Resolución 00179-2026

Resolución Apelada:  La parte actora apela la resolución del Juzgado de Cobro del I Circuito Judicial de Limón número 2025000520 de las diez horas treinta y seis minutos del veintitrés de enero de dos mil veinticinco, que en lo que interesa indica: "(...) Conforme lo expuesto y normas legales citadas, SE RECHAZA LA SOLICITUD DE ORDENAR LA CADUCIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES, requerida por los accionados Marvin Traña Morales y Reyna Solis Duarte, en proceso monitorio seguido en su contra por la parte actora Electrolema S.A. Notifíquese.-" (sic)

Competencia Funcional: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 65.6 del Código Procesal Civil, la competencia funcional del Tribunal se limita a conocer y resolver los motivos del recurso.

Agravios: El recurrente se muestra disconforme con lo resuelto por las siguientes razones:

Argumenta que se le niega el derecho a pedir la caducidad de embargos y anotaciones.

Indica que la última gestión del actor fue hace más de seis meses. Argumenta que la caducidad aplica por inactividad del proceso por más de seis meses. Cita el artículo 83 del Código Procesal Civil sobre caducidad de medidas cautelares. Se refiere a que las medidas caducan si no se ejecutan en un mes o si hay inacción del solicitante. y por último cita la sentencia 2023018932 de las quince horas cincuenta y seis minutos del seis de octubre de dos mil veintitrés, emitida por el Juzgado Especializado de Cobro de Cartago.

Sobre la Caducidad del Embargo Ejecutorio: Analizados los agravios expuestos por la parte recurrente considera el Tribunal se deben de rechazar, se considera que es necesario reconocer la diferencia entre un embargo preventivo y un embargo ejecutivo, en esa línea el Tribunal de Apelaciones Civil y de Trabajo de Alajuela, sostiene la siguiente posición:  “IV.  El artículo 83 del Código Procesal Civil, que se refiere a las medidas cautelares, dispone lo siguiente: "caducarán cuando transcurran tres meses de inactividad del proceso imputable al solicitante, siempre que no proceda la caducidad del proceso".  El recurrente consideró que esta norma es aplicable al presente caso porque, en los procesos de ejecución de suma líquida y exigible, no procede la caducidad regulada en el artículo 57 de ese cuerpo normativo.  Con todo, la improcedencia de la caducidad del proceso en esta clase de asuntos no necesariamente significa que deba aplicarse el artículo 83 citado.  A manera de ejemplo, esta última norma podría aplicarse a situaciones diferentes como procesos sucesorios donde se decreten medidas cautelares para preservar el haber sucesorio.

La tesis del recurrente tampoco se sustenta en el artículo 111.3 del Código Procesal Civil que alude al embargo preventivo en el marco del proceso monitorio dinerario.  Esta norma debe entenderse en el contexto de un proceso que inicia con el auto intimatorio, cuyo resultado puede ser garantizado con la medida cautelar del embargo preventivo.  Por el contrario, cuando alcanza firmeza el auto intimatorio, el embargo preventivo se convierte en un embargo ejecutivo y pasa de ser una medida cautelar para convertirse en una medida de ejecución.

Ahora bien, es necesario determinar si el artículo 83 del Código Procesal Civil puede aplicarse a los embargos decretados en los procesos de ejecución de suma líquida y exigible.  Tal y como se adelantó, esta norma está prevista para las medidas cautelares.  Por esta razón, el precepto se refiere a la inactividad del "solicitante" de esas medidas.  Nótese que este último concepto difiere de la denominación "ejecutante" que el legislador utilizó en el párrafo penúltimo del artículo 154.2 de ese cuerpo normativo.  Por lo demás, no es posible equiparar un embargo preventivo que se decreta como medida cautelar con un embargo ejecutivo.  En el primer caso, la medida cautelar tiene como finalidad garantizar el resultado del proceso ante el peligro en la demora.  En la segunda hipótesis, después de que recae la sentencia firme, se procede a materializar lo ordenado en dicha resolución.  Cabe señalar que el Código Procesal Civil distingue una figura de la otra.  Por ejemplo, en la lista de autos apelables contenida en su artículo 67.3, se da un tratamiento separado a las medidas cautelares (apartado 3) y al embargo (apartado 25).  De esta forma, al deslindarse las medidas cautelares del embargo, es posible admitir el recurso vertical incluso en los casos de embargos ejecutivos (que no constituyen medidas cautelares en estricto sentido).

