Resolución 00098-2021

Que la empresa actora, según se desprende del escrito de demanda interpuesta el 21 de octubre del 2016 compareció ante esta jurisdicción a solicitar lo siguiente: "1.- El CONAVI debe restablecer a mi representada el equilibrio financiero del contrato y reconocer los sobre costos de mano de obra, administración y utilidad de los proyectos, producto de los eventos compensables ocurridos, el incumplimiento en cuanto a plazos, así como el atraso y afectación en la ejecución normal del Contrato.

El CONAVI debe pagar a mí representada, al 30 de setiembre de 2016, los siguientes sobre costos y restablecimiento de utilidad causados por eventos compensables, atraso y afectación en la ejecución normal de los contratos: Costos administrativos ¢551.674.529,48, Costo de personal ¢811.424.640.00, Costos por día de lluvia ¢287.235.000.00, Utilidad sobre los costos ¢96.688.127,00.

El CONAVI deberá pagar a mi representada los sobre costos (costos administrativos y costos de personal) así como reestablecer la utilidad por eventos compensables, atraso y afectación en la ejecución normal de los contratos, que ocurran con posterioridad al 30 de setiembre de 2016 y hasta la finalización de los proyectos lo cual se liquidará en ejecución de sentencia.

Se reconocerá a favor de mi representada intereses sobre los costos y utilidad cobrados desde el momento en que fueron causados y hasta el momento del efectivo pago.

Se indexará cada uno de los extremos otorgados a favor de mi representada.

Se condenará a la demandada al pago de ambas costas”. Aclarando en la audiencia preliminar que los proyectos que se mencionan en la pretensión 1 son los que se indican en el hecho 1 de la demanda y en la pretensión 4 aclara que son intereses legales. (Ver imágenes 21 y 22 del expediente judicial digital, así como audio y video de la audiencia preliminar, así como su minuta a imagen 395 del expediente judicial digital).

Conferido el traslado a las entidades demandadas, por medio de memoriales de fecha 18 de diciembre de 2017, el CONAVI rechaza la demanda y en memorial del 10 de enero de 2018, el Estado rechaza la demanda y alega la defensa de Falta de derecho y falta de legitimación pasiva. (Imágenes 184 a 243 y 330 a 341 del expediente judicial formato electrónico).

En escrito de fecha 29 de enero de 2018, se realiza la réplica por parte de la actora y ofrece contraprueba. (Imágenes 353 a 381 del expediente judicial electrónico).

La audiencia preliminar se realizó en fecha 25 de junio de 2018, se fijaron las pretensiones, se aclararon éstas en términos del resultando primero de esta sentencia, se fijaron los hechos controvertidos y se admitió prueba documental, testimonial y pericial. (Audio en el SIGAO e imágenes 394 a 398 del expediente judicial en formato digital).

En fechas 23 y 24 de de setiembre de 2021 se realizó el juicio oral y público, evacuándose las declaraciones de los testigos de la actora Gerardo Enrique Prada Arrollo, Juan José Pastor Valverde y Rodolfo DeLeón Rivers, el testigo del CONAVI Edgar Manuel Salas Solis y la perito Jenny Mora Moya. Se ofreció prueba para mejor resolver, el CONAVI alegó satisfacción extraprocesal, las partes renunciaron al emplazamiento del artículo 50 del CPCA. Durante la declaración de la perito, el Tribunal consideró conforme el artículo 93 del CPCA y 50 CPCA la necesidad de traer un complemento adicional al informe pericial, por lo que se ordenó está en un plazo de dos días hábiles. Ante esta situación, se difirieron las conclusiones por escrito una vez incorporada la prueba ordenada por el Tribunal y coincidiendo en tres días con la audiencia sobre esa prueba. (Audio y video en SIGAO).

La perito incorporó la prueba adicional en fecha 24 de setiembre de 2021, corriendo por ende el plazo de los tres días para referirse a esa prueba, así como para emitir las conclusiones a partir del día hábil siguiente, presentando las tres partes en fecha 29 de setiembre sus respectivas alegaciones. (Imágenes 728 a 734 y 736 a 786 del expediente judicial digital).

En los procedimientos se han observado las prescripciones y términos de ley, y no se perciben vicios, defectos u omisiones susceptibles de producir nulidad de lo actuado o indefensión a las partes. Se dicta la presente resolución por unanimidad y previa deliberación.

Redacta el juez Mejías Rodríguez, con el voto afirmativo de las juezas Bolaños Salazar y Gómez Chacón.

SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER: La representación del CONAVI aportó dos discos con los expedientes administrativos actualizado de las contrataciones administrativas 2012LA-000106-0DIOO y 2013CD-000148-0DIOO, por lo que, conforme el numeral 50 del CPCA, se tiene como prueba complementaria al ser prueba previamente incorporada a los autos y solamente se trata de una actualización de ésta. Misma tesitura comprende este tribunal del desglose de pagos realizados a la actora visible a imágenes 725 a 727 del expediente judicial digital contenida en la certificación EJE-01-2021-0536 (12787), complementos a la ejecución de las contrataciones señaladas. En cuanto a la resolución RES-CA-18-0031 del Consejo de Administración del CONAVI del 5 de julio de 2018, además de documentos conexos DCVP 11-18-0199 del 21 de marzo de 2018, DCVP 11-18-0240 del 09 de marzo de 2018, aportada por el CONAVI y el Estado, esta se admite a efectos de ser un insumo útil y necesaria para resolver la satisfacción extraprocesal de la cual se emite pronunciamiento infra conforme el artículo 50 y 93 del CPCA. En cuanto al anexo N°9 del informe pericial, este es admitido al haber sido ordenado por el Tribunal como complemento del informe pericial rendido en juicio denominado “cuadro de resumen del conteo de días inactivos de todas las secciones de trabajo adjudicadas a la actora”, visible a imágenes 728 a 734 del expediente judicial digital. Se aclara que, si bien a imágenes 406 y 439 se hace referencia al oficio DC0-25-18-0188, éste no fue incorporado en autos, por lo que se tiene por no ofrecido y se omite pronunciamiento al respecto.

II.

Se tienen como tales, por tener el correspondiente sustento, los siguientes:

Que la parte actora fue adjudicataria y, por ende, contratista en las contrataciones administrativas realizadas por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI de ahora en adelante) bajo la Licitación Abreviada No. 2012LA-000106-0DIOO "Contratación de servicios profesionales para el diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento vial horizontal y vertical y presupuesto del siguiente proyecto: Carretera No 1856, Juan Rafael Mora Porras, Secciones Nos: 1 Los Chiles-Rio Pocosol", así como de la Contratación Directa No 2013CD-000148-0DIOO, "Contratación de servicios profesionales para el diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento vial vertical y presupuesto del siguiente proyecto: Ruta Nacional No 856, Juan Rafael Mora Porras, Secciones Nos: 2, 3, 4A, 4B y 5 Rio Pocosol-Rio Infiernito-Boca del Rio San Carlos-Remolinito-Boca del Rio Sarapiquí-Delta Costa Rica", teniendo la primera sección 120 días naturales de ejecución a partir del 21 de enero de 2014, la sección 2, 210 días naturales de ejecución, la sección 3, 260 días naturales de ejecución, la sección 4A, 210 días naturales de ejecución y la sección 4B, 150 días naturales de ejecución, estas cuatro últimas iniciando a partir del 15 de mayo de 2014. (Véase los dos expedientes administrativos de las respectivas contrataciones, así como sus respectivas órdenes de inicio a folio 3695 del expediente administrativo de la licitación, así como folios 1775 a 1782 del expediente de la contratación directa).

Que en ambas contrataciones existe dentro de su cartel las siguientes cláusulas: respecto de la suspensión temporal del contrato disponiendo: “La unidad supervisora del contrato con base en el o los motivos que tenga para decretar la suspensión temporal del contrato, deberá de forma razonable, determinar el período de dicha suspensión a través de la orden de servicio respectiva, en aquellos casos en que sea posible determinar dicho o plazo de suspensión”, respecto de la prórroga de la fecha prevista de terminación estipulando: “En caso de presentarse eventos no imputables al contratista (eventos compensables), como por ejemplo: malas condiciones climáticas, huelgas y demás condiciones que impidan la normal ejecución de las actividades o se ordene una modificación en alguna actividad dentro de la ruta crítica, que haga imposible la terminación de las obras en la fecha prevista de terminación, sin que el contratista tenga que adoptar medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes, que le exijan incurrir en costos adicionales, la unidad de supervisión del contrato deberá prorrogar la fecha prevista de terminación”, definiendo de manera complementaria, qué se entiende por eventos compensables de la siguiente manera y relevante para este proceso: “Los siguientes eventos son considerados como eventos compensables… c. La unidad supervisora del contrato no emite los planos, especificaciones o instrucciones requeridas para la oportuna ejecución del contrato… Si el evento compensable impide que los trabajos se terminen en la fecha prevista de terminación, la unidad supervisora del contrato decide en qué medida, la fecha prevista de terminación deberá prorrogarse. Si el evento compensable ocasiona costos adicionales, estos son determinados por la unidad supervisora del contrato y su pago se efectuará de conformidad con los medios legales correspondientes… Tan pronto como el contratista proporcione información sobre los efectos de cada evento compensable en el costo y plazo, según su estimación, la unidad supervisora del contrato la evaluara y si la estimación del contratista no es considerada razonable, la unidad supervisora del contrato efectuara otra y determinara su monto y plazo. La unidad supervisora del contrato supondrá que el contratista reacciona en forma competente y con prontitud al evento… El contratista no tiene derecho al pago de ninguna indemnización en la medida en que los intereses del CONAVI, se vean perjudicados por el hecho de que no haya dado aviso oportuno de evento(s) compensable(s) o no hubiera cooperado con la unidad supervisora del contrato, en la atención de esta situación. Se deberán presentar los reclamos de eventos compensables como obligación cada mes”, finalmente de relevancia, se indica, respecto de la ejecución contractual que “En la fecha establecida para la recepción de los servicios contratados, la unidad supervisora del contrato del CONAVI, responsable de la ejecución de esta contratación hará la inspección conjuntamente con el contratista, levantará el "acta de recepción" en la que se consignara el estado en el que se encuentra los servicios contratados y si se reciben a satisfacción o si el contratista deberá hacer correcciones o mejoras, finalmente todos firmaran el acta. En dicha inspección podrán estar presentes funcionarios de la CNE…. En caso de que el contratista deba hacer correcciones, mejoras o cambios, el CONAVI le otorgará un plazo improrrogable y único de 5 (cinco) días naturales para que los realice, de conformidad con la complejidad del objeto de esta contratación, considerándose como nueva fecha para la recepción de los servicios, el día hábil siguiente del vencimiento del plazo otorgado, debiéndose realizar nuevamente la inspección y recepción de los servicios, en observancia a lo indicado en el inciso k) del Decreto Ejecutivo No 37536-MOPT”, adicionando que “El CONAVI a través de la unidad supervisora del contrato, dispondrá de hasta 10 (diez) días hábiles para la revisión y aprobación o rechazo de los informes de avance. Los plazos para la revisión y aprobación o rechazo de los informes parciales deberán considerarse dentro del programa de trabajo que presentará el contratista al emitirse la orden de inicio, de manera que deberán considerarse dentro del plazo contractual…” (Cláusulas 6, 26, 35, 36, Licitación Abreviada No. 2012LA-000106-0DIOO, folios 3625, 3626, 3632, 3646 del expediente administrativo de ese concurso, así como cláusulas 6, 26, 25, 26 y 27 de la Contratación Directa No 2013CD-000148-0DIOO, folios 91, 92, 98 y 115 del expediente administrativo de esa contratación).

Que, para el caso de la licitación abreviada No. 2012LA-000106-0DIOO se emitieron las siguientes órdenes de suspensión total de actividades N° 5 de fecha 14 de octubre de 2014, a partir del 14 de octubre del 2014, N° 7 de fecha 21 de setiembre de 2015 a partir del 23 de setiembre de 2015, N° 9 de fecha 12 de noviembre de 2015 a partir del 14 de noviembre del 2015, todas indicando que finalizaba cuando la unidad supervisora realice una nueva orden de servicio “Reinicio de Actividades” y advirtiendo que por tratarse de informes de Avance, el contratista no puede realizar más labores atinentes al contrato y se encuentra a la espera de que la unidad supervisora comunique la revisión de la documentación presentada. El plazo restante deberá quedar disponible para que el contratista, en caso necesario, efectúe correcciones. (Folio 4087, 4448, 4461 del expediente administrativo de la Licitación Abreviada No. 2012LA-000106-0DIOO).

