Resolución 01491-2017

En el artículo cuarto del acta se informa que la señora [Nombre59] , Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, procedió a leer una nota que había dejado [Nombre1]   por encontrarse en esa fecha fuera del país,  para que la misma fuera leída a la Asamblea Nacional del [Nombre3]. El acta refiere lo siguiente: "...Procedo a leer como ayer les dije, la carta que nos dejara don [Nombre29] .  Dice don [Nombre4]: ...no estaré en Costa Rica del 14 al 29 de mayo del presente año ....  En virtud de que no me será posible estar presente en la Asamblea Nacional del próximo 15 de mayo ..., me veo en la necesidad de plantearles por este medio las razones del porqué creo necesario que nuestro Partido Acción Ciudadana trate de cobrar la totalidad de la deuda política del acuerdo con el Código Electoral... De allí la importancia de hacer esta reforma e inscribirla antes de que presentemos la liquidación de gastos al Tribunal Supremo de Elecciones para el cobro de la contribución estatal en el mes de junio. Por todo lo anterior, respetuosamente le solicito darle su apoyo a la siguiente iniciativa y votarla a favor... si alguno de ustedes desea conocer más de este asunto, me pueden llamar por teléfono o escribirme al correo y trataré de profundizar un poco más mis razonamientos o si lo tienen a bien podemos coordinar una reunión..." (cfr. expediente principal tomo I, fs. 413 a 415).  El interés mostrado por el encartado para que se aprobara la reforma al estatuto antes de la fecha de presentación de la liquidación final de gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, lo que pretendía era que todos esos gastos simulados que iban allí incluidos, fueran al fin reconocidos por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos y abonaran a dar contenido económico a los certificados de la serie A. Los recurrentes intentan desmentir dichas motivaciones aduciendo que don [Nombre4] incluso fungía como tesorero sin recibir una remuneración, sin embargo en el curso de su gestión, este puso de manifiesto que la aprobación de la reforma al estatuto se logró gracias a su iniciativa, destacando sus méritos como salvador de las finanzas del partido, cuando informó: "Deseo resaltar la aprobación por parte de la  Asamblea  Nacional a petición de la Tesorería Nacional, del cobro de la totalidad de deuda política (sic), decisión histórica que sin duda redundará en más recursos económicos para fortalecer nuestro partido, de allí la excelente capacidad económica en que queda al [Nombre3] (sic)  después del cobro de esos dinero (sic), según se muestra más adelante…" (vd. Informe de Tesorería Nacional de fecha 8 de febrero de 2011, fs. 305 a 315). Una reforma de esta naturaleza que proclamaba [Nombre19] como “urgente”, era necesaria  para que su plan delictivo de consignar un valor económico al trabajo gratuito que venían desarrollando los seguidores del partido, diera sus frutos y se alcanzara más dinero de la contribución estatal. Tal y como se indicó, en su nota advirtió, en singular, en primera persona y con profunda vehemencia, que resultaba apremiante aprobar esa reforma e inscribirla antes de presentar la liquidación de gastos al Tribunal Supremo de Elecciones, una liquidación donde iban incluidos los 263 contratos por servicios especiales simulados. Lejos de tratarse de una recomendación sin ningún interés, [Nombre60]  presionó para que la Asamblea Nacional modificara el estatuto y así alcanzar su objetivo defraudatorio. Ya fuera por entrega y devoción al partido, o por aparecer como su redentor, pues siempre quiso proyectar una buena imagen y credibilidad en los temas económicos, don [Nombre4] no solo se divorció de los ideales éticos que proclamaba la agrupación que defendía, sino que transgredió el bloque de legalidad. Es así que, luego de un análisis del proceso derivativo realizado por los juzgadores, se logra determinar que los yerros apuntados por los impugnantes son inexistentes y que, la sentencia se cimenta a partir de una adecuada valoración de la prueba directa e indiciaria, ejercicio que se hizo de manera objetiva, conjunta, integral, concatenada y armónica de todos los elementos probatorios que fueron allegados al contradictorio. B) En el quinto motivo de su recurso aducen fundamentación insuficiente por ausencia de acreditación del elemento objetivo del tipo penal: daño patrimonial. Alegan que el tribunal concluyó de manera infundada sobre la existencia de un perjuicio patrimonial en contra del Estado y consecuentemente de un beneficio económico a favor de las persona tenedoras de certificados de cesión de deuda política serie A; adicionalmente, que el [Nombre3] se benefició pecuniariamente de la supuesta estafa perpetrada contra fondos públicos. Aseveran que los certificados serie B no fueron redimidos por dinero, de ahí que el estado costarricense no realizó ningún desembolso como consecuencia de la emisión de dichos medios de pago, y así se estableció en la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones No. 7235-E10-2010 de las 12:45 horas del 03 de diciembre de 2010, según la cual los certificados de cesión de deuda política, serie B, no alcanzaron ningún contenido económico. Ello debe contrastarse con la realidad de los pagos aprobados y hechos efectivos por el Ministerio de Hacienda, de donde se obtiene que solamente se canceló el equivalente al 98,72% del total del valor de los certificados de cesión de deuda política, serie A, de modo que los certificados seriados B no alcanzaron ningún contenido económico. Cuestionan las conclusiones del fallo, en el sentido de que según los jueces el perjuicio económico se materializó porque los contratos de servicios especiales al ser incluidos en la liquidación de gastos de la deuda política por parte del [Nombre3], inflaron el monto al que dicha agrupación política tenía derecho y se canceló más dinero del que se debía a los tenedores de CED6  , procurándose así un beneficio patrimonial antijurídico a terceros particulares que vendieron bienes y servicios al [Nombre3] y, en favor del partido político mismo que obtuvo un monto mayor de deuda política. Estiman  que la sentencia es omisa en señalar exactamente, cuál y qué persona fue la que recibió un beneficio patrimonial antijurídico, sin que sea procedente en materia de derecho penal realizar una alusión general de que lo recibieron los tenedores de certificados serie A. También es ayuna de fundamentación en cuanto a la razón legal que prevaleció para determinar que la cantidad de dinero cancelada a los tenedores de certificados serie A, no correspondió a un pago real desde que cada uno de los gastos que pagó el [Nombre3] a sus diferentes proveedores, lo hizo en forma efectiva mediante los certificados A y B, haciendo buen pago el partido, fuesen o no redimidos esos certificados, y ningún pago en efectivo recibió del [Nombre3]. Para los recurrentes existía imposibilidad de manipular el monto de la deuda política por desconocerse el monto que recibiría cada partido, al amparo de los dispuesto en el artículo 90 del Código Electoral acerca de la determinación de la distribución del aporte estatal a los partidos políticos. Reprueban el procedimiento de revisión de las liquidaciones presentadas por los partidos que los testigos [Nombre56]   y [Nombre57]  , jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos y asesor legal del mismo departamento respectivamente, que detallaron en sus declaraciones, esto es, que su examen se limita a la verificación del cumplimiento  de requisitos formales, lo que se hace en forma aleatoria y parcial, sin seleccionarlos por medio de pago o certificados de cesión, hasta por un monto equivalente al máximo que el partido político pudo acceder, lo que se ha venido haciendo por costumbre. Afirman que ello contraviene el principio de legalidad pues el Código Electoral aprobado a partir de setiembre de 2009, no tiene una norma que determine cuál es el procedimiento que se debe seguir para la revisión documental de las liquidaciones, sin embargo dicho cuerpo normativo en el artículo 115 señala, en referencia a los certificados de cesión de la deuda política, que existe un orden de prelación al momento de su pago, de lo que se colige que al momento de liquidar gastos se debe hacer en orden serial comenzando por la CED7, y así sucesivamente, sin que se justifique la falta de revisiones documentales completas en que no hay tiempo suficiente para ello y se retrasaría el pago de liquidaciones a los partidos políticos. Argumentan los recurrentes que si los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones hubiesen realizado bien su trabajo y cumplido con su obligación de revisar los documentos propios de cada cuenta que se canceló, se sabría si todas las cuentas pagadas con certificados serie A debían ser redimidas o si algunas estaban mal fundamentadas y no procedía el pago. No se produjo en realidad ningún perjuicio económico al erario, ya que no se pudo comprobar que los dineros cancelados a los tenedores de certificados serie A fuesen improcedentes o injustificados. En el sexto motivo de su recurso, la defensa técnica sostiene la existencia de fundamentación ilegítima por violación a las reglas de la sana crítica en cuanto a que los juzgadores concluyeron que si los tenedores de certificados serie B, suscriptores de contratos por servicios especiales, hicieron una donación al [Nombre3], ello debió reportarlo el encartado [Nombre2]  al Tribunal Supremo de Elecciones. Manifiestan que los certificados serie B nunca tuvieron sustento económico, nacieron como una expectativa de ser redimidos en dinero y desde antes de presentarse la liquidación correspondiente, se sabía que era imposible cobrarlos. Es así que fueron dejados en las oficinas del [Nombre3] en forma voluntaria por las personas que firmaron los contratos de servicios especiales, quienes podían retirarlos o dejarlos en custodia, no se les exigió una decisión. En estas condiciones, no se puede establecer que hubo una donación que debía ser reportada por el tesorero del [Nombre3]. En el sétimo motivo de su recurso reclaman un grave yerro en el fallo al fundamentar de manera contradictoria que el Tribunal Supremo de Elecciones no tenía responsabilidad alguna en la verificación de los gastos liquidados por el [Nombre3], debiendo solo hacer una verificación, ya sea aleatoria o parcial y atribuyendo toda la responsabilidad al partido mismo. Lo anterior, haciendo una interpretación impropia de los votos de la Sala Constitucional No. 2011-08989 de 6 de julio de 2011 y No. 2013-015343, en los que se señala como función o competencia exclusiva del Tribunal Supremo de Elecciones, la comprobación de los gastos reportados por los partidos políticos. Se resuelven conjuntamente los motivos quinto, sexto y sétimo por estar íntimamente vinculados y, no llevando razón los recurrentes, se rechazan. El fallo desarrolla con amplitud y de manera exhaustiva los motivos por los cuales en el caso concreto, el imputado [Nombre61]  incurrió en un delito de estafa contra el Tribunal Supremo de Elecciones. Los reclamos de los defensores no expresan más que su sola disconformidad por la manera en que el Tribunal decidió abordar, analizar y resolver el planteamiento sometido a su conocimiento, por ser adverso a los intereses de su patrocinado, sin que aporten algún elemento que permita variar las conclusiones a que arribaron los jueces. Arguyen la no demostración del daño patrimonial, elemento configurativo del tipo penal de estafa, acudiendo al argumento repetitivo de que los certificados de la serie B no fueron redimidos, que la contribución estatal solamente alcanzó para pagar el 98.72% del total del valor de los certificados de cesión de deuda política serie A, y que, en consecuencia, el estado costarricense no realizó ningún desembolso por la emisión de dichos medios de pago. Sobre los aspectos reprochados el a quo describe el modus operandi de la estafa de la siguiente manera: se trató de la simulación masiva de contratos por servicios especiales que fueron incluidos como erogaciones contra la emisión de certificados de cesión de la serie B, ante el Tribunal Supremo de Elecciones en la liquidación final de gastos que firmó y entregó el acusado [Nombre29]  en el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, los que fueron aprobados e, indebidamente vinieron a dar contenido económico a los certificados de cesión a la contribución estatal de la serie A. No es como lo argumentan los recurrentes, que si en la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones No. 7235-E10-2010 de las 12:45 horas del 03 de diciembre de 2010, ese ente aprobó gastos electorales generados por el [Nombre3] ascendientes a la suma de ¢2.732.785.956,27 (dos mil