Resolución 11741-2020

Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 10:26 horas del 15 de abril del 2020 el recurrente presenta

recurso de amparo contra el Banco Nacional de Costa Rica y la Superintendencia de Pensiones. Manifiesta que laboró en

la Sucursal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en Pavas. Indica que del mes de marzo de 2018 al

31 de marzo de 2020 se le otorgó una licencia de incapacidad, debido que se le diagnosticó de cáncer de colon e hígado

en complicado estado y fue sometido a 2 procedimientos quirúrgicos y en la actualidad, recibe quimioterapia. A partir del

1 de abril del año en curso se acogió a su derecho de jubilación (ver prueba adjunta). Añade que según documento

entregado el 25 de marzo de 2020, por la institución bancaria recurrida se le informó la suma total de la pensión

complementaria que tiene a esa fecha asciende a la suma de ¢7.525.542,25. Acota que por su condición de salud y ante

la situación de pandemia por el virus COVID-19 que enfrenta el país, requiere la utilización de la suma de dinero que

cuenta en su pensión complementaria para atender sus necesidades como medicamentos, alimentación especial,

cuidados intensivos especiales, así como para la atención de su hogar. Agrega que en el Banco Nacional de Costa Rica se

le informó que puede retirar mensualmente su pensión complementaria en tractos de ¢41.597,40 o bien ¢74.000,00.

Sostiene que la limitación impuesta por la entidad bancaria para acceder al monto completo de su pensión

complementario, sino solo en tractos es arbitraria y violenta sus derechos fundamentales, dada su condición de salud.

Por resolución de las 16:42 horas del 15 de abril del 2020 se le dio curso al presente amparo y se le solicitó informe al

gerente de la Operadora de Pensiones del Banco Nacional de Costa Rica y al superintendente de Pensiones (ver registro

electrónico).

Informa bajo juramento Hermes Alvarado Salas en calidad de Gerente General y Apoderado Generalísimo sin

Límite de Suma de BN Vital, Operadora de Pensiones Complementarias, Sociedad Anónima

(ver registro electrónico)

que el recurrente se presentó el 25 de marzo del 2020 a solicitar la entrega del ROP en un solo tracto, debido a la

condición médica que vive. Al respecto, se le informó que como pensionado por invalidez debía acogerse a un plan de

beneficios de Retiro Programado o Renta Permanente, para lo cual se le hicieron las estimaciones que él refiere en el

recurso de amparo, lo anterior de conformidad con la Ley de Protección al Trabajador, Ley N°7983 y el Reglamento de

Beneficios de Capitalización Individual emitido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y la

Superintendencia de Pensiones. Así las cosas, tomando en cuenta que las disposiciones legales y reglamentarias que

están obligadas a atender las Operadoras de Pensiones Complementarias al momento de otorgar los beneficios derivados

del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC), BN Vital OPC ha establecido dos líneas de acción. En

primera instancia brinda asesoría a los pensionados sobre las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, y la forma

esas disposiciones moldean el otorgamiento de los beneficios del ROPC y determinan las alternativas entre las que

pueden escoger cada pensionados para recibir esos beneficios. En segundo lugar, una vez finalizada la etapa de asesoría

e información al pensionado, se procede propiamente con el trámite de otorgamiento de la pensión complementaria,

para lo cual se le solicita al pensionado llenar y suscribir los formularios: EB-RE01: Solicitud de cotización de la pensión;

EB-RE02: Solicitud de pensión complementaria y EB-RE03: Comunicado sobre trámite para acogerse a un plan de

pensión complementaria. El caso del recurrente se encuentra en la etapa de asesoría; siendo que el otorgamiento de la

pensión complementario no se ha ejecutado porque el recurrente no ha suscrito ninguno de los tres formularios, y, no se

actuó de oficio en línea con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 14 del Reglamento de Beneficios del

Régimen de Capitalización Individual, a la espera de que se resuelvan las objeciones que el recurrente ha planteado al

proceso de otorgamiento de pensión. El recurrente mantiene al 31 de marzo del 2020 un saldo en su cuenta por la suma

de ¢7.554.072.23 colones. El 25 de marzo del 2020 se realizó el cálculo preliminar de las rentas que tiene derecho a

recibir el recurrente a partir de los recursos acumulados en su cuenta en el Régimen Obligatorio de Pensiones

Complementarias, siendo que, bajo la modalidad de Retiro Programado, el afiliado tiene derecho a una renta mensual

por la suma de ¢41.597.41 en el tanto que, utilizando la modalidad de Renta Permanente, el afiliado tiene derecho a

recibir una renta mensual por el monto de ¢74.370.91. Su representada ha actuado de conformidad a las disposiciones

legales y reglamentarias, por lo que solicita que se declare sin lugar el recurso.

Informa bajo juramento María del Rocío Aguilar Montoya en calidad de Superintendente de Pensiones

(ver registro

electrónico) que no consta en los registros de esta Superintendencia de Pensiones, que el señor Gerardo Inocente

[Nombre 001] haya presentado ante este órgano de supervisión alguna gestión relacionada con su pensión del Régimen

Obligatorio de Pensiones Complementaria (ROP). Tampoco le constan a esta representación los hechos expuestos en el

recurso presentado por el señor [Nombre 001]

, más allá de la documentación que adjunta a dicho recurso.

II.

Antecedentes de interés para este caso: En votos recientes, la Sala Constitucional se ha referido a casos que, por sus

“excepcionalísimas circunstancias”, ameritan un trato diferenciado en relación con las reglas para el disfrute de los recursos

del Régimen Obligatorio de Pensiones, que se encuentran establecidas en el en el artículos 22 de la Ley de Protección al

Trabajador1 y en los artículos 5 y 62 del Reglamento de Beneficios del Régimen de Capitalización Individual

(Reglamento de Beneficios). En esos votos la Sala analizó al caso de una persona que se pensionó a una edad avanzada

(77 años o más) y el de un pensionado que sufre de una enfermedad terminal debidamente calificada como tal por la

Comisión Calificadora el Estado de la Invalidez de la Caja Costarricense de Seguro Social. El primer caso fue analizado

en el voto N°.12226-2019 de 5 de julio de 2019, en el cual esa Sala dispuso:

SOBRE LA ENTREGA DE LOS FONDOS DEL ROPC EN TRACTOS Y LA NECESARIA VALORACIÓN

DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE LOS BENEFICIARIOS EN RAZÓN DE SU EDAD DE JUBILACIÓN

Y DE SU EXPECTATIVA DE VIDA. Tal y como se dijo en los considerandos previos, esta Sala estima que

los montos del ROPC deben ser entregados ciertamente a sus beneficiarios en tractos y no en su

totalidad, cuando no se cumplen los requisitos establecidos para esto último. Sin embargo, este Tribunal

Constitucional considera que el sistema o modalidad tajante e inflexible que se utiliza para hacer entrega

a todos los solicitantes por igual de los fondos del ROPC en tractos, concretamente hasta su muerte,

deviene en arbitrario, irrazonable y, sobre todo, en desproporcionado. En criterio de este órgano

constitucional, tanto la SUPEN como las operadoras de pensiones no pueden –tal y como se encuentra

establecido actualmente–, aplicar de manera uniforme y categórica a todos los beneficiarios del ROPC (a

quienes no los cubre los supuestos de excepción establecidos en la Ley de Protección al Trabajador y

principalmente en el artículo 6° del Reglamento de Beneficios del Régimen de Capitalización Individual),

las reglas fijadas para la entrega en tractos de este y que se analizaron en el considerando VII de la

presente sentencia, sin observarse, concomitantemente, otra serie de aspectos especiales que median en

las solicitudes planteadas por los interesados. Dicho de otro modo, esta Sala estima que a la hora de

ejecutar tal entrega en tractos o de forma prorrateada (sea mediante el plan de retiro programado o bien

de renta permanente), deben ponderarse concomitantemente situaciones particulares y excepcionales que

presentan los solicitantes, que permitan realizar cálculos diferenciados e individuales y que, a su vez,

admitan hacer la entrega de los fondos en cuestión dentro de plazos más cortos (para un mejor y

adecuado disfrute) y no necesariamente hasta su fallecimiento. Particularmente, este órgano

constitucional considera que las referidas autoridades deben razonablemente tomar en consideración

