Resolución 00913-2018

El apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa ARAICA S.A., don Carlos José Bresciani Quirós, interpuso el 8 de enero de 2014, demanda contencioso administrativa contra la Caja Costarricense de Seguro Social –en adelante CCSS o la Caja-.  El Tribunal, en resolución interlocutoria de las 11 horas del 21 de enero de 2014, apercibió a la accionante, eliminar los hechos de la demanda o reformularlos, dada su incomprensión.  Además, por haber omitido la pretensión, debía exponer lo que pretendía con este proceso, aclarando y ajustando los actos que impugnaba.  El 30 de enero siguiente, el representante de la empresa actora, presentó escrito, donde reformuló los hechos de la demanda, e indicó, en el libelo original de demanda sí constaba lo pretendido.  Manifestó lo siguiente: desde enero de 2011, la empresa accionante es adjudicataria de la licitación promovida por la CCSS, para la contratación de Peritos Valuadores para la valoración de bienes que responden por préstamos hipotecarios concedidos por la Institución.  Adujo, “el 29 de febrero del año en curso”, su representada suscribió con los representantes legales de otras empresas ligadas a ARAICA S.A., por un interés grupal económico, un finiquito total y definitivo de relaciones societarias, con el cual consideró, se puso término al vínculo existente entre la demandante y esas otras compañías.  Agregó, en oficio no. ARA-1107-04-12 del 12 de abril de ese año, recibido en la CCSS el 16 de ese mes y año, se puso en conocimiento al ente accionado de la existencia y contenido del Finiquito citado, con el fin de liberarla de la condición de morosidad donde aparecía colocada en los registros de esa entidad.  En vista de que no recibía respuesta, indicó, interpuso una solicitud de medida cautelar –la cual fue denegada-; y un proceso de legalidad –que tampoco prosperó-.  Agregó, desde entonces, la CCSS se niega a cancelarle facturas de pago de honorarios profesionales por servicios periciales, que le habían sido prestados, en virtud del contrato existente entre las partes.  Explicó, luego de haber sido notificada de un proceso de amparo de legalidad y casi año y medio después de presentada la gestión de cita, la Caja emitió el oficio no. AAFS-SSF-0130-2013, donde solamente le señala la imposibilidad de modificar los resultados del Informe de Inspección, en el cual se determinó la existencia de responsabilidad compartida, entre las empresas del grupo de interés económico del que se consideró parte a la firma ARAICA S.A.  Añadió, la compañía MAVACON S.A., presentó una denuncia ante la Caja, donde solicitaba una investigación sobre la firma DESARROLLOS EVJ S.A., para que se determinara, que esta última empresa, la cual formaba parte del grupo de interés económico del cual era parte la actora, no sólo no figuraba como morosa en los registros de la CCSS, sino que además, estaba desarrollando obras constructivas para entidades públicas, como la Comisión Nacional de Emergencias, sin que se le aplicara el mismo trato prohibitivo que la accionante, pero increpó, esta denuncia nunca fue atendida.  En razón de lo anterior, solicitó se declare, la falta de resolución del documento de Finiquito de Relaciones Societarias de estudio, constituye una conducta omisiva de la Administración, porque el oficio no. AASF-SSF-0130-2013 del 10 de mayo de 2013, no resolvió el asunto sometido a consideración, ni son atendibles las razones por las cuales omite pronunciarse sobre lo solicitado.  También refirió, al haberse negado a pronunciarse, privó a los firmantes del documento, de conocer sobre sus bondades o defectos; y sobre el grado de eficacia de las estipulaciones ahí contempladas, así como los mecanismos para hacerlo efectivo, sobre todo en lo referente al pago de las sumas adeudadas.  Señaló, con la omisión indicada, la accionada ha imposibilitado a la compañía actora, hacer efectivo su retiro del grupo de interés económico al que ha sido ligada, imposibilitándola de obtener un documento de la Caja, donde se le certifique como empresa no morosa, ocasionándole con ello daños y perjuicios que deberá resarcir.  En concreto, reclamó las utilidades que esperaba obtener con la adjudicación de dos licitaciones públicas promovidas por el Banco Nacional de Costa Rica, cuya adjudicación no se produjo sólo por la situación de morosidad exhibida por ARAICA S.A., como resultado de la conducta impugnada, las cuales estima en ¢10.000.000; y por concepto de daños, por avalúos no asignados, solicitó la cantidad de ¢10.000.000, así como la suma de ¢3.500.000 por avalúos realizados y entregados a la CCSS, los que no le ha sido posible facturar, pues no se les permite dada la morosidad.  