Resolución 01684-2012

1.-

Con base en los hechos

que expuso y disposiciones legales que citó, la parte actora estableció proceso

de conocimiento, a fin de que en sentencia se declare: “A-Se condene al

demandado Banco Nacional de Costa Rica la pago de los daños materiales y los

perjuicios ocasionados a los suscritos, a consecuencia del trágico

fallecimiento de nuestro padre y esposo, respectivamente, mientras se

encontraba en esa institución en calidad de cliente utilizando los servicios de

la Agencia Bancaria. B.- …que tanto la suscrita en su condición de esposa y

como mi hijo menor Berny Josué en su condición de hijo del señor Suárez Ugalde,

dependían económicamente del señor Suárez Ugalde para su sobrevivencia y en

consecuencia, debe el Banco Nacional resarcir el daño material consistente en

todo el aporte económico que recibíamos de nuestro esposo y padre,

respectivamente, desde su fallecimiento y hasta que los suscritos dejamos de

necesitarlos, así: con respecto a la cónyuge, ella tiene derecho vitalicio de

recibir alimentos de su esposo y con respecto a los hijos del causante, tenemos

que, Berny Josué contaba con trece años once meses y nueve días, por lo que, el

derecho alimentario con respecto a su padre le correspondía desde esa edad

hasta cumplir sus veinticinco años de edad, por lo que, el Banco demandado debe

resarcir el daño material el cual se determinará mediante expertaje matemático,

lo cual estimamos en la suma de cincuenta millones para cada uno. C) …que el

demandado deberá pagar a los suscritos actores, en su condición de hijos del

señor Suárez Ugalde, el DAÑO MORAL consistente en: el sufrimiento, el dolor,

las angustias, el trauma por la forma en que falleció su padre, el dolor de

saber que su padre se encontraba dentro de las instalaciones del Banco

demandado tirado en el suelo, herido por largas horas sin habérsele brindado

los primeros auxilios ni atención médica oportuna, las horas que su padre

permaneció fallecido sin poder permanecer a su lado e iniciar el duelo, el

trauma que vivieron sus hijos y la consecuente pérdida de años lectivo por

parte de Berny Josué, la circunstancia de la pérdida de su padre y la ausencia

de afecto y apoyo emocional y económico de su padre durante resto de su vida

para sus hijos. La incertidumbre vivida por no saber si su padre estaba herido

sin que las autoridades hicieran nada por sacarlo del lugar y darle asistencia

o atención inmediata. Todo ello provocó un enorme dolor en la familia que

durante estos años aún no hemos superado, lo que estimamos en la suma de CIEN

MILLONES PARA CADA UNO DE SUS HIJOS. C.- (sic) Se condene a la entidad

demandada a pagar ambas costas del proceso.” En audiencia preliminar de las

9 horas 30 minutos del 15 de junio de 2010, la señora jueza procede a determinar

las pretensiones de la siguiente manera: “Se condene al Banco Nacional de

Costa Rica al pago por daño material y perjuicio sufridos por la esposa del

fallecido, María Odilie Rodríguez Madrigal y Berny Suárez Rodríguez que para

aquel momento tenía la edad de 12 años con 9 meses y 12 días, en la suma de

¢50.000.000,00 para cada uno. Así también se solicita cancelar por concepto

moral causado a los hijos de la señora Rodríguez Madrigal, Berny Suárez

Rodríguez en la suma de ¢100.000.00, Johan Suárez Rodríguez en la cantidad de

¢100.000,00 y Allen Fernando Suárez por el monto de ¢100.000.00, así como al

pago de las costas personales y procesales.”

La entidad bancaria contestó

negativamente. Opuso las defensas previas de transacción y prescripción, las

que se rechazaron en audiencia preliminar de las 11 horas 24 minutos del 15 de

junio mediante resolución no. 2266-2010; además, en forma interlocutoria fue

rechazada la de litis consorcio pasivo necesario. También formuló las

excepciones de falta de derecho y falta de legitmación activa en relación con

los actores Allen Fernando y William Johan Suárez Rodríguez.

