Resolución 08955-2025

En fecha 13 de setiembre del año 2019, ante el Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil del Primer Circuito Judicial de San José, el actor interpone proceso de conocimiento cuyas pretensiones fijadas en el escrito de demanda, son las siguientes: "1. Que se acoja la presente demanda en todos sus extremos.

Se obligue al Instituto Nacional de Seguros a ejecutar la póliza que cubre la finca 1-64003-F-000 por el monto establecido y de acuerdo a lo estipulado en el contrato.

Se condene a pagar los intereses legales desde el momento en que se tuvo que ejecutar la póliza hasta la firmeza de la sentencia del presente caso.

Se condene al demandado al pago de costas procesales y personales del presente proceso". (Ver demanda en las imágenes 02 a 11 del expediente judicial digital).

Mediante auto de las 11:59 horas del 24 de setiembre del año 2019, el Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil del Primer Circuito Judicial de San José, se declara incompetente para conocer del presente asunto y remite los autos al Juzgado Contencioso Administrativo y ante la disconformidad de la parte actora, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, por criterio de mayoría, en la resolución 1945-C-S1-2023, de las 13:56 horas del 09 de noviembre del 2023, declara que el conocimiento del proceso corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. (Ver imágenes 333, 334, 363 a 369 del expediente judicial digital).

Otorgado el traslado de ley, la representación del Instituto Nacional de Seguros contestó negativamente la demanda e interpuso la defensa de falta de derecho. Asimismo, solicita la condenatoria en costas y sus intereses. (Ver imágenes 372 a 374, 377 a 386 del expediente judicial digital).

La audiencia preliminar fue celebrada el día 14 de mayo del año 2024, con la participación de ambas partes procesales. En dicha audiencia, se fijan las pretensiones, los hechos controvertidos, se admite prueba documental y la declaración de cinco testigos. Asimismo, se confiere audiencia a la parte demandada por tres días respecto a la prueba nueva documental aportada, cuya admisibilidad se reserva para el dictado de la sentencia. (Ver audiencia preliminar respaldada en disco compacto y minuta en las imágenes 656 a 661 del expediente judicial digital).

El juicio oral y público, fue celebrado el día 18 de agosto del año 2025. En dicha audiencia se expone el alegato de apertura, se recibe la declaración de tres testigos admitidos en la audiencia preliminar y las partes emiten su alegato de conclusiones. (Registro de la audiencia en disco compacto y minuta visible en las imágenes 701 a 705 del expediente judicial digital).

Se dicta esta sentencia dentro del plazo de ley, por unanimidad, previa deliberación de las integrantes del Tribunal, sin que se observen causales capaces de invalidar lo actuado. Redacta la Jueza Bolaños Salazar,

Sobre la prueba documental ofrecida en la audiencia preliminar y en la audiencia de juicio oral: En la audiencia preliminar, el actor aporta un informe de peritaje del mes de agosto del año 2023, levantado por la firma AESA, la cual analiza la condición de las filiales del condominio vertical Brisas de Zapote, afirmando que acredita que el actor no se encontraba en conocimiento del deslizamiento del año 2014, ya que nuevamente la vivienda no demostraba de forma clara y fehaciente que tuviera vicio alguno. La representación del Instituto Nacional de Seguros se opone a su admisión, dado que el objeto del estudio de ese informe fue valorar la condición del Condominio, por lo que no se trata de una prueba relacionada con la finca filial N° 33 que es la propiedad del actor y la que se encuentra en discusión en este proceso, haciendo notar que en dicho documento se recomienda la no ocupación de las filiales 24 a 32, pero no menciona la filial #33. Por otra parte, en la audiencia de juicio, ofreció el actor, prueba documental asociada al pago al día del seguro. Criterio del Tribunal: Una vez analizado el presente proceso a la luz de la prueba agregada al expediente así como conforme a los alegatos expuestos oportunamente por ambas partes, arriba esta Cámara a la conclusión que la prueba ofrecida y descrita líneas atrás debe ser rechazada, por estimarse innecesaria al tenor de lo resuelto en el considerando VI de la presente sentencia, toda vez que no inciden en la procedencia o no, de las pretensiones del proceso, tornándose irrelevante, el hecho que el actor desconocía al momento de la adquisición de inmueble, del deslizamiento ocurrido en el año 2014, argumento que en todo caso, fue admitido en sede administrativa por el accionado al conocer del recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución que declinó el reclamo. La misma suerte corre el tema relativo al pago al día de la póliza, por cuanto el objeto del proceso se cierne sobre la aplicabilidad de las cláusulas de exclusión de cobertura, las cuales no fueron impugnadas en este asunto, no así, respecto a encontrarse al día o no, el actor con los pagos de las primas respectivas.

De los hechos probados.- De importancia para la resolución de este asunto, por la forma en que será resuelto, se tiene como debidamente acreditado lo siguiente:

En el mes de octubre del año 2014, el Condominio Vertical Brisas de Zapote, sufre de un deslizamiento en su colindancia derecha (noreste) con el margen derecho del río María Aguilar, la cual había mostrado evidencias de inestabilidad y con ocasión a ello, la Comisión Nacional de Emergencias mediante el informe IAR-INF-0783-2014, emitió recomendaciones respecto a que se debe valorar la posibilidad de realizar algún tipo de obra de protección contra la erosión, como gaviones, anclajes o geotextiles, para disminuir el riesgo de más desprendimiento del terreno. Advierte, que cualquier obra que se realice, deber ser supervisada por un profesional capacitado en el tema y respaldada por los estudios correspondientes y contar con los permisos del Departamento de Aguas y la Municipalidad para realizar obras en el cauce de dominio público. (Ver oficio RS-ASRSSEM-IMJ-229-2017, del 02 de octubre del año 2017, emitido por la Dirección del Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana, en las imágenes 69 a 75 del expediente judicial digital);

En el informe técnico número IAR-INF-0971-2014, levantado por la Comisión Nacional de Emergencias con el objetivo de realizar la valoración de riesgo del Condominio Las Brisas ubicado en Zapote, San José, por inestabilidad de talud y deslizamiento, se concluye entre otros, que se deben intervenir los sistemas de drenaje de aguas pluviales para que sean dirigidos a un alcantarillado público, garantizando que no caigan sobre el talud, se deben  aplicar las recomendaciones del estudio de estabilidad de la empresa Insuma para evitar más desprendimientos y garantizar la seguridad de las estructuras. (Ver imágenes 83 a 87 del expediente judicial digital);

En el mes de marzo del año 2015, la empresa Insuma S.A., emite el estudio geotécnico y de diseño de obra de retención para el Condominio Brisas de Zapote y señaló que mediante la investigación geotécnica, se determinó la presencia de tres tipos de material: 1) relleno de mala calidad, con características orgánicas. 2) un limo arcilloso de consistencia media, 3) arena limosa con grava de compacidad firme, recomendando la construcción de un muro de gravedad tipo miro de gavión o un muro de suelo cocido. Advierte que se hace necesario impermeabilizar los terrenos sobre la corona del talud con el objetivo de evitar que las aguas se filtren y desmejoren las características del relleno. Enfatiza, que a su criterio y desde el punto de vista de riesgo, se considera de la obra de retención o refuerzo es prioritaria, ya que esas obras protegerían las estructuras existentes en la corona, viviendas que actualmente están habitadas. (Ver imágenes 115 a 146 del expediente judicial digital);

En fecha 15 de diciembre del año 2016, el actor adquiere la propiedad del inmueble inscrito bajo el número de matrícula 1-64003-F-000, el cual se encuentra ubicado en el Condominio vertical Brisas de Zapote, con el número de filial

A su vez, constituye hipoteca en primer grado a favor del Banco Nacional de Costa Rica, por un monto de cuarenta y siete millones quinientos sesenta y cuatro mil ciento sesenta colones. (Ver certificación registral, en las imágenes 16 a 18 del expediente judicial digital);

