Resolución 01318-2012

La actora presentó en

el Juzgado Civil y de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur una

denuncia en contra del señor C.V.F., por acoso sexual y persecución laboral;

por este último motivo denunció, también, a las señoras E.B.D. y Y.G.C..

Posteriormente, requirió que la acción se dirigiera contra el señor C.V.F. y el

Estado, razón por la cual solicitó que el asunto fuera remitido a la sede

contencioso administrativa y sustituyó su pretensión inicial, para que, ahora,

se resuelva lo siguiente: “I. Se declare con lugar esta

acción. /

Se anule la decisión del Tribunal del Servicio Civil, en

resolución # 11.725 de las 8:20 horas del 2 de marzo del 2011 y en su lugar, se

declare a C.V.F., como autor responsable de conductas graves de acoso sexual

por chantaje (quid pro quo), imponiéndole como sanción, el despido laboral sin

responsabilidad patronal. /

Se declare al Estado, en su condición

de empleador, responsable solidario por el daño moral subjetivo, ocasionados

con la conducta ilícita del demandado y por conducta lícita de los funcionarios

que denegaron mi derecho acceder a la justicia y ser reconocida como víctima de

acoso sexual en el trabajo. /

Se condene a C.V.F. y solidariamente

al Estado, a pagarme la suma de veinte millones de colones (¢20.000.000,00)

como daño moral subjetivo. /

Se condene a C.V.F. y al Estado en forma

solidaria, a pagarme ambas costas de esta acción”.

El Juzgado Civil y de

Trabajo de Mayor Cuantía del II Circuito Judicial de la Zona Sur, Corredores,

mediante resolución de las 15 horas 20 minutos del 19 de marzo de 2012, declinó

de oficio su competencia para conocer de este asunto. Señaló que el demandado

C.V.F. funge como […] y se demanda solidariamente al Estado, en su condición de

empleador; además, la pretensión principal de este proceso es declarar la

nulidad de actos administrativos. Por tal razón, estimó que carece de

competencia material para conocerlo y ordenó su envío al Juzgado Contencioso

Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José.

Este a su vez lo refirió al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de

Hacienda de ese Circuito Judicial, autoridad que discrepó de lo resuelto.

Considera que, conforme lo dispuesto por los numerales 27, 28 y 30 de la Ley

contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, Ley no. 7476

del 3 de febrero de 1995 y sus reformas, hay una competencia legal específica

para que la materia relacionada con el hostigamiento sexual sea conocida por la

sede laboral, independientemente de que sea solicitada la nulidad de alguna

actuación o resolución administrativa, la cual podría ser analizada por el juez

laboral; por tal motivo, planteó conflicto de competencia ante esta Sala.

Agregó que, en este caso particular, se debe tener en cuenta el dimensionamiento

del voto de la Sala Constitucional, no. 9928-2010 de las 15 horas del 9 de

junio de 2010, llevado a cabo mediante la resolución no. 11034-2010 de las 14

horas 51 minutos del 23 de junio de 2010, en el sentido de que las causas

pendientes de ser resueltas ante lo laboral, a la fecha de publicación íntegra

de esa sentencia en el Boletín Judicial, serán conocidas y resueltas por ese

orden jurisdiccional. Dado que este proceso fue entablado en el año 2009, ello

constituye una razón más para considerar que el asunto debe ser ventilado en

los Juzgados y Tribunales de Trabajo.