Que, complemento de lo anterior, en la licitación abreviada “Sección N°1” se emitieron las órdenes de servicio de reinicio total de actividades N° 6 de fecha 16 de setiembre de 2015 a partir del 16 de setiembre de 2015, N° 8 de fecha 06 de noviembre de 2015 a partir del 10 de noviembre de 2015 y N° 10 de fecha 4 de julio de 2016 a partir del 5 de julio de 2016. (Folios 4440, 4455 y 4483 del expediente administrativo de la Licitación Abreviada No. 2012LA-000106-0DIOO).

Que mientras estuvo suspendida la licitación de referencia, el contratista en fecha 15 de junio de 2016 a través de oficio 412-2016, reclamaba el atraso por parte de CONAVI por la ejecución adicional de 25 meses, advirtiendo que ello traía costos a la empresa y que rogaban se atendiese los informes faltantes para poder avanzar con la contratación. (Folio 4470 y 4471 del expediente administrativo de la Licitación Abreviada No. 2012LA-000106-0DIOO).

Que, para el caso de la Contratación Directa No 2013CD-000148-0DIOO se emitieron las siguientes órdenes de suspensión total de actividades por cada una de las secciones: Para la sección N°2: La orden N° 10 de fecha 28 de julio de 2016 a partir del 21 de julio de 2016, la orden de servicio N° 12 de fecha 13 de diciembre de 2016 a partir del día siguiente, sea 14 de diciembre de 2016; para la sección N° 3 la orden N° 7 de fecha 18 de junio de 2015 a partir del 19 de junio de 2015, la orden N° 9 de fecha 13 de diciembre de 2016, la orden de servicio N° 11 de fecha 12 de diciembre de 2016 a partir del 13 de diciembre de 2016, la orden de servicio N° 13 de 9 de febrero de 2017 a partir del día 10 de febrero de 2017, la orden N°15 de fecha 20 de julio de 2017 a partir del 21 de julio de 2017, la orden N° 19 de fecha 17 de noviembre de 2017 a partir del 18 de noviembre de 2017; para la sección N° 4A, la orden N° 9 de fecha 13 de julio de 2016 a partir de ese mismo día, la orden N° 11 de fecha 12 de diciembre de 2016 a partir del 13 de diciembre de 2016, la orden N° 13 de fecha 24 de febrero de 2017 a partir del 25 de febrero de 2017, la orden N° 15 de fecha 27 de abril de 2017 a partir de ese mismo día, la orden N° 17 de fecha 19 de octubre de 2017 a partir de ese mismo día; para la sección N° 4B: la orden N° 9 de fecha 28 de octubre de 2015 a partir de ese mismo día, la orden N° 11 de fecha 12 de abril de 2016, a partir de ese mismo día, la orden de servicio N° 13 de fecha 13 de agosto de 2016 a partir del 17 de agosto de 2016, la orden 15 de fecha 27 de octubre de 2016 a partir de ese mismo día, la orden N° 17 de fecha 19 de diciembre de 2016 a partir de ese mismo día, la orden N° 19 de fecha 5 de abril de 2017 a partir del 6 de abril de 2017; todas ellas señalando que finaliza cuando la unidad supervisora realice una nueva orden de servicio “reinicio de actividades” y advirtiendo que mientras la Administración revisa las correcciones o informes, el contratista no puede avanzar con la ejecución contractual, de manera que se procede a suspender toda actividad del contratista. (Folios 5519, 5525, 6693, 6698, 6706, 6714, 8238, 8239, 8244, 8247, 8249, 8252, 8257, 8278, 8281, 8305, 8359, 8427, 8429 del expediente administrativo de la Contratación Directa No 2013CD-000148-0DIOO).

Asimismo, en dicha contratación directa, se emitieron las siguientes órdenes de reinicio de actividades por secciones: para la sección N° 2 la orden N° 9 de fecha 18 de julio de 2016 a partir del 19 de julio de 2016, la N° 11 de fecha 12 de diciembre de 2016 a partir de ese mismo día; para la sección N° 3 la orden N° 8 de fecha 28 de junio de 2016 a partir del 12 de julio de 2016, la orden N°8 de fecha 18 de agosto de 2016 a partir del 22 de agosto de 2016, la orden N° 10 de fecha 2 de diciembre de 2016 a partir del 5 de diciembre de 2016, la orden N° 14 de fecha 12 de julio de 2017 a partir del 13 de julio de 2017, la orden N° 16 de fecha 12 de octubre de 2017 a partir del 13 de octubre de 2017; para la sección N° 4A, la orden N° 10 de fecha 2 de diciembre de 2016 a partir del 5 de diciembre de 2016, la orden N° 12 de fecha 16 de febrero de 2017 a partir del día 17 de febrero de 2017, la orden N° 14 de fecha 21 de abril de 2017 a partir del 22 de abril de 2017; para la sección N° 4B la orden N° 10 de fecha 16 de marzo de 2015, a partir del 28 de marzo de 2016, la orden N° 10 de fecha 8 de abril de 2016 a partir del 7 de abril de 2016, la orden N° 12 de fecha 12 de agosto de 2016 a partir del 16 de agosto de 2016, la orden N° 14 de fecha 24 de octubre de 2016 a partir del 27 de octubre de 2016, la orden N° 16 de fecha 15 de diciembre de 2016 a partir de ese mismo día, la orden N° 18 de fecha 4 abril de 2017 a partir 5 de abril de 2017. (Folios 6087, 6695, 6701, 6704, 6708, 6712, 8241, 8245, 8251, 8254, 8258, 8279, 8282, 8307, 8346, 8430 del expediente administrativo de la Contratación Directa No 2013CD-000148-0DIOO).

Que mientras estuvo suspendido las secciones de la contratación directa referida, el contratista en múltiples ocasiones reclamaba el atraso por parte de CONAVI, advirtiendo que ello traía costos a la empresa y que rogaban se atendiese los informes faltantes para poder avanzar con la contratación, siendo los oficios 179-2015, 413-2016 y 414-2016 para la sección 2; los oficios 180-2015, 415-2016 para la sección 3; los oficios 181-2015, 61-2016, 416-2016, 417-2016, 419-2016 para la sección 4A y el oficio 182-2015, 62-2016, 191-2016, 192-2016, 418-2016, 510-2016 para la sección 4B. (Folios 4173 a 4177, 4182 a 4187, 6961 a 6966, 6878-6883, 6117, 6118, 6150, 6151, 6161, 6162, 6322 del expediente administrativo de la Contratación Directa No 2013CD-000148-0DIOO e imágenes 74 a 147 del expediente judicial digital).

En fecha 4 de enero de 2016, la parte accionante plantea reclamo administrativo de reconocimiento de costos de personal por atrasos de la Administración en la revisión de los informes de licitación, el cual fue rechazado por medio de resolución DCO-25-16-0071 de fecha 21 de enero de 2016, realizada por la Dirección y Gerencia de Contratación de Vías y Puentes. (Imágenes 315 a 323 del expediente judicial digital).

En fecha 7 de diciembre de 2017, se emite con ocasión de este proceso, el informe técnico GCTT 02-17-0422, rubricado por el ingeniero Edgar Manuel Salas Solí, gerente de Contratación de Vías y Puentes del CONAVI. (Imágenes 244 a 297 del expediente judicial digital).

Por medio de oficio DIE-07-17-3967 (16) de fecha 18 de diciembre de 2017, el Director Ejecutivo A.I. del CONAVI ordena a la gestión de asuntos jurídicos a realizar el trámite para el reajuste de utilidad reclamado por la actora en este proceso y como producto de las dos contrataciones objeto de litigio. (Imágenes 325 a 327 del expediente judicial digital).

Por medio de la resolución RES-CA-18-0031 de fecha 5 de julio de 2018, el Consejo de Administración del CONAVI resuelve el reclamo de reajuste de utilidad presentado por la parte actora relacionado con la Licitación Abreviada 2012LA-000106-0DIOO y Contratación Directa No. 2013CD-000148-0DIOO, declarando parcialmente con lugar el reclamo para las secciones 1, 2, 3, 4A y 4B de las señaladas contrataciones, reconociendo “la suma de ¢6.746.579,92 (seis millones setecientos cuarenta y seis mil quinientos setenta y nueve colones con 92/100) por concepto de reajuste de utilidad a favor del contratista por el periodo en que estuvo suspendido los proyectos Licitación Abreviada 2012LA-000106-0DIOO y Contratación Directa No. 2013CD-000148-0DIOO, por causas que no le son imputables”, notificado a la actora el 6 de julio de 2018. (Imágenes 408 a 434 del expediente judicial digital).

En fecha 30 de setiembre de 2018, el contador público autorizado MBA Jorge Alberto Marín Chacón, certifica que realizó un trabajo especial tendiente a informar que los gastos administrativos, generales y financieros relacionados a la contratación directa objeto de este proceso “fueros superiores a los índices incluidos en la estructura de costos de la oferta para el proyecto en mención de acuerdo a los ingresos totales de la compañía y de acuerdo al Anexo No. 1 del informe de resultados de procedimientos previamente convenidos con fecha 05 Dic del 2017 por la empresa Deloitte donde se muestra el total de gastos administrativos, generales y financieros para las años terminados al 30 de setiembre del 2014, 2015, 2016 y 2017, adicionalmente de los atrasos en la aprobación de informes y su consecuente flujo de fondos que se detallan abajo con base en los procedimientos convenidos con la Compañía”, trabajo ejecutado bajo las “Normas Internacionales de Servicios Relacionados (NISR4400) aplicables a trabajos de procedimientos convenidos. Los procedimientos se realizaron únicamente para informar que los índices de gastos administrativos, generales y financieros fueron superiores a los contratados”, rescatando en sus conclusiones que “3. La Compañía sufre de un atraso en la aprobación de los informes presentados al Consejo Nacional de Vialidad donde el contrato estipula un plazo entre los 5 (cinco) y 9 (nueve) meses y su ejecución real superó los 48 (cuarenta y ocho) meses.

La Compañía no recibe el flujo de los ingresos en tiempo generando un incremento en la relación gastos versus ingresos no acorde a lo ofertado y pactado contractualmente.

La Compañía mantuvo una estructura organizacional y administrativa capaz de soportar el proyecto durante todo el plazo real de ejecución del proyecto”. (Imágenes 355 a 381 del expediente judicial digital).

Que, a través del informe pericial rendido en este proceso en fecha 24 de junio de 2019, la perito Jenny Mora Moya cuyo objeto pericial fue definido para “que verifique el cálculo de los montos cobrados en la petitoria de la demanda y los actualice al momento en que rinda la pericia”, calculando además los intereses e indexación. Destaca que las revisiones abarcan la documentación desde la orden de inicio de cada proyecto por sectores hasta las aprobaciones del informe final por sectores, siendo desde el 23 de diciembre del 2013 con la orden de inicio del sector N°1 hasta el 8 de diciembre de 2017 cuando se aprueba el informe final del sector N° 3, utilizando como insumos archivos de Excel que sustentaron los cálculos realizados por la actora, planillas del personal inscrito ante la C.C.S.S, las estructuras de costos presentadas por la actora en las ofertas de servicios de cada proyecto, así como las órdenes de servicio por reconocimiento de días por parte de CONAVI, por suspensiones y ampliaciones de plazo, tanto para la Licitación Abreviada Nº 2012 LA-000106-0D100 como para la Contratación Directa Nº 2013CD-000148-0D100, determinando una paralización de todas las líneas de 925 días en total. En conclusiones plantea dos escenarios, en el primero, determina que lo correspondiente a gastos de administración y días lluvia de topografía no deben ser reconocidos por problemas en la verificación de gastos, planteando un reconocimiento exclusivamente de personal, utilidad e intereses conforme el 1163 del Código Civil para un total de ¢1.379.239,246.66, que se desglosa en: ¢1.136.230.960,50 de gastos de personal, ¢67.405.538,25 de utilidad y ¢175.602.747,91 de intereses calculados al 23 de junio de 2019, mientras que en el segundo escenario, utilizando la fórmula del cartel de ambas contrataciones que es de reajuste, plantea el reconocimiento de insumos, mano de obra, gastos administrativos e intereses para un total de ¢108.558.149,80, que se desglosan en: ¢209.821,05 de insumos, ¢93.352.968,45 de mano de obra, ¢690,229.22 de gastos administrativos y ¢14.305.131,08 de intereses conforme el 1163 del Código Civil calculados al 23 de junio de 2019 (Imágenes 555 a 588 del expediente judicial digital).