(para efectos de ofrecer los planes de retiro de los fondos del ROPC y hacer dicha entrega en tractos), la

edad en la que la persona se jubila, con respecto a su esperanza de vida, la cual para los costarricenses

y, según informe rendido por el Ministro de Salud, se encuentra fijada en el caso de los hombres para

77.8 años y para las mujeres en 82.9 años, conforme los datos más recientes correspondientes al año

2018 emitidos por el INEC. Con fundamento en tales parámetros, se debe entonces realizar un análisis

diferenciado de cada solicitud y determinar si una persona podrá o no disfrutar realmente en vida,

mientras se encuentre en condiciones, al menos aptas de salud y, sobre todo, durante un espacio de

tiempo adecuado o razonable, el dinero bajo estudio y, por consiguiente, si este último se le podrá

entregar en tractos hasta su fallecimiento (tal y como actualmente está establecido) o bien, si dicho acto

se debe llevar a cabo excepcionalmente dentro de plazos muchos más cortos, tomando como parámetro su

expectativa de vida.

Se observa que, a pesar de que la tutelada solicitaba el retiro total de los recursos del ROP, alegando que por haberse

pensionado a una edad avanzada no iba a poder disfrutar en vida de esos recursos, al resolver este recurso de amparo la

Sala ordenó al gerente general de la operadora de pensiones y al Superintendente de Pensiones que, de forma

coordinada, giraran las órdenes pertinentes y ejecutaran las acciones necesarias para que se le brindara a la tutelada “…

la totalidad del dinero correspondiente al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, en tractos mensuales, a

partir del día en que esta –previo cumplimiento de los requisitos señalados al efecto–, suscriba el plan de su mayor

conveniencia (sea retiro programado o renta permanente) y hasta la fecha en que cumpla con la edad de 82.9 años”. El

segundo caso fue objeto de estudio en el voto N°.4814-2020 de 10 de marzo de 2020, en el que el Tribunal

Constitucional señaló:

Ahora bien, en este proceso de amparo, tal y como se señaló y explicó en el considerando anterior,

estamos frente a una persona con muy pocos meses de vida quien no pudo retirar la totalidad del monto

correspondiente al ROPC (por no permitirlo o contemplarlo así el cuerpo normativo que rige la materia) y a

quien se le obligó a suscribir, para tal efecto, un plan para que dicho dinero se le sea entregado,

paulatinamente … sin realizarse distinción alguna y, partiendo de la errada premisa –según está

establecida como regla general para todas las personas–, que vivirá por muchos años más, de modo tal

que podrá emplear y disfrutar de tal dinero durante toda su vejez hasta el día en que fallezca. Así las

cosas, es claro y evidente que la situación del tutelado deviene en atípica, es absolutamente

excepcional y no encuadra, de modo alguno, dentro de los supuestos normales o estandarizados

estatuidos para la entrega prorrateada del monto del ROPC. El fin u objetivo establecido para la entrega

en tractos del monto en cuestión (incluso dentro de un período más corto, según lo dicho en el citado voto

del año 2019) pierde, sin duda alguna, todo sentido en este caso en particular, pues no tiene cabida

pensar en que el amparado podrá utilizar dicho dinero para cubrir sus necesidades de ahora en adelante

y hasta su vejez cuando, tal y como se dijo, los médicos lamentablemente le han pronosticado muy pocos

meses de vida. […] Atendiendo a tales manifestaciones, considera esta Sala que el amparado, como

cualquier persona, goza de un derecho fundamental a disfrutar, durante los próximos meses, de calidad

de vida y a soportar con esto dignamente la enfermedad que padece. El tutelado tiene el derecho a pasar

los últimos días de vida disfrutando de la totalidad de un dinero que es de su propiedad y que ahorró por

muchos años, invirtiéndolo no solo en la adquisición de medicamentos que le permitan aliviar sus

dolores, sino también en todas aquellas cuestiones que a bien tenga, de modo tal que pueda atender sus

problemas y padecimientos físicos, así como sus problemas o pendientes de índole personal. Lo que se

busca, entonces, es que el recurrente pueda gozar, en la medida de sus posibilidades, de paz y

tranquilidad durante los últimos días que le restan de vida.

Se analizó en esta resolución la situación de un tutelado que sufre una enfermedad terminal, por la cual le fue concedida

una incapacidad permanente y fue enviado a su casa a morir, ya que no es candidato a ningún otro tratamiento. Al

resolver este recurso la Sala ordenó al gerente general de la operadora de pensiones y al Superintendente de Pensiones

que, de forma coordinada, giraran las órdenes pertinentes y ejecutaran las acciones necesarias “… para que, de forma

inmediata –a partir de la comunicación de la presente sentencia–, se le brinde al tutelado […] la totalidad del dinero

correspondiente al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias”. Es necesario indicar que en ambos votos la

Sala Constitucional se refirió, también, a la necesidad de ajustar el Reglamento de Beneficios para poner en ejecución

un mecanismo efectivo para atender estas situaciones excepcionales. Con ese fin, esta Superintendencia preparó los

documentos necesarios para plantear ante el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) una

propuesta de reforma al artículo 6 del Reglamento de Beneficios del Régimen de Capitalización Individual. Así, mediante

el oficio SP-248-2020, el cual fue remitido a conocimiento de dicho Consejo el 25 de febrero de 2020, se presentó un

marco conceptual para esta reforma, con la cual se busca, entre otros, lo siguiente:

Establecer la posibilidad de que los

trabajadores que sufren una enfermedad terminal, calificada por la Comisión Calificadora del Estado de la Invalidez de la

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), soliciten un retiro total de los recursos acumulados en su cuenta individual

del ROP.

Asimilar las condiciones para el disfrute de la pensión complementaria del ROP que se otorga a los

huérfanos, a las condiciones previstas para el goce de la pensión del régimen básico.

Introducir como una modalidad

de pensión complementaria, una renta temporal que permita a las personas en edad avanzada (77 años o más) el disfrute

en vida de los recursos acumulados en su cuenta individual del ROP. Adicionalmente, se hace del conocimiento de ese

Tribunal que por medio del oficio SP-3462020 del 23 de marzo de 2020, este órgano instruyó a los gerentes generales de

las operadoras de pensiones para que, según lo dispuso esa Sala en el voto N°.4814-2020, cuando se presenten

solicitudes de retiro de los recursos del ROP por parte de afiliados o pensionados que padezcan una enfermedad terminal

debidamente calificada por la CCSS, se proceda con la entrega de la totalidad de dichos recursos en un solo tracto.

III.

