Resolución 01448-2012

De conformidad con lo

dispuesto en los artículos 134, 139 y 142 del Código Procesal Contencioso

Administrativo, el recurso planteado resulta admisible en el primero y tercer

agravios, no así el segundo por las razones que de seguido se expondrán. Acorde

con lo estipulado en el ordinal 142 del

cuerpo normativo de cita, se pondrá en conocimiento de la admisión de este

recurso al Estado, por el plazo de 10 días, una vez vencido este y si fuere del caso el de la

respectiva ampliación, se dictará sentencia escrita.

Es menester referirse

a los requisitos necesarios para la admisión del recurso de casación.  Se califica este medio de impugnación como uno de carácter extraordinario,

básicamente por dos razones. En primer término, porque no toda resolución

judicial es pasible de tal recurso, sino sólo las

contempladas en la ley. Y, segundo, porque las causales de

impugnación en esa etapa revisora son preestablecidas por el ordenamiento

jurídico. En lo relativo al primer aspecto, son susceptibles del

recurso de casación las sentencias y los autos con carácter se sentencia

capaces de producir cosa juzgada material. Así mismo, lo son

aquellos pronunciamientos finales y de fondo emitidos en las ejecuciones de

sentencia de fallos firmes recaídos en procesos de conocimiento. Frente a esta fórmula genérica, el Código encargado de la materia,

puntualiza algunas resoluciones particulares a las cuales se les concede esta

opción. A manera de ejemplo, se encuentran en esta posibilidad las siguientes:

a) la que declara la inadmisibilidad de la demanda (artículo 62.3); b) la que

declara con lugar las defensas previas indicadas en el apartado 6) del cánon 92

del Código de cita, y c) la que resuelve en forma final, el “proceso de

ejecución” de sentencia en habeas corpus y amparos de la Sala Constitucional

(numeral 183 ibidem). Por ende, los autos comunes y las resoluciones que no

definan el fondo del

asunto o no pongan término al proceso, tienen vedado el paso a la etapa

casacional.  En lo que atañe a las causales, cabe

agregar que se mantiene la dualidad entre lo procesal y lo sustantivo. Así se plasma en los preceptos 137 y 138 de la nueva legislación

codificada. Para los primeros, se

efectúa un listado en términos amplios, de gran

cobertura, y ajustados en algunos casos a los presupuestos de la oralidad. Respecto de los sustantivos, se prevé la posible infracción de los

elementos probatorios (se tengan por demostrados o indemostrados hechos contra

la prueba que obra en autos, o bien, preterición o indebida valoración),

denominada comúnmente “violación indirecta”. Por otro lado,

formando parte de este último grupo, se encuentra la

infracción estrictamente normativa, que ocurre en el supuesto de una aplicación

indebida, una incorrecta interpretación o una desaplicación reprochable de la

norma, conocida en la tradición jurídica costarricense como “violación directa”.

Hecha la mención, de

las resoluciones sobre las que cabe recurso de casación y sus causales, es

imprescindible conocer los requisitos necesarios para su admisibilidad. En este sentido, bueno es recordar que la vocación

antiformalista con que irrumpe el Código Procesal Contencioso Administrativo en

el ordenamiento jurídico costarricense, permea todos y cada uno de sus propios

institutos. De esta manera, el recurso de casación se libera también de

excesivos requisitos de admisibilidad, con el fin de que el órgano casacional

(como vértice del sistema) pueda ingresar, las más de las veces, al análisis de

los quebrantos alegados, sean procesales o sustantivos, en cumplimiento del fin

esencial de esta instancia jurisdiccional y de quien a ella acude. Así se ha

establecido una casación menos rigurosa en lo relativo a los aspectos de

admisibilidad, sin abandonar el tecnicismo que le es propio, ni su naturaleza y

esencia, pues, al fin y al cabo, se mantiene incólume su rol y su finalidad

dentro del régimen procesal moderno.

Ahora bien, pese a la

informalidad que propugna la nueva legislación procesal para formular el

recurso de casación, se articulan requisitos mínimos e imprescindibles

relativos al tiempo, lugar y forma. Se crean, mediante ley, para este

particular recurso extraordinario, ya que sin ellos, no habría orden ni

equilibrio procesal; empero, han de interpretarse de manera flexible y

razonable, pues precisa recordar que los señalados en el artículo 139 del

Código de referencia, son los únicos requisitos y formalidades previstos para

el recurso de casación, según lo señala el inciso 5) de ese mismo numeral. De

esta manera, en el apartado 1) de la norma recién

citada, se establece que el recurso en mención deberá presentarse directamente

ante la Sala Primera

de la Corte Suprema

de Justicia. Se modifica en forma leve para el contencioso administrativo, el

sistema hasta ahora vigente en la legislación procesal civil, dado que, ahora, la Sala se pronuncia sobre la