La invalidez del

inciso a) del artículo 3 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA),

declarada por la Sala Constitucional en la sentencia no. 2010-9928, de las 15

horas del 9 de junio del año en curso (que se adicionó por voto no. 2010-11034

de este mismo año), establece, en tesis de principio, que los conflictos

jurisdiccionales surgidos en el seno del empleo público han de ser conocidos

por la jurisdicción Contencioso Administrativa. Empero, la Sala Constitucional

realiza algunas matizaciones que precisa aclarar, a fin de encausar de manera

diáfana las líneas generales para la resolución de los conflictos

competenciales que surjan en este campo, acordes con el desarrollo

jurisprudencial que vaya adoptando esta Sala Primera. El pronunciamiento

constitucional, se asienta sobre la base de cuatro principios que la doctrina y

la jurisprudencia han desarrollado, a saber: tutela judicial efectiva, control

universal de la conducta administrativa, sometimiento del Estado al Derecho y

una nueva concepción de la distribución de funciones. A partir de allí,

reconoce una reserva constitucional de competencia para la Jurisdicción

Contencioso Administrativa, que sirve de valladar al legislador y al propio

Juez, y como guía interpretativa para cualquier operador jurídico. De esta

manera, después de señalar que toda relación jurídico-administrativa y

cualquier cuestionamiento sobre una conducta de esta índole, es resorte exclusivo

de la Jurisdicción Contenciosa; la Sala Constitucional da por sentado que la

relación jurídica de empleo público es de carácter público. No obstante,

establece algunas excepciones para el conocimiento de los conflictos que de

ella surjan, y que son precisamente sobre los que se hace necesario enfatizar

en la presente resolución.

La sentencia

constitucional afinca la definición concreta de los conflictos jurisdiccionales

de empleo público en dos ejes fundamentales: 1) el régimen jurídico aplicable a

dicha relación, de modo que para un primer acercamiento a la jurisdicción

contencioso administrativa es imprescindible la existencia previa (a modo de

presupuesto o sustrato) de una relación jurídico administrativa, representada

en este caso, por aquella que nace del empleo público. Dicho de otro modo, la

existencia de una relación jurídico administrativa, valga decir, de empleo

regido por el derecho público, se constituye en presupuesto imprescindible para

atribuir la competencia del asunto al Contencioso Administrativo. Si la

naturaleza de dicha relación no es tal (administrativa), o el empleado de

referencia, no participa de las condiciones funcionariales (por su condición,

su función o su incidencia en la gestión pública), el asunto habrá de ser conocido

por la jurisdicción laboral.

Una vez superado el primer requisito, se erige

un segundo, que con mayor precisión define la vía jurisdiccional encargada de

conocer el conflicto planteado. Se trata del contenido material de la

pretensión. Será éste, el que a modo de brújula, defina el norte que deba

seguir el proceso para efectos competenciales. Bajo esta perspectiva, se puede

señalar como regla general primaria que, todo conflicto de la Administración

Pública en el que se ventile o discuta sobre una conducta administrativa

derivada de una relación de empleo público (y por ende, de relación jurídico

administrativa vinculada con la gestión pública), ha de ser conocida por la

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. No obstante lo anterior, de la

misma resolución de cita se obtiene que, si la pretensión no está dirigida al

cuestionamiento o impugnación directa de dicha relación jurídica o de alguna de

sus manifestaciones en ejercicio de poder público, el asunto debe residenciarse

en la jurisdicción laboral. Así, serán de conocimiento del ámbito laboral, por

ejemplo, los diferentes aspectos patrimoniales o económicos cuando constituyan

la exclusiva pretensión derivada de la relación de empleo público preexistente.

Esto permite afirmar que, lo relativo al aguinaldo, cesantía, preaviso y

vacaciones como pretensión exclusiva, deberán seguir el camino de la

Jurisdicción Laboral. Lo mismo ocurre con los aspectos relativos a anualidades,

reconocimiento de carrera profesional, dedicación exclusiva, zonaje, prohibición,