En la escritura pública otorgada a las 10 horas del 15 de diciembre del 2016, se registra la venta del inmueble descrito en el hecho anterior, por parte de la firma El Grillo Dorado del Atlántico Sur Malar S.A. al señor Carlos Luis Sánchez Castro, incluyéndose la cláusula que dispone lo siguiente: "Constitución y pago de seguros: La parte deudora declara conocer y aceptar que la (s) operación (es) de crédito formalizado (s) en este contrato, se encuentra (n) cubierta (s) por pólizas colectivas de seguro no contributivos, en las modalidades de: a) "Seguro saldo deudor", para el deudor y codeudor cuando la haya, y b) "seguro de casa de habitación", sobre el inmueble otorgado en garantía. Ambas pólizas han sido contratadas previamente por el Banco con la empresa aseguradora INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS" y no tienen costo alguno para la parte deudora. Las coberturas y beneficios de las pólizas indicadas se detallan en el certificado de seguro que el Banco entrega a la parte deudora...". "Seguro de daños: Durante la vigencia de ese crédito, la parte deudora se obliga a contratar y mantener vigente un seguro contra todos aquellos daños y pérdidas causadas por dolo, culpa y/o caso fortuito o fuerza mayor, que pueda sufrir el inmueble objeto de garantía y las estructuras del mismo...". (Ver imágenes 29 a 49 del expediente judicial digital);

El seguro suscrito por el actor corresponde al “Hogar comprensivo colones”, número 01 18 INC 0566423 01, cuya vigencia inicia a partir del 15 de febrero de 2017. Entre su clausulado, se encuentra la indicación de su ámbito de cobertura siendo las básicas: cobertura V: daño directo de bienes inmuebles, cobertura Y: Daño directo de contenidos y cobertura D: Convulsiones de la naturaleza. Además, señala extensiones, condiciones, riesgos excluidos, entre otros. Entratándose de riesgos excluidos, el artículo 24, de la Sección II  denominado: "Eventos y Pérdidas no amparados -coberturas de daño directo", se indica lo siguiente: "RIESGOS EXCLUIDOS. El Instituto, no cubrirá pérdidas, ni gastos que se produzcan o sean agravados por: (...)

Hundimiento del terreno debido a cavidades internas, o el asentamiento del mismo debido a deformaciones internas o una inadecuada compactación, mala consolidación o por arcillas expansivas (...)

Pérdidas directas que tengan su origen en errores de diseño o defectos constructivos, aun cuando la causa inmediata sean los riesgos cubiertos por esta póliza". (Ver imágenes 548 a 592 del expediente judicial digital);

En fecha 28 de setiembre del año 2017, ocurre un deslizamiento al margen que colinda con el río María Aguilar, en los costados sureste y noreste del Condominio Brisas de Zapote. (Hecho no controvertido);

Con ocasión del deslizamiento, el Ministerio de Salud a través de la orden sanitaria número RCS-ARS-SEM-IMJ-2241-2017, de fecha 23 de noviembre del año 2017, se dirige al actor, en calidad de propietario del inmueble número 33, del Condominio Las Brisas de Zapote y le indica que en respuesta a la solicitud de apoyo profesional de valoración del riesgo de deslizamiento presentado en esa Área Rectora, en las viviendas localizadas en calle 57 A, en el condominio Las Brisas de Zapote a 200 metros sur de la plaza de toros, sita Zapote, y de acuerdo al informe técnico RCS-ARS-SEM-IMJ-229-2019, de fecha 02 de octubre del 2017, se confirma que el inmueble no cumple con lo estipulado en la legislación vigente en varios aspectos debidamente documentados, al presentar condiciones peligrosas en contravención de los artículos 319 y 320 de la Ley General de Salud, por lo que se declara inhabitable la estructura y se le ordena el desalojo en un plazo máximo de cinco días hábiles, debido a que la vivienda no es apta para la permanencia de las personas. (Ver imágenes 64 a 75 del expediente judicial digital);

En fecha 06 de octubre del año 2017, el actor solicita al Instituto Nacional de Seguros la aplicación de la póliza que cubre la finca de su propiedad, número 1-64003-F-000, que corresponde a la póliza Hogar comprensivo colones número 01 18 INC 0564423 01 para amparar los daños generados en su inmueble a raíz de un evento sucedido el 28 de setiembre del 2017. (Ver imágenes 80 a 82 del expediente judicial digital);

El día 11 de octubre del año 2017, el arquitecto Javier Hernández Rojas rinde informe denominado "Evaluación del riesgo y recomendaciones casa #33 Condominio Las Brisas", recomendando el desalojo inmediato del inmueble, ya que se encuentra a seis metros del borde superior del deslizamiento, esto, hasta tanto el problema de los deslizamientos no haya sido intervenido con estudios geológicos, métodos ingenieriles de estabilización y de relleno que aseguren la integridad física de los ocupantes de la casas #32 y #33, rediseñar la recolección de aguas pluviales de todas las casas del condominio, principalmente las que colindan en su parte posterior al talud, rediseñar la tubería principal de recolección de aguas pluviales e intervenir inmediatamente con algún sistema constructivo de estabilización y relleno del área afectada, antes que se den mas deslizamientos. (Ver imágenes 107 a 112 del expediente judicial digital);

En el oficio INSLME-06865-2017, del 20 de diciembre del 2017, el Instituto Nacional de Seguros declina el reclamo formulado por el actor. Expresa en el documento, que ha realizado un análisis exhaustivo del evento y han corroborado por medio de la inspección realizada por el perito del Instituto Nacional de Seguros, que las condiciones de riesgo de los inmuebles asegurados fueron agravadas por el evento del año 2014, correspondiente al deslizamiento del talud, que su propiedad es la número 30 y que en tal condición, era conocedor del deslizamiento del año 2014 y las recomendaciones vertidas, en razón de constar su participación en Asamblea de Condóminos, por lo que estima que debió comunicar la agravación del riesgo, conforme a los artículos 52, 53 y 55 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros. Aunado a lo anterior, indica que el Instituto desconocía de la situación, hasta la ocurrencia del evento que les ocupa. Por último, advierte que se presentan dos exclusiones que deben aplicarse de acuerdo a lo indicado en el artículo 30 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, mencionado en las condiciones generales del contrato de póliza, que se refiere a los riesgos excluidos, haciendo la salvedad que en esta ocasión no solo se refiere a que existe un relleno, sino el evento propiamente se agrava o se produce por la condición del mismo (relleno en laderas), según lo indicado en el informe del INSUMA, que determinó la presencia de tres tipos de materiales. (Ver imágenes 416 a 419 del expediente judicial digital);

Mediante memorial de fecha 22 de diciembre del año 2017, el actor impugna el acto anterior mediante la interposición de recursos de revocatoria con apelación en subsidio. (Hecho no controvertido, ver imágenes 403 a 414 del expediente judicial digital);

El Instituto Nacional de Seguros rechaza los recursos interpuestos por el actor, pese que admite en alzada que no tuvo participación en asambleas de condóminos o conocimiento previo de deslizamientos en el condominio. (Ver imágenes 392 a 396 y 402 del expediente judicial digital);

En el año 2018, se celebra reunión entre las partes con la intervención del señor Antonio Mora Alfaro de la Corredora de Seguros del Banco Nacional de Costa Rica, con el objetivo de buscar una posible solución al actor frente a las coberturas de la póliza. (declaración del testigo Antonio Mora Alfaro);

