Resolución 00615-2012

El ejecutante, con base

en la sentencia firme de la Sala Constitucional no. 2000-07828 de las 14 horas

36 minutos del 6 de setiembre de 2000, presenta la respectiva liquidación por

costas, daños y perjuicios para que en sentencia se apruebe el pago de

¢200.000,00 por concepto de costas personales.

Conferida la audiencia de ley, el

representante estatal contestó negativamente y no opuso excepciones.

Asimismo, la licenciada Rodríguez Fernández, es su

expresado carácter, renunció a la audiencia de conciliación, por lo que el

Juzgado prescindió de dicha etapa procesal.

4.-

El Juez Manuel Briceño López, en sentencia no. 2637-2010 de las 15 horas

del 28 de setiembre de 2010, resolvió: “Se rechaza la falta de legitimación

activa. De oficio se rechaza la falta de derecho y la falta

de interés actual. Se declara parcialmente con lugar

la demanda establecida por S. contra el Estado. Se condena al Estado (sic)

pagar al actor la suma de setenta y cinco mil colones por concepto de

honorarios…Se resuelve sin especial condena en costas.”

La apoderada estatal formula recurso de casación

indicando las razones en que se apoya para  refutar la tesis del Juzgado.

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las

prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado González Camacho

I.-

La

Sala Constitucional al resolver el recurso de amparo, formulado por el

licenciado S., en favor de C. contra el Director del Centro de Atención

Institucional La Reforma, en voto 2000-7828, condenó al Estado al pago de costas,

daños y perjuicios causados, a liquidar en vía de ejecución de sentencia de lo

contencioso administrativo. Al efecto consideró que, al amparado le fue

violentado su derecho a la salud, toda vez, que por diversas razones

administrativas, propias del centro penal donde se

encuentra recluido, no pudo asistir a las citas de control médico necesarias

debido a sus problemas con la columna vertebral. El licenciado S., planteó

ejecución de sentencia contra el Estado, en la que reclama el cobro de sus

honorarios profesionales, correspondientes a la presentación del recurso de

amparo antes referido; dichos emolumentos los liquida en la suma de

¢200.000,00. La representación estatal contestó negativamente la demanda de

ejecución e interpuso la excepción de falta de legitimación activa. Pidió, se

rechazaran las pretensiones y se condenara al ejecutante al pago de las costas,

así como

los intereses que se generaran sobre estas. El Juzgado acogió la demanda de

manera parcial, rechazó la excepción de falta de legitimación activa y condenó

al Estado a pagar la suma de ¢75.000,00 por concepto

de honorarios. Resolvió sin especial condenatoria en costas.

La representación estatal inconforme, formula recurso de casación, basado en

dos agravios el primero por razones procesales y el segundo por vicios de

fondo.

II.-

De

previo a entrar al detalle de los reproches formulados por el casacionista, y

ante la forma en que han sido planteados, es menester indicar que ya esta Sala

en reiteradas ocasiones ha establecido que la calificación que los recurrentes

otorguen a sus reclamos no es óbice para realizar su examen. Ello en virtud de

que su clasificación jurídica le corresponde con exclusividad a este órgano colegiado, para lo cual se acude al fondo y

verdadera naturaleza del

alegato, más que a su denominación. De ahí, que haya resuelto de naturaleza

procesal alegatos formulados de fondo, o aquellos propios de violación directa

planteados como

yerros cometidos en la valoración probatoria o viceversa. No obstante, es claro

que el análisis en cuestión es procedente, siempre que dentro de la

calificación que corresponda, satisfagan los requisitos que impone la normativa

procesal para ingresar a su estudio. Visto así, los motivos interpuestos serán

agrupados conforme a su correcta naturaleza, a efecto de realizar un estudio adecuado y objetivo de los puntos que mediante

este recurso se solicita revisar. En lo que concierne al primer reproche

relativo a lo que denomina violación de la cosa juzgada material, estima esta

Cámara que por su contenido constituye un agravio de fondo y no procesal, por

lo que así debe analizarse, toda vez que lo que se combate como punto medular

es la legitimación activa por parte del ejecutante dentro de este proceso,

aspecto sobre el cual, esta Cámara ha establecido en diversos fallos, que el

elemento de legitimación se considera un aspecto sustancial o de fondo de toda

relación procesal (Consúltese resolución 681-2010 de las 8 horas 15 minutos del

9 de junio de 2010).  En lo tocante al segundo agravio,

esta Sala omite pronunciamiento, en razón de la forma en la que se resolverá el

asunto.