o cualquier otro sobresueldo. A este grupo debe añadirse un tercero, en este

caso relacionado con el derecho laboral colectivo, y que a modo de ejemplo está

representado por los conflictos surgidos del derecho de huelga, de paro, o

bien, los conflictos de carácter económico social. En síntesis, de acuerdo con

lo resuelto por la Sala Constitucional, cuando el justiciable acude a los

Tribunales de Justicia para ventilar un aspecto de empleo público, se enfrenta

a una bifurcación competencial, en la que, se repite, toda impugnación de

conductas administrativas relativas al empleo público han de ser conocidas en

la Jurisdicción consagrada en el artículo 49 Constitucional, salvo en lo que

hace a las pretensiones exclusivamente económicas derivadas de aquella, así

como lo relativo a la seguridad social, y al derecho laboral colectivo, que

serán del conocimiento, según se ha dicho, de la Jurisdicción de Trabajo. De

más está señalar que, esta división no cubre algunos tipos de procesos

especiales, los que por sus características vienen atribuidos en particular al

Contencioso Administrativo, con independencia del contenido de su pretensión.

Ese es el caso de los denominados “ amparos de legalidad” o de

las ejecuciones de actos administrativos firmes (176 del CPCA), que se

residenciarán siempre en la Jurisdicción indicada. De igual modo ocurre con

todo proceso de lesividad, en el que desde luego se cuestiona una conducta

administrativa emitida por la propia Administración

Atención especial

merece el fenómeno de la concurrencia de pretensiones, en el que las que se

acaban de clasificar para una u otra jurisdicción, se presentan en forma

conjunta en una misma demanda. Para el tema concreto, es preciso señalar que,

en tal caso, al tenor de lo dispuesto en el precepto 49 de la Constitución

Política y los numerales 1, 2 y 5 del CPCA, se produce un fuero de atracción de

la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que permite y obliga conocer los

aspectos jurídico-públicos y, también, como derivación de aquellos, los extremos

que en pluridad, puedan calificarse de laborales. Lo contrario, implicaría, una

grave afectación económica para las partes y a la celeridad, la seguridad

jurídica y la economía procesal. Así las cosas, para el supuesto, v.gr., de una

solicitud de nulidad de un acto administrativo, un reglamento aunado con la

reinstalación, el pago de salarios caídos, vacaciones y otros extremos

patrimoniales aleatorios, el asunto debe radicarse, por el fuero de atracción

indicado, en la jurisdicción contencioso administrativa.

Con el fin de

dilucidar el órgano jurisdiccional competente para conocer el asunto aquí

examinado, es preciso hacer referencia a la Ley contra el Hostigamiento o Acoso

Sexual en el Empleo y la Docencia. Dicha Ley tiene como objetivo prevenir,

prohibir y sancionar el acoso u hostigamiento sexual, como práctica

discriminatoria por razón de sexo, contra la dignidad de las personas, en el

ámbito de trabajo y educativo, tanto en el sector privado como en el público.