En juicio oral y público se recibió la declaración de la perito Jenny Mora Moya, administradora de empresas con énfasis en contaduría pública desde 1994, inscrita como Contadora Pública Autorizada, abogada y notaria desde el 2005 y perito judicial desde 1997, con más de 30 peritajes de similar naturaleza al presente caso. Comentó en juicio que, el objeto del peritaje fue verificar el cálculo de los montos cobrados y los actualice al momento de la pericia, los cuales cubren en actualización al 30 de setiembre de 2016 a abril de 2019, que es cuando la nombraron de perito. Expuso que la parte se basó en información suministrada por la parte actora, que le expuso la forma en cómo ellos calcularon los rubros, fuentes de información y metodología. El informe fue divido en dos escenarios: el primero, es la revisión de las conclusiones numéricas de CACISA, que se compone varios ítems: la fecha de inicio y finalización de cada sección, 1, 2, 3, 4A y 4B, con vista en las órdenes de servicios, hasta la aprobación del informe final (hecho 4 de la demanda); costo de días lluvia de costos de topografía (hechos 21, 22 y 23 de la demanda), otro la revisión de procedimiento de cálculo del costo diario de personal (hechos 19 y 20 de la demanda); ; costos administrativos reclamados (hechos 12 y 13 de la demanda) y por último, un reajuste de utilidades. Como resultado del primer ítem, se verificaron que las fechas de inicio eran ciertas, pero existieron inconsistencias con las fechas finales, dado que ellos contabilizaron cuando presentaron en informe final de cada sección y no cuando éste fue aprobado, detectando que en las secciones 3 y 4A sí se usó la de aprobación, así que en su peritaje corrigió esas secciones para coincidir con las demás, es decir, se usó la fecha de presentación del informe final, en todas las secciones. Además, se corrigieron errores en conteos de días, ya que lo que se identificó fueron los días que del todo no se trabajó. Esta depuración dio una disminución de 46 días respecto del reclamo presentado de ellos. Respecto del segundo ítem, que refiere a días lluvia y cuadrillas de topografía, se encontraron inconsistencias en las secciones de 3 y 4A, ya que en los informes finales de cada sección se consignó que hubo 3 cuadrillas de topografía en cada una, lo que no coincide con lo que viene en el reclamo, ya que hablan de 6 y 4 cuadrillas respectivamente para esas secciones, corrigiéndose en el peritaje y produciendo una disminución en lo reclamado en 69.420.000 colones. De igual manera, para liquidar los costos de las planillas de topografía, se utilizó una estructura de costos de otro proyecto, ajeno al objeto en litigio. La aclaración que se brindó fue que, en los proyectos en discusión, no se estableció una tarifa por concepto de cuadrilla de topografía, por eso fue que se usó un precio en referencia, por lo que no es – a su criterio – una forma de validar el reclamo y por eso lo rechaza. Referente al tercer ítem, sobre el cálculo de salarios diarios, se aclaró que la determinación se dio cuando las cinco líneas (secciones 1, 2, 3, 4A y 4B) estuvieran paralizadas. Como fuente de control, revisó no sólo las planillas de esas franjas temporales, sino los de toda la duración de todas las secciones, para verificar que ese personal, nombres y salarios reportados a la CCSS coincidían con los de reclamo de la parte actora, existiendo coincidencia. No obstante, el cálculo posee un error, ya que incorpora proporcional de cesantía y preaviso, que contraviene las reglas de las NIC 37, ya que estos rubros son previsiones contables, no costos fijos. Especificó que, técnicamente hablando, la demanda posee un error terminológico al hablar de “costo de personal en gabinete” o “costo directo de mano de obra”, mas estos están relacionados con una actividad efectiva, que no es el caso, en realidad la parte estaba haciendo referencia a un costo extraordinario que se generó, lo cual, fuera de la precisión, no influye en nada. Al finalizar la depuración se eliminaron 127.616.299,50 colones, cálculos que se realizaron cuando todas las líneas ya estaban terminadas. Para el ítem de gastos administrativos, lo que hizo la actora fue tomar el costo administrativo ofertado, lo dividieron entre los días ofertados para obtener el valor costo-día y lo multiplicaron por los días adicionales. Este método, a su criterio, no encuentra sustento en alguna metodología de la rama que profesa, ya que este tipo de costos debe respaldarse documentalmente, para poder ser validada, por eso es que, ante la ausencia de documentación, lo rechazó por imposibilidad de validación. Por último, para el reajuste de utilidades, el cual, si se usa la fórmula de reajuste del cartel, debería ser cero; pero para casos como el que se está estudiando, debe considerarse que, se trata de eventos extraordinarios, que incrementan las responsabilidades de la contraparte (contratista) por acciones del contratante (CONAVI), relacionados al cese de operaciones, lo que motiva ajustar de igual manera la utilidad, por el costo de oportunidad de la empresa, de no poder aprovechar esos tiempos pactados y que se incrementaron que pudieron aprovechar en otros proyectos, y no se trata simplemente de reconocer costo. Ahora bien, en el segundo escenario, utilizando la fórmula de reajuste de precios del cartel, para los rubros reclamados (menos la utilidad), dan números diferentes a los usados por la actora. A manera de conclusión, los resultados para el primer escenario (basados en los cálculos de la actora), la perito elimina los costos de administración, por ausencia de prueba, que no se tiene certeza, además, suprime los días de lluvia y topografía por ausencia de la base de cálculo, al usar bases de otro proyecto y no existir una tarifa en las contrataciones, dejando solamente las planillas de personal, depuradas con la eliminación de cargas sociales que incumplían la NIC 37, y sobre ello, recalcular utilidad e intereses legales. Frente a ello, el segundo escenario, aplica la fórmula de reajuste más los intereses legales, calculados ambos intereses al 23 de junio de 2019, que es cuando entrega el informe pericial. Ante preguntas de la parte actora, se concretizó que, el total de días en cese fueron 925 días y que, el problema con los gastos administrativos es de tipo demostrativo, que a su criterio sí debió haber, pero no se demostraron correctamente. Ante preguntas del CONAVI, la perito aclaró que las planillas utilizadas fueron de todo el periodo en que las secciones estaban ejecutándose, usando los salarios que se reportaron a la CCSS y no lo que la parte indicó, considerándose jornada completa, ya que en el expediente judicial eran insuficientes y especificó que no revisó si, durante el periodo de cese, la planilla estaba laborando en otros proyectos. Para el segundo escenario, se utilizaron las fechas de inicio – fin que está en el anexo 5 del informe. Destaca que, si CONAVI ha pagado algo relacionado con ese tema, tendría que rebajarse de lo calculado por ella. No requirió ayuda de personal de CONAVI para realizar la pericia, dado que su trabajo de campo era, a la literalidad de lo requerido, con información de la actora, aunque sí se usó información adicional como órdenes de inicio y órdenes de servicio, que constan en los anexos. Al consultar el Tribunal, destaca que tanto los gastos administrativos como los costos de días lluvia-topografía, el problema es probatorio, ya que son gastos reales, en el caso de los administrativos el problema de lo indeterminado, y en el caso de los gastos de topografía, éstos estaban incluidos en el ítem de personal, pero no de manera aislada. La diferencia entre los dos escenarios lo da el método de cálculo, por lo que, a su criterio, ambos calculan lo reclamado por la actora, nada más que el primero no está incluido en el contrato, el segundo sí. (Audio en SIGAO, primer día de juicio).

Durante la primera sesión de juicio, se recibió al testigo actora Gerardo Enrique Prada Arrollo, ingeniero civil desde 1980, Director General de la actora desde su creación en 1992, accionista de la empresa. Expuso que, existieron dos contrataciones con el CONAVI, la primera Los Chiles – Pocosol, y la segunda eran varias líneas para completar la ruta, era de diseño de obra vial, incluyendo todo lo que implica: estudios preliminares, elaboración de diseños y planos. Se trata de la vía que popularmente le denominan “La Trocha” o ruta 1856, va al lado de la frontera norte con Nicaragua y el río San Juan, desde Los Chiles hasta Delta-Costa Rica. Los plazos para estas actividades eran muy estrictos con multas, para habilitar el acceso y tránsito por tierra de esa zona, sobre todo por el conflicto con el país vecino y la navegabilidad por el Río San Juan. El trabajo tenía que presentarse tres informes de avance, contra calendario, el CONAVI tenía 10 días hábiles para revisar y la empresa 5 días naturales para corregir. Para el caso concreto, el CONAVI no cumplieron con el plazo de revisión, sino que, como no podían cumplir con el plazo, suspendían la ejecución del contrato, sin indicar la fecha de reanudación, tomándose tiempos que ellos consideraban convenientes, usualmente meses, variable, en un caso fue hasta cinco meses (más de 100 días). Esto impactaba el trabajo de la empresa, dado que nos obligaban a estar pendientes, con tan corto tiempo para corregir, y el riesgo del impacto económico de una multa y en la mancha en las certificaciones de experiencia, se trataba de un costo importante para la empresa. Se advirtió muchas veces la incertidumbre y duración en la revisión de los informes, así como los costos que se estaban generando. Los gastos fueron muchos: tener el personal, renovación de las garantías, seguros, pago de impuestos, equipos, entre otros, todo para poder contestar a tiempo las solicitudes de CONAVI y evitar un esquema de multas o incluso la resolución contractual. Los contratos tienen una cláusula de eventos compensables. En la ejecución, se dieron eventos compensables, por la suspensión de la ejecución de las líneas, principalmente. Remarcó que, cuando se diseñó la oferta, uno de los componentes o variables más importantes es el tiempo. Los plazos iniciales eran muy cortos entre 100 y 250 días, terminaron finalmente entre 900 y 1000. Eso nos llevó a valorar los tiempos hundidos del personal, y los gastos directos e indirectos que son la base del reclamo. El equipo estaba solamente con ese proyecto, y por la forma en cómo nos suspendían, no podíamos liquidar ese personal, de hecho, si cambiábamos personal teníamos que tener permiso de CONAVI, y por la especialidad del trabajo, no se puede despedir y luego recontratar. Se determinó por parte de la empresa que la afectación se iba a reclamar solamente en aquellos días que la ejecución estaba completamente detenida. En cuanto a los costos directos e indirectos, se usa el formulario que da el cartel, y los porcentajes ya están consolidados que van entre un 10-15% los gastos administrativos o costos indirectos, que para estos contratos estaban entre 9-10%. Ese porcentaje refleja la cantidad de costos de operación que el proyecto financia, considerando la cuantía y la duración del proyecto, comparado con el histórico de nuestros estados financieros auditados por DELOITE. Comparando con ofertas de otros proyectos, ellos lo que hacen es tomar el histórico de la empresa y ese parámetro entre 10-15% y que la propia Administración califica de razonable al valorar la oferta. Para el control de gastos se utiliza un programa SAP Business One, que registra el gasto en centros de costos. Referente a los gastos de topografía son parte de los estudios preliminares, hay generales y otros específicos que son para ríos y otros. Hubo líneas que se dieron orden de inicio en pleno invierno y era en zonas sumamente agrestes, reportamos los días que no se pudieron trabajar por lluvia y el equipo estuvo ocioso. En cuanto a que no había tarifa específica de topografía, explicó que en este tipo de contrataciones el desglose del precio no se desagrega a tal nivel que se llegue a estimarlo de esa forma, sino que estaba incluido en el costo de trabajos preliminares, en la parte de servicios. El formulario 7.1de estructura de costos no era tan detallado. El cálculo para este caso, usamos el costo diario de cuadrilla que había autorizado el CONAVI para otra contratación (oficio DCVP-11-14-0009 del 4 de febrero de 2014, anexo 4 de la demanda), específicamente, costo de vehículo estacionado y planilla, costos que no varían por ser irrelevante en qué parte del país se realiza el trabajo. Por último, el fundamento de la reclamación de la utilidad es natural de este tipo de trabajos. En contrainterrogatorio del CONAVI, el testigo especificó que los costos de personal reclamado son los que, necesariamente, debían estar durante la ejecución y no temporalmente, de hecho, no se incluyeron los de campo como laboratorios, geotecnia, ya que hacen su trabajo y finalizan, pero los de diseño. Por parte del Estado en contrainterrogatorio, aclaró que él no estuvo contacto directo con el proyecto, ya que para eso estaba el Director de Producción. (Audio en SIGAO, primer día de juicio).