3.-

La demandada renuncia expresamente al proceso conciliatorio.

4.-

En audiencia preliminar de las 9 horas 30 minutos del 15 de junio de 2010,

oportunidad en que las partes hicieron uso de la palabra.

5.-

Se fijó hora y fecha para realizar el juicio oral y público y el Tribunal

Contencioso Administrativo, Sección Quinta, integrado por las Juezas Laura

García Carballo, Sady Jiménez Quesada y el Juez Daniel Aguilar Méndez, en

sentencia no. 34-2011 de las 14 horas 15 minutos del 9 de marzo de 2011,

dispuso: “1.- Se acoge la excepción de prescripción respecto de los actores

William y Allen Suárez Rodríguez.

Se rechaza la excepción de falta de

derecho y legitimación opuesta respecto de la actora María Odily Rodríguez

Madrigal y Berny Suárez Rodríguez.

En consecuencia se acoge la demanda

establecida por María Odily Rodríguez Madrigal y Berny Suárez Rodríguez y se

condena al Banco Nacional de Costa Rica, a pagar a la señora Rodríguez Madrigal

por concepto de daño material la indemnización que se traduce en una renta

vitalicia, pagadera por veintiséis años, a partir de la firmeza de esta

sentencia y hasta que la misma cumpla los ochenta años de vida, la cual se

estima en al (sic) suma de sesenta mil setecientos colones, suma que

deberá actualizarse de forma anual ya automática conforme a la variación anual

del índice de precios. Para el depósito de dicha renta deberá la parte actora

abrir una cuenta corriente en el banco accionado a efecto de que los montos

mensuales sean depositados los días diez de cada mes. Se condena al banco

demandado a pagar al señor Berny Suárez, el daño moral cuyo importe se fija en

la suma de veinte millones colones, monto que deberá ser cancelado en un solo

tracto a partir de al firmeza de esta sentencia. Deberá cancelar el daño

material el cual se aprueba en una renta mensual vitalicia de noventa y dos mil

seiscientos dieciocho colones, suma que deberá actualizarse de forma anual y

automática conforme a la variación anual del índice de precio y que deberá ser

cancelada hasta que el señor Berny Suárez cumpla la edad de veinticinco años,

el desembolso de dicho importe estará condicionada a que el mismo demuestre que

se encuentra estudiante y que obtiene buenos rendimientos con años aprobados

con una carga académica razonable, la verificación de lo antes dispuesto deberá

ser acreditado cada seis meses ante el juez ejecutor de este despacho, al igual

que cualquier otra controversia que surja con motivo del incumplimiento de

alguna de las partes. El depósito del importe mensual será hecho por el Banco

el día diez de cada mes en la cuenta corriente que para tal efecto abra el

actor en dicha entidad.

Se condena a la parte accionada vencida al pago de

las costas personales y procesales."

6.-

Los representantes de

ambas partes, formulan sendos recursos de casación indicando las razones en que

se apoyan para refutar la tesis del Tribunal.

7.-

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de

ley.

Redacta el magistrado Rivas Loáiciga

El 8 de marzo de 2005, el señor William Suárez Ugalde se encontraba realizando

diligencias en la agencia del Banco Nacional de Costa Rica (en lo sucesivo

Banco), ubicada en Monteverde, provincia de Puntarenas. A eso de las 15 horas,

tres hombres armados asaltaron dicha entidad bancaria, disparando contra la

puerta principal y hacia el interior de la sucursal, producto de lo cual don

William Suárez sufrió heridas que le causaron la muerte en el propio lugar.