Con ese fin, los patronos y jerarcas son responsables de mantener una política

institucional contra el hostigamiento sexual y un procedimiento interno para

sancionarlo, que no puede exceder del plazo ordenatorio de tres meses, desde la

interposición de la denuncia. En virtud de ello, cuando el lugar de trabajo sea

una institución pública y la persona denunciada es un servidor público, deberá

seguirse el procedimiento administrativo regulado en esa Ley, el cual requiere

ser tramitado por una comisión investigadora conformada, preferiblemente, por

tres personas con conocimiento en hostigamiento sexual y régimen

disciplinario.  En tales procedimientos se aplican los principios

generales del debido proceso, proporcionalidad y libertad probatoria; así como

otros de carácter específico, como son el pro víctima y el de confidencialidad

del denunciante y del denunciado; quienes, además, deberán tenerse como partes,

pueden hacerse representar por patrocinio letrado y contar con apoyo emocional

o psicológico. Asimismo, es posible solicitar al jerarca o patrono que adopte

medidas cautelares, como son las de ordenar al presunto hostigador que se

abstenga de perturbar al denunciante, la reubicación laboral o,

excepcionalmente, la separación temporal del cargo con goce de salario. Aunado

a lo anterior, se estipula la valoración probatoria conforme las reglas de la

sana crítica, lógica y experiencia; mas, en ausencia de prueba directa, se

deberá valorar la indiciaria y todas las otras fuentes del derecho común y, en

caso de duda, se estará a lo que más beneficie a la persona hostigada, con la

prohibición expresa de considerar los antecedentes del denunciante,

particularmente lo relativo al ejercicio de su sexualidad. Valga agregar que,

en estos procedimientos, la Ley General de la Administración Pública (LGAP) es

de aplicación supletoria y, además, se estipula la participación facultativa de

la Defensoría de los Habitantes, como asesora y contralora de legalidad

(artículos 5, 7 y 18 al 25 de la Ley no. 7476).

El canon 20 de la Ley

en comentario, agrega: “[…] En todo caso la persona denunciante podrá

recurrir al Ministerio de Trabajo o directamente a la vía judicial”. La

norma no indica cuál es la sede a la que hace referencia; sin embargo, bajo un

análisis integral, resulta de interés observar el numeral 27 de ese mismo

cuerpo legal, donde se dispone: “Agotados los procedimientos establecidos en

el centro del [sic] trabajo o si no se cumplen por motivos que no se le

pueden imputar a la persona ofendida, las denuncias por hostigamiento sexual

se podrán presentar ante los tribunales de la jurisdicción laboral, quienes

serán competentes para conocerlas” (se agregó el subrayado).

Efectivamente, el capítulo VI de la Ley 7476 (titulado: “Procedimiento

judicial para sancionar el hostigamiento sexual”), refiere claramente a la

sede laboral, como aquella encargada de conocer las denuncias por acoso sexual.

El artículo 28 de la mencionada Ley, ordena que las demandas sean presentadas

de acuerdo con lo estipulado en el Código de Trabajo y tramitadas como un proceso

de menor cuantía laboral; salvo algunas particularidades, tal y como un menor

plazo para la contestación de la demanda, prohibición de la conciliación,

privacidad de las audiencias y la imposibilidad de incluir, en la valoración de

la prueba, consideraciones relativas a los antecedentes del comportamiento

sexual de la persona ofendida (numerales 30 a 33). Adiciona que las personas

ofendidas por hostigamiento sexual pueden demandar tanto a quien las hostiga

como al patrono o jerarca de éste, conforme lo previsto en esa Ley especial y

de acuerdo con lo estipulado en el Código de Trabajo (canon 29) y declara que

la indemnización por daño moral será de conocimiento del Juez de Trabajo

(artículo 37). Por último, en todo lo que no regula la Ley no. 7476, resulta de

aplicación el Código de Trabajo y las leyes laborales conexas y, en su defecto

el Código Civil, según lo estipula el precepto 39 de la Ley en comentario.

De esta forma, como

una primera conclusión de lo hasta aquí expuesto, se tiene que las denuncias

por acoso sexual son materia de conocimiento de los juzgadores especializados

en materia laboral, independientemente que el hostigamiento haya ocurrido en

una empresa privada o en una institución pública. Por tal razón, cuando una

persona en una relación de empleo público ha sido víctima de hostigamiento

sexual y acude ante un órgano jurisdiccional –buscando la protección que le

brinda el ordenamiento ante la situación de acoso que está sufriendo– se trata

de una pretensión que, por su contenido material, se encuentra regida por el

régimen jurídico laboral y debe ser conocida, entonces, por los Tribunales que

han sido investidos para conocer los asuntos de trabajo. Lo que se pretende es

actuar el derecho constitucional a la dignidad en el trabajo, para lo cual la

Carta Constitucional ha previsto un orden jurisdiccional especializado, según

se deriva de los preceptos 56 en relación con el 70 y 74, todos de la

Constitución Política. En consecuencia, cuando se denuncie a un servidor

público por acoso sexual, la víctima puede plantear su caso en dos vías: a)

