Resolución 01604-2012

Con base

en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, el apoderado

especial judicial del

actor estableció proceso de conocimiento, a fin de que en sentencia se declare: ”… a) Con lugar en todos sus extremos la

presente acción.  b) Se condene la partes accionadas al pago patrocinado del suscrito por un monto de

reserva indígena de su fundo deben al patrocinado del suscrito un monto de ¢243.262.420

(Doscientos cuarenta y tres millones doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos

veinte colones).  c) Que se condene a los accionados al pago del lucro

cesante dejado de percibir, desde el momento en que se afecto mi finca a

reserva indígena, sea el 22 de marzo del 2001 hasta el efectivo pago de

conformidad con artículo 1163 del código civil. d) Que se condene al pago de

ambas costas procesales, los daños y perjuicios causados por los demandados por

su actuar arbitrario, los cuales liquidaré en ejecución de sentencia.  e)

Que se nombre perito con el fin de determinar los daños y perjuicios sufridos. PRETENSIÓN

MATERIAL SUBSIDIARIA  De no ser acogido lo

anterior solicito en forma subsidiaria se declare lo siguiente: a) Con lugar

en todos sus extremos esta demanda por conducta omisiva de la

administración.  b) Que se le restituya el bien al estado en que se

encontraba, a fin de que el representado del suscrito pueda inscribir el

fundo.  c) Que se condene al pago de los daños y perjuicios causados por

los demandados, por habérseme despojado del patrimonio, los cuales

liquidaré en ejecución de sentencia.  d) Que se nombre perito con el fin

de determinar los daños y perjuicios sufridos.  e) Que

se condene en ambas costas a los accionados.”

2.

El

apoderado del Instituto demandado contestó conforme a su escrito de folios 40

al 48 y opuso las excepciones de falta de derecho y de legitimación activa y

pasiva.

La

representación de la

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas contestó de acuerdo a

su escrito de folios 49 al 51 sin oponer excepciones.

El

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, integrado por los

jueces Alner Palacios García, Ileana Sánchez Navarro y Laura García Carballo;

en sentencia no. 190-2011 de las 13 horas 30 minutos del 13 de octubre de 2011,

resolvió: “En cuanto a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas se declara

la falta de legitimación ad causam pasiva y en consecuencia inadmisible la

demanda, y se dicta sin especial condenatoria en costas. Respecto al Instituto

de Desarrollo Agrario se rechazan las excepciones de falta de legitimación ad

causam activa y pasiva, y parcialmente la de falta de derecho, declarándose

parcialmente con lugar la presente demanda, entendiéndose denegada en

expresamente concedido y en consecuencia se condena al Instituto de Desarrollo

Agrario a indemnizarle al señor A a título de daño material el valor de la

posesión ejercida sobre el inmueble sin inscribir que se encuentra dentro de la Reserva Indígena

Guaymí de Coto Brus, esto así mediante los trámites expropiatorios, los cuales

se deben de concluir en el término de tres meses que corren a partir de la

firmeza de la presente sentencia. Son ambas costas a cargo del Instituto de

Desarrollo Agrario.”

5.

El representante del Instituto formula recurso de

casación indicando expresamente las razones en que se apoya para refutar la

tesis del Tribunal.

6.

En los procedimientos ante esta Sala se han

observado las prescripciones de ley.

Redacta el magistrado Solís Zelaya

I.

A

incoó proceso de conocimiento contra el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y

la Comisión Nacional

de Asuntos Indígenas (CONAI), recriminándoles, en lo medular, omisión de

expropiarle un inmueble de su propiedad, ubicado en

una reserva indígena. Solicitó, en lo medular, la

indemnización correspondiente. El IDA se opuso e

invocó la falta de derecho y de legitimación en ambas modalidades. El CONAI también se opuso, sin alegar, en concreto, ninguna

excepción. El Tribunal, al resolver el fondo de la controversia, dispuso

la falta de legitimación ad causam pasiva del CONAI,

rechazó la demanda entablada en su contra, y resolvió sin especial condena en

costas. En cuanto al IDA, denegó la falta de legitimación y acogió parcialmente

la de derecho, declaró parcialmente con lugar la demanda y condenó al demandado

a indemnizar al actor el valor de la posesión ejercida sobre el inmueble que se

encuentra dentro de la

Reserva Indígena Guaymí de Coto Brus, mediante los trámites

expropiatorios, que deben concluirse en el término de tres meses. Finalmente le

impuso ambas costas del

litigio.

