Resolución 00811-2012

1.-

Con base en los

hechos que expuso y disposiciones legales que citó, el actor estableció proceso

de disolución de asociación, el que estimó en la suma de diez millones de colones,

a fin de que en sentencia se declare: “…la disolución de la Federación T. y

se ordene la inscripción de dicha sentencia en el Registro de Asociaciones del

Registro Público. Se condene al pago de daños y perjuicios ocasionados por la

Federación en contra de la Asociación C., mismos que demostraremos en el

momento procesal oportuno. Se condene a la Federación T. al pago de costas

personales y procesales del presente proceso.”

El

representante de la demandada contestó negativamente y opuso las excepciones de

falta de competencia en razón de la materia (la que fue conocida

interlocutoriamente), falta de agotamiento de la vía administrativa, falta de

derecho y falta de legitimación activa y pasiva.

3.-

El Juez Ricardo Álvarez Torres, en sentencia no. 26-2010 de las 8 horas del 20 de abril

de 2010, resolvió: “Sobre excepciones: Se rechazan las excepciones de

falta de agotamiento de la vía administrativa, falta de derecho, falta de

legitimación activa y pasiva, con relación a la excepción de incompetencia en

razón de la materia se resolvió interlocutoriamente. Se

declara con lugar la demanda de disolución de federación interpuesta por ASOCIACIÓN

C. contra DEFERACIÓN T..- DAÑOS Y PERJUICIOS: Se

rechaza (sic) dichos extremos, inscríbase esta sentencia en el Registro

de Asociaciones  del Registro Público, en lo atinente al informe declarado

por el señor auditor interno entre otras anomalías que refiere y manifiesta que

los estados financieros que no son los propios evidenciando un aparente engaño;

empero todas esas conclusiones que se consignan en ese estudio de auditoría

denominado “Estudio Especial 004-2005, AUD-338-2005, del 30 de Setiembre (sic)

del 2005”

son situaciones que no generan una causal para la disoklución de la

Federación, por lo que si a bien lo tiene, la Asociación actora por medio de

sus apoderados acudan a la vía indicada a hacer valer sus derechos.

en (sic) lo no dispuesto en la sentencia

téngase por denegado (sic) COSTAS: Se condena a la demandada al

pago de ambas costas personales y procesales.”

El representante de la demandada

apeló y concomitantemente solicitó nulidad; y el Tribunal Primero Civil,

integrado por los Jueces Carlos Núñez Núñez, Ulfran Corrales Jiménez y Jorge

Fernández Rodríguez, en voto no. 1040-F de las 7 horas 35 minutos del 19 de

noviembre de 2010, dispuso: “Se rechaza la nulidad concomitante y en lo

apelado se confirma la resolución recurrida.”

El apoderado de la demandada formula recurso de casación

indicando las razones en que se apoya

para refutar la tesis del Tribunal de instancia.

6.-

Al ser las 8 horas 30 minutos del  29 de junio de 2011, se realizó la

vista. A esta asistieron los representantes de ambas partes, quienes hicieron

uso de la palabra.

7.-

En los procedimientos

ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta

el magistrado González Camacho, salvo el considerando VIII que redacta la

magistrada León Feoli

I.-

En su demanda, la Asociación C. (en lo sucesivo la Asociación o C.) señala que

la Federación T. (en adelante la Federación) se inscribió el 21 de abril de

2001. Dice, en Asamblea General Extraordinaria, del 25 de noviembre de 2005,

sus asociados acordaron su renuncia irrevocable como asociado de la Federación.

En su parecer, la Federación, al tener solo una asociación afiliada, no puede

subsistir. En virtud de lo anterior, demanda a la Federación para que se

declare en sentencia: a) disuelta la Federación y se ordene inscribir esa

disolución; b) la condena al pago de daños y perjuicios ocasionados; y c) la

obligación de cancelar ambas costas del proceso. La Federación se opuso, y

formuló las excepciones de incompetencia y de falta de: agotamiento de la vía

administrativa, legitimación en sus dos modalidades y derecho. Interlocutoriamente

se denegó la incompetencia planteada. El Juzgado rechazó las defensas

planteadas, declaró disuelta la Federación y ordenó su inscripción en el

Registro Público, denegó los daños y perjuicios, y condenó a la Federación al

pago de las costas personales y procesales. El Tribunal rechazó la nulidad

planteada y confirmó la resolución recurrida. Inconforme, la Federación

establece recurso de casación que fue admitido por esta Sala en auto de las 14

horas 30 minutos del 12 de mayo de 2012.

