarle al Instituto la suma de ¢755.420,00 por concepto

de daño material (monto según lo consignado en el finiquito de subrogación

visible a folio 10), más los intereses que se hayan generado sobre esa

suma  a partir del 20 de enero de 2006 (fecha en que el INS cancela al

beneficiario el importe de la póliza y se firma el finiquito de subrogación) y

hasta el efectivo pago de la deuda conforme al tipo legal. Aprobó además, los

intereses liquidados por el período que va del 20 de enero de 2006 al 15 de

abril de 2010 por un tanto de ¢289.302,67. Las costas quedaron a cargo del

vencido. Inconforme el ejecutado con lo resuelto, formula recurso de casación

basado en dos agravios uno de naturaleza procesal y otro de fondo, el primero

de ellos fue rechazado de plano en el auto de admisión del recurso; de ahí que

únicamente se analizará el cargo por violación directa identificado como

segundo.

Reclama, el Juez en la

sentencia recurrida, condena al ejecutado al pago de los intereses legales a

partir del 20 de enero de 2006 y hasta el efectivo pago de lo adeudado. Además

de lo anterior, se aprobó la liquidación de intereses desde aquella data y

hasta el 15 de abril de 2010, según la tasa legal en el tanto de ¢289.302,67.

La Juzgadora no observó, asevera, que lo solicitado es una obligación de valor

y que bajo la naturaleza de esta, los intereses deben otorgarse desde el

momento en que la sentencia controvertida obtiene firmeza. Sustenta su

argumento, en el criterio emitido por esta Sala, relativo a las características

de las obligaciones de valor y las dinerarias y de la forma como deben ser

calculados los intereses en ambas modalidades de deuda, al respecto cita el

fallo de esta Cámara no. 36-F-01 de las 15 horas 40 minutos del 10 de enero y

el 598-F-2001 de las 15 horas 15 minutos del 8 de agosto ambos de 2001. Al

imponerse en la sentencia recurrida el pago de los intereses desde el año 2006,

reprocha, se observa una errónea interpretación e indebida aplicación de los

preceptos 418 inciso b del Código de Comercio, 296 inciso c y 220 del Código

Procesal Civil al interpretarse que el cómputo de los intereses debe partir del

20 de enero de 2006 (fecha en la que el INS, efectuó el pago al beneficiario de

la póliza) y de la firmeza de la sentencia controvertida. Concluye haciendo

referencia de que se quebrantan también los numerales 706 y 774 del Código

Civil en relación con el numeral 220 del Código Procesal Contencioso

Administrativo (en adelante CPCA).

