Resolución 00242-2024

Admisibilidad del recurso. De conformidad con el artículo 157 del Código Notarial, el recurso de apelación interpuesto resulta admisible. -

Antecedentes del caso en estudio. Denuncia.  La accionante plantea denuncia contra el notario público, el 6 de marzo del 2008 realizó un contrato de préstamo de dinero por 12,325,000.00 colones, con garantía prendaría con la empresa GREEN TRAIL TOURS S&V S.A., siendo la garantía el vehículo placas [Placa1] , dicho contrato se formalizó por medio de la escritura número 72 de las dieciséis horas del seis de marzo del dos mil ocho ante el notario Luis Fernando Castro Gómez, y que al día de la presentación de ésta denuncia no se había presentado ante el Registro Nacional para su inscripción respectiva, por lo que solicita se obligue al notario denunciado a inscribir el instrumento público correspondiente a una prenda en primer grado sobre el vehículo antes indicado, así mismo plantea una acción civil resarcitoria la cual estima en la suma de 14,724,300.84 colones. (folio 17 al 20).   Contestación (f. 69 a

Se le dio traslado de la denuncia al notario LUIS FERNANDO CASTRO GÓMEZ, y se le notificó el 6 de julio del 2010, (folio 81) y contestó el 17 de julio del 2010, rechazó los cargos, indica que "si bien es cierto dicho instrumento al día de hoy no ha sido presentado al diario del Registro público para su inscripción, esto por indicación expresa del acreedor y deudor días posteriores a la firma del instrumento" presento las excepciones de prescripción, falta de acción, falta de Derecho, y la genérica sine accione agit, falta de competencia por la materia, pago parcial y litis consorcio pasivo necesario. Sentencia de primera instancia impugnada.   La autoridad de primera instancia dictó la sentencia número 2022000215 de las quince horas veinte minutos del veintiocho de abril de dos mil veintidós (EV 28/04/2022), mediante la cual declara sin lugar las excepciones de prescripción, falta de acción, falta de Derecho, y la genérica sine accione agit, falta de competencia por la materia, pago parcial y litis consorcio pasivo necesario planteadas por el notario [Nombre2]   ; y con lugar el proceso disciplinario notarial interpuesto por [Nombre1]   , contra el notario [Nombre2]    a quien se le impone la corrección disciplinaria de SEIS MESES de suspensión en el ejercicio de la función notarial, fundamentado en el artículo 145 inciso A)- del Código Notarial.-  Aspectos de trámite.  Por medio del auto de las nueve horas catorce minutos del doce de abril de dos mil once, el Juzgado de Notarial analizó la excepción de falta de competencia por la materia, la cual declaró sin lugar (f. 92);  las defensas de Pago Parcial y Falta de Acción fueron rechazadas por medio del auto de las trece horas diez minutos del veintitrés de junio del dos mil once por no estar contempladas en el artículo 298 del Código Procesal Civil vigente en ese momento(f. 103). La alegación de Litis Consorcio Pasivo Necesario fue conocida por auto sentencia número 511-2015 de las trece horas treinta y seis minutos del veintisiete de noviembre del dos mil quince, por la que el Juzgado Notarial, declaró sin lugar la excepción plantea (f. 143 al 155). Por medio del auto de las trece horas y cincuenta y cuatro minutos del veintinueve de agosto del dos mil dieciséis, se otorgó un mes, al notario denunciado Castro Gómez, para que procediera a inscribir la escritura CED4 objeto de la litis (f.171).-  Recurso de apelación.   (EV 04/05/2022).  El encausado impugna la sentencia número 2022000215 de las quince horas veinte minutos del veintiocho de abril del dos mil veintidós.-  El recurso de apelación es admitido  (EV 12/07/2022) por auto de las catorce horas cuatro minutos del doce de julio del dos mil veintidós generando que ahora este Tribunal entre a conocer del mismo. -

De los hechos tenidos por probados.  Se aprueban los hechos tenidos como probados por parte de la autoridad de primera instancia.-

