Resolución 01035-2012

Con base en los hechos que expuso y

disposiciones legales que citó, el actor estableció proceso de conocimiento

para que en sentencia se declare: “· …con lugar la demanda en todos sus

extremos. · …sin lugar cualquier excepción interpuesta por la parte demandada.

· Que se condene a la demandada al pago del valor del vehículo. · Que se

condene a la demandada al pago del daño moral ocasionado. · Que se condene a la

demandada al pago de los perjuicios ocasionados. · Que se condene a la

demandada al pago de los intereses legales desde la fecha en que fue sustraído

el vehículo hasta el día de su efectivo pago. · Que se condene a la demandada

al pago de ambas costas de la presente acción.”

El apoderado de la parte demandada contestó

negativamente y opuso las excepciones de falta de competencia (la que fue

acogida), prescripción (desistida en la audiencia preliminar), falta de

derecho, falta de legitimación ad causam activa y pasiva y la expresión

genérica “sine actione agit”.

Se señalaron

las 13 horas del 9 de febrero de 2011, a esta asistió únicamente el actor, por

lo que la audiencia se declaró fracasada.

Al ser las 15 horas del 9 de febrero de

2011, se efectuó la audiencia preliminar, oportunidad en que hicieron uso de la

palabra los representantes de ambas partes.

El Tribunal Contencioso Administrativo,

Sección Octava, integrada por la Jueza Sady Jiménez Quesada y los Jueces Alner

Palacios García y Ricardo Madrigal Jiménez, en sentencia no. 102-2011 de las 8

horas 20 minutos del 19 de mayo de 2011, resolvió: “1.- Se rechaza la

defensa de falta de derecho y la genérica de sine actione agit, así como las

excepciones de culpa de la víctima, hecho de un tercero y fuerza mayor.

Se

declara parcialmente con lugar la presente demanda, establecida por ROGER

(sic) ALVAREZ (sic) ZUÑIGA (sic) contra

el COLEGIO UNIVERSITARIO DE ALAJUELA y en lo no expresamente concedido, se

entiende por rechazada. Se condena al demandado al pago del valor fiscal

del vehículo sustraído en un millón doscientos sesenta mil colones, así los

intereses que dicha suma genere a partir de la firmeza del presente fallo y

hasta su efectivo pago.

Son ambas costas de esta acción a cargo de la

accionada…”

6.-

El representante de la demandada formula recurso de casación indicando las razones en que se apoya

para  refutar la tesis del Tribunal.

En

los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado González Camacho

El señor Róger

Álvarez Zúñiga recibía cursos en el Colegio Universitario de Alajuela (CUNA) el

cual pasó a formar parte de la Universidad Técnica Nacional (en lo sucesivo

UTN). Según alega en su demanda, el día 30 de setiembre de 2008 aparcó su

vehículo en el parqueo de la institución académica, lugar del cual fue

sustraído. Planteó el presente proceso contra el CUNA a efectos de que se le

indemnice el daño material, el cual identifica como el valor del vehículo, el

moral, los perjuicios equivalentes a las utilidades dejadas de percibir en

razón del automotor y la imposibilidad de transportarse a su lugar de trabajo,

estudio o cualquier otro, los intereses legales calculados desde la fecha de la

sustracción hasta su efectivo pago y ambas costas. Los primeros dos rubros, los

estima en ¢2.000.000,00 y ¢4.000.000,00 respectivamente. La UTN se opuso, y

formuló las excepciones de falta de competencia, de derecho, de legitimación ad

causam activa y pasiva y la alegación genérica de “sine actione agit”. Con base

en la primera, el asunto se residenció en forma definitiva ante el Tribunal

Contencioso Administrativo, el cual ordenó la indemnización del daño material

conforme al valor fiscal del vehículo (¢1.263.000,00), los intereses que dicha

suma genere desde la firmeza del fallo y hasta su efectivo pago así como ambas

costas. Acude ante esta instancia extraordinaria la representación legal del

demandado.