El reproche del

recurrente gira en torno a un tema específico, combate la condenatoria al pago

de los intereses legales computados desde el 20 de enero de 2006 y hasta el

efectivo pago de la deuda; ya que en su criterio al ser una obligación de

valor, los intereses deben de reconocerse a partir de la firmeza de la

resolución que fija el monto principal a cancelar, quebrantándose con ello las

normas antes citadas. Pese a que cita esos preceptos indicados en el

considerando anterior, únicamente los menciona como infringidos más no explica

con exactitud de que forma esas normas quiebran el fallo impugnado. Sin

embargo, en el caso concreto, impera analizar ante qué tipo de obligación se

está, para establecer si la forma en la que se concedieron los intereses en

discusión, resulta procedente o no; lo cual  en definitiva es el argumento

del recurrente.  El fundamento de la resolución impugnada para conceder

esos réditos desde la data referida (20 de enero de 2006), radica en que los

intereses deben concederse a partir del momento cuando los montos fueron

girados a la propietaria del vehículo, según finiquito de subrogación visible a

folio 10 y no después como lo pretende el ejecutante. Esa posición es

congruente con el criterio que sostiene este órgano decisor, de acuerdo con las

razones que de seguido se expondrán. En cuanto a la distinción entre

obligaciones dinerarias y obligaciones de valor, en lo medular, esta Cámara en

sentencia no. 126-F-S1-2009 de las 15 horas 45 minutos del 5 de febrero de

2009, indicó: “…Este tema ya ha sido abordado por esta Sala en distintas

ocasiones, para lo cual pueden citarse, entre otras, las sentencias no. 37 de

las 15 horas 10 minutos del 22 de abril de 1998, la no. 736 de las 14 horas 55

minutos del 8 de octubre de 2007; la no. 226 de las 10 horas 40 minutos del 31

de marzo de 2004. Tratándose de obligaciones dinerarias, es decir, aquellas en

donde se debe un “quantum” (cantidad fija o invariable de signo monetario),

siendo que el dinero actúa “in obligatione” e “in solutione”, los intereses se

calculan a partir de la fecha pactada en que se debió de realizar el pago. Por

su parte, en el caso de las obligaciones de valor, los intereses corren a

partir de la firmeza de la sentencia en que se reconocen, ya que en este

supuesto, lo debido es un “quid” (un bien o una utilidad inmodificable), cuyo

objeto no es una suma de dinero, sino un valor abstracto correspondiente a una

expectativa o pretensión patrimonial del acreedor, por lo que la cuantificación

del crédito viene a ser extrínseca respecto a la relación obligatoria, es

decir, que el dinero actúa, únicamente, “in solutione” a partir de su

determinación en sentencia”. Más reciente (resolución no. 1242-F-S1-2010 de

las 9 horas 30 minutos del 21 de octubre de 2010), se especificó que en las

obligaciones dinerarias “…el dinero es lo directamente debido, lo que

satisface -in natura- el interés del acreedor. En estos casos lo debido se

“mide” (cuantifica) en cantidad de especies monetarias. Esto es, se cumple

honrando una cantidad líquida…”. En el caso de estudio, la obligación surge

de una sentencia de tránsito por los daños ocasionados producto de una colisión

entre dos automotores, y si bien es cierto, se está ejecutando una condena en

abstracto (sentencia de tránsito) en criterio de esta Sala no se está ante una

obligación de valor sino ante una dineraria (pues lo debido es una suma monetaria

determinada), que se constituye en el monto erogado por el Instituto al

beneficiario de la póliza. Para dilucidar este punto, basta con el hecho de

comparar las fechas en las cuales se dictó la sentencia de tránsito y la data

en la cual el INS pagó los daños. Nótese que para cuando el Juzgado de Tránsito

del I Circuito Judicial de Alajuela dictó sentencia declarando culpable a don

Germán (6 de julio de 2006), los daños ya habían sido, en principio,

determinados, cuantificados y debidamente cancelados por el INS (20 de enero de

2006, según se acredita con la prueba aportada en autos -certificación de las

facturas comerciales y finiquito de subrogación), en virtud de la póliza

suscrita en favor del vehículo al que se le causaron esos daños. Así, en criterio

de esta Sala, el monto pagado, en virtud del cual el INS se subrogó legalmente

los derechos de cobro, revisten naturaleza provisional, pero a final de cuentas

real, de una obligación dineraria, en donde el dinero, como se dijo, es lo

directamente debido y satisface -in natura- el interés del acreedor. Eso sí, se

aclara, lo cancelado se constituye en el inexorable tope pecuniario máximo,

pero no mínimo (de ahí su naturaleza provisional), para que el INS, en carácter

de subrogado, procure el resarcimiento del monto que estime debido en esta vía

(de la ejecución), que es en donde se consolida, en definitiva, la suma real,

líquida y exigible a cobrar. Lo anterior, claro está, mediante la liquidación

concreta y detallada, con indicación específica de los montos respectivos y el

ofrecimiento de la prueba, a que está obligado el ejecutante en este tipo de

procesos. (Al respecto puede consultarse el fallo de esta Sala no. 001384-F-S1-2011

las 8 horas 45 minutos del 10 de noviembre de 2011).  Conforme con lo

anterior, habiéndose determinado que se está frente a una obligación dineraria,

es claro que la decisión adoptada por la resolución recurrida se ajusta a

derecho, lo que hace concluir que los intereses fueron debidamente calculados a

partir del 20 de enero de 2006 (fecha cuando el INS, canceló al beneficiario de

la póliza los costos por concepto de reparación del vehículo dañado en la

colisión) y hasta su efectivo pago.  De acuerdo a lo anterior, como la

obligación puede catalogarse de dineraria, según las razones expuestas; resulta

claro que el otorgamiento de los intereses a partir del momento en que fue

girado el monto de la deuda, se ajusta a derecho tal y como lo dispuso el

Juzgado en el fallo combatido; lo que lleva al rechazo del embate planteado.

En atención a lo

expuesto, procede declarar sin lugar el recurso, con las costas a cargo de

quien lo interpuso conforme con el numeral 150 inciso 3 del CPCA.