Resolución 00112-2012

Con base

en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, el actor estableció

proceso de conocimiento, para que en sentencia se declare: “1.- […] la

nulidad de las actuaciones materiales del Juez Manuel Sancho a cargo de

tramitar el proceso de administración por intervención judicial por estar

viciadas de ilegalidad y parcialidad. 2.-Que se restablezca la situación

anterior a los daños causados por las actuaciones judiciales sin fundamento y

arbitrarias del Juez Manuel Sancho, que me llevaron a perder bienes materiales.

B) Pretensiones accesorias Que se condene al Estado en daños y perjuicios por

los daños materiales y morales sufridos por mi persona debido a las actuaciones

ilegales del Juez Manuel Sancho debido a la conducta omisiva del Estado en no

cumplir con su diligencia de observar el buen desarrollo de un proceso judicial.”

En audiencia preliminar precisó con más detalle sus pretensiones:  “Que

se tenga por presentada y admitida para su trámite la presente demanda y

oportunamente se declare con lugar en todos sus extremos.

Que en virtud de

la denegación al acceso a la justicia y violación del debido proceso legal del

que fue objeto mi representado Fuentes Oviedo se debe condenar al Estado al

pago de los daños y perjuicios ocasionados, consistentes en los daños morales y

materiales según expongo: a) Daño Moral lo estimo en la suma de 200 millones de

colones pues son muchos los años en que mi representado ha venido sufriendo por

esta situación y que se mantiene aún hoy día. b) Daño Material la suma de 50

millones de colones por concepto de la perdida (sic) de la finca

inscrita en propiedad partido de cartago (sic) en el sistema de folio

real mecanizado bajo matrícula 3-100912-000, por ejecución de Yolanda Dormon

Méndez, misma donde se encontraba su casa de habitación con el consecuente

desalojo de su familia y las implicaciones económicas, familiares y morales que

se derivaron de esa acción. La suma de 50 millones de colones por concepto de

la perdida (sic) de la finca inscrita en propiedad partido de cartago (sic)

en el sistema de folio real mecanizado bajo la matrícula 3-42291, Hipotecada al

Banco de Costa Rica donde se encontraba instalada la empresa Codornices S.A. c)

Los perjuicios que son los intereses dejados de percibir sobre las sumas que

resulten en la condenatoria desde el momento de interposición de la demanda

hasta su efectivo pago. Los cuales se liquidaran (sic) en ejecución de

sentencia de acuerdo a la tasa básica pasiva del Banco Nacional de Costa Rica

para los certificados a seis meses. d) Las costas personales y procesales de

esta demanda.”

La

representante estatal contestó negativamente y opuso las defensas de caducidad

de la acción, cosa juzgada, incompetencia por razón de la materia, siendo

resuelta interlocutoriamente; así como las de prescripción, falta de derecho y

de legitimación en su doble modalidad. Asimismo expresó su negativa a

conciliar.

Al ser

las 9 horas del 25 de mayo de 2010, se efectuó la audiencia preliminar,

oportunidad en que hicieron uso de la palabra los representantes de ambas

partes.

La jueza tramitadora

Rosa Cortés Morales, en sentencia no.1937-2010 de las 13 horas 5 minutos

del 25 de mayo de 2010, dispuso: “Se rechaza las defensas previas

interpuesta (sic) por la representación del Estado.”

El

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, integrado por las juezas

Cynthia Abarca Gómez, Marianella Álvarez Molina y el juez Jorge Leiva Poveda,

en sentencia no. 2506-2010 de las 16 horas 15 minutos del 30 de junio de 2010,

resolvió: “Se rechazan las defensas de falta de legitimación activa y la de

prescripción, se acoge la excepción de falta de derecho esgrimida por la

representación de la parte demandada, en consecuencia, se declara sin lugar la

acción interpuesta por el señor Alexis Fuentes Oviedo contra el Estado. Se

condena a la sociedad accionante, como parte vencida, al pago de las costas

personales y procesales causadas, así como a sus respectivos intereses,

contados a partir de la firmeza de esta sentencia y hasta su efectivo pago,

extremos que se liquidarán en la fase de ejecución de sentencia de este

Tribunal.”

5.-

El actor formula recurso de casación indicando las razones en que se apoya

para  refutar la tesis del Tribunal.

6.-

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de

ley.

Redacta la Magistrada León Feoli

En el mes de febrero de 1991, el señor Alexis

Fuentes Oviedo, solicitó la administración por intervención judicial de su

patrimonio y el de las sociedades Álvaro Fuentes e Hijos S.A. y Codornices S.A.