Antonio Mora Alfaro, portador de la cédula de identidad número 1-1055-0154, declaró en el juicio oral y público, que es vecino de San Antonio de Puriscal, casado, administrador de empresas y director comercial, es corredor del Banco Nacional y conoce al actor por el caso en concreto de este proceso. Aclaró, que ingresó el día 1 febrero del 2011, al puesto operativo del Banco Nacional y en el año 2017 fue nombrado como director comercial. Conoce que pasó el deslizamiento del año 2017, y en el año 2018 cuando llegó un caso de solicitud de reclamo de indemnización. Sí sabe de reunión que hubo y se mencionó otros reclamos para ese momento de suscripción. Aclara que el Banco Nacional maneja pólizas colectivas y es el tomador, el cliente es quien tiene que aportar prima de póliza y si es no contributiva la paga el mismo tomador. Normalmente en estos casos los clientes llegan a corredora, al área de indemnizaciones, formulan el reclamo ante Correduría y ésta a aseguradora, quien responde. Recuerda que escaló el caso, la primera respuesta fue negativa, al ser elevada se entera de caso. Recuerda que al llegar el expediente era amplio, era parte el documento el emitido por el Ministerio. Precisa que sí hubo reuniones con el INS, en alguna cree que estuvo don Carlos, cree que fue en las oficinas del INS. Estaban viendo el caso, discutiendo con el subgerente y en encargado de reaseguro y director corporativo, temas del caso. Como intermediarios buscaron solución, la razonabilidad y proporcionalidad de ver un caso de esos y porqué de su rechazo y como era posible revalorarlo, ya que creían que se podía solucionar de forma diferente. El subgerente y el señor de reaseguro señalaron que había forma de otorgar cobertura por pérdida de uso y se podría tratar, que era una probabilidad. Recuerda varias reuniones posteriores con varios funcionarios del INS y del banco, porque se fue elevando el asunto, llegaron a instancias donde no avanzaba, en los seguimientos volvían a tener alguna sesión, una fue con el director corporativo quien decía que era complicado, porque habían otros pendientes. Explica que en la parte de intermediario hay pagos razonados, pero como habían mencionado la cobertura de pérdida de uso creyeron que se podía hacer de esa manera. Añadió que el pago comercial o pago razonado es muy subjetivo, depende de como está el caso, puede que el cliente o aseguradora tengan la razón pero no está bien claro. No sabe si el actor lo trató de aplicar de otra manera ni sabe si en otros casos se aplicó alguna cobertura de su parte como intermediarios. Reitera que hubo varias reuniones en corredora, porque consideraba el actor que era importante conocer el caso. En la sesión participó el gerente general, subgerente de riesgos y crédito, fueron varias. Aclaró, que en algún momento hubo una sugerencia de director corporativo del INS, que indicó que estaba de acuerdo con gestionar la póliza y luego se diera la subrogación, el subgerente dijo que sí, pero no sabe si respuesta fue gestionada por correo ni su resultado, ya que no le dio seguimiento, creyó que se le iba a dar la solución del caso. Ante el contrainterrogatorio, contestó que rol de corredora es la intermediación, es hacer el proceso de asesoramiento, comercialización del producto, ser el enlace entre la aseguradora y el cliente. En las pólizas colectivas es distinto el manejo a las individuales. El encargado de la corredora y crédito del Banco ponen en conocimiento. Al acercarse cliente a solicitar un crédito de las cobertura, el cliente escoge la que va a comercializar y ellos usaron la del Instituto, para ello, se les entrega a los clientes las condiciones de la póliza, diez días posteriores a firma. (Declaración soporte de audio y video);

El testigo perito, el señor Víctor Hugo Rodríguez Centeno, portador de la cédula de identidad 5-0197-0537, declaró que es ingeniero civil desde hace 40 años, vecino de Heredia, trabaja de forma independiente y cuenta con 63 años de edad. Añadió que maneja el contrato por servicios profesionales. Conoce del caso, porque realizó un estudio, se le asignaron varios casos en este evento, tuvo que rendir informe respecto a daños, causa y razonabilidad del riesgo e hizo varias visitas. Observó fisuras en paredes y mampostería, básicamente. Tuvo informe de la Comisión Municipal de Emergencias de San José. Además de la visita, conoció de un informe de la Comisión Nacional de Emergencias y un informe de años anteriores de una empresa de geotecnia, Insuma S.A. Recuerda que revisó ese último informe. Al explicar ese evento y el informe del año 2015, señaló que éste es muy completo y amplio, que en sus conclusiones y recomendación se refirió a la elaboración de muro de contención con muro de gaviones o muro cocido, en toda la longitud del talud que colinda con el residencial, haciendo énfasis en el control adecuado de aguas superficiales y subterráneas que van a ese sector y que se implemente siembra de vegetación, tipo bambú a lo largo de esos taludes. Señaló, que de acuerdo a lo observado esas recomendaciones no habían sido acatadas. Al no acatarlas, las consecuencias son deslizamientos, asentamientos, lo que en efecto pasó. Explicó, que los rellenos antrópicos es donde se depositan materiales en los suelos ya sea para conformar los suelos o relleno, no llevan un respaldo técnico respecto a su compactación. Los residuos orgánicos embebidos son materiales de origen biológico, como madera, raíces, vestigios de alimentos, son orgánicos que se encuentran dentro de la masa que compone el terreno. Con esas características esos rellenos no son adecuados, están compuestos con ese tipo de materiales,  están propensos a su deslizamiento, no tienen un adecuada compactación y no se demostró que al realizarse el relleno que se llevó a cabo el adecuado proceso, no hay estudio de compactación, en la bitácora en el momento que se hizo el relleno, a partir de los documentos que conoció, el primero, fue el de INSUMA del año 2015. Respecto a la imagen 436 del expediente judicial, indica que se observa el informe y las fisuras en tapia del patio de la vivienda que fueron causadas por asentamiento del terreno, asentamiento viene siendo un hundimiento del terreno de la misma estructura. Señala que la causa común es el asentamiento y hay varias causas que pueden ocasionarlas, entre ellas, utilización de materiales inadecuados, mala compactación o no controlada, la presencia de aguas superficiales o subterráneas en los taludes, por vibraciones extremas altas por sismo o maquinaria pesada de construcción. También un material orgánico no es adecuado para un relleno. Aclaró que en el año 2017 realizó las visitas, estuvo como en octubre o noviembre y vio como 5 afectaciones, unas casas colindaban con la ladera, con respecto a las más afectadas se hizo análisis independiente para cada una. El INS le solicitó la labor de identificar los daños que se dieron, valorar cada inmueble, no se extendía a la causa como tal, sin embargo sí tenía que hacer un análisis con el riesgo, en este caso, con el deslizamiento con respecto a la póliza. Por último, afirmó que el informe de INSUMA fue global. (Declaración en audio y video) y

La señora Marcia Cordero Sandí, portadora de la cédula de identidad número 1-0746-0672, declaró que es Ingeniera de la empresa Insuma S.A. y que  también participó en la elaboración del Estudio Geotécnico y Diseño de Obra de Retención Muro Brisas de Zapote. Es vecina de San Pedro Montes de Oca, ingeniera civil desde hace 33 años, soltera y cuenta con vínculos profesionales con la empresa Insuma desde que terminó la licenciatura y es docente de la UCR. Aclaró que además de ingeniera civil, tiene especialidad en ingeniería geotecnia. Se le muestra la página 2 del informe, visible en la imagen 484 y explica que es una zona de relleno y con google maps puede hacer vista del área. Hubo movimientos de tierra que pudieron reformar la geometría y se genera nueva superficie con nuevas curvas de nivel. Se le muestra página 5 del informe y la testigo refiere que son rellenos antrópicos, son generados por el hombre. Precisa que son residuos orgánicos embebidos, por muestreo conforme profundiza el equipo se aprecia visualmente se ven estudios orgánicos, segmentos de madera, vegetación vieja, normalmente lo que conformaba de previo. Aclara que al atravesar 45 centímetros se permite recuperar consistencia, con golpes se abre y se logra recuperar muestra, ello es un proceso normal de exploración. Se pueden encontrar a lo largo de todos los cauces de la GAM, era común que se hicieran ese tipo de rellenos, ahora con mapas regulados si se pueden hacer, si se hace con el equipo adecuado. Agregó, que desde punto de vista ingenieril, no es recomendable usar residuos orgánicos, ya que es material aprensible, por comprender animales o vegetación que  generan vacíos y problemas, lo que se debe hacer es removerlo. Añade, que el sitio se evidencia la existencia de residuos orgánicos en una perforación. Aclara que se hicieron dos perforaciones, éstas en la corona y talud, en la corona del talud se hizo la segunda perforación y ahí aparece algo orgánico. Afirma que el proceso constructivo debe ser regulado, encontró consistencia baja de materiales, compactación es apenas justa lo que encontraron y los conduce a pensar que hubo compactación deficiente. De seguido se le muestra la página 23 del informe, visible en la imagen 505 del expediente judicial y explica que aguas de escorrentía, es agua de lluvia, los cuales son elementos disparadores cuando no son conducidas de forma adecuada. No precisa si ello se observó. Se muestra la imagen 487 y manifiesta que en esa visita se evidencia una tubería de descarga sobre el talud, no puede decir que sea el elemento que dispare el evento pero contribuye. Desde punto de vista ingenieril no conviene hacer esas descargas sin control. Se le muestran imágenes 505 y 506 del expediente judicial digital, puntualmente la conclusión tercera del informe, y explica que este es un sistema de retención que ayudaría a estabilizar el terreno, se usa malla metálica, debe apoyarse en material competente mas duro, que se detecta en tercera perforación, tiene capacidad de soporte. En cuanto a la conclusión cuarta, expone que el suelo cosido es otro tratamiento de taludes, se incrustan varillas de acero, con diseño adecuado que ayuda a soportar cualquier tipo de desplazamiento que se tenían que hacer. Podía ser una u otra solución o pueden ser combinadas, pero no era esa la recomendación. Debe considerarse siempre el tema del talud. Aclaró que el agua que circula tiene zona afectada y dado que condiciones de talud eran similares en zona afectada se emite la recomendación. Son diferentes una u otra, una es obra de retención -el gavión- y el suelo cocido es obra de refuerzo. Ante el contrainterrogatorio, indica que existe la práctica de conformar terrenos con colindantes como ríos y quebradas en algunos sectores, esto para generar terrenos más planos y se usan los rellenos para ello y se vale hacerlo. Aclaró, que los contacta el dueño de los terrenos, no precisa quien fue. El conocimiento geotécnico permite anticipar y prevenir y en este caso se hizo posterior. Ante pregunta del Tribunal, indica que se puede levantar obra constructiva como la que había en el sitio si se hacen los estudios correspondientes. (Declaración consta en formato audio y video).