Además inquirió los intereses de las cantidades anteriores, desde que los daños se empezaron a producir y hasta su efectivo pago.  Pidió también, se declare, la accionada está obligada a pronunciarse sobre el fondo de la gestión; y ordenar una revisión sobre las actividades constructivas de DESARROLLOS EVJ S.A., conforme a la denuncia interpuesta por el consorcio ARAICA-MAVACON.  Finalmente solicitó imponer las costas al ente accionado.  La CCSS contestó de forma negativa.  Interpuso las excepciones de litis consorcio pasivo necesario y falta de derecho.  El Tribunal, en resolución interlocutoria no. 2069-2014 de las 14 horas 55 minutos del 25 de agosto de 2014, rechazó la defensa de litis consorcio pasivo necesario; pronunciamiento que fue apelado.  El Tribunal de alzada, en resolución no. 574-2014, del 24 de noviembre de 2014, confirmó lo apelado.  En la Audiencia Preliminar, la parte actora suprimió la pretensión segunda; y respecto de la quinta, indicó que corresponde a un daño moral objetivo.  El Tribunal en sentencia, declaró falta de legitimación activa de la actora, respecto de la parte final de la pretensión sexta.  En lo restante, acogió la defensa de falta de derecho.  Declaró sin lugar la demanda en todos sus extremos; y condenó a la accionante al pago de ambas costas.

En el recurso de casación, el apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía ARAICA S.A. incoa tres agravios por razones sustantivas.  En el primer motivo, alega errónea valoración de la prueba aportada a los autos.  Explica, su representada acudió a la vía judicial, porque la CCSS no se pronunció sobre el finiquito de Relaciones Societarias sometido a su consideración, desde el 12 de abril de 2012, violentándose el numeral 27 de la Carta Magna, el canon 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ordinales 127 y 329 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública –en adelante LGAP-, así como el precepto 32 del Código Procesal Contencioso Administrativo –en lo subsecuente CPCA-.  Defiende la tesis de que la entidad accionada, es la Institución competente para cobrar las cuotas obrero patronales, que los morosos adeuden a los regímenes de seguro social, razón por la cual estima, posee la competencia para desplegar todas las acciones tendentes a recuperar lo adeudado; y la obligación de colaborar y pronunciarse sobre las gestiones administrativas y legales sometidas a su consideración, en procura de que las obligaciones insolutas sean atendidas por quien legalmente resulte ser el responsable de solventarlas conforme a la ley.  Explica, cuando sometió a consideración de la CCSS el documento de FINIQUITO DE RELACIONES SOCIETARIAS, lo hizo con la intención de que ese ente lo analizara y se pronunciara sobre su contenido.  Sin embargo, critica, luego de más de un año de presentada la gestión, se le contestó con el informe de la Dirección de Inspección de la Caja no. 1236-01335, donde de manera firme se determinó el monto de la sumas adeudadas a la Institución por el grupo de interés económico ligado a la firma actora, cuyo contenido no estaba siendo cuestionado en el documento de finiquito mencionado.  Asevera, en el documento de finiquito no se expresó la intención de combatir los resultados del mencionado Informe, tal y como lo ha sostenido la accionada.  Reseña, con vista en los autos, el oficio no. AAFS-SSF-0130-2013, fue emitido por la Institución demandada, como consecuencia de haber sido notificada de un amparo de legalidad, interpuesto por la empresa actora. En ese documento, aduce, el ente accionado elude hacer cualquier comentario sobre el contenido del Finiquito en cuestión, sólo mencionándose su existencia para descalificarlo como intento de socavar la firmeza del Informe de la Inspección, pero no se valoran sus bondades o defectos, como documento liberador de la deuda que se estaba pretendiendo atender con él.  Manifiesta, el fallo cuestionado, considerando VI, el Tribunal acoge el criterio de la Caja, en cuanto a que el Finiquito no tenía condiciones liberatorias; y que la entidad accionada carecía de facultades ni competencia para pronunciarse sobre sus estipulaciones.  Pero afirma el recurrente, la Entidad accionada era la única que legalmente tenía atribuciones legales para analizar el Finiquito y emitir criterio sobre él.  Además dice, la Caja nunca le advirtió que carecía de competencia para pronunciarse sobre el mencionado documento, tampoco le señaló que el Finiquito carecía de efectos legales liberatorios de la deuda.  A su juicio, la CCSS sí tenía facultades suficientes para emitir criterio sobre el documento que le fue presentado para su análisis y resolución.  