Durante la misma sesión, se recibió la declaración del testigo de la actora Juan José Pastor Valverde, administrador de negocios con énfasis en finanzas desde 1985 y un posgrado en finanzas en 1990, desempeñándose en la actora como Director Administrativo – Financiero. Expuso que la empresa tiene estados auditados por Deloitte, se determinó que, para el caso concreto, la afectación por costos administrativos (indirectos) fue cercano al 9,8% del ingreso total de la obra. Ese costo fue real. Dado que la empresa se dedica a varios proyectos a la vez, la estimación se realiza con vista en el histórico de los gastos administrativos de la empresa y se determina su peso para el trabajo a realizar, que ronda siempre en un 10%. Se trata de una práctica común establecerla en porcentaje, dependiendo del volumen de ingreso que representa el proyecto. Los gastos concretos e individuales se llevan a través de “centros de costos” que se llevan a través del sistema “SAP Business One”, por lo que sí existe el detalle. Aclara que no es posible que un solo proyecto absorba el 100% de los costos de la empresa, sino que el proyecto absorbe un porcentaje de éstos. Especifica que, aún en los centros de costos, no es posible detallar concretamente los gastos administrativos, así, no es posible detallar cuánto se gastó en electricidad, en papel, en mensajería cada proyecto, la práctica contable en la industria es llevarlo en porcentaje, así como en normas NIIF, y por nuestros auditores. Los costos se dan en el sentido de que, mientras el proyecto estuviese activo, el centro de costos lo estaba igualmente absorbiendo costos: personal, equipo, software, hardware, fotocopiadoras, leasing de vehículos, contabilidad RRHH, todos relacionados con el proyecto. Aclaró que el centro de costos se crea con la orden de inicio que recibe la empresa y se cierra cuando se finaliza el proyecto. Existía una necesidad de inmediatez en la atención del proyecto, lo que impedía tomar decisiones como prescindir el personal. Los costos se calcularon con insumos de los estados financieros auditados y contrastado con un estudio que hizo el CPA Jorge Marín, lo que concluimos fue que, finalmente, el gasto administrativo fue de un 15% que estaba por encima de lo ofertado. Los proyectos generaron pérdidas, absorbiendo costos administrativos, de personal asignado específicamente para el proyecto que se seguían generando fuera de oferta. Se incluyó un rubro de utilidad tomado en base al costo ofertado. Los costos adicionales en topografía tenían relación en viáticos, transporte, estadía, alimentación, hospedaje, dadas las circunstancias de las zonas en que se tenían que hacer el trabajo. Ante preguntas del Tribunal aclaró que, el incremento marginal entre el porcentaje establecido en la oferta (9,8%) y los finalmente sufridos por la empresa (15%) no significa que ello fueron producto de ese proyecto, ya que el gasto total (15%) responde a más factores, que de hecho él no puede especificar exactamente cuánto fue el incremento, sino que, lo que se quiere demostrar es que lo que se ofertó está por debajo de lo que realmente se gastó. El incremento de gasto fue suplido por los flujos de caja propios de la empresa, se tomó capital propio de la empresa para sufragarlos ya que no se recibieron en el tiempo esperado los ingresos dados los atrasos en el proyecto, cerrando su declaración afirmando que, si se hubiera finalizado el proyecto en el tiempo pactado, esos gastos no hubiesen existido. (Audio en SIGAO, primer día de juicio).

En la segunda sesión de juicio, se recibió la deposición del Testigo de la parte actora Rodolfo De León Rivers, ingeniero civil desde 1980, accionista de la actora y desde 1998 en la Dirección de Seguimiento en Producción. Destaca que es quien realizó los cálculos del reclamo administrativo, era el encargado del diseño del pavimento, por lo que en varias oportunidades se inspeccionó el sitio, además de que, como director de seguimiento, tuvo participación en todo el proyecto. Respecto de los gastos administrativos, explica que primero se hizo fue ver la dinámica de ejecución de cada proyecto, día por día. Para el cálculo del costo administrativo, dado que la cotización es de una empresa, esta tiene sus propios gastos de tipo administrativo, personal, caja, etc, lo que genera un gasto, gasto que debe ser cubierto con ingresos que son los trabajos que hace la empresa, eso, balanceando para que los precios sean competitivos en el mercado, así, con nuestra experiencia, lo calculamos que, para el caso concreto, estimamos un 9,65%, ya que, para ese momento, teníamos proyectado que, con los otros proyectos que teníamos, salíamos con todo. Según su experiencia, los gastos administrativos se cotizan en porcentaje, y siempre que se cotiza, se cumple con la razonabilidad del precio. Los proyectos se proyectaron para ejecutarse en el 2014, pero finalmente, se terminó ejecutando en el año 2014, 2015, 2016 y 2017. Comenta que, mientras estaban suspendidos se dedicaron a realizar otras tareas, como estudios especializados, entre los que cita el de los niveles del río San Juan y las inundaciones que ello genera, se investigaron los suelos, ya que el CR2010 daba un modelo sumamente caro, así que se desarrolló un modelo de construcción basado en sistemas australianos y africanos equivalentes. Explicó que, para el cálculo de los gastos administrativos, se basaron en la relación de la oferta, costos divididos por día, para obtener el valor día y se multiplicó por la cantidad de días adicionales, lo que él denomina “aplicación de la regla de tres”, lo que le pareció razonable. Explica que, si el proyecto se hubiese desarrollado en el año 2014 – como se esperaba – los ingresos hubieran representado o cubierto alrededor del 27% del costo real administrativo total de la empresa, el cual no se recibió dada la modificación en las fechas de cumplimiento y pago. Se previno muchas veces, mientras se ejecutaba el contrato, incluso con cálculos estimados de los costos que estaba sufriendo la empresa. A su criterio, no era posible desglosar en tal detalle los gastos administrativos, la empresa actora es una empresa consolidada, ya que los gastos se manejan generales, pero su costo se distribuye porcentualmente en cada trabajo que se realiza y que es un ingreso esperado. El personal que se está reclamando, son los de diseño, que estaban de manera permanente trabajando con nosotros. Aclaró que, cuando los cinco proyectos estaban paralizados, dependían del avance del proyecto, se trabajaban en otros aspectos que podían realizarse mientras los informes se aprobaban, lo que era más lento, ya que todo iba amarrado, lo que permitió madurar más el proyecto, los trabajadores no fue que estuvieron ociosos, ello se respalda las planillas, de hecho, trabajaron más personas, pero eso no es lo que estamos cobrando. Para el caso de la topografía por lluvia, CONAVI reconoció solamente los días (contabilización del plazo), no los costos generados por éstos. Dado que el costo de topografía no tenía una línea individual, entonces usamos otro costo aprobado por el CONAVI para otro proyecto, tomándolo de referencia, específicamente, el costo de planilla, que era de manera cercana a la fecha de la oferta. Se trata de un reclamo de sobrecosto, no de reajuste, de hecho, hubo varios reajustes y se pagaron, pero aclaró que cada reajuste se paga sobre la factura que se está pagando, y las facturas están limitadas por el monto ofertado, esto se trata de elementos fuera, adicionales de esa cotización, por lo que no cubre los sobrecostos. Según la demanda, el personal en el hecho décimo octavo de la demanda, compuesto de 8 personas asignados exclusivamente para el proyecto, los afectados eran todas las líneas, menos los puntos 4, 7 y 8, ya que no eran permanentes, sino por servicios y, de hecho, no se metieron en el reclamo, mientras que, en el cuadro de personal de apoyo, excluyéndose el punto

Ante repreguntas del CONAVI, las cuadrillas de topografía fueron subcontratadas. Ante preguntas del Tribunal, si se hubiese sabido que se iba a durar tanto desde el principio, el componente a racionalizar hubiera sido la mano de obra, se hubiera dosificado diferente, que es el costo que más pesa en este tipo de contratos, y que los gastos administrativos son casi constantes por eso es porcentual, igual que la utilidad. (Audio en SIGAO, primer día de juicio).

Finalmente, se recibió la declaración del testigo del CONAVI, Edgar Manuel Salas Solis, ingeniero civil desde 1993, con cursos de posgrados en diseños de carreteras en 1995 y 2000, siendo Gerente de Contratación de Vías y Puentes desde el 1 de octubre de 2016, previamente como Director de Contratación 2010. Explicó que él no era el que directamente tenía a cargo las contrataciones objeto de este proceso, sino que era Mariana Rony pero, como director de contratación, era el que canalizaba y firmaba documentos con la contratista. Destaca que ninguna de las dos contrataciones sufrió modificaciones en cuanto al objeto del contrato. Las órdenes de servicios de suspensión y reinicio no modifican el contrato, sino que lo hacen es cambiar la fecha de entrega del proyecto. A imagen 244 del expediente judicial, que es un oficio del 7 de diciembre del 2017, se realizó un informe en conjunto con un equipo de trabajo, siendo este documento la declinación del reclamo administrativo de la actora, ya que, a su criterio, existían problemas probatorios, solamente se aportó una copia de una planilla, por lo que la Administración no pudo corroborar lo dicho en el reclamo respecto del personal, sobre los gastos administrativos, tampoco se respaldó con documentos  los elementos que ellos solicitaban reconocimiento (alquileres, recibos de agua, luz, etc.). A imagen 268 del expediente judicial digital, se afirma que la empresa actora tenía varios contratos y varias líneas de trabajo a la vez, de hecho, existe una lista de proyectos que estaban en ese momento siendo contratados CACISA, donde se corroboró que el mismo personal, estaba en varios proyectos, además de las 5 líneas objeto del conflicto. Se recuerda de los proyectos Paquera-Cóbano, ampliación de Limonal, entre otros, donde el mismo personal estaba en otros proyectos. Aclaró que se trataba de la repetición del personal profesional ofrecido en otras contrataciones, pero no se pudo corroborar el del personal de apoyo. Explica que la parte denomina “días de traslape” se trata de actividades cuando, simultáneamente, varias líneas estaban activas a la vez, contrario a los días sin traslape, donde solamente una línea estaba activa. Comentó que el problema con el “personal de apoyo” tenía problemas de determinación dado que, en el cronograma de trabajo, se especificaba los profesionales que iban a participar, y se indicaba que iban a utilizar “personal de apoyo” pero no se especificó quiénes eran o cuántos eran, y en qué cantidad de tiempo iban a participar, lo que hizo rechazar el reclamo por no ser posible corroborar el contenido del reclamo. Es decir, no se podía hacer la correlación entre las planillas y el personal que, efectivamente, estaba trabajando, en qué estaba trabajando y con qué equipo de apoyo estaba asociado. Señaló que el problema fue principalmente documental, ya que, las tareas donde se ocupaba un profesional y personal de apoyo era razonable, el defecto se dio en detallar quién, cuándo y qué estaba haciendo, ello correlacionado con planilla. Ante preguntas del Estado, según las conclusiones del informe realizado por el declarante y su equipo, concretiza que, el problema principal relacionado con el reclamo de la parte actora fue, esencialmente, problema de prueba y detalle, la empresa hizo una generalidad en el reclamo, posiblemente si lo hubieran detallado y respaldado documentalmente, lo más seguro es que hubiéramos resuelto diferente. Desarrolló que existe una diferencia cuando se analiza una oferta, que se analizan todos los componentes del precio: costos directos, indirectos y utilidad, en parámetros de razonabilidad, en el cual se determina si el precio total, está dentro de un rango aceptable, utilizando el precio que estima la Administración con un más o menos 20%, es decir, se trata de que el precio ofertado está dentro de esa banda, ya sea para excluir ofertas ruinosas y excesivamente onerosas, aunque, por criterio de la Contraloría, los márgenes que se usan son más, menos 15%. Mientras que, cuando se realiza un reclamo, se trata de demostrar, documentar y respaldar el reclamo de manera concreta y particular. En síntesis, en un reclamo no se realiza un análisis de razonabilidad del monto, sino de la existencia, certeza y demostración de éste. (Audio en SIGAO, primer día de juicio).

En fecha 29 de setiembre de 2021, CONAVI presenta el informe técnico DCO 25-2021-0794 elaborado por la Dirección de Contratación de Vías y Puentes, para referirse al anexo N° 9 de la prueba pericial, ordenada por este Tribunal como prueba para mejor resolver. (Imágenes 737 a 745 del expediente judicial digital).

HECHOS NO PROBADOS: Se tienen como hechos no probados de relevancia:

La existencia y cuantía de los gastos administrativos extraordinarios reclamados por la parte actora. (Los autos).

Que CONAVI o el Estado hayan hecho reconocimiento económico por gastos provocados durante la suspensión de ambas contrataciones objeto de este proceso. (Los autos).

Que la parte actora haya impugnado en sede administrativa o ampliado en este proceso una pretensión anulatoria en contra de la resolución RES-CA-18-0031 que resuelve el reajuste de utilidad por los periodos que estuvieron suspendidos las contrataciones objeto de este proceso (Los autos).