II.

Disconforme con lo decidido, el IDA acudió a la Sala, invocando motivos

procesales y de fondo. Si bien la técnica del recurso obliga al análisis separado

de ese tipo de censuras, por las particularidades del litigio, es necesario

examinarlos en conjunto pues, según se verá, para desentrañar algunos aspectos

formulados en el acápite de defectos procesales, es indispensable echar mano de

los argumentos de fondo, que también son combatidos por el recurrente, de modo

que se procederá a su síntesis separada, pero su examen se realizará en forma

conjunta.

Recurso por motivos procesales

III.

Invoca dos agravios.

Acusa

deficiente integración de la litis, quebrantando el artículo 137 del Código

Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), al no traer al proceso a la Contraloría General

de la República,

quien tendría que autorizarle los recursos para indemnizar al actor, pues

cualquier modificación presupuestaria requiere de su aprobación. Tampoco se incorporó, objeta, al Estado. Desde la

contestación de la demanda ha sostenido, asevera, que el deber de indemnizar le

corresponde al Estado, en tanto la incorporación de su finca a la Reserva Indígena

no fue dispuesta por gestión del IDA, sino que así se definió

en el Decreto Ejecutivo no. 29449. Esto encuentra apoyo también, refiere, en el

artículo 5 párrafo tercero de la Ley Indígena, conforme al cual los recursos para

expropiar debían provenir del gobierno central. Menciona que en el expediente

10-275-1028-CA, el Tribunal Contencioso emitió sentencia condenándole, junto

con el CONAI, a realizar una serie de expropiaciones de terrenos ubicados en

reserva indígena. Al efecto se dispuso, comenta, que debía preparar lo

necesario para incluirlo en el presupuesto, que debería ser remitido a la Procuraduría General

de la República,

quien a su vez habría de formular las gestiones para que se incluyera en el

presupuesto nacional. Este pronunciamiento fue recurrido,

señala, pues no se indica de dónde se tomarían los recursos para cubrir las

expropiaciones.

Endilga

inadecuada motivación del rechazo de la demanda respecto

del CONAI. En los hechos probados, narra, se tiene por demostrado que ni el IDA ni el CONAI realizaron los trámites expropiatorios

de la finca del

actor, pero sin motivación alguna se excluyó la responsabilidad del CONAI, para

concluir que el único responsable es el IDA.

Recurso por motivos de fondo

IV.

Reclama una de disconformidad. Menciona

interpretado y aplicado en forma indebida el artículo 5 de la Ley Indígena. Su

primer párrafo establece quién debe realizar los estudios y trámites de

expropiación, refiere, pero indica quién pondrá los recursos para indemnizar.

Además, explica, se fijó la responsabilidad conjunta del IDA y el CONAI

en tales tareas, no obstante el Tribunal relevó de responsabilidad a esa

última. El tercer párrafo de esa regla, afirma, señala que los fondos para

expropiar deberán provenir del gobierno central. Reitera la

existencia de un fallo en el proceso no. 10-275-1028-CA. Si el recurso de

casación no fuere acogido, asegura, quedaría imposibilitado de cumplir con la

sentencia, pues su ley de creación le impide utilizar sus recursos para

“asuntos ajenos”, por lo que la sentencia es contraria a la legalidad, además

de desproporcionada, e irracional. Conforme al numeral 4 del Decreto Ejecutivo

no. 29956 que modificó la

Reserva Indígena Bri Bri de Keköldi, comenta, el Poder

Ejecutivo deberá gestionar ante la Asamblea Legislativa

un presupuesto extraordinario para indemnizar a los propietarios no indígenas

incluidos en la reserva. De su artículo 5 también se colige, asevera, que las

indemnizaciones debían ser pagadas con recursos del gobierno

central. Se quebranta el precepto 33 de la Ley 6734 de creación del IDA, alega, conforme al