Sin perjuicio de lo anterior, cabe agregar que este tribunal de apelaciones, en su voto 1031-2020-CI, de las 9 horas 25 minutos del 4 de diciembre del año en curso, dictado dentro del expediente 11-000400-0296-CI, expuso razones adicionales para no aplicar la caducidad de las medidas cautelares al embargo ejecutivo.  En aquella oportunidad, se argumentó: "El propósito de las medidas cautelares es la de asegurar resultados futuros o consolidar situaciones jurídicas ciertas o posibles, cuando exista peligro de pérdida, alteración, daño actual o potencial de intereses jurídicamente relevantes (artículo 78 del Código Procesal Civil) y de ahí, cobra sentido la sanción por inacción propuesta en el artículo

Ahora, en el caso de que no proceda la caducidad del proceso, según invoca la parte que protesta, debe tener presente que no es de igual condición el embargo que se establece como medida aseguratoria, al que se ordena una vez que se cuenta con sentencia en firme, pues en ese segundo supuesto, ya no hay situación jurídica alguna qué resguardar, pues el derecho ya ha sido declarado mediante sentencia en firme.  De este modo, el embargo en la fase de ejecución no tiene la misma connotación o naturaleza que la preventiva y esa distinción es importante tenerla clara, pues de ahí surge la posibilidad o no de su caducidad.  Al existir un fallo, el embargo ordenado tiene la función de hacer cumplir la decisión y no puede exigírsele al acreedor estar realizando labores interruptoras cada tres meses, para que no opere levantamiento, pues ostenta en su favor ese derecho ya declarado." (sic).

Conforme se aprecia, en su génesis, el embargo se decretó como una medida de preventiva, no obstante, al haber transcurrido el término del emplazamiento y quedar en firme la resolución intimatoria este embargo se constituye en una medida de ejecución.  Por esta razón, se insiste, no puede aplicarse directamente el artículo 83 del Código Procesal Civil.  La norma a la cual hace referencia siendo el artículo 83 del Código Procesal Civil, esta limitada a las medidas cautelares, de cuya interpretación que le da el recurrente no dan pie a poder ser declarada la caducidad sobre el embargo,  siendo   que la norma a aplicar es la relativa  al artículo 111.3 de ese mismo cuerpo normativo,   el cual  refiere que  con  la imputación de pago debe de ejecutarse con el embargo, siendo que así esta reglado. Dicho artículo indica; en la resolución intimatoria, además se ordenará el pago del capital, los intereses liquidados, los futuros  y ambas costas.    Si se aporta título ejecutivo, a petición de parte, se decretará embargo por el capital reclamado y los intereses liquidados, más un cincuenta por ciento (50%) adicional para cubrir intereses futuros y costas, embargo que se comunicará inmediatamente. Si el documento carece de ejecutividad, para decretar la medida cautelar se debe realizar el depósito de garantía del embargo preventivo. Como se desprende de la norma antes citada, el embargo es la forma de garantizar al acreedor el pago del capital reclamado y los intereses liquidados, más un cincuenta por ciento para  cubrir intereses futuros y costas, es una acción que ejecuta el Juez con la resolución intimatoria.   Por su parte la  figura de la caducidad, la vemos regulada en el artículo 57 del Código Procesal Civil, que establece: 57.1.  Mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia caducará la demanda o la contrademanda cuando no se hubiera   instado su curso durante más de seis meses. El plazo se contará a partir de la última   actividad dirigida a la efectiva presecución. No interrumpen el plazo las actuaciones   que no tengan ese efecto. Será declarada  de oficio a solicitud de parte o a petición de cualquier interesado  legitimado.  Por lo tanto se rechaza el recurso de apelación y en lo que fue objeto de alzada se confirma la resolución recurrida. Por Tanto  Se rechaza el recurso de apelación y en lo que fue objeto de alzada se confirma la resolución recurrida.  Brenda Celina Calvo De la O    BCALVOD  5VSERWWHJZC61BRENDA CELINA CALVO DE LA O - JUEZ/A DECISOR/A EXP: 16-001303-1208-CJI Circuito Judicial de Limón, Limón centro, Edificio de los tribunales, Tercer piso Teléfonos: 2799-1389 ó 2799-1510. Fax: 2799-1329. Correo electrónico: limtribapel@poder-judicial.go.cr