DE LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA: De manera puntual, la parte actora reclama que, en la ejecución de las contrataciones No 2012LA-000106-0DIOO y No 2013CD-000148-0DIOO, de la cual su representada fue contratista, se generaron días compensables que provocaron gastos adicionales que, conforme la cláusula 36.2 de los carteles de dichas contrataciones, le genera un derecho de crédito a su favor, los cuales liquida en cuatro grandes bloques: costos de personal, gastos administrativos, personal de topografía en días lluvia y utilidad, constituyéndose en un gasto extraordinario que los demandados deben pagar al tenor de dicha cláusula. Precisa que estos días son producto imputable de la Administración la cual duró, según cada sección de contratación, días adicionales en revisión de informes superando en demasía el tiempo contractual pactado (punto 6.3 del cartel de ambas contrataciones) y utilizando el instrumento de la suspensión del contrato, lo que se demuestra con las órdenes de servicio que constan en el expediente administrativo, y ello pese a que tales gastos fueron múltiples veces advertidos por la empresa a su contraparte contratante, exponiendo que esta práctica generaba costos al tener que estar pendientes para atender la reactivación y generando los costos señalados, presentando con ello un reclamo de cuando las cinco secciones se encontraban inactivas, planteando desgloses de cada uno de los ítems y respaldándolo en la validación de prueba pericial. Especifica que, en su criterio, la sección N° 1 fue adicionado en 780 días por suspensiones de la Administración, la sección N° 2 en 668 días, la sección N° 3 en 655 días, la sección N° 4A en 701 días y la sección 4B en 724 días. El no pago o reconocimiento por parte de la contraparte contractual representa una violación al principio de intangibilidad patrimonial y al principio de justicia conmutativa contractuales. En conclusiones, afirma que el peritaje determinó la existencia de 925 días que implicaron costos para la actora en gastos de personal, costos indirectos y reconocimiento de días de lluvia, siendo costos que sí ocurrieron, aunque se separa de la forma en cómo se estimaron estos. Señala que el segundo escenario no es aplicable dado que no estamos en presencia de un reajuste, sino de la reclamación de un costo adicional. Respecto de la prueba testimonial, considera que “ante el Tribunal, declararon que el personal que se incluyó en el cálculo, es el que estuvo exclusivamente encargado al proyecto de diseño de las cinco líneas adjudicadas; incluso aclararon que se excluyó del cálculo a varios de los profesionales que no eran exclusivos del proyecto, sino que trabajando por contratos profesionales o labores específicas. En segundo lugar, explicaron que, si bien CACISA tiene una amplia línea de servicios, hubo un personal específico asignado a este proyecto, que podían dar una asesoría o acompañamiento, pero estaban de lleno en la ejecución de las licitaciones que nos ocupan. Se indicó que incluso para otros proyectos se trajo un equipo de diseño aparte desde El Salvador. En tercer lugar, pero tal vez lo más importante, la Administración realizó un análisis de razonabilidad de precios, que explicó su testigo Edgar Salas Solís, según el cual ese personal asignado era el razonable para el proyecto, aun cuando trabajara en otros proyectos – lo cual no acepto sino cito con fines argumentativos -. Es decir, si fuera cierto que el personal asignado no fuese exclusivo (insisto, no lo acepto sino cito con fines argumentativos), esa situación es avalada por la Administración, no protestada, no denunciada y visto como razonable el monto de personal asignado y cobrado al proyecto que nos ocupa en el presente proceso en el momento en que se licitó; aún si había otros proyectos donde el mismo personal opinara o participara, el costo se validó como razonable sin que en ningún momento dijeran (ni en el análisis de razonabilidad de precios, ni al momento de la adjudicación ni posteriormente) que el costo de ese personal no fuera razonable porque era compartido por otros proyectos, o que era menor porque coparticipaban en otros contratos. Es decir, la asignación de personal y precio en las condiciones que se ejecutó el contrato, fue aceptado y validado por la Administración”. En cuanto a la indeterminación de los costos administrativos (costos indirectos) señaló que “la prueba testimonial fue muy clara en que no hay forma alguna de desglosar el costo indirecto de modo tal que pueda probarse cada uno de sus componentes. No es una práctica contable. No se factura agua, luz, teléfono, patente, personal administrativo, específicamente e individualmente para cada uno de los contratos de una empresa. Eso es un absurdo, con lo cual es claro que la posición de la Administración es absurda y de mala fe al pedir comprobantes. La propia Administración, según declaró su testigo Edgar Salas Solís, hace un análisis de razonabilidad de precio y validó el monto del costo administrativo en un porcentaje, porque el costo indirecto no es como el pavimento o la gasolina que sí son contabilizadas independientemente para cada proyecto; el costo indirecto no se puede desglosar en cada uno de sus componentes… La señora perito se confunde al respecto con el argumento del costo de administración. El costo indirecto no se puede acreditar como los otros gastos, precisamente porque son indirectos. Pero que el costo indirecto existe es innegable, de la declaración de todos los testigos es evidente que la Administración siempre reconoce el costo indirecto, incluso hay una práctica de que, en segmento de obra vial, ronda del 10% al 15%. La metodología de emplear “la regla de tres” probablemente la desconoce la señora perito, pero es un precedente judicial dado precisamente la imposibilidad de someter este rubro al tamiz de acreditación normal de los otros tipos de gastos”. En cuanto a la inconsistencia de la base de reclamación del personal de topografía expuso que “La prueba testimonial vino de forma contundente a acreditar que el hecho de que no existiera una tarifa por concepto de cuadrilla de topografía, no implica de modo alguno que el costo no existiera o no fuera real. En una labor de diseño de carretera como la contratada, la topografía es una labor esencial y básica. El costo no se detalla porque los formularios de licitación no piden el detalle, pero es de todos claro que el costo de topografía existe y que es sensible a los días de lluvia donde se detienen las obras en áreas de montaña y ríos densos como lo es la fronteriza con Nicaragua…”.

SOBRE LOS ARGUMENTOS DEL CONAVI: El CONAVI rechaza la demanda haciendo uso del informe técnico realizado para este proceso GCTT 02-17-0422 de fecha 7 de diciembre de 2017, señalando que existen inconsistencias en los cálculos realizados por la parte en su reclamación, tanto en la contabilización de días, como en el método de cálculo de las bases sometidas a reclamación. Insiste en que todos los rubros contractuales han sido pagados y que incluso fueron realizados erogaciones adicionales en razón de reajustes de precios, por lo que la demanda resulta infundada e improcedente al no existir daño materializado y demostrado. En cuanto a la prueba pericial, el CONAVI presenta como argumento el informe técnico DCO 25-2021-0794 elaborado por la Dirección de Contratación de Vías y Puentes, señalando que el método para el cálculo del costo diario del personal en días de inactividad es inadecuado por simplista, ya que, en algunos de los períodos de suspensión o compensación de plazo, el contratista no estuvo inactivo. Por ejemplo, la compensación por lluvia impedía el trabajo de la cuadrilla de topografía en campo, pero las labores de oficina se seguían ejecutando. Asimismo, en algunos casos se tiene documentado que el contratista realizó actividades ordinarias del contrato en esos períodos, hay períodos que no tuvieron el plazo contractual activo, pero que pertenecen a los plazos que la Administración tenía para la revisión de los informes. Por ello, aunque fueran de supuesta inactividad, el contratista conocía los plazos de los que disponía la Administración y debía preverlos. Solamente, deberían cuantificarse los plazos a partir de que se venciera el plazo de la Administración para las revisiones. En vista de que cada informe tenía diferentes contenidos, esto determinaba cuáles eran los profesionales que debían quedar atentos para hacer las correcciones. No está fundamentado que todo el personal debiera estar disponible todo el tiempo. Incluso, debe considerarse que una vez que la parte del informe a su cargo es aprobada, el profesional deja de tener participación, aunque haya otras partes del mismo informe pendientes de aprobación. La empresa y los profesionales se estaban dedicando simultáneamente a otras consultorías viales con el CONAVI y otras instituciones. Por ello, no puede alegarse el ocio en períodos cuando hay traslape con otras contrataciones. Señala que el anexo nueve contradice las afirmaciones del informe pericial y que las indicaciones de activo e inactivo se refieren únicamente a la vigencia del plazo contractual, sin que impliquen necesariamente las actividades del contratista. Rescatan inconsistencias en la contabilidad en los días de inactividad ya que el informe pericial señala 925 días, cuando, de la contabilización por ellos realizados, consideran que deben ser 884 días, haciendo un desglose de cada uno de las secciones en la que la perito considera inactivo, pero que, en realidad, sí hubo actividad. En conclusiones, la parte debe aclararse que la demanda no puede comprender actos posteriores al 30 de setiembre de 2016, ya que la parte no hizo ampliación de demanda respecto de los hechos acontecidos con posterioridad a la presentación de la acción, lo que afecta el informe pericial que se contabilizó eventos con posterioridad a esa fecha y se configuraría una plus petitio. Considera que no puede emitirse una condenatoria en abstracto ya que no se probó la existencia de daños, los cuales son extremos mesurables al ser pasados, definidos y finitos. Destaca que el informe del Contador Público resulta inservible como elemento probatorio, sobre todo por su no vinculación directa con el objeto de la litis, el análisis realizado por el Lic. Jorge A. Marín Chacón no puede acreditar – fehacientemente – que el índice de gastos administrativos, generales y financieros se vio afectado – única y exclusivamente – por la suspensión que se presentó durante el único proyecto que menciona en su estudio (aunque son dos los referenciados en la demanda). Los datos analizados por este profesional suponen que el costo administrativo de los contratos ronda el 9%, cuando no es cierto. Por lo que el incremento que dice experimentó dicho índice parte de datos inexactos, lo que se corrobora con manifestaciones de los testigos de la parte actora, además de basarse en prueba indirecta, a saber, informes hechos por la empresa Deloitte, y no aportarse las hojas de trabajo que utilizó para hacer su informe. Insiste en que la oferta no puede ser el medio idóneo para realizar cálculos indemnizatorios, tal cual lo expuso su testigo en juicio, además de la no idoneidad del sistema de “regla de tres” para calcular las bases de reclamación. Afirma que con la declaración de los testigos de la actora, no se logra darle contenido exacto a los gastos administrativos, teniendo respuestas esquivas u omisas cuando se interrogó en esa línea, teniendo a su parecer mecanismos idóneos probatorios para respaldar lo dicho, como el caso de facturas y comprobantes. Señala que existen inconsistencias en los costos de personal contenidos en la demanda y en trabajo pericial realizado, además de que parte del personal no trabajó exclusivamente para los dos proyectos objeto del proceso, y que lo declarado por los testigos Prada y DeLeón lo que señalan es que la actora participó en los proyectos sin tener la capacidad humana suficiente para ejecutarlos. Por otra parte, queda claro que la parte actora entregó a la perito información que no fue suministrada a CONAVI en su reclamo administrativo. Respecto del reclamo de días lluvia topografía, señala que con el testigo DeLeón existe una contradicción en su declaración, por un lado, afirma que no se incluyeron en el reclamo costos relacionados con subcontrataciones o contrataciones de terceros, pero ante preguntas realizadas en contrainterrogatorio, no titubeó al afirmar que se trataba de subcontratos.

