Resolución 00243-2013

I.-

Revisados los autos, denota esta Sala que mediante voto no. 281-C-2007 de las 9

horas 35 minutos del 26 de abril de 2007, fue resuelta declaratoria oficiosa de

falta de competencia decretada por el Juzgado Sexto Civil de Mayor Cuantía de

San José (folio 238 - 239), decretándose en ese momento que el conocimiento de

este proceso correspondía al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda

del Segundo Circuito Judicial de San José, al considerarse que en ese momento

figuraba como demandado el Estado ,  al haberse interpuesto reconvención

por el apoderado del Banco Interfin Sociedad Anónima. Posteriormente mediante

resolución no. 2437-2010 de las 14 horas del 8 de setiembre de 2010, el Juzgado

Contencioso acogió la defensa de inadmisibilidad de la reconvención que

interpuso el Estado y el Instituto Nacional de Seguros, ordenándose archivar la

demanda en cuanto a estos (folio 376 a 380). Lo que originó que el

representante de la Junta Administrativa del Registro Nacional interpusiera

nuevamente la excepción de falta de competencia, la que fue acogida por el

Juzgado Contencioso mediante resolución no. 1045-2012 de las 8 horas 45 minutos

del 11 de mayo de 2012, ordenando su remisión al Juzgado Sexto Civil de Mayor

Cuantía del Primer Circuito Judicial de San José, mismo que según la

reestructuración de los Juzgados Civiles de San José del 1 de noviembre de

2010, desapareció y transmitió su competencia al Juzgado Cuarto Civil de ese

Circuito Judicial; autoridad, que al revisar el proceso discrepó del criterio

del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en cuanto decretó

su falta de competencia y su remisión a la J urisdicción C ivil, motivo por el

que elevó en consulta este asunto ante esta Sala.

II.-

Es pertinente considerar que de conformidad con el

artículo 49 de la Constitución Política, a la jurisdicción Contencioso

Administrativa, le corresponde garantizar la legalidad de la función

administrativa del Estado, sus instituciones y de toda otra entidad de derecho

público, en consecuencia el Código Procesal Contencioso Administrativo

establece en el inciso primero de su artículo 1°, que le corresponde : “

[…] tutelar las actuaciones jurídicas de toda persona y garantizar o

restablecer la legalidad de cualquier conducta de la Administración Pública

sujeta al Derecho Administrativo, así como conocer y resolver los diversos

aspectos de la relación jurídico administrativa”. Ahora bien, si bien es

cierto que en esta materia rige el principio de perpetuidad de la competencia,

y en tal sentido de lo expuesto en el considerando anterior resulta claro que

el conocimiento del presente conflicto quedó fijado en la J urisdicción Contencioso

Administrativa a partir de la resolución de esta Sala no. 281-C-2007(citada

anteriormente), lo cierto es que al varia r quienes figuran como  parte de

esta demandada en este momento, resulta viable replantearse la a utoridad

jurisdiccional competente que continúe su conocimiento. La doctrina nacional,

ha explicado que: "Una vez radicado un proceso ante el Juez, la

competencia se perpetúa, es decir, se mantiene por toda la duración del proceso

aunque varíen las circunstancias de hecho en cuya virtud se la determinó; las

modificaciones que se produzcan durante el juicio no afectan el proceso; por

tanto, una vez fijada no puede modificarse, por ejemplo si se fija una nueva

cuantía para los procesos y pasa a ser de menor cuantía, el asunto continuará

radicado ante el Juez de mayor cuantía. El principio es que todo proceso

debe ser terminado donde ha comenzado, por esa razón el Código Procesal Civil

en su artículo 9, dice: " que el mismo juez que dictó el fallo

es el que debe ejecutar la sentencia " , aun en el caso de que

la ejecución fuere de mayor cuantía y el proceso base lo era de menor cuantía

(artículo 21 inciso 3), principio que se fundamenta en la prohibición que

tienen los tribunales de abocarse al conocimiento de un asunto que se encuentra

ante otro tribunal (artículo 153 Constitución Política y 4 LOPJ). Manifestación

de este principio es el hecho de que una vez fijada la competencia de un

asunto, sea por haberse planteado un conflicto de competencia o se hubiere

apelado la resolución que la fijó, el criterio no puede variarse, ni el a-quo

puede rechazar la asignación hecha a él para conocer del proceso, pues por un

lado el CPC -Art. 45- y también el artículo 170 LOPJ, prohíben a los jueces

sostener conflictos sobre competencia con sus superiores; aun cuando el caso

puede ser objeto de distintas interpretaciones, pues como ha dicho esta Sala,

para cambiar el criterio debe tratarse de un evidente error grosero, o de

tener suficientes elementos de juicio como para sostener una tesis contraria

.  Precisamente en el caso concreto,  al haberse

decretado inadmisible la reconvención contra Estado y el Instituto Nacional de

Seguros, ordenándose archivar la demanda contra éstos, constituye un elemento

suficiente para redireccionar la competencia de este proceso al apartarse de la

materia de conocimiento de la J urisdicción Contencioso Administrativa,

conforme l o estatuye el artículo 1° del Código Procesal Contencioso

Administrativo, y en consecuencia se dispone remitir este asunto a la J

urisdicción Civil, y específicamente al Juzgado Cuarto Civil de Mayor Cuantía

del Primer Circuito Judicial de San José.