Resolución 00266-2018

Por resolución de las

catorce horas veintiséis minutos del veintinueve de junio del año dos mil

quince, se otorgó el plazo de tres días a la deudora para que pagara la suma de

sesenta y siete millones trescientos veinte mil sesenta y dos colones con

treinta y cinco céntimos. En escrito que corre a folios 87 a 99 el representante de la

deudora formula revocatoria con apelación de la resolución supra citada

alegando haber suscrito un contrato de línea de crédito con la acreedora por la

suma de $250000 moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, donde

el crédito singular se formalizaría mediante la factura de servicios prestados,

y se emitió además como garantía colateral, la letra de cambio de fecha 21 de

agosto del año 2013. El a quo denegó dichos recursos e indicó que los

razonamientos jurídicos expuestos en el escrito serían analizados al dictar

sentencia. Previo a ello admitió la declaración de la parte actora y previno

que ésta aportara los documentos demostrativos de cada una de las operaciones

desglosadas en la demanda (ver folios 100 y 101). En el fallo que ahora se

recurre el juzgador consideró que la letra de cambio base de la quiebra, no

comprende una obligación líquida y exigible a cargo de la sociedad librada, y

como son requisitos indispensables del presupuesto objetivo de la quiebra, la

denegó. Esta decisión es la correcta y por ello los argumentos del apelante se

rechazarán. No lleva razón éste en que, es de especial importancia la cesación

de pagos como uno de los requisitos para la declaratoria de la ejecución

colectiva, y que pareciera quisiera sea el único. Pues de conformidad con lo

que prescribe el numeral 851 del Código de Comercio, ese es uno de los

requisitos, pues esta norma debe relacionarse con el numeral 852 ídem, que

preceptúa el derecho de un acreedor a pedir la quiebra de su deudor, cuando

demuestre su calidad de tal presentando el título respectivo y compruebe que la

obligación es líquida y exigible así como que el deudor es comerciante. Se

trata de requisitos dispuestos por ley, y por ende no es posible que el juez

gradúe o atenúe su cumplimiento, pues está sujeto al principio de legalidad. Es

claro que en el presente caso la deuda cuya cesación de pagos reclama la

empresa actora no es líquida. En la demanda se describe una serie de

operaciones que dice el representante de A&E Freight Logistics S.A., le

adeuda Greatwall Autos S.A., aporta copia de un contrato de línea de crédito por

$250.000 y una letra de cambio por este monto que se libró como garantía

colateral de dicho contrato. Debe tenerse presente que, la línea de crédito es

un contrato con una limitación de suma, donde se van entregando cantidades en

cualquier tiempo y para diversos fines (Artículo 414 del Código Civil). En el

caso que nos ocupa, las operaciones puestas al cobro corresponden a la línea de

crédito conferida a la demandada en virtud del contrato suscrito el 21 de

agosto del año 2013, para el que se libró la letra de cambio como respaldo de

su cumplimiento. Es decir que éste no es un documento autónomo sino colateral

del citado contrato, y por ende perdió su fuerza ejecutiva (artículo 727 inciso

b del Código de Comercio). La cantidad indicada en la letra de cambio no es la

que corresponde a las sumas liquidadas y por lo que no se está ante una deuda

líquida. En estas condiciones no se sabe a ciencia cierta, cuál es la suma que

realmente debe la demandada. Y por las consecuencias gravosas que implica la

declaratoria de una quiebra, el cumplimiento de los presupuestos objetivos y

subjetivos debe ser claro, puntual e indubitable. No es posible como ha

ocurrido en este proceso, que la demostración de los mismos abra la posibilidad

a una discusión como si se tratara de un proceso declarativo. Ya esta sección

del

tribunal ha abordado en otras oportunidades el tema de la naturaleza

jurídica del

proceso de quiebra, y al respecto se ha dispuesto: “V. La quiebra, en nuestro sistema

