Resolución 01444-2011

Con base en los hechos

que expuso y disposiciones legales que citó, el actor estableció proceso de

conocimiento, a fin de que en sentencia se declare: “1. Se tenga como

demandado al Registro Nacional, Al ministerio de Justicia y al Estado.

2.

Se declare con lugar la presente demanda.

Se condene al

Registro Nacional al pago de daños y perjuicios patrimoniales y morales

sufridos por el error registral.

Se condene al Registro Nacional al

pago del interés legal sobre las obligaciones pecuniarias a partir del momento

de su exigibilidad y hasta su pago efectivo.

Se condene al Registro

Nacional al pago de ambas costas procesales y personales.

Se solicite

al Registro Nacional la remisión del Expediente 018-2004.”

2.

El

Estado contestó conforme a su líbelo de folios 58 al 74 y opuso las defensas de

falta de integración de la litis consorcio pasiva necesaria y prescripción de

la acción, así como las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación

ad causam pasiva.

La Junta contestó e

interpuso las excepciones de falta de derecho, caducidad y prescripción.

La audiencia

preliminar se efectuó a las 8 horas 50 minutos del 8 de junio de 2010,

oportunidad en que las partes hicieron uso de la palabra y se rechazó la

defensa de litis consorcio pasivo necesario, opuesta por el Estado.

Se fijó fecha y hora

para realizar el juicio oral y público, y el Tribunal Contencioso

Administrativo y Civil de Hacienda, integrado por los jueces Eduardo González

Segura, Claudia Bolaños Salazar y David Fallas Redondo; en sentencia n.°

4170-2010 de las 9 horas del 1° de noviembre de 2010, resolvió: “Primero:

Se rechaza la excepción de prescripción, caducidad y falta de derecho opuestas

por los demandados.

Se acoge la demanda

establecida por el señor Marco Zuñiga Pérez contra el Estado y la Junta

Administrativa del Registro Nacional únicamente en lo que se dirá: Se les

condena a pagar por concepto de daño moral la suma de cuatrocientos cuarenta

mil colones y por daño material la suma de un millón trescientos cincuenta y

cinco mil colones y los intereses que se generen, los cuales deberán liquidarse

en ejecución de sentencia, los mismos deberán computarse a partir de la fecha

en que el actor canceló dicha suma al Banco Popular y hasta su efectivo

pago.

La condena de los daños y perjuicios y

costas es a cargo del presupuesto del Registro Nacional y subsidiariamente del

Estado. Con la comunicación de esta sentencia quedan debidamente notificadas

las partes.”

6.

El Estado y la Junta Administrativa del Registro Nacional, por separado

formulan recurso de casación indicando expresamente las razones en que se

apoyan para refutar la tesis del Tribunal.

7.

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de

ley. Interviene en la decisión de este asunto la magistrada suplente Silvia Consuelo

Fernández Brenes.

Redacta el magistrado Solís Zelaya

I.