Sobre el presente recurso de amparo. En su escrito el tutelado manifiesta que: • De marzo de 2018 a marzo de 2020

estuvo incapacitado para trabajar, debido a un tratamiento contra el cáncer de colon y contra el cáncer de hígado en

complicado estado, razón por la cual ha sufrido dos cirugías, y actualmente está recibiendo quimioterapia. Por concepto

de pensión complementaria deberá retirar mensualmente la suma de cuarenta y un mil quinientos cuarenta y siete

colones con cuarenta céntimos, o en su defecto la suma de setenta y cuatro mil colones, lo cual considera es irrisorio y,

además, una ofensa. • Ocupa de manera urgente el dinero acumulado en su cuenta individual del ROP, debido no solo a

la situación física y de salud que está enfrentando, sino, también, por la pandemia ocasionada por el Covid-19. Ocupa

este dinero para medicinas, comida especial, cuidados intensivos especiales y los gastos de su hogar. En su recurso el

tutelado solicita a la Sala Constitucional que se ordene a BN Vital OPC, que es la operadora de pensiones que administra

su ROP, que le deposite todo el monto que tiene disponible, para poder aplicarlo a sus necesidades de vida básica y

urgente en este momento. De acuerdo con lo anterior, el señor [Nombre 001]

solicita el retiro total del ROP, para hacer

frente a las necesidades derivadas del cáncer de colon y de hígado por el cual está siendo tratado en los hospitales de la

Caja Costarricense de Seguro Social, según consta en la documentación que aporta al expediente. Al respecto, es

necesario aclarar que la situación del accionante no se encuentra prevista en el Reglamento de Beneficios como una

excepción que autorice el retiro total de los recursos del ROP. De acuerdo con los artículos 5 y 6 de esa normativa, dicho

retiro total solo procede por excepción, siempre y cuando el cálculo mensual del monto de la pensión a recibir,

determinado por un retiro programado personal, no sea igual o mayor a un 10% del monto de la pensión otorgada por el

régimen básico al que pertenece el trabajador. Por otro lado, según se desprende de los documentos y del análisis

preliminar efectuado por BN Vital OPC en este caso, al tutelado, en su condición de pensionado, le corresponde disfrutar

los recursos que tiene acumulados en el ROP por medio de una modalidad de pensión, debido a que su pensión

complementaria, determinada por un retiro programado personal, es mayor al 10% de la pensión que le otorgó el

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. En este sentido, y de conformidad con el principio de legalidad previsto en el

artículo 11 de la Constitución Política, y en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, así como su

corolario, el principio de inderogabilidad singular del reglamento, esta Superintendencia se vería imposibilitada para

autorizar el retiro del ROP en estas circunstancias. No obstante, tal y como se señaló con anterioridad, en su jurisprudencia

la Sala Constitucional ha establecido dos situaciones de “excepcionalísimas circunstancias”, que ameritan un trato

diferenciado en relación con las reglas arriba mencionadas. En vista de lo anterior, se hace necesario, entonces,

determinar si a la luz de la jurisprudencia de esa Sala Constitucional, en particular del voto N°.4814-2020, el señor Juárez

podría optar por el retiro total de sus recursos del ROP. Al respecto, en dicha resolución claramente se establece que el

análisis de la Sala versa sobre una situación atípica, absolutamente excepcional y que no encuadra, de modo alguno,

dentro de los supuestos normales o estandarizados estatuidos para la entrega prorrateada del monto del ROPC, lo

anterior, porque que se trata de un tutelado que, según lo expresa el voto: “… sufre hoy en día una grave enfermedad, en

virtud de la cual le quedan escasos meses de vida”. Además, en ese caso, de conformidad con la prueba requerida por esa

Sala a las autoridades médicas correspondientes, se logró acreditar que al recurrente se le diagnosticó una enfermedad

terminal, según la cual, conforme al criterio médico, “… tiene una expectativa de vida de tres a seis meses”. Asimismo,

según indica la Sala: “… se tuvo por demostrado, según informó dicha autoridad, que, en virtud de la condición actual

que presenta el recurrente, no es posible realizarle algún tratamiento localizado o sistémico, por lo que fue referido para

que reciba solamente cuidados paliativos y de soporte en la Especialidad de Medicina Paliativa y Clínica del Dolor”.

Atendiendo a lo anterior, la Sala Constitucional consideró que: “El tutelado tiene el derecho a pasar los últimos días de

vida disfrutando de la totalidad de un dinero que es de su propiedad y que ahorró por muchos años, invirtiéndolo no solo

en la adquisición de medicamentos que le permitan aliviar sus dolores, sino también en todas aquellas cuestiones que a

bien tenga, de modo tal que pueda atender sus problemas y padecimientos físicos, así como sus problemas o pendientes

de índole personal. Lo que se busca, entonces, es que el recurrente pueda gozar, en la medida de sus posibilidades, de

paz y tranquilidad durante los últimos días que le restan de vida”. En lo que toca al presente recurso de amparo, de los

documentos que constan en el expediente no es posible concluir que el recurrente se encuentra en las mismas

condiciones que dieron lugar al voto N°.4814-2020. Si bien es cierto los documentos presentados indican que sufre de un

padecimiento de salud, no se ha podido acreditar en este caso que dicho padecimiento pueda considerarse una

enfermedad terminal. En vista de lo anterior, considera este órgano que no se configuran en la especie las

“excepcionalísimas circunstancias” que, tal y como se indica en el voto N°.4814-2020, permitirían autorizar el retiro del

ROP en un solo trato. Por otro lado, no debe perderse de vista que el recurso del accionante podría considerarse como

prematuro, si se tiene en cuenta que los cálculos que le fueron proporcionados por la operadora de pensiones son de

carácter provisional, dado que fueron elaborados sin que se hubieran recibido todos los recursos que conforman el capital

para la pensión complementaria. Una vez recibidos esos recursos la operadora deberá realizar los cálculos definitivos y es

hasta ese momento que se podrá tener seguridad sobre si el afiliado tiene derecho o no a retirar su ROP en su solo tracto.

Por las razones expuestas, y considerando que el señor Gerardo Inocente [Nombre 001]

no ha acreditado las condiciones

necesarias para que, según la jurisprudencia constitucional, pueda autorizársele el retiro total de los recursos del ROP, se

solicita a este Tribunal rechazar el presente recurso. Finalmente, tomen nota los señores magistrados de esa Sala en el

sentido que, si bien el CONASSIF no se ha aprobado aún la reforma al Reglamento de Beneficios propuesta por su

representada, por medio del oficio SP-346-2020, del 23 de marzo de 2020, se instruyó a los gerentes generales de las

operadoras de pensiones para que, según lo dispuso en el voto N°.4814-2020, procedan con la entrega en un solo tracto

de los recursos del ROP, cuando se presenten solicitudes de retiro por parte de afiliados o pensionados que padezcan una

enfermedad terminal debidamente calificada por la CCSS. En virtud de que el señor [Nombre 001]

no ha acreditado esa

condición ante la operadora de pensiones, esta no cuenta con los elementos necesarios para proceder según lo dispuesto

en el SP-346-2020. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

Por resolución de las 12:02 horas del 11 de mayo del 2020 el Magistrado Instructor amplió el curso y le solicitó informe

al JEFE DEL SERVICIO DE MEDICINA PALIATIVA Y AL JEFE DEL SERVICIO DE ONCOLOGIA, AMBOS DEL HOSPITAL

MEXICO DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (ver registro electrónico).

Informa bajo juramento Denis Landaverde Recinos en su calidad de Jefe del Servicio de Oncología del Hospital

México de la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (ver registro electrónico) que efectivamente se trata de un

paciente masculino de 63 años, que fue llevado a sala de operaciones de emergencias el 27/3/18 por oclusión intestinal y

le realizó sigmoidectomía + ostomía del descendente y cierre del muñón rectal, la biopsia de esa intención quirúrgica

mostró un cáncer de colon en un estadio T3N1M0, es decir en ese momento no tenía metástasis, pero tenía factores de

riesgo por lo que recibió quimioterapia con intención curativa a base de capecitabina y oxaliplatino que completo 13 de

diciembre de 2018. Posteriormente siguió en control sin que se documentara enfermedad recurrente o metastásica. Hasta

que en diciembre 2019 en un ultrasonido de documentó una lesión única en el hígado de 4 cm. Que se confirmó con