En el único alegato

que se analizará y de acuerdo con lo indicado en el considerando precedente,

aduce el casacionista, la condena efectuada en la sentencia recurrida, violenta

el valor de la cosa juzgada material y por ende los numerales 9, 10 y 137

inciso 1 aparte i del Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante

CPCA), 190 de la Ley General de la Administración Pública, el 162 del Código

Procesal Civil, así como el 13 y 33 de la Ley de la Jurisdicción

Constitucional. Lo anterior por cuanto estima, que si bien el precepto 33 de la

Ley de la Jurisdicción Constitucional, permite a cualquier persona interponer

un recurso de amparo a favor de un tercero, ello no

faculta a quien lo presenta para ejecutar los eventuales daños y perjuicios que

se establezcan en una sentencia constitucional; al respecto refiere al voto

2004-13706 de la Sala Constitucional. Sostiene, los rubros cobrados por

el aquí ejecutante, solo pueden ser pretendidos por la persona a quien le fue

reconocido el derecho subjetivo, según la declaratoria constitucional que se

ejecuta; ello conforme lo prescrito por los cardinales 9 inciso b) y 10 inciso

1 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Subraya, en la resolución que

se recurre, existe también una violación al ordinal 190 de la Ley General de la

Administración Pública, toda vez que se hizo nacer

un derecho de reclamo a favor de una persona que resulta ajena a la resolución

tomada por la Sala Constitucional. Afirma, si bien la Administración

Pública de conformidad con esta última norma es responsable de los daños

ocasionados con su actuar, es indispensable que la persona que esté solicitando

el reconocimiento de esas lesiones, sea la misma que fue sujeto de la conducta

administrativa y sancionada como violatoria de sus derechos fundamentales.

Enfatiza sobre lo resuelto en la parte dispositiva de la sentencia

constitucional, señala, por ello no puede el Juzgado Contencioso Administrativo

interpretar que el ejecutante de este

proceso resulta beneficiario de lo dispuesto en el recurso de amparo;

violentándose directamente el valor de la cosa juzgada, asignada a las

resoluciones emitidas en sede constitucional según el numeral 13 de la Ley de

la Jurisdicción Constitucional.

En razón de los

agravios desarrollados por la parte recurrente es menester hacer una revisión

de las situaciones fácticas propias del

caso en examen. El licenciado S., formuló recurso de amparo a favor de su

cliente el señor C., a quien la Sala Constitucional  le reconoció que le

fue quebrantado su derecho fundamental a la salud; de ahí que se condenara al

Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que

sirvieron de base a esa declaratoria. Con fundamento en dicho recurso, el

abogado S., presentó proceso de ejecución de sentencia, procurando el pago de

sus honorarios profesionales concernientes a la presentación del recurso

constitucional en cuestión, por un monto de ¢200.000,00, el cual fue reducido

en la resolución impugnada a la suma de ¢75.000,00. El Juzgado, declaró

parcialmente con lugar la demanda y rechazó la falta de legitimación activa,

planteada por la representación estatal. Sobre este

último aspecto, el juzgador resolvió: “…La legitimación procesal la tiene

aquella persona que tenga una relación jurídica con la pretensión. En este caso

que nos ocupa, bien se tiene por demostrado que el actor presentó un recurso de

amparo a favor del señor C., el cual fue acogido, por ello, considera esta

autoridad que la relación jurídica para interponer este proceso la tiene el

actor lo cual lo legitima, por lo que en ese sentido tal defensa de

legitimación del Estado se debe rechazar…”. Contrario al enfoque planteado

en la sentencia que parcialmente se transcribe, estima esta Sala que lo

resuelto por el Juzgado revela una inobservancia de lo prescrito por el numeral

9 inciso b) párrafo segundo del CPCA el cual establece “…Para el reclamo de

daños y perjuicios en los supuestos de este apartado, será necesario comprobar

la titularidad de la situación jurídica lesionada de quien demanda…”, así

como de lo regulado por el cardinal 10 inciso a) mismo que instituye, estarán

legitimados “…quienes invoquen la afectación de intereses legítimos  o

derechos subjetivos…”. De dichos preceptos puede extraerse que, a fin de

determinar la legitimidad del ejecutante para plantear este

proceso, tendría que haberse demostrado un derecho subjetivo o un interés

legitimo lesionado con el actuar de la Administración.