Sobre los hechos no probados: No acreditó la parte actora los siguientes hechos aducidos en su demanda:

Que el Instituto Nacional de Seguros cuente con un departamento de prensa que monitoree las noticias sobre derrumbes y deslizamientos y

Que para la incorporación de un asegurado en un contrato de póliza colectiva, debe realizarse por parte del ente asegurador una inspección individualizada del inmueble objeto de coberturas y

Que el representante del INS, el señor Juan José Sánchez Corrales, manifestó en una reunión con el corredor de seguros y el actor, que no iban a aplicar su póliza, por cuanto si le indemnizaban a su persona, tenían que hacerlo con todos y eso era muy costoso, a pesar que existía un reaseguramiento con un

tercero.

Sobre los argumentos del accionante: En síntesis, indica que adquirió en fecha 15 de diciembre del año 2016, el inmueble inscrito bajo el número de matrícula 1-64003-F-000, el cual se encuentra ubicado en el Condominio vertical Brisas de Zapote, con el número de filial 33 y a su vez, constituye hipoteca en primer grado a favor del Banco Nacional de Costa Rica, por un monto de cuarenta y siete millones quinientos sesenta y cuatro mil ciento sesenta colones. Afirma, que entre el clausulado, se contempla la cláusula de pólizas colectivas de seguro de saldo deudor y de casa de habitación convenidas con el Instituto Nacional de Seguros. Es en fecha 28 de setiembre del año 2017, que ocurre un deslizamiento al margen que colinda con el río María Aguilar, en los costados sureste y noreste del Condominio Brisas de Zapote. Como consecuencia de ello, el Ministerio de Salud a través de la orden sanitaria número RCS-ARSSEM-IMJ-229-2017, de fecha 02 de octubre del año 2017, declara inhabitable su casa, por presentar condiciones peligrosas en contravención de los artículos 319 y 320 de la Ley General de Salud. Es por esa razón, que se presenta en fecha 06 de octubre del año 2017, ante el Instituto Nacional de Seguros para la aplicación de la póliza que cubre la finca de su propiedad, acompañando el informe de riesgo elaborado por el arquitecto Javier Hernández Rojas. Días después, la entidad aseguradora le requiere aportar el informe elaborado por la empresa INSUMA en el año 2014, respecto a un deslave ocurrido en el condominio así como copias de actas de asamblea de condóminos de octubre del año 2014 hasta noviembre del año 2017 y en efecto, se las entrega. De seguido, le es comunicado el oficio INSLME-06865-2017, resolución a través de la cual, el Instituto Nacional de Seguros declina el reclamo formulado por el actor, bajo el fundamento que éste tenía conocimiento del siniestro del año 2014, conforme a las actas de asamblea de condóminos, entendiendo que había participado en éstas. Argumenta la falsedad de dicho fundamento y con base en ello formula recurso de revocatoria con apelación, los cuales son rechazados, sin pronunciarse respecto a sus argumentos la resolución que conoce del recurso de revocatoria, sin embargo, en alzada se admite que no tuvo participación en asambleas de condóminos o conocimiento previo de deslizamientos en el condominio. Refiere que en fecha 24 de julio del año 2018, se celebra reunión entre las partes con la intervención del señor Antonio Mora Alfaro de la Corredora de Seguros del Banco Nacional de Costa Rica, con el objetivo de buscar una posible solución al actor frente a las coberturas de la póliza, donde el representante del INS, el señor Juan José Sánchez Corrales, manifestó que no iban a pagar, por cuanto si le indemnizaban a su persona, tenían que hacerlo con todos y eso era muy costoso, a pesar que existía un reaseguramiento con un

Afirma que el argumento del INS de indicar que no tenía conocimiento del siniestro en el año 2014, no era de recibo, por cuanto la noticia fue pública y dicha institución tiene un departamento de prensa que monitorea las noticias que salen del país. Al abordar los argumentos de fondo, señala que demostrará en el proceso a partir de la prueba documental, declaración de parte y testimonial, que existe un incumplimiento contractual por parte del Instituto Nacional de Seguros, exonerándose del pago de la póliza de seguro de la finca de su propiedad, basándose en hechos falsos e incorrectos, pese que desde un principio se incluyó el rubro por siniestro y deslizamiento, monto que sigue pagando mes a mes, lo que estima una total contradicción entre lo señalado por el INS y lo cobrado en la práctica. Agrega, que sus derechos como consumidor han sido mancillados y violentados, señalándose sin temor alguno situaciones que no son ciertas, haciendo creer que ha actuado con mala fe y poca transparencia, basándose en hechos falsos que la Administración se negó a analizar y mantuvo el rechazo de la póliza, con el agravante que indicó expresamente que no iba a pagar, pero desde un principio incluyó el rubro por siniestro y deslizamiento. Al rendir conclusiones, agregó argumentos novedosos, al afirmar que la noticia del deslizamiento del año 2014 fue pública y que el Banco Nacional al realizar el avalúo indicó que no había posibilidad de deslizamiento, por lo que no se acredita que el riesgo debiera asumirlo el comprador. Además, que de conformidad con el artículo 700 del Código Civil, no se demostró dolo en su actuar para denegar la aplicación de la póliza. Precisa que el informe de empresa INSUMA acredita problemas de taludes y drenaje que no se han solucionado por el condominio. Añadió, que el INS aceptó el aseguramiento y en su giro comercial es común hacer estudios, por lo que no puede alegar desconocimiento, debiendo realizar estudios para determinar si debía rechazar ese aseguramiento, conforme al artículo primero de la Ley de Seguros. Invoca el voto 487-2015 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, para sustentar la afirmación que no se puede habilitar abuso de poder entre las partes a partir de cláusulas abusivas y nulas del contrato de adhesión. En otro orden, señala que en la filial 33 no está en la corona del talud, donde encontraron material de relleno según declaración de la testigo Marcia, por lo que no es cierto lo que indica el INS. Reiteró, que que el INS cuenta con un departamento de mitigación de riesgos y seguimiento. Finalmente, aduce que una potestad de imperio debe estar al servicio de los ciudadano, invocando los artículos 31 y 48 de la Ley del Contrato de Seguros, 702 y 1022 del Código Civil y artículos 32, 34 y 35 relativos a la irrenunciabilidad del derecho del consumidor.