Acudir al procedimiento interno que, en atención al artículo 5 inciso 2 de la

Ley 7476, se haya conformado en la respectiva institución; o b)

presentar su denuncia ante los tribunales de lo laboral, esto lo podría hacer

directamente (en aplicación del canon 20 de la citada ley) o bien, una vez se

hayan agotado los procedimientos establecidos en el centro de trabajo o si

estos no se cumplieron por motivos que no se le pueden imputar a la víctima

(numeral 27 de ese cuerpo normativo). Sin embargo, en cuanto a este último

punto, resulta necesario realizar una serie de precisiones.

Obsérvese que, cuando

la persona ofendida ha acudido a las instancias internas de la respectiva

Administración Pública, es posible que se presenten, al menos, tres desenlaces:

i) se inició el procedimiento y se sancionó al responsable; ii)

se determinó que no existió la conducta de acoso; y iii) los

procedimientos establecidos no se cumplieron por motivos no imputables a la

víctima. En caso de que el denunciante no se encuentre conforme con alguno de

estos tres resultados, podría estarse ya no ante una situación de acoso

individualmente considerada, sino que, adicionalmente, se cuestionan las

actuaciones administrativas que realizó –o dejó de realizar- la correspondiente

institución al atender la denuncia (por ejemplo, la víctima podría no estar

conforme con el quantum de la sanción impuesta, estime la existencia de

vicios en el procedimiento u omisión de acciones oportunas por parte de las

autoridades responsables). Es en estos casos donde precisa definir cuál es la

sede competente, ya sea la laboral o la contencioso administrativa. El factor

de decisión será determinado, en tales circunstancias, por las pretensiones y

los hechos del caso concreto, considerando lo siguiente: aún y cuando se pueda

estar objetando alguna conducta administrativa relativa al procedimiento que se

hubiere tramitado, es lo cierto que si la víctima lo que busca es la protección

del ordenamiento jurídico ante una situación de acoso que está viviendo en su

entorno de trabajo, la pretensión principal es de índole materialmente laboral,

amparada por el objetivo que la Ley No. 7476 que pretende tutelar: prevenir,

prohibir y sancionar el hostigamiento sexual, como práctica contraria a la

dignidad de las personas en el ámbito del trabajo (artículo 2 iusibidem

). Este es el sentido que tiene el canon 27 de la Ley en comentario, cuando

dispone que, agotados los procedimientos internos o cuando estos no se hayan

cumplido por causas no imputables a la persona ofendida, la denuncia por

hostigamiento sexual será conocida por los Tribunales de Trabajo; obsérvese

que, incluso, en esa sede podrá demandarse no sólo al supuesto acosador, sino

también a su patrono o jerarca y, además, será también de conocimiento del Juez

de Trabajo la indemnización por el daño moral que se llegue a reclamar, por

causa del acoso sexual sufrido (numerales 29 y 37 de la Ley 7476). Sin embargo,

distinto ocurre cuando la pretensión de la víctima se dirige, principalmente,

contra las actuaciones u omisiones administrativas, quedando el acoso sexual

como una situación subyacente del respectivo cuadro fáctico, donde la

pretensión sancionatoria contra acosador resulta ser –de hecho– secundaria.

Este es el caso, por ejemplo, de aquellas situaciones donde la persona ofendida

no encontró una respuesta adecuada u oportuna en el procedimiento interno

instaurado –u omitido– en la respectiva institución, lo que la pudo haber

obligado a presentar su renuncia o bien un traslado de su sede de trabajo. En

estas circunstancias ya no se pretende tutelar principios propios de la

relación laboral, como la buena fe, lealtad, probidad, solidaridad y el debido

respeto entre las partes y los compañeros de trabajo, ni la atención de la

denuncia conllevaría a restituir la armonía y la dignidad en el entorno

laboral, toda vez que, precisamente, ya no existe ese vínculo y lo que se

busca, por el contrario, es un resarcimiento, imputable no sólo al responsable

del acoso sino también a la Administración omisa o complaciente. Es en tales

supuestos donde el asunto sería de conocimiento de los jueces de lo contencioso

administrativo, en tanto lo que se deberá evaluar es si la actuación de la

Administración le brindó una respuesta oportuna y conforme con el ordenamiento,

a la persona que –en su momento– buscó su protección.