cual los recursos de su patrimonio deben destinarse al cumplimiento de sus

fines, y la indemnización que se le impuso es un “asunto ajeno”. El fallo

estaría obligando a la

Junta Directiva a contrariar lo dispuesto en el artículo 18

inciso c) ibídem, critica, conforme al cual debe velar por el cumplimiento de

su ley de creación, así como el numeral 3 de ese mismo cuerpo legal, según el

que el IDA no puede realizar funciones que no estén tipificadas a nivel legal,

pues no sólo le ordena indemnizar, sino también realizar otros estudios que no

le corresponden. El CONAI, asegura, debería asumir su rol protagónico en la

solución de la “problemática indígena”, que no está dentro ninguna de las

funciones del

IDA. De cumplir con el fallo, estima, se obligaría a sus jerarcas a incurrir en

la responsabilidad prevista en el numeral 110 inciso e) de la Ley de la Administración Financiera

de la República

y Presupuestos Públicos. En el proceso supra mencionado, acota, se impusieron

ambas costas tanto al IDA como al CONAI.

V.

De previo a resolver los alegatos que formula el recurrente, conviene, por

razones de orden, incluir un breve recuento de los hechos que fueron tenidos

por acreditados en la instancia precedente, en torno a los cuales no existe

disconformidad, pues sus agravios por el fondo son de naturaleza directa, e

incluso toma como presupuesto de sus argumentos, elementos del cuadro fáctico,

sin mostrar reparo en torno a él. Así, el Tribunal tuvo por acreditado, en lo

que resulta de relevancia, que el 17 de agosto de 1992, mediante contrato

privado de compraventa, el aquí actor adquirió una finca sin inscribir, de

características y dimensiones ignoradas, situada en “Angusiana de kilómetro

37 de Golfito”, de la cual ha ejercido la posesión consistente en la

conservación de los recursos naturales y realización de carriles, sin que haya

realizado explotación agrícola o construcción alguna. Ese

terreno se encuentra dentro de la Reserva Indígena Guaymí de Coto Brus, creada el

22 de marzo de 2001. Desde el momento de la declaratoria, al

actor se le impidió construir, talar árboles, o plantar cultivos para su

provecho. Finalmente se tuvo por acreditado que ni

el IDA ni el CONAI han realizado los trámites de expropiación sobre el derecho

de posesión del

actor.

VI.

Ahora

bien, en torno al litisconsorcio del Estado, alegato que formuló en la etapa de

juicio, el Tribunal le señaló, con base en el artículo 5 de la Ley Indígena, que el

IDA, en coordinación con el CONAI, debían reubicar a las personas no indígenas

propietarias o poseedoras de buena fe dentro del territorio de las reservas

indígenas, y de no ser posible, o no aceptarlo, expropiarlas e indemnizarlas.

Luego añadió: “En este sentido, la representación del IDA en el juicio oral manifestó que la

responsabilidad es del Estado a partir del Decreto Ejecutivo que amplió la

reserva indígena, no obstante, el mandato legislativo orienta la

responsabilidad hacia ellos, por lo que el alegato no tiene abrigo.”. El argumento, aunque ayuno de una serie de razones adicionales

indispensables para su adecuada comprensión, es acertado por las razones que de

seguido se expondrán –omitidas por el Tribunal-. La Ley no. 2825 del 8 de

diciembre de 1962 creó el Instituto de Tierras y Colonización. Mediante la Ley no.6735 del