Sobre los argumentos del Instituto Nacional de Seguros: En síntesis, rechaza la mayoría de los hechos de la demanda, precisando que no le constan los trámites del actor para la compra del inmueble, siendo el contrato hipotecario un trámite independiente al contrato de seguros. Expresa que el evento que afectó la vivienda del actor no se trató de un deslizamiento accidental o que tenga como origen un evento de la naturaleza. Afirma que lo que originó los daños al inmueble fue un defecto constructivo en el inmueble, es decir, un vicio propio de la cosa asegurada, ya que se construyó sobre un suelo de relleno tipo “botadero”, tal y como consta en el estudio geotécnico realizado por la empresa Insuma S.A, por lo que de conformidad con el artículo 69 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, el INS no está obligado a responder por éstos, siendo el desarrollador y el vendedor del inmueble los eventuales responsables. Es por ello, que la declinación del evento es conforme a derecho, ya que se logró demostrar que el evento sucedido en setiembre del 2018 era un hecho previsible, pues según se indicará más adelante, desde el 2015 había sido advertido por la empresa Insuma S.A. que la zona donde se encontraba construida la vivienda estaba conformada de un relleno de mala calidad, el cual no fue compactado de manera adecuada. Bajo esa inteligencia, se puede indicar que el inmueble presentaba defectos constructivos, por lo que de conformidad con el artículo 69 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros y el artículo 34 incisos 24 y 32 de las Condiciones Generales de la Póliza el evento no es amparable. Por otra parte, no le consta si el señor Sánchez tenía o no conocimiento del informe al momento de la compra del inmueble. Sin embargo, resulta ilógico pensar que él como comprador de un inmueble, no realizara las debidas diligencias (informarse sobre la propiedad que iba a adquirir y su entorno). Llama la atención que incluso de una lectura del informe de riesgo elaborado por el arquitecto Javier Hernández, aportado por el propio actor al proceso, se desprende que de una simple conversación con algunos de los condóminos se enteraron del evento acaecido en el 2014. Esto confirma que, si el señor Sánchez hubiera realizado una debida diligencia como comprador, se hubiera enterado de ello y de esta manera del resto de irregularidades que presentaba la vivienda que estaba por adquirir. No obstante, el señor Sánchez no fue diligente y pretende ahora beneficiarse de su propia desidia al solicitar que se le aplique el seguro para indemnizar daños originados por vicios propios de la cosa asegurada. Sin perjuicio de lo anterior, precisa que es importante indicar que al momento de asegurar el inmueble del señor Sánchez, el INS no tenía conocimiento del siniestro ocurrido en el año 2014, ni de las recomendaciones realizadas por la empresa Insuma S.A. en el informe del año 2015, pues de haberlo conocido, de ninguna manera hubiera otorgado el Seguro. Aclara que al INS no le corresponde la obligación de conocer sobre la forma en que fue construida una vivienda, pues según el artículo 31 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, el asegurador es quien tiene la obligación de declarar ante la compañía de seguros, todos los hechos y circunstancias en torno al riesgo que se somete a aseguramiento (estado de la vivienda). Estima importante aclarar, que al INS no le consta si el actor tenía o no conocimiento del evento acaecido en el año 2014. Ahora, advierte que omite indicar el actor que mediante el oficio DI-00394-2018 del 15 de febrero del 2018, el INS aclaró que el actor no participó en las sesiones de Asamblea de Condóminos. Añade, que el actor realiza una serie de apreciaciones personales en cuanto al contenido del oficio DI-00394-2018, pero que de  su lectura se evidencia que la resuelto por el INS es conforme al artículo 69 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros y al artículo 24 y 32 de las Condiciones Generales de la Póliza, ya que el inmueble asegurado presentaba una serie de defectos constructivos (vicios ocultos) propios de la etapa de construcción que eximen al INS de su obligación de indemnizar.  Expone de seguido que su teoría del caso gira en los siguientes ejes fundamentales:

El Instituto Nacional de Seguros, cumplió con sus obligaciones derivadas del contrato de seguro suscrito por el actor.

Que el evento acaecido el 28 de setiembre del 2017, se considera como un hecho previsible, pues había sido advertido desde el año 2015 en el estudio geotécnico elaborado la empresa Insuma S.A., razón por la cual en apego al artículo 40 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, no se puede considerar como asegurable.