setecientos treinta dos millones setecientos ochenta y cinco mil novecientos cincuenta y seis colones con veintisiete céntimos) que debían cargarse al derecho de contribución estatal, resultando que este último equivalía a ¢2.992.864.242,92 (dos mil novecientos noventa y dos millones ochocientos sesenta y cuatro mil doscientos cuarenta y dos colones con noventa y dos céntimos) -monto que no alcanzó siquiera para cubrir la totalidad de los bonos A-, por ende no hay perjuicio para el Estado ni beneficio patrimonial antijurídico. Nótese que el importe de ¢2.732.785.956,27 (dos mil setecientos treinta dos millones setecientos ochenta y cinco mil novecientos cincuenta y seis colones con veintisiete céntimos) estaba constituido, en parte, por la suma de ¢516.000.000,00 (quinientos dieciséis millones de colones, correspondientes a gastos por los 263 contratos de servicios especiales simulados, que fueron aprobados por el Tribunal Supremo de Elecciones y cancelados con una parte de la serie B de los certificados de cesión de derechos a la contribución estatal. No en vano, algunos testigos como [Nombre5]   , al escuchar la propuesta del coimputado [Nombre27]  para que firmara los documentos, consideró que se trataba de “una pequeña trampa” o un “pequeño engaño” hacia el Tribunal Supremo de Elecciones. Esta percepción y la ligereza con que fue asumida esta “trampita” por los militantes del [Nombre3], convencidos de que con ello ayudaban al partido, se trató en realidad de la estructuración que ideó [Nombre19] para defraudar al Estado. El Tribunal señala que sobre este aspecto fue sumamente claro y contundente el testigo [Nombre56]   al explicar cómo es que los certificados de cesión de derechos a la contribución estatal van adquiriendo contenido económico, distinto a como los recurrentes pretenden hacer creer que ocurrió. Según el testigo, todos los gastos que el Tribunal Supremo de Elecciones le aprueba a un partido político pasan a ser parte de una sola masa dineraria, independientemente del medio de pago que se haya utilizado por el partido político para cancelarlos, llámese dinero en efectivo, cheque, transferencia, certificados de cesión a la contribución estatal de las serie A, B o C,  y una vez que se tiene esa masa dineraria, se procede a dar cumplimiento al principio de prelación de los certificados de cesión a la contribución estatal del artículo 115 del Código Electoral. Para el Tribunal, el perjuicio económico quedó más que esclarecido con el ejemplo que el testigo brindó en su declaración, solicitando imaginar que los gastos aprobados están representados por gotas de agua de diferente color para cada medio de pago. Así por ejemplo, los gastos aprobados y cancelados con dinero en efectivo van a estar representados por gotas de color amarillo, los gastos aprobados y cancelados con cheques van a estar representados por gotas de color azul, los gastos aprobados y cancelados por transferencia bancaria van a estar representados por gotas de color naranja,  los gastos aprobados y cancelados con certificados de cesión a la contribución estatal de la serie A van a estar representados por gotas de color verde y los gastos aprobados y cancelados con certificados de cesión a la contribución estatal de la serie B van a estar representados por gotas de color rojo. Todas esas gotas de agua de colores se ingresan a una botella de agua con un tope que es el monto de la contribución estatal que le fuera aprobada a ese partido político como una expectativa de derecho, pero al ingresar a esa botella con agua, absolutamente todas las gotas adquieren el color transparente del agua que podrá -sí o no- alcanzar el tope del monto aprobado por concepto de la contribución estatal. Cuando ya se tiene esa masa dineraria, es entonces cuando se empieza a dar contenido económico a los certificados de cesión de derechos a la contribución estatal tomando en cuenta que  para el pago, la primera emisión tendrá preferencia sobre la segunda y así sucesivamente hasta la última emisión. Esto lo que quiere decir, indicó el testigo, es que con esa masa dineraria primero se dará contenido económico a los certificados de cesión de derechos a la contribución estatal de la serie A, luego a los certificados de cesión de derechos de la serie B, y así sucesivamente, siendo este el principio de "orden de prelación" de los certificados de cesión de derechos a la contribución estatal, con fundamento legal en el artículo 115 del Código Electoral con vigencia desde el año 2007. Alegan los quejosos que el Código Electoral no tiene una norma que indique cuál es el procedimiento para la revisión documental de las liquidaciones, objetando lo dicho por los testigos [Nombre56]   y [Nombre57]   de que el examen del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos se limita a la verificación de requisitos formales, de manera aleatoria y parcial, sin separarlos por medios de pago o certificados de cesión, debiendo a su juicio cumplir con su obligación de revisar cada gasto que se presentó. Con respecto a este tema es importante mencionar -tal cual se expone en la sentencia recurrida- que el proceso electoral presidencial del año 2010 se desarrolló bajo el marco legal definido en el actual Código Electoral, Ley No. 8765 publicado en el Alcance No. 37 de la Gaceta No. 171 de fecha 2 de septiembre del año 2009 y a nivel reglamentario se oficializó el Decreto No. 17-2009 publicado en La Gaceta No. 210 del día 29 de octubre del 2009. De previo al 2 de septiembre del año 2009, la Ley No. 1536 del 10 de diciembre de 1952 y sus reformas, establecía un modelo de revisión de liquidaciones que estaba a cargo de la Contraloría [Nombre47]   , órgano fiscalizador en el cual se apoyaba el Tribunal Supremo de Elecciones, a efectos de pronunciarse sobre el monto de la contribución estatal que habría de corresponderle a cada partido político a partir de la fuerza de los votos y el ejercicio de comprobación de gastos. Con el Código Electoral actual el proceso de revisión de gastos pasó a manos del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, cuya dirección la ostenta el testigo [Nombre56]   que es contador público autorizado y master en contaduría pública. Es una persona de amplia experiencia en el tema de revisión de liquidación de gastos de los partidos políticos, porque desde antes de hacerlo y ser el jefe desde hace seis años del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, sus funciones las desarrolló en la Contraloría [Nombre47]    por muchos años donde tuvo la oportunidad de hacer las revisiones de los procesos de 1998-2002, [Telf6], según relató en el debate. El testigo informó además, que cuando el proceso de revisión de liquidaciones pasó a manos del Tribunal Supremo de Elecciones, él no se trasladó solo,  sino que lo acompañó personal también de amplia experiencia en materia electoral  como lo fueron la abogada [Nombre62]   y los señores [Nombre63] , una persona que había trabajado en la Contraloría [Nombre47]    en un proceso de revisión de gastos, la señora [Nombre64] , quien también había trabajado ya en un proceso de revisión de liquidaciones de gastos y la licenciada [Nombre65]   con amplia experiencia, de más de veinte años en la Contraloría [Nombre47]   .  De lo anterior, el tribunal de mérito  concluyó que el proceso de revisión de liquidación de gastos de los partidos políticos que hace el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, se encuentra en manos de personas de larga trayectoria y conocimientos en el tema en que actuaron, en apego a lo dispuesto en la normativa electoral, concretamente en lo dispuesto en el artículo 115 del Código Electoral. Si bien es cierto en el curso de la campaña [Telf3] hubo algunos cambios en la materia electoral, de acuerdo con lo que señalaron los testigos del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Tesorería Nacional del Partido Acción Ciudadana, entre ellos [Nombre49] , esos cambios no fueron significativos y particularmente en lo que se refirió al proceso de revisión de liquidación de los gastos, el procedimiento fue el mismo que se venía desarrollando en la Contraloría [Nombre47]   . Al respecto el señor [Nombre66]  refirió:  "...cuando al tribunal se le traslada a partir del año 2009 la función de la revisión de las liquidaciones de gastos, prácticamente lo que hace es montarse en el esquema de trabajo que tenía la Contraloría [Nombre47]   , siendo que era -como órgano rector de la fiscalización superior y habiendo tenido esta labor durante muchísimos años-, la experta en la materia…". Ahora bien, en punto al reproche de  que no se justifica la falta de revisiones documentales por parte de los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones aduciendo falta de tiempo y que ello retrasaría las liquidaciones, el cuestionamiento es insostenible y pretende trasladar la propia responsabilidad de cada partido político, de ser veraz en la liquidación de gastos al órgano electoral y actuar en estricto apego a la ley y al principio de buena fe. Según el artículo 96 de la Constitución Política para que un partido político pueda optar por el financiamiento estatal de los gastos electorales en que incurrió durante la campaña, la agrupación política debe cumplir dos requisitos: i) alcanzar al menos 4% de los sufragios válidamente emitidos a escala nacional o provincial, si solo está inscrito a ese nivel, o al menos un diputado; y ii) deberá comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Tal y como acertadamente el Tribunal derivó de la lectura del numeral 96 constitucional, del mismo se infiere que al partido político le corresponde la obligación de comprobar sus gastos ante el TSE -principio de comprobación del gasto-, del cual se infiere el deber de la agrupación política de demostrar debidamente sus gastos y comprobar su efectiva existencia. Al respecto señalan los juzgadores: “Precisamente, ese principio constitucional es desarrollado en la Sección IV del Título VI del Código Electoral, llamada “Control y Liquidación” y “Régimen Económico de los Partidos Políticos”, en forma respectiva. De tal manera que el numeral 104 del Código Electoral dispone que la liquidación de gastos electorales, debidamente refrendada por un contador público autorizado, es el medio por el cual los partidos políticos comprueban ante el TSE los gastos en los que han incurrido. La certificación emitida por el contador público autorizado se hace luego de que éste verificó, fiscalizó y evaluó que la totalidad de los gastos redimibles con contribución estatal se ajustan a los parámetros contables y legales así exigidos, de acuerdo al artículo 106 ibídem. El numeral 103 de ese mismo cuerpo normativo señala que para la evaluación y posterior pago de los gastos reconocidos mediante el control contable de las liquidaciones que presenten los partidos políticos, el TSE tendrá la facultad de sistematizar los procedimientos que mejor resguarden los parámetros de los gastos objeto de liquidación; en ese sentido, podrá realizar revisiones de carácter aleatorio entre partidos o entre determinados rubros de los gastos incluidos en las liquidaciones para constatarlos. La normativa legal no establece, como lo pretende la defensa, que sea el TSE quien deba confirmar la veracidad material del gasto liquidado, sino que son las agrupaciones políticas las que tienen tal obligación a través de la liquidación de gastos electorales. En ese sentido, el artículo 42 del Reglamento de Financiamiento de los Partidos Políticos emitido por el TSE es tajante en tal aspecto al disponer que es responsabilidad de los partidos políticos demostrar en debida forma sus gastos y únicamente a ellos corresponderá comprobar su efectiva existencia. Por otro lado, el contador público autorizado, tal y como se ha expuesto, hace una verificación, fiscalización y evaluación contable y legal de los gastos liquidados por el partido político. La legislación electoral dispone que ese contador público, como lo aseveró el testigo [Nombre67]  , hace una revisión documental de los gastos liquidados por el partido político, pero no tiene la obligación de verificar si el servicio se dio en la realidad o no, pues tal es un deber de la agrupación política que liquida el gasto. Véase que la ley dispone que el contador público autorizado realiza un análisis de si los gastos liquidados por el partido político se ajustan a los parámetros contables y legales exigidos. Es decir, desde el punto de vista contable sería el examen del procedimiento empleado para conservar la exactitud y la veracidad en las transacciones y en la contabilización de éstas, lo que no implica la verificación de si el trabajo contratado fue dado o no, sino la constatación de que éste fue debidamente anotado en las cuentas y libros