Marco

Zúñiga Pérez incoó demanda ordinaria contra el Estado y la Junta Administrativa

del Registro Nacional. Adujo que mediante escritura n.° 182 otorgada ante la

notaria Astrid Binns Rodríguez el 11 de junio de 2001, se canceló el régimen de

patrimonio familiar inscrito en la finca 119090-000 perteneciente a Reinaldo

Zúñiga Pérez y que en ese mismo acto este último le vendió la heredad. Sin

embargo, explicó, el único movimiento que se registró fue la cancelación de la

limitación, pero no se inscribió el traspaso. Esto generó que la propiedad

fuera embargada por una deuda de la señora Lidieth Sánchez Casasola con el

Banco Popular, en la que figuraba como fiador solidario Reinaldo Zúñiga Pérez

–antiguo propietario que permanecía como dueño a nivel registral-. El Registro

se percató del error, dijo, por lo que inmovilizó el terreno. La única manera

de recuperarlo consistía en pagar la deuda pendiente con ese Banco, por lo cual,

narró, debió solicitar un préstamo.  Planteó reclamo administrativo,

expuso, solicitando el pago de los daños y perjuicios, pero fue rechazado. En

este proceso peticionó, en lo medular, el pago de  ¢1 355 000,00 que debió

cubrir al Banco, ¢483 933,00 por concepto de intereses, ¢150 000,00 por horas

que debió dejar de trabajar para atender las gestiones relacionadas con el

error del Registro, ¢71 100,00 de gastos de pasajes y ¢440 000,00 por daño

moral. El abogado del Estado se opuso e invocó litisconsorcio pasivo necesario,

prescripción, falta de derecho y de legitimación activa. La Junta

Administrativa del Registro Nacional también se opuso e invocó la falta de

derecho, caducidad y prescripción. El Tribunal, al resolver el fondo de la

controversia, rechazó las defensas invocadas, acogió la demanda, condenó a los

demandados al pago de  ¢400 000,00 por daño moral, ¢1 355 000,00 por daño

material y los intereses que se generen desde la fecha en que el actor canceló

esa suma al Banco Popular y hasta su efectivo pago. Finalmente dispuso que la

condena recaía sobre el presupuesto del Registro Nacional y de forma

subsidiaria en el del Estado. Disconformes con lo decidido, los demandados

formulan sendos recursos ante la Sala.

RECURSO DE CASACIÓN DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL

REGISTRO PÚBLICO

II.

El recurrente invoca un motivo por razones procesales y otro por el fondo. Sin

embargo, en ambos casos, según se verá, además de que repite objeciones,

entremezcla argumentos de uno y otro tipo de censuras, por lo que serán

sintetizados en conjunto para deslindar cuáles acusan un quebranto procesal y

cuáles se orientan a controvertir el fondo de lo decidido.

Cita

los artículos 153 y 155 del Código Procesal Civil y diversas normas que regulan

este recurso en esa normativa y en el Código Procesal Contencioso

Administrativo (en adelante CPCA). Transcribe las pretensiones del actor

manifestadas en la audiencia preliminar. Se refiere al requisito de congruencia

del fallo, en torno a lo cual cita jurisprudencia. Señala que por error

material se omitió “ejecutar” la compraventa. La notaria Binns Rodríguez, ante

quien se otorgó la escritura, dice, no se percató de la inscripción parcial, a

fin de que procediera con las diligencias respectivas, pues el yerro pudo

haberse corregido siguiendo lo dispuesto por los preceptos 85 y 87 del

Reglamento del Registro Público. Le imputa falta de diligencia al no concluir

el “ciclo cartulario”, deber que le asiste conforme a la norma 34 inciso h) del

Código Notarial. La inscripción del decreto de embargo respecto del cual se le

achaca responsabilidad, aclara, tuvo lugar casi un año después de la

“inscripción de la compraventa”, sin que la otorgante de la escritura hubiese

solicitado que se corrigiese el error. El pago que realizó el señor Marco

Zúñiga Pérez de la deuda adquirida por Lidieth Sánchez Casasola y Reinaldo

Zúñiga Pérez ante el Banco Popular, explica, obedece a un pago por subrogación

conforme al artículo 786 del Código Civil, por lo que deben cubrirlo los

deudores favorecidos. Los juzgadores, achaca,  no analizaron esa

normativa, lo que genera la nulidad de la sentencia respecto a la

responsabilidad de la notaria y el pago por subrogación.

Cita

los numerales 85 y 87 del Reglamento del Registro Público. Alega que si la

otorgante de la escritura se hubiese percatado del error material, hubiere

podido corregirlo, por lo que no fue diligente. Percatándose de la

circunstancia, de manera oficiosa el Registro inmovilizó la propiedad, explica,

resguardando los intereses de los afectados. Los jueces no se refieren a la

responsabilidad de esa profesional,  censura, en tanto a ésta le

correspondía verificar que el documento se inscribiera, a fin de que advirtiera

el error y se procediera a enmendarlo. Señala que los juzgadores tampoco se

refirieron al pago por subrogación. El señor Zúñiga Pérez canceló la deuda con

ese Banco y “(…) ejecuta en su contexto la resolución final dictada por el

Registro de la Propiedad (…) en el tanto al realizar la cancelación (…)

solicita al Registro que se levante la anotación, y se inscriba el bien (…)

recayendo con este acto la correcta inscripción (…)”. Endilga infrapetita

por la falta de pronunciamiento respecto de esos extremos. Explica que el fallo

no valoró los principios de proporcionalidad y razonabilidad por no atender

aspectos como las obligaciones de la notaria, pago por subrogación y el efecto

del procedimiento seguido por el Registro.

