Resolución 00300-2013

De conformidad

con lo dispuesto por los numerales 591, 594 y 596 del Código Procesal Civil,

únicamente resulta admisible el primer agravio de fondo, los restantes se

rechazan de plano por las razones que se dirán.

En materia de

impugnaciones rige el principio dispositivo. Por iniciativa del interesado, a

través de su ruego específico, el juez que dictó una resolución o el superior,

según la naturaleza del recurso, debe analizar los motivos de inconformidad.

Para llevar a cabo esa función contralora, el recurrente debe expresar sus

agravios, los cuales delimitarán el examen de lo resuelto, sin que el juzgador

pueda abarcar aspectos diversos de los reclamados ni decidir en su perjuicio.

El recurso de casación participa de estas características y, además, impone el

riguroso cumplimiento de ciertos requisitos de admisibilidad. Se restringe al

estudio de los cargos sometidos a la Sala y por disposición del artículo 608

del Código Procesal Civil, solo podrá conocer de los puntos objeto del recurso.

Este órgano no tiene atribuciones para verificar un examen oficioso de lo

decidido por los jueces de instancia. Requiere, entonces, que el casacionista

formule, de manera diáfana y manifiesta, las objeciones contra la resolución

impugnada. De otro modo, es imposible establecer si se han cometido defectos

formales, capaces de calificar como causales de índole procesal, o bien,

quebrantos normativos, propios de la casación por razones de fondo. Desde esta

orientación, el legislador ha dispuesto, en los numerales 596 y 597 ibídem, el

deber del recurrente de explicar, clara y precisamente, en qué radican los

yerros cometidos por el Ad quem, debiendo el recurso, en orden a esas

exigencias, bastarse a sí mismo, en cuanto a su cabal entendimiento, para

evitar que la Sala tenga que verse obligada a interpretarlo, a fin de desentrañar

todo aquello que el casacionista debió decir de modo explícito y comprensible.

Por lo expuesto, la falta de precisión y claridad, conducen a su rechazo de

plano. Relacionado con lo anterior y en lo que al caso interesa, esta Sala ha

indicado que, al amparo de los cánones mencionados del Código de rito civil, la

violación de ley puede acontecer,  de manera indirecta, por errores de

hecho o de derecho en la apreciación de la prueba. En ambos supuestos, debe

precisarse la prueba mal valorada y las normas sustantivas que se habrían

infringido con ese proceder. En el último de los yerros, además, deben

invocarse las disposiciones atinentes al valor del elemento probatorio cuya

ponderación desacertada se reclama. En segundo lugar, la infracción de ley

puede ser directa ya sea por errónea interpretación, aplicación indebida o

falta de aplicación. Esto no resulta necesario que la norma de manera expresa

lo indique, pues es labor del intérprete colegir tal aspecto. Salvo para el

primer supuesto –errónea interpretación- siempre existirán dos normas

conculcadas. De esta forma, si se alegare violación de ley por aplicación

indebida, existirá otra norma quebrantada por falta de aplicación y viceversa.

En

el segundo motivo por el fondo alega violación directa de los artículos

317, 325, 330, 331, 404, 595 inciso 3) todos del Código Procesal Civil, 627,

1008 y 1002 del Código Civil. A su juicio, el Tribunal tuvo por probado el

hecho dos, en el que manifestó que, de ninguno de los testigos ofrecidos por

las partes ni de la confesional de la codemandada Solís Porras, se extraía que

el señor Rafael Ortiz haya vivido en la propiedad, a excepción de María Lourdes

Barrantes, quien relató, que la casa fue construida por don Rafael hace unos 25

años o más. Estimó, además, que esa sola declaración no es suficiente a la luz

del principio de la sana critica racional para tener por acreditado ese

extremo, o bien, considerar que la valoración realizada por el A quo era

correcta. A su entender, existe grave error de derecho y de hecho en la

apreciación de los elementos probatorios (declaración de los testigos de la

accionante de folios 150 a 156 y de la demandada de folios 161, 162, 163, 164 y

166), que demuestran y coinciden en que hubo un acuerdo y/o permiso entre el

causante Rafael y la actora, para el uso y disfrute de la casa de habitación

sin que tuviera que pagar suma alguna de alquiler en forma vitalicia.