admisibilidad; de conformidad con el canon 142.1 del Código de la materia, lo

pone en conocimiento de la parte contraria por el plazo de 10 días

(notificándole por el medio que haya establecido, de acuerdo con la comunicación

que le fue girada de previo por el órgano jurisdiccional de instancia). Se

busca con esto, la estandarización del régimen recursivo que presenta

el Código, dado que por regla, sean ordinarios o extraordinarios, se presentan directamente

ante el superior encargado de conocerlos. Paso seguido, en el mismo acápite

normativo, se establece el plazo para su interposición: 15 días hábiles,

contados a partir del

día hábil siguiente de notificadas todas las partes. Si se hubiere interpuesto

adición o aclaración, el plazo indicado empezará a correr a partir del

día hábil siguiente, de notificadas todas las partes de lo resuelto sobre ello.

Superado el tiempo y lugar de presentación, se enumeran en el apartado 2), una

serie de requisitos de “información” e “identificación” del recurrente y del

proceso, que, por su naturaleza (“datos”, “información de trámite”), pueden ser

subsanados en el plazo de 3 días, a tenor de lo dispuesto en el numeral 141 del

mismo cuerpo normativo. Así, deberá indicarse: a) el tipo de

proceso; b) el nombre completo de las partes; c) la

firma del recurrente o recurrentes autenticada por abogado; d)

hora y fecha de la resolución recurrida; e) número de expediente

en la cual fue dictada y f) medio para recibir notificaciones,

cuando el que se hubiere dispuesto no corresponda a la misma sede, salvo, claro

está, que se haya señalado algún medio, excluido de cualquier

circunscripción territorial (v.gr. fax o correo electrónico). Con ello se

completa el listado simple de exigencias instrumentales o adjetivas del

recurso. Sólo en el evento de que se incumpla la prevención dictada al efecto,

se dispondrá el rechazo de plano, y por ende, el archivo del asunto, pero en

ese caso, no sólo por la omisión misma, sino por la desatención a lo prevenido

judicialmente.

A los anteriores

requisitos se añade un último requerimiento (artículo 139.3), en este caso,

material, necesario para la admisibilidad y la posterior valoración del recurso por el

fondo. Se trata, de la motivación del recurso, que por las

características de la casación, ha de ser clara y precisa. En este sentido, debe contener, tal como

lo dispone el precepto de comentario, la fundamentación fáctica y jurídica del caso. Fáctica, en la

medida en que se muestre inconforme con los hechos que se han tenido por

demostrados, o  indemostrados (lo cual lleva a la ponderación de las

probanzas), o con las circunstancias acaecidas por violación de normas

procesales, y jurídica, cuando se trata de un problema que se expone acerca de

la aplicación, omisión o indebida interpretación de cualquier norma que integre

el bloque de juricidad, incluidos por supuesto, los principios de rango

constitucional o aquella que también opera por efecto reflejo o indirecto,

después de que se modifican los hechos de la sentencia impugnada. Tanto en la

infracción procesal, como en la probatoria, pueden

concurrir, junto con las razones jurídicas (siempre necesarias), las de

carácter fáctico, y en ese sentido, los fundamentos de referencia deberán ser

dirigidos en ambas vertientes. Por su parte, es necesario aclarar que de la

fundamentación jurídica se exonera, por expreso mandato legal, la indicación de

los cánones relativos al valor del elemento o elementos probatorios mal

apreciados. De igual forma, resulta innecesario citar las normas

que equivocadamente utilizó el órgano jurisdiccional de instancia para emitir y

razonar su decisión; porque constan en el mismo pronunciamiento recurrido. Y

desde luego, no es menester, citar los preceptos que establecen los requisitos,

plazos y reglas básicas para la admisión del recurso. Antes

que la cita de estas últimas, lo imprescindible es que se cumplan, que se

pongan en práctica al momento de elaborar e interponer la casación. Así

las cosas, la fundamentación dispuesta por ley, puede entenderse, como  aquella argumentación

técnico-jurídica en la que se mencionan artículos, o reglas jurídicas

entrelazadas o concatenadas entre sí y vinculadas razonablemente en una doble

perspectiva: con los argumentos del

recurso y con la sentencia que se ataca. En la medida en que se cite un conjunto de normas jurídicas (o si es del

caso, una sola de ellas), atinente y vinculada de manera clara con la sentencia

combatida (ya sea en el sustento de hecho o derecho) y los argumentos del recurso, hay fundamentación