Indica, la ausencia de una respuesta clara y fundamentada sobre las estipulaciones del Finiquito, le impidió a la empresa actora corregir lo convenido.  Y, por ende, liberarse de la deuda, poniendo fin a los daños y perjuicios causados, como la imposibilidad de participar en contrataciones del Sector Público, conseguir la adjudicación de concursos públicos en los que estaba participando; y lograr que la Institución demandada le cancelara facturas pendientes de pago por servicios de valoración profesional de bienes.  Asimismo, la asignación de nuevos casos de valuación en virtud de un contrato de servicios profesionales suscrito con la Caja, cuyos efectos estaban suspendidos; consecuencia de esa morosidad.  En el segundo embate, alega haberse tenido por demostrados unos hechos, e indemostrados otros, en contravención con las pruebas aportadas al proceso.  Aduce, en la sentencia combatida se tiene por probada la presentación del documento del Finiquito en cuestión a la entidad accionada el 12 de abril de 2012.  Sin embargo, en los hechos tenidos por indemostrados refiere, no incluye alguno donde se indique, que la gestión haya sido atendida, no obstante, tuvo por no probado que la CCSS tuviera competencia u obligación de pronunciarse sobre el escrito, ni la relación causal entre la conducta administrativa impugnada y los daños y perjuicios reclamados, como tampoco la legitimación activa y pasiva de la actora para solicitar pronunciamiento sobre la denuncia planteada contra la firma DESARROLLOS E.V.J. S.A. (pretensión no. 6 de la demanda), la cual el Tribunal tiene como no atendida por la accionada, en el hecho tenido por demostrado no.

Alude a que el Tribunal cometió un error, al no tener por demostrado que la Administración se negó a pronunciarse sobre el fondo del documento de cita, lo cual trata de justificar con tener por indemostrado que la Entidad hubiese tenido competencia y obligación legal para emitir criterio sobre ese escrito.  Lo cual, a su juicio, resulta antijurídico porque conforme a las disposiciones no. 22, 23 y 24 de la Ley Constitutiva de la CCSS, sí tiene la obligación y las facultades para emitir criterio sobre el Finiquito de cita.  Por otra parte, también considera violentado el mandato 704 del Código Civil, respecto al nexo de causalidad entre daños y perjuicios reclamados y la conducta administrativa combatida, el cual considera el Tribunal como no acreditado.  Según criterio del casacionista, es claro y evidente, si la actora no obtenía respuesta, no tenía otra forma de obligar a los suscriptores del compromiso a corregir, enmendar o fortalecer, las estipulaciones del documento; y no tenía la opción de salirse de la morosidad solidaria en la cual se le tenía ubicada; sin poder participar en concursos públicos, no podía exigir a la Caja la cancelación de facturas pendientes de pago.  Tampoco podía exigir a ese mismo ente la asignación de avalúos de bienes conforme al contrato suscrito entre las partes, porque sus efectos estaban suspendidos por esa morosidad.  Finalmente, no podía resultar adjudicataria de un concurso público, promovido por el Banco Nacional de Costa Rica, donde participaba en consorcio con otra empresa.  Manifiesta, el fallo cuestionado también establece falta de legitimación de la accionante, para gestionar pronunciamiento de la Caja, sobre una denuncia escrita, presentada para que investigara una morosidad en las cuotas obrero patronales originada por trabajos constructivos de la firma DESARROLLOS E.V.J. S.A.  Sin reparar en que esa empresa es una de las firmantes del documento de finiquito, porque por razones de solidaridad dentro del grupo de interés económico al que pertenecía, se le debía aplicar el mismo grado de morosidad atribuido a ARAICA S.A., conforme al canon 51 de la Ley Constitutiva de la CCSS.  Por lo anterior, estima, la actora no requería legitimación especial, porque estaba siendo objeto de un trato desigual, discriminatorio e inconstitucional, conforme al numeral 33 de la Carta Magna.  Dice, lo precedente no fue apreciado de esa manera por el Tribunal.  En el tercer quebranto, comenta, el fallo cuestionado no eximió a la actora del pago de costas, porque no encontró razones para justificar la exoneración, acorde al mandato 193 del CPCA.  Concibe, se le debió exonerar del pago de costas, porque conforme a la disposición 32 del CPCA, numeral 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, canon 27 de la Constitución Política, preceptos 127 y 329 de la LGAP, la empresa actora tuvo que accionar la vía judicial ante la negativa de la Caja a emitir criterio sobre la petición de estudio.  De tal modo, argumenta, no asistió a la vía judicial de manera antojadiza e injustificada, pues se vio en la obligación de hacerlo, dada la omisión administrativa.

