Resolución 00144-2026

Resolución Apelada: Mediante resolución dictada a las trece horas cincuenta y siete minutos del veintiuno de febrero de dos mil veinticinco, el Juzgado de Cobro del I Circuito Judicial de Limón resolvió: “Vista la documentación cartular incorporada el 12/11/2024, se rechaza el acta allí incluida, toda vez que esta no reúne la totalidad de las ineludibles formalidades contempladas en el artículo 73, del Código Notarial, ya que en su primera línea exhibeinnecesarios espacios en blanco e irrespeto de sus márgenes. En vista de ello, se deniega la liquidación y solicitud de giro de la demandante formuladas en su escrito presentado el 18/11/2024, por devenir en improcedente en razón de su potencial prematurez.” (sic)

Recurso de apelación: Contra el anterior pronunciamiento, en fecha 26 de setiembre de 2025 la apoderada general judicial de la cooperativa actora interpuso recurso de apelación, con el siguiente fundamento:   “(…) ÚNICO: Vista la resolución de las trece horas cincuenta y siete minutos del veintiuno de febrero de dos mil veinticinco inconforme con la misma, presento formal Recurso de Revocatoria con Apelación ante el Superior, amparados por el artículo 66 del Código Procesal Civil: “(…) 66.1 Procedencia, oportunidad y recursos. El recurso de revocatoria será procedente contra los autos y deberá interponerse ante el tribunal que lo dictó, dentro del tercer día, si el auto fuera escrito (…)66.3 Revocatoria y apelación conjuntas. En los casos en que además del recurso de  revocatoria sea procedente el de apelación, la interposición de este implicará siempre la interposición del de revocatoria de forma concomitante, aunque no se pida expresamente. (…)” El resaltado es nuestro. La resolución en cuestión señala que las actas notariales aportadas en fecha 12 de noviembre de 2024 no cumple con la totalidad de las formalidades exigidas por el artículo 73 del Código Notarial y que presenta espacios en blanco e irrespeto de sus márgenes, lo cual motiva el rechazo de la liquidación. No obstante, esta parte considera que tal determinación es errónea en derecho y carente de fundamento suficiente, por lo que se solicita su reconsideración en los siguientes términos: El artículo 73 del Código Notarial establece lo siguiente:“ARTÍCULO

Escritura y forma de los documentos.Los documentos notariales deben estar manuscritos o mecanografiados, caracteres legibles y tinta o impresión indelebles. El texto del documento debe escribirse en forma continua, sin dejar espacios en blanco. Siempre deberán respetarse los márgenes, pero carecerán de validez las palabras escritas en ellos, salvo que se trate de notas marginales en el protocolo, autorizadas por la ley. Excepto las escrituras matrices del protocolo, los documentos que el notario autorice deben llevar siempre su firma, el sello blanco, el respectivo código de barras y cualquier otro medio idóneo de seguridad, determinado por la Dirección Nacional de Notariado. Los documentos inscribibles en el Registro Nacional, además de los requisitos anteriores, deben cumplir con los requisitos de seguridad establecidos por esta institución.” Énfasis añadido. En el presente caso, el acta notarial sí cumple con estos requisitos esenciales. No se ha demostrado que los supuestos "espacios en blanco" afecten la validez del instrumento o que vulneren su integridad. Aun si existieran espacios en la primera línea, tal circunstancia no constituye un vicio de nulidad, pues no afecta la autenticidad ni el contenido esencial del documento. La resolución judicial que rechaza la documentación cartular no establece en qué medida los espacios en blanco o el supuesto irrespeto de los márgenes afectan la validez del acta notarial. Tampoco se evidencia una evaluación del impacto real de tales aspectos sobre la autenticidad del documento. En consecuencia, la denegatoria carece de una justificación clara y razonada, lo cual vulnera el derecho de la demandante a obtener una respuesta debidamente fundamentada. Petitoria: Por lo expuesto, solicito respetuosamente:

Revocar la resolución de las trece horas cincuenta y siete minutos del veintiuno de febrero de dos mil veinticinco y se tenga a las partes demandadas por notificadas, en tanto las actas notariales aportadas sí cumplen con los requisitos esenciales del artículo 73 del Código Notarial.

En caso de rechazarse el recurso de apelación, solicito que los autos sean elevados ante el superior ante quien oportunamente haré valer los derechos de mi representada.” (sic)

III.-

El fedatario expidió dos documentos en la notificación del demandado, uno denominado “DOCUMENTO DE APOYO DE ACTA DE NOTIFICACIÓN NOTARIAL” en donde entre otros datos consignó el nombre de la parte notificada, la hora, fecha y lugar de comunicación, nombre de la persona que recibe Ana Funes Ramírez León, se plasmó una firma y la cédula de identidad. Otro que denominó “ACTA DE NOTIFICACIÓN NOTARIAL” en el cual transcribió la información del primer documento, ambos folios cuentan con la firma digital del notario Soto Mora.