Dicho señor era casado con doña María Odilie Rodríguez Madrigal, con

quien  procreó tres hijos: Allen Fernando, William Johan y Berny Josué. El

23 de febrero de 2009, sus deudos interpusieron demanda contra el Banco en la

cual piden: se le condene al pago de los daños materiales y de los perjuicios

sufridos en virtud del fallecimiento del señor William Suárez, mientras se

encontraba  utilizando los servicios de la entidad bancaria. Se declare

que la actora María Odilie y su hijo –menor de edad-, Berny Josué dependían

económicamente del señor Suárez, se les debe resarcir en cuanto al aporte

económico que recibían de su esposo y padre, respectivamente, desde la data del

deceso y hasta que lo dejen de necesitar. Daño material que consistiría en una

pensión vitalicia por alimentos para ella y otra para su hijo Berny hasta que

cumpla los 25 años, que fijaron prudencialmente en la suma de ¢50.000,00

mensuales para cada uno. Asimismo, se le condene a pagar a todos los hijos el

daño moral por el dolor y el trauma que sufrieron, dada la manera como falleció

su padre, los cuales fijan en el monto de ¢100.000.000,00 para cada uno de ellos,

y a cancelar ambas costas del proceso. El representante de la entidad bancaria

se allanó a la pretensión de Berny Josué, y opuso la excepción de prescripción

en lo tocante a las demás pretensiones de los demandantes Allen Fernando y

William Johan, pues, estima que al notificarse la demanda ya se había

configurado el plazo extintivo previsto en el artículo 198 de la LGAP. Además,

en cuanto al resarcimiento pretendido por la demandante Rodríguez Madrigal, no

procede pues existe un finiquito que comprende tanto  el daño moral como

el material. Respecto de los co-actores Allen Fernando y William Johan, también

esgrime las excepciones de falta de: derecho y legitimación. Por último,

solicita se exima  al Banco en el pago de las costas ya que actuó de buena

fe. El Tribunal acogió la excepción de prescripción en cuanto a los

co-demandantes Willian y Allen ambos de apellidos Suárez Rodríguez.

Rechazó la excepción de falta de derecho y legitimación opuesta respecto de los

accionantes María Odilie Rodríguez Madrigal y Berny Suárez Rodríguez. Declaró

con lugar  la demanda y condenó al Banco a pagar a la señora Rodríguez

Madrigal por concepto de daño material  una indemnización traducida en una

renta vitalicia pagadera por 26 años, a partir de la firmeza del fallo y hasta

que cumpla los 80 años de edad (de acuerdo a la expectativa de vida a nivel

nacional), que fijó en la suma de ¢60.700,00 mensual. De igual modo, lo condenó

a cancelarle a Berny Josué Suárez, el daño moral,  cuyo importe estableció

en el monto de ¢20.000.000,00 a pagar una vez firme la sentencia. Además a

pagarle daño material, mediante   una renta  mensual de

¢92.618,00 a partir de la firmeza del fallo y hasta que alcance 25 años de

edad. Condicionó su desembolso a que demuestre continúa estudiando, obtiene

buenos rendimientos y que cursa una carga académica razonable. Por otra parte,

que tales circunstancias deberán ser acreditadas cada seis meses ante  el

juez ejecutor de dicho despacho. También en cuanto ambos co-actores dispuso que

la suma deberá ser actualizada anualmente y de manera automática, de

conformidad a la variación anual del índice de precios; que para su depósito

debían abrir una cuenta corriente en  la entidad bancaria accionada, para

que se le  deposité el día 10 de cada mes. Por último, condenó al

demandado vencido al pago de las costas. Inconformes ambas partes interpusieron

recurso de casación.

Recurso de la parte actora

Casación por razones procesales

II.-

endilga incongruencia entre lo pedido y lo otorgado en

sentencia. Alega, desde el fallecimiento del señor William Suárez Ugalde, a

raíz de aquel asalto el 10 de marzo de 2005, se ha pretendido el pago del daño

material. Manifiesta, el Banco Nacional, inclusive se allanó en torno a esa

pretensión. Por lo tanto, fue a partir de ese momento, asegura, que los actores

María Odilie y Berny Josué quedaron sin el sustento económico, así como del

apoyo de su padre y esposo, empero, el Tribunal incurre en error e

incongruencia, al conceder el daño reclamado a partir de la firmeza del fallo.

Asevera, no se encuentra en el fallo, la razón fáctica por la  que no

concede el derecho a partir del acontecimiento del 10 de marzo de 2005.

