Resolución 01062-2025

La jueza o el juez tramitador, antes de declarar la inadmisión, hará saber a las partes el motivo en que se funda, para que, en el término de cinco días hábiles, aleguen lo que estimen procedente y acompañen los documentos a que haya lugar.

Contra la resolución que acuerde la inadmisión, cabrá

recurso de casación, el cual será del conocimiento del Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo.".- Dispone ese numeral el deber para la persona juzgadora de apreciar si la pretensión se deduce contra alguna conducta no susceptible de impugnación (según los numerales antes transcritos) en cuyo caso declarará la inadmisibilidad de la demanda. Esto determina, sin lugar a dudas, que el cuestionamiento de conductas administrativas pasibles de impugnación es un presupuesto procesal.- Asimismo, lo cual también reafirma el carácter de presupuesto procesal, de conformidad con el precepto 66, en la contestación de la demanda o contrademanda se puede alegar, entre otras, la defensa previa de que la pretensión se deduce contra alguno de los actos no susceptibles de impugnación (...) DE LAS CONDUCTAS NO SUSCEPTIBLES DE IMPUGNACIÓN: En materia Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, el numeral 36 del CPCA dispone la conducta administrativa objeto del proceso: “La pretensión administrativa será admisible respecto de lo siguiente: a) Las relaciones sujetas al ordenamiento jurídico-administrativo, así como a su existencia, inexistencia o contenido. b) El control del ejercicio de la potestad administrativa. c) Los actos administrativos, ya sean finales, definitivos o de trámite con efecto propio. d) Las actuaciones materiales de la Administración Pública. e) Las conductas omisivas de la Administración Pública. f) Cualquier otra conducta sujeta al Derecho administrativo.” Asimismo, el precepto 37 señala a partir de qué momento resulta cuestionable: “1) Los actos que para su eficacia requieran publicación, serán impugnables a partir del día siguiente a esta.

Serán impugnables los actos de aplicación individual de las disposiciones generales, aun cuando estas últimas no sean objeto de impugnación.

De igual modo, serán impugnables los actos de aplicación individual de las disposiciones generales, bajo el fundamento de que estas no son conformes a derecho, aunque no se hayan impugnado directamente en su momento oportuno. En tal caso, podrá requerirse la nulidad o anulación del acto concreto, así como la de aquellas normas específicas que le dan fundamento. De igual manera, el artículo 38 preceptúa cuáles actos resultan inimpugnables: “1) No será admisible la pretensión de nulidad en relación con los actos que, estando viciados, hayan sido consentidos expresamente o sean reproducción de otros anteriores, ya sean definitivos y firmes o confirmatorios de los consentidos. /

En los procesos civiles de Hacienda no será necesario impugnar el acto que decida el reclamo o ponga término a la vía administrativa, cuando se haya optado por su agotamiento.” (destacado propio). Asimismo, entre otros, en el fallo de este Tribunal N°1047-2018 de las diez horas cuarenta minutos del veintiuno de junio de dos mil dieciocho se indicó lo siguiente sobre los actos no susceptibles de impugnación: "(...)

Sobre el acto no susceptible de impugnación y la caducidad. El artículo 49 de la Constitución Política establece la jurisdicción contencioso administrativa con un doble propósito claro orientado por un lado a garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público, así como los derechos subjetivos e intereses legítimos de los administrados. A su vez, el Código Procesal Contencioso Administrativo -en adelante CPCA-, en el artículo 1° dispone que esta jurisdicción tendrá por objeto tutelar las situaciones jurídicas de toda persona, garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la Administración Pública sujeta al Derecho Administrativo, así como conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico administrativa. [...]".