contables respectivos que permita determinar el estado financiero real y veraz del [Nombre3], en este caso. Y el parámetro legal estaría enmarcado en que el gasto sea justificable en los términos del artículo 94 del Código Electoral. Asimismo, el Código Electoral impuso al TSE la facultad de sistematizar los procedimientos que mejor resguarden los parámetros de los gastos objeto de liquidación y de hacer revisiones aleatorias entre determinados rubros de los gastos incluidos en las liquidaciones para constatarlos. La facultad dada en la ley al TSE se desarrolla en el numeral 71 del Reglamento de Financiamiento de Partidos Políticos, según el cual el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos procederá evaluar la liquidación de gastos electorales tomando como base la certificación de gastos del Contador Público Autorizado, documento sobre el que realizará revisiones de carácter aleatorio, conforme la muestra seleccionada de entre determinados rubros de los gastos incluidos en las liquidaciones y emitirá los informes correspondientes a la Dirección de Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, órgano que eleva las recomendaciones pertinentes al TSE. Este Tribunal ha descrito la norma constitucional, legal y reglamentaria que facultan al TSE a comprobar los gastos liquidados por los partidos políticos, ocasión en la cual se hace una revisión aleatoria, con base a una muestra, de los gastos anotados en la respectiva liquidación” (cfr. fs. [Telf7], sic) . De esta manera, el procedimiento de revisión de las liquidaciones de los gastos presentados por los partidos políticos fue legal pues se encuentra amparado en las normas jurídicas precisadas en el fallo y que los juzgadores analizaron sobradamente. En modo alguno el a quo dio una lectura distinta a lo que expone la Sala Constitucional en el  citado voto Nº [Telf8], así como en el Nº 13-015343 citado por los impugnantes en su recurso, sin que los recurrentes  expongan cuál es la “interpretación impropia” que consideran se dio. Contrario a lo estimado por la defensa técnica, la cámara constitucional ha señalado que la comprobación de gastos de los partidos políticos, para acceder a la contribución estatal, es una competencia electoral del Tribunal Supremo de Elecciones y forma parte de la función electoral, tal y como lo ordena el artículo 96.4 de la Constitución Política. El ordenamiento jurídico costarricense conceptualiza la contribución estatal como un rembolso de los gastos electorales y de los relativos a organización y capacitación partidaria al que solo se accede, por mandato constitucional, luego de que las agrupaciones políticas los hayan comprobado ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Para esos efectos, los partidos deben presentar las respectivas liquidaciones dentro de los plazos de ley y contando con el referendo de un contador público autorizado. A esas liquidaciones deben anexarse los documentos que respalden los gastos liquidados, una certificación emitida por el mismo contador sobre tales gastos y, además, un informe suyo sobre los resultados del estudio que sustenta esa certificación y sobre las recomendaciones pertinentes de control interno. Esa documentación constituye la base fundamental para la ulterior revisión que realiza el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, que solo autorizará el reembolso de aquellas erogaciones que sean legalmente justificables y efectivamente demostradas y, desde luego, teniendo siempre presente el tope máximo a que tiene derecho cada agrupación política de acuerdo con los resultados electorales. También se le habilita para constatar la veracidad del contenido de los estados financieros, por los medios y procedimientos de análisis e investigación que estime oportunos. Resulta oportuno citar lo indicado por la contralora general [Nombre68]    en su informe a la Sala Constitucional: “Ahora bien, un extremo de especial relevancia que interesa apuntar, es el hecho que las normas impugnadas no encargan –en sentido estricto- al Tribunal Supremo de Elecciones, la fiscalización de los recursos públicos que financian los gastos de los partidos políticos. Antes que eso, lo que le confieren es –simplemente- la atribución de llevar a cabo la revisión contable de los comprobantes de pago que remiten los partidos políticos. (…) Como puede advertirse, la legislación anterior al Código Electoral vigente, colocó a la Contraloría General en una suerte de órgano subordinado del Tribunal Supremo de Elecciones, encargándole un papel de revisor contable de gastos, documentos y facturas, función que a todas luces no era acorde con el ámbito funcional de competencias del órgano contralor definido por la Constitución Política.   Tal y como es evidente, ese rol que la legislación anterior asignaba a la Contraloría General, como un auxiliar contable revisor de comprobantes y facturas de los gastos de los partidos políticos, cuyos resultados se documentaban en un informe que era remitido al Tribunal Supremo de Elecciones -a quien le correspondía la adopción de una decisión final en la materia-, fue resultado de un modelo que no tuvo en cuenta la función natural de la Contraloría General, definida por la Constitución Política como un órgano de control superior encargado de la vigilancia de la Hacienda Pública. Amén de lo anterior, esa fragmentación del análisis de la actividad económica de los partidos políticos, se acentuó por el hecho que el Tribunal Supremo de Elecciones, no tuvo una participación directa respecto a la comprobación del gasto relacionado con el aporte estatal a los partidos políticos pero sí con relación a sus ingresos, lo cual impidió que existiera un punto de control que permitiera precisar la correspondencia entre los ingresos y los gastos de las diferentes agrupaciones políticas y el financiamiento completo de las campañas electorales, todo ello en detrimento de los principios de publicidad y transparencia. En virtud de la ausencia de elementos básicos que permitieran, el desarrollo de un proceso integrado, ágil, oportuno y efectivo de control de los ingresos y los gastos de los partidos políticos por parte de una misma dependencia, se privó a la sociedad de contar con puntos de control que alertaran respecto a posibles ingresos de fondos a contrapelo del bloque de legalidad y que pudieran comprometer la autonomía de los partidos políticos, desvirtuando así la razón esencial de la contribución estatal, en su función protectora de la independencia de los partidos políticos como actores protagónicos del sistema democrático. Frente a todo este panorama, el Código Electoral vigente trajo consigo un cambio en el modelo imperante, definió en su correcta perspectiva y alcances las funciones de los actores involucrados en el proceso, suprimió el control fragmentado que se arrastraba hasta el momento, apostó por un control integrado y concentrado en manos del Tribunal Supremo de Elecciones y, vino a remozar y robustecer las atribuciones de ese Tribunal –las cuales ya de por sí tenía en el modelo existente hasta el momento-, en un tema que se vincula de manera directa con la materia electoral” (cfr. Sala Constitucional, voto N.º 15343-2013). La cita es ilustrativa de lo que el tribunal de instancia extrajo, acertadamente, de la lectura integral de lo resuelto por la Sala Constitucional. Esto es, que el mandato constitucional y legal que tiene el TSE, es la revisión contable de los gastos liquidados por los partidos políticos, lo que implica un examen documental de éstos, excluyendo la obligación de comprobar la realidad del contrato que subyace en el documento. Los recurrentes parten de  una premisa sesgada al afirmar que el fallo tuvo por demostrado, de manera infundada, que a los tenedores de certificados de cesión de la serie A se les hizo un pago que no correspondía, incluso cuestionando que los jueces no señalaron quién o quiénes recibieron un beneficio patrimonial antijurídico. No es que los beneficiarios de los bonos A concurrieran a recibir un pago de la contribución estatal por una prestación que no se hizo, que pareciera el sentido que quieren dar los quejosos, sino que si no se hubiese abultado la liquidación de gastos con los contratos simulados por servicios especiales, no habría alcanzado para cubrir lo que terminó pagándose a los acreedores con bonos de la serie A. Es decir, la cancelación del 98.72% del total del valor de los certificados de cesión de deuda política serie A, no habría sido tal, sino un porcentaje inferior, de ahí que haya existido un beneficio patrimonial antijurídico. Por otra parte argumentan los defensores que el imputado no tuvo posibilidad de manipular la deuda política al desconocerse el monto que recibiría cada partido, sin embargo ello es incorrecto pues desde el 26 de marzo de 2010, mediante resolución Nº 2124-E10-2010 de las 11:00 horas, el Tribunal Supremo de Elecciones con vista en los resultados de las elecciones celebradas el 07 de febrero de 2010, determinó que el [Nombre3] en razón de los votos obtenidos en las mismas, podía recibir como máximo la suma de 3.741.080.303,65 (tres mil setecientos cuarenta y un millones ochenta mil trescientos tres colones con sesenta y cinco céntimos), por concepto de contribución del Estado para el financiamiento de los gastos generados en el proceso electoral. Precisamente eso incide para que el imputado [Nombre2]  se apresure a propulsar la reforma de los estatutos del [Nombre3] en mayo de 2010 a y para que despliegue el montaje con los contratos por servicios especiales simulados, cuyo pago respaldó con los bonos de la serie B que nunca entregó a los prestatarios, y que para el 16 de junio de 2016 presentara dentro de la liquidación de los gastos de campaña, aprobándose por parte del Tribunal Supremo de Elecciones el 03 de diciembre de 2010, mediante resolución Nº7235-E10-2010, la suma de ¢2.732.785.956,27 (dos mil setecientos treinta dos millones setecientos ochenta y cinco mil novecientos cincuenta y seis colones con veintisiete céntimos) por gastos electorales del [Nombre3]. Por último, tampoco llevan razón los recurrentes al objetar que para el Tribunal los suscriptores de los contratos por servicios especiales y tenedores de los certificados de cesión, serie B, hicieron una donación al [Nombre3] que el imputado debió reportar, pues nunca tuvieron sustento económico y desde un principio se sabía que sería imposible cobrarlos, al punto que quedaron en su oficina. Se reitera que el objetivo trazado por el encartado [Nombre2]  fue alimentar la liquidación de gastos, con contratos de “servicios especiales” simulados que cumplieron la función de engrosar el monto de contribución estatal para el [Nombre3], y que sin ellos, la erogación habría sido menor y en consecuencia, la cobertura de los certificados de cesión serie A se habría visto mermada. A don [Nombre4] le interesaba que se pagara a los grandes financistas de la campaña que habían prestado dinero al [Nombre3], esto es, a los que se les había pagado con bonos A y a algunos pocos con bonos B (algunos medios de comunicación y personas físicas que habían prestado dinero efectivo), no así a los colaboradores que voluntariamente dieron su trabajo sin esperar retribución económica alguna. Estos últimos fueron útiles para representar gastos ficticios para cobrarlos al Tribunal Supremo de Elecciones, convenciendo a los militantes para que suscribieran contratos donde se daba un valor o reconocimiento en términos monetarios a su labor, para luego tranquilizarlos con la opción de que si se obtenía algún dinero podían dejárselo, o bien, podían donarlo al partido. Los juzgadores, a partir de lo declarado por los testigos y el propio imputado, simplemente señalan que si el trabajo fue voluntario y sin remuneración, entonces fue gratuito, en consecuencia no se trató de un gasto que procedía liquidar, sino de una contribución que debió informar el encartado [Nombre19] al Tribunal. C) En el octavo motivo de su recurso, los defensores del acusado reclaman la posibilidad de aplicar a su favor una pena alternativa a la prisión, con base en sus condiciones subjetivas y el quantum de la pena fijada en seis años de prisión, aludiendo a la Ley No. 9271, “Mecanismos electrónicos de seguimiento en materia penal”. Recriminan que el tribunal realizó una fundamentación contradictoria pues si bien los jueces admitieron que el encartado [Nombre2]  cumple con todos los requisitos para que le sea aplicado el monitoreo electrónico, desecharon esa posibilidad al considerar que el Ministerio de Justicia no ha implementado el seguimiento electrónico por falta de recursos o como consecuencia del alambicado sistema de contratación. Expresan que la ley no contiene transitorio alguno, siendo de aplicación inmediata