III.

A fin de resolver los reclamos, se hace necesario revisar los hechos

probados del fallo recurrido, pues permitirá tener claridad sobre los extremos

combatidos en este recurso y lo que se analizará en forma posterior. El

Tribunal tuvo por demostrado que el 2 de octubre de 1998 la señora Lidieth

Sánchez Casasola obtuvo un préstamo del Banco Popular por ¢1 200 000,00, que se

respaldó en un pagaré en el que figuraban como fiadores los señores Reinaldo

Zúñiga Pérez y Marco Antonio Calderón Vega. Mediante escritura presentada al

Registro Público el 4 de julio de 2001, al tomo 492, asiento 10276, los señores

Reinaldo Zúñiga Pérez –en su condición de propietario- y Flory Casasola Cordero

–como esposa del primero- solicitaron fuera cancelada la afectación al régimen

de patrimonio familiar que pesaba sobre el inmueble 119090-000 y acto seguido procedieron

a vendérselo al señor Marco Zúñiga Pérez. El 12 de julio de 2002 se presentó al

Registro Público decreto de embargo expedido por el Juzgado Civil de Turrialba

sobre esa misma finca, conforme a lo solicitado por el Banco Popular en el

proceso ejecutivo simple presentado contra la señora Lidieth Sánchez Casasola

–deuda de la que figuraba como fiador, según se dijo, Reinaldo Zúñiga Pérez-,

acto registrado en el tomo 5050, asiento 18674, que quedó inscrito. El 3 de

febrero de 2004 el Registro Público de oficio realizó unas diligencias

administrativas para consignar una nota de advertencia sobre aquella heredad,

mientras investigaba al estado de la inscripción del documento presentado al

tomo 493, asiento 10276, porque se percató de que el registrador sólo canceló

las limitaciones del régimen de patrimonio familiar, pero no inscribió la

compraventa otorgada en ese mismo acto a favor de Marco Zúñiga Pérez. Mediante

pronunciamiento de las 8 horas del 11 de febrero de 2004 el Registro confirió

audiencia a las partes involucradas para que manifestaran sus alegatos, y el 11

de junio de 2004 resolvió mantenerla inmovilizada hasta que los interesados

presentaran un testimonio de escritura ante la oficina del Diario, una vez que

el registrador la calificara, o ingresara un mandamiento judicial en el que se

ordenara cancelar el embargo. Esa inmovilización registrada bajo las citas

36814264-001-0004-00 inició el 3 de septiembre de 2004. La licenciada Astrid

Binns Rodríguez –profesional ante quien se otorgó la escritura que se inscribió

de forma parcial - apeló contra aquella orden, pero mediante el pronunciamiento

n.° 93-2004 de las 10 horas 15 minutos del 10 de septiembre de 2004, el

Tribunal Registral Administrativo rechazó el recurso y dio por agotada la vía.