Resolución del caso: Los artículos 2, 4, 6, 8 y 19 de la Ley de Notificaciones Judiciales establecen determinados requisitos para la notificación personal, entre los cuales destaca la obligatoriedad para el funcionario judicial de emitir un acta que documente la actuación procesal.  Dicha acta deberá precisar lo acontecido, indicando con ese propósito la parte notificada, resolución y copias legales entregadas, lugar y fecha de la comunicación, nombre del receptor de la cédula y su firma; de no saber, no querer o no poder firmar, indicar esa circunstancia, todo bajo su responsabilidad.  Y aunque los artículos 29 a 32 de esa ley habilitan al notario público para practicar la notificación personal como actuación extra protocolaria, le exigen que el contenido de la respectiva acta se ajuste a los requisitos supra indicados, y en adición a lo anterior que la extienda en el papel de seguridad notarial, en idénticos términos a lo que disponen los artículos 22 inciso i) y 76 del Código Notarial, 11 y 62 bis de los Lineamientos para el Ejercicio y Control Notarial.  El propio numeral 62 bis, responsable de detallar el protocolo de actuación para casos como el presente, reitera lo que establece la normativa de notificaciones e inclusive remite para su operatoria a la Guía Práctica de Comunicaciones Judiciales aprobada por el Consejo Superior del Poder Judicial. Esta circular sintetiza las disposiciones de la Ley de Notificaciones atinentes a los sujetos que podrán notificar y al cómo deberán hacerlo, poniendo especial énfasis en el contenido del acta que extiendan a raíz de la actuación realizada, coincidente con lo señalado supra.   Lo que se concluye es que la recurrente descontextualiza los artículos invocados en su alegato al parafrasear en forma aislada parte de su enunciado y relacionarlo de forma incorrecta con el Código Notarial, sin considerar que cuando allí se alude a documentos confirmatorios de recepción, es claro que el propósito es acuerpar su actuación con prueba de respaldo, pero ni esa parte ni ninguna otra lo autorizan a extender el acta de notificación como se si tratara de una típica acta notarial, obviando lo dispuesto al efecto por las pautas especiales que contienen los numerales 29 y 32 de la Ley de Notificaciones que, se reitera, remiten a las formalidades de los artículos 2 y siguientes de esa ley de acatamiento obligatorio para cualquiera que pueda realizar ese tipo de comunicación, lo que a la vez permite entender por qué el legislador imputó al notario los derechos y deberes del notificador judicial.

Conclusión: El acta de notificación notarial aportada en autos contiene un defecto que afecta un requisito solemne que cercenó su existencia como acto notarial dotado de fe pública.   Se analiza esto último. Aunque la actuación del notario haya sido para surtir efectos dentro del proceso judicial, no se puede obviar que asumió esa labor en ejercicio de su función notarial, quedando para esa circunstancia también compelido a actuar según ciertos lineamientos de naturaleza solemne determinantes de la existencia y consecuente validez de su actuar.   El numeral 76 del Código Notarial, reforzado por el 29 de la Ley de Notificaciones, dispone que todas las actuaciones notariales se escribirán en papel tamaño oficio y deberán contener mecanismos de seguridad que garanticen la autenticidad y pertenencia al notario autorizante, según lo disponga la Dirección de Notariado.   Los artículos 11 y 62 bis de los citados Lineamientos dictaminados por el Consejo Superior Notarial, con base en las facultades que le confiere el numeral 22 del Código Notarial, establecen la necesidad de que los documentos notariales, incluyendo el acta de notificación, se emita en papel de seguridad notarial.  Si el artículo 70 de la misma ley notarial dispone que el documento notarial -dentro de este el acta notarial de notificación- será el expedido por el notario en el ejercicio de su función notarial, dentro de los límites de su competencia y con las formalidades de ley, siendo una de ellas el otorgamiento en papel de seguridad notarial, elemento formal de uso obligatorio para darle autenticidad y seguridad de que fue realizado por el notario a cargo de la diligencia, y el numeral 124 dispone que la existencia del instrumento público se comprobará mediante el original y probará, por sí mismo, los hechos las situaciones y las demás circunstancias de que el notario haya dado fe en el ejercicio de su función, no queda duda que cuando la Ley de Notificaciones apunta al uso de papel de seguridad, lo hace como requisito sustancial solemne acorde a las previsiones notariales aplicables al caso, para garantizar la existencia y autenticidad del acto desplegado en el citado documento, sin el cual no podrá hablarse de actuación notarial existente y válida, lo cual inclusive encuentra asidero en el párrafo segundo del numeral 33.2 del Código Procesal Civil.  Y como el vicio afecta su existencia, es claro que también vulnera el debido proceso y correlativo derecho de defensa del demandado, porque se estaría dando trámite a un proceso como si estuviera notificado sin estarlo.  Las anteriores razones valdrán para mantener la decisión de primera instancia.  POR TANTO  En lo que fue motivo de apelación, se confirma la resolución recurrida.   Brenda Celina Calvo De la OJueza de Apelación    BCALVOD  KIOFTFHRVIU61BRENDA CELINA CALVO DE LA O - JUEZ/A DECISOR/A EXP: 22-000858-1208-CJI Circuito Judicial de Limón, Limón centro, Edificio de los tribunales, Tercer piso Teléfonos: 2799-1389 ó 2799-1510. Fax: 2799-1329. Correo electrónico: limtribapel@poder-judicial.go.cr