desde su vigencia. No se le puede atribuir al condenado una carga que no le corresponde, a causa de la dilación y los obstáculos en los trámites burocráticos. Finalmente, el mismo tribunal señaló que en el caso de su representado, su ingreso a prisión le va a causar más perjuicios que beneficios, tanto a él como a la sociedad. Se reserva este motivo para ser conocido junto con el recurso de apelación interpuesto por los representantes del Ministerio Público. El visor fiscal presentó recurso de apelación contra el fallo, únicamente en cuanto a la pena impuesta al imputado [Nombre2] , pues habiendo solicitado ocho años de prisión, el Tribunal de Juicio le fijó seis. En vista de que uno de los presupuestos para la aplicación del monitoreo electrónico es que la pena no exceda los seis años de prisión y, existiendo impugnación sobre la sanción impuesta y solicitud para que se ordene el reenvío sobre dicho extremo, se reserva la resolución de este motivo para conocerlo conjuntamente con el recurso del Ministerio Público. D) En el noveno motivo de su recurso alegan inexistencia de responsabilidad civil extracontractual, por no haberse acreditado con certeza la autoría material. El tribunal partió de una premisa falsa e ilegítima para declarar al encartado y demandado civil [Nombre2] , civilmente responsable y condenarlo solidariamente al pago de trescientos cincuenta y dos millones setecientos mil colones, cual es que ideó un plan para hacer incurrir en error al Tribunal Supremo de Elecciones y así obtener un beneficio patrimonial antijurídico para el [Nombre3] y para los tenedores de certificados de cesión de derechos a la contribución estatal de la serie A. El reclamo es inatendible. En el presente caso el Tribunal  analizó las razones de hecho y derecho que acreditaron los actos que produjeron la conducta delictiva de estafa y la aplicación del criterio de responsabilidad civil subjetiva para fundamentar ese rubro, siendo ese actuar doloso del demandado civil [Nombre2] , en asocio del co-deamandado civil [Nombre27] , lo que provocó un perjuicio patrimonial para el Estado. Al respecto, debe indicarse que el reconocimiento de reparación por concepto de daño patrimonial  fue derivado del concepto de responsabilidad civil subjetiva, que ha sido entendido desde la doctrina de [Nombre69] y [Nombre70] como aquel que: “…tiene lugar cuando la obligación de resarcir los daños se funda en el actuar voluntario del sujeto que ha obrado por culpa en un sentido amplio (comprensiva de dolo y culpa), y …Son requisitos para que exista responsabilidad subjetiva: a) que sea un acto antijurídico, es decir, que transgrede el ordenamiento jurídico…b) que haya imputabilidad moral del acto a su autor, es decir, que se trata de un acto voluntrio(sic)….c) que haya culpa o dolo en el autor del acto…d) que haya un daño causado con el acto antijurídico…y e) que se pueda establecer una relación de causalidad entre el acto antijurídico y el daño…”( La Acción Civil en Sede Penal, Astrea, Buenos Aires, 2002, pp 756-757)…(vd. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, voto 2012-001806, de las 09:48 horas del 05 de diciembre de 2012. Ver en igual sentido 2012-01687, de las 11:03 horas del 16 de noviembre de 2012) y cuyos requisitos el a quo en el sub iúdice, determinó como existentes, ya que la responsabilidad civil subjetiva, derivada de los numerales 41 Constitucional y 1045 del Código Civil, fue evidentemente probada, al determinarse no solo la actuación dolosa del co-demandado civil [Nombre2] , sino además la relación causal existente y el perjuicio o menoscabo del patrimonio económico sufrido por el Tribunal Supremo de Elecciones. Ello conforme a lo que el fallo tuvo por acreditado, al ingresar el encartado como gastos del [Nombre3], al menos 179 contratos simulados por “servicios especiales” en la liquidación final que llevaron a la aprobación de mayor dinero de la contribución estatal a favor de los tenedores de los certificados de cesión serie A. El fallo es extenso en explicar con respecto a los rubros civiles, la obligación de indemnizar del co-demandado civil [Nombre2] , el por qué se acogieron (parcialmente) las pretensiones solicitadas y la prueba sobre las que se basaron los montos concedidos, para establecer finalmente el daño económico ocasionado por el actuar delictivo de don [Nombre4] al Estado. En consecuencia, se declara sin lugar el motivo noveno del recurso.

Recurso de los fiscales [Nombre71]   y [Nombre72]  . Como único motivo de su recurso de apelación expresan su inconformidad con la determinación de la pena. Refieren que para la imposición de la sanción al imputado [Nombre1]  , el tribunal consideró los siguientes aspectos: i) el daño patrimonial que alcanzó los ¢352.700.000,00, contra la contribución estatal, tratándose de dineros en los que el Estado costarricense invierte cada cuatro años para desarrollar los procesos democráticos en el país, los cuales provienen de los impuestos que son cancelados por todos los habitantes del territorio nacional; ii) el complejo entramado delictivo orquestado por el acusado, en el que se requirió la elaboración de centenares de documentos falsos, cuidadosamente suscritos para que cumplieran los requisitos exigidos por la normativa electoral para aprobar gastos, así como del engaño a numerosas personas para que firmaran la documentación y, al efecto la ideación de emitir y utilizar certificados de cesión de derechos serie B promoviendo un cambio en el estatuto del Partido Acción Ciudadana (en adelante [Nombre3]) que con anterioridad al proceso electoral de 2010, solamente podía percibir el 50% de la contribución estatal a que tenía derecho para así cobrar la totalidad de la deuda política; iii) las actuaciones del imputado afectaron el pluralismo político y la igualdad que debe existir entre los partidos políticos; iv) sus acciones violentaron los principios relativos al régimen económico de los partidos políticos, cuales son: la transparencia, la rendición de cuentas, la publicidad, la honestidad, la integridad y la legalidad, e incluso los de su propio partido, tales como la auteridad y el financiamiento del propio partido; v) los motivos determinantes de su conducta delictiva, actuando el encartado con el afán de realizar una gestión exitosa de su cargo como tesorero nacional del partido, buscando la mayor liquidación de gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, asimismo, con la finalidad de salvaguardar la imagen de la agrupación política, pretendiendo que la contribución estatal cubriera la mayor parte de los certificados de cesión de derechos emitidos por el [Nombre3], y;  v) el haberse aprovechado de su posición de poder dentro de la agrupación política para el desarrollo de la actividad delictiva, empleando su conocimiento contable, financiero, administrativo y legal. Para los recurrentes, los elementos expuestos por el tribunal para fundar el juicio de reproche resultan atinados. No obstante, estiman que la pena de seis años de prisión es insuficiente para el grado de reprochabilidad de la conducta de [Nombre2] , siendo lo proporcional y razonable, la pena de ocho años que fuera solicitada por el Ministerio Público. Advierten que no se valoró la actuación del encartado posterior a los hechos, cuando se reunió en la sede del partido con algunos supuestos contratistas de servicios especiales, y los inducía a creer en la legitimidad de la documentación, con la intención de que los hechos no trascendieran y se evidenciara la estafa que había propiciado en asocio de [Nombre8]   , en contra del Estado. Solicitan se decrete la nulidad del fallo, únicamente en cuanto a la fijación del quantum de la pena impuesta, y se ordene el reenvío. Se conoce este recurso conjuntamente con el reclamo contenido en el recurso de los defensores del imputado [Nombre2]  (octavo motivo), por estar relacionados, y: sin lugar el recurso del Ministerio Público; se acoge lo solicitado sobre el [Placa1] . Los fiscales recurrentes coinciden con el a quo en los elementos considerados para fundar el juicio de reproche con respecto al justiciable [Nombre1]  . Lo que no comparten es la imposición de seis años de prisión en lugar de los ocho años peticionados, siendo este extremo en el que cifran su reclamo, advirtiendo que el Tribunal omitió valorar la conducta del imputado [Nombre2] , posterior a los hechos, esto es, cuando se reunió con algunos de los suscribientes de los contratos simulados, al intentar convencerlos de la legitimidad de la documentación con el fin de que los hechos no trascendieran. Ciertamente, para la fundamentación de pena, el Tribunal señaló una serie de circunstancias, tomando en cuenta diversos aspectos, entre ellos, algunos cuantitativos y cualitativos del hecho acreditado, así como las condiciones personales del encartado, conforme al numeral 71 del Código Penal. Un estudio selectivo de dichos aspectos,  destaca que tomó en cuenta el juzgador la gravedad de los hechos, pues: i) don [Nombre4] era un administrador de empresas reconocido, con experiencia en el medio costarricense, que gozaba de la confianza de dirigentes y partidarios, quien utilizó sus conocimientos para ocasionar una defraudación en perjuicio del dinero de todos los costarricenses destinado a invertir en la democracia de este país; ii) no se trató de una estafa convencional, sino que incluyó todo un entramado para inducir en error a los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones; iii) se violentó el principio de igualdad con respecto a las demás agrupaciones y el pluralismo político; iv) se vulneraron los principios del [Nombre3] de austeridad, probidad y transparencia, traicionándose la buena fe de los militantes; v) la magnitud del daño patrimonial causado al Estado. En cuanto a la calidad de los motivos determinantes: i) don [Nombre4] buscaba granjearse una imagen de éxito en su gestión como Tesorero Nacional del [Nombre3]; ii) su preocupación era pagar a los grandes e importantes acreedores financieros, los que tenían CED5    , y algunos de la serie B, para asegurar el futuro financiamiento de la siguiente campaña electoral, utilizando a colaboradores del partido haciendo que para ello firmaran contratos simulados. Es cierto que no se apuntó, expresamente, que en la reunión que se hizo posteriormente a que militantes del partido fueran llamados a cuentas por el Tribunal Supremo de Elecciones, el imputado [Nombre19] intentó convencerlos de que habían estado de acuerdo en la realidad de lo que habían firmado, sin embargo eso es parte de lo que el Tribunal analizó acerca del daño ocasionado por la implicación de los partidarios en la confección de los contratos, que no añade mayormente a lo que fuera analizado. El tribunal de mérito consideró además sus cualidades personales, indicando que: i) ha mantenido un proyecto de vida definido durante muchos años, pues se encuentra casado, con dos hijos y un nieto, a quienes aún educa; ii) es pensionado de la Universidad de Costa Rica, donde ejerció en sus últimos años como jefe de contabilidad, sin que tuviese una sola mancha en su expediente profesional; iii)  padece de diabetes, presión alta y soriasis, enfermedades que es razonable considerar que se agravarán con el paso de los años, siendo dentro de poco tiempo don [Nombre4], una persona adulta mayor. No sólo observa esta Cámara que existe una adecuada fundamentación en lo que se refiere a la pena impuesta, sino que el quantum de seis años de prisión, se encuentra debidamente justificado y responde  a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y legalidad, sin que se estime que su monto esté por debajo al reproche que merece. La pena es bastante superior al extremo mínimo de la pena para el delito de estafa y, si bien no se impuso la pena de ocho años de prisión solicitada por el actor penal, se considera que la fijación de seis años de prisión es justa, adecuada, equitativa y suficiente, sin que sea de recibo lo aquejado por los fiscales. En cuanto a la aplicación del arresto domiciliario con monitoreo electrónico como sustitución de la pena, de conformidad con el artículo 57 bis del Código Penal, los juzgadores reconocieron que el imputado “cumple con los requisitos objetivos y subjetivos: tales como que la pena que se le impuso no superan los 6 años de prisión; este asunto se está tramitando bajo el procedimiento especial de crimen organizado; no se trata de un delito sexual ni donde ha mediado uso de armas de fuego; se trata de un delincuente primario; y hay elementos razonables para desprender que el condenado no constituye un peligro y no se evadirá del cumplimiento de la pena (por su edad y sus arraigos familiares y domiciliares)” (cfr. f. 3822). Pese a lo anterior, la sentencia evade su otorgamiento en esa coyuntura, alegando que “lo cierto es que aún el Ministerio de Justicia y Gracia no ha desarrollado la infraestructura para implementar dicha alternativa a la prisión” (cfr. f. 3822). En otras palabras, el Tribunal valoró que en el subjudice son de aplicación los presupuestos, tanto objetivos como subjetivos, del arresto domiciliario mediante monitoreo electrónico, solo que no lo concedió atendiendo exclusivamente a la falta de implementación en ese momento del dictado del fallo, a la infraestructura necesaria por parte del Poder Ejecutivo. Como es de conocimiento público, desde inicios del año 2017 el Ministerio de Justicia cuenta con los artefactos de CED8  y la plataforma apta para el control de dicha medida. Por ese motivo, esta Cámara de apelación considera que, habiendo ponderado ya el a quo las circunstancias dichas, el reclamo de los defensores sobre este extremo debe acogerse, sin ordenar el reenvío (sin nulidad alguna desde que lo resuelto es la base de la configuración de los presupuestos objetivos y subjetivos para la procedencia del mecanismo pedido), concediéndose el arresto domiciliario en la modalidad de monitoreo electrónico al encartado [Nombre1]  . Lo anterior no significa que lo ordenado sea en única instancia, desde que el tribunal de mérito ya había valorado acoger dicha sanción principal sustitutiva al imputado, solo que estimó que limitaciones materiales para la puesta en práctica de los mecanismos electrónicos impedía su ejecución.