29 de marzo de 1982, ese Instituto se transformó en el Instituto de Desarrollo

Agrario, que en su artículo 1 se definió como

una “institución autónoma de derecho público, con personalidad jurídica,

patrimonio propio e independencia administrativa.”. Esta última, a su vez, sufrió una

reciente reforma, pues la Ley

no. 9036 del 29 de mayo de 2012, transformó el IDA en el Instituto de

Desarrollo Rural (INDER), pero su artículo 14, mantuvo literalmente la norma

transcrita anteriormente, esto es, constituye una institución autónoma, de

derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia

administrativa. Como institución autónoma que es, dado que conforme al artículo

5 supra citado, le corresponde la expropiación de los terrenos ubicados en

reservas indígenas, bajo la posesión o propiedad de personas no indígenas, es

claro que no existe necesidad de involucrar en el litigio al Estado, pues el ejercicio

de la competencia cuya omisión reclamó el actor (que no ha sido expropiado),

corresponde al INDER en coordinación con el CONAI, no así al Estado. El que la

incorporación de los territorios a la reserva fuera dispuesto por vía decreto,

no merma lo dicho hasta acá, pues corresponde al INDER, en coordinación con el

CONAI, asumir las competencias dotadas por ley para la tutela de tales terrenos

orientados a la protección de la población indígena. Así las cosas, no se

constata el defecto en la integración de la litis que refiere respecto del Estado. Por otra parte, la referencia que incluye en

torno al pronunciamiento emitido en otro proceso, del que, en apariencia, pretende derivar la

incorrección del

fallo examinado en esta oportunidad, es desafortunada, pues no se trata de

procesos similares, de modo que la comparación es improcedente. Ese expediente obra en este mismo asiento jurisdiccional, y

si bien se tuvo ad effectum videndi, el trámite obligado de dar audiencia a la

contraparte se torna innecesario por lo que de seguido se dirá. Revisados esos

autos, se constata que ese proceso se ventila entre la Asociación de

Desarrollo Integral de la

Reserva Indígena Bri Bri de Keköldi contra el Estado, el IDA

y el CONAI. En tal litigio, la parte actora pretende, en

lo medular, el resguardo del

territorio de esa reserva, requiriendo la expropiación y el desalojo, según

corresponde, de los propietarios u ocupantes no indígenas. Esto evidencia,

entonces, que no versa respecto de una solicitud de un

particular de ser expropiado, por un terreno ubicado en la reserva Guaymí de

Coto Brus, que es lo que se debate aquí, de modo que no resulta de utilidad

establecer ningún parangón entre aquél proceso y éste. Luego,

por las razones señaladas, el litisconsorcio alegado no se constata y tampoco

era necesario dar audiencia a la contraparte para que se refiriese al punto.

El reparo expresado en igual sentido respecto de la Contraloría General

de la República,

por las particularidades del litigio, será abordado más

adelante.

VII.

En torno a la falta de motivación respecto del rechazo de responsabilidad del

CONAI, no lleva razón el recurrente, toda vez que el Tribunal expresó (motivó)

las razones por las que, a su juicio, no correspondía imponer responsabilidad a

esa Comisión. Así, indicó que “(…) al tenor del ordinal cinco de la Ley Indígena (…) se

le impone a cargo exclusivo y único del

Instituto de Desarrollo Agrario, el de expropiar e indemnizar a los poseedores

de buena fe dentro de las reservas indígenas. Obligación legal que deberá

ejecutar en coordinación con la

Comisión nacional de Asuntos Indígenas, realizando para ello

los estudios y trámites de expropiación e indemnización.  (…) dirige

equivocadamente su acción en contra de tal entidad, a la cual

no le compete tal pago, sino únicamente la de coordinar y colaborar con

el IDA para que se efectúen los trámites expropiatorios. Así las cosas, hay una

clara falta de legitimación pasiva del CONAI (…) al no

ser responsable de las conductas reprochadas y requeridas en las pretensiones

de la presente demanda (…)”.  Luego, de lo

transcrito se colige que el Tribunal sí indicó las razones por las que en su

criterio, la demanda acogida no implicaba responsabilidad para el CONAI, de

modo que la ausencia de motivación que alega el recurrente, no es constatada en

la sentencia. Si no compartía la corrección jurídica de esos argumentos,

así debió haberlo advertido a través del reparo correspondiente, pero en sus

alegatos por el fondo se limitó a referir, sin alegar quebranto legal alguno,

que si bien se definió la responsabilidad conjunta del IDA y el CONAI en los

estudios expropiatorios, esta última había sido relevada de responsabilidad.