De los hechos no probados:  Se agregan a la sentencia de primera instancia los siguientes hechos tenidos por indemostrados:   A)-  Que se le giraran instrucciones al encausado por parte de los otorgantes del instrumento público objeto de la litis, a efecto de que no procediera con la inscripción respectiva (los autos).-  B)- Que el contrato de garantía de prenda constituido por el instrumento público número 72 autorizado por el encausado, haya sido sustituido por el Contrato de Inversión suscrito por la actora y por  [Nombre3]   , en su calidad personal y a título de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de Bay Island Cruises (PROMAR MC, SOCIEDAD ANÓNIMA), cédula CED5 (alegato de contestación del encausado f. 69 a 80).-

Sobre el recurso.  El apelante en su recurso reitera elementos alegados en su defensa, agraviando sobre la sentencia apelada error de la apreciación de la prueba confesional en la valoración de la carga de la prueba y en un hecho probado. Ello fundamentado en que el A quo resuelve en su párrafo segundo del considerando noveno que "la obligación del notario era presentar la escritura ante el registro y tramitar su inscripción" situación que a todas luces es la lógica y la normal, solo que en autos no consta una prueba documental o de otra naturaleza, que demuestre que al notario cartulante, se le cancelaron los gastos de inscripción de tal instrumento, en cuyo caso, la carga de la prueba la tiene el actor, ya que el demandado no puede demostrar una obligación negativa, no puede demostrar que no recibió un pago de los gastos de registro; el actor es el que debe demostrar que realizó el pago; en este caso, la acción era cancelar los gastos de registro para poder pagar los timbres de la escritura y poder presentar su inscripción en el Registro Nacional. En este caso en concreto la realidad de los hechos y pruebas que constan en autos la sentencia que se recurre, omite tener como un hecho probado, el hecho de que la actora no canceló los gastos de inscripción al notario denunciado, cuando esté hecho se demostró fehacientemente con la prueba confesional rendida por la actora, visible el folio 236 al 237 del expediente. Al ser este un hecho demostrado y probado, tiene como consecuencia la revocatoria de la sentencia que se recurre y en su lugar se debe declarar sin efecto la denuncia interpuesta y con lugar las excepciones opuestas en su oportunidad procesal. Alega asimismo, que lo considerado por el juzgador en el considerando noveno también es incongruente con la valoración que hace de la prueba confesional evacuada en autos, la cual es visible el folio 236 al 237 del expediente con lo cual se demostró que la actora en la prueba confesional, declaro bajo la fe de juramento ante la pregunta:  “Doña [Nombre1] usted me pagó a mí los honorarios y los timbres para inscribir en el registro esa prenda a lo que la actora declaró:  no”. Como segundo, manifiesta que la sentencia es contraria a la jurisprudencia imperante ya que en  la sentencia recurrida no existe justificación alguna para que el juzgador, se separe de la jurisprudencia aportada en autos, y de la prevaleciente por el parte del Tribunal Notarial y de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en especial según lo resuelto por este Tribunal en el voto 163 de las 10 horas 20 minutos del 7 de noviembre del 2002 que resolvió que "Por otra parte como la denunciante no demostró en el proceso que hubiera pagado monto alguno de dinero en concreto en horarios y gastos de inscripción, y más bien fue demostrado lo contrario, cuando en la prueba confesional la señora. Manifestó al contestar la pregunta séptima que es cierto. Yo no le entregué nada a ella por concepto de honorarios, derechos de registro y timbres ...".