Conforme se expuso en el considerando segundo, el recurso para su

admisibilidad debe valerse por si mismo, lo que obliga al casacionista a ser

claro y preciso en cada uno de los quebrantos acusados, para que la Sala no se

vea forzada a desentrañar lo que debió expresarse de manera diáfana. En la

especie, el agravio carece de la técnica que impone el ordenamiento procesal

civil a este recurso extraordinario. Como puede apreciarse, el cargo gira en

torno a una indebida valoración probatoria y se invocan reproches tendientes a

determinar la existencia de una violación indirecta de ley por error de derecho

en su apreciación, conforme lo establece el ordinal 595, inciso 3) del Código

Procesal Civil, sin embargo, obsérvese, como en el mismo apartado alega error

de hecho y de derecho en la valoración y apreciación de la prueba, en concreto,

la testimonial y confesional, sin señalar cómo se produce uno u otro, ni en qué

consisten. Cuando se acusa un quebranto indirecto, además de precisarse los

elementos probatorios que se estiman mal apreciados, deben indicarse las normas

sustantivas irrespetadas y la forma en que ello sucedió. Y en el caso del error

de derecho, las disposiciones atinentes a su valor probatorio. Esa exigencia,

no se satisface con la simple cita de los artículos 317, 325, 330, 331, 404,

595 inciso 3) todos del Código Procesal Civil, 627, 1008 y 1002 del Código Civil,

enunciados al inicio del cargo  sin el detalle argumentativo necesario que

evidencia la forma en que el tribunal las irrespeto y su incidencia en la

resolución que recurre. Lo anterior, dice de la informalidad del cargo, lo que

obliga sin más a su rechazo de plano.

En el único

cargo que denomina por razones procesales, acusa violación directa de ley y

cita  vulnerados los artículos 317, 325, 330, 331, 404, 594 incisos 2) y

todos del Código Procesal Civil. Este apartado, salvo en lo que se dirá, es

idéntico al anterior. En efecto, la única diferencia radica en que, en su

criterio, él señaló que la actora reclamaba que el Juzgado omitió pronunciarse

sobre el ofrecimiento de la prueba pericial que oportunamente ofreció, así como

del extremo de daños y perjuicios. Lo anterior, afirma, le causó indefensión.

Reclama, es evidente que el Superior reconoce la irregularidad procesal y aún

así confirmó la decisión de primera instancia.