Recurso de apelación del licenciado [Nombre73]   , procurador penal de la Procuraduría [Nombre47]   . A) En el primer motivo de su recurso alega contradictoria fundamentación intelectiva y errónea valoración de la prueba al rechazar la sentencia el daño económico en 84 de los contratos de servicios especiales. Indica que al formular la demanda civil, hizo una estimación de condena civil por daño material derivado del delito de estafa por la totalidad de los 263 contratos de servicios especiales que fueron presentados por el [Nombre3] ante el Tribunal Supremo de Elecciones. El tribunal solamente concedió el daño material por 179 contratos bajo el argumento que esos fueron el total de testigos que se llevaron al contradictorio y que solo con la presencia de los testigos se podía acreditar el daño sufrido por el Estado. Considera que el fundamento para excluir el daño producto de los 84 contratos es contradictorio y cita varios extractos de la sentencia tomados de las páginas de la sentencia números 1360, 1361, 1371, 1376 y 1377, 1384, 1479 y 1480, 1524, 1526, 1534 y 1535, 1537, 1538 y 1558, a partir de los cuales se aprecia que el tribunal deriva que el origen de la totalidad de los contratos fue gratuito, que nunca existió por parte del [Nombre3] ni de los imputados la intención de que dichos servicios fueran remunerados y que por lo tanto no era necesaria la comparecencia de los restantes 84 testigos para concluir que esos 84 contratos se encuentran en las mismas circunstancias que los 179 sobre los que sí se determinó la existencia de un daño material. No era necesario, tal y como indicó el tribunal, para arribar a tal conclusión, conocer el contexto en el que se formó la voluntad del contratante al momento de firmar el contrato. Sostiene que el origen fraudulento de los contratos no se acredita solo a partir de la voluntad del prestatario del servicio, sino en el esquema utilizado en el [Nombre3], en los documentos suscritos por los prestatarios, en que los bonos con que se respaldó el pago no fueron entregados y estaban en custodia del partido y en las declaraciones de [Nombre66]  y [Nombre74] , entre otros elementos probatorios. A partir del principio de libertad probatoria es posible por distintos medios que no fuera estrictamente, escuchar a los 84 testigos que no se presentaron a declarar, tener por acreditada la existencia del daño y su cuantificación. El mismo Tribunal de Juicio con los mismos elementos probatorios analizados y que derivaron en tener por acreditado un daño en al menos 179 contratos, concluyó que el [Nombre3] no estaba en posibilidad de contratar labor remunerada por servicios especiales. Que los partidarios de dicha agrupación política brindaban su trabajo por mística y voluntariado, que nunca existió intención de reconocer económicamente su labor, que los contratos tienen similitudes en el monto, en el tipo de servicio prestado y que ello es un indicativo de la acción delictiva desplegada, aspectos que conllevan el reconocimiento del daño económico, no en 179 contratos, sino en los 263 contratos de servicios especiales. Considera el recurrente que no es posible aislar la prueba documental en la que el Tribunal derivó la existencia del perjuicio en los 179 contratos, y la misma prueba testimonial en la cual se sustentó el perjuicio tenido por acreditado, para luego no considerar estos mismos elementos probatorios en el análisis de los restantes 84 contratos, y excluirlos por el solo hecho que los testigos no se presentaron al contradictorio. Asevera que la prueba testimonial de los 179 contratos recibida en el debate fue abundante en cuanto a que los trabajos prestados tuvieron un origen gratuito, que nunca se realizó un cobro por los mismos, que los bonos de deuda política no fueron entregados a los prestatarios de los servicios ya que se quedaron en custodia del [Nombre3] y que para ese proceso electoral el [Nombre3] no contaba con recursos para contratar servicios especiales. En todos estos casos se acreditó la existencia de un origen fraudulento de la contratación realizada, siendo que en los 84 contratos restantes se trata del mismo contrato, con los mismos montos de un millón ochocientos y dos millones cuatrocientos, todos fueron recolectados directa o indirectamente por el co-encartado [Nombre23]   y fueron respaldados por los mismos documentos que aparecen en los 84  contratos excluidos del perjuicio patrimonial los cuales fueron firmados por el imputado [Nombre75] . Concluir que porque el prestatario del servicio no llegó a declarar, no se puede acreditar el perjuicio, es aplicar un principio de prueba tasada y el principio de libertad probatoria, y excluir ilegítimamente los demás elementos probatorios incorporados en el debate. Así mismo, la prueba documental, en específico el informe No. DFPP-DP-06-2012 del 02 de octubre de 2012, a folios 5 a 136 del expediente principal, y las declaraciones de [Nombre74]  y [Nombre56]    respaldan que el perjuicio al erario público fue por la totalidad de los 263 contratos, cuyo monto en total ascendió a ¢516.600.000,00. Solicita se anule el fallo solamente en cuanto no se otorgó indemnización económica por los 84 contratos de servicios especiales que fueron cobrados al Tribunal Supremo de Elecciones, que representa la suma de ciento sesenta y tres millones novecientos mil colones, más los intereses que los mismos generaron, y las costas personales sobre dichos rubros. El reclamo es procedente. En la especie, el a quo fundó su decisión de acoger el daño patrimonial únicamente en cuanto a 179, de los 263 contratos por servicios especiales que fueron presentados por el co-demandado civil [Nombre1]  , aduciendo que se requería necesariamente del contratista “...para conocer el contexto en que éste se forma la voluntad para suscribir dicho documento, lo que se adolece en tal sentido. Por ello, los contratos especiales cuyos contratantes no declararon en juicio no pueden ser valorados dentro del perjuicio económico causado al Estado a través de la simulación de gastos que liquidó el [Nombre3] en la campaña electoral de 2010” (cfr. f. 3878). Acotan los jueces que si bien algunos testigos aseveraron que “todos” firmaron, se trata de una frase genérica y abstracta que no llega a cumplir con las exigencias probatorias que tiene la parte actora de la acción civil resarcitoria, con lo que se violentaría el principio de oralidad e inmediación de los elementos probatorios. El primer yerro en que incurre el tribunal de mérito, es fundar su negativa a reconocer el daño económico, en aquellos casos o contratos en los que el suscribiente no atestiguó en el debate, acudiendo así a un sistema de prueba legal o tasada de la prueba testimonial que no tiene cabida, ni en el proceso penal, mucho menos en el civil, desconociendo el valor del resto de la prueba que sí se evacuó, para los efectos indemnizatorios. Según los juzgadores, con respecto a los 84 contratos en los cuales no se presentaron a declarar los suscribientes, no puede asumirse que dieron un trabajo a título gratuito al [Nombre3], sin embargo, de manera contradictoria, al realizar el análisis probatorio a los fines de establecer el juicio de culpabilidad de los acusados, determinaron una “homogeneidad pasmosa” en la confección y el trámite de los documentos que utilizaron para cobrar al Tribunal Supremo de Elecciones, gastos por contratos de servicios especiales que resultaron ser simulados. Concluyeron que todos los contratos eran de adhesión; se utilizaron los mismos machotes y fórmulas en los documentos (contrato, recibo de dinero, comprobante de entrega de los bonos serie B); se empleó el mismo modus operandi para su firma; se fijaron montos muy similares y desproporcionados con relación a las funciones que se insertaron; se utilizó el mismo método por parte de los co-imputados para convencer a los militantes de que los suscribieran como una especie de reconocimiento económico por los servicios voluntarios y gratuitos prestados; todos los certificados de cesión de la serie B mediante los cuales se cancelaron estos trabajos, permanecieron en la sede del [Nombre3]. Se transcribe uno de los tantos extractos en que el Tribunal se refiere a la “maquinación estructurada”, con características particulares y semejantes, en al menos 179 de los 263 contratos presentados junto con la liquidación de gastos del [Nombre3]: “En lo que se tuvo por probado, ciento setenta y nueve contratos y recibos fueron utilizados para, aparentando gastos por el supuesto pago de servicios especiales, proceder a engañar de manera orquestada, sistemática, estudiada y actuándose con un alto grado de organización contra el Tribunal Supremo de Elecciones. Nótese que ninguno de los testigos que declararon en el contradictorio refirieron haber cobrado o recibido monto alguno por su servicio (algunos dijeron que si lo habían hecho, pero que lo iban a donar) cuando en realidad era trabajo no remunerado de partidarios del Partido Acción Ciudadana que movidos por los principios que pregonaba el grupo brindaban su tiempo, trabajo y hasta recursos de manera totalmente voluntaria. El [Nombre48], no se limita a las meras palabras de los encartados utilizadas para convencer a los contratistas que firmaran, también utilizaron los documentos que se dirán, para presentarlos ante el ente electoral haciéndolos pasar por gastos reales y efectivos para la liquidación, siendo que los aparentes contratistas nunca cobraron, ni pretendían cobrar sus labores voluntarias al partido. Esos documentos consistían en el “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES CELEBRADO ENTRE EL PARTIDO ACCION CIUDADANA Y…”; que de su literalidad contenía una serie de falsedades (que conocían los encartados) y que buscaban cumplir con los requisitos legales para justificar un gasto por servicios especiales que nunca se daba, pues aunque en algunos casos habían labores varias, estas no eran las indicadas y en ningún caso se cobró. Véase entonces que este contrato se describía el servicio especial a brindar, estos eran títulos genéricos y sin un contenido real, por ejemplo: Coordinador Cantonal de Electores, Promotor General Cantonal, Coordinador General de Finanzas, Coordinador General de Organización, Coordinador Cantonal de Comunicaciones, Coordinador Cantonal de Juventudes y Coordinador Cantonal de Transportes. Con la inmediación que brinda el contradictorio, este Tribunal pudo extraer con facilidad del lenguaje corporal y verbal de los contratistas, su asombro al ver el contrato y el puesto asignado. La gran mayoría dijo desconocer que era el puesto, en que consistía, quien lo había nombrado, cuáles serían sus supuestas responsabilidades y en ningún caso se les pidió cuentas o informes sobre sus funciones. Otro contenido falso del contrato, que a la postre sirvió como [Nombre48] ante el Tribunal Supremo de Elecciones era el monto del pago total de lo cancelado. Una inmensa mayoría de los testigos contratistas evacuados, como se vió en el considerando VII, dijeron nunca haber pactado o cobrado suma económica alguna, sorprendidos por esta cláusula y en varios casos, profundamente consternados y hasta enojados pues nunca tuvieron siquiera la intención de cuantificar económicamente su labor. Otros, con claro interés de proteger a su