Por otra parte, cuando

quien acude a la tutela jurisdiccional es el presunto responsable de la

conducta de acoso sexual, que combate el procedimiento tramitado en su contra

y/o la sanción que se le ha impuesto, se observa que ya no se trata de la

situación fáctica que pretende prevenir la Ley contra el Hostigamiento o Acoso

Sexual en el Empleo y la Docencia. Es evidente que la persona sancionada no

está buscando que se le proteja de un hostigamiento sexual en su entorno

laboral. Por el contrario, su pretensión se dirige contra actuaciones

administrativas que, estima, le afectaron sus derechos subjetivos o intereses

legítimos, ya sea porque se violentó su derecho al debido proceso, se le aplicó

una sanción a pesar de que no se comprobó la existencia del acoso sexual o las

actuaciones administrativas le pudieron haber causado alguna afectación que no

tenía por qué soportar. Se trata entonces de típicas pretensiones de carácter

contencioso administrativo, que deben ser conocidas en esa vía, conforme se

deriva del artículo 49 de la Constitución Política y de los numerales 1, 2 y 5

del CPCA. Ello no inhibe al juez contencioso, claro está, para tomar las

previsiones necesarias que se requieran, dadas las particularidades de la

situación objeto de análisis. Desde esa perspectiva, puede ocurrir que,

partiendo de las pretensiones y los hechos alegados, en un caso determinado no

se cuestione la determinación sobre la existencia de las conductas de

hostigamiento y, por tanto, el contencioso no resolverá sobre ello (por

ejemplo, cuando el asunto centre en un tema de debido proceso). Sin embargo, en

aquellas circunstancias donde la petitoria en contra de la actuación

administrativa implique, necesariamente, establecer la inexistencia del acoso

sexual denunciado, resultará necesario integrar a la víctima, con el fin de que

se le garantice el ejercicio pleno de sus derechos y pueda ofrecer la

contraprueba que estime pertinente. Recuérdese que, según se expuso supra,

en el procedimiento administrativo interno, los artículos 21 y 23 de Ley no.

7476 le conceden al denunciante la condición de parte y la posibilidad de

hacerse representar por patrocinio letrado y de apoyo emocional y psicológico;

si esto es así en el procedimiento interno, con mucho más razón se deben

brindar tales garantías procesales en la sede jurisdiccional, donde la decisión

que se llegue a tomar tendrá carácter de cosa juzgada material.

En el caso objeto del

presente conflicto de competencia, la señora D.M.B. dirige su demanda en contra

del señor C.V.F. y del Estado, por actuaciones –y omisiones– que le atribuye al

Poder Judicial, a la Dirección General de Migración y Extranjería, al Tribunal

del Servicio Civil y al Ministerio de Seguridad Pública. Alega, fue acosada

sexualmente por su jefe inmediato, el señor C.V.F., razón por la cual interpuso

una denuncia en su contra por hostigamiento sexual en septiembre de 2009, ante

el Juzgado Civil y Trabajo del II Circuito Judicial de la Zona Sur. Sin

embargo, en junio de 2011, presentó un escrito redireccionando su acción, no

sólo contra el señor C.V.F., sino también contra el Estado, motivo por el cual

solicitó, expresamente, que el Juzgado Civil y de Trabajo declinara su competencia

y remitiera el caso al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

Reiteró su solicitud en escritos presentados en octubre de 2011 y febrero de

2012. Fue así como, en marzo de 2012, el Juez Laboral declinó y el asunto fue

enviado a la sede contenciosa. Sin embargo, el Tribunal Contencioso

Administrativo estima que este proceso debe ser devuelto a la vía laboral, en

virtud de la remisión específica que hace la Ley no. 7476. Además, agrega, fue

entablado en el año 2009, por lo que, al tenor del dimensionamiento del fallo

no. 9928-2010 de la Sala Constitucional, llevado a cabo mediante resolución no.