El cargo que antecede en lo que resulta novedoso, es

impreciso. Pareciera orientarse sobre dos hipótesis distintas: 1) por vicios

procesales –denegación de prueba e incongruencia- y; 2) por el fondo,

-violación indirecta de ley,  ya resuelto. En la primera de ellas, no

queda claro si la prueba pericial aludida fue ofrecida en primera instancia,

donde se denegó y el Tribunal confirmó o si por el contrario, lo fue ante el Ad

quem que la rechazó sin fundamentar su decisión. Ante esta falta de claridad,

con apoyo en lo dicho en el considerando segundo de esta resolución, lo que

corresponde es su rechazo. No obstante lo anterior y en un esfuerzo adicional

por interpretar el cargo formulado, conviene indicar que el inciso 2) del

artículo 594 del Código Procesal Civil, que en su apoyo sita el recurrente,

dispone: “Por denegación de pruebas admisibles o falta de citación para

alguna diligencia probatoria durante la tramitación, cuyas faltas hayan podido

producir indefensión”. Para la admisibilidad de un medio probatorio se

requiere que se haya propuesto con arreglo a derecho y, además, se ajuste a los

parámetros del numeral 316 del citado cuerpo legal. Tratándose de un proceso

ordinario, la etapa de proposición se identifica en la demanda, contestación,

contraprueba, contrademanda, réplica y prueba complementaria. Así se desprende

de los preceptos 290, 305, 308 y 309 ibídem. Las partes solo tienen esos actos

procesales para ofrecerla. Para su admisión, al iniciar la fase demostrativa,

se debe referir a hechos controvertidos y útiles de acuerdo con el objeto

debatido. La causal de casación aplica cuando el juzgador rechaza prueba

admisible según lo explicado.  En ese orden de ideas, el párrafo pri­mero

del cardinal 575 de rito, establece: "En el escrito de expre­sión de

agravios el apelante podrá ofre­cer prueba documental y confesional ".

La intención del legis­lador no es abrir la posibili­dad de ofrecer cualquier

prueba en esa oportunidad, sino, al contrario, persigue reafirmar el principio

de que la prueba debe ser propuesta en primera instancia en su totalidad, y que

es por excepción que se puede ofrecer en segunda instancia, sin perjuicio de la

facultad de ordenar prueba para mejor proveer. También, en casos excepcionales,

resulta admisible en segunda instancia otro tipo de prueba. Al respeto, el

párrafo primero del artículo 575 del citado Código, establece cinco supuestos

taxativos en los cuales sería admisible, a saber: "1) Cuando por causas

no imputables al apelante no hubiere podido practicarse toda o parte de la

prueba propuesta en primera instancia.

Cuando hubiere ocurrido algún hecho

que importe excepción superviniente.

Cuando el demandado ausente a quien se

le hubiere nombrado curador, se apersone en el proceso después de la

oportunidad de ofrecer prueba en primera instancia.

Cuando hubiere ocurrido

algún hecho nuevo de influencia efectiva en la decisión, que no hubiere podido

alegarse en primera instancia, o que hubiere llegado a conocimiento de la parte

interesada alguno anterior, de la misma importancia y del cual asegure no haber

tenido antes noticia.

Si las partes estuvieran conformes con su necesidad y

procedencia.". Por otra parte, la prueba para mejor resolver, por su

naturaleza, es una potestad del juzgador, quien decide su conveniencia y

necesidad y, en razón de ello, no se encuentra obligado a admitir la ofrecida

por las partes. Se trata de una facultad que le permite anexar, en la fase

conclusiva, elementos demostrativos relevantes para la correcta decisión del

conflicto. Desde este plano, si bien es lícito incorporar -para mejor resolver-

probanzas totalmente nuevas, así como aquellas que fueron declaradas

inevacuables, nulas, rechazadas por extemporáneas o inadmisibles, o bien

relacionadas a hechos que se tuvieron por ciertos ante la rebeldía del

accionado -cardinales 331 y 575 del Código Procesal Civil-, ciertamente, la

decisión de recabarla corresponde a una valoración discrecional del juez,

quien  puede prescindir de ella sin necesidad de resolución expresa.

Acorde con lo expuesto, debió el recurrente evidenciar los presupuestos para

considerar que se está ante una denegación de prueba admisible. Tampoco

fundamenta que se trata del supuesto del artículo 575 en los términos

indicados.  Por otro lado, el vicio de

incongruencia, contemplado por la causal 3) del numeral 594 del Código Procesal

Civil, comporta una desarmonía entre las pretensiones de la demanda,

contrademanda y sus respectivas contestaciones con el dispositivo del fallo.

Cuando se reprocha este vicio necesariamente, para efectos de que la Sala

entre a su análisis, es imperioso que el recurrente, de manera expresa acuse la

infracción de los artículos 99, 153 o 155 del Código Procesal Civil, que

haya pedido la rectificacion del vicio y concrete el perjuicio que con ello se

le ocasionó, todo lo cual se hecha de menos. Esas desatenciones, dicen de su

informalidad y consecuente rechazo.