El 28 de febrero de ese año, el Juzgado Civil de Turrialba decretó la apertura

del proceso. Mediante auto de las 14 horas del 10 de noviembre de 1992, se

determinó la identidad de bienes entre las Sociedades Álvaro Fuentes e Hijos

S.A. y Codornices S.A., quedando excluido el aquí actor del proceso. El señor

Alexis Fuentes Oviedo demandó al Estado. Adujo, la solicitud de apertura fue

presentada a nombre de las empresas citadas y en el suyo a título personal.

Acusó, durante casi dos años el proceso transcurrió con normalidad, hasta que

el juez encargado del asunto mostró su oposición al instituto cautelar de la

administración por intervención judicial. Bajo esta premisa, reprochó, el

juzgador resolvió que la intervención no era procedente y que debía decretarse

la quiebra. Asegura, apeló y el Tribunal anuló parcialmente, ordenando probar

la comunidad de bienes. No obstante, aseguró, el juzgador rechazó todos los

argumentos esgrimidos y después de dar audiencia por espacio de cinco días, lo

dejó en estado de indefensión, al abrir nuevamente el proceso a favor

únicamente de las dos sociedades. Al quedar excluido, criticó, padeció graves

daños, originados en virtud de los procesos hipotecarios que lo llevaron a

perder su casa de habitación, así como todas las implicaciones económicas,

familiares y morales que se derivaron de esa decisión. Endilgó, la venta de uno

de las principales propiedades que estaban en administración, se hizo sin

cumplir con lo establecido en el artículo 715 del Código Procesal Civil (la

describe como la finca no. 54018). Incluso, resaltó, debido a errores en la

gestión y venta de otra propiedad (finca no. 32046) se originó una persecución

y acoso contra sus padres quienes habitaban el inmueble. También criticó, la

otra curadora fue indiferente en el cargo. En sus pretensiones, precisadas con

mayor detalle durante la audiencia preliminar, solicitó, se declare en

sentencia, que en virtud de la denegación del acceso a la justicia y violación

del debido proceso, se condene al Estado al pago de lo siguientes extremos: a)

daño moral ¢200.000.000,00; b) daño material ¢50.000.000,00 por la pérdida de

la finca de la provincia de Cartago, inscrita en el sistema de folio real

matrícula no. 3-100912-000 la cual era su casa de habitación; c) daño material

por la pérdida del inmueble ubicado en Cartago matrícula no. 3-42921 donde se

encontraba la empresa Codornices S.A.; d) los perjuicios correspondientes a los

intereses dejados de percibir sobre las sumas que resulten de la condenatoria,

desde el momento de la interposición de la demanda y hasta su efectivo pago; y

e) ambas costas del proceso. La representación estatal contestó negativamente y

opuso las defensas de caducidad de la acción, cosa juzgada, incompetencia por

razón de la materia, así como las de prescripción, falta de derecho y de

legitimación activa y pasiva. La jueza de trámite denegó las de falta de

competencia, cosa juzgada y caducidad. El Tribunal al resolver el fondo de la

controversia rechazó las de falta de legitimación activa y de prescripción, y

acogió la de falta de derecho; por lo tanto, declaró sin lugar en todos sus

extremos la demanda, condenando a la parte actora al pago de ambas costas del

proceso.

Acude ante esta Sala

el actor. Sin embargo, en resolución no. 0001359-A-S1-2011 de las 9 horas 35

minutos del 3 de noviembre de 2011, se rechazaron los agravios identificados

como I, II y III (folios 79 a 91).  A partir  de lo anterior, se

analizarán los restantes reproches, que alude por violación de normas

sustantivas.

En el primero de

los cargos, acusa, vulneración del principio de igualdad ante la ley consagrado

en el artículo 33 de la Constitución Política, que se plasma y comprueba en la

desigualdad procesal que enfrentó. Agrega, la sentencia al omitir hechos

relevantes contenidos en la demanda, resulta desproporcional, irracional,

injusta y atenta contra las reglas de la sana crítica, la lógica y la

experiencia. Añade, también quebranta los principios del derecho de defensa y

del debido proceso previstos en el canon 39 Constitucional; así como el numeral

41 ibídem, que contiene los postulados de acceso a la justicia, la cual debe

ser pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.

Lo anterior se demuestra, afirma, con la simple lectura del expediente judicial

del Juzgado Civil de Turrialba (administración y reorganización con

intervención judicial) y de la prueba documental que este representa y

contiene. Reprocha, luego de ser parte del proceso de administración judicial

por un largo período, se le separó por más intentos y esfuerzos que realizó con

la finalidad de regresar; lo cual, sostiene, le causó graves consecuencias

materiales como la ejecución de créditos y la pérdida del patrimonio, así como

un profundo daño moral, ya que fue desalojado de su casa de habitación.