11034-2010, las causas pendientes de ser resueltas ante la sede laboral, a la

fecha de publicación íntegra de esa sentencia en el Boletín Judicial, deben

seguir siendo conocidas y resueltas por ese orden jurisdiccional.

Ahora bien, tal y como

se expuso en los apartados precedentes, en tesis de principio, es cierto que

aún y cuando se puedan estar cuestionado actuaciones administrativas, si la

víctima del supuesto acoso sexual lo que busca es que se tutele su derecho a la

dignidad en el trabajo y reclamar los daños sufridos por causa de ese presunto

hostigamiento, el caso deberá ser conocido en la sede laboral,

independientemente que el acoso sexual haya ocurrido en el marco de una

relación de empleo público. Sin embargo, obsérvese que, en el caso aquí

analizado, la señora D.M.B. ya no es subalterna de don C.V.F., sino que, según

alega, la supuesta falta de acción oportuna por parte de las autoridades le

implicó gestionar su traslado de lugar de trabajo, de […] a […] y luego al […].

Explica que la denuncia entablada en el año 2009 ante el Juez de Trabajo fue

extraviada, razón por la cual requirió de la intervención de la Inspección

Judicial y de la Defensoría de los Habitantes para que, año y medio después, se

repusiera el expediente y se reanudara el proceso, cuando –según su dicho– ya

la situación de acoso había significado dejar su domicilio habitual en […] y

trasladarse a vivir a […], con grave trastorno de su vida familiar y situación

económica. Manifiesta que, cuando recurrió a las instancias internas de la

Dirección General de Migración y Extranjería, le exigieron prueba directa y no

recibió asesoría sobre cómo plantear la denuncia por acoso sexual, ni

explicación sobre el procedimiento a seguir; tampoco, afirma, se tomaron

medidas cautelares que la protegieran y más bien sufrió revictimización, debido

a su traslado de lugar de trabajo. En contra del Tribunal del Servicio Civil,

reclama que no se le tuvo como parte en el procedimiento administrativo que se

siguió en contra del señor C.V.F., sólo se le dio audiencia como testigo, no

como denunciante ni como víctima. Además, arguye, no se le permitió patrocinio

de letrado ni ejercer una defensa técnica, por lo que se violentó su derecho al

debido proceso. Respecto del Ministerio de Seguridad Pública, reprocha que no

obtuvo asesoría del procedimiento a seguir y la reiteración de su denuncia fue

rechazada, alegando el principio non bis in idiem. En virtud de lo

anterior, estima esta Sala que el caso bajo examen cabe dentro de aquellas

circunstancias particulares, referidas en el considerando IX de esta

resolución, donde una denuncia laboral no conllevaría a restituir la armonía y

la dignidad en el entorno de trabajo. Ello por cuanto ya no existe ese vínculo

y lo que se busca, por el contrario, es un resarcimiento no sólo contra el

presunto acosador, sino también contra las instituciones públicas involucradas,

a las que acusa de supuestas omisiones y acciones antijurídicas, que le

implicaron no obtener de forma oportuna la protección que el ordenamiento

jurídico le confiere, viéndose obligada a cambiar de lugar de trabajo y,

consecuentemente, de su domicilio. De ahí que, conforme lo aquí expuesto y

tratándose de pretensiones que –según se ha explicado– resultan ser de carácter

prevalentemente contencioso administrativo, se declara a ese orden

jurisdiccional como el competente para conocer de este asunto.