partido político, trataban infructuosamente, de justificar el monto, alegando que realizaron una ardua labor, que era lo que pagaban otros partidos, que se estableció según el salario mínimo de sus profesiones, que era un monto extraído del total de horas trabajadas, y múltiples razones que, confrontadas unas con otras, dejan claro que nunca existió un acuerdo entre las partes, si no que fueron montos antojadizos y machoteros que llenaron personas desconocidas por orden de los encartados para engañar al ente electoral. Este contrato, además, incluía el rango temporal donde supuestamente se brindaba el servicio especial, otro claro ejemplo del engaño que intentaron los encartados, pues la totalidad de los testigos fueron contestes en señalar que dichas fechas no estaban relacionadas con sus funciones dentro del partido, cuando las brindaron. Dijeron haber trabajado antes, después, nunca o en otras fechas sin tampoco haber cobrado para esos plazos o el señalado en el contrato. Todas las fechas eran artificialmente impuestas y llenadas por los encartados haciéndose valer de otras personas. Todos los contratos fueron firmados por el ajusticiado [Nombre2]  en su calidad de Tesorero Nacional del Partido Acción Ciudadana, quien conocía las falsedades dichas. Otro de los documentos utilizados para cada uno de los ciento setenta y nueve contratistas, fue el: “Comprobante de pago”, el cual igual que el contrato, tenía una serie de falsedades groseras que los propios testigos evidenciaron de manera unánime. En este sentido, de la literalidad del comprobante se decía: “El Partido Acción Ciudadana ha pagado a…”, siendo que como se indicó A NADIE SE LE CANCELÓ MONTO ALGUNO. Aquí, no se indica que sea un pago condicionado o eventual, dice se canceló, lo que significa para cualquier persona promedio que dicho documento acreditaba el pago de un monto dinerario, lo que como se ha indicado reiteradas veces nunca se dio. Importante señalar que en este comprobante el propio [Nombre2] , firma bajo la leyenda: “Recibo conforme del bien o servicio”, a sabiendas que, en primer lugar, no se había brindado el servicio y en segundo lugar que nunca se había cobrado o cancelado la suma ahí dicha por parte del Partido Acción Ciudadana. Estos son, sin duda, preconstitución de prueba para el fraude, que a la postre presentaran ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Por último, como parte de [Nombre48], los encartados hacían firmar a los contratistas instrumentalizados para esta estafa, el documento que decía: “PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA / RECIBO POR LA ENTREGA DE BONOS COMO PAGO POR LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS”. Nuevamente, un documento lleno de falsedades e imprecisiones, como los anteriores. En este se hacía referencia a la supuesta entrega de Certificados Tipo B a los contratistas, lo que nunca se da en los ciento setenta y nueve contratos, con una excepción. Incluso la gran mayoría de los testigos nunca tuvieron contacto visual con el certificado” (cfr. fs. [Telf9]). Entonces, si los jueces consideraron que todos los contratos eran similares, respondiendo a una sola finalidad de hacer un cobro indebido de dinero al erario público, resulta contradictorio que para acreditar el daño económico sufrido, exijan las declaraciones de los 84 contratantes que se prescindieron, sin que el fallo exprese en qué incide el que esas personas no atestiguaran y soslaye considerar la prueba documental incorporada acerca de los mismos, que de acuerdo al fallo se introdujeron en la liquidación de gastos del [Nombre3] al Tribunal Supremo de Elecciones, y fueron reconocidos para el pago de la contribución estatal. A folios 3601 y 3602, expone el a quo que de acuerdo a la prueba testimonial evacuada en el contradictorio, los coimputados [Nombre2]  y [Nombre27]  plantearon a los partidarios la estrategema de defraudar al Estado, bajo las tres siguientes modalidades: i) En la mayoría de los casos se les solicitó su “colaboración” para ayudar económicamente al partido a través de la “suscripción voluntaria” de un contrato, el cual sería cancelado con certificados de cesión de la serie B, los cuales si eran reconocidos por el Tribunal, el dinero podía ser donado al [Nombre3]. ii) En otras oportunidades se ofreció a los partidarios la remuneración por sus servicios con certificados de cesión de la serie B, condicionado a que estos llegaran a tener contenido económico (sin embargo los certificados no fueron entregados a los contratantes, sino que se mantuvieron en el [Nombre3]). iii) En otras ocasiones se requirió a los partidarios su firma, en el entendido de que lo que estaban firmando era una cosa completamente diferente. Es decir, todas estas modalidades descritas por los 179 testigos-suscriptores de contratos, mantienen que los mismos eran simulados, y aunque algunos manifestaron que efectivamente hicieron un trabajo y consideraron merecido el importe que ahí se indicaba, esperando recibir buen pago, el descrédito a esta versión sobreviene ante el hecho de que nunca retiraron los bonos, quedando estos siempre en custodia del [Nombre3], indicio de que nunca fue la voluntad de estos militantes, cobrarlos, ni del partido hacerles algún pago. Entonces, lo que puede derivarse de estas declaraciones, es que un número considerable de personas (más de la mitad de los suscribientes de los 263 contratos por servicios especiales) ratificó que firmó la documentación confeccionada bajo el engranaje tantas veces descrito en la sentencia, que luego se cobró al Tribunal Supremo de Elecciones. En materia civil, en principio rige el principio de prueba por escrito (prueba documental), artículo 351 del Código Procesal Civil, siendo admisible la prueba testimonial solo para comprobar las convenciones que haya habido entre las partes. Además, la normativa procesal civil faculta al juez a adoptar la decisión de reducir el número de testigos cuando son ofrecidos para declarar sobre los mismos hechos específicos. Es decir, el juez puede limitar el número de testigos cumpliendo con los parámetros establecidos en la ley, si la prueba ofrecida es superabundante, artículo 365 del Código Procesal Civil. Exigir que los 263 contratantes debieron declarar en el juicio para tener por acreditado el daño económico total no solo resulta irracional, sino un requisito que se desentiende de los principios de utilidad, pertinencia, razonabilidad y necesidad de la prueba, cuando el mismo Tribunal ha afirmado que todos los contratos y recibos tienen el mismo formato y se confeccionaron sistemáticamente bajo el mismo esquema o estructuración delictiva. Existe fundamentación contradictoria cuando se dice, por un lado que de las probanzas incorporadas fue posible acreditar un plan para engañar a los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones mediante la presentación de contratos simulados y, por otro, se indique que un grupo de ellos no procede indemnizarlos porque se echó de menos la prueba testimonial, pese a existir claros elementos comunes que revelan la simulación. Son dos afirmaciones que no pueden coexistir sin incurrir en vicios relacionados con la fundamentación de la sentencia. Lleva además razón el procurador estatal en que hay un vicio en la valoración de la prueba, pues al otorgar el a quo un valor exagerado e innecesario (sin justificar su trascendencia y la relevancia en la decisión) a los testigos que no se hicieron presentes, restó valor a la prueba documental analizada de manera extensa y profusa a la hora de hacer la fundamentación probatoria de la parte penal. Es importante señalar que por la naturaleza de la simulación, es consustancial a ésta la prueba de indicios, la que no es exclusiva de la sede penal, sino que es aplicable también en materia civil. Sobre la prueba indiciaria en materia civil, se ha reiterado por distintas integraciones del Tribunal Segundo Civil, lo siguiente: “...debemos analizar la figura jurídica de la simulación y concluir que en vista de que con el negocio simulado se quiere dar una apariencia contraria a la realidad, con una situación irreal, se permite todo tipo de prueba y se ha dicho que: ² ...la prueba de la simulación comporta casi exclusivamente una actividad presunsional (sic), de manera tal que la labor probatoria consistirá en ir fijando en autos los diversos indicios.” (La simulación en el Derecho Privado. Ernesto Jinesta Lobo. Talleres de Mundo Gráfico S.A., San José, Costa Rica, 1990. Pág. 186). Existen indicios que son propios de la simulación y que la hacen fácil inferir. El mismo autor recién citado nos los destaca en la obra mencionada y entre ellos tenemos: ...1.- CAUSA SIMULANDI. La causa simulandi se considera el punto de partida “buscar el motivo de la simulación para levantar después sobre fundamento sólido el edificio de la prueba. La causa simulandi hemos dicho supra es el interés, motivo que lleva a las partes a dar apariencia a un negocio irreal, o a presentarlo de manera distinta. El acto simulatorio es reflexivo y conciente, obedece a un motivo determinado...3.- OMNIA BONA. Este indicio se bifurca en dos especies: la enajenación de todo el patrimonio o de la parte más selectiva o valiosa del mismo...Este indicio opera cuando el simulador requiere para sus fines el desapoderamiento integral de sus bienes (para eludir el principio de que son prenda común art.981 C.C.) de nada le sirve ocultar una parte si los acreedores pueden ejecutar el resto...5.- NOTITIA. Se refiere al conocimiento de la simulación por parte del cómplice. Se refiere este indicio al hecho del conocimiento concomitante de los simuladores en orden a la ficción del negocio jurídico, y más concretamente, al conocimiento por parte del cómplice. Sabemos que uno de los elementos constitutivos de la simulación, lo constituye el acuerdo simulatorio, de modo que el conocimiento de la ficción por parte del cómplice se presume. En consecuencia, sólo si se probara la falta de ese conocimiento, materia por lo demás altamente difficilitoris probationes, cabría la posibilidad de inferir la auténtica realidad del negocio supuestamente simulado. Lo anterior implica que a falta de conocimiento del cómplice se demuestra la no simulación del negocio. Opera como indicio negativo de la simulación, no afirmativo... 9.-PRETIUM VILIS. La presencia de un precio vil, desproporcionado o irrisorio, que no guarda relación con el valor real de la cosa enajenada, permutada o locada, es uno de los principales indicios de la simulación... 15.-TEMPUS. Determinados negocios son sospechosos de simulación, por el tiempo o momento de su celebración...Se puede hablar de tres tipos de tempus: a) Tempus coyuntural: Este indicio exige cierta proximidad entre la simulación y el evento perturbador patrimonial...b) Tempus celeritas. Se refiere a la velocidad inusitada del negocio simulado, una prisa fuera de lo normal y corriente, ante la proximidad de un evento. Prisa que se cristaliza en las urgencias registrales (vg. Inmediata inscripción registral de la venta...” (cfr. Tribunal Segundo Civil, Sección I, No. 2002-372. de las 09:30 hrs., 27 de setiembre de 2002). En el caso concreto, hubo 179 testigos que se refirieron a la simulación de los contratos por servicios especiales, siendo 263 los contratos presentados bajo el mismo esquema como gastos de liquidación al Tribunal Supremo de Elecciones. El tribunal de instancia tuvo por demostrado: la causa simulandi, el motivo que llevó a los coimputados a dar apariencia a un negocio irreal, que es el de abultar la partida de gastos para obtener el mayor monto posible para cubrir los certificados de cesión de la serie A; la notitia o presunción del conocimiento de la ficción por parte del cómplice del acuerdo simulatorio, siendo que tanto los imputados como el militante que firmó, sabían que estaban haciendo una “trampita”; el tempus y el precio vil , pues los contratos se hicieron cuando se supo el resultado de los comicios y el monto máximo de contribución estatal a que podía acceder el [Nombre3], procediéndose así a confeccionarlos por montos astronómicos con tal de obtener el mayor reconocimiento posible de deuda política. Acerca de la valoración de la prueba en materia civil y la apreciación de indicios, resulta oportuno citar el siguiente extracto de lo resuelto por la Sala Primera: “Para que exista una presunción como medio de prueba es necesario, en primer término, que se de un acontecimiento positivo o negativo, cierto del que ha de deducirse el que se quiere conocer. La existencia o inexistencia de este acaecimiento denominado en sentido amplio hecho base, o más técnicamente indicio, tiene que estar debidamente acreditado en el proceso para que asegure la viabilidad de la presunción. Así se deduce del