Segundo:

recrimina, la sentencia carece de motivación, en cuanto al monto otorgado por

indemnización a Berny Josué Suárez Rodríguez por concepto de daño moral. Los

jueces, refiere, si bien otorgan ¢20.000.000,00 por ese extremo, no fundamentan

su procedencia. Resalta lo escandaloso y violento del asalto donde murió el

señor Suárez Ugalde, aunado a la juventud de su hijo al momento de los hechos.

Sin embargo, en su criterio, los juzgadores no valoraron todas esas

circunstancias en el fallo censurado.

En el primer

agravio, alega, el fallo es incongruente ya que pidió se le resarciera el daño

material desde la fecha cuando se produjo el suceso, pero, los juzgadores

otorgaron una renta  a partir de la firmeza del fallo. Según lo ha

dispuesto este Órgano Colegiado: “La incongruencia… se produce cuando existe

una evidente contradicción entre las pretensiones de los litigantes y lo

resuelto en la parte dispositiva de la sentencia; no entre las consideraciones

de la sentencia y lo resuelto en la parte dispositiva. Con la nueva legislación

procesal contenciosa administrativa, tal premisa ha sido relativizada.

Ello por cuanto, en virtud de los poderes otorgados al juzgador, las

pretensiones aducidas en la demanda pueden sufrir variaciones tanto en la

audiencia preliminar, cuanto en la de juicio (artículos 90 inciso 1 b) y 95

ibídem); además, de conformidad con el canon 122 ejúsdem, se dan una serie de

pronunciamientos de carácter oficioso.  En consecuencia, al analizarse

dicho yerro, debe tenerse presente lo indicado.  (no. 000819-A-2008, de

las 10 horas 45 minutos del 4 de diciembre de 2008). La incongruencia

como causal de casación, entonces, ocurre cuando el juzgador al proveer, decide

sobre cuestiones no pedidas (extra petita), o sobre más de lo pedido (ultra

petita), u omite la decisión en todo o en parte, acerca de las pretensiones o

de las excepciones. Para determinar la existencia de este vicio como causal de

casación ha de confrontarse, necesariamente, la parte resolutiva de la

sentencia con las pretensiones aducidas en la demanda y en las demás

oportunidades que la ley contempla, o las excepciones propuestas por el

demandado, a fin de determinar si en realidad existe entre estos dos extremos

evidente desajuste de aquella frente a estas. (Voto no. 288 de las 10 horas 20

minutos del 20 de marzo de 2009)”. No. 1445 de las 9 horas 50 minutos del 24

de noviembre de 2011. En consecuencia, para determinar si se produce el yerro

alegado, en este caso, lo pertinente es hacer el contraste entre lo pedido por

los co-demandantes con lo resuelto por el Tribunal. En lo de interés

solicitaron el pago del daño material desde el fallecimiento del señor

William Suárez Ugalde. No obstante, objetan los juzgadores lo otorgaron a

partir de la firmeza del fallo. De lo expuesto, se aprecia no se configura la

incongruencia alegada, pues, no se dejó de resolver sobre el pedimento de la

recurrente, el que no haya sido de acuerdo con sus expectativas no lleva al

quebranto alegado. De ahí, lo expuesto lleva al rechazo del reproche.