En la especie tal y

como se ha visto, la participación del señor S., en la declaratoria

constitucional de referencia, se limitó única y exclusivamente a la

interposición del recurso, según lo permite el artículo 33 de la Ley de la

Jurisdicción Constitucional, del cual se derivó  una condena en abstracto

que no le crea beneficio alguno a su favor y por ende no le faculta para

ejecutar por cuenta propia el pago de las costas personales que pretende, ello

por cuanto resulta evidente, que la condena impuesta al Estado proviene del

quebranto al derecho constitucional a la salud que tiene el amparado, por así

disponerlo la parte dispositiva de la resolución que se ejecuta, al establecer

categóricamente:“...Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al

pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de

base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de

los contencioso administrativo…”. Es

incuestionable en el presente asunto, que el titular del derecho para ejecutar

los cobros por los cuales fue condenado el Estado, es en definitiva el amparado

y no el profesional que interpuso el recurso de amparo, ya que como se indicó

líneas antes, su participación se circunscribió únicamente a la presentación

del recurso constitucional en nombre y por cuenta de aquel (legitimación

vicaria), aspecto que no lo relaciona en nada, con la condena impuesta al

Estado, producto del quebranto cometido al derecho a la salud del amparado. En

la resolución recurrida, según se expuso, se admite su legitimación para

ejecutar el proceso, al interpretar que éste tiene una relación jurídica con la

pretensión procesal, entendiendo esa relación, como la dirección del proceso, que el ejecutante llevó a cabo

con el recurso de amparo objeto de este asunto. Al respecto estima esta Sala,

que la interposición del

recurso constitucional y la dirección que el licenciado S. asumió de este, no

lo faculta, ni lo legitima para  reclamar la

cancelación de sus honorarios profesionales. Esto en razón de que la asesoría,

redacción y patrocinio jurídico que el ejecutante le haya dado al amparado,

resultan aspectos propios de su ejercicio como profesional y ajenos al fondo de

la declaratoria constitucional, la cual es en definitiva la que da paso al

proceso de ejecución de sentencia planteado; por ello es claro, que no puede

pretender el ejecutante reclamar para sí, el reconocimiento de las costas

personales, extremo que, fue otorgado por sentencia constitucional a otra

persona. Finalmente vale resaltar que el abogado S., presentó el proceso de

ejecución a título personal y no consta poder alguno que demuestre la

representación del

titular de ese derecho por parte del

citado profesional.

Resulta imperioso

señalar, que todo proceso jurisdiccional tiene repercusiones económicas, no

sólo en cuanto a la pretensión material reclamada- resarcimiento económico del

objeto del proceso-, sino al proceso en sí. A esos

gastos, procesales y personales, que ocasiona se les denomina en forma genérica

"costas". Para lo que al caso interesa, es menester indicar, que

existe una diferencia entre los conceptos de “costas personales” y “honorarios

de abogado”, aun y cuando el canon 226 del CPC dispone que: “(…) se

estimarán costas personales los honorarios de abogado y la indemnización de

tiempo invertido por la parte en asistir a diligencias del proceso, en las que

fuere necesaria su presencia (…)”.  Esta Sala desde vieja data ha

establecido que la naturaleza de ambos conceptos resultan distintos, debido a

que las costas personales se generan dentro del proceso

judicial y le pertenecen a la parte victoriosa. Los honorarios de abogado por

su parte, surgen por el servicio profesional brindado por el litigante respecto

de su cliente y aún cuando la causa la tuviera la labor desplegada en un

proceso judicial, resultan atendibles entre ambos como producto de una relación

privada abogado-cliente, tan es así, que su reclamo debe ventilarse mediante el

proceso incidental previsto para ello. El concepto de costas

personales, es en estricto sentido, parte de la condena que se impone a quien

perdió el juicio. En concreto, es la indemnización que en principio el vencido cubre al victorioso,

resarciéndolo de lo que este último pagó o se vería

obligado a pagar por asistencia profesional. Incluye todos aquellos gastos

propios en el desenvolvimiento de la actividad procesal, es decir en el caso

concreto, erogaciones que debe sufrir el amparado como producto del trámite de su

recurso, las que debe cancelar la entidad recurrida como responsable de los

mismos, al obligar a que se acuda a la vía jurisdiccional en satisfacción de

sus pretensiones y resultar vencido en la contienda judicial. Como se indicó

anteriormente, estas se establecen en sentencia a favor de la parte victoriosa

dentro del proceso, a quien corresponde presentar la liquidación respectiva (o

su apoderado judicial, pero en su representación y no a título personal), y se

giran a ella, con el único fin de evitar un doble pago, porque por regla

general, ya los honorarios han sido abonados al abogado que dirigió el proceso,

y precisamente lo que se busca es que se resarza el gasto.  A partir de

los argumentos expuestos, concluye esta Cámara que el reclamo planteado por el

ejecutante de este proceso, resulta a todas luces

improcedente; ya que como

se ha reiterado, no tiene la facultad de pretender por cuenta propia y a título

personal el reconocimiento de sus honorarios por la vía de ejecución.

VII.-

Consecuentemente,

esta Sala resuelve acoger el recurso de casación. Fallando por el fondo, anula

lo resuelto  por el Juzgado, en su lugar se

admitirá la excepción de falta de legitimación activa, planteada por la

representación estatal y se declara sin lugar la demanda de ejecución. Ambas

costas se imponen al ejecutante, conforme los establecido por el numeral 193 del

CPCA.