jurídico, es una ejecución colectiva de la persona comerciante, cuando ha caído

en una cesación de pago, conforme a las causales contempladas por el artículo

853 del Código de Comercio. Como remedios para mitigar las consecuencias

negativas de naturaleza personal, económica y social que una liquidación

patrimonial acarrea, se han creado otros mecanismos menos severos para afrontar

las crisis patrimoniales de los deudores, tales como el convenio preventivo y

la administración y reorganización con intervención judicial. Sin embargo, ello

no obsta para que un acreedor pueda pedir directamente la apertura de este

concurso liquidatorio. No obstante, no se trata de un proceso declarativo

pleno, como lo son el ordinario o el abreviado regulados por el Código Procesal

Civil, motivo por el cual dentro de este tipo de ejecución no cabe un

contradictorio irrestricto para verificar las posibles relaciones comerciales o

de otro tipo que puedan existir entre las partes, ni tampoco para establecer la

existencia de obligaciones líquidas o dinerarias concretas, si no constan

claramente en un documento suscrito por el propio deudor o bien por otro de

naturaleza ejecutiva. Por este motivo, la solicitud de quiebra de un acreedor

debe ser acompañada por un documento donde conste una obligación dineraria, el

cual, conforme a los artículos 852 y 860 del Código de Comercio, puede ser

ejecutivo o bien uno privado que no tenga tal característica, siempre y cuando

a criterio del juez la firma del obligado sea auténtica. De igual manera, quien

pretenda legalizar un crédito ante la quiebra, debe presentar el documento en

el cual conste la obligación (artículo 889 ibídem). De ello se desprende que no

procede convertir el proceso de quiebra en uno ordinario o abreviado, donde se

llegue a debatir ampliamente con la finalidad de establecer en sede judicial

obligaciones dinerarias que no se desprendan diáfanamente de un título

ejecutivo o documento privado auténtico. En otras palabras, la obligación

líquida -que bien podría no ser exigible en los casos previstos por la última

frase del artículo 852 del citado Código- sí debe constar en un título que se

baste a sí mismo para acreditarla. Ello obedece a una decisión de política

legislativa que va acorde con la necesidad de contar con títulos dinerarios

idóneos para iniciar ejecuciones, como, por ejemplo, las monitorias, las

hipotecarias o las prendarias. Si no existe un documento o título del cual se

desprenda sin lugar a duda una obligación líquida y, salvo casos de excepción,

exigible, no cabe la apertura de la quiebra y cualquier discusión sobre la

constitución y eventuales alcances de obligaciones mercantiles debe ventilarse

en la vía declarativa.

Con base en lo indicado en el considerando precedente,

resulta evidente que los agravios esbozados por el apelante son improcedentes,

pues pretende desvirtuar la naturaleza propia de un proceso de quiebra, ante la

ausencia de un documento inicial que se baste a sí mismo para acreditar una

deuda líquida a cargo de la accionada. El documento presentado como título para

pedir la quiebra de Solutions Network, Sociedad Anónima; es la certificación de

una escritura pública, motivo por el cual no hay duda de su suscripción por

parte del representante de esa sociedad. Sin embargo, compartiendo el criterio

sostenido por el señor juez de primera instancia, de éste no se desprende de

manera clara y precisa, una obligación dineraria concreta. Dicho título, como

se verá, no se basta a sí mismo para establecer de manera transparente,

perfectamente determinada e indubitable, la existencia de lo supuestamente debido.

Tanto es así, que los esfuerzos probatorios que se intentan incluso en alzada,

lo que pretenden es acreditar situaciones fácticas que no dimanan de esa

escritura y con ellos se busca demostrar, cual si se tratara de un proceso

ordinario, la obligación que no surgió de manera autónoma del documento

aportado. En éste, se señala que las partes van a efectuar una declaración “…bajo

la condición suspensiva, que elevan a rango de necesaria y esencial, para su

validez y eficacia, de que la empresa ... emita un

documento auténtico por el cual homologue el contenido de esta escritura en

forma integral, notificando a ... en un plazo de treinta días hábiles…”. Contrario

a lo sostenido por el apelante, se desprende claramente que el documento

presentado, al estar sujeto a condición, no se basta en sí mismo para tener

como válida y eficaz las eventuales obligaciones dinerarias que pudiera tener. Quedó