SOBRE LOS ARGUMENTOS DEL ESTADO: En la contestación de la Procuraduría, se plantea en resumen que lo que se formula es una queja del tiempo en que incurre el CONAVI para resolver las solicitudes suspensión o avisos de imposibilidad de ejecución, lo que por sí sólo no basta, dado que dentro de los servicios contratados se advirtió que es necesario previamente que la Administración verifique si la causal es justificable técnica y razonablemente, por los efectos sancionatorios, de ejecución y presupuestarios que conlleva. La Actora no especifica cuáles ítems ejecutados dentro de su desglose de estructura de costos se ven afectados por las condiciones ambientales (lluvia) de las zonas donde debe ejecutarse los servicios contratados o por el tiempo transcurrido mientras la Administración valora la justificación de suspensión y reprogramación de las fechas de ejecución, solicita de pago que no identifica qué es lo que reajustable. Que el objeto contractual contenía ya una naturaleza donde la lluvia era un factor presente, por lo que el lugar dónde se va ejecutar el contrato no es causal suficiente para que la Actora suspenda la contratación y se le compense económicamente. En cuanto a la prueba pericial, la representación del Estado afirma que ésta confirma que la parte actora no tiene certeza de cuál es el daño sufrido y la incongruencia de la información aportada a los autos, utilizando insumos de otras contrataciones, lo cual es calificable como un acto de mala fe procesal y concluye que no existe daño a la actora, considerando que los costos de cuadrilla topográfica al no estar contemplados en el precio ofertado, aprobado por CONAVI, se trataría de un enriquecimiento sin causa. Rescata que la perito no puede variar los límites que establece el cartel, entre ellos, la fórmula de reajuste, por lo que descarta las valoraciones realizadas por la perito en ese sentido, finalizando con la aclaración de que no es posible reconocer intereses e indexación separadamente, pues ello implicaría un enriquecimiento ilícito al cumplir ambas figuras la misma función. En conclusiones, el Estado afirma que la empresa actora no ha producido los elementos probatorios útiles para desacreditar el criterio pericial. Ciertamente los testimonios de Juan José Pastor, Gerardo Prada y José de León Rivers, todos ellos socios de la empresa demandante, aportaron elementos para entender el funcionamiento interno de CACISA, particularmente en lo que respecta a la forma en que calculan los costos administrativos para ofertar en licitaciones públicas, lo cierto que ninguno de los testigos produjo elementos que sirvieran para desacreditar el criterio pericial, pues sobre este punto se limitaron a advertir que sus estados financieros son auditados y que la empresa auditora podía producir una certificación de costos que, en todo caso, nunca aportaron ni al expediente judicial ni tampoco le facilitaron a la perito. Por otra parte, reitera que existe una falta de legitimación ad causam pasiva del Estado ya que CONAVI es un órgano desconcentrado con personalidad jurídica propia conforme el artículo 3 de la Ley 7798 de creación del órgano, siendo, por ende, responsable directo de las conductas impugnadas y no el Estado, siguiendo la línea jurisprudencial de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (fallos 1360-S1-2010 y 1472-F-S1-2014), termina solicitando se rechace la demanda y se condene a la parte a pagar las costas e intereses sobre éstas.

SOBRE LA DINÁMICA DEL CONTRATO. PRESTACIONES, SUSPENSIONES Y CONTABILIZACIÓN DE PLAZO FINAL CONTRACTUAL. AJUSTES DE APLICACIÓN DEL CONTRATO BAJO LA INTERPRETACIÓN SUBJETIVA “SPECTANDA EST VOLUNTAS”. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA LITIS DE ESTE PROCESO. DIFERENCIA ENTRE GASTO EXTRAORDINARIO Y REAJUSTE: Las dos contrataciones poseen como contenido prestacional la misma naturaleza, a saber, la contratación de servicios profesionales para el diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento vial horizontal y vertical y presupuesto del siguiente proyecto: Carretera No 1856, Juan Rafael Mora Porras. El detalle prestacional se da por secciones, cinco entre los dos contratos, para el caso de la licitación abreviada, la denominada sección N°1, que corresponde Los Chiles-Rio Pocosol, mientras que, de la contratación directa, las secciones N° 2 Río Pocosol-Río Infiernillo, N° 3 Río Infiernillo-Boca de San Carlos, N° 4A Boca de San Carlos – Remolinito y N° 4B Remolinito-Boca de Sarapiquí. Todas las secciones a su vez, se dividían en cuatro grandes tareas, representados en tres informes de avance y un informe final. Para realizar el primer informe de avance, se ocupaba lo que se denomina estudios preliminares, compuesta por actividades de topografía que se desagregan en: construcción de mojones, medición GPS, construcción de banco de nivel, poligonal, nivelación, secciones transversales, topografías especiales, proceso y dibujo, reportes topográficos; además, actividades de auscultación y ensayos de subrasante y superficie de ruedo, estudio hidrológico preliminar, anteproyecto de puentes y drenajes mayores y zonas inestables. Para el segundo avance, se destacaba la realización de los diseños: estructural del pavimento del proyecto, geométrico horizontal, geométrico vertical, drenajes menores “transversal + longitudinal”, taludes; además de la determinación de áreas a expropiar. Para la realización del tercer informe se destinaba a las tareas de creación de planos finales constructivos: planos de puentes y drenajes mayores, así como planos de diseño geométrico; adicionalmente, identificación de fuentes de materiales, cantidades del proyecto, presupuesto del proyecto, especificaciones generales y especiales, brigadas de maquinaria y equipo y programa de trabajo de construcción. Para el informe final se copilaba toda la información anterior y, información pendiente, estas tareas eran documentadas en cronogramas o programas de trabajo. Es de destacar que se asignaban a cada bloque una franja temporal para preparación de los informes, plazo de revisión por parte de la Administración contratante, correcciones y de aprobación de la Administración Contratante. La lógica de cada uno de los bloques es de tipo concatenado y consecutivo, donde la aprobación del informe de avance anterior condiciona la posibilidad de iniciar el bloque siguiente. No obstante lo dicho, cada sección se constituye como un bloque prestacional autónomo, es decir, que cada uno de ellos resulta independiente del avance de las demás. Esto impacta de igual manera en la dinámica de la ejecución contractual de cada sección, ya que, en caso de la existencia de eventos que afectasen la ejecución diaria del contrato, que se explicó en los hechos probados como hechos “compensables” según los carteles de contratación, se variaría la contabilización de tiempo, pero exclusivamente de cada sección, como en realidad ocurrió. Referente a estos últimos, el sistema contractual establece reglas de la suspensión del contrato bajo dos modalidades: el primero, si no se generan gastos para el contratista, provocando la movilización de la fecha de entrega del proyecto (cláusulas 26 y 35), mientras que, en caso de que existiesen éstos, se establecía una segunda modalidad donde, además de que se movilizaba la fecha de entrega del proyecto, se podía reconocer dichos gastos, siguiendo el trámite de parte del contratista de dar aviso del costo y plazo, procediendo la Administración contratante a través de la unidad supervisora del contrato a evaluar el reclamo, y si la estimación del contratista no es considerada razonable, la unidad supervisora del contrato efectuaría otra y determinaría su monto y plazo (cláusula 36). Ahora bien, como se desprende de los hechos probados, en todas las secciones de trabajo se realizaron reconocimientos por días compensables, modificando las fechas de entrega. Empero, a contrapelo del diseño contractual propuesto, en la ejecución contractual, la Administración Contratante utilizó la prerrogativa de las cláusulas 26 y 35 para reconocer días compensables y suspender varias veces de manera temporal los contratos, como se señala en los hechos probados 3, 4, 6 y 7 de esta sentencia, fundamentándose principalmente en que era necesario contar con revisiones de parte de la Administración Contratante, y advirtiendo que, mientras estaba suspendido el contrato, no se podía avanzar en la ejecución contractual y que el contratista tenía que estar atento a la reactivación. Resulta relevante que, en ninguna de las órdenes de servicio de suspensión se estableció una fecha fija de reactivación y que, en las órdenes de reinicio de actividades, los plazos para reactivación resultaban muy cortos, casi de inmediato como se ve en los hechos probados. Asimismo, como se desprende de los hechos probados 5 y 8, el contratista advirtió múltiples veces a la Administración Contratante, que dichas suspensiones provocaban gastos adicionales por inactividad de la contratista, siendo finalmente materializado en un reclamo administrativo en fecha 4 de enero de 2016 y rechazado por la Administración Contratante el 21 de enero de 2016 por resolución DCO-25-16-0071 tal y como se tiene por acreditado en el hecho probado 9 de esta sentencia. Pero además, es importante destacar, como se desprende de ambos expedientes administrativos, que los informes de avance no fueron revisados una única vez, sino múltiples veces, siendo uno de los ejemplos más claros el oficio DVP-38-15-0549 visible a folio 5877 de la contratación directa, señalando que, para la sección 4B, el informe de avance segundo había sido cinco veces revisado. Ello se conjuga con que, pese a que la lógica descrita supra era no seguir hasta tener la aprobación, como lo señala por ejemplo el oficio DCO 35-15-0031 visible a folio 3491 del expediente administrativo de la contratación, lo cierto es que se permitió el avance de las siguientes etapas, teniendo etapas ejecutándose de manera simultáneas. En este escenario, hubo múltiples informes a la vez en manos de la Administración Contratante de diferentes etapas de cada sección, provocando que algunas correcciones de etapas subsiguientes obligaran a rectificar lo ya resuelto en etapas previas y juntándose con el mismo fenómeno, pero de las otras secciones. Esta aglomeración de actividades que tenía – en principio – la Administración contratante apenas 10 días para emitir criterio, resultaba materialmente imposible, lo que provocó, en un primer momento, el reconocimiento de días compensables por atraso en la revisión y después la práctica de suspender la ejecución contractual con órdenes de servicio. Lo que nos lleva, finalmente, al escenario en litigio, la existencia de momentos en los que, todas las secciones, de manera simultánea estuvieron paralizadas. No obstante, hay que destacar que, al momento de frenar totalmente los dos contratos, cada sección tenía un avance heterogéneo, en otras palabras, cada sección tenía diferente porcentaje de avance, y se estaban realizando tareas diferentes en cada una, como se demuestra en los anexos del oficio DCV 11-18-0199 y DCV 11-18-0240 aceptados como prueba para mejor resolver (imágenes 417 a 433 del expediente judicial digital), donde se puede deducir del porcentaje pagado de manera correlacional con el avance de cada sección, frente al momento de las suspensiones. Ahora bien, es importante destacar que, en este proceso, ambas partes contratantes realizaron – de manera tácita – una interpretación al contrato, específicamente a la cláusula 36 en relación con la 26 y 35 de los carteles de contratación, que es calificable como la técnica de interpretación contractual de “común intención de los contratantes”, como se conoce en latín “spectanda est voluntas”, siendo una forma de interpretación subjetiva del contrato, ya que ambas partes en su acción y contestación, dan por común acuerdo tácito, de que el contenido de la cláusula 36 respecto al reconocimiento de gastos adicionales, se da, exclusivamente, cuando los dos contratos, de manera simultánea, estaban suspendidos, ello pese a ser, como se explicó supra, dos contrataciones diferentes con secciones independientes entre sí, empero, como se señaló, las partes interpretan que el presupuesto fáctico del clausulado 36 consiste en la paralización de todas las secciones de manera simultánea, y así lo aplica, en respeto de las voluntades de las partes contratantes (1022 del Código Civil), este Tribunal. Debemos entonces tener claro que, el objeto de este proceso se circunscribe a determinar si la parte actora posee un derecho de crédito en aplicación de la cláusula 36 del cartel de las contrataciones 2012LA-000106-0DIOO y 2013CD-000148-0DIOO, en el entendido de que las partes no discuten la forma en cómo, efectivamente, se ejecutaron ambas contrataciones. Para ello, resulta de extrema relevancia la interpretación que hacen las partes contratantes de dicha cláusula (interpretación subjetiva “spectanda est voluntas”) en el tanto debe entenderse, que tal derecho de crédito nace en el tanto, de manera simultánea, los dos contratos y sus secciones, se encontraban suspendidos en su totalidad, premisa sobre la cual, nuevamente, este Tribunal parte y no ha sido discutido por ninguna de las partes de este proceso. Así, el objeto de la litis se da en torno a la determinación de cuántos días la ejecución se paralizó totalmente en ambos contratos, y sobre cuáles son los costos adicionales, que, en aplicación de la cláusula, serían indemnizables, como un costo extraordinario. Esto resulta de relevancia dado que, tal cual lo afirma la parte actora, este no se trata de la aplicación de un reajuste de precio contractual, por cuanto no se trata de un reclamo por actividad contractual, sino justamente lo contrario, por inactividad contractual, y los costos que ello provoca. Cabe destacar de que ello no se trata de una patología del contrato ni de ejecución de éste, ya que los propios instrumentos contractuales materializados en los carteles, preveían tal situación, a saber, la posibilidad de la Administración contratante de reconocer días compensables y suspensiones temporales contractuales, con y sin gastos adicionales para el contratista. Cabe destacar por ello, que el alegato del CONAVI de que la reclamación debe limitarse a la fecha de presentación de la demanda, alegada en conclusiones, bajo la amenaza de una eventual ultra o extrapetita no es de recibo por este Tribunal, por cuanto si bien la pretensión 3 realiza un corte a la fecha de presentación de la demanda, de igual manera pretende que se analice “hasta la finalización de los proyectos”, pretensión que es posible de abordar al momento en que se emite esta sentencia ya que a este momento todas las líneas contractuales han finalizado, habiendo teniendo todas las partes oportunidad de acceder a la prueba aportada en autos, alguna incluso ofrecida por el propio CONAVI como lo son los expedientes administrativos actualizados y la certificación EJE-01-2021-0536 (12787), complementos a la ejecución de las contrataciones señaladas, que refiere a pagos realizados y a los informes técnicos realizados para este proceso, con lo que dicho alegato resulta improcedente y esta sentencia abarca, en los términos de las pretensiones, la aplicación de la cláusula 36 sobre toda la ejecución de ambas contrataciones, con las limitaciones expuestas en esta sentencia.