Que el evento acaecido el 28 de setiembre del 2017, se dio como consecuencia de un vicio propio de la cosa asegurada (error constructivo / colocación de un suelo de relleno de mala calidad), por lo que el evento no es amparable (se encuentra excluido) en apego al artículo 24 incisos 24 y 32 de las Condiciones Generales de la Póliza y al artículo 69 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros. Explica que de la demanda interpuesta, se puede entender que la parte actora pretende realizar la ejecución forzosa de la póliza Hogar comprensivo colones número 01 18 INC 0564423 01 bajo la cobertura V “Daño Directo de Bienes Inmuebles”, para el evento sucedido el 28 de setiembre del 2017, por cuanto este último fue declinado por la entidad aseguradora en apego al artículo 24 “Riesgos Excluidos” inciso “a. Para todas las coberturas” de las Condiciones Generales de la Póliza, según el oficio DI-00394-2018 del 15 de febrero del 2018. El seguro suscrito por el actor corresponde al “Hogar comprensivo colones”, cuya vigencia es a partir del 15 de febrero de 2017, y su ejecución debe ser resuelta de conformidad con los principios, reglas y normas especiales que rigen la materia, en especial la Ley Reguladora del Mercado de Seguros y la Ley Reguladora del Contrato de Seguros y las Condiciones Generales y Particulares de la póliza suscrita, debiéndose en consecuencia aplicar el artículo 40 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, norma que establece que para que un riesgo sea asegurable debe ser “futuro e incierto". En el caso particular del contrato que nos ocupa, de acuerdo con las Condiciones Generales de dicha póliza, el INS únicamente está obligado a amparar los siniestros derivados de las coberturas pactadas. Para el caso en concreto, según consta en el expediente de la póliza aportado como prueba se tiene que las coberturas suscritas son: D: Convulsiones de la naturaleza. V: Daño directo bienes inmuebles. Y: Daño directo contenido. Estima importante mencionar que las coberturas están sujetas a una serie de condiciones y requisitos, dentro de los cuales está que las exclusiones que se detallan dentro del artículo 24 de las Condiciones Generales de la Póliza, denominado “Riesgos Excluidos”. Este artículo en sus incisos 24 y 32 refiere que están excluidos los daños que se produzcan al inmueble por una inadecuada compactación, errores de diseño defectos constructivos, veamos: “24) Hundimiento del terreno debido a cavidades internas, o el asentamiento del mismo debido a deformaciones internas o una inadecuada compactación, mala consolidación o por arcillas expansivas", “32) Pérdidas directas que tengan su origen en errores de diseño o defectos constructivos, aun cuando la causa inmediata sean los riesgos cubiertos por esta póliza". De lo anterior se puede concluir que para que un siniestro sea amparable conforme a un contrato de seguros, éste no debió ser previsible, es decir, que fuera incierto al momento de suscribir la póliza y no debe estar dentro de los eventos expresamente excluidos. El caso en concreto, la parte actora interpuso, el 06 de octubre del 2017, un reclamo ante el INS. En su nota solicitaba la aplicación de la póliza Hogar comprensivo colones número 01 18 INC 0564423 01 para amparar los daños generados en su inmueble a raíz de un evento sucedido el 28 de setiembre del 2017.  Dentro de los documentos aportados por el señor Sánchez Castro constan informes emitidos por el Ministerio de Salud y de la Comisión Nacional de Emergencias y un informe elaborado por el arquitecto Javier Hernández Rojas, código A-16610. En estos documentos, se hizo referencia a un evento que había sucedido en el año 2014 y a un informe elaborado por la empresa Insuma S.A. en el año 2015, puntualmente en el punto “IV. Antecedentes” del informe emitido por la Comisión Nacional de Emergencias se hace referencia expresa a ese evento del 2014 y a un estudio de la empresa Insuma S.A., y por su parte el informe del arquitecto Hernández, en el punto 2.2.4, refiere al evento del 2014 que dio lugar al informe de la empresa Insuma S.A. Es debido a esto, que el INS requirió al actor la documentación ahí referida, en apego al artículo 43 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros. Una vez se analizó la información, el INS determinó que el evento debía ser declinado, ya que logró constatar que los daños originados en el inmueble son producto de que esta se construyó sobre un relleno antrópico, es decir de mala calidad pues se utilizó limo areno arcilloso, escombros, material orgánico, los cuales a su vez fueron colocados sin un proceso adecuado de compactación y sin medidas estructurales de contención, tal y como se desprende del informe de la empresa Insuma S.A. Cita de seguido conclusiones y recomendaciones vertidas por dicha empresa, para referir que esa información le fue comunicada al actor mediante el oficio DI-00394-2018 del 15 de febrero del 2018. Considera que a partir de lo descubierto por INSUMA, se tiene que el riesgo asegurado para proteger la vivienda del actor nunca fue “futuro e incierto”, sino que era previsible que el inmueble se dañaría en algún momento debido a que fue construido en un terreno no apto (relleno), lo cual fue expresamente indicado por la empresa en su informe, al indicar que: “Con base en los análisis de estabilidad, se determina que el talud sobre la margen derecha del rio Maria Aguilar, a la altura de la zona donde se ha concentrado la investigación del proyecto Brisas de Zapote tiene una susceptibilidad alta a sufrir problemas de estabilidad. Estos problemas incluso podrían extenderse más allá de la zona estudiada, dada la similitud de condiciones que se aprecian a lo largo de la margen". Alega que según se aprecia, desde ese momento se advirtió que existía una alta probabilidad de que los problemas de estabilidad del talud y el deslizamiento, se repitiera y se extendiera más allá de la zona estudiada en el año 2015, ya que existía similitud en las condiciones que se apreciaron a lo largo del margen (es decir problemas relacionado con rellenos deficientes y mala compactación). Llama la atención que para minimizar ese riesgo, la empresa giró una serie de recomendaciones, no obstante, y según consta en el informe IAR-INF-0971-2017 Comisión Nacional de Emergencias, para el 28 de setiembre del 2017 las recomendaciones dadas por Insuma S.A., pese a ser urgentes, no habían sido implementadas, razón por la cual, esa Comisión recomendó implementarlas a efectos de evitar mayores daños. En este sentido, es claro que al momento en que el INS aseguró la vivienda, estaba en presencia de un hecho previsible y no futuro e incierto, ya que el inmueble presentaba vicios propios de la cosa asegurada (defectos constructivos: rellenos de mala calidad que fueron colocados sin un proceso adecuado de compactación y sin medidas estructurales de contención, tubería de agua que realiza una descarga “no controlada” hacia el talud). Bajo esa inteligencia, se declinó el reclamo del señor Sánchez, pues en apego a lo establecido en el artículo 24, incisos 24 y 32 de las Condiciones Generales del Seguro y del artículo 69 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, queda claro el reclamo presentado por el actor no es amparable a la luz del contrato de seguros, ya que los vicios propios de la cosa asegurada generan una eximente de responsabilidad para el asegurador. En mérito de lo expuesto, concluye que no existe una correlación entre la obligación indemnizar y el derecho, por lo que respetuosamente se solicita se acoja la excepción de falta de derecho y se declare sin lugar la demanda. Al rendir conclusiones orales, añadió que no hay prueba que el INS tuviera conocimiento del evento del año 2014 y que apegado al principio de buena fe, no hizo inspección para asesoramiento, mismo que en todo caso, es facultativo conforme al artículo 69 de la Ley de Contrato de Seguros.  Precisó ante el argumento novedoso de la parte actora, que el estudio realizado por el Banco Nacional corresponde a un avalúo y no a un peritaje. De seguido, retoma los informes técnicos para señalar que existía una advertencia respecto al inadecuado proceso de compactación por parte de la empresa INSUMA y el Ministerio de Salud, concluyendo los peritos que existe un vicio oculto y por ello, no se presenta un riesgo incierto, en los términos del artículo 40 de la Ley que regula la materia. Además, que el actor debió indicar en la boleta de aseguramiento el riesgo al encontrarse el inmueble a seis metros de retiro, esto, conforme al artículo 31 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros. Por último, señala que no se presenta ningún incumplimiento a la condición de consumidor del actor, por cuanto conforme declaró el testigo Antonio Mora Alfaro, a éste se le brindó la información del contrato, por lo que estima que el actor no demandó a los responsables, es decir, al propietario anterior, al administrador del condominio o la  desarrolladora.

Sobre la conformidad con el marco regulatorio contractual, del rechazo para la aplicación de la póliza de colectiva de seguro en respeto de las causales de exclusión aplicables al caso concreto. Indemostrada infracción al derecho del consumidor: Debe hacer saber este Tribunal que el presente pronunciamiento se emite atendiendo al cuadro fáctico  elaborado a partir del elenco probatorio aportado por las partes y en atención a los argumentos de fondo expuestos oportunamente por éstas, de toda suerte que debemos advertir que los alegatos novedosos introducidos por la parte actora al rendir las conclusiones orales en la audiencia de juicio no serán objeto de análisis, en virtud de formularse de forma extemporánea impidiendo de esa manera, el respeto al debido proceso y el contradictorio. Señalado lo anterior, debemos indicar que hemos llegado a la conclusión que la demanda debe declararse sin lugar en todos sus extremos, por las razones que explicamos a continuación. De acuerdo con la demanda, el alegato sobre el cual gira el fundamento de la acción y se cursó el derecho de defensa al accionado, radica en afirmar que en el caso de estudio se presenta un incumplimiento contractual por parte del Instituto Nacional de Seguros, al decidir exonerarse del pago de la póliza de seguro de la finca de su propiedad, basándose en hechos falsos e incorrectos, pese que desde un principio se incluyó el rubro por siniestro y deslizamiento en el contrato, monto que sigue pagando mes a mes. Agregó, que el Instituto debió tener conocimiento a partir de su departamento que analiza las noticias que ocurren a nivel nacional, de modo que fue notorio el deslizamiento que sufrió el condominio del año 2014, por lo que no puede aducir desconocimiento. En razón de ello, sus derechos como consumidor han sido mancillados y violentados, al sustentarse la declinación en hechos falsos que le atribuyen mala fe. Por su parte, el Instituto Nacional de Seguros sostiene que el rechazo de la aplicación del contrato de póliza colectiva "Hogar Seguro" es conforme a la normativa y reglas contractuales, al encontrarse en un supuesto de exclusión contractual, conforme a los artículos 40 y 60 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, así como el artículo 24 incisos 24) y 32) de las Condiciones Generales de la Póliza Colectiva. Criterio del Tribunal: Conforme al elenco de hechos probados, tenemos que el actor en fecha 15 de diciembre del año 2016, adquiere la propiedad del inmueble inscrito bajo el número de matrícula 1-64003-F-000, el cual se encuentra ubicado en el Condominio vertical Brisas de Zapote, con el número de filial

A su vez, constituye hipoteca en primer grado a favor del Banco Nacional de Costa Rica, comprometiéndose a que durante la vigencia de ese crédito, mantendrá vigente un seguro contra todos aquellos daños y pérdidas causadas por dolo, culpa y/o caso fortuito o fuerza mayor, que pueda sufrir el inmueble objeto de garantía y las estructuras del mismo. El seguro suscrito corresponde al “Hogar comprensivo colones”, número 01 18 INC 0566423 01, con vigencia a partir del 15 de febrero de 2017, en cuyo clausulado, se describe entre otros, el ámbito de cobertura siendo las básicas: cobertura V: daño directo de bienes inmuebles, cobertura Y: Daño directo de contenidos y cobertura D: Convulsiones de la naturaleza. Además, señala extensiones, condiciones, riesgos excluidos, entre otros. Entratándose de riesgos excluidos, el artículo 24, de la Sección II  denominado: "Eventos y Pérdidas no amparados -coberturas de daño directo", indica lo siguiente: "RIESGOS EXCLUIDOS. El Instituto, no cubrirá pérdidas, ni gastos que se produzcan o sean agravados por: (...)