Resalta, en el convenio para la conclusión del proceso de administración, se

comprueba su interés en el trámite, cuando los promoventes Álvaro Fuentes e

Hijos S.A. y Codornices S.A., expresamente reconocieron que el señor Alexis

Fuentes Oviedo invirtió en sus empresas. Por los motivos expuestos, insiste, se

le impidió encontrar reparación a los daños que sufrió tanto en su persona como

en su propiedad e intereses morales. En el segundo reparo, aduce,

violación de los principios de derecho público sobre responsabilidad civil

(patrimonial) de la Administración e inaplicación del cardinal 1045 del Código

Civil en relación con el artículo 41 de la Constitución Política. Arguye, los

jueces consideraron que el actor no demostró los daños, lo cual impidió valorar

la existencia del nexo causal entre la conducta de la Administración y los

daños alegados. Sin embargo, señala, esa afirmación pone en tela de duda la

rigurosidad científica en el análisis de forma y fondo de la reclamación.

Cuestiona si realmente revisaron la profusa prueba documental. Insiste en el

daño que se le causó al excluírsele del proceso de administración judicial.

Comenta, al despojársele de la protección de ese instituto se iban a ejecutar

los créditos pendientes y por ende, la pérdida del patrimonio y el daño moral.

En este entendido, asevera, los procesos de ejecuciones hipotecarias y remates

de sus fincas constan en el expediente administrativo; por lo que no entiende

cómo los juzgadores afirman que no hay prueba de los daños causados. Reitera,

basta remitirse al convenio para la conclusión del proceso y a su homologación

por parte del Juzgado de Turrialba, para comprobar los errores judiciales y de

funcionamiento alegados. Asimismo, acusa quebranto de las reglas sobre daños y perjuicios

que establece el Código Civil, aplicables por el principio de integración de

normas jurídicas. Cita los cardinales 702, 704 y 706 ibídem, indicando

únicamente que la sentencia deniega injustificadamente ese rubro

suficientemente demostrado en el expediente.

En el fondo, los

alegatos de la parte recurrente gravitan en torno a ejes temáticos comunes.

Concretamente alrededor de los supuestos daños y perjuicios que se le causaron,

debido a un funcionamiento anormal del Poder Judicial, cuando se le excluyó del

proceso de administración por intervención judicial del que había sido

promovente desde febrero del año 1991 en el Juzgado Civil de Turrialba (proceso

92-000091-341-CI). Debido a lo anterior, enlista una serie de principios

constitucionales y del derecho, los cuales considera conculcados por el

Tribunal, al no conceder la indemnización solicitada, a pesar de que, en su

criterio, la prueba en el expediente judicial (de administración) era

abundante. En este entendido, las censuras deben ser analizadas en un solo

planteamiento. No obstante, de previo a conocer sobre el fondo del recurso,

resulta esencial ingresar al análisis de algunas precisiones sobre la

responsabilidad del Estado por función jurisdiccional, a fin de contar con un

panorama claro que permita abordar con propiedad los cargos formulados.

Existe responsabilidad

objetiva  del  Estado  por  el  ejercicio

de  la administración de justicia como servicio público, caso en el cual

le serán aplicables las regulaciones  de  la  Ley General de la

Administración Pública por cuanto esa actividad prestacional  debe

respetar  los principios  y  reglas  del

servicio  público  en  lo  que es propio  de  la

gestión administrativa. Pero también resulta responsable por los  daños

generados cuando desarrolla función jurisdiccional en su concepto primario o

fundamental (artículo 153 de la Constitución Política), al resolver litigios y

demás controversias, o ejecutar sus fallos, haciéndolo de manera anormal,

ilícita o arbitraria. Así entonces, de producirse una afectación antijurídica

en perjuicio de una de las partes del proceso, o de un tercero, cuando se

ejercite esa competencia jurisdiccional, surge la responsabilidad del

Estado-juez bajo la cobertura de los artículos 9, 11, 33, 41 y 154 de la Constitución