Previo

a pronunciarse sobre el recurso de casación planteado, y en razón de las

actuaciones y manifestaciones del Juzgado y el Tribunal, conviene precisar el

proceso que ha de seguir la disolución de asociaciones. La Ley de Asociaciones,

n.° 218 (de aplicación para las asociaciones deportivas por el mandato 55 de la

Ley 7800), dispone que la autoridad judicial será la

que decrete la disolución. Por su parte, es el artículo 14 el que brinda

claridad al respecto, al señalar que corresponde al juez civil el nombrar a los

liquidadores. En lo relativo al proceso o trámite que ha de seguir la

disolución, la Ley 218 no exhibe regulación concreta, de manera que en virtud

de la remisión a la jurisdicción civil, y a los fines que pueden adoptar las

asociaciones (en sentido estricto, las contempladas en la Ley 218), resulta de

aplicación el Código Procesal Civil (CPC). En este cuerpo legal, a partir del

precepto 542, se contempla el trámite para disolver sociedades, es decir, los

entes que asumen la condición de comerciantes, pero no así para las

asociaciones. Por este motivo, al no estar previsto iter procesal particular,

conforme los artículos 14 y 287 ibídem, la pretensión para disolver una

asociación corresponde a un proceso de conocimiento

ordinario. Aclarado este aspecto, procede ahora referirse al recurso

extraordinario planteado.

III.-

Primero.

Reclama violación de los artículos 28, 39 y 41 de la Constitución Política, al

disolverse, en forma errónea, la Federación. Relata, el Juzgado detectó un vicio

insalvable en la constitución. Trascribe parcialmente ese fallo. El Tribunal,

observa, prohijó los “hechos y pruebas de primera instancia”, y concluyó

que la Federación no contaba con dos asociadas. Explica, apeló la sentencia del

Juzgado, pero el Tribunal sustituyó los argumentos de aquella. Asevera, como el

recurso de casación no “funciona” como una nueva instancia, se le impide

ejercer su derecho de defensa para desvirtuar lo dispuesto por el Tribunal, con

lo que se infringen el debido proceso y el derecho a la doble instancia. Añade,

se vulnera el canon 41 de la Constitución pues los juzgadores integraron la

norma, “sacándose de la “manga” una causal de disolución inexistente”

sin necesidad alguna, pues existe disposición expresa en los preceptos 13 y 27

de la Ley de Asociaciones.

Arguye desobediencia a los cánones

10 y 12 del Código Civil. Expone, el legislador estableció las causales de

disolución de las Federaciones en los mandatos 13 y 27 de la Ley de

Asociaciones; sin embargo, el juez recurrió innecesariamente a la analogía e

integración para justificar su fallo. Los hechos de la demanda, precisa, no

constituyen causal de disolución. La sentencia de primera instancia, detalla,

no aplica ninguna ley, pues concluyó que la Federación nunca llegó a existir

por defectos en su constitución, lo cual es contrario a la seguridad registral

y la fe pública registral.

Recrimina inobservancia de las

disposiciones 98 inciso 4), 330 y 370 del CPC. A folio

258, dice, consta prueba de que la Federación está conformada, además de las

dos asociaciones que originalmente la constituyeron, por dos asociadas “adicionales

y diferentes” a C.. Así, se resta importancia a

los folios 258 a

261. Reitera, de las probanzas se tiene que al momento de emitirse los fallos,

la Federación estaba conformada “por al menos con dos Asociaciones de primer

orden”. De no haberse ignorado, se habrían rechazado las pretensiones, ya

que ambas resoluciones se construyen sobre la disminución numérica del los

asociados. Sostiene, esto evidencia que los juzgadores recurrieron a un “ejercicio

intelectual para poder agregarle a los artículos 13 y 27 de la ley [sic]

de Asociaciones, una nueva causal que se adaptara a las circunstancias que

ellos mismos crearon y que intentaron disfrazar como integración de una norma”.