artículo 417 del Código Procesal Civil: “Las presunciones humanas sólo constituyen prueba si son consecuencia directa, precisa y lógicamente deducida de un hecho comprobado”. La Sala ha indicado que este tipo de presunción “…es el resultado del ejercicio de la discrecionalidad otorgada al juzgador para apreciar la prueba, derivando entonces la presunción de otros hechos que se han tenido por ciertos” (no. 848-F, de las 14 horas 45 minutos del 31 de octubre del 2001)”. Esta conexión, que debe ser directa y precisa, entre el hecho base o indicio y el acaecimiento que se pretende derivar (hecho consecuencia), se verifica con arreglo a normas puramente lógicas, a las reglas del criterio humano, tarea que lleva a cabo el Juez investido de poder discrecional según su conciencia y discernimiento. Es éste quien de modo exclusivo infiere de tal prueba un hecho o acto, según su convicción interna le inspire dentro de un marco de razonabilidad y racionalidad, en un prius lógico que no atente con la sana crítica, de ahí que, su juicio se mantiene, salvo se demuestre ser contrario a la evidencia que las pruebas ostentan, ya sea por mediar error de hecho o de derecho en su estimación respecto de los hechos base o indiciarios, o bien, que la inferencia raye en lo absurdo por contrariar el sentido común o los fenómenos naturales” (no. 000025-F-2007, de las 10 horas 45 minutos del 19 de enero de 2007)” (cfr. Sala Primera, No. 2008-216, de las 08:25 hrs., 25 de marzo de 2008). Los jueces por medio de la valoración en conjunto de la prueba evacuada, concluyeron acertadamente que los imputados crearon contratos simulados con el propósito de obtener un beneficio patrimonial indebido para los tenedores de los certificados de cesión de la serie A, en detrimento del erario público, mas en forma contradictoria denegaron el reconocimiento del daño económico respecto de 84 contratos aduciendo que faltó por recibir prueba testimonial sobre ellos. Incurre así la sentencia en el vicio de fundamentación contradictoria y en errónea valoración de la prueba en el aspecto civil, específicamente en torno al daño económico sufrido por el Estado, que reconoció al [Nombre3] por concepto de los gastos documentados en los 263 contratos por servicios especiales, la suma de ¢516.600.000,00 (quinientos dieciséis millones seiscientos mil colones, que es el perjuicio patrimonial generado, y no la suma de ¢352.700.000,00 (trescientos cincuenta y dos millones setecientos mil colones). El Tribunal tuvo por establecido que el imputado [Nombre19] liquidó ante el Tribunal Supremo de Elecciones y fueron autorizados al [Nombre3] por él mismo, la suma de ¢ 516.600.000 (quinientos dieciséis millones seiscientos mil colones), bajo el concepto de “servicios especiales” contra el aporte estatal, lo cual permitió cancelar un mayor porcentaje de los certificados de cesión de derechos a la contribución estatal, que habían sido girados por el partido Acción Ciudadana durante la campaña electoral. En esa medida debe revocarse lo resuelto sin necesidad de ordenar el reenvío, desde que del mismo análisis probatorio realizado por el a quo en relación a la determinación del juicio de culpabilidad y fijación de los hechos, permite llegar a la misma conclusión sobre la procedencia del reclamo del daño patrimonial reclamado de manera integral, por los 263 contratos por servicios especiales. En consecuencia, con respecto al daño patrimonial reclamado por la Procuraduría [Nombre47]    en representación del Estado Costarricense, contra los demandados civiles [Nombre1]  , [Nombre8]    y el Partido Acción Ciudadana,  se les condena a pagar en forma solidaria , la suma de ¢ 516.600.000 (quinientos dieciséis millones seiscientos mil colones), mas los intereses que se generen desde la consumación del hecho hasta su efectiva cancelación, así como al pago de las costas personales en el monto de ¢56.160.000,00 (cincuenta y seis millones ciento sesenta mil colones). B) En el segundo motivo de su recurso, el recurrente reclama falta de fundamentación intelectiva y contradictoria fundamentación en cuanto al rechazo del daño social. i) Falta de fundamentación intelectiva: Expresa el señor procurador que los hechos provocaron un importante daño social, toda vez que afecta de manera directa las bases mismas de nuestro sistema democrático de Derecho, dentro del cual la Constitución Política propicia un esquema de desarrollo electoral que permite su fortalecimiento pero además su permanencia a través del tiempo, mediante aportes estatales de carácter económico. Se socavó el deber que ostentan los partidos políticos de participar en la educación del pueblo para que sientan la seguridad de aspirar y participar del ideal democrático que significa la libertad del sufragio y dentro de este ideal, la necesidad del sentimiento de pertenencia, honestidad y transparencia del que debe estar impregnada toda fase y todo momento del ejercicio político-electoral; ejercicio que se facilita mediante la contribución estatal. A juicio del impugnante, las actuaciones de los imputados afectan la credibilidad del pueblo en el sistema, ocasionan sentimientos de decepción, desinterés, desconfianza y apatía en los ciudadanos, así como afectación del sistema democrático. En tal sentido refiere lo indicado por los testigos [Nombre76]  , [Nombre24]  , [Nombre77]  , [Nombre78]   , [Nombre79]   , [Nombre80]   y [Nombre81]   . A partir de la prueba testimonial recabada en el debate se concluye que  los hechos demostrados se dieron en un proceso democrático en el cual los imputados realizaron un cobro indebido al Tribunal Supremo de Elecciones valiéndose de la participación desinteresada y voluntaria de cientos de costarricenses. Arguye que si el daño social que se produce con ocasión de un delito ocurrido en un proceso electoral es equiparable a un daño moral o inmaterial y por ello no está afecto a la prueba que se requiere para demostrar el daño material, entonces el tribunal a partir de la prueba testimonial pudo haber derivado la existencia de un daño social y por ende la afectación al sistema democrático costarricense. Adicionalmente, la deuda política se utiliza para invertir en democracia, por lo que la afectación a los montos que el Estado destina para financiar dicho proceso democrático, incide necesariamente en el sistema democrático. Fustiga que para los juzgadores no hay prueba suficiente para acreditar que por las conductas tenidas por demostradas y que violentan una norma jurídica penal, se haya causado un daño al sistema democrático costarricense. Recrimina que se señalara que su representada no hizo un estudio que incluyera la variable relativa al impacto que tuvo el conocimiento público de los hechos por los cuales se condenó a los imputados, en relación con la percepción que tiene la sociedad sobre el sistema democrático costarricense. Critica que para el tribunal, el daño social colectivo solo puede evidenciarse por un cambio social verificable antes y después de los eventos, con prueba específica como lo son estudios sociológicos, y no con la prueba testimonial aportada al contradictorio. Ello llevó a que no se considerara ni valorara la prueba testimonial y que no se analizara la existencia del daño social de otras fuentes probatorias distintas a los que estimó el tribunal que debió haber sido aportada.   ii) Contradictoria fundamentación del tribunal al rechazar el daño social: No obstante que el tribunal consideró que no se acreditó la existencia de una afectación al sistema democrático y por ende rechazó el daño social, en algunos apartados del fallo evidenció la comprensión en cuanto a la relación existente entre la participación de las personas que laboraron gratuitamente, con la democracia, como así se desprende de las páginas 1360, 1479, 1502, 1561 de la sentencia. Argumenta el impugnante que el hecho más llamativo por lo cual existe una contradictoria fundamentación surge en cuanto al juicio de reproche, en donde el tribunal expresó a folio 1573 que los hechos delictivos del imputado trascienden el bien jurídico propiedad e inciden en la democracia. No ha lugar el reclamo. Examinada la sentencia dictada por el tribunal de instancia mediante la cual rechaza el resarcimiento por daño social a falta de su debida demostración por parte de la Procuraduría [Nombre47]   , se estima que la misma se encuentra debidamente fundamentada, y que los razonamientos empleados por los juzgadores se ajustan a lo que establece la ley.  Sobre el daño colectivo o social, se le ha definido como el que: “… se propaga o diluye entre los miembros del conjunto, sea que este se encuentre o no organizado y compacto. Se trata de un daño supraindividual que no consiste en la suma de daños especiales. Ni en un perjuicio de bienes propios y particulares de los individuos, sino en una lesión actual y concreta, sólo desde el punto de vista de la sociedad entera que los sufre. El daño al colectivo afecta simultánea y coincidentemente al grupo. Se trata de un mismo y único daño, que hoy en día se acepta sin dificultad, como una noción con entidad propia, que atañe por igual a todos los miembros de la comunidad, o a determinados grupos de manera indistinta y no exclusiva. Los destinatarios no son ya las personas, en forma aislada, sino categorías o clases de sujetos, vinculados por alguna calidad o característica que da conexión al conjunto. Dentro de esta temática, de surgir la obligación de resarcir este tipo de menoscabo, no se configura una suma de porciones identificables; por el contrario, es una lesión general, que resulta aprehensible y experimentable, en donde el elemento afectado es comunitario o grupal, que llega a los sujetos individuales indivisiblemente, por la inserción en el conjunto” (vd. Sala Primera, voto No. 675, de las 10:00 horas del 21 de setiembre de 2007). Ahora bien, como todo daño, sea individual, difuso, económico, material, fÍsico, moral o de cualquier tipo, éste debe probarse, sin que sea procedente presumir su existencia por el hecho de afirmar el ente estatal que los hechos por los cuales accionó, afectan de manera directa las bases del sistema democrático costarricense. Aseveró el representante de los intereses del Estado en su demanda y en sus conclusiones en el debate, lo siguiente: “La actuación aquí reclamada, socava nuestro sistema democrático de derecho, toda vez, que afecta a nuestra propia Constitución, al denigrar diversas consecuencias esenciales de la contribución estatal referida, a saber: el deber que ostentan los partidos políticos de participar en la educación del pueblo para que sientan la seguridad de aspirar y participar del ideal democrático que significa la libertad del sufragio y dentro de este ideal, la necesidad del sentimiento de pertenencia, honestidad y transparencia del que debe estar impregnada toda fase y todo momento del ejercicio político-electoral; ejercicio que se facilita mediante la contribución estatal.  Bajo este esquema, la actuación aquí descrita afecta la credibilidad del pueblo en el sistema y la dinámica de la política nacional, la cual colabora en el mantenimiento de las bases estructurales e ideológicas de nuestra democracia. Asimismo, la actuación aquí reclamada, provoca un sentimiento de malestar social que resquebraja nuestras bases democráticas, mediante la pérdida de credibilidad del pueblo en el sistema y desarrollo de la vida democrática nacional. Lo anterior, por cuanto el pueblo costarricense y el Estado mismo, han sido irrespetados, al procurarse y haberse obtenido –en beneficio propio y de terceros- un incremento en el reconocimiento y reembolso de la deuda política sobre la base de un engaño, para lo cual debe resaltase que somos todos los ciudadanos quienes contribuimos con nuestros aportes económicos a financiar la deuda política y por ende, hemos sido igualmente.”