Tomografía axial computarizada, por lo que se llevó a sesión oncológica y se decidió hacer cirugía de esa lesión. El

paciente fue llevado a sala de operaciones el 25 de febrero de 2020 y se le realizó Iaparotomia exploratoria + ultrasonido

de hígado + metastasectomía en segmento ll y segmentectomía no anatómica del Vll con resección en cuña de

diafragma + rafia de diafragma. Posteriormente fue visto por Oncología Médica donde se decide iniciar quimioterapia

adyuvante por parte de la Dra. Stephanie Perichón. Actualmente recibiendo capecitabina con buena tolerancia. Sobre la

pregunta concreta si el tutelado sufre de alguna enfermedad y de ser así, ¿cuál o cuáles?; Si efectivamente el tutelado ha

sido diagnosticado con cáncer de colon que sufrió una metástasis en el hígado, pero fue ya removida quirúrgicamente por

lo que está en tratamiento con quimioterapia oral, con el fin de prevenir otra recurrencia y aumentar la posibilidad de

curación. Sobre otras enfermedades crónicas fuera de oncología desconozco. Sobre la pregunta: ¿en qué estadio se

encuentran tales enfermedades? Con respecto a su cáncer de colon, se encuentra actualmente en un estadio avanzado

porque hizo enfermedad metastásica a hígado, sin embargo, el intento quirúrgico de quitar la metástasis y la

quimioterapia buscan aumentar la posibilidad de curación del paciente o prolongar el tiempo de vida sin que tenga

recurrencias. En este momento ya la enfermedad que recurrió fue removida y se encuentra en tratamiento preventivo de

recurrencias a eso se le llama tratamiento adyuvante. Es decir, para evitar que el tumor regrese. Sobre la pregunta: si el

amparado requiere algún tipo de tratamiento médico para atender su estado de salud y si este es proporcionado por la

Caja Costarricense del Seguro Social." Si efectivamente requiere quimioterapia que ya está recibiendo con el fin de

disminuir el riesgo de recurrencia, y debe seguir en control con estudios periódicos y si el tumor recurre continuará

recibiendo los tratamientos que sean necesarios. El paciente en este momento no está en fase terminal, al contrario, todos

los tratamientos que se le han ofrecido son para aumentar la posibilidad de curación. Sin embargo, el tumor que tiene es

de alto riesgo y puede recurrir rápidamente y volverse una enfermedad incurable y terminal con el tiempo, pero NO en

este momento. Todo el tratamiento a la fecha ha sido proporcionado por la Caja Costarricense de Seguro Social.

Informa bajo juramento Ricardo Fernández Arrieta en su calidad de Jefe del Servicio de Medicina Paliativa del

Hospital México de la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (ver registro electrónico) que el tutelado sufre de

Cáncer de colon y polìneuropatía inducida por drogas. Se encuentra en estado T3N1 M0al 9/7/19 Metástasis al hígado al

21/4/20. El recurrente requiere tratamiento médico para atender su estado de salud, el cual es proporcionado por la Caja

Costarricense del Seguro Social.

Por resolución de las 14:49 horas del 22 de mayo del 2020 se le solicitó a la Comisión Calificadora del Estado de

Invalidez de la Caja Costarricense del Seguro Social indicar: 1) si el tutelado sufre de alguna enfermedad y de ser así,

¿cuál o cuáles? 2) ¿en qué estadio se encuentran tales enfermedades? 3) si el amparado requiere algún tipo de

tratamiento médico para atender su estado de salud y si este es proporcionado por la Caja Costarricense del Seguro

Social.

Según la literatura científica o la información o datos disponibles, informe para este tipo de padecimientos o

enfermedades ¿cuál es la expectativa de vida? (ver registro electrónico).

Informa bajo juramento Henry Jiménez Naranjo en su calidad de Director a.i. de la Dirección Calificación de la

Invalidez (ver registro electrónico) que el amparara es pensionado por vejez del régimen de IVM, y no por invalidez razón

por la cual no existe ningún expediente administrativo con información médica que permita contestar las interrogantes

planteadas. 1) si el tutelado sufre de alguna enfermedad y de ser así, ¿cuál o cuáles?

Según la documentación

médica aportada por el Sr. [Nombre 001]

Inocente Pérez, y adjunta al presente Recurso de Amparo, se indica ser portador

de Carcinoma de Colon con metástasis hepática intervenido quirúrgicamente en febrero del 2020 y además hipertensión

arterial. Se desconoce si posee otras enfermedades además de las indicadas en esta documentación.

¿en qué estadio

se encuentran tales enfermedades? Se desconoce estado actual de estas enfermedades, debido a que esta información

es registrada por los médicos tratantes del Sr. Jesús Inocente [Nombre 001]

en el expediente médico del usuario. 3) si el

amparado requiere algún tipo de tratamiento médico para atender su estado de salud y si este es proporcionado por

la Caja Costarricense del Seguro Social? Según ámbito de competencia no es posible referirse a esta información,

dado que la misma es potestad de los médicos tratantes de la institución que atienden al Sr.

[Nombre 001] Inocente

[Nombre 001].

Según la literatura científica o la información o datos disponibles, informe para este tipo de

padecimientos o enfermedades ¿cuál es la expectativa de vida? Según la información médica aportada por el Sr.

[Nombre 001], él es portador de un Carcinoma de Colon con metástasis hepática intervenido quirúrgicamente en febrero

del 2020, para poder determinar la expectativa de vida, se requiere conocer su estado actual de salud, información

médica que no se cuenta debido a que es consignada por los médicos tratantes en su expediente de salud.

Por resolución de las 13:03 horas del 05 de junio del 2020 el Magistrado Instructor solicitó a la COMISION

CALIFICADORA DEL ESTADO DE INVALIDEZ DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL, a travès del señor

Henry Jiménez Naranjo en su calidad de Director a.i. de la Dirección Calificación de la Invalidez como prueba para mejor

resolver que valoraran al recurrente y respondieran a los puntos requeridos mediante resolución de las 14:49 horas del 22

de mayo del 2020 (ver registro electrónico).

Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 09:25 horas del 09 de junio del 2020 el recurrente presentó

un escrito indicando que podía ser localizado a los números de teléfono 8371-0353 o 8886-6933 (ver registro electrónico).

Por oficio DCI-223-2020 de fecha 12 de junio de 2020 Henry Jiménez Naranjo, en su condición de Director a.i. de la

Dirección Calificación de la Invalidez, manifiesta que “vista la resolución de las trece horas con cincuenta y tres minutos

del 05 de junio de 2020 y notificada el 09 de junio de 2020, referente al Recurso de Amparo de [Nombre 001] contra la

Operadora de Pensiones del Banco Nacional; respetuosamente solicito se aclare la resolución antes citada, debido a que

la misma resulta confusa, se entiende que debemos esperar a que el señor [Nombre 001]

facilite un número de teléfono

para que esta Dependencia proceda a citarle y realizar la valoración médica ordenada por

la Sala. No omito indicar que al día de hoy no tenemos ninguna comunicación del amparado, lo cual imposibilita llevar a

cabo la valoración médica. Quedamos a la disposición de contar con la información del Sr.

[Nombre 001], para proceder

a citarlo, valorarlo y así poder dar respuesta a lo requerido” (ver registro electrónico).

Informa bajo juramento Henry Jiménez Naranjo, en su condición de Director a.i. de la Dirección Calificación de la

Invalidez (ver registro electrónico) que el recurrente fue valorado el 19 de junio del 2020 por el Dr. Luis Castro Blanco

quien indicó: 1) si el tutelado sufre de alguna enfermedad y de ser así, ¿cuál o cuáles?

Adenocarcinoma de colon a

estadio inicial T3N1M0 b. sigmoidectomía más ostomía del colon descendente el 27/03/18 c. recibió quimioterapia. d.

retiro de colostomía el 19/12/19 e. neuropatía motora-sensitiva de manos y pies en tratamiento. f. metástasis hepática #2 y

diafragmática resecadas el 25/02/20 con quimioterapia adyuvante g. estadio actual T3N1M1 (estadio IV-avanzado).