En el segundo agravio acusa falta

de motivación, sobre el particular este Órgano Colegiado ha dispuesto que “…como

agravio susceptible de ser revisado mediante el recurso extraordinario de

casación, no debe entenderse como un mecanismo para cuestionar los fundamentos

jurídicos de la sentencia.  Surge cuando la motivación del fallo no

exista, o su desarrollo resulta confuso o contradictorio, de forma que impida

tener claridad, en cuanto a los razonamientos que derivaron en la decisión

adoptada en la parte dispositiva de la sentencia, lo que vulneraría el debido

proceso. No se trata de determinar, si el juzgador se pronunció sobre todas las

pretensiones incorporadas por las partes, sino al contrario, si el fallo cuenta

con  bases para la decisión correspondiente.  Así las cosas, no debe

confundirse la falta de motivación con un mecanismo para entrar a discutir la

aplicación del Derecho o la valoración de la prueba, realizada en la parte

considerativa de la sentencia, para lo cual el Código de rito establece

causales autónomas. (sentencia no. 278-F-S1-2011 de las 9 horas 25

minutos del 17 de marzo de 2011)”.  No. 1094 de las 9 horas 35 minutos

del 8 de setiembre de 2011. Según lo expuesto, y contrario a lo argüido por la

apoderada especial judicial de la parte actora, esta Cámara estima que el fallo

impugnado sí contiene la motivación correspondiente, ya que se refirió de

manera concreta al reclamo de Berny Josué atinente al daño moral. Al respecto

los jueces señalaron que, el menoscabo de dicho co-demandante, debía ser

resarcido partiendo del hecho de que era un menor de edad, quien experimentó,

en un primer momento, la angustia de no saber con certeza lo ocurrido. Para

luego, darse cuenta la forma tan trágica como sucedió, amén de la divulgación

que se le dio al suceso. A lo que adicionó la afectación que sufrió, así como

la tristeza e inseguridad soportadas. También, como el haber tenido que

enfrentarse al dolor y depresión de su madre y disgregación familiar, ya que

sus hermanos debieron trasladarse a trabajar a otras zonas del país. De ahí,

que tomaron en consideración no solo los aspectos que se aducen desdeñados en

el reparo, sino que también otros, que permitieron al Tribunal fundamentar -en

ejercicio de su prudente arbitrio-, el otorgamiento del daño moral. Es

indudable, que en la sentencia recurrida no se omitieron las razones del por

qué se arribó a la decisión tomada. Por ende, no se produce el quebranto

acusado.

Casación por razones de fondo

En razón de que

solo se admitió el primero de los reparos, se expone como único motivo.

Acusa violación directa de los numerales 879 del Código Civil (CC) y 198 de la

Ley General de la Administración Pública. Los juzgadores, protesta, aplicaron

erróneamente en el sub-exámine el canon 876 del CC y dejan de aplicar el

artículo 879 ibídem; el cual dispone que la prescripción negativa se interrumpe

también por cualquier gestión judicial o extrajudicial tendiente al cobro de la

deuda y cumplimiento de la obligación. En resumen, indica, el Tribunal acogió

la excepción de prescripción en cuanto al reclamo del daño moral, aun contra lo

establecido en los preceptos 879 del CC y 198 de la LGAP. No es cierto,

reprocha, el hecho probado que establece que no se realizaron acciones

tendientes al cobro del daño sufrido por los demandantes. Al respecto, asegura,

al momento de darse el traslado de la demanda el 3 de marzo de 2009, todavía no

se había cumplido el plazo regulado en la norma, el cual se vencía, a su

juicio, hasta el 8 de marzo de 2009, dado que el hecho generador de

responsabilidad se presentó el 8 de marzo de 2005. Por otro lado, recrimina,

accionó antes del vencimiento del plazo prescriptivo y fue el órgano

jurisdiccional el que se tardó al realizar la notificación.

En el reproche

acusa indebidamente actuado el precepto 876 del CC y dejado de aplicar el canon

879 de dicho cuerpo normativo. Lo anterior, pues estima, al notificarse el

traslado de la demanda no había transcurrido el plazo prescriptivo dispuesto en

el cardinal 198 de la LGAP. En lo tocante al tema de la prescripción esta

Cámara “lo ha definido como el medio para adquirir un derecho o bien para

liberarse del cumplimiento de una obligación por el transcurso del tiempo. Se

le consideró: “…en un principio, una sanción o pena contra el titular de

un derecho quien, por negligencia, crea una situación de inseguridad censurable

en razón de la cual el legislador veda, salvo renuncia del interesado, la

posibilidad de su ejercicio tardío. Se ha dicho dentro de la doctrina, que la

prescripción encuentra su razón de ser en una presunta renuncia tácita del

derecho por parte de su titular, quien a través de su inactividad, trasunta su

intención de no reclamar lo que le corresponde. A tal posición se le ha

objetado, con acierto, que la prescripción no puede considerarse ni como una

pena por un actuar negligente, ni como una renuncia tácita, pues si eso fuera

cierto, debería permitirse al perjudicado con ella demostrar la inexistencia de

culpa castigable o de la presunta intención de abandono. Dicha crítica

concuerda con nuestro ordenamiento jurídico”. Consúltese resolución de las 15 horas