El recurrente

formula tres agravios que, por su orden, se refieren a una errónea valoración

de la prueba en cuanto a la naturaleza del servicio que ofrece la institución,

a una falta de legitimación ad causam pasiva y, por último, a la concurrencia

en el caso de diversas causas eximentes de responsabilidad. Debido a que el

tema de la legitimación resulta de previo y especial pronunciamiento por ser

uno de los presupuestos de fondo de cualquier sentencia estimatoria, se

conocerá previamente este aspecto.

En su primer

reparo, aduce una falta de fundamentación y errónea apreciación de la excepción

de falta de legitimación ad causam pasiva. Narra que el Colegio Universitario

de Alajuela, desde el 4 de julio de 2008, fue transformado, por fusión, en la

UTN, creándose una nueva institución con cédula jurídica distinta, y una

administración estatal diferente. En tal sentido, cita los artículos 2 y 7 de

la Ley Orgánica de la Universidad Técnica Nacional, no. 8638. Aclara, las

únicas actividades que se mantienen vigentes, hasta el momento de su

conclusión, son los planes de estudios de las carreras. Lo anterior justifica,

en su criterio, que se acoja la defensa mencionada, toda vez que la demanda fue

planteada contra una institución estatal que cesó hace más de año y medio. Ello

acarrea, dice, la nulidad de la sentencia.

Respecto de

los anteriores argumentos, conviene señalar que, tal y como lo narró el

casacionista, en mayo de 2008, el CUNA, (creado al amparo de la Ley no. 6541

del 19 de noviembre de 1980) fue fusionado con otras instituciones académicas a

efectos de conformar lo que en la actualidad se conoce como la UTN. Lo anterior

de conformidad con la ley orgánica de esta última institución, no. 8638.

Tomando en consideración las fechas indicadas, al momento cuando ocurrieron los

hechos (octubre 2008) y se presentó la presente demanda (setiembre 2009), el

CUNA había dejado de existir jurídicamente, substiendo únicamente la entidad

resultante de la fusión realizada mediante el cuerpo normativo recién citado.

En apoyo a esta tesis, debe señalarse que la Ley 8638, al momento de fijar su

entrada en vigencia, no establece ninguna transitoriedad; por el contrario,

estipula que esto ocurre a partir de su publicación, lo que ocurrió en el

Diario Oficial La Gaceta del 4 de junio de 2008. Ello implica que la fusión

entre las instituciones operó desde esa fecha, lo que conlleva, lógicamente,

que resulta imposible la subsistencia de la personalidad jurídica del CUNA. De

igual forma, cabe destacar que el transitorio III dispone: “Los estudiantes

inscritos actualmente en las instituciones que se fusionan para crear la

Universidad Técnica Nacional, continuarán su carrera hasta su conclusión, de

acuerdo con los actuales planes de estudio y requisitos académicos. La

Universidad Técnica Nacional les garantizará dicha oferta académica hasta por

un plazo de tres años, contado a partir de la entrada en vigencia de esta Ley.”

Lo anterior supone, entonces, que los alumnos de los Colegios fusionados

pasan a formar parte del estudiantado de la UTN. Desde esta perspectiva, lleva

razón el inconforme en cuanto a que lo argüido al momento de formular la

defensa de falta de legitimación pasiva y en el recurso que ahora se conoce

(aunque durante la etapa de juicio planteó argumentos distintos) el proceso no

se debió interponer contra el CUNA. Empero, por las particularidades del caso,

ello no permite anular el fallo. De la referencia hecha, resulta claro que al

momento en que sucedieron los hechos que se reputan como daños, el actor

mantenía una relación jurídica con la UTN en virtud de la cual, recibía los

servicios académicos que esta última asumió. Se insiste que para este momento,

el CUNA había cesado su operación y había sido absorbido por la UTN, única

entidad resultante de la fusión. Por ello, desde el punto de vista material, el

sujeto legitimado desde la vertiente pasiva era, precisamente, la UTN, entidad

que compareció al proceso, contestó la demanda y ejerció una defensa técnica

contra las pretensiones esbozadas.  Así las cosas, el vicio apuntado carece

de sustancialidad a efectos de sustentar una nulidad, en la medida en que el

recurrente, a pesar de no haber sido demandado, es quien efectivamente ostenta

la condición de legitimado pasivo y fue quien participó en el proceso. No se

niega la existencia de un yerro en la tramitación del asunto a cargo de las

distintas instancias jurisdiccionales que tuvieron actuación en el expediente,

el cual es ciertamente desafortunado, máxime si se considera que desde el

inicio, la UTN planteó dicha situación. Empero, por las razones dichas, no se

observa que exista perjuicio derivado de este vicio, y en ese tanto, implicaría

acoger una nulidad por la nulidad misma. Así, lo procedente es el rechazo del

reparo.