Política. Incluso, esto no representa obstáculo para la responsabilidad

personal que tiene el juzgador, de frente a  las partes, o bien, ante al

Estado. Sobre este tema concreto, esta Cámara ha indicado que: “(…) la

función jurisdiccional está sujeta a los límites insoslayables que le impone el

ordenamiento jurídico, de modo que su ejercicio debe ser compatible y armónico

con los preceptos constitucionales y legales que, en virtud de su naturaleza,

debe aplicar a los casos concretos que sean juzgados. En este proceder, es

claro que sus acciones, en tanto arbitrarias y contrarias a Derecho, pueden

generar perjuicios a las personas, de lo que deriva y se justifica, que sea

responsable de esas eventuales consecuencias, siempre que dentro de un marco

de causalidad, pueda demostrarse que el daño es el resultado de una conducta

arbitraria y contraria a Derecho. No obstante, esta afirmación debe

atemperarse, a tono con lo que al efecto ha dispuesto el mismo constituyente,

para garantizar un funcionamiento objetivo e independiente, que permita, como

regla de principio, una mayor proximidad a la justicia pronta y cumplida y a la

tutela judicial efectiva, “ desideratum” de la justicia. En este orden, el

numeral 154 de la Constitución Política establece: “El Poder Judicial sólo está

sometido a la Constitución y a la ley, y las resoluciones que dicte en asuntos

de su competencia no le imponen otras responsabilidades que las expresamente

señaladas por los preceptos legislativos.” En este sentido, la responsabilidad

objetiva puede generarse por el ejercicio de la administración de justicia como

servicio público, esto es, cuando actúa no en su fase jurisdiccional, sino como

administración, caso en el cual serían de aplicación las normas sobre

responsabilidad de la Ley General de la Administración Pública. Pero a la vez,

resulta responsable por los daños ocasionados en el ejercicio de la función

constitucional que le es propia, esto es, en la resolución de las controversias

que le sean planteadas y ejecución de sus sentencias (canon 153

constitucional), cuando su proceder haya sido arbitrario, anormal o ilícito.

Así, en este último escenario (relevante al presente caso), en tanto exista una

lesión antijurídica o ilegítima causada al justiciable, producida como consecuencia de

estas competencias, se impone la responsabilidad del Estado por el ejercicio de

la función jurisdiccional. Lo anterior encuentra sustento en el contenido

sistémico de la Constitución Política, en particular, los numerales 9, 11, 33,

41 y 154, todos de la Carta Magna, normas que sientan las bases de la

responsabilidad por el error judicial, el funcionamiento anormal o ilícito de

la función jurisdiccional. En este sentido, no puede dejar de mencionarse que

el canon 9 de la Constitución Política establece el principio de la

responsabilidad del Estado, cuya actuación se impone en el presente caso, y con

base en el cual, no podría sostenerse una “impunidad” del Estado Juez, con el

fundamento de que carece de desarrollo legal, pues, como ya se indicó, aquella

se encuentra establecida en el propio marco de la Constitución, a la vez que

supondría un quebranto a la seguridad jurídica, el principio de igualdad y al

control de la arbitrariedad de los poderes públicos. Así visto, su

reconocimiento no está condicionado a la existencia de un mandato legal que la

regule, ergo, no es óbice lo estatuido en el artículo 154 ibídem. La norma en

cuestión, interpretada como parte del sistema normativo constitucional, en

particular, en relación con los alcances extensivos del principio de

responsabilidad estatal como elemento central de un Estado Social de Derecho,

debe entenderse referida a resoluciones dictadas conforme a la Constitución y a

la ley, de forma tal que, ante un fallo arbitrario, el precepto citado no puede

generar un ámbito de inmunidad, contrario al Derecho de la Constitución. Lo

anterior por cuanto no se está frente a resoluciones ajustadas a derecho, sino

por el contrario, ante decisiones que presentan vicios o arbitrariedades

generadoras de un daño antijurídico. La responsabilidad aludida se rige por lo

estipulado en la Carta Fundamental, es decir, constituye un principio de base

constitucional, impuesto por las normas referidas y que busca el control del

ejercicio de dicha función y la tutela de los derechos e intereses de los

justiciables. Como ya se indicó, son múltiples las disposiciones que tutelan

las situaciones jurídicas de los particulares frente a la acción del ente

estatal o de terceros, las cuales delimitan los contornos que circunscriben

cualquier limitación de responsabilidad. Dicho de otra forma, el respeto de los

derechos subjetivos e intereses legítimos restringe cualquier limitación de

responsabilidad y no a la inversa, lo cual atentaría contra la protección

jurídica del particular (…)” (resolución no. 211-F-S1-2009 de las 9 horas

30 minutos del 10 de marzo de 2009). Entonces, la responsabilidad que aquí se

discute deriva del mismo marco del Derecho de la Constitución, como

contrapeso relevante en las relaciones del Estado con las personas y como factor de alta trascendencia en la ecuación del Estado de Derecho.