del 24 de julio de 1992, corresponde al voto número 120... Ahora bien, por su

naturaleza extintiva, la prescripción puede ser objeto de interrupción; de ahí

que sea trascendental traer a colación lo estipulado en el inciso a) del

ordinal 296 del Código Procesal Civil, el cual establece que uno de los efectos

materiales del emplazamiento es justamente evitar que el plazo prescriptivo

continúe su curso. Este es precisamente el punto debatido”. Fallo no. 1251

de las 10 horas 15 minutos del 21 de octubre de 2010. Ha de agregarse que esta

última regulación así como los artículos 876 y 879 del CC resultan aplicables

en el subexamine por disposición del precepto 9, inciso 2), de la LGAP. Si bien

es cierto, el canon 879 de cita, estipula que el plazo prescriptivo se

interrumpe por cualquier gestión judicial o extrajudicial tendiente al cobro de

la deuda y cumplimiento de la obligación, también resulta evidente que, de la

relación con los cardinales 876 del CC y 296 del CPC el acto que tiene la

virtud de interrumpir la prescripción es el de la notificación del

emplazamiento. Al respecto disponen las normas de cita: “876. Toda

prescripción se interrumpe civilmente: …2° Por el emplazamiento judicial,

embargo o secuestro notificado al poseedor o deudor”. “296. Los efectos

del emplazamiento son materiales y procesales, y se producen a partir de la

fecha de notificación de aquél. Son efectos materiales los siguientes: a)

interrumpir la prescripción…”. En la especie, pese a que la demanda se

presentó el 23 de febrero de 2009, y, el emplazamiento se expidió el 3 de marzo

de ese año, no obstante, fue notificado al Banco hasta el 15 de abril de 2009,

data a la cual ya había transcurrido el plazo de prescripción fijado en la

disposición 198 de la LGAP. De ahí, que este Órgano avale lo resuelto por el

Tribunal en cuanto acogió tal excepción respecto a los co-actores Allen

Fernando y William Johan. Por otra parte, ha de expresarse que, en la

resolución del emplazamiento se previno a la parte actora para que presentara

un juego de copias de la demanda, lo cual hizo hasta el 20 de marzo de 2009. En

consecuencia, si la demanda se notificó el 15 de abril de aquel año, no se

observa que el proceder del Tribunal haya sido negligente de modo alguno.

Recurso de la parte demandada

Casación por razones procesales

Único: asevera, de conformidad con los cardinales 137 incisos

d) y h) del Código Procesal Contencioso Administrativo, existe falta de

motivación en la sentencia, toda vez que los jueces no explican las razones por

las que se apartaron del criterio pericial rendido en el proceso y tampoco

exponen los motivos, por los que prefirieron la renta vitalicia en lugar

de  la renta conmutada para resolver el asunto. Invoca jurisprudencia del

Tribunal Contencioso Administrativo para respaldar su alegato. La inobservancia

de esta regla, argumenta, constituye una violación de normas procesales del

ordenamiento jurídico cuya inobservancia es sancionada con nulidad absoluta.