Acusa inobservancia de los preceptos 5, 13, 17 y 27 de la Ley de

Asociaciones. El Juzgado, indica, concluyó que la Federación no fue constituida

con apego a la Ley, por haber sido conformada por una asociación. Ello,

puntualiza, sustituye la actividad registral, invade esferas que no le

corresponden, y es contradictorio, pues no se puede disolver lo inexistente. Con

la lógica del A quo, manifiesta, el proceso debió tramitarse como una nulidad

ante el Registro de Asociaciones. El Tribunal, relata, en contradicción con el

fallo de primera instancia, da por un hecho que participaron dos asociaciones

al constituir la Federación, pero en forma extraña, confirma la del Juzgado con

una tesis distinta. Continúa, ambas sentencias se fundamentan en el número de

asociados, pero a folios 258 a

261, están las certificaciones que demuestran que la Federación estaba

conformada por dos asociados distintos a la parte actora. Prosigue, los

artículos 13 y 27 enumeran en forma taxativa las causales de disolución; no

obstante, ambos órganos integraron innecesariamente una nueva causal. Concreta,

la interpretación, la integración y la analogía son para normas oscuras o

inexistentes; el juez no puede legislar. Expone, el inciso a) del artículo 13

de la Ley de Asociaciones no es “una reducción de la pluralidad mínima de

asociados”, sino, que la disolución es cuando el número de asociados

elegibles sea inferior al necesario para integrar el órgano directivo. Así,

adiciona, se equiparó además el requisito de constitución. Acota, la disolución

la pidieron menos asociados de los que exige el canon 27 ibídem, y aunque se

hubiese alcanzado, no se hizo con base en alguna de las causales previstas. Detalla,

la Federación (tal y como consta en el expediente y fue preterido) al día de

hoy la componen: a) Asociación T. D., b) Tiro Tico de la Uruca, c) Asociación

Deportiva Prodeportistas de Mediano y Alto Rendimiento y Afines, y d)

Asociación Deportiva de Aficionados y Usuarios de Armas Neumáticas de Fuego y

Tiro de Precisión. Finaliza, Juzgado y Tribunal violentan el principio de

reserva de ley al sostener que para el continuo funcionamiento de una

federación, deben estar presentes dos o más asociados.

Arguye

falta de aplicación de los mandatos 221, 222 y 223 del CPC. Dice, procede

exonerarle de las costas, pues ha litigado de buena fe, a lo que se suma que se

rechazó la solicitud de indemnización.

De

la anterior reseña se observa que la recurrente, pese a identificar cinco

vicios, en su desarrollo mezcla argumentos de fondo con alegaciones de orden

procesal. Por este motivo, esta Sala reordena y conoce las recriminaciones

según reclama: A) violación al derecho de defensa y al debido proceso

(cargo primero); B) una violación tanto indirecta, como directa de los

artículos 5, 13, 17 y 27 de la Ley de Asociaciones, así como 10 y 12 del Código

Civil (motivos segundo, tercero y cuarto); y C) infracción de preceptos

221, 222 y 223 del Código Civil del CPC (agravio quinto). En lo tocante al

apartado A) recrimina el casacionista que el Tribunal modificó los

argumentos que brindó el Juzgado, y ello le genera indefensión, pues la

casación no es una nueva instancia, además de que el fundamento del Tribunal

constituye la invención de una causal de disolución que no contempla la Ley. El

recurrente no es claro en su motivo de disconformidad. Los mandatos 594 y 595

del CPC, establecen las causales de orden procesal y sustantivo por las que

procede un recurso de casación, y asimismo, el 596 demanda precisión y claridad

en la exposición de esos motivos. De la anterior reseña, no puede extraerse

vínculo alguno entre las normas constitucionales que cita y las de la Ley de

Asociaciones. Se confunde un vicio de fondo con uno de índole procesal. Sin que

pueda desprenderse una recriminación sustantiva en forma autónoma. Por este

motivo, el cargo incumple el artículo 596 ibídem, además de no enmarcarse

dentro de las hipótesis que prevé el 594, y por ende, deberá rechazarse. A más

de lo anterior, y en lo referente a la existencia de la causal por la que fue

disuelta, estése a las consideraciones siguientes.