El principio de responsabilidad que dimana, como

regla general, del

precepto 9 constitucional y encuentra amparo en otras normas que tutelan las

garantías individuales, no contiene excepciones. Así las cosas, cualquier

consecuencia final ablativa de la conducta pública debe ser reparada, salvo que

concurra en el administrado el deber jurídico de soportar el daño. Cabe agregar

que, esta responsabilidad no se limita a las sentencias solamente. Nótese que

el numeral 154 de la Carta Magna utiliza el término “resolución”, con lo cual,

resultan comprendidos los distintos modelos que integran esta categoría, sea,

providencia, autos, autos con carácter de sentencia y sentencias (canon 153

Código Procesal Civil). Por otro lado, puede darse en tesis de principio, tanto

por error judicial como por funcionamiento anormal. El primero, es una especie del género común del

funcionamiento anormal, todo error judicial supone, teóricamente, una

anormalidad en ese funcionamiento, pero no a la inversa. El error judicial

comprende toda decisión jurisdiccional errónea o contraria a derecho que prive

a la persona de uno de sus derechos o intereses legítimos. Así visto, es

exclusivo de la función jurisdiccional, siendo entonces, una modalidad de

funcionamiento anormal que solo cabe en esa dimensión. Lo anterior comprende no

solo el error de hecho (por equivocado conocimiento o valoración de los hechos,

se dicta un fallo no ajustado a la realidad fáctica y que por tal, deviene en

injusta), sino el de derecho (como

quebranto al Derecho por su indebida interpretación, errónea o falta de

aplicación). En este punto, pese a la existencia de todo un sistema recursivo

contra esas decisiones, lo determinante es que una vez dado el reconocimiento

de ese yerro judicial, se hubieren producido en la esfera jurídica de la

persona, como consecuencia de esas deficiencias (nexo causal), daños

indemnizables conforme al ordenamiento jurídico. De igual forma, el principio

asentado en las líneas precedentes informa las otras aristas de la actividad

desplegada por el Poder Judicial, como lo son la administración de justicia

como servicio público o la función jurisdiccional, ámbitos a los que les es

aplicable el régimen de responsabilidad tratado en la Ley General de la

Administración Pública (sobre el tema se puede consultar el voto de esta Sala

no. 654-F-S1-2008 de las 10 horas 45 minutos del 26 de setiembre de 2008).

El casacionista

reclama supuestos daños y perjuicios, debido a un funcionamiento anormal del

Poder Judicial, cuando se le excluyó del proceso de administración por

intervención judicial del que había sido promovente; por esta razón, dice, se

vulneraron los principios de igualdad, de acceso a la justicia, la cual debe

ser pronta y cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.

Ese funcionamiento anormal del Estado Juez,

arguye, le provocó serios daños y perjuicios, como la pérdida de una empresa, su casa de

habitación, la de sus padres y daño moral. Sobre el particular, el Tribunal

resolvió: “ (…) Para resultar procedente tal petición, el justiciable debió

demostrar – en razón del onnus probandi que pesaba sobre él- lo siguiente: el

funcionamiento anormal de algún órgano que por disposición constitucional pueda

ejercer la función jurisdiccional, sin que dicha conducta pueda ser o haya sido

revertida mediante el sistema de recursos  aplicable en la respectiva

jurisdicción (…) En segundo término, deben probarse adicionalmente los daños

y/o perjuicios sufridos, y por último ha de acreditarse la existencia de un

nexo de causalidad entre el funcionamiento anormal y el daño (…) durante la

sustanciación del presente proceso, tampoco se acreditó un (sic) relación de

causalidad entre los daños y perjuicios supuestamente sufridos por el señor

Fuentes Oviedo, y las conductas jurisdiccionales por él referidos (sic), las

cuales (…) no constituyeron un funcionamiento anormal del Poder Judicial (…)” (folio

192 del expediente judicial). Ha sostenido reiteradamente esta Cámara que, para

que una demanda de esta naturaleza resulte procedente, es requisito

indispensable  demostrar  que  el  fallo

resulte  erróneo o contrario a Derecho, aspecto

sobre el cual el actor ha sido omiso.

El demandante debió acreditar que las decisiones judiciales presentaban vicios

o arbitrariedades generadoras de un daño antijurídico; además dentro de un

marco de causalidad, que el daño era el resultado de una conducta arbitraria y

contraria a Derecho. No precisa en todo el proceso, en qué radica el yerro que

se cometió al momento de aplicar las disposiciones jurídicas; es más, tampoco

realiza un adecuado análisis de esas resoluciones que dice, se dictaron

contrariando el ordenamiento jurídico. El que no se hayan acogido determinados

argumentos expuestos por una de las partes dentro de una contienda judicial, no

constituye un presupuesto desencadenante de la responsabilidad, siendo que, tal

y como se indicó, el juez se encuentra compelido, en virtud de su posición de

garante, a resolver conforme a Derecho, lo que no se ha desacreditado en el

presente asunto. No queda claro el error que se achaca, ni siquiera existe

prueba de ello, máxime cuando el proceso de administración siguió su cause

normal. Del análisis de la demanda y del recurso, se infiere que el actor

indirectamente o con suspicacia, pretende que en sede contenciosa se vuelva a

conocer el tema referente a la comunidad de bienes, razón por la que

evidentemente el Juzgado lo excluyó del proceso de administración. Sin embargo,

esos son temas propios del proceso de administración y reorganización con

intervención judicial, y cualquier disconformidad sobre un punto concreto debe

ser dilucidada en el mismo proceso en que se originó y no en uno de conocimiento,