2)

¿en qué estadio se encuentran tales enfermedades? En relación con el adenocarcinoma de colon se encuentra en

estadio IV (avanzado) con neuropatía sensitiva de manos y pies secundaria a quimioterapia y la hipertensión arterial se

encuentra sin complicaciones. 3) si el amparado requiere algún tipo de tratamiento médico para atender su estado de

salud y si este es proporcionado por la Caja Costarricense del Seguro Social? En relación con el adenocarcinoma se

le realizó sigmoidectomía más ostomía del colon descendente el 27/03/18, recibió quimioterapia, se le realizó retiro de

colostomía el 19/12/19 y resección de metástasis hepática #2 y diafragmática el 25/02/20, actualmente con quimioterapia

adyuvante, y por la hipertensión arterial recibe irbesartán 2 tabletas al día, todo el tratamiento es proporcionado por la

Caja Costarricense del Seguro Social;

Según la literatura científica o la información o datos disponibles, informe

para este tipo de padecimientos o enfermedades ¿cuál es la expectativa de vida?

En relación con el estadio del

adenocarcinoma con metástasis, la expectativa de vida según

www.cancer.org

y www.cancer.net

es del 14% a 5 años,

estas estadísticas son de publicaciones de la American Cancer Society (ASC), Cancer Facts & Figures 2020 y el sitio web

de la ACS (enero 2020).

En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado

Hernandez Gutierrez; y,

SOBRE EL AMPARO CONTRA SUJETOS DE DERECHO PRIVADO. La Sala ha sido clara al decir que, por su

excepcional naturaleza, el trámite ordinario de los recursos de amparo contra sujetos de derecho privado exige comenzar

por examinar si, en la especie, estamos o no ante alguno de los supuestos que lo hacen admisible, para –posteriormente y

en caso afirmativo– dilucidar si es estimable o no. Bajo esa tesitura, indica la Ley de la Jurisdicción Constitucional,

artículo 57, que esta clase de demandas se conceden contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado,

cuando estos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o, se encuentren, de derecho o de

hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes

o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a), de la misma ley.

Así, analizado el caso en cuestión, desde la perspectiva del recurso de amparo contra sujetos de derecho privado,

concluye esta Sala que se cumplen los requisitos mínimos y fundamentales para acceder a ventilarlo en esta vía, toda vez

que la operadora de pensiones recurrida se encuentra en una posición de poder, circunstancia que hace admisible el

recurso.

OBJETO DEL RECURSO: El recurrente alega que fue diagnosticado con cáncer de colon e hígado, por lo que el 01 de

abril del año en curso se acogió a su derecho de jubilación. Agrega que, según información suministrada por el Banco

Nacional, la suma total de la pensión complementaria que tiene asciende a la suma de ¢7.525.542,25. Acota que por su

condición de salud y ante la situación de pandemia por el virus COVID-19 que enfrenta el país, requiere la utilización de

la suma de dinero que cuenta en su pensión complementaria para atender sus necesidades como medicamentos,

alimentación especial, cuidados intensivos especiales, así como para la atención de su hogar; pese a lo anterior le

indicaron que, puede retirar mensualmente su pensión complementaria en tractos de ¢41.597,40 o bien ¢74.000,00.

Sostiene que la limitación impuesta por la entidad bancaria para acceder al monto completo de su pensión

complementario, sino solo en tractos es arbitraria y violenta sus derechos fundamentales, dada su condición de salud.

III.-

De importancia para la decisión de este asunto, se estiman

como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o

bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a)Que el recurrente es pensionado por invalidez, tiene 64 años y recibe atención

médica en el Hospital de la Anexión (ver registro electrónico).

b)Que según certificado médico número 1357-2020 emitido en fecha

10 de marzo

del 2020 el recurrente es portador de carcinoma de colon T3N1M0, tratado con

quimioterapia, estuvo internado del 22 de febrero al 02 de marzo de 2020 por

metástasis hepática de cáncer de colon, se le efectuó segmentectomía hepática y

metastasectomía de hígado (ver registro electrónico).

c)Que en fecha 25 de febrero de 2020 mediante oficio SP-248-2020, Álvaro Ramos

Chaves Superintendente de Pensiones le indicó al Presidente, Consejo Nacional

de Supervisión del Sistema Financiero: “El Consejo Nacional de Supervisión del

Sistema Financiero, según el artículo 6, del acta de la sesión 1499-2019,

celebrada el 14 de mayo de 2019, dispuso remitir en consulta la reforma al artículo

6 del Reglamento de Beneficios del Régimen de Capitalización Individual.

Posterior a esta consulta y producto de un Voto de la Sala Constitucional, la

SUPEN se ha visto en la necesidad de reformular proyecto de modificación, razón

por la cual, presentamos el marco conceptual que permita discutir ante el

CONASSIF las propuestas de reforma sobre cuatro temas relacionados con

beneficios del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, a saber:

Enfermedad Terminal, Pensiones de Huérfanos, Pensiones a Edad Avanzada y

Cambio en el Parámetro del 10% de Referencia a la Pensión del Régimen Básico.

De igual forma en este marco conceptual se propone modificar el artículo 19 del

Reglamento de Beneficios, con el fin de clarificar que ante la inexistencia de

beneficiarios establecidos por el régimen básico o designados por el afiliado o

pensionado en el formulario respectivo deberá presentarse un proceso de

declaratoria de beneficiarios del trabajador fallecido ante el Juzgado de Trabajo

correspondiente. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el inciso 5)

artículo 430 del Código de Trabajo. Para tal efecto se adjunta la presentación del

Marco Conceptual según procedimiento dispuesto por ese Consejo” (ver registro

electrónico).

d)Que en fecha 23 de marzo del 2020 mediante oficio SP-346-2020 Álvaro Ramos

Chaves Superintendente de Pensiones informó a los Gerentes Generales

Operadoras de Pensiones lo siguiente: “Por medio del voto N°2020-004814 de las

9 horas y 20 minutos del 10 de marzo de 2020 (documento adjunto), la Sala

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dispuso entregar de forma

inmediata la totalidad del dinero correspondiente al Régimen Obligatorio de

Pensiones Complementarias (ROP) a un afiliado pensionado por invalidez que

padece una enfermedad terminal calificada por la Caja Costarricense de Seguro

Social (CCSS) (…) En aplicación de lo ordenado por la Sala Constitucional en el

voto N°2020-004814, esta Superintendencia les requiere que, cuando se presenten

solicitudes de retiro de los recursos del ROP por parte de afiliados o pensionados

que padezcan una enfermedad terminal, debidamente calificada por la CCSS, se

proceda con la entrega de la totalidad de dichos recursos en un solo tracto” (ver

registro electrónico).

e)Que en fecha 25 de marzo del 2020 el recurrente se apersonó a la Sucursal del

Banco Nacional de Costa Rica a solicitar la entrega del ROP en un solo tracto,

debido a la condición médica que vive – a lo cual le indicaron que como

pensionado por invalidez debía acogerse a un plan de beneficios de Retiro

Programado o Renta Permanente- (ver registro electrónico).

f)Que BN Vital OPC ha establecido dos líneas de acción para realizar el trámite de la

entrega del ROP: en la primera etapa denominada “de asesoría e información al

pensionado” se brinda asesoría a los pensionados sobre las disposiciones legales

y reglamentarias vigentes, y la forma esas disposiciones moldean el otorgamiento

de los beneficios del ROPC y determinan las alternativas entre las que pueden

escoger cada pensionados para recibir esos beneficios; y la segunda se procede

con el trámite de otorgamiento de la pensión complementaria, para lo cual se le

solicita al pensionado llenar y suscribir los formularios: EB-RE01: Solicitud de

cotización de la pensión; EB-RE02: Solicitud de pensión complementaria y

EB-RE03: Comunicado sobre trámite para acogerse a un plan de pensión

complementaria (ver registro electrónico).

g)Que el caso del recurrente se encuentra en la etapa de asesoría; siendo que el

otorgamiento de la pensión complementario no se ha ejecutado porque el

recurrente no ha suscrito ninguno de los tres formularios (ver registro electrónico).

h)Que el recurrente mantiene al 31 de marzo del 2020 un saldo en su cuenta por la

suma de ¢7.554.072.23 colones (ver registro electrónico).

i)Que, bajo la modalidad de Retiro Programado, el afiliado tiene derecho a una renta

mensual por la suma de ¢41.597.41 en el tanto que, utilizando la modalidad de

Renta Permanente, el afiliado tiene derecho a recibir una renta mensual por el

monto de ¢74.370.91 (ver registro electrónico).

j)Que el cáncer de colon que padece el recurrente se encuentra actualmente en un

estadio avanzado porque hizo enfermedad metastásica a hígado –en este

momento ya la enfermedad que recurrió fue removida y se encuentra en

tratamiento preventivo de recurrencias a eso se le llama tratamiento adyuvante

para evitar que el tumor regrese- (ver registro electrónico).

k)Que el recurrente fue valorado el 19 de junio del 2020 por el Dr. Luis Castro Blanco

(ver registro electrónico).

l)Que en fechas 17 y 21 de abril del 2020 se notificó la resolución de curso del

presente amparo a las autoridades recurridas (ver registro electrónico).