Según dispuso la Sala Constitucional, variando su propia jurisprudencia en lo atinente a su esfera competencial, cierto tipo de asuntos (así por ejemplo, la resolución de reclamos administrativos dentro de los plazos establecidos por ley, incluyendo la fase recursiva), no deben ser cubiertos por el amparo constitucional común, sino que, por tratarse de aspectos de estricta legalidad, han de ser conocidos en la jurisdicción contencioso administrativa, en atención a los principios de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Al respecto estimó: “En cuanto a este aspecto debe tenerse presente que, con anterioridad a la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, este Tribunal había utilizado criterios amplios de admisibilidad para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución, verbigracia, la inobservancia de los plazos legales o reglamentarios para resolver las gestiones y reclamos planteados a conocimiento de la Administración. No obstante, ante la promulgación de la normativa indicada, los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación. (Consúltese sentencia no. 16837-2008 de las 12 horas 54 minutos del 7 de noviembre de 2008). Posteriormente, puntualizó lo siguiente: “NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CELERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. Finalmente, sobre el agravio que expresa el amparado, en relación con el atraso que ha sufrido el trámite de su gestión, debe tener en cuenta que la Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso- administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.(…) Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no con los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso- administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para el recurrente. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle al gestionante que si a bien lo tiene puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.” (Resolución no. 18553 de las 14 horas 33 minutos del 17 de diciembre de 2008).

De lo anterior se colige que, por construcción jurisprudencial (de rango constitucional), se transfirió a la jurisdicción ordinaria (en este caso a la contencioso administrativa), el conocimiento de una serie de asuntos donde el aspecto de fondo no atenta, al menos en forma directa, contra un derecho o principio constitucional, pues se mantiene en el estricto marco de la legalidad común. Sin embargo, por la particularidad de dicha infracción y dada la relevancia otorgada, se asigna a los tribunales de lo contencioso administrativo desde la óptica de un proceso célere y ajustado a la propia Ley de Jurisdicción Constitucional. De allí la denominación coloquial que a este particular proceso se le ha otorgado: “Amparo de Legalidad”. De más está decir, que esta atribución competencial, no puede ser rehuida por la circunstancia que no exista previsión legal al respecto, o procedimiento especial para ejercerla; es a la luz del principio de plenitud hermética del ordenamiento jurídico que debe en todo caso ser ejercida. Por este motivo, en su momento se optó por adecuar el amparo de legalidad a las figuras contenidas en el CPCA, y al estimarse el más célere, se acudió al denominado “Proceso de Trámite Preferente” contenido en el artículo 60 de ese cuerpo normativo. Sin embargo, luego de un nuevo estudio, este Órgano colegiado estimó necesario reconducir el instituto del amparo de legalidad, a efecto de establecer las reglas correctas con las que debe ser tramitado.