. Explica la PGR que se ha provocado un daño social por haberse deteriorado la correcta formación política y afectarse la manifestación de la voluntad popular por la pérdida de credibilidad en los partidos políticos. La actora civil reconoce que existe un desencanto y pérdida de credibilidad en los partidos políticos, a lo cual debe sumarse el abstencionismo de los votantes, el cual contribuye la actuación delictuosa de los demandados civiles” (cfr. fs. [Telf10], vd. fs. 391-392 legajo acr) . Es innegable que los procesos electorales constituyen un pilarspensable para el funcionamiento real de un auténtico régimen democrático y que, en este contexto, los partidos políticos constituyen un elemento importantísimo de la vida democrática, pues son los instrumentos a través de los cuales se concretan los principios del pluralismo democrático, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, y son instrumentos fundamentales para la participación política (vd. Sala Constitucional, voto No. 2009-849, 12:35 hrs. de 23 de enero de 2009 y Sala Primera, No. [Telf11], 02:45 hrs. de 05 de mayo de 2010, entre otros). Sin embargo, tal y como se advierte en el fallo, quien solicitó el derecho al resarcimiento por daño social debió acreditar el daño cierto, real y efectivo que los demandados civiles (don [Nombre4], don [Nombre82] y el [Nombre3]) ocasionaron al sistema democrático costarricense, más allá de la mera enunciación de la razón de ser de los partidos políticos y su papel en una democracia como la nuestra. Asumir la realidad de la causación del daño social basándose en lo que declararon los testigos que aparecieron suscribiendo los contratos y documentos simulados en una apreciación general, es absolutamente insuficiente para probar que se afectó la credibilidad en los partidos políticos, pilar fundamental en un régimen democrático. [Nombre76]   manifestó que trabajó para el [Nombre3] para apoyar a su mamá que aspiraba a un puesto por el partido, pero también por amor a los ideales de transparencia y ética de la agrupación, quería un cambio a nivel político, no tenía intención de cobrar por su voluntariado y, su sorpresa y desilusión obedeció a la tergiversación de lo que había firmado. Por su parte, [Nombre24]   relató que al [Nombre3] lo llevó [Nombre83] , trabajó desinteresadamente para el partido, fue regidor y con el tiempo se hizo independiente, sin que dijera que ello obedeció a las acciones achacadas a los demandados civiles. [Nombre77]   indicó que fue fundadora del [Nombre3]. Refirió que puso su vehículo personal y el combustible de su propio bolsillo a disposición de las necesidades del partido en varias ocasiones, expresó que regaló el trabajo para ayudar al país,  aceptando que firmó los contratos y que la plata fuera para el partido. En ningún momento externó tristeza por lo sucedido, más bien salió en defensa de su aporte gratuito y del reconocimiento merecido al partido de la deuda política a su labor. La señora [Nombre78]    acotó que su trabajo lo  hizo voluntariamente, sin cobro al partido porque cree en la democracia de este país. [Nombre79]    informó que en el [Nombre3] era difícil contar con recursos, así que ello mismos financiaban la campaña con el aporte de trabajo. Lo que firmó representa un valor por su entrega, pues nunca esperó tener una retribución económica. Como se ve, ninguna de estas personas mencionadas por el procurador en su recurso, o los más de 170 testigos que rindieron declaración en el debate, mencionaron haber sufrido un daño supraindividual que ocasionara un menoscabo a la democracia. La mayoría admitió haber prestado una colaboración gratuita al partido y estuvieron de acuerdo con firmar los documentos que se les presentó, convencidos de que con ello se ayudaba a la agrupación que eventualmente podría ser reconocida. En lo que mayormente externaron asombro e inconformidad, fue en los montos desproporcionados que se consignaron y la clase de función que se les asignó, los cuales reñían con la realidad del servicio prestado. Algunos, como [Nombre36]    , se mostraron incómodos porque fueron contactados por funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones para declarar con relación a los contratos por servicios especiales cobrados al Estado, respecto de los cuales los prestatarios, no habían declarado sus ingresos a la Dirección General de Tributación Directa. El común denominador entre casi todos los militantes del [Nombre3] que depusieron, es que quisieron dar el trabajo al partido, sin esperar nada a cambio, mas si se daba un reconocimiento económico por su labor desinteresada, que este se entregara al partido para contribuir con sus precarias finanzas. Lo que dijeron es en el fondo, como lo hizo ver la testigo [Nombre5]   , la aceptación de llevar a cabo “una pequeña trampa” o, “un pequeño engaño”, sabiendo que se trataba de dineros públicos, de modo que, no son el mejor referente para ofrecer una muestra representativa de los titulares del verdadero interés colectivo. Por el contrario, si alguno de ellos evidenció malestar, no fue por el ataque que con el accionar de los demandados civiles se ocasionó a la institucionalidad político-electoral de este país (en lo que ellos mismos, “de buena fe para con el partido”, participaron), sino por la traición sufrida en su esfera particular, del [Nombre3] hacia ellos, como sus militantes, al llenarse los documentos con contenidos irreales en el monto y en cuanto a las funciones desempeñadas. No debe confundirse el daño en los intereses particulares de los individuos que pertenecen a una agrupación determinada, con la lesión general que le pertenece al colectivo. Por ello, acertadamente, el Tribunal concluyó que no hay prueba suficiente para acreditar que, por las conductas tenidas por debidamente demostradas y que violentan una norma jurídico penal, se haya causado un daño al sistema democrático costarricense. Llevan razón los juzgadores en que se debe  corroborar la existencia de un daño efectivo; el cual debe ser evaluable e individualizable, y derivado de una conducta apta para el surgimiento de la responsabilidad. De igual manera, debe examinarse el nexo de causalidad, como elemento necesario para imputar el daño al comportamiento específico que lo ha provocado. Indicó el a quo: “Si no logra corroborarse el daño, la afirmación de la PGR no pasaría de ser un supuesto o una hipótesis. De igual manera, si la actora civil no demuestra el daño social, no hay necesidad de pasar a examinar  si existe una relación de causalidad directa entre éste y el resultado, pues sería innecesario y estéril” (cfr. f. 3901). No es, como la Procuraduría de manera genérica sostiene, que con el hecho ilícito configurado se ha visto deteriorada la correcta formación política, así como afectada la manifestación de la voluntad popular por la pérdida de credibilidad en los partidos políticos. Apuntó la parte actora civil en su recurso, que existe un desencanto y pérdida de credibilidad en los partidos políticos, a lo cual debe sumarse el abstencionismo de los votantes, en lo cual contribuyó la actuación delictuosa de los demandados civiles. Tales aseveraciones del recurrente son infundadas y parten de un primer error, que es dar por sentado que existió un daño social a la colectividad. Hecha esta suposición, estima que debe concederse como se hace con el daño moral, mediante una ponderación de los juzgadores sobre el quantum del daño al colectivo. Comparte esta Cámara con el tribunal de mérito, que debió demostrarse la existencia del daño social. A tales efectos, los jueces expusieron la necesidad de un estudio que contemple la variable relativa al impacto que tuvo el conocimiento de los hechos por los cuales se condenó a los imputados, en relación con la percepción que tiene la sociedad sobre el sistema democrático costarricense, antes, y después. Es decir: “una comparación entre el bienestar social antes del hecho y luego de sucedido éste” (vd. fs. [Telf12]). Al no hacerse de esa manera, se trata de un daño incierto y abstracto, que es todo lo contrario a un daño cierto y efectivo, evaluable e individualizable. Como se ve, nada de esos atributos tiene el daño social cuyo resarcimiento pretende el ente estatal. El actor civil no pudo escindir dentro del índice de confianza al sistema democrático, cuál es la repercusión de la presentación de la liquidación de gastos simulados por parte del [Nombre3], y cuáles efectos obedecen a otras causas, para determinar si producto de la acción de los demandados civiles hubo daño social. Debe recordarse que la percepción favorable o negativa hacia los partidos políticos, como canales para la participación democrática y de la organización de las corrientes e ideologías de la vida social, es multifactorial, depende de muchas situaciones, como por ejemplo, la decepción del electorado por la falta de inversión pública en un gobierno, o bien, por actos de corrupción imputados a alguna figura pública en un momento determinado, entre muchos otros. La dificultad para separar esta situación concreta de otras igualmente aptas para crear un daño social, precisamente demuestra la importancia de que, tratándose de intereses difusos, el daño supuestamente causado al colectivo, no hace presumir la existencia “automática” de éste, ya sea porque se crea obvio que acciones como las estudiadas quebrantan nuestra institucionalidad o porque se tome en bulto las declaraciones de los militantes y se diga que sufrieron un perjuicio, sino que debe acreditarse a través de algún medio o instrumento de medición apropiado, desde la óptica de las ciencias sociales y la estadística, que venga a establecer si puede evidenciarse un cambio social verificable, antes y después de los eventos.  No es suficiente decir, solamente, que hay daño social por cuanto el hecho por el cual el [Nombre3] se impuso de un beneficio  patrimonial antijurídico, ofendió los principios fundamentales de paz y democracia que consagra la Constitución Política. El hecho de que se trata de bienes o valores de interés general, como ocurre en el caso del concepto de pluralismo político, principio elemental del acervo democrático y constitucional de la nación, los cuales son definiciones de corte sumamente abstracto y genérico, no implica “per se”  que nazca en la entidad estatal el derecho de reclamar un daño social indeterminado, lo que impone el rechazo del reclamo al no existir vicios en la fundamentación analítica. Estima esta Cámara que conforme a lo expresado por lo jueces en la sentencia cuestionada, no existe en el expediente documento que acredite haberse causado un daño colectivo individualizable a esa globalidad. Lo anterior impide establecer, la existencia de un nexo de causalidad, entre el hecho ilícito y el daño que reclama el actor. En torno al cargo de fundamentación contradictoria desde que en algunos apartados del fallo  se evidenció la relación entre la participación de las personas que colaboraron gratuitamente, con la democracia, como se desprende de los folios 3597, 3715, 3733 y 3797, no existe duda en que la mayoría de los testigos desplegó el servicio al partido en forma voluntaria y sin pretender cobro alguno. Ello no significa que en esos apartados de la sentencia se esté diciendo que estas personas sufrieron una afectación en su percepción acerca de la democracia, por el proceder de los demandados civiles. Antes bien, como se indicó, los mismos participaron conscientes de que los documentos que suscribieron iban a significar un cobro al Estado costarricense, se diera el reconocimiento o no. Finalmente, en cuanto a lo expresado por el Tribunal en la página 1573, folio 3809 de la sentencia, que: “La afectación trasciende de la mera afectación al bienjurídico propiedad, las arcas del estado (sic) han sido saqueadas en un rubro que el mismo constituyente quiso invertir en la columna vertebral de nuestra democracia electoral” (cfr. f. 3809), en modo alguno significa que se está asumiendo la existencia del daño social. Simplemente, en el contexto del análisis del perjuicio patrimonial, como elemento del tipo penal del delito de estafa, se está indicando algo que es innegable: la base de la financiación aprobada directamente en los presupuestos generales del Estado a los partidos políticos, descansa en el reconocimiento constitucional del interés público de la función que realizan, como canales para la participación democrática de los ciudadanos. Tal y lo ha expresado la Sala Constitucional: “...los partidos son instrumentos esenciales del ejercicio de aquellos derechos y, por ende, de la democracia misma; su formación y funcionamiento libérrimos, son, pues de un altísimo interés público, a la sola condición de que cumplan algunos requisitos objetivamente derivados del sistema de partidos; la posibilidad de constituirlos, organizarlos e inscribirlos y de participar con ellos en la elección de los gobernantes y en la conducción de los asuntos públicos, debe ser lo más amplia posible, dentro de los límites estrictamente indispensables para preservar los intereses públicos correspondientes a su naturaleza, fines y función” (cfr. Sala Constitucional, voto No. 2009-849, 12:35 hrs. de 23 de enero de 2009). El accionar de los demandados civiles atentó contra fondos de la contribución estatal destinados a invertir en democracia, lo que no significa que los jueces estén aceptando que existió un daño al sistema democrático, sino que están destacando el valor intrínseco de la decisión de invertir en nuestro país por sostener el sistema electoral. Consecuencia de lo anteriormente expuesto, no existen vicios en la fundamentación analítica ni fundamentación contradictoria, por lo que procede rechazar el agravio.”