SOBRE LA SATISFACCIÓN EXTRAPROCESAL RESPECTO DE LA UTILIDAD RECLAMADA: En la audiencia de juicio oral y público, el CONAVI planteó una satisfacción extraprocesal, fundándose en la prueba para mejor resolver que aportó, específicamente, la resolución RES-CA-18-0031 del Consejo de Administración del CONAVI del 5 de julio de 2018, mismo que fue ofrecido por el Estado como prueba para mejor proveer. La parte demandada afirma que lo resuelto impacta en las pretensiones de la actora y que ello da pie a dicho modo de terminación anormal del proceso, que fue previamente notificado a la parte actora en fecha 6 de julio de 2018 (imagen 434 del expediente judicial) y que ésta no se opuso a lo resuelto. Por su parte, el Estado considera que no se trata de una satisfacción propiamente dicha, sino de un elemento de falta de derecho, pero resaltando que la parte actora consintió el acto al no impugnarlo, ni existir pretensiones anulatorias en este proceso, respecto de lo resuelto. A su vez, la representación actora rechaza la aplicación de la figura, en tanto el CONAVI no ha reconocido el derecho contenido en la reclamación de la demanda. Criterio del Tribunal: Si estando en curso un proceso judicial contencioso, la Administración Pública, en su propia sede gubernativa, reconoce total o parcialmente lo que el demandante ha pedido en aquel “juicio”, habrá recaído la figura tradicionalmente conocida como satisfacción extraprocesal. En efecto, se trata de un suceso de connotación jurídica, acaecido fuera del proceso, pero con incidencia directa en él, pues una fracción o la plenitud de la pretensión objeto de la contienda, ha sido satisfecha. Continuar el debate respecto de lo concedido (partiendo de que es conforme a Derecho), sería un verdadero despropósito, pues sobre ello, se ha producido un decaimiento sobreviniente del interés actual. El sistema estatal de la Administración de Justicia (y en realidad cualquier otro), no puede mantenerse abierto respecto de pretensiones que por otra vía han sido ya saciadas, más aún, cuando lo han sido por el propio demandado de manera comprobada. De allí la terminación del proceso en lo que ha sido concedido. Se ha dicho anteriormente, que ocurre aquí un hecho exógeno al proceso, pues el reconocimiento de la o las pretensiones, será efectuada por la Administración unilateralmente y en su propia sede administrativa. Es ella, en acomodo al bloque de legalidad y al principio de autotutela, que opta por reconocer en su propio seno, lo que estima legal y justo. Esto dice de la reserva competencial sustantiva que, dentro del marco de disponibilidad y autotutela, mantiene la Administración en su seno, pese a la litigiosidad presente surgida de la relación jurídico-administrativa específica. (El nuevo proceso contencioso-administrativo, San José, Poder Judicial, 2006, Manrique Jimenez Meza, Ernesto Jinesta Lobo, Aldo Milano Sánchez, Óscar González Camacho, paginas 374 y 375). En el caso concreto, tenemos que complementar lo dicho anteriormente, con el hecho no probado de que la parte actora haya ampliado la demanda en términos del artículo 68 del CPCA para atacar la resolución RES-CA-18-0031 cuyo objeto es, específicamente, pronunciarse respecto del reajuste de utilidad realizado por la demandada CONAVI por los periodos en que ambas contrataciones objeto de este proceso estuvieron suspendidas por causas no imputables al accionante. Ahora bien, si bien esta resolución resulta en un reconocimiento parcial, por cuanto el reclamo es declinado en varias franjas temporales para cada una de las cinco secciones contratadas, esto es un hecho que, como se señaló, no fue ampliado para que se discutiese o conociese en este asunto y se emitiera un pronunciamiento de fondo. Téngase así que la pretensión 3 específicamente se encamina a requerir el reconocimiento del restablecimiento de “… la utilidad por eventos compensables, atraso y afectación en la ejecución normal de los contratos, que ocurran con posterioridad al 30 de setiembre de 2016 y hasta la finalización de los proyectos”, que es, justamente, lo que la señalada resolución firme no impugnada RES-CA-18-0031 hace, con lo que se cuentan con los elementos necesarios para declarar parcialmente con lugar la satisfacción extraprocesal alegada por el CONAVI, pero únicamente limitada a la pretensión tercera de esta demanda. Se aclara, de igual manera, que dicha resolución reconoce un cálculo diferenciado de los días inactivos, mismo que se considera exclusivamente consolidados para efectos de los alcances de la satisfacción, ya que, a efectos de los demás costos, al no abarcar la resolución estos puntos, han de ser analizados de manera separa, tal cual se hace en los considerandos siguientes.

SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DETERMINACIÓN EXACTA DE DÍAS INACTIVOS. PROBLEMA DE ESPECIFICACIÓN EN CUANTO A LOS GASTOS RECLAMADOS. PENDENCIA DE LIQUIDACIÓN: Como se señaló en el considerando sétimo de esta sentencia, el primer elemento a definir en este litigio, es la cantidad de días que, de manera simultánea, ambos contratos estuvieron paralizados o suspendidos. Para ello, contamos con la contabilización de días que realiza la parte actora en su demanda, y el testimonio de Don Rodolfo DeLeón Rivers, autor de dichos cálculos, además del cálculo que realiza la perito Jenny Mora Moya, detallado en el anexo N° 9 aportado como prueba para mejor resolver de este Tribunal, la resolución RES-CA-18-0031 del Consejo de Administración del CONAVI del 5 de julio de 2018 que realiza una contabilización y el informe técnico DCO 25-2021-0794 elaborado por la Dirección de Contratación de Vías y Puentes, para referirse al anexo N° 9 de la prueba pericial y aportado por el CONAVI. Cada una de las actuaciones anteriores brinda una contabilización diferente de plazos en los que, teóricamente, los contratos estuvieron suspendidos, por lo que el Tribunal debe, en ejercicio de la sana crítica y experiencia, realizar una ponderación para identificar cuál es el plazo cierto paralizado. Al respecto, ha de comenzarse por peso probatorio con el análisis pericial, el cual revela una contabilización de 925 días, descartando con ello la contabilización que realiza la parte actora en su demanda, y que no acreditó en autos un número superior de días frente al análisis realizado por la perito, siendo que la prueba testimonial aportada no permite desvirtuar de manera razonable el método de contabilización que realiza la profesional que rinde la pericia. No obstante, existe un problema base en el análisis pericial y que lo logra acreditar la representación del CONAVI en sus conclusiones, así como en la atención de la audiencia concedida respecto a la prueba para mejor resolver ordenada (anexo 9 del peritaje). De manera específica, el peritaje parte del insumo que proviene de la actora, lo cual es correcto dado que así fue como se solicitó la prueba pericial, no obstante, comparándola con el resto de la prueba, a saber, los expedientes administrativos de ambas contrataciones, la contabilización de días y su validación, tienen un ayuno de valoración técnica, es decir, se depuraron los cálculos de la matriz de días que presentó la actora en la demanda, pero dicha matriz a su vez, no fue corroborada con la información de los expedientes administrativos para determinar si las franjas de tiempo inactivos eran tales, ejercicio que sí realiza de manera detallada en CONAVI en el informe técnico DCO 25-2021-0794 elaborado por la Dirección de Contratación de Vías y Puentes presentado para atacar el anexo noveno del peritaje. Ha de aclararse que esto no es un error de la perito, sino que es el resultado de la forma en cómo se delimitó el objeto pericial. Así, este Tribunal concuerda con la posición técnica de CONAVI, que de manera efectiva sí cotejó la matriz de días con el expediente administrativo determinando que la cantidad correcta de días son 884, al restarle 44 días que, efectivamente se calificaron por la perito como inactivos, pero que, conforme a los expedientes administrativos sí estaban activos (contabilización de días visible a imágenes 743 y 744 del expediente judicial digital), además del reconocimiento de tres días que la perito califica de activos, pero que en realidad son inactivos (Imagen 744 ibídem). Así, conforme las reglas de la carga de la prueba, la parte actora tenía que demostrar de manera fehaciente cuáles eran los días inactivos, extremo que no logró acreditar en autos y se basó en lo dicho por la perito, mientras que la parte demandada tenía que desacreditarlos, tarea que realizó de manera correcta al confrontar el criterio pericial frente a la documentación contenida en los expedientes administrativos, prevaleciendo éstos últimos. Corolario de lo anterior, este Tribunal concluye que, en lo referente a la cantidad de días inactivos, por el ejercicio de precisión frente a la documentación del expediente administrativo, ha de prevalecer el criterio técnico de CONAVI, al detectarse la falencia en la pericia, propia de la formulación del estudio y no del trabajo de la profesional, estableciéndose entonces un total de 884 días de inactividad simultánea de las contrataciones objeto de este proceso. Ahora bien, de la revisión de la prueba aportada en autos, incluyendo la prueba pericial, las declaraciones de los tres testigos de la parte actora, el informe contable del contador público autorizado MBA Jorge Alberto Marín Chacón y la declaración del testigo del CONAVI Edgar Manuel Salas Solís, se extrae que la inactividad contractual por 884 días, provoca de manera consecuente un incremento en gastos o costos adicionales de la contratista, presupuesto fáctico del clausulado 36 de ambas contrataciones y que le crea, a favor del demandante, un derecho de crédito reclamable frente a los demandados. Ha de destacarse de que tal derecho no ha sido reconocido por la Administración, es decir, el reconocimiento de esos costos no ha sido cancelado, separándose, claro está, del tema de la utilidad (que evidentemente no es un costo) y que se analizó con la satisfacción extraprocesal. Es importante señalar que el clausulado bajo análisis no detalla con presión cuáles son los costos adicionales susceptibles de reconocer, por lo que debemos aplicar, para darle un contenido concreto a dicha expresión, a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 1023 del Código Civil que establece: “Los contratos obligan tanto a lo que se expresa en ellos, como a las consecuencias que la equidad, el uso o la ley hacen nacer de la obligación, según la naturaleza de ésta”, con ello, ya sea en invocación a la lex artis, a la definición de la naturaleza del objeto contractual, a las consecuencias de la equidad y reglas de causalidad, ha de entenderse que se trataría de una base de reclamación donde exista una relación entre la interrupción total de los contratos y los costos provocados, es decir, los costos que, directamente, provocan la inactividad contractual. La parte actora los materializa en cuatro costos:

Costos indirectos, materializados en gastos administrativos;

Costos de mano de obra y personal de apoyo asignado;