En atención a los alegatos del apelante se tiene que como se muestra de las resoluciones utilizadas por éste, en cuanto alude a criterios expresados en los votos 163 de las 10:20 horas del 7 de noviembre del 2002, 131 y 189 del 2011, emitidos por esta Cámara con la integración correspondiente en su oportunidad, así como de la Sala Primera, voto 142-F-2006 de las 8:25 horas del 16 de marzo del 2006; de un análisis pormenorizado de los lineamientos esgrimidos por este Tribunal así como de la estimable Sala Primera, resulta evidente que la responsabilidad de erogar los montos correspondientes es de “las partes” ambas o una de ellas, de lo cual se debe dejar constancia a efecto de que “todos” los intervinientes se encuentren en conocimiento de tales circunstancias.  Véase la norma contenida en el artículo siguiente del Código Notarial, norma especial para la materia, “Artículo 167.  Los notarios deberán extender recibos oficiales por todas las sumas de dinero que reciban y dejar constancia de haber recibido o no los honorarios y derechos de las escrituras inscribibles en alguno de los registros públicos; también indicarán las cantidades recibidas y el concepto. La omisión de esta razón hará presumir que los honorarios y demás gastos necesarios fueron cubiertos satisfactoriamente.” (el resaltado ha sido agregado).  Resulta transparentemente claro, la norma de orden público genera una presunción legal en el tanto se omita cualquier constancia que el cartulario debe  insertar en la matriz respecto de la recepción de gastos y honorarios por tal actuación, se presumirá que los recibió en su totalidad.  Ahora bien en el caso concreto, como lo indica el gestionante, de la prueba generada en la declaración de la parte actora,  ésta acepta que no le pagó los honorarios y timbres para inscribir la prenda (f. 236 in fine y 237 primera línea); sin embargo, no se aporta elemento indubitado con relación a la eventualidad de entrega de dineros por la otra parte; aunado a la omisión de constancia alguna.  Nótese que en la transcripción de la norma contenida en el artículo 167 ídem, se evidencia que refiere a “las partes”   no a una en específico, siendo la obligación de cartulario siempre la de hacer constar su recepción parcial o total o la omisión de dicho recibo.  Ello en atención a que es responsabilidad del notario autorizar actos, negocios y/o contratos legales y “eficaces” (art. 7 inc. d), 126 inc. d), 144 inc. b) y 145 c), todos del Código Notarial).  -