En

lo relativo al punto B) conviene precisar que C. en su demanda (y dentro

de una serie de alegatos que incorporó en los hechos), señaló diversos motivos

por lo cuales pretende la disolución. En lo que interesa, se destacan dos, a

saber, 1) la imposibilidad de que una federación subsista con solo una

asociación afiliada, y 2) el número de asociados elegibles inferior al

necesario para integrar el órgano directivo, que a su vez utilizó para

sustentar el primer motivo, al sostener que la Federación no podía operar con

dos asociaciones, mucho menos con una (folios 45 a 46). El Juzgado tuvo por

demostrado que la Federación está compuesta por solo una asociación, C.. En su parecer, el 28 de agosto de 2000, cuando se

constituyó, sólo estaban presentes la Asociación actora y personas miembros de

esa Asociación, lo que contraviene el precepto 30 de la Ley de Asociaciones y

52 de la Ley 7800, que exigen dos o más asociaciones para la constitución de

asociaciones de segundo grado. De ahí que, concluyó, la Asociación está

legitimada para pedir la disolución. El 25 de noviembre de 2005, estableció, la

Asamblea General de la Asociación acordó renunciar irrevocablemente a la

Federación.  Por último, denegó los daños y perjuicios, por cuanto la

parte actora “no los enumera sea solamente consta su dicho, y sobre el tema

de la carga de la prueba le corresponde a quien formule una pretensión”; es

decir, porque no concretó el motivo que los origina, ni los estimó. Finalmente,

condenó a la Federación al pago de las costas. Por su parte, el Tribunal señaló

que, contrario a lo manifestado por el juzgador de instancia, este asunto es un

proceso especial previsto a partir del artículo 542 del CPC. Estimó que la

incongruencia alegada era improcedente, pues ese vicio no tiene vínculo con la

apreciación de la prueba, que es lo que reclamaba el apelante. Consideró

sorpresivo, y ajeno a la naturaleza revisora de la apelación el argumento en el

sentido de que la Asociación C. no está legitimada, pues no cuenta 66,66% que

exige la Ley para pedir la disolución. Refirió que las dos terceras partes que

prevé el artículo 27 de la Ley de Asociaciones es para

la disolución voluntaria, no supuestos ex lege, pues claramente la norma

reconoce hipótesis ajenas a esa mayoría. También calificó de novedoso el

alegato sobre la ausencia de regulación de un motivo por permanencia de un solo

asociado. Pese a ello, por ser la causal invocada en la demanda, señaló, que la

Ley 7800 ordena que para conformar una asociación de segundo grado o federación

se requiere la concurrencia de dos o más asociaciones

de primer grado, y esto debe relacionarse con lo dispuesto para disolución. Igualmente,

precisó, el canon 30 de la Ley de Asociaciones dispone dos o más asociaciones. Estableció,

que C. pidió la disolución pues una federación no puede subsistir con una sola

afiliada. Esto, dijo, corresponde a una reducción de la pluralidad mínima de

asociados, que implica la disolución, pues el mínimo es una condición para su

existencia. Una asociación, continuó, requiere un mínimo de 10 personas para

constituirse; similar planteamiento es aplicable para las federaciones.

VI.-Sobre el derecho de asociación y las distintas

figuras asociativas. El fenómeno

asociativo obedece o pretende la unión de esfuerzos, en diversos aspectos, y

por parte de distintas personas, para facilitar el cumplimiento de los

propósitos que ellas comparten. En reconocimiento de esa manifestación, la

Constitución Política, en el mandato 25, establece el derecho a agruparse para

la consecución de fines lícitos. Asimismo, y en respeto de esa misma autonomía

de la voluntad, dispone que nadie podrá ser obligado a

formar parte de asociación alguna. Lo que ha de entenderse como un impedimento

para imponer a los sujetos la conformación de agrupaciones y el deber de

mantenerse en ellas. Las agrupaciones de personas, pueden tener diversos fines,

entre otros, políticos, económicos y de bienestar social. La Ley de

Asociaciones regula aquellas cuyo objeto no es (única y exclusivamente) obtener

lucro o ganancia, entre ellas, las que tengan fines científicos, artísticos,

deportivos, benéficos y de recreo. En concreto las denomina “asociaciones”