dado que afectaría la seguridad jurídica que pregonan litigios de esta clase en

donde existe concurso de acreedores.  Para

ello, el ordenamiento procesal dota a las partes de los medios recursivos

correspondientes.

En cuanto al quebranto

del derecho de defensa, de un estudio del expediente se observa que en la tramitación del proceso, el actor

tuvo una amplia participación, contando con las posibilidades de plantear sus

alegatos y defensas. De igual forma, dispuso de todos los mecanismos de

impugnación que establece el ordenamiento jurídico, por lo que resulta inviable

concebir se vulnerara el debido proceso, como

se afirma. En línea con lo expuesto, las resoluciones de primera y segunda

instancia recaídas en el otro proceso, incluidos el convenio final y su

homologación, fueron efectivamente analizadas por la sentencia que se impugna,

máxime que era parte de la prueba documental ofrecida durante la audiencia

preliminar (folio 179). Sin embargo, el que no hayan sido tomados en cuenta como “elementos probatorios”, no es motivo para considerar

que existe preterición, ni indebida valoración de prueba, máxime cuando la

sentencia se encuentra suficientemente motivada sobre la inexistencia del supuesto error

judicial. A nada llevaría analizar documentos de hipotecas o procesos

cobratorios, cuando no se ha demostrado la supuesta conducta antijurídica en el

trámite de aquél proceso, ni ningún funcionamiento anormal del Poder Judicial, lo cual descarta la

existencia de daños y perjuicios, al menos por las razones demandadas, al no

existir el nexo tantas veces mencionado. No bastaba que la parte se refiriera a

todo el legajo como

prueba; lo correspondiente era que durante la audiencia preliminar, lo

ofreciera ubicándolo, señalando los folios, y explicando su importancia,

para que así posteriormente y si fuere del caso, fuere valorado por los juzgadores, según las

reglas de la sana crítica (según lo dispone el

artículo 82 del

CPCA).  Con base en estos criterios, es que el Tribunal pudo llegar a la

conclusión de: “(…) que de lo actuado no es posible determinar que en la

especie se ha configurado una denegación del derecho a la justicia, ni en el

plano material en razón del resultado del proceso, ni en el ámbito puramente

procesal, por violación al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (…)”