Hundimiento del terreno debido a cavidades internas, o el asentamiento del mismo debido a deformaciones internas o una inadecuada compactación, mala consolidación o por arcillas expansivas (...)

Pérdidas directas que tengan su origen en errores de diseño o defectos constructivos, aun cuando la causa inmediata sean los riesgos cubiertos por esta póliza". Es en fecha 28 de setiembre del año 2017, que ocurre un deslizamiento al margen que colinda con el río María Aguilar, en los costados sureste y noreste del Condominio Brisas de Zapote, afectando la filial 33 propiedad del actor, toda vez que el Ministerio de Salud a través de la orden sanitaria número RCS-ARS-SEM-IMJ-2241-2017, de fecha 23 de noviembre del año 2017, ordena el desalojo del inmueble al considerarse que no es apto para la permanencia de las personas. Ante esas circunstancias, el actor en fecha 06 de octubre del año 2017, solicita al Instituto Nacional de Seguros la aplicación de la póliza que cubre la finca de su propiedad, número 1-64003-F-000, para amparar los daños generados en su inmueble a raíz del evento sucedido. A fin de analizar la procedencia de la gestión, el Instituto requiere de una serie de información, entre las cuales se encuentran actas de Asamblea de Condóminos y el informe rendido por la empresa INSUMA, relativo a un deslizamiento que sufrió dicho condominio en el año 2014. También ordenó una inspección en el sitio, por parte del testigo perito recibido en la audiencia de juicio, el ingeniero Víctor Hugo Rodríguez Centeno. Finalmente, en el oficio INSLME-06865-2017, del 20 de diciembre del 2017, el Instituto Nacional de Seguros decide declinar el reclamo con base en tres aristas. La primera, la premisa que el actor tenía conocimiento del deslizamiento del año 2014 y no lo informó al Instituto, infringiendo su deber de dar aviso ante el agravamiento del riesgo, la segunda, que la entidad aseguradora desconocía de ese evento y la tercera, que se presentan dos exclusiones que deben aplicarse de acuerdo a lo indicado en el artículo 30 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros mencionado en las condiciones generales del contrato de póliza, que se refiere a los riesgos excluidos, haciendo la salvedad que en esta ocasión no solo se refiere a que existe un relleno, sino el evento propiamente se agrava o se produce por la condición del mismo (relleno en laderas), según lo indicado en el informe del (sic) INSUMA, que determinó la presencia de tres tipos de materiales. Ante ello, el actor impugna el acto final haciendo énfasis a datos falsos, como lo es, su conocimiento del evento del año 2014, toda vez que adquirió el inmueble en el mes de diciembre del año 2017. Al respecto, la entidad demanda admite al conocer del recurso en alzada, que en efecto el actor no tenía conocimiento del evento del año 2014. Nota este Tribunal, que en el acto final se indica que el actor es el dueño de la filial 30, lo cual es incorrecto, ya que le corresponde a la 33 y esto pudo derivar en la confusión que orientó uno de los fundamentos del rechazo, error que en todo caso, fue reconocido en sede administrativa y no amerita mayor abordaje. No obstante lo anterior, el actor no prueba ni formula argumentos, respecto a los otros dos motivos del rechazo de la aplicación de la póliza. Particularmente, en cuanto a la segunda afirmación de la demanda, respecto a que el Instituto debía conocer del evento del año 2014, porque cuenta con un Departamento que da seguimiento a las noticias, hemos de precisar que no existe prueba alguna aportada al expediente que dé cuenta de tal unidad administrativa. En cuanto al tercer mérito del rechazo que es el relevante para la resolución de este asunto, la parte actora omite del todo hacer referencia, esto es, respecto a la invocación por parte del Instituto Nacional de Seguros, al artículo 24 incisos 24) y 32) de las Condiciones Generales de la Póliza que dispone los supuestos de exclusión de riesgos para la aplicación de la póliza. Dicho en otras palabras, la parte actora ignora el tercer fundamento para declinar la aplicación de la póliza y omite realizar impugnación alguna en este proceso judicial. Ante ello, es imperativo tomar en cuenta, que las coberturas del contrato de seguro colectivo claramente señalan los supuestos y condiciones bajo las cuales son aplicables, no siendo dable como mal comprende el actor, entender que cualquier evento está cubierto por el contrato sujeto básicamente solo al pago de la misma, ya que dicha interpretación desnaturaliza propiamente, el contrato de seguro. Veamos. El artículo 3 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, Ley número 8956, del 17 de junio del año 2011, señala que: "El contrato de seguros es aquel en que el asegurador se obliga, contra el pago de una prima y en el caso de que se produzca un evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar el daño producido a la persona asegurada, o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones, dentro de los límites y las condiciones convenidos. Las aseguradoras que operan en el mercado nacional podrán colocar, por sí o por medio de una de sus subsidiarias, contratos de seguros fuera del territorio nacional, ajustándose a los requerimientos legales de cada país en el que deseen operar". Al tenor de lo expuesto, es imperativo aclarar, que el contrato de seguros es calificado como un contrato de adhesión, toda vez que el ente asegurador fija los términos de las cláusulas contractuales, sin que exista un margen significativo para que el tomador del seguro negocie algún extremo. Valga mencionar también, que el contrato de seguros se encuentra orientado a proteger de un riesgo o peligro, a un bien jurídico tutelado, sean las personas o las cosas. Medular en este asunto, es el subrayar que la relación contractual parte de la premisa del cumplimiento recíproco de las partes a sus obligaciones, esto es, que en el evento que el riesgo asegurado se materialice, la entidad aseguradora indemnice el daño conforme a las cláusulas del contrato suscrito y por su parte, el tomador, tiene la obligación de no incurrir en conductas que lesionen el interés del negocio, desplegar conductas que incrementen el riesgo a que el siniestro se pueda producir sin previo comunicación al ente asegurador o modificando la información relativa a la forma o condiciones en que sucedieron los hechos que orientan la aplicación de la coberturas pactadas dentro del contrato de seguros. Es por lo expuesto, que la buena fe de las partes es de vital importancia. No está de más subrayar, que el objeto del contrato de seguros es el riesgo, que es objeto de valoración del ente asegurador antes de celebrar el contrato, por cuanto éste asume el deber de indemnizar en caso de ocurra un siniestro previsto en los términos del contrato, de ahí la razón de la importancia para el ente asegurador, de conocer el objeto o sujeto de protección, ya que el objetivo del contrato de seguros es proteger al tomador del riesgo o evento previsto. Es por lo expuesto, que resulta de suma relevancia, que el contrato establezca los términos y las condiciones en que opera la aplicación de la cobertura, de suerte que, de forma previa al evento, ambas partes tengan claro cuándo opera la cobertura y cuándo no, delimitando de previo el riesgo que el ente asegurador acepta asumir, no siendo éste una liberalidad del tomador y mucho menos, sin sujeción a condiciones o términos, ya que admitir lo contrario, provocaría un desequilibrio evidente en la relación contractual. Es por esa razón, que constituye una prohibición del asegurado, agravar el estado del riesgo, ya que se requiere que éste sea previamente aceptado por el ente asegurador, antes del siniestro. Es por esa razón, que se constituye en una obligación y reflejo de la buena fe contractual, el hecho que el asegurado informe oportuna y cabalmente al ente asegurador, cualquier condición del objeto asegurado al momento de suscribir la póliza o bien, el cambio que ocurra en el objeto asegurado, con el fin de delimitar nuevamente el riesgo contractualmente asumido. Por esta razón, no es de recibo el alegato ayuno de prueba, respecto a que el Instituto conocía del evento del año 2014, que daba noticia del riesgo cierto generado en las colindancias del condominio o bien que éste se encontrara en la obligación de inspeccionar el inmueble previo a la celebración del contrato, justamente por tratarse de una póliza colectiva y no individual, en la cual el asegurado debe indicar las características del bien. De particular interés, es mencionar que el artículo 40 de la ley en comentario, define al riesgo asegurable y al siniestro, de la siguiente manera: "Se denomina riesgo asegurable la posibilidad de que ocurra un evento futuro e incierto que no depende de la voluntad del asegurado. Los hechos ciertos y los físicamente imposibles, así como el juego y la apuesta no constituyen riesgos asegurables. Se denomina siniestro la manifestación concreta del riesgo asegurado que hace exigible la obligación del asegurador". De lo expuesto podemos extraer varias conclusiones. La primera, la celebración de un contrato de seguro no evita el riesgo, sino que atendiendo a los términos convenidos, en el evento que se presente, sin que el asegurado haya participado con dolo o culpa grave en su generación, la entidad aseguradora cubrirá la indemnización respectiva pactada. En efecto, no cabe duda que amén de la claridad entre las partes respecto al objeto contractual, la determinación previa del riesgo asegurable en el contrato, permite evitar una excesiva onerosidad en la prima a pagar por el tomador del seguro si se trata de un evento que es sumamente difícil que ocurra, o bien, un desequilibrio contractual a favor del asegurado cuando es seguro, que el evento sí ocurrirá. Desde esta perspectiva, es claro que el riesgo asegurado tiene que ser posible pero incierto, delimitado temporalmente a futuro y fortuito, de modo tal, que no depende de la intervención o voluntad del asegurado, quien no debe participar ni influir en su evento. Así, debemos analizar las condiciones, términos y exclusiones de la cobertura particular pactada en el contrato de seguros, que delimitan el riesgo y se refieren al objeto concreto de protección, esto, sin dejar de lado que ante la duda en la claridad de las mismas, el principio pro asegurado debe ser aplicado. Teniendo claro lo anterior, en el caso concreto tenemos que el contrato de  suscrito por el actor corresponde al “Hogar comprensivo colones”, número 01 18 INC 0566423 01, cuya vigencia inicia a partir del 15 de febrero de 2017. Entre su clausulado, se encuentra la indicación de su ámbito de cobertura siendo las básicas: cobertura V: daño directo de bienes inmuebles, cobertura Y: Daño directo de contenidos y cobertura D: Convulsiones de la naturaleza. Además, señala extensiones, condiciones, riesgos excluidos, entre otros. Esto es, el contrato contiene límites y condiciones y no basta con pagar la prima del seguro tendiente a cubrir un evento para entender que opera sin restricciones. Retomando el análisis, observamos que entratándose de riesgos excluidos, el artículo 24, de la Sección II  denominado: "Eventos y Pérdidas no amparados -coberturas de daño directo", se indica lo siguiente: "RIESGOS EXCLUIDOS. El Instituto, no cubrirá pérdidas, ni gastos que se produzcan o sean agravados por: (...)