En realidad, la figura del “juicio preferente”, no se aviene a la naturaleza de este tipo de procesos, pues sea como fuere, el procedimiento o trámite previsto en el numeral 60 de cita, está incardinado en el modelo de conocimiento (plenario), con requisitos, etapas y recursos incompatibles con la sumariedad e informalismo del amparo de legalidad. En la estructura normativa del CPCA no se encuentra ningún régimen o vía en las condiciones propicias para albergar este tipo de asuntos. Esta laguna del ordenamiento infraconstitucional debe ser colmada mediante las reglas usuales de integración del bloque de legalidad; lo cual obliga, en el caso, a aplicar analógicamente todas las reglas del recurso de amparo que se tramitan ante la Sala Constitucional, es decir, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con sus reglas, plazos y principios. A más de la congruencia que como sistema tiene, es clara la intención de la propia Sala Constitucional de que así fuera, tal y como puede verse con facilidad en el segundo de los votos transcritos -no. 18553 de las 14 horas 33 minutos del 17 de diciembre de 2008-: “Es evidente –dijo- que determinar si la administración pública cumple o no con los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso- administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para el recurrente.” (El destacado no es del original). De esta forma, queda de manifiesto que, éste no estará sujeto a mayores formalidades, como tampoco lo están los amparos que conoce la Sala Constitucional. Importa aclarar sin embargo, que en esa misma integración normativa, podrán aplicarse aquellos preceptos del CPCA, que aceleren, beneficien o permitan concluir de mejor manera el diferendo o la lesión producida, como es el caso de las reglas previstas para la conciliación (artículos 72 y siguientes) o las que se prevén para la subsanación de la inactividad administrativa (ordinales 35 y concordantes del Código de cita).

Corolario de lo anterior, es menester señalar, esta Sala ha mantenido el siguiente criterio: el amparo de legalidad, tramitado y resuelto con base en la normativa y principios de la jurisdicción constitucional, será resuelto por sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo en única y última instancia, lo cual no significa otra cosa que carece de ulterior recurso y, particularmente, el de casación.  En este caso concreto, la empresa accionante manifestó en el escrito de demanda, que interponía un “proceso de conocimiento” contra la CCSS.  Esta Sala observa, en las pretensiones, señaló que la negativa a resolver y analizar el documento de Finiquito ya mencionado constituía una conducta omisiva de la Administración.  Además dijo, la CCSS pudo haber analizado el tema y emitir criterio positivo o negativo sobre el contenido, pero al haberse negado a pronunciarse sobre sus términos y condiciones, privó a los firmantes del documento conocer sobre sus bondades o defectos.  También señaló, al no pronunciarse sobre el Finiquito de cita, la accionada le hizo imposible el retiro del grupo de interés económico, imposibilitándole obtener un documento de la CCSS donde se certifique como empresa no morosa.  Adujo, la situación anterior le trajo daños y perjuicios, los cuales liquidó.  Expresamente también solicitó se declarara, “que la accionada queda obligada, en todo caso, a emitir pronunciamiento por el fondo del documento sometido a su consideración y, además, a ordenar una revisión sobre las actividades constructivas de DESARROLLOS EVJ S.A., conforme la denuncia que fue sometida a su consideración por el CONSORCIO ARAICA-MAVACON.”  Por su parte, en el recurso de casación, esta Sala observa, el recurrente también manifiesta expresamente su disconformidad por la falta de resolución del Finiquito de cita; y de la denuncia planteada por el consorcio ARAICA-MAVACON contra DESARROLLOS EVJ S.A.  Así, entre las normas violentadas menciona el numeral 27 de la Carta Magna, que es precisamente el mandato constitucional donde se regula el derecho de petición y pronta resolución.  Y además, para mayor claridad, del agravio primero se transcribe lo siguiente: “En el presente subjudice, tal y como lo hemos señalado claramente en la demanda, cuando mi representada sometió el 12 de abril del 2012, a la consideración de la Caja, el documento de FINIQUITO DE RELACIONES SOCIETARIAS, tantas veces mencionado, lo hizo con la clara intención –porque así lo señaló en el oficio mediante el cual hizo la presentación del documento- de que la Institución lo analizara y se pronunciara sobre su contenido, aceptándolo o rechazándolo,... [...] De esta manera, pueden los Señores Magistrado advertir que la Entidad accionada se tomómás (sic) de un año para emitir un oficio relacionado con la petición planteada por mi poderdante en el finiquito de marras, pero no lo hizo para referirse a las bondades o defectos del documento, sino que para emitir un pronunciamiento que de manera evidente evitaba referirse a lo convenido para, en su lugar, salirse por la tangente haciendo referencia a los resultados de un informe de la Dirección de Inspección de la Caja, No, 1236-01335-2011-I, mediante el cual y de manera firme se determinó el monto de las sumas adeudadas a la Institución por el grupo de interés económico ligado con la firma actora, cuyo contenido no estaba siendo cuestionado en el documento de finiquito de mérito.”  