Costos por días lluvia topografía y

Deterioro de la utilidad del proyecto, siendo excluido el análisis de este último por haberse resuelto con lugar la satisfacción extraprocesal en esta sentencia. En esa línea, tanto la prueba pericial como la testimonial en su totalidad son contestes en afirmar que estos costos son reales, es decir, ningún elemento probatorio que rola en autos indica que lo reclamado es irracional o inexistente, tal y como este Tribunal confirmó en consulta directa con la perito Mora Moya y el funcionario de CONAVI Salas Solís, por lo que determina esta Cámara de juzgadores que tales gastos o costos adicionales, constituyen el contenido prestacional que posee a favor la parte actora y que sustentan sus pretensiones en este proceso, con lo que la tesis del CONAVI de que el presente asunto no puede fallarse, ni tan siquiera como daño abstracto, debe de rechazarse. A pesar de lo dicho, el problema litigioso no es en cuanto a la existencia del costo, sino la determinación de su quantum o cuantía, es decir, se trata de un problema de liquidación de los costos reclamados. Para respaldar esta afirmación, encontramos el análisis que se realiza en el peritaje bajo el acápite de “primer escenario”, donde los gastos administrativos y de días lluvia de topografía no fueron validados por la perito, el primero, por no contar con prueba en detalle que los liquidase y los segundos, adicionando a lo anterior, al hecho de que dentro del contrato no existe una referencia para determinar el precio ofertado de esta tarea en específico, que, como se señaló líneas atrás, pertenecía al primer bloque de ejecución o primer bloque de tareas a realizar en cada una de las secciones. A esta apreciación, se le suma la declaración del testigo de CONAVI Salas Solís, el cual de manera detallada expuso que el problema radica en la demostración de los gastos reclamados, coincidiendo este Tribunal con la apreciación dada por el deponente de que no son asimilables las estimaciones que se realizan en una cotización de obra (tesis del actor) y la liquidación de un reclamo administrativo. Así, no concuerda esta Cámara con la tesis del accionante de que al validarse la razonabilidad de la estructura de precios al estudiarse la oferta que finalmente es adjudicada, se le da, automáticamente, razonabilidad al cálculo por ellos presentados. Llevan razón los demandados al considerar que le correspondía a la parte accionante realizar un desglose conciso, detallado y claro de cada uno de los costos, aportando para ello, la respectiva prueba de respaldo. A esta situación se le suma el hecho de que, como se explicó en el considerando sétimo de esta sentencia, al momento de paralizarse las actividades de manera simultánea, existió una heterogeneidad de tareas en cada una de las secciones, es decir, no es que al suspenderse los trabajos todas las secciones estaban haciendo exactamente lo mismo, sino que poseían diferentes avances y se estaban realizando diferentes tareas. La carga de la determinación, cuantificación y demostración en concreto de los gastos es carga de la parte actora conforme el artículo 41 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria conforme el 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Ante ello, este Tribunal pondera la declaración de Gerardo Enrique Prada Arrollo, Juan José Pastor Valverde y Rodolfo DeLeón Rivers, así como la certificación del contador público Jorge Alberto Marín Chacón que lo único demuestran es que los gastos existieron, pero no su correcta cuantificación, el cual, se insiste, el propio testigo del CONAVI Salas Solís reitera, de que el reclamo carecía de ese detalle y prueba, dado que de lo contrario se hubiese podido analizar incluso, en sede administrativa. Además, pese a que el testigo DeLeón Rivers expuso las razones y forma en cómo realizó los cálculos que se aportaron como anexo a la demanda, lo cierto es que, desde la perspectiva metodológica, su forma de determinación no pudo ser validada por lo que no logra generar el convencimiento necesario para tener por acreditada la cuantía de los gastos reclamados en la demanda. Por otra parte, ha de aclararse que, en cuanto al informe pericial, el denominado “segundo escenario” resulta inaplicable pues, como se señaló en considerando tras anterior, no estamos en presencia de un reclamo de reajuste de precios, que se reitera es aplicable para tareas ejecutadas del contrato, sino que lo que se está determinando es la obligación provocada por la inactividad del contrato, que los propios instrumentos contractuales, en aras de un equilibrio económico del contrato, establecieron como forma de reconocimiento ante la generación de gastos provocados por actividad ajena al contratista. Haciendo particular análisis de los gastos administrativos, llama la atención lo dicho por el testigo DeLeón Rivers, que, de manera indiciaria, ya que no es el medio probatorio idóneo para acreditarlo, afirmó que, si el ingreso económico por pago de las contrataciones hubiese sido en el año 2014, éste hubiese representado un financiamiento alrededor del 27% del costo total de los gastos la empresa para ese año, por lo que, al no recibirse esos ingresos, ello debió ser suplido de otros medios, lo que se complementa con lo certificado por el MBA Jorge Alberto Marín Chacón que en su certificación afirma que “…La Compañía no recibe el flujo de los ingresos en tiempo generando un incremento en la relación gastos versus ingresos no acorde a lo ofertado y pactado contractualmente... La Compañía mantuvo una estructura organizacional y administrativa capaz de soportar el proyecto durante todo el plazo real de ejecución del proyecto”; por lo que, como lo señala este profesional, es posible la cuantificación de lo que costó el no recibir los ingresos en tiempo, mas ello no fue correctamente demostrado por la accionante y la declaración de Juan José Pastor Valverde no aporta elementos de convicción en ese sentido. En el caso de los gastos por topografía en días lluvia, es claro con la declaración del señor DeLeón Rivers, que estos servicios fueron subcontratados, por lo que han de existir elementos probatorios de gasto, ya que éstos fueron cubiertos por la accionante, aunque, nuevamente, estos no fueron aportados en esta oportunidad. Por último, en cuanto al costo de mano de obra y personal de apoyo asignado, se concuerda con la posición del técnico del CONAVI Edgar Manuel Salas Solís, al decir que ni la parte actora, ni el peritaje dicho sea de paso, realizaron una correlación entre el personal de planillas, ya sea profesional o de apoyo, que, al momento de suspenderse las líneas, quedaron en inactividad, lo cual considera esta Cámara que puede respaldarse a través de los elementos probatorios como informes de trabajo, bitácoras y similares, que tampoco fueron acreditados en autos. Debe recordarse que, por tratarse del personal de planilla, es decir, por tratarse de su propio personal, de libre disposición para ello, debe acreditarse el gasto adicional, su cuantificación en metálico, provocado por los ceses, sobre todo, si se toma en consideración como lo afirman los testigos Gerardo Enrique Prada Arrollo y Juan José Pastor Valverde de que la empresa utiliza la administración financiera del sistema informático “SAP Business One” que registró todos los gastos a través de “centros de costos” que se creaban con la orden de inicio del contrato, y se cerraban al finalizar éstos. Así las cosas, ha de reconocerse el derecho de la parte actora de exigir el cumplimiento de la cláusula 36 de ambas contrataciones objeto de litigio, pero en el entendido de que estaría pendiente la liquidación y concretización de quantum o monto a pagar, al tenor de lo dispuesto en el artículo 122.m.ii) del Código Procesal Contencioso Administrativo, siendo ésta, una declaratoria en abstracto, ordenándose al CONAVI al pago de los costos extraordinarios de inactividad simultánea de la sección N° 1 de la Licitación Abreviada No. 2012LA-000106-0DIOO y de las secciones N°2, N°3, N°4A y N°4B de la Contratación Directa No 2013CD-000148-0DIOO, mismos que deberán de liquidarse en ejecución de sentencia conforme los parámetros establecidos en el considerando siguiente, donde se determinará de igual forma, el régimen de responsabilidad aplicable al Estado.

SOBRE LOS ALCANCES DE LA CONDENATORIA QUE SE DECRETA Y LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: Como se expuso en el considerando anterior, para la exigibilidad de la prestación debida ha de liquidarse la obligación, es decir, le corresponde a la parte actora presentar, en ejecución de sentencia, un desglose de cada uno de los gastos reconocidos en esta sentencia, a saber,

Costos indirectos, materializados en gastos administrativos;

Costos de mano de obra y personal de apoyo asignado y

Costos por días lluvia topografía, los cuales se generaron a lo largo de los 884 días de inactividad que esta sentencia declara. Para ello, siendo que estos días no se dieron de manera consecutiva y que, como se expuso, cada sección al momento de las múltiples suspensiones estaba realizando diferentes actividades, le corresponde al actor, presentar de manera aislada, por cada una de las secciones, detallando cuáles son los gastos que cada sección sufrió cuando se dieron las diferentes franjas de tiempo donde se paralizaron en su totalidad todos los contratos, es decir, por cada bloque consecutivo de días de paralización, deberá de desglosar por cada sección (1, 2, 3, 4A y 4B) cuáles son los costos de mano de obra y personal de apoyo, así como personal de topografía que se vio afectado con la paralización, qué tareas estaban desarrollando, quiénes eran, tanto en nombre del profesional, como de las personas que servían de apoyo, en caso de que las hubiese, el detalle exacto de qué gastos se incurrieron y su justificación (planillas, viáticos, otros), la fecha de cancelación de tales gastos, para lo cual ha de aportarse la prueba idónea para ello, guiándose con los centros de costos del SAP Business One y demás documentación conexa financiero – contable que tenga la empresa, y que pueda ser validada por el juez de ejecución de sentencia y aplicándose la NIC 37, suprimiéndose los eventuales gastos duplicados cuando se estaba realizando la misma tarea en diferentes secciones. En cuanto a los gastos administrativos, deberá la parte accionante, a través del mecanismo contable – financiero, susceptible de validación y/o auditoraje, demostrar la cuantía de los gastos administrativos provocados por los 884 días de inactividad y su participación en los gastos administrativos anuales de la empresa, divididos de igual manera, en los diferentes bloques en que se dieron dichos días. En aplicación de las disposiciones cartelarias de ambos contratos, como no se ha hecho hasta el momento esta liquidación, los intereses legales conforme el 1163 del Código han de contabilizarse a partir del momento en que esté en firme la resolución de liquidación que emita el juez de ejecución de sentencia. En otro orden de ideas, ha de indicarse, de igual manera, que la responsabilidad del Estado ha de limitarse, conforme la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ya que el Estado resulta de un agente externo a la relación jurídico – contractual sometida a análisis en este proceso, pero que, por el criterio de dependencia orgánica, su rol en el proceso y como pasivo de los efectos de la sentencia, se da en carácter subsidiario, ante la eventualidad de que exista una imposibilidad de pago del CONAVI, como deudor directo del crédito acá dispuesto. Así, la responsabilidad estatal ha de declararse de manera subsidiaria al codemandado CONAVI.

SOBRE LAS PRETENSIONES: Corolario de todo lo anterior, encontramos que la pretensión primera, que es eminentemente declarativa, ha de declararse parcialmente con lugar en razón de que existe, al tenor del clausulado licitatorio 36 de las contrataciones 2012LA-000106-0DIOO y No. 2013CD-000148-0DIOO, una obligación del CONAVI de reconocer y cancelar los costos de mano de obra y administración producto de los eventos compensables ocurridos para restablecer el equilibrio financiero del contrato. Se entiende que la utilidad reclamada está afecta a la satisfacción extraprocesal ya resuelta, y que, conforme lo explicado en el considerando octavo de esta sentencia, no existieron incumplimiento de plazos, sino el ejercicio de la cláusula de suspensión temporal que ambos instrumentos contractuales preveían. En cuanto a las pretensiones segunda y tercera, que se refieren a lo mismo, pero en rangos diferentes, la segunda, costos a corte del 30 de setiembre de 2016 y la tercera “hasta la finalización de los proyectos”, han de declararse parcialmente con lugar, dada la exclusión de la utilidad por la satisfacción extraprocesal, y por la liquidación que tiene que hacer la parte actora en ejecución de sentencia conforme el considerando anterior. En cuanto a la pretensión cuarta, relativa al reconocimiento de intereses, éste debe modularse su otorgamiento, ya que la parte solicita que sean desde el momento en que fueron causados, no obstante, tal y como se expuso en el considerando noveno de esta sentencia, el problema radica en que la parte actora no realizó, ni en sede administrativa, ni en esta sede judicial, una correcta y precisa liquidación económica de los costos reclamados, sino que deberá de realizarlo en ejecución de sentencia con los parámetros dichos. Esta situación provoca que se apliquen las propias normas cartelarias de ambos contratos que señalan que: “El contratista no tiene derecho al pago de ninguna indemnización en la medida en que los intereses del CONAVI, se vean perjudicados por el hecho de que no haya dado aviso oportuno de evento(s) compensable(s) o no hubiera cooperado con la unidad supervisora del contrato, en la atención de esta situación” (hecho probado 2 de la sentencia), con lo que, ha de entenderse, por la forma en cómo se redacta esta sentencia y aplicando la cláusula cartelaria, que los intereses han de computarse a partir de que adquiera firmeza la respectiva liquidación en la etapa de ejecución de sentencia, y no como lo plantea la actora. En cuanto a los intereses sobre la utilidad, éstos han de rechazarse, insistiendo en que ello es el efecto que produce la satisfacción extraprocesal resuelta supra. Por último, el caso de la indexación referida en la pretensión quinta, ha de rechazarse por estar contenida en la determinación de los intereses legales otorgados conforme el 1163 del Código Civil.

DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS: Por la forma en cómo se ha resuelto el presente asunto por el fondo, la defensa de falta de derecho alegado por el CONAVI y el Estado ha de rechazarse. En cuanto a la falta de legitimación pasiva alegada por el Estado, siguiendo lo dicho en el considerando décimo de esta sentencia, ha de rechazarse ante el criterio de dependencia orgánica, que lo somete, subsidiariamente, a garantizar el débito contenido en la presente sentencia, con lo que la integración pasiva en esta litis, materializada en el numeral 12.2 del CPCA, determinan que la litis fue correctamente trabada y la defensa debe de rechazarse.

LAS COSTAS: Respecto a las costas, de conformidad con el numeral ciento noventa y tres del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena sólo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, el Tribunal determina que existe un vencimiento recíproco, en tanto la parte actora demostró la existencia de un derecho de crédito a su favor, pero de igual manera, las partes demandadas demostraron que lo pretendido por la actora se tratan de montos aún por liquidar, por lo que existían elementos suficientes para oponerse a la acción, con lo que resulta en uno de los supuestos para eximir de costas y así se determina.