Hundimiento del terreno debido a cavidades internas, o el asentamiento del mismo debido a deformaciones internas o una inadecuada compactación, mala consolidación o por arcillas expansivas (...)

Pérdidas directas que tengan su origen en errores de diseño o defectos constructivos, aun cuando la causa inmediata sean los riesgos cubiertos por esta póliza". Tal y como se desprende de los criterios técnicos allegados a los autos, en efecto se presentaron en el sitio, defectos constructivos asociados a una incorrecta compactación del terreno, lo cual fue confirmado por los testigos peritos Víctor Hugo Rodríguez Centeno y  Marcia Cordero Sandí, ingenieros que explicaron que en el sitio del deslizamiento se encontraron rellenos antrópicos, los cuales son entendidos como lugares donde depositan materiales en los suelos ya sea para conformar los suelos o relleno, pero que no llevan un respaldo técnico respecto a su compactación, calificando de deficiente la encontrada en el lugar de los hechos. Suma, que rolan en autos criterios técnicos armónicos con el invocado en el oficio de declinación de la solicitud de aplicación de la póliza en estudio, entre ellos, el emitido por la Comisión Nacional de Emergencias mediante el informe IAR-INF-0783-2014, en el cual expuso una serie de recomendaciones respecto a que se debe valorar la posibilidad de realizar algún tipo de obra de protección contra la erosión, como gaviones, anclajes o geotextiles, para disminuir el riesgo de más desprendimiento del terreno, el informe técnico número IAR-INF-0971-2014, levantado por la Comisión Nacional de Emergencias con el objetivo de realizar la valoración de riesgo del Condominio Las Brisas ubicado en Zapote, San José, por inestabilidad de talud y deslizamiento, se concluye entre otros, que se deben intervenir los sistemas de drenaje de aguas pluviales para que sean dirigidos a un alcantarillado público, garantizando que no caigan sobre el talud y se deben aplicar las recomendaciones del estudio de estabilidad de la empresa Insuma para evitar más desprendimientos y garantizar la seguridad de las estructuras. Por su parte, el estudio geotécnico y de diseño de obra de retención para el condominio Brisas de Zapote del mes de marzo del año 2015, levantado por la empresa Insuma S.A., determinó la presencia de tres tipos de materiales: 1) relleno de mala calidad, con características orgánicas. 2) un limo arcilloso de consistencia media, 3) arena limosa con grava de compacidad firme, recomendando la construcción de un muro de gravedad tipo miro de gavión o un muro de suelo cocido, advirtiendo además, que se hace necesario impermeabilizar los terrenos sobre la corona del talud con el objetivo de evitar que las aguas se filtren y desmejoren las características del relleno, enfatizando que a su criterio y desde el punto de vista de riesgo, se considera de la obra de retención o refuerzo es prioritaria, ya que esas obras protegerían las estructuras existentes en la corona, viviendas que actualmente están habitadas. Ante este cuadro fáctico, entendemos que lleva razón el Instituto Nacional de Seguros al invocar la aplicación de los incisos 24) y 32) de artículo 24, de la sección II del contrato denominada: "Eventos y Pérdidas no amparados -coberturas de daño directo" para sustentar el rechazo de la solicitud del actor, máxime que, éste no expuso ningún argumento tendiente a la revisión de ese clausulado, más allá de aducir una infracción a su derecho como consumidor por fundamentarse en hechos falsos la declinación del uso de la póliza, obviando que tal fundamento es uno de los tres vertidos en el oficio INSLME-06865-2017, del 20 de diciembre del 2017 y que de hecho, fue admitido en sede administrativa que le asistía la razón en torno a ese extremo, manteniéndose el mérito del rechazo en función de las causales de exclusión citadas líneas atrás y el desconocimiento de la entidad aseguradora del evento del año 2014. No está de más advertir, que la parte actora alega infracción a su derecho de consumidor, pero no expone argumentos en su demanda tendientes a sustentarlo y mucho menos, identifica una conducta concreta que pudiera enmarcar en tal calificación, para que este Tribunal pudiese realizar el respectivo análisis. En ese tanto, no cabe duda que los daños reclamados en el año 2018, son consecuencia de un evento excluido de cobertura, ya que no existió ningún riesgo asegurable amparado en el contrato de seguros, según las coberturas pactadas, generándose los daños observados en el inmueble, en razón de la incorrecta compactación de los terrenos, denotando deficiencias constructivas para las cuales no opera ninguna de las coberturas de la póliza adoptada y como indica la entidad demandada, deviniendo en aplicable el artículo 69 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros que dispone: "El asegurador no responderá por los daños provenientes del vicio propio de la cosa asegurada, salvo que las partes establezcan lo contrario. Se entiende por vicio propio la causa de destrucción, deterioro o desgaste que llevan en sí las cosas por su propia naturaleza o destino, aunque se les suponga de la mejor calidad en su especie". En consecuencia, al mérito de los autos, se rechaza la demanda en todos sus extremos.

Sobre las excepciones: Tal y como se explicó en el considerando anterior, se declara con lugar la excepción de falta de derecho.

Sobre las costas personales y procesales: De conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo y por no apreciar este órgano jurisdiccional razones válidas para la exoneración en costas a la parte vencida, por lo que se condena a la parte actora al pago de ambas costas del presente proceso. Por así solicitarlo expresamente el accionado, sobre dichas sumas se reconocerán intereses, desde la firmeza de la resolución que las fije y hasta su efectivo pago.