(artículo 1). En este punto, es importante aclarar que este específico tipo de

agrupación (las asociaciones en sentido técnico), se caracterizan por tender a

lograr propósitos distintos a la obtención de ganancia. La actividad lucrativa

no les es incompatible, en el tanto se le conceda el carácter instrumental, es

decir, como medio para la consecución de su finalidad; sin embargo –y en esos

términos debe entenderse el mandato primero de la norma legal-, el desarrollo

de actividades lucrativas no puede formar parte de su razón de existencia, de

sus fines. También –conviene aclarar- estas entidades (las asociaciones puras y

simples), se distinguen de las agrupaciones o asociaciones de índole política,

pues así lo dispone expresamente el artículo 3 de la Ley 218, y éstas se rigen

por norma especial, que las define como asociaciones voluntarias de ciudadanos,

sin intención de lucro y con el objeto de participar activamente en la política

nacional, provincial o cantonal (disposición 49 del Código Electoral, Ley n.°

8765, en concordancia con el precepto 98 de la Constitución Política). En

particular, las asociaciones que poseen propósitos deportivos encuentran

regulación especial en la Ley 7800. Su finalidad es promover el deporte, la

recreación, o bien, una o varias disciplinas deportivas (cánones 51 y 52). En

lo que a este caso interesa, conforme al mandato 55 ibídem, para lo no

contemplado expresamente en ese cuerpo, se remite a la Ley 218. En dicha norma

legal, la constitución de asociaciones está prevista en el precepto 18, que

exige la voluntad de al menos “diez personas mayores de edad”, quienes

habrán de comparecer en escritura pública, o bien en documento donde conste la

sesión inaugural. Además, en el artículo 30, se contempla la posibilidad de que

dos o más asociaciones constituyan asociaciones “especiales”, a las que se les

denomina “liga”, “federación” o “unión”. Estas últimas, a su vez, pueden

configurar asociaciones “confederales”. En ambas formas especiales de asociación,

nace una persona jurídica distinta a las entidades que acuerdan conformarlas. Las

formalidades para su constitución son las mismas que se exigen para las

asociaciones en sentido estricto (canon 31). Ahora bien, tratándose de

asociaciones deportivas, hay norma similar: se les reconoce de primer grado, es

decir, aquellas integradas “por un máximo de diez personas” (artículo

51); o bien de segundo grado, en las que se requiere la concurrencia de dos o

más asociaciones de primer grado para su nacimiento (mandato 52). Para efectos

extintivos de las asociaciones en general (y por ende, también de las

deportivas, ya que no hay norma especial), el mandato 13 de la Ley 218 versa: “La