Ahora bien, como se indicó en el considerando supra la postura en atención a la presunción de análisis por la Cámara titular no es unitaria, como se puede desprender de los siguientes votos emitidos de reciente data: “VI.-  DEL PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS Y LA PRESUNCIÓN DEL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NOTARIAL:  Acusa el apelante una indebida apreciación de los autos, pues en la sentencia se le aplica la presunción del artículo 167 del Código Notarial, teniendo por acreditado que sí recibió los montos requeridos para la inscripción y obligándolo a llevarla a cabo.  En autos se tuvo por probado que en el cuerpo de la escritura ciento veinte- veinticinco no se consignó ninguna razón de no pago o pago parcial de los honorarios y gastos de inscripción.  Para la juez a quo, la inexistencia de esa razón hace aplicable la presunción contenida en el artículo 167 del Código Notarial, que literalmente indica:  "ARTÍCULO 167.- Obligación de dar recibo.-  Los notarios deberán extender recibos oficiales por todas las sumas de dinero que reciban y dejar constancia de haber recibido o no los honorarios y derechos de las escrituras inscribibles en alguno de los registros públicos; también indicarán las cantidades recibidas y el concepto. La omisión de esta razón hará presumir que los honorarios y demás gastos necesarios fueron cubiertos satisfactoriamente.".  Concuerda esta Cámara con que la omisión de razón de no pago, activa la presunción que, vale aclarar al notario (….), FUE ESTABLECIDA POR LEY, por lo cual no puede pretender que en su caso personal, se le releve de la aplicación de una norma de rango legal.  La presunción fue establecida en resguardo de los intereses tanto de los usuarios de los servicios notariales, cuanto de los notarios.  Si el notario no hace uso de ese instrumento legal, cargará con el peso de su omisión y ello no implica ninguna violación al principio de inocencia que invoca el apelante, ni "un erróneo principio de culpabilidad para la imposición de la sanción", pues, se reitera, el artículo 167 puede ser aplicado en favor del notario, si hace uso de esa norma correctamente.” VOTO Nº 008-2021, de las diez horas del viernes quince de enero de dos mil veintiuno.  Asimismo, en el Voto de este Tribunal, No.32-2010, de las  nueve horas veinticinco minutos del cinco de febrero del  dos mil diez, indicando “IV.-   Para la mayoría de este Tribunal, el primer argumento antes reseñado, sea, la supuesta  falta de prueba sobre el pago de los gastos de inscripción y de los honorarios,  resulta insuficiente para variar lo resuelto. Ese pago se presume por aplicación del numeral 167 del Código Notarial, pues no fue consignado en el cuerpo de la escritura número CED6   , la razón sobre la falta de pago o pago parcial de gastos u honorarios. Si a esta falta de advertencia en la escritura, se adiciona, por una parte,  la manifestación de la quejosa, de que pagó por ese concepto, trescientos sesenta mil colones, y por otra, que el apelante no destruyó esa presunción, ha de tenerse por establecido que ese pago se hizo, pero  a la citada persona. Ahora, de acuerdo con el aserto de la denunciada, esa cantidad de entregó al notario (….) y no al impugnante y este aspecto, de importancia para la solución del asunto en vista de lo establecido en el artículo 20 del Código Notarial, lleva, por las razones que se dirán en el considerando siguiente, a acoger el recurso planteado, pues la presunción se destruye respecto del notario apelante, únicamente respecto de los gastos de inscripción.”. Nótese que en ambas circunstancias se admite prueba en contra de la presunción cuando las partes o alguna de ellas acepta haber omitido el pago de los dineros por concepto de la actuación rogada al Cartulario; sin embargo en ningún caso se determina que una determinada parte es la que debe pagar exonerándose a la otra de tal obligación y por ende relevando al notario de la aplicación de la presunción generada por la norma.  En el siguiente extracto se evidencia la controversia postural al interno de este Tribunal con relación únicamente al alcance de la presunción no así de la existencia de la misma, veamos:  “Por otra parte, extraña la defensa pública mayor enjundia en cuanto al tema de los honorarios, que podría explicar la falta de inscripción, sin embargo el artículo N° 167 establece una presunción, que en opinión del Juez ponente, mas no de la totalidad del tribunal (los Jueces Superiores Echandi Salas y Chaves Ortiz  consideran que se trata de una presunción iuris tantum, es decir, que admite prueba en contra.), se trata de una presunción iure et de iure, es decir, irrebatible, de manera que no existiendo indicación en el propio instrumento acerca de que no se habían cancelado honorarios y/o gastos de inscripción, procede presumir y contar como hecho probado, que los honorarios profesionales y los gastos de inscripción que entrañaba la escritura CED7° , se encuentran perfectamente satisfechos. Acorde con lo expuesto, aunque las alegaciones de la defensa pública son muy respetables y elocuentes, es lo cierto que carecen de la potencia para quebrar el fallo apelado, que obedece a un supuesto de hecho muy concreto descrito como falta grave por el Código Notarial y que dispone sancionar al notario que retarda la producción de un asiento registral, sin tener justificación para tal atraso, debidamente prevenido al efecto, tal y como lo ha sido en autos”.  Voto Nº 48-2018-TDN de las diez horas con veinticinco minutos del día veintitrés del mes de febrero de dos mil dieciocho.-

En atención a lo ya indicado, en el caso concreto no logra el apelante desvirtuar la presunción aplicada al caso concreto, que como resulta evidente, es de acatamiento obligatorio por conformarse por Ley de orden público, cuyo cuerpo normativo que la contiene, se encuentra vigente desde 1998, no siendo de recibo el agravio alegado de actuación en contra de la jurisprudencia de esta Cámara. Como corolario de lo anterior, los agravios expuestos resultan insuficientes para revocar lo resuelto, por lo que la sentencia impugnada debe confirmarse en lo que fue apelada.