todo su contenido sujeto a un hecho futuro e incierto, la aceptación u

homologación del contenido integral de lo estipulado por parte de la aquí

accionante, lo cual, incluso, debía ser notificado en un plazo específico, sea,

treinta días hábiles. La verificación del eventual cumplimiento o no de la

condición es, por ello, un aspecto fáctico que no es susceptible de debate en

un proceso diseñado para dar inicio a una ejecución colectiva, con base en un

título dinerario líquido. Todo lo que se estipuló, quedó sujeto a dicha

condición, en particular, el llamado RECONOCIMIENTO DE DEUDA, incluido

en el punto II., su ORIGEN indicado en el punto III, el COMPROMISO DE

PAGO del acápite IV., así como otros aspectos que pudieran eventualmente

incidir en la verificación, aceptación y eficacia de posibles deudas de la

accionada, tales como la eventual DACION EN PAGO (numeral V) de algunos

equipos no vendidos cuyo valor sería eventualmente deducido de la deuda (lo

cual conllevaría entonces a una liquidación para establecer los montos finales

de una posible obligación), la CESION DE DERECHOS FUTUROS (punto VI.)

respecto de los pagos o créditos que SOLNET tuviere a su favor por ventas a

entidades del Estado (que también implicaría liquidaciones para determinar el

supuesto saldo final adeudado). La inexistencia de una obligación líquida

claramente determinada, se desprende incluso del parágrafo VIII., denominado INCUMPLIMIENTOS,

pues de haberse verificado la condición suspensiva, se establece que solo en

caso de incumplimientos de ... de las obligaciones contenidas en dicha

escritura, se entenderá que la deuda (que en todo caso debería previamente

liquidarse) se tendría como exigible, pudiéndose ejecutar en vía judicial de

manera inmediata, generando intereses a una tasa mensual de un 1% sobre el

saldo insoluto. Sin embargo, se añade: “En aras de poner en aviso a ... sobre los incumplimientos que haya incurrido, ...

enviará una comunicación a tal efecto, sin que esto en forma alguna afecte los

derechos que tenga ... con motivo de dicho incumplimiento. ”. En

conclusión, el texto del documento presentado no es idóneo para dar inicio a un

proceso de quiebra, pues no cumple con la naturaleza de los documentos que

conforme a los artículos 852 y 860 del Código de Comercio dan legitimación al

acreedor para solicitarla. Si se hubiera analizado adecuadamente el documento

presentado, lo procedente hubiera sido rechazar de plano la solicitud. La

actividad procesal seguida a partir de la resolución procesal que ordenó el

requerimiento de pago (folio 17), pone en evidencia la desnaturalización que se

dio a este asunto, el cual prácticamente se trató de convertir en un proceso

declarativo pleno, pues de manera impropia para este tipo de ejecución

colectiva, se inició un debate sobre la existencia o no de la obligación

requerida y el cumplimiento o no de la condición suspensiva estipulada. Tanto

es así, que la accionada buscó echar mano a otro tipo de prueba para que

mediante ella se acreditara la inexistencia de una obligación, como, por

ejemplo, una prueba confesional practicada en un proceso de pruebas anticipadas

(folio 86), una denuncia penal (folio 99) y toda una serie de documentos

certificados por el notario público ..., quien sin

señalar siquiera el número de copias que certificó, simplemente las idenficó

como “… documentación variada de la Empresa ...” (folio 270). Ante

ello, el apoderado especial judicial de la actora también intentó convertir

este proceso en uno de naturaleza declarativa plena, al ofrecer contraprueba

que viniera en auxilio de la escritura con base en la cual fundó su petición de

falencia, tales como documentos privados y comunicaciones electrónicas,

testimonial y confesional (folios 276 a 278). Ello,

empero, es propio de un proceso ordinario más no de uno de quiebra y mal se

hizo en dar cabida a prueba y discusiones ajenas a lo que es propio de la

quiebra. Si el título no se basta a sí mismo, si se presenta condicionado o de

alguna manera hace que eventuales obligaciones contenidas en éste no sean

liquidas, pues requieren de imputaciones, compensaciones y otros aspectos por

liquidar, no es posible acceder a una declaratoria de quiebra. Ello, en este

proceso, hace improcedente la vía escogida por la parte actora, procediendo la

confirmación del rechazo de la quiebra.” (sic). (Ver voto n° 00351 del 31 de octubre del año 2013, de

las cuatro horas con veinticinco minutos). Es claro con base en lo expuesto que

la obligación al cobro no reúne el requisito de liquidez, por ello la

resolución apelada deberá confirmarse.”