asociación se extingue: [.-] a) Cuando el número de asociados elegibles

sea inferior al necesario para integrar el órgano directivo. [.-] b) Si

fuere disuelta por la autoridad por haberse comprobado alguno de los extremos

señalados en el artículo

[.-] c) Una vez conseguido el fin temporal

o transitorio para el cual fue fundada, o imposibilitada legal o materialmente

dicha consecución. Y [.-] d) Por privación de su capacidad jurídica como

consecuencia de la declaratoria de insolvencia o concurso; de variación en el

objeto perseguido; del cambio de su naturaleza en su personería jurídica o por

no haber renovado el órgano directivo en el año siguiente al término señalado

en los estatutos para el ejercicio del mismo.” Por su parte, el mandato 27

señala “La autoridad judicial será la única competente para decretar, antes

de la expiración del término natural, la disolución de las asociaciones

constituidas con arreglo a esta ley, cuando se lo pidan los dos tercios o más

de los asociados o cuando concurran las circunstancias que indican los incisos

a), c) y d), del artículo

Decretada la disolución se procederá en la forma

que indica el artículo 14 y el Tribunal lo comunicará al Registro de

Asociaciones para la inscripción de esa circunstancia.” Por último, el

canon 34 establece “Serán tenidas como asociaciones ilícitas y en consecuencia

se decretará su disolución, cuando: [.-] 1º.- En forma repetida sus

dirigentes hayan sido apercibidos por la Gobernación de que están en el caso

del inciso 2º del artículo anterior, sin que tales requerimientos hayan sido

atendidos. [.-] 2º.- Aparezca que se dedican a actividades sancionadas

por las leyes represivas o contrarias a la moral o a las buenas costumbres o

fueren subversivas. [.-] 3º.- Aparezca que la asociación se formó para

encubrir fines distintos de los consignados en los estatutos”. En lo que

interesa, el mandato 33, párrafo segundo inciso 2) y el 23, refieren el destino

de fondos a fines distintos a los previstos y a actos ilícitos, contrarios a la

moral, las buenas costumbres o al orden. De la relación de las normas

mencionadas, se tiene que las asociaciones se extinguen en nueve supuestos, a

saber, cuando: 1) el número de asociados elegibles sea inferior al necesario

para integrar el órgano directivo (menor a cinco según el ordinal 10.1 ibídem);

se ha conseguido el fin para el que se constituyó o hay imposibilidad legal

o material para alcanzarlo; 3) se haya perdido la capacidad jurídica por

insolvencia o concurso; 4) se modifique el objeto perseguido o su naturaleza;

no se haya renovado el órgano directivo dentro del año siguiente al término

de su ejercicio; 6) dos tercios o más de los asociados así lo soliciten; 7) sus

dirigentes hayan sido apercibidos repetidamente sobre el destino de fondos a

fines distintos al dispuesto estatutariamente o sobre la realización de actos

ilícitos, contrarios a la moral, las buenas costumbres o al orden; 8) se

dedique a actividades sancionadas por las leyes represivas, contrarias a la

moral y a las buenas costumbres, o bien, subversivas; y 9) se hayan formado

para disfrazar o encubrir fines distintos de los consignados en los estatutos. A

ello han de sumarse las condiciones extintivas que estatutariamente se hayan

incorporado (apartado i) del ordinal 7 ejúsdem). Por su parte, a las federaciones

y confederaciones (así como, a las deportivas de segundo grado), ante la

falta de regulación expresa, y por paridad de motivo (como ocurre con la

conformación según el artículo 31 ibídem), les aplican las mismas causales de

extinción de las asociaciones, en lo que les sean compatibles, claro está. Por

los requisitos propios para su constitución, la falta de asociados para

integrar el órgano directivo, no resulta aplicable, pues éstas –como se vio- se

forman por el acuerdo de al menos dos asociaciones. Al

constituirse por ese mínimo (dos asociaciones), para mantenerles vigentes no

podría exigirse –sin entrar en contrasentido- al menos cinco asociados (número

requerido para conformar el órgano directivo, y por ende personas físicas). Ahora