(folio 192). En todo caso, debe observarse que el fallo impugnado realiza un

repaso de los distintos argumentos expuestos por las partes, así como la forma

como fueron resueltos por las autoridades judiciales correspondientes, para

luego concluir, que no identificó un error judicial. Para esta Sala, tampoco se

aprecia una errónea valoración probatoria por parte de los jueces, dado que del

expediente judicial del proceso de administración por intervención no se infiere

error judicial alguno. Recuérdese en este tanto, que el proceso de

administración por intervención judicial regulado originalmente en el Código

Procesal Civil (antes de su reforma por el artículo 1 Ley 7643 de 17 de octubre

de 1996), puede calificarse como preventivo pero no reorganizativo

(procedimiento aplicable al caso por la fecha en que sucedieron los hechos). En

efecto, con él, se pretendía solucionar la crisis temporal de las empresas,

mediante dos mecanismos de protección, a saber, la paralización de las acciones

ejecutivas contra el patrimonio de la empresa y el cese en el pago de intereses

durante el tiempo de la administración intervenida.  Contrario a lo

requerido en el nuevo proceso de la Administración y Reorganización con

Intervención Judicial, el cual sí tiene una naturaleza precautelar

reorganizativa, no se preveía la presentación, discusión y aprobación de un

plan orgánico de reorganización y salvamento (sobre el tema se puede consultar

el fallo no. 2004-00938 de la Sala Segunda de las 9 horas 55 minutos del 3 de

noviembre del 2004). Actualmente para acordar en favor de un deudor persona

física o jurídica, ya sea a solicitud propia o de sus acreedores, los

beneficios de un proceso de administración y reorganización de su empresa con

intervención judicial, es necesario que se demuestre que en la persona del

deudor concurren, entre otros requisitos, dos presupuestos: uno subjetivo y

otro objetivo. El objetivo se refiere a que el deudor debe encontrarse en una

situación económica o financiera difícil, con cesación de pagos o sin ella, que

sea superable. El subjetivo se refiere a que los beneficios del proceso los

pueden recibir únicamente las empresas de personas físicas o jurídicas cuya

desaparición pueda provocar efectos sociales perniciosos, sin posibilidades de

fácil sustitución. Es importante aclarar, que no es posible someter a la

administración controlada a una persona física que no sea titular de una

empresa por sí sola, aunque sea deudora, pues cuando el artículo 709 del Código

Procesal Civil habla de “deudor”, no se refiere a cualquier deudor, puesto que

esa no fue la finalidad de la creación de la figura; sino que la deuda debe

estar ligada necesariamente a la actividad empresarial. Un empresario podrá

pedir la administración pero de su empresa, si está en condiciones difíciles,

pero no la administración de él como persona física. Pero estos dos

presupuestos analizados (objetivo y subjetivo) deben demostrarse dentro del

proceso mediante la prueba adecuada y pertinente. En el caso concreto, se

desprende que mediante resoluciones de fecha 25 y 28 de febrero de 1991 (folios

1681 y 1682 del expediente del proceso de intervención respectivamente), el

Juzgado Civil de Turrialba declaró la apertura del proceso de administración

por intervención judicial, promovido por los representantes de las sociedades

Álvaro Fuentes e Hijos S.A., Codornices S.A., así como por el señor Fuentes

Oviedo como gestionante en su carácter personal. Del análisis de las

actuaciones de aquel proceso, se infiere que al inicio, eran tres los sujetos

sometidos al procedimiento:

La sociedad Codornices S.A. la cual administraba

una granja de codornices (producción de huevos y carne);

Alexis Fuentes

Oviedo en su carácter personal, el cual, en ese entonces, se dedicaba a la

actividad cafetalera; y

Álvaro Fuentes e Hijos S.A., sociedad propietaria y

arrendadora de una Estación de Servicio. Las dos sociedades eran representadas

por el señor Alexis Fuentes Oviedo. Posteriormente, mediante resolución no. 134

de las 15 horas del 25 de setiembre de 1991, el juez rechazó la administración

y declaró el estado de quiebra de los tres gestionantes, ya que, en su

criterio, no existía voluntad ni posibilidad real de pago de parte de los

comerciantes (folios 1787 al 1790 del expediente de administración). Los

solicitantes presentaron recurso de revocatoria con apelación en subsidio. La

revocatoria fue rechazada por el Juzgado (folio 1820). El Tribunal Superior

Segundo Civil, mediante resolución no. 129 de las 9 horas 40 minutos del 25 de

marzo de 1992 resolvió: “…no procede tramitar, de manera acumulada, la

administración por intervención judicial de personas distintas. La razón es

similar a la que se ha sostenido para denegar la acumulación de diversas

personas en los procesos de quiebra: por ser distintos los patrimonios.

Unicamente (sic) cabría la acumulación si hubiere comunidad de bienes.

Comunidad que en este caso no ha sido acreditada…” (folio 1835). De esa

forma, anuló lo actuado y resuelto, a fin de que se procediera a la desacumulación

en los términos dispuestos en el precepto 124 del Código Procesal Civil. A

través de auto de las 15 horas 15 minutos del 16 de junio de 1992, el Juzgado

Civil de Turrialba determinó, que la etapa para analizar la existencia o no de

la comunidad de bienes ya había precluido, puesto que el Tribunal ya había

analizado ese punto. Por tal motivo, ordenó continuar el procedimiento

únicamente contra las sociedades Álvaro Fuentes e Hijos S.A. y Codornices S.A.,

ambas representadas por el señor Fuentes Oviedo, pero no en su carácter

personal, dado que no existía la relación de bienes mencionada. El casacionista

opuso nuevo recurso de revocatoria con apelación en subsidio, fundamentalmente

porque, en su juicio, nunca tuvo oportunidad de referirse y acreditar la

comunidad de bienes (folios 1852 al 1853). La revocatoria fue rechazada por el

Juzgado. El Tribunal, en resolución no. 614 de las 10 horas 50 minutos del 1 de

setiembre de 1992, indicó, nunca consideró en la anterior resolución que la

discusión sobre la comunidad patrimonial o no de los bienes estuviera

precluida, ya que lo único que resolvió, era que hasta ese momento procesal,

aún no se había demostrado esa circunstancia, de manera que el Juzgado debía

concederle audiencia al gestionante para tal fin, y para que presentara la

prueba correspondiente. Consecuentemente, anuló el fallo del juez civil que

ordenaba la exclusión del señor Fuentes Oviedo del proceso (folio 1863). No

obstante, después de conferirle audiencia, el juez mantuvo su postura original de