Aduce falta de

motivación, pues en su opinión, el Tribunal se decantó por el otorgamiento de

una renta vitalicia y no por una conmutada sin que lo justificara de modo

alguno. Según se indicó en el considerando IV, este yerro se produce si no

existe motivación del fallo, o bien, si su formulación es confusa o

contradictoria, de modo que no resulta posible tener claridad sobre los

razonamientos base de la decisión. Sin embargo, lo expuesto no se ocasiona en

virtud de que los juzgadores al referirse al reclamo de los co-actores, de

manera concreta y precisa señalaron los motivos en los que se fundamentaron al

acoger el pago de la renta vitalicia a favor de los co-demandantes. En primer

lugar, utilizaron como base el peritaje rendido en el proceso por el actuario

matemático; también, en razón de que la señora María Odilie Rodríguez Madrigal

dependía económicamente de su esposo, se dedicaba a los oficios del hogar (por

lo que necesitaba el ingreso para su subsistencia). Igual sucedió con Berny

Josué Suárez Rodríguez, ya que era menor que necesitaba de tal renta  para

su manutención y educación. De ahí, es evidente, la sentencia contiene los

motivos que permitieron llegar a lo resuelto, asimismo, su desarrollo es claro

y sin contradicciones, por lo que no se configura la infracción alegada.

Casación por razones de fondo

Único: indica, el Banco se encuentra dispuesto a indemnizar a

los actores, pero no acepta el tipo de indemnización establecida por el

Tribunal (renta vitalicia) y al igual que los actores, expresa, solicita una

indemnización bajo la modalidad de renta conmutada (indemnización pagadera en

un tracto). Los juzgadores, resalta, no consideraron los argumentos del perito

actuario matemático designado por el despacho judicial, quien recomendó una

indemnización pagadera en un solo tracto, por facilidad, practicidad y porque

es lo usual en caso de indemnizaciones por muerte. Cita los criterios para

indemnizar, aplicables en el sub lite, según el informe hecho por el perito. Se

resumen en la posibilidad de una renta global (renta conmutada) o en una renta

alimentaria (renta vitalicia). Insiste, con el criterio utilizado por el

Tribunal, en la práctica resulta complejo al momento de aplicarlo año con año.

Cataloga el peritaje citado, como un elemento probatorio sustancial, que debe

ser valorado dentro de las reglas de la sana crítica. Por este alegato, el

recurrente acusa indebida valoración de la prueba y  falta de aplicación

de los preceptos 123 y 130 del Código Penal que establecen las reglas vigentes

sobre responsabilidad civil. De acuerdo a ese marco normativo aplicable a las

reparaciones civiles derivadas de un hecho punible, advierte, la indemnización

debe satisfacerse conforme a las estimaciones periciales; y si así conviniere a

los intereses de los reclamantes, el juzgador podrá conmutar las cantidades

correspondientes para que sean otorgadas en un solo tracto y no en forma

vitalicia.

De previo al examen del agravio, es menester señalar, en

el subexamine, los demandantes en la audiencia de juicio, de modo expreso

solicitaron el pago de los daños y perjuicios de índole material mediante una

renta conmutada. Además, en uno de los agravios desarrollados en su recurso de

casación, que fue rechazado de plano, pedían, -al igual que el Banco en este

reproche-, se les cancele en un solo tracto (conmutación de la renta), por lo

que en dicho sentido las partes coinciden. En esencia lo que se increpa es que

el Tribunal haya concedido como indemnización del daño material, rentas

vitalicias a favor de los co-actores María Odilie Rodríguez y Berny Josué

Suárez. Opinan, lo acertado es fijar un resarcimiento conmutado pagadero en un

solo tracto. En su apoyo, cita la experticia que consta en autos, ya que señala

el actuario matemático, expresó que, el beneficio vitalicio se utiliza en los casos

de riesgos de trabajo, pero que en los asuntos de muerte producto de un hecho

delictivo lo usual es conmutar la obligación en una suma a pagar en un solo

desembolso. De igual manera, que el perito manifestó, en lo concerniente a la

cuantificación de la cantidad a reconocer han de actuarse las reglas de

responsabilidad civil del Código Penal de 1941. En criterio de este Órgano

Colegiado, por las razones que de seguido se expondrán, nada obsta para que en

la especie se proceda al pago de la indemnización mediante una renta conmutada.