HECHOS NO PROBADOS: No se estiman como probados los siguientes hechos:

a)Que al recurrente se le haya depositado la totalidad de los recursos del ROP.

b)Que el recurrente haya completado alguno de los formularios que la entidad bancaria

le facilitó para completar la segunda etapa para el retiro del ROP.

ANTECEDENTES RELACIONADOS: Para resolver este asunto resulta menester hacer alusión a lo dispuesto

recientemente por este Tribunal Constitucional, sobre este tema en particular, en el Voto No. 2019-12226 de las 09:30 hrs.

de 5 de julio de 2019, en el cual, a su vez, se hace referencia a la Sentencia No. 2014-3343 de las 15:05 hrs. de 11 de

marzo de 2014 (precedente reiterado en la sentencia No. 2020-004814 de las 09:20 horas del 10 de marzo del 2020).

En esta oportunidad (Voto No. 2019-12226), la Sala, por primera vez, sostuvo una posición distinta con respecto a

la línea jurisprudencial sentada desde la Sentencia No. 2014-3343 y acogió parcialmente y, de manera excepcional, un

recurso de amparo formulado por una persona adulta mayor, quien, a su vez, se había jubilado a los 77 años y se le

rechazó una solicitud planteada para que se le entregara la totalidad del monto correspondiente al fondo del Régimen

Obligatorio de Pensiones Complementarias. Si bien en esta ocasión el Tribunal Constitucional no ordenó la entrega total

del dinero a la jubilada, sí dispuso que dicho monto se entregara de forma prorrateada mensualmente, tomando en

cuenta la fecha en que se pensionó la solicitante con respecto a la esperanza de vida fijada, en términos generales, por el

INEC.

De forma expresa, en tal sentencia emitida en el año 2019 se expuso lo siguiente:

“(…) SOBRE EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS Y LA IMPOSIBILIDAD

DE ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS FONDOS A SUS BENEFICIARIOS, SALVO ALGUNAS

EXCEPCIONES. Como primer aspecto, resulta menester señalar que en el año 2010 se presentó a este

Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad donde se reclamaba, grosso modo, la

prohibición generalizada establecida en la Ley de Protección al Trabajador para realizar la entrega de la

totalidad de los fondos acumulados en las cuentas correspondientes al denominado Régimen Obligatorio

de Pensiones Complementarias (ROPC), salvo algunas excepciones.

Con motivo de este proceso, la Sala, luego de realizar un exhaustivo análisis de los artículos impugnados,

concretamente de lo dispuesto en los ordinales 22, 23, 24 y 25 de la citada ley, así como de lo señalado

en el transitorio XIII de ese mismo cuerpo normativo, emitió la Sentencia No. 2014-3343 de las 15:05 hrs.

de 11 de marzo de 2014, mediante la cual se dispuso expresamente lo siguiente:

“(…)

OBJETO DE LA ACCIÓN.

El recurrente considera inconstitucionales los artículos 22, 23, 24 y 25,

así como el Transitorio XIII, de la Ley de Protección al Trabajador, Nº 7983 de 16 de febrero de 2000. Lo

anterior, por cuanto en su criterio, resulta discriminatorio que los trabajadores que se pensionen dentro de

los diez años siguientes a la entrada en vigencia de la norma, puedan retirar la totalidad de los recursos

acumulados en sus cuentas individuales, mientras que para quienes lo hagan ulteriormente no es posible.

En función de lo expuesto, consideró vulnerado el principio de autonomía de la voluntad, pues no se

permite decidir si se retira o no la totalidad de lo acumulado, recursos que calificó de propiedad privada.

(…)

NORMATIVA IMPUGNADA. En la presente acción, se cuestiona la constitucionalidad de los siguientes

numerales de la Ley de Protección al Trabajador, Nº 7983 de 16 de febrero de 2000:

“(…) ARTÍCULO

Prestaciones.

Los afiliados al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias

podrán utilizar sus recursos para comprar una renta vitalicia o acogerse a una renta permanente.

Los afiliados podrán elegir una o ambas formas y modificar su elección solo para trasladarse de una renta

permanente a una renta vitalicia.

El Consejo Nacional podrá autorizar otras modalidades de prestaciones, siempre y cuando se respete el

principio de seguridad económica de los afiliados, y no contravengan los principios de la presente ley (…)

ARTÍCULO

23.-

Renta vitalicia. Autorízase a las operadoras para ofrecer a los afiliados, una o más pólizas colectivas de

rentas vitalicias por intermedio del Instituto Nacional de Seguros. Cuando se trate de trabajadores

pertenecientes al Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional, la renta vitalicia podrá ser contratada

con la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. Para tal efecto, la Superintendencia

deberá proporcionar la información relativa a los trabajadores próximos a pensionarse.

Todos los parámetros y las tablas de mortalidad por utilizar para el cálculo de las rentas vitalicias deberán

ajustarse a lo que determine reglamentariamente la Superintendencia de Pensiones. Los afiliados podrán

optar por realizar dicha compra en forma directa (Este artículo fue reformado mediante la Ley

Reguladora del Contrato de Seguros, No. 8956 de 17 de junio de 2011). (…)

ARTÍCULO

24.-

Pago de la renta vitalicia. En el caso de que el total o parte de los recursos contenidos en la cuenta

individual se destinen a la compra de una renta vitalicia, la entidad aseguradora correspondiente asumirá

el pago de la pensión en las condiciones del contrato que se pacte para este propósito. La operadora

podrá asumir la función de agente pagador de la empresa aseguradora. (…)

ARTÍCULO

25.-

Renta permanente. Las operadoras podrán ofrecer a los afiliados planes de renta permanente en los

cuales se entregue a estos (sic) el producto de los rendimientos de la inversión del monto acumulado en

su cuenta individual y el saldo se entregará a los beneficiarios a la muerte del afiliado. (…)

TRANSITORIO

XIII.-

Los afiliados al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias que se pensionen dentro de los diez

años siguientes a la vigencia de esta ley, podrán retirar la totalidad de los fondos acumulados en sus

cuentas en el momento de pensionarse. (…)”

SOBRE EL FONDO. A partir de la reforma efectuada mediante la Ley de Protección al Trabajador,

Nº 7983 de 16 de febrero de 2000, nuestro sistema de pensiones está integrado por cuatro pilares: a) El

régimen básico de la Caja Costarricense de Seguro Social, así como los fondos especiales o sustitutos; b)

El régimen obligatorio de pensiones complementarias; c) El régimen voluntario de pensiones

complementarias; y, d) El régimen no contributivo. Según detallaron la Procuradora General de la

República, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, así como el Superintendente a.i. de Pensiones, el

régimen obligatorio de pensiones complementarias fue ideado con el propósito de formar un capital que

permita a los trabajadores dependientes o asalariados tener un ingreso adicional a las prestaciones de los

regímenes básicos, elevando con ello su calidad de vida. El Superintendente a.i. de Pensiones, en su

escrito de coadyuvancia, describió el régimen de la siguiente manera: “(…) El legislador de la ley 7983

optó por diseñar este régimen obligatorio de pensión complementaria, conocido como ROP, como de

contribución definida, capitalización individual y de gestión privada (…) En los sistemas de contribución

definida, lo que se conoce de antemano es la contribución, en el caso costarricense el 4,25 % del salario,

los beneficios dependen del nivel de ahorro que cada afiliado ha logrado acumular en su cuenta

individual, el cual se ve afectado directamente por el monto del salario y los años que logre ahorrar en el

sistema, sin que exista mecanismo alguno de solidaridad inter generacional ni tampoco de redistribución

entre grupos de diferentes ingresos (…)”. De este modo, es posible afirmar que

los recursos acumulados en

los fondos del régimen obligatorio de pensiones complementarias son propiedad privada afectada al

cumplimiento de un fin: garantizar la existencia de una pensión adicional a la del régimen básico que

permita elevar la calidad de vida de las personas trabajadoras. Así, el legislador estableció una limitación

a la propiedad privada para lograr la consecución de un fin legítimo, en el marco de nuestro Estado

Social y Democrático de Derecho. Al respecto, este Tribunal, en la resolución No. 2000 – 00643 de las

14:30 hrs. de 20 de enero de 2000, al evacuar la consulta facultativa de constitucionalidad del entonces

proyecto de Ley de Protección del Trabajador, explicó lo siguiente: “(…) se trata, como se indicó, de

dineros destinados a beneficiar a los trabajadores, administrados por instituciones autorizadas y que

pueden ser libremente escogidas por el trabajador. Ciertamente, el retiro de los dineros se ha

condicionado a dos hechos futuros determinados con claridad en la ley, pues se trata de darle soporte

financiero a un régimen de pensiones complementarias y un ahorro que puede ser utilizado por el

trabajador cuando cumpla con los requisitos de ley. Si bien los recursos han de ser manejados en cuentas

individuales, no ingresan al patrimonio de los beneficiarios, sino hasta que se verifiquen los parámetros

establecidos por la ley. El hecho de que sea obligatoria, en ningún momento se podría considerar como

perjudicial a los intereses de los trabajadores, pues se trata de dotarlos de un ingreso adicional vía

pensión para cuando no registren ingresos ordinarios por salarios y se hayan acogido a la jubilación

ordinaria. Se trata de un beneficio a futuro, que no llegaría a plasmarse si quedara a elección del

trabajador incorporarse o no. Y como lo indican los consultantes, si ya existe un régimen de pensión

–ordinario-, debe entenderse que el establecimiento de otro complementario como el que nos ocupa.

Éste, no viene a sustituir al anterior que llamaríamos general, sino a reforzarlo, casi sin costo para los

trabajadores, y que le sería entregado junto al ordinario, lo que vendría a significar una mejora en su

situación actual (…)” (el énfasis no pertenece al original).

Tal y como se desprende de los numerales 22 al 25 de la Ley de Protección al Trabajador, Nº 7983

de 16 de febrero de 2000, una vez cumplidos los requisitos para acceder al beneficio, el trabajador puede

disponer del dinero acumulado, contratando una renta permanente con la operadora de pensiones que él

haya designado -de no haberlo hecho, por defecto la del Banco Popular y de Desarrollo Comunal- o

comprando una renta vitalicia a una aseguradora (artículos 11, 12 y 23 de la Ley de Protección al

Trabajador). Adicionalmente, vía reglamentaria se agregó a las opciones el denominado retiro

programado. Es importante tomar en cuenta que de elegir una renta permanente, a tenor de lo

preceptuado por el numeral 25 de la Ley de Protección al Trabajador, luego de disfrutar los intereses del

capital, en caso de muerte del afiliado, el saldo se entregaría a los beneficiarios; en lo que respecta a la

renta vitalicia, según lo preceptúa el ordinal 24 del cuerpo normativo citado, el capital se dedica a la

compra a una entidad aseguradora, precisamente, de una renta vitalicia de acuerdo con varias

modalidades. Por último, en el retiro programado, el afiliado o beneficiario contrata con su operadora

una renta periódica que surge de dividir cada año, el capital para la pensión por el monto del valor

actuarial necesario unitario (valor de una unidad de pensión) (ver Reglamento Nº 8242 de 26 de marzo

de 2010). No debe perderse de vista, que al trabajador se le brinda la oportunidad de escoger la

operadora de pensiones y la empresa aseguradora -de acuerdo con las ventajas que cada una de ellas

ofrezca-, así como la forma en la cual disfrutará los réditos o bien el capital. Esto quiere decir, que el

titular del derecho no es despojado de su propiedad, simplemente -dada la afectación que se mencionó-,

se ve obligado a dedicar la misma a adquirir una pensión complementaria, según las posibilidades

descritas. Resulta lógico y razonable que, por regla general, no sea posible retirar la totalidad de los

recursos acumulados en la cuenta individual, pues se desvirtuaría la naturaleza de la pensión, para

convertirla en una especie de ahorro o depósito a plazo; igualmente, el cumplimiento del fin para el cual

el régimen obligatorio de pensiones complementarias fue creado, estaría en peligro, al posibilitar a los

trabajadores y trabajadoras disponer de los recursos con un objetivo distinto. En suma, el régimen

obligatorio de pensiones complementarias perdería su sentido y funcionalidad. Por la importancia social

del tema, debe traerse a colación, y por eso se transcribe de forma parcial, la Exposición de Motivos

presentada junto con el proyecto de ley, al disponerse:

"10. Un modelo costarricense.

Pero como ya lo señalamos, las diferencias entre la reforma costarricense, y las emprendidas por países

hermanos, van mucho más allá de las cuestiones de proceso, e incluyen los aspectos medulares de la

reforma. Se trata, y lo decimos con todo orgullo, de una reforma "a la tica".

Mientras que otros países optaron por la privatización de sus sistemas de pensiones, en Costa Rica

estamos proponiendo un sistema mixto, con participación tanto del sector público como del sector

privado.

Mientras que otros países decidieron utilizar de forma exclusiva los sistemas de ahorro individual,

eliminando el componente solidario de sus sistemas de pensiones, el sistema costarricense es también en

este sentido mixto, apoyándose de manera fundamental en un régimen de ahorro colectivo, administrado

por la Caja Costarricense del Seguro Social, pero complementándolo con cuentas individuales, tanto de

ahorro obligatorio como de ahorro voluntario.

Mientras que en otros casos los costos fiscales de la reforma fueron exorbitantes, en Costa Rica recurrimos

a la redistribución de cargas ya existentes, de manera que, sin un aumento en las cargas sobre las

planillas, logramos resolver los problemas financieros del sistema.

Vemos pues, en qué consiste la reforma del sistema de pensiones que estamos proponiendo.

La reforma en breve

Los principales componentes de la Reforma de Pensiones contenida en este Proyecto de Ley son los

siguientes:

Reformar y reforzar el primer pilar

En este proyecto, se fortalece a la Caja Costarricense del Seguro Social, dotándola de mejores

instrumentos para combatir la morosidad, la evasión y la subdeclaración. Al mismo tiempo, se establecen

una serie de mecanismos para despolitizar la institución, y garantizar un mejor manejo de las inversiones

del Fondo de Reserva, que en adelante estará supervisado por la Superintendencia de Pensiones y

rendirá informes periódicos ante un Comité de Vigilancia que actuará en representación de los cotizantes.

Crear un segundo pilar de ahorro obligatorio

Este pilar, que se financiará enteramente mediante la redistribución de cargas sociales ya existentes,

consiste en el establecimiento de cuentas individuales de ahorro para la pensión, que vendrán a

complementar las pensiones otorgadas por el Régimen de IVM. Estas cuentas serán supervisadas por la

Superintendencia de Pensiones, administradas por las Operadoras de Pensiones libremente

seleccionadas por los trabajadores, y operarán bajo la figura de Fondos de Pensiones, separados

patrimonialmente de las Operadoras, garantizando de esta manera la más estricta salvaguarde de los

fondos de los trabajadores.