bien, tanto para las asociaciones simples, como para las federaciones y

confederaciones (y por ende, para las deportivas de segundo grado), al

margen de los supuestos extintivos que expresamente contempla la Ley 218, es

necesario reconocer una hipótesis adicional, que varía –como se precisa de

seguido- en lo que al quantum de asociados se refiere, según se trate de las

primeras o bien, de las restantes. En toda figura asociativa –tal y como se

explicó-, lo esencial es la unión de distintas personas, cuyo propósito es

alcanzar con mayor facilidad los fines en los que voluntariamente coinciden. De

esta forma, la pluralidad de sujetos es consustancial a toda agrupación de

individuos o entidades, a la que el ordenamiento le atribuye personalidad. Es

decir, su nacimiento y existencia obedece a esa pluralidad de personas

(físicas o jurídicas), que intentan lograr, en conjunto, un determinado

propósito. Si no existe o desaparece la agrupación de personas, no habría

justificante para atribuir o mantener la personalidad. Se estaría ante una

persona física o jurídica, que individualmente buscará alcanzar el objetivo, en

ejercicio de su capacidad de actuar, sin que para ello requiera un nuevo ente

al que se atribuyan derechos y obligaciones. Esa razón (alcanzar una finalidad

específica) es la que reúne a los sujetos; y en virtud de ella es que se

atribuye personalidad. Sin la concurrencia no hay motivo para originar una

entidad nueva, distinta; por ello, es que se exige para su nacimiento, y por

ende, para su existencia o vigencia. Esta concatenación lógica, está

excepcionada legalmente en materia comercial, primero, en la figura de la

empresa de responsabilidad individual, y segundo, en el caso de las sociedades

anónimas, en las que, conforme al precepto 202 del Código de Comercio, la

participación puede recaer en una sola persona. De más está decir, que en ambos

casos de salvedad, la ficción creada responde precisamente a la actividad

generadora de riqueza, que bien puede ser desplegada por un solo individuo,

pero al que conviene dar la posibilidad de abstraer su patrimonio, de las

consecuencias que podría acarrear el desarrollo de la actividad comercial. Fuera

de las excepciones legales, la concurrencia es la regla lógica que subyace

en toda agrupación o figura asociativa. En este orden de ideas, es que la

Ley, en el supuesto de la asociación simple, requiere la participación mínima

de 10 personas físicas; en un segundo, para las federaciones (entre ellas, las

deportivas de segundo grado), la concurrencia de al menos dos asociaciones

simples. Por último, para confederaciones, la de dos federaciones. Si una

vez constituidas, la pluralidad de sujetos cesa, también habrá de cesar la

entidad. En esa línea, en tesis de inicio, tratándose de asociaciones

simples, en tanto para conformarlas se exige la voluntad de 10 individuos, la

disminución en ese número mínimo original de asociados, tendría por

consecuencia lógica la extinción de la persona jurídica; sin embargo, el

legislador limitó el mínimo de asociados a cinco miembros, según se desprende

del inciso a) del artículo

Con lo cual, si los asociados se reducen a

cuatro o menos, podrá peticionarse al órgano jurisdiccional competente la

disolución. Dicho de otro modo, en el caso de las asociaciones simples o

de “primer grado”, el legislador estimó que la reunión de cinco sujetos es

suficiente para mantener la atribución de personalidad. En las hipótesis

federativas o confederativas, el origen o nacimiento se produce con la

participación de al menos dos personas (jurídicas). Si por cualquier motivo una

de ellas se retira, y por consiguiente, no subsiste la agrupación de sujetos

(se reduce a uno solo), la personalidad ha de concluirse, pues se elimina la

razón que la originó: la unión de los sujetos. Así las cosas, aún cuando en

la Ley 218 no esté contemplada en forma explícita la extinción de federaciones

y confederaciones por reducirse el número de sujetos asociados, por principio

(que a su vez encuentra sustento en el inciso a) del artículo 13), este efecto

ha de producirse cuando permanece una sola persona o asociación en calidad de

asociada.

Así

las cosas, la disolución de una asociación federativa o confederativa, procede en los casos en que la entidad cuente con un solo

asociado (al margen de lo dispuesto por el artículo 27 en relación con la

voluntad de las personas asociadas, que es una hipótesis distinta). En el sub

lite, tal fue la conclusión a la que arribó el Tribunal. En esa línea, y para

el caso concreto, prohijó los hechos del Juzgado, entre los que se contempla

que la Asociación, el 28 de noviembre de 2005, puso en conocimiento de la Junta

Directiva de la Federación que, por decisión de su Asamblea General, renunciaba

a su condición de asociado. Estableció además el Tribunal que “Particularmente

la “Federación T.” solo estaba integrada por dos asociaciones: “La Asociación T.

D.” y la “Asociación C.”  […] En el caso concreto, aprecia el

Tribunal que efectivamente el mínimo legal de la Federación T. corresponde a 2

asociaciones de primer orden. […] Lo anterior determina imposibilidad

legal de una Asociación deportiva inferior a 10 asociados Similar planteamiento

deberá ser aplicable en caso de Federaciones, con la modificación de disminuir

el quantum descrito a solo 2 miembros –número que corresponde a la constitución

y por ende, a la disolución-. El panorama descrito presenta armonía respecto

del entramado legal examinado: Ley 218 de Asociaciones, Ley 7800 y su

Reglamento, donde no es perceptible posibilidad de continuación de una

Federación con un solo miembro […]”. Esta determinación es la que

precisamente adversa la Federación en su recurso, quien además de argumentar

que dicha causal es improcedente (lo cual –como se apuntó- no es de recibo),

alega que, en todo caso, en el expediente hay probanzas donde consta que está

conformada por otras asociaciones. Sostiene la Federación que a folio 258 se

demuestra que además de las dos asociaciones que originalmente la

constituyeron, está conformada por otras cuatro distintas a C..