Por su parte, en el agravio segundo del recurso de casación, dijo, el Tribunal tuvo por demostrada: “...la presentación del documento de finiquito que mi representada sometió a la consideración de la Entidad accionada el 12 de abril del año 2012, pero en los hechos que enlista como indemostrados, no incluye alguno que tenga como no probado que la petición que acompañaba a este documente haya sido oportunamente atendida por la Administración.”  En este mismo motivo, el recurrente reclama: “...también existe violación a lo que estatuye el numeral 704 del Código Civil, en lo que respecta al nexo de causalidad entre los daños y perjuicios reclamados por la actora y la conducta administrativa combatida con la acción, que el Tribunal considera como no acreditada, cundo (sic) es claro y evidente que si mi representada no obtenía el pronunciamiento de la Caja con respecto al finiquito sometido a su consideración, no tenía otra forma de obligar a los suscriptores del compromiso a corregir, enmendar o fortalecer, las estipulaciones del documento, por lo que no tenía opción legal de salirse de la morosidad solidaria en la que la tenía ubicada la accionad (sic).”  Finalmente, también increpó: “El fallo también reclama falta de legitimación de mi poderdante para gestionar pronunciamiento de la Caja sobre una denuncia escrita que se le presentó para que investigara una morosidad en las cuotas obrero patronales originada por trabajados constructivos de la firma DESARROLLOS E.V.J. S.A., sin reparar en el hecho de que esta firma es una de las personas jurídicas firmantes del documento de finiquito y que, por razones de solidaridad dentro del grupo de interés económico al que pertenecía, también se le debía aplicar el mismo grado de morosidad que se había atribuido a ARAICA S.A., conforme al numeral 51 de la Ley Constitutiva de la CCSS.”  Finalmente, en el quebranto tercero del recurso, cuando alega sobre la condenatoria en costas, dice: “...lo procedente era eximir a mi mandante de esa obligación, precisamente porque conforme a los numerales 32 del CPCA, 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 27 de nuestra Constitución Política y 127 y 329 de la Ley General de la Administración Pública, la actora se vio obligada a accionar en la vía judicial ante la negativa de la Caja a pronunciarse sobre la expresa petición que fue sometida a su consideración...”

Para esta Cámara, resulta claro, la empresa actora se encuentra disconforme con la CCSS, porque a su juicio no le ha resuelto por el fondo y en forma definitiva, el documento “FINIQUITO DE RELACIONES SOCIETARIAS”, según el cual, a criterio de ARAICA S.A., la liberaría del grupo de interés económico dentro del cual la ubicó el ente accionado; y por ende, la liberaría también de la deuda con la Caja.  Derivado de lo anterior, la empresa demandante, reclamó los daños y perjuicios que esa omisión le produjo, alegando en casación, la existencia de un nexo de causalidad entre la omisión administrativa y lo reclamado.  Y finalmente, recalcó tener legitimación para denunciar un trato discriminatorio entre el consorcio ARAICA-MAVACON y la empresa DESARROLLOS EVJ S.A.  Las situaciones descritas llevan a este Órgano decisor a estimar, que dada la naturaleza de lo discutido, este proceso es un amparo de legalidad,  pues lo que en realidad se reclama, es la falta de pronunciamiento o resolución por el fondo, de dos gestiones incoadas ante la Caja, sobre las cuales dijo la empresa actora, no haber obtenido respuesta, sea aceptando lo solicitado o rechazándolo -derecho constitucional de petición y pronta resolución consagrado en el ordinal 27 constitucional-.  Por otra parte, también reclama los daños y perjuicios asociados a esa omisión administrativa.  Como ya fue explicado en esta sentencia, este tipo de procesos se tramitarán y resolverán en única instancia, lo que lleva irremediablemente a que carezcan de ulterior impugnación, particularmente del recurso de casación interpuesto por la parte actora.  En mérito de lo dicho, la impugnación incoada resulta improcedente, motivo por el que se impone su rechazo de plano, de conformidad con el canon 140 inciso a) del CPCA.