El 30 de septiembre de 2004 el señor Marco Zúñiga Pérez  se

constituyó  deudor del señor Carlos Gould Camacho por la suma de ¢1 355

000,00 y el 1 de octubre siguiente canceló ese mismo monto al Banco Popular por

concepto de la deuda de Lidieth Sánchez Casasola. El 4 de octubre de 2004 el

señor Zúñiga Pérez planteó ante la Dirección Administrativa de Bienes Inmuebles

un reclamo tendiente a que se le indemnizaran los daños y perjuicios causados,

a través de la póliza de seguridad por errores registrales, que fue rechazado

el 18 de marzo de 2006, señalando falta de nexo causal entre el error registral

y la deuda cancelada al Banco Popular por el petente. Finalmente, conforme a la

certificación de Registro Público expedida el 14 de enero de 2010, el

propietario del inmueble, desde el 12 de noviembre de 2004, es Marco Zúñiga

Pérez, quien lo adquirió por compraventa

Ahora bien, el recurso

muestra dos diferentes argumentos. El primero es de orden procesal en el que se

reclama incongruencia. El otro supone una serie de críticas en cuanto al fondo

del fallo. Múltiples precedentes de la Sala se han ocupado de puntualizar en

qué consiste la congruencia de la sentencia, señalándose que ha de mediar una

correlación entre lo peticionado -en la demanda, contrademanda y sus respectivas

contestaciones- y lo resuelto. Para ello debe considerarse que la causa de

pedir no se constriñe, de forma exclusiva, a las pretensiones de las partes,

sino también a los hechos que alegan y el derecho que invocan. Asimismo, que no

se incurre en el vicio de incongruencia si alguna, algunas, o todas las

pretensiones son rechazadas. Dicho de otro modo, si los juzgadores estiman no

haber lugar a los pedimentos esgrimidos, su rechazo no vulnera, en modo alguno,

la congruencia del fallo, pues esta procura asegurar que los jueces se

pronuncien sobre lo debatido, bien sea rechazando o acogiendo extremos, pero no

incorporen elementos respecto de los que las partes no tuvieron oportunidad de

defenderse. En el sub-lite no se observa disonancia entre los pedimentos

formulados por el actor y lo concedido en sentencia, lo que descarta la

incongruencia, en tanto, como se dijo, el que determinados argumentos o

pretensiones no prosperen, no provoca este tipo de vicio. La “omisión” que le

endilga al fallo por no resolver respecto a la responsabilidad de la notaria,

el pago por subrogación y la irreprochabilidad de lo actuado por el Registro,

en realidad supone objeciones cuanto al fondo de lo decidido, por lo que así

serán abordados sus reparos.

V.

Respecto a lo alegado en torno a la inobservancia o descuido en las funciones

de la profesional ante la que se otorgó la escritura cuya inscripción no fue

completada, debe señalarse que conforme a lo dispuesto por el artículo 608 del

Código Procesal Civil, aplicable a la materia por remisión del numeral 220 del

Código Procesal Contencioso Administrativo, el punto, por novedoso, en tanto no

fue alegado en la instancia precedente, no podría abordarse en esta sede, toda

vez que no existe pronunciamiento previo respecto a ese extremo. En todo caso,

a mayor abundamiento de razones, y contrario a lo alegado, estima la Sala que

lo acontecido no tuvo lugar, en modo alguno, por inobservancia o descuido

alguno de las funciones propias de la profesional ante la que se otorgó el

instrumento público cuya inscripción no fue completada por el Registro. Si bien

como notaria pública a ella correspondía realizar las diligencias necesarias

para que se inscribieran los documentos que autorizó (artículo 38 inciso h) del

Código Notarial), es labor del Registro Público la “registración” de las

modificaciones acontecidas en los derechos sobre la propiedad inmueble

(precepto 1 del Reglamento del Registro Público no. 26771-J) y de los

registradores en particular, “la calificación e inscripción de los

documentos sometidos a su estudio, lo cual harán por los medios de que

dispongan en coordinación con la Dirección, con la obligación de brindar un

eficiente servicio.” (numeral 9 ibídem). Suponer, como pretende, que los

notarios estén obligados a detectar los errores registrales como elemento sin

el cual queda exonerado el Registro de sus propios yerros, desconoce el

principio de eficiencia que debe resguardar el desempeño de todo servicio

público (regla 269.1 de la Ley General de la Administración Pública), así como

las obligaciones puntuales de los registradores. Por otra parte, el pago con

subrogación que alega es una figura que dista de lo acontecido en el sub-lite,

pues no encaja dentro de ninguno de los supuestos de subrogación legal (artículo

790 del Código Civil), ni consta que se cumplieran los requisitos de la

voluntaria (precepto 786 ibídem), según se verá en el

VI.

Finalmente lleva razón en lo adecuado y oportuno que resultó el que se

inmovilizara la propiedad a la luz de lo acontecido, sin embargo eso no subsana

el error que en forma previa se había cometido y que produjo el desconocimiento

temporal del derecho de propiedad del actor. Así las cosas, por las razones

señaladas, sus censuras deben desestimarse.

RECURSO

DE CASACIÓN DEL ESTADO

VI.

Invoca

dos agravios.