En su segundo

agravio, aduce una falta de fundamentación y una errónea valoración de la

prueba. Dice, no brinda servicio de alquiler de espacios para vehículos ya que

es una institución gubernamental cuya finalidad es la educación. Señala que

esto es importante, ya que no existe una relación de reciprocidad, lo que

implica que la excepción de hecho de un tercero se configura y la

responsabilidad se extingue. No existe en la Ley de Creación del Colegio

Universitario de Alajuela, arguye, una facultad para la prestación de un

servicio de alquiler de un espacio para el cuido de vehículos. La seguridad

privada con que cuenta, expone, vigila la infraestructura de la institución,

tal y como lo exige la Contraloría General de la República, mas no los

vehículos que ingresan y transitan dentro del campus. Explica que los

estudiantes de esa institución no son clientes sino usuarios de un servicio

público, y que no se presta el servicio de parqueo, privado o público. En su

criterio, la condición de estudiante resulta irrelevante, ya que toda persona

puede transitar por el campus, tal y como se acreditó en la prueba testimonial.

En lo referente al daño patrimonial, afirma, se ha establecido que el daño debe

ser evaluable, efectivo y cierto, siendo necesario, además, la existencia de un

nexo causal. En cuanto a este punto, endilga al Tribunal valorar erróneamente

la prueba testimonial, ya que tanto el actor como su testigo se contradicen en

cuanto a si la aguja de ingreso al parqueo estaba dañada o no, por lo que se

genera duda de si fue él mismo quien se colocó en una posición de riesgo por

cuanto las medidas de seguridad estaban debilitadas, lo que excluiría la

responsabilidad impuesta. En cuanto al requisito de que el daño debe ser

cierto, manifiesta, “es preciso que los jueces tengan la certeza de que el

demandante se habría encontrado en una situación mejor si no hubiese ingresado

voluntariamente al parqueo…” Cuestiona, además, el monto en que se calculó

el valor del bien, ya que al no existir una sola prueba sobre tal aspecto no

puede determinarse que el real correspondiera con el fiscal, lo que implica el

quebranto del numeral 196 de la Ley General de la Administración Pública.

Al acoger la

pretensión, el Tribunal fundamentó la responsabilidad de la entidad demandada

en el artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva

del Consumidor (en lo sucesivo, Ley del Consumidor), indicando que en el caso

concreto: “Para el Tribunal resulta claro que en este proceso subyace una

relación de consumo que nace a partir del momento en que el estudiante del

CUNA, […] paga una suma de dinero por concepto del derecho de uso de un

espacio de parqueo dentro de las instalaciones del otrora Colegio Universitario

de Alajuela y por ende se da una relación contractual, recordando que la

institución en mención puede actuar dentro de sus capacidades de derecho

privado […] no es posible excluir a la Administración, la que también

suministra servicios, como es en el caso del CUNA, de educación, cobrando para

tal efecto. Indicar lo contrario sería crear un fuero de inmunidad para la

Administración con ocasión de los servicios que brinda […] Es por ello

que claramente el proceso que nos ocupa se enmarca dentro de una relación de

consumo en donde el CUNA se convierte en un proveedor de un servicio dirigido a

un consumidor o cliente, sea el estudiante, por el cual obtiene una retribución

por el servicio que presta, pago de un marchamo, razón por la cual debe

responder, tal y como lo establece el artículo 35 de la Ley de Promoción y

Defensa Efectiva del Consumidor […]”. A efectos de combatir esta decisión,

señala, en lo medular, que la institución no presta el servicio de alquiler de

espacios para aparcar, que los estudiantes no son clientes sino usuarios de un

servicio público, que el actor se colocó en una situación de riesgo (alegando

al mismo tiempo que existe una contradicción en cuanto al funcionamiento de las

agujas entre su testimonio y el de su testigo) y que el daño no cumple los

parámetros establecidos en el artículo 196 de la Ley General de la

Administración Pública en cuanto a que este sea cierto. De las anteriores

líneas argumentativas, las tres primeras se limitan a establecer

cuestionamientos sobre los puntos indicados, sin que se combata el argumento

utilizado por los juzgadores de instancia para resolver de la forma en que lo

hicieron, al tiempo que tampoco explica el basamento jurídico sobre el cual se

sustenta la posición del recurrente. En el caso de las dos primeras, además de

lo ya indicado, se insinúa un aspecto secundario que requiere ser mencionado.

Aún y cuando en el recurso se afirma que el CUNA “no es una institución de

educación universitaria privada, ni se rige por las regulaciones dogmas y

principios del derecho comercial” y que por ello “estas disposiciones no

le son aplicables”, dicho argumento fue expuesto para justificar el alegato

de que la institución “no ofrece el servicio de parqueo (alquiler de un

espacio para el cuido de vehículos por una contraprestación pecuniaria”.

Incluso, cuando se aduce la diferencia entre clientes y usuarios, se hace para

señalar que el CUNA “se ve excluido de la posibilidad de brindarle servicios

comerciales lucrativos como el parqueo privado o público regulado en la Ley de

estacionamiento vigente.” Si bien de lo trascrito se puede intuir que se

reclama el régimen jurídico aplicable, en el fondo, queda claro que esta

inconformidad no está dirigida a cuestionar la aplicación del artículo 35 de la

Ley del Consumidor (el cual ni siquiera es mencionado o aludido en el recurso),

ni a afirmar que la responsabilidad patrimonial que se le puede endilgar está

regulada por otro cuerpo normativo. Incluso, en el tercer agravio (siguiendo el

orden del recurso), el artículo 190 de la Ley General de la Administración

Pública es citado, únicamente, en tanto contiene excepciones que eliminan el

nexo causal. Todo esto permite concluir que en el fondo no se combate el

fundamento utilizado por los juzgadores de instancia. Lo mismo cabe indicar

respecto del alegato de que el actor se colocó en una situación de riesgo y la

supuesta indebida valoración de la prueba testimonial, todo lo cual no se

vincula con argumentos jurídicos concretos, al tiempo que también es planteado

en otro agravio en el que se aduce este mismo argumento en el marco de una

supuesta culpa de la víctima, lo cual será analizado en el

En

este sentido, como lo ha expuesto esta Sala, dentro de los requisitos de

admisibilidad de cualquier agravio se encuentra el de una adecuada

fundamentación jurídica, la cual implica una argumentación técnico-jurídica en

la que se mencionan una serie de artículos, o reglas jurídicas entrelazadas o

concatenadas entre sí y vinculadas razonablemente en una doble perspectiva: con

los argumentos del recurso y con la sentencia que se ataca. Así las cosas, al

incumplirse dicho requisito, este órgano decisor se encuentra impedido para

ingresar a valorar las inconformidades dichas, a excepción del tema de la

certeza del daño.

Sobre dicho

punto, el reclamo del recurrente se dirige contra la decisión del Tribunal de

utilizar el valor fiscal de vehículo como parámetro para fijar la

indemnización, al no existir prueba en el expediente que justifique esa

equiparación. En lo tocante a esta inconformidad, debe señalarse que en este

tipo de procesos, el acreditar y cuantificar el daño asume ciertas

particularidades generadas por el tipo de lesión que se trata. Ciertamente, en

aplicación del numeral 41 de la Carta Magna, la reparación del daño ha de ser

integral, lo que supone, por un lado, que debe procurar restituir al afectado

en la situación jurídica que ostentaba antes de que se produjera el menoscabo,

pero al mismo tiempo, implica que la indemnización no puede sobrepasar el daño

real irrogado. No obstante lo anterior, en la práctica esto supone una serie de

dificultades derivadas de la necesidad de recurrir a valoraciones técnicas (las

cuales en muchos casos son equívocas) o prudenciales (como acontece en el daño

moral). En la especie, la dificultad deviene en que, la determinación se debe

hacer respecto de un bien que fue sustraído, y en ese tanto, resulta difícil (y

en algunos casos imposible) contar con elementos probatorios con base en los

cuales se pueda apreciar el estado de conservación del vehículo, su condición

mecánica, así como otros factores que inciden sobre su valor real. Ante este

panorama, en la mayoría de los casos similares a este, resulta en extremo

difícil llegar a fijar el valor del vehículo, y por ende, el monto

indemnizatorio que, según el parámetro constitucional y legal recién

mencionado, le corresponde al titular del derecho afectado. No obstante, este

inconveniente no puede constituir una limitación para el derecho del afectado

al resarcimiento de su esfera jurídica, por el contrario, supone el

reconocimiento de esta particularidad al momento de fijar el monto indemnizatorio.

Dicho de otra forma, dado que el daño ha de ser calculado con base en un bien

que fue sustraído, el actor está en una imposibilidad real de aportar elementos

probatorios que le puedan brindar al juzgador certeza en cuanto a su valor, y

por ende, la indemnización que corresponde, por lo cual debe proceder en forma

prudente, procurando acercarse lo más posible a dicho monto. Desde esta

perspectiva, la decisión del Tribunal de recurrir al valor fiscal como

parámetro reparatorio resulta razonable, máxime si se considera que en el

expediente no existen probanzas que permitan apreciar el estado del vehículo,

excepto las propias indicaciones contenidas en la denuncia ante el Organismo de

Investigación Judicial. En este sentido, el artículo 124 del Código Procesal

Contencioso Administrativo establece que cuando se condene a una obligación de

valor, como lo es la responsabilidad, el Tribunal “deberá convertirla y

liquidarla en dinero efectivo, en forma congruente con su valor real y actual

en el momento de su dictado”. Así las cosas, el acudir al valor fiscal no

se valora como una extralimitación por parte del Tribunal. Todo lo anterior

conlleva al rechazo del agravio.

Ahora bien,

al margen de lo resuelto en los considerandos anteriores, y a pesar de que el

agravio no permite entrar a valorar lo resuelto por los juzgadores de

instancia, en atención a la función de nomofilaquia propia de esta instancia

casacional, esta Sala considera oportuno referirse, en forma genérica, al tema

de la aplicación de la Ley del Consumidor a las instituciones públicas. Con la

salvedad de aquellas actuaciones realizadas al amparo del giro comercial que se

le encomienda a ciertas entidades (empresas públicas), la relación jurídica que

surge entre una Administración Pública y los particulares es de índole

administrativa, no de consumo, con las consecuencias que de dicha distinción se

desprenden. En este sentido, basta con señalar que la primera se caracteriza

por ser una relación de sujeción, mientras que la segunda se desarrolla en un

plano de igualdad y libertad contractual. El ámbito de aplicación de la

normativa atinente a la materia del consumidor regula, específicamente, estas

últimas, no así las primeras, las cuales están supeditadas al ordenamiento

jurídico-administrativo. Esto implica que la responsabilidad patrimonial de la

Administración no pueda ser valorada a partir del artículo 35 de la citada Ley

del Consumidor, sino con base en la Ley General de la Administración Pública o

algún otro esquema especial establecido por el legislador. Así, aquellas

actividades, aún y cuando impliquen la prestación de un servicio, en tanto este

no forme parte del giro comercial, en ejercicio de la capacidad de derecho

privado de la Administración, no son susceptibles de ser analizadas como si se

tratara de una relación de consumo.

En su tercer

motivo, aduce una errónea apreciación del artículo 190 de la Ley General de la

Administración Pública. Apunta a la existencia de un hecho de tercero,

específicamente, la sustracción del vehículo de las instalaciones. De igual

forma, afirma que se dio una fuerza mayor, la cual identifica con el daño que

presentaba el sistema de seguridad de la institución, el cual se encontraba en

reparación, y fue sustituido por medidas manuales de seguridad. La causal

eximente se configura, en opinión del recurrente, en que “las medidas que

implementa la universidad, debido a causas de fuerza mayor, estaban

imposibilitadas para funcionar como es debido, y no puede endilgarse

responsabilidad al estado por causas fortuitas devenidas de imprevistos o

situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que impidan mas [sic] allá

de lo posible, el cumplir las funciones establecidas.” Por último, arguye

que existió culpa de la víctima, ya que el actor ingresó a la Institución con

pleno conocimiento de los problemas de funcionamiento de las agujas. No hay,

acota, prueba documental que compruebe lo dicho en cuanto a que el vehículo

estaba en el campus.

Al

margen del régimen jurídico aplicable en la especie, lo cierto es que tanto el

aplicado por los juzgadores de instancia como el regulado en la Ley General de

la Administración Pública, en lo que atañe al análisis del cuestionamiento

sobre las eximentes de responsabilidad, y por ende, sobre el nexo de

causalidad, no presenta diferencias. Ambos son esquemas objetivos de

responsabilidad. A partir de la anterior aclaración, la existencia de una

supuesta culpa de la víctima, no es de recibo. En su propio agravio, el

recurrente afirma: “Según el actor y los testigos, el día de los hechos el

actor ingresó a la institución demandada, manifestando de pleno conocimiento

que las agujas de seguridad estaban malas, y que aun [sic] así el [sic]

sin reportar su ingreso a la institución con ningún oficial, procedió a

ingresar por su cuenta y luego ocurrió el robo. Esta situación es determinante,

ya que no existe prueba documental que certifique el ingreso del vehículo, y los

testigos son concordantes en que ese día las agujas estaban dañadas y el sistema

de seguridad principal no estaba activo. La culpa de la víctima está

totalmente demostrada” (el destacado es suplido). Como se puede observar, y

contrario a lo que alega en otro punto del recurso cuando aduce una

contradicción entre la manifestación del actor y de su testigo, en el reparo se

está admitiendo expresamente que el sistema de seguridad no estaba funcionando

en la forma usual ni debida. En este sentido, no puede admitirse que el actor

se colocara en una situación de peligro cuando esta se originó, precisamente,

en un mal funcionamiento del sistema de seguridad que implementó la propia

institución. Tal y como lo indicó el Tribunal: “era de conocimiento del CUNA

que las agujas se encontraban dañadas y pese a ello, al menos no se demostró

dentro del proceso, que realizara acciones emergentes para mitigar dicha

situación o un protocolo de seguridad mayor ante la situación…” Precisamente,

la falta de operación adecuada de los dispositivos con que cuenta la

institución para resguardar sus bienes y los de terceros ratifica el vínculo

existente entre el daño sufrido y la conducta omisiva del demandado. Aún y

cuando el actor conociera de la existencia de esos desperfectos, ello no

permite afirmar que estaba en la obligación legal de soportar el daño. En

cuanto al hecho de un tercero, dado que en última instancia, en el daño

incidieron los desperfectos en el sistema de seguridad, el hecho de un tercero

no se configura como eximente ya que el nexo de causalidad derivado de la

conducta de la entidad demandada no es eliminado por la sustracción realizada

por un

Finalmente, en lo que atañe a la concurrencia de una fuerza

mayor, debe señalarse que esta consiste en un hecho imprevisible e inevitable,

características que no se dan respecto del mal funcionamiento de los mecanismos

a que se ha hecho referencia. Ciertamente, la posibilidad de fallas de

operación resulta absolutamente previsible, lo que descarta que se configure la

eximente alegada. Aunado a lo anterior, aún y cuando puedan ser inevitables,

ello supondría la existencia de un caso fortuito, que en el esquema de

responsabilidad objetivo aplicable (artículo 190 de la Ley General de la

Administración Pública), no es admitido como causa eximente de responsabilidad.

A la luz de lo expuesto, el cargo debe ser igualmente desestimado.

XI.-

Según lo indicado en los considerandos precedentes, ninguno de los extremos del

recurso pueden ser acogidos, motivo por el cual se debe declarar sin lugar. De

conformidad con el artículo 150.3 del Código Procesal Contencioso

Administrativo, las costas correspondientes a este medio extraordinario de

impugnación deben ser impuestas a la parte que lo incoó.