Se observa que dicho documento es una fotocopia emitida por el Registro Público

de la protocolización presentada del acta de la Asamblea General Ordinaria de

Asociados de la Federación, celebrada el 17 de noviembre de 2006, y que fue adjuntada

por C. como fundamento de la solicitud que planteó a fin de que se ordenara al

Registro suspender la inscripción de documentos, en concreto de cualquier

modificación de estatutos o nombramiento de Junta Directiva (folio 262). Esta

gestión fue denegada por el Juzgado en auto de las 10 horas 20 minutos del 29

de mayo de 2007 (folio 264). De esta suerte, el pliego no es una probanza

respecto de la pretensión ofrecida por las partes en los momentos procesales

oportunos, tampoco lo fue en calidad de mejor proveer. Fue presentada por C. a

fin de sustentar una solicitud de medida cautelar atípica, que fue rechazada. En

ese tanto, Juzgado y Tribunal no la consideraron para adoptar la decisión

final. No indica la casacionista otros elementos de convicción sobre el número

de asociaciones afiliadas que afirma tener. Nótese que en la contestación, en

lo relativo al argumento de disolución por mantenerse conformada por una sola

asociación (T. D.), la Federación únicamente indica que no procede, pues no

existe “capacidad legisladora […] las causales de disolución están

taxativamente numeradas en el artículo 27 y artículo 13 de la ley (sic)

de Asociaciones, y en momento alguno previó el legislador una causal adicional

por vía de interpretación”, sin que haya ofrecido probanzas para desvirtuar

esa aseveración, conforme le correspondía según el precepto 317.2 del CPC. De

esa manera no negó el hecho, únicamente combatió el efecto que pretendió

atribuir la parte actora. Así las cosas, esta Sala concuerda con el Tribunal en

el sentido de que solo la Asociación de T. D. se mantiene como asociada de la

Federación, y en ese tanto procede la disolución de la última, tal y como se

concluyó supra. Por este motivo, procederá desestimar el agravio. A más de lo

anterior, no se desconoce que la razones que brindó el Juzgado para disolver la

Federación son poco precisas, y relacionadas con un vicio desde la

constitución. Pero en parecer del juzgador ese defecto (a saber, una sola

asociación afiliada) implica decretar la extinción (no la invalidez). El

Tribunal, aún cuando compartió el elenco fáctico del Juzgado, precisó que la

Federación estaba integrada por C. y la Asociación T. D., sin precisar sobre el

yerro en la constitución. No obstante, ello no incide sobre la determinación de

los juzgadores: la Federación únicamente contaba con una asociada, pues C.

había renunciado, que en última instancia es el mismo motivo que halló el

Juzgado (aunque desde la conformación, no desde la renuncia). En todo caso,

este argumento de la sentencia de segunda instancia, no resultó sorpresivo para

la demandada como alega en esta fase de casación. Así lo expuso C. desde la

demanda como un motivo para fundar su pretensión, tan es así que, en ejercicio

de su derecho de defensa, la Federación lo combatió al contestarla, e insistió

con el mismo razonamiento en el recurso extraordinario que se conoce.

VIII.-

En cuanto al reclamo C) –por la condenatoria en las costas-, en reiteradas

ocasiones, la mayoría de esta Sala ha manifestado que la imposición en este

extremo es obligatoria para los juzgadores. Conforme al canon 221 del CPC, las

costas personales y procesales ha de sufragarlas la parte vencida; de esta

suerte, proceden aún de oficio, y por el sólo hecho de resultar perdidosa. Esta

regla encuentra salvedad en el mandato 222 ibídem, que instaura la exención

como una facultad de los juzgadores. En ese sentido, solo cuando se hace uso de

la exoneración, podría incurrirse en quebranto sustantivo por indebida

aplicación o errónea interpretación del precepto. Cuando son impuestas al

litigante perdidoso, los jueces se limitan a emplear la regla general

contemplada en el artículo 221. Así las cosas, no puede infringirse la norma si

no se aplica la excepción a la regla; es decir, no puede violentarse si no

ejerce la facultad de exonerar de las costas. Por este motivo, se estima que el

reproche resulta inatendible y deberá denegarse.

En

mérito de lo expuesto, procederá declarar sin lugar el recurso e imponer las

costas generadas con su ejercicio a la parte promovente conforme dispone el

artículo 611 del CPC.