jurídica. Los agregados jurisprudenciales o las eventuales

citas doctrinales, reforzarán en ocasiones las alegaciones efectuadas, pero,

por lo general, no hacen a su esencia. Como lo ha dicho ya esta Sala,

interpretando el artículo 139 de referencia, “se requiere que el recurso

cuente con una fundamentación jurídica mínima...deben explicarse las razones en

las cuales sustenta su gestión, combatiendo los argumentos de derecho de la

sentencia recurrida y consignando, al menos, alguna referencia normativa que le

dé sustento” (Sentencia n° 318-A-2008, de las 14 horas 25 minutos del 8 de

mayo del 2008). La fundamentación es por tanto, ajena al despliegue confuso de

normas y alegatos; a la mezcla de argumentos ininteligibles o a la simple

exposición de opiniones sobre la procedencia o justicia del caso, o bien, al

recuento de los desaciertos que se consideran cometidos en la sentencia

recurrida, sin respaldo en normas o criterios jurídicos. De allí que, si el

recurso omite por completo esa relación técnico-normativa a la que se ha hecho

referencia, o la que realiza, resulta impertinente o desvinculada al caso de

manera manifiesta y evidente, habrá que entender que carece de “total

fundamentación jurídica”, y por tanto, incumple el necesario requisito establecido

en el numeral 139.3), que se sanciona con el rechazo de plano, a tenor de lo

dispuesto en el artículo 140 inciso c) del mismo Código de rito.

En el subexamine, el

impugnante, desarrolla tres inconformidades de fondo, en la segunda, apunta se

infringen los cardinales 82 inciso 4) del CPCA y 330 del Código Procesal Civil.

Objeta el monto concedido por concepto de daño moral.

Manifiesta, se fijó en ¢5.000.000,00 suma que estima

improcedente. Reprocha, se utilizó el dictamen médico que consta en autos sin

que puedan desprenderse de este indicios claros sobre

la magnitud del

daño moral subjetivo. Expone, existen elementos contradictorios que

desacreditan la cantidad otorgada por dicho concepto, ya que la actora fue

reinstalada el 1° de diciembre de 2006, y el 27 de junio de 2007, se le

cancelaron los salarios caídos (a título de indemnización). De

ahí, en su criterio, no hay incidencia sobre la psiquis de doña M. Agrega, en

cuanto al cuadro hipertensivo no hay certeza de que hubiere sido causado por el

despido de que fue objeto. Así, señala, la sola existencia de dicho

padecimiento no establece por sí solo un vínculo con

la conducta administrativa, ya que su origen puede estar en otras causas (edad,

peso, condición física, entre otras). De ahí, increpa, se da

una indebida apreciación de la prueba. Continúa, del dictamen médico

no puede siquiera presumirse la existencia de un nexo de causalidad entre la

situación descrita por la actora y la conducta de la Administración. En

consecuencia, indica, se vulneran las reglas de la sana crítica.

En la especie, el

impugnante, en el segundo reparo acusa indebida valoración probatoria y aunque

cita como vulnerados los artículos 330 del Código Procesal Civil, 82 inciso 4)

y 138 inciso a) del CPCA, no  sucede igual con la normativa de fondo que

habría resultado quebrantada en razón del yerro que acusa. Es

evidente que sus inconformidades las dirige a dos aspectos, el nexo de

causalidad y el quantum concedido por concepto de daño moral subjetivo.

La representación estatal en este agravio, despliega

una serie de desavenencias respecto a lo resuelto en el fallo recurrido, no

obstante, se observa, que omite mencionar la normativa de fondo que resulta

transgredida en razón del

yerro que en su criterio se cometió en la sentencia recurrida. No basta con que

recrimine el proceder del Tribunal, ni que externe

motivos por los que estima improcedente lo resuelto, sino que le era ineludible

señalar las regulaciones sustantivas conculcadas y hacer la correspondiente

relación técnico-normativa. En lo concerniente al nexo de causalidad debió

citar los preceptos 190 y 197 de la Ley General de la Administración Pública,

o al menos el primero de estos. Asimismo, en razón de que también combate el

monto concedido por concepto de daño moral subjetivo, entonces debió acusar como

infringidos los principios constitucionales de razonabilidad y

proporcionalidad. Así las cosas, ante la evidente

desatención en combatir de manera sistemática y específica los fundamentos de

la resolución recurrida, con otras razones normativas, no con simples y

genéricas disconformidades, lo pertinente es su inadmisibilidad. Por ende, se

impone su rechazo de plano.