Tal argumento no pasa de ser una crítica sin el sustento jurídico que exige el

artículo 139 inciso 3) del CPCA, de modo que no

habilita el examen sustancial del

punto. Con todo, no constatándose la falta de motivación que le endilgó al

fallo, su censura debe desestimarse.

VIII.

En su reparo de naturaleza directa, refiere, en primer término, que no le

corresponde realizar el desembolso ordenado por concepto de la expropiación. Al respecto es indispensable analizar lo señalado por el artículo 5

de la Ley 6172

(Ley Indígena), que ha sido mencionado. El precepto dispone: “En el

caso de personas no indígenas que sean propietarias o

poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá

reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere

posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas

e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones. /

Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el

ITCO en coordinación con la

CONAI. Si posteriormente hubiere invasión de personas no

indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán

proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna. / Las expropiaciones

e indemnizaciones serán financiadas con el aporte de cien millones de colones

en efectivo, que se consignarán mediante cuatro cuotas anuales de veinticinco

millones de colones cada una, comenzando la primera en el año de 1979; dichas

cuotas serán incluidas en los presupuestos generales de la República de los años

1979, 1980, 1981 y 1982. El fondo será administrado por la CONAI, bajo la supervisión

de la Contraloría

General de la

República.” (El destacado es

suplido).  Así las cosas, para la Sala es diáfano que

corresponden al INDER, en lo que resulta de interés para este

caso, las siguientes funciones: 1) reubicar a propietarios o poseedores de

buena fe fuera de las reservas indígenas y; 2) expropiarlas e indemnizarlas si

la reubicación no fuera posible. La particular forma que se ideó para la

dotación financiera del fondo y su administración, no

demerita que a la luz de la norma es claro que corresponde al Instituto

demandado, en coordinación con el CONAI, realizar los trámites expropiatorios.

Luego, su preocupación en torno a que de cumplirse con el fallo, la Institución, o su

Junta Directiva, contravengan las normas que definen sus finalidades, resultan

infundadas, toda vez el pronunciamiento jurisdiccional presupone la omisión del

cumplimiento de una función que le fue asignada por una ley especial, de modo

que el análisis sobre su marco competencial no puede entenderse constreñido a

su ley de creación, si otras reglas de igual rango le confieren tareas

adicionales, lo que en todo caso no resulta irrazonable o improbable, tomando

en cuenta la antigüedad de creación de la Institución, y la

comprensión y atención de nuevas necesidades sociales que deben ser solventadas

por el Estado, a través de su complejo entramado. Así, no se

observa el quebranto referido en la sentencia atacada, de modo que su

disconformidad por razones de fondo, también debe ser denegada.

Finalmente, respecto al

alegado litisconsorcio de la Contraloría General de la República debe apuntarse

que si bien la Sala

ha mantenido el criterio de que la figura corresponde a un presupuesto

revisable de oficio, en cualquier etapa del proceso, el recurrente debe tomar

en cuenta que, a fin de proceder a la adecuada integración del litigio, en caso

de detectarse por el demandado, atendiendo al principio de economía procesal,

idealmente debe ser enunciado al contestar la demanda (artículo 66 inciso f)

del CPCA). En el sub-lite, el IDA, al responder a las pretensiones del actor, no alegó el

litisconsorcio pasivo necesario, ni lo reclamó en la audiencia preliminar

(conforme al acta respectiva, el personero del IDA no se presentó a esa diligencia). En

todo caso, conforme a las razones que se han expresado, es claro que la

intervención del órgano contralor no es indispensable para la validez del

litigio, ni la eficacia del fallo, en tanto corresponde al IDA asumir las

obligaciones que en su oportunidad omitió, para lo cual deberá atender los

demás deberes que le vienen impuestos, a nivel de control presupuestario, ante

los órganos competentes, aspecto que no incide, obstaculiza o impide el

cumplimiento de la conducta ordenada en este proceso. Luego, no

se constata el litisconsorcio pasivo alegado respecto de la Contraloría General

de la República,

por lo que el reparo debe rechazarse.

En síntesis, se rechaza

el recurso de casación promovido por el IDA –actual INDER-, quien deberá

sufragar sus propias costas, en los términos del artículo 150 inciso 3) del

CPCA.