que “únicamente se ha demostrado una identidad de bienes entre las

sociedades Álvaro Fuentes e Hijos S.A. y Codornices S.A., ambas representadas

por el señor Álvaro Fuentes Oviedo y no contra éste en su carácter personal,

razón por la cual es únicamente contra éstas dos sociedades que se ordena dar

curso al proceso de administración” (folio 1883). Finalmente, en resolución

de las 13 horas 20 minutos del 5 de enero de 1993, el Juzgado Civil de

Turrialba, ordenó la apertura del proceso de administración (folios 1889 al

1890). Nótese que el señor Alexis Fuentes Oviedo sí tuvo oportunidad de

demostrar la comunidad de bienes, incluso, dispuso de los medios recursivos

correspondientes para cuestionar cada una de las resoluciones del juez asignado

al proceso. Los motivos de hecho y de derecho que tuvo el juzgador para excluir

al recurrente del proceso de intervención, no demuestran error judicial, ya que

si la separación se presentó, fue porque el señor Fuentes Oviedo no aportó en

sus diversos memoriales, elementos nuevos que demostraran esa comunidad de

bienes. La prueba presentada únicamente acreditaba diversos movimientos

crediticios entre las sociedades, pero no, que los bienes conformaban una

unidad económica (situación que sí se presentó en el caso de las otras dos

empresas; por ejemplo, Álvaro Fuentes e Hijos S.A. era propietaria del 100% de

las acciones de Codornices S.A.). En otros términos, no se demostró mediante

prueba idónea la identidad de bienes, lo cual era requisito esencial para que

procediera la acumulación. Por lo demás, el señor Alexis Fuentes Oviedo no

presentó oposición alguna, y únicamente solicitó, respecto de él, que se

levantaran las restricciones e impedimentos de salida del país (folio 1897);

con lo cual, cualquier reclamo posterior resultaba extemporáneo por la

celeridad que lleva intrínseca este tipo de procesos (en estos términos se

emitió la resolución del 12 de enero de 1996, mediante la cual el Juzgado

rechazó la solicitud del señor Fuentes Oviedo de tramitar por separado la administración

por intervención judicial). En mérito de lo expuesto, se repite, resulta

improcedente el agravio señalado, ya que no se especificó y demostró, de qué

forma el juez tomó una decisión jurisdiccional errónea o contraria a derecho

que privara al actor de algunos de sus legítimos intereses, máxime cuando se

observa que en el proceso se respetaron las reglas establecidas en los

artículos 124, 709 y siguientes del Código Procesal Civil.

Finalmente, como se

analizó, en caso de existir responsabilidad, el ordenamiento aplicable sería el

de la  Ley General de la Administración Pública, artículos 190 y

siguientes, no el régimen de responsabilidad civil alegado. Sin perjuicio de lo

anterior, tampoco se demostró el daño, el perjuicio o el incumplimiento de una

obligación, por lo cual, no se podría estar ante un caso de responsabilidad en

los términos dispuestos en los cardinales 702, 704, 706 y 1045 del Código

Civil; ya que éstos resultan aplicables, siempre y cuando, exista un perjuicio

comprobado e imputable a un sujeto determinado. Así, el principio es que el

Estado responde si en su actuación causa un daño, derivándose tres

presupuestos   básicos: conducta  administrativa (activa  u

omisiva), daño efectivo y entre ambos un vínculo de causa-efecto, o bien, nexo

de causalidad. Todas estas precisiones son indispensables a fin de concluir que

no todo el funcionamiento ilegítimo o irregular del Estado generaría a priori,

su responsabilidad, dado que el interesado debe acreditar, además, el daño

efectivo y una relación de causa-efecto entre ambos fenómenos. Dicho de otro

modo, aún demostrando esa conducta irregular del Poder Judicial (lo cual no

hizo el demandante), el deber de indemnizar no procede de forma

automática,  pues este es consecuencia de la acreditación fehaciente de

los menoscabos alegados, como derivados de aquella conducta atípica o anormal.

Por ello, como bien refiere el Tribunal, el actor debía acreditar todos esos

elementos a fin de que sus pedimentos prosperaran. Así las cosas, no se observa

la vulneración de los principios de igualdad, debido proceso y de acceso a la

justicia endilgados, así como las reglas sobre responsabilidad patrimonial del

Estado.

En mérito de lo

expuesto, procederá declarar sin lugar el recurso, e imponer las costas

generadas con su ejercicio a la parte recurrente conforme al precepto 150

inciso 3) del Código Procesal Contencioso Administrativo.