En el caso de estudio, en lo que a la determinación de la responsabilidad se

refiere, es claro, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 190 de la Ley

General de la Administración Pública en relación con el precepto 35 de la Ley

de Promoción de la Competencia  y Protección Efectiva del Consumidor. Por

otro lado, en relación con el cálculo del resarcimiento, -extremo distinto al

de la determinación de la responsabilidad-, nada obsta para que en virtud del

principio de integración normativa (artículos 220 del CPCA y 4 del Código

Procesal Civil) se apliquen las reglas de responsabilidad civil del Código

Penal de 1941. Metodología avalada por el perito, quien expresó, es la usual en

este tipo de hechos, al punto de que en sus cálculos la utilizó. En lo que es

de interés, el precepto 130 ibídem dispone: “…Si así conviniere a los

intereses de los reclamantes, el juez podrá conmutar las pensiones futuras en

una o varias cantidades totales que correspondan, hasta donde la previsión

alcance, al resultado que produciría a la larga el sistema de la renta. En caso

de muerte del ofendido se observarán las reglas siguientes: 1a. Si el

reclamante fuere el cónyuge supérstite, sin hijos menores, la conmutación se

hará a base del resto probable de vida del cónyuge de mayor edad en la fecha de

la infracción. 2ª. Si los reclamantes fueren el cónyuge sobreviviente y los

hijos menores del interfecto, se seguirá el criterio de la regla anterior, o

bien se tomará como base lo que falte al menor de los hijos para llegar a la

mayoridad, según resulte más equitativo…”. En primer término, ha de

expresarse, según lo pedido por los co-actores en el juicio oral, reiterado en

su recurso de casación, -en un agravio que se desestimó de plano, según se

expresó-, conviene a sus intereses que el pago se haga en un solo tracto.

Luego, según se aprecia a folios 761 a 785 del expediente, el actuario

matemático licenciado Mario Herrera Flores realizó el cálculo de la renta

conmutada de conformidad con las disposiciones de la regulación recién

transcrita -peritaje que no fue objetado por ninguna de las partes-. De modo

que, de conformidad con la relación de las reglas 1ª y 2ª del canon 130 de

cita, tomó la edad del señor William Suárez Ugalde como cónyuge de mayor edad

(50 años), e hizo la cuantificación con fundamento en su expectativa de vida.

Además, consideró el ingreso que recibía en el puesto que desempeñaba al

momento del deceso. A dicho monto restó un 25% al estimar era del que

participaba como persona casada, y al restante 75%, -que tuvo como su aporte al

núcleo familiar-, le aplicó el factor de conmutación dado por las tablas

actuariales de mortalidad, a una tasa de interés técnico del 5% a la proporción

del ingreso anual citado y la indexó a agosto de 2010. De la aplicación de tal

metodología, obtuvo como indemnización la cantidad de ¢44.113.684,00 (folio

780). Monto que el Tribunal en el hecho probado 10, estimó, es el que

corresponde a doña María Odilie Rodríguez como renta conmutada. En

consecuencia, dichos ¢44.113.684,00 es la suma que se habrá de conceder a la

co-actora María Odilie Rodríguez. Debido a que dicho monto se pasó a valor

presente al año 2010, para que resulte acorde con los principios

constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, su fijación se habrá de

diferir a la vía de ejecución de sentencia para que se actualice al momento de

su otorgamiento. Por otro lado, en lo que respecta al co-demandante Berny

Josué, no consta en la experticia la cantidad que le corresponde por concepto

de renta conmutada, de ahí, de igual modo, se le otorgará la cantidad de

¢44.113.684,00. Ha de recordarse que al momento del suceso era menor de edad

-13 años- y en la actualidad cuenta con 20 años de edad.

En virtud de lo expuesto, deberá declararse parcialmente

con lugar el recurso de casación interpuesto por el Banco demandado. Se

modificará lo resuelto por el Tribunal únicamente respecto a que otorgó a los

co-actores María Odilie Rodríguez Madrigal y Berny Josué Suárez Rodríguez como

resarcimiento del daño material sufrido una renta vitalicia. En su lugar, al

resolver por el fondo se dispondrá que como pago del menoscabo sufrido por

estos co-actores, se conmuten las rentas para que se les cancele en un solo

tracto, la suma de ¢44.113.684,00, que habrá de indexarse en ejecución de

sentencia.