Fortalecer el tercer pilar

El tercer pilar del sistema nacional de pensiones está constituido por cuentas individuales de ahorro

voluntario. En este proyecto, se clarifican y consolidan una serie de incentivos para estimular el desarrollo

de este tipo de ahorros.

Ampliar la cobertura del cuarto pilar

Finalmente, se sientan las bases para la ampliación de la cobertura de las pensiones para los

costarricenses más pobres, fortaleciendo administrativa y financieramente las pensiones no contributivas

que administra la CCSS.

La transformación del auxilio de cesantía

El auxilio de cesantía fue concebido como un mecanismo que le permitiera a los trabajadores contar

rápidamente con un ingreso al concluir una relación laboral, de manera que el trabajador tuviera medios

para atender sus necesidades durante el período de búsqueda de un nuevo empleo.

Sin embargo, este auxilio no ha pasado de ser una expectativa de derecho, cuya realización requiere de

largas disputas en los tribunales, lo que impone altos costos para todos los participantes, y desde el punto

de vista del trabajador desvirtúa completamente el propósito del auxilio.

Mediante este Proyecto de Ley, el Auxilio de Cesantía será transformado. Una parte de las obligaciones

patronales, equivalente al 5,33 por ciento de los salarios, seguirá rigiéndose por la normativa actual, pero

el resto, equivalente al 3,00 por ciento de los salarios, será depositado en una Cuenta de Capitalización

Laboral, que será propiedad indiscutible de los trabajadores. Una vez al año, los aportes correspondientes

al 2,00 por ciento de los salarios serán trasladados al Fondo de Pensiones que haya sido seleccionado por

el trabajador, mientras que el resto de los aportes, junto con sus rendimientos, quedarán en el Fondo de

Capitalización Laboral.

El dinero acumulado en el Fondo de Capitalización Laboral le será entregado al trabajador en el

momento en que concluya su relación laboral, cualquiera que sea la causa del cese. El dinero

acumulado en el Fondo de Pensiones, junto con sus rendimientos, se utilizará para financiar una Pensión

Complementaria cuando el trabajador se acoja a su jubilación.

Síntesis: una reforma necesaria, justa, legítima y sólida, sin costo adicional para los costarricenses.

En síntesis, el Proyecto que estamos sometiendo a consideración de los señores y señoras diputadas, se

enmarca en las más profundas tradiciones políticas costarricenses, y honra la memoria de los hombres y

mujeres que lograron establecer una república democrática, solidaria y próspera.

Es un proyecto que nace del diálogo nacional. Que no representa intereses de grupo o partido, sino los de

la comunidad nacional. Que combina los ideales de solidaridad social y justicia individual. Que une los

esfuerzos y aportes de patronos y trabajadores, de sector público y de sector privado. Y que, como mérito

adicional, resuelve los principales problemas financieros del sistema nacional de pensiones mediante una

mejor utilización de los recursos ya existentes, sin establecer cargas adicionales sobre las planillas.

Se trata, en suma, de un proyecto de ley que ha de ser la piedra angular de la nueva reforma social, que

nos permitirá enfrentar el nuevo siglo como una sociedad justa, pacífica, solidaria, y próspera".

En virtud de lo expuesto, el retiro de la totalidad de los recursos es una excepción dentro del sistema. El

artículo 20, de la Ley de la Protección al Trabajador, establece que: “(…) Cuando un trabajador no se

pensione bajo ningún régimen, tendrá derecho a retirar los fondos de su cuenta individual al cumplir la

edad establecida vía reglamento, por la Junta Directiva de la CCSS .

En este caso, los beneficios se

obtendrán bajo las modalidades dispuestas en este capítulo. No obstante, la Junta Directiva de la CCSS

podrá establecer un monto por debajo del cual puede optarse por el retiro total (…)”. Aunado a esto, el

Transitorio XIII, de la Ley de Protección al Trabajador, estipula que “(…) Los afiliados al Régimen

Obligatorio de Pensiones Complementarias que se pensionen dentro de los diez años siguientes a la

vigencia de esta ley, podrán retirar la totalidad de los fondos acumulados en sus cuentas en el momento

de pensionarse. (…)”. En criterio de esta Sala Constitucional, la distinción que en el fondo efectúa el

transitorio -entre quienes se pensionen antes o después de los diez años de vigencia de la Ley de

Protección al Trabajador- no es discriminatoria y menos antojadiza, como se ampara. De conformidad con

lo explicado por la Procuraduría General de la República y la Superintendencia General de Pensiones, la

distinción se sustenta en el hecho que, antes de diez años, no habría suficiente dinero ahorrado para

garantizar un beneficio a los trabajadores por un monto suficiente ni la rentabilidad a las empresas que

participan en el nuevo mercado. La diferenciación no es arbitraria, y por ende la distinción es legítima,

pues existen circunstancias objetivas que la respaldan. A mayor abundamiento, debe tenerse presente

que, en ejercicio de la potestad conferida al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, por

el párrafo tercero del artículo 22 de la Ley in fine, se emitió el Reglamento de Beneficios del Régimen de

Capitalización Individual, Nº 8242 de 26 de marzo de 2010, en cuyo artículo 6 se posibilita el retiro de la

totalidad del capital, siempre y cuando el cálculo mensual del monto de la pensión a recibir,

determinado por un retiro programado personal -parámetro de referencia- sea menor a un 10 % del monto

de la pensión otorgada del régimen básico al cual pertenece el trabajador. Como se puede apreciar, se

permite el retiro de los recursos acumulados, en aquellos supuestos en donde los parámetros técnicos no

se cumplan, de tal forma que se asegure la sostenibilidad del beneficio y el cumplimiento de los

propósitos del régimen. Por otra parte, debe quedar claro, que la composición del ahorro para el Régimen

Obligatorio de Pensiones Complementarias, tal y como se dijo por la Procuraduría General de la

República, en el Dictamen C-130-2000, del 9 de junio del 2000, es un régimen cuya fuente de

financiación está constituida por los recursos que se señalan en el artículo 13 de esta ley, mediante un

aporte mixto, en el cual el trabajador abona sólo el uno por ciento del mismo. Por otra parte, debe

resaltarse, también, que la Ley de Protección al Trabajador, establece dos fondos de diferente naturaleza

jurídica y regulación, concretamente: el Fondo de Capitalización Laboral (artículo 3) y el Fondo

Obligatorio de Pensiones Complementarias (artículo 9). El primero, surge de un derecho social de

naturaleza no salarial, que no forma parte de los seguros sociales y no representa una pensión; y, el

segundo, se basa en una contribución forzosa del empleador y del trabajador, es obligatorio, universal y

tiene como objetivo la obtención de una pensión, a la cual, como ya se expuso, se accede cuando se

cumplan los requisitos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte que administra la Caja Costarricense de

Seguro Social (artículo 73 constitucional) o del régimen sustituto al que el trabajador haya pertenecido.

Así, el Fondo del Régimen de Pensiones Obligatorias, se formará con aportes equivalentes al 4,25% de

los sueldos y salarios pagados al trabajador, de cuyo porcentaje, sólo el 1% es aportado por el trabajador

y el resto por el patrono. Tal aporte, conforme a la Ley de Protección al Trabajador, de desglosa de la

siguiente manera: a) Un 1% de salario del trabajador (artículo 3, inciso a); b) El 0.25 % del aporte

patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal (artículo 3, inciso b); c) Un aporte del 1.5% de aporte

patronal sobre sueldos y salarios pagados (artículo 3, inciso c); y, d) Un 1.5% de aporte patronal calculado

sobre el salario mensual del trabajador -cesantía- (artículo 3, inciso d). Finalmente, debe acotarse, que el

Derecho Constitucional o Fundamental a la