Reclama quebranto del artículo 190.1 de la Ley

General de la Administración Pública. El Tribunal reconoció el pago hecho por

el actor a favor de su hermano, a fin de cancelar la deuda que ese último y

Lidieth Sánchez Casasola tenían con el Banco Popular. La señora Sánchez, aduce,

fue quien dispuso del dinero que recibió del crédito bancario, a pesar de lo

cual el fallo consideró que sí hubo un nexo causal entre ese extremo indemnizatorio

y la conducta del Registro Nacional. El Tribunal valoró de forma indebida la

declaración de la parte, afirma, pues el propio dicho del actor confirma que se

tratan de hechos de terceros –su hermano y la señora Sánchez Casasola- que

rompen el nexo causal con la conducta estatal. La sentencia abre la posibilidad

de que el accionante reciba un doble pago, porque no ha planteado acción de

repetición contra esas personas, según admitió. No existe, dice, causalidad

directa y necesaria entre el yerro del Registro y el pago por la deuda ajena

libremente dispuesto por el actor, quien tenía otras opciones para recuperar el

inmueble, en tanto había sido inmovilizado, lo que impedía que se efectuara

cualquier cambio sobre él, aunado al hecho reconocido de que nunca fue

perturbado en su posesión por un tercero, ni tenía planteado disponer del bien

a corto plazo, por lo que al inmovilizarle no se le causaba perjuicio. El

accionante no debía precipitarse a cancelar la deuda, señala,  si no iba a

gravar o enajenar el inmueble, ya que, como él mismo admitió, se enteró de lo

acontecido hasta el 2004.

Estima quebrantado el mismo numeral

supra citado en torno a la condena por daño moral, en tanto los hechos que

según el Tribunal la justifican, no atañen a la conducta del Estado. En su

declaración el actor refiere que su esfera íntima resultó afectada por

conflictos familiares, indicando que el causante del problema fue su hermano,

quien sabía que iban a ejecutar una propiedad que no le pertenecía, por lo que

se constata que el hecho de un tercero rompe el nexo causal.

VII.

Tal y como se indicó en forma previa, la instancia precedente tuvo por

demostrado que el señor Marco Zúñiga Pérez adquirió el inmueble objeto de

litigio y a pesar de que el testimonio de la escritura se presentó al Registro

Público, la venta no alcanzó publicidad pues el registrador encargado omitió

inscribir la transmisión de la propiedad. Esto generó que en fecha posterior a

la venta, el bien fuera embargado por una deuda a cargo del señor Reinaldo

Zúñiga Pérez, quien a pesar de haber vendido, permanecía a nivel registral como

dueño de la finca, lo que  motivó el embargo promovido por el Banco

Popular. Luego de estos hechos, recayó el acto administrativo que inmovilizó la

heredad. El señor Zúñiga Pérez, siendo advertido por el propio Registro de la

inmovilización, decidió adquirir un préstamo a fin de honrar esa deuda del

anterior dueño, con el fin de liberar el terreno. El Tribunal juzgó –aplicando

el criterio de causalidad sine qua non- que el pago efectuado por el actor no

habría tenido lugar de no presentarse el error registral, en tanto sostuvo que

de suprimirlo en forma hipotética, los demás hechos no hubieran tenido lugar,

por lo que se dispuso la obligación de indemnizar por este aspecto. El

casacionista combate que ese pago sea efecto del yerro administrativo

constatado. Si bien el Tribunal no se detuvo a analizar la figura involucrada,

ni el recurrente la menciona en concreto, sino que refiere a ella de modo

periférico, al tenor de lo normado por el artículo 803 del Código Civil, lo

acontecido corresponde a un pago por

Según ese precepto: “El que,

por error de hecho o de derecho, o por cualquier otro motivo, pagare

lo que no debe, tendrá acción para repetir lo pagado. (…)” (El

destacado es suplido). Conforme a la doctrina que rige esa figura, el sujeto

contra el que debe dirigirse la acción de repetición es el titular del

patrimonio que debía cubrir la deuda. Dicho de otro modo, el tercero que pagó

debe procurar el reintegro del deudor, en tanto es al patrimonio de este sujeto

al que favorece el cumplimiento. Luego, el primer corolario que se extrae de lo

dicho es que en el sub-lite el actor pagó una deuda ajena. Ahora bien, respecto

al análisis de la causalidad entre esa conducta y el yerro administrativo

conviene señalar que la mayor parte de la doctrina ha evidenciado los excesos a

los que conduce un análisis del nexo causal a partir de esa tesis, porque

carece de correctivos que permitan poner límite al juicio retrospectivo que

procura identificar la causa de un evento lesivo. La propia jurisprudencia de

la Sala se ha decantado en los últimos tiempos por aplicar el criterio de

causalidad adecuada, conforme al cual se constata un ligamen entre el daño y la

conducta lesiva cuando aquél se origine necesariamente, o con una alta

probabilidad, de la última. (En este sentido, pueden verse, entre otras, las

resoluciones 467-F-2008 de las 14 horas 25 minutos del 4 de julio de

2008,  1008-F-2006 de las 9 horas 30 minutos del 21 de diciembre de 2006,

y 949-F-S1-10 de las 9 horas 45 minutos del 12 de agosto de 2010). A juicio de

este Tribunal, la decisión tomada por el actor de honrar la deuda que generó el

embargo sobre la propiedad, no es un daño que se derive del error del Registro,

aplicando un criterio de causalidad adecuada. No se revela que la decisión que

tomó el actor de honrar la deuda que en apariencia soportaba el bien, sea

imputable a la falta de “registración” del acto de compra. En vista de que

la propiedad había sido inmovilizada, aún cuando la titularidad del actor

estaba confusa, no existía riesgo inminente de pérdida o despojo. Para despejar

la situación del bien, sólo debía acudirse, como en efecto se hizo, a plantear

este litigio, en el cual se acreditó que la finca era propiedad del actor, de

modo tal que no podía ser embargada por el Banco por una deuda del anterior

propietario. Esto hace que su decisión de cubrir la deuda del anterior

propietario, obedezca a una liberalidad de su parte, y no a que las

circunstancias lo orillaran a ello a fin de no perderla, pues se reitera, el

bien estaba inmovilizado, lo que equivale a decir que tampoco se concretaría la

ejecución promovida por el Banco hasta tanto se aclarase lo acontecido con el

terreno.  El actor prefirió –pues bien pudo no haberlo hecho- honrar la

deuda a cargo de su hermano, pago que, como se dijo, benefició al propio

Reynaldo en su condición de garante solidario, pero, se reitera, no era

imperioso en ese momento para conservar o asegurar su derecho real. Nótese que

si el actor hubiera omitido ese pago, el resultado sería exactamente el mismo,

pues definiéndose su titularidad, la inmovilización pierde sentido, al igual

que el embargo del Banco. Además, como bien advierte el representante del

Estado, la tesis sostenida por el Tribunal habilita un potencial

enriquecimiento sin causa a favor del actor, en tanto nada le inhibe de

plantear la acción de repetición contra su hermano, a favor de quien se

extinguió el débito que originó el embargo, pues respecto de éste la sentencia

dictada en el sub-lite no produce cosa juzgada. Con todo, llevando razón el

recurrente sobre este extremo, debe anularse el fallo del Tribunal en cuanto

concedió por daño material la suma de ¢1 355 000,00 e intereses desde la fecha

en que se canceló al Banco Popular y hasta su efectivo pago para, en su lugar,

sobre el punto, acoger la defensa de falta de derecho.

VIII.

Finalmente, en lo que atañe a su disconformidad respecto a la condena por daño

moral, no lleva razón el casacionista. Las razones brindadas por el Tribunal

para conceder este importe no obedecen, como pretende, a conflictos familiares,

sino, como el propio Estado transcribe, a que: “Ha quedado demostrado (…)

que el daño moral subjetivo se verificó respecto del actor, pues el error de la

administración desencadenó una perturbación injusta en las condiciones anímicas

del actor, no sólo por el hecho de darse cuenta que no aparecía como titular

del inmueble de su propiedad, lo que en un sujeto normal produciría angustia,

sino también por tenerse que someter a un procedimiento administrativo que

afectó su ánimo y tranquilidad (…)”. Así las cosas, sí se acreditó que esta

afectación ilegítima del fuero interno del sujeto tuvo como causa el yerro del

Registro, lo que amerita la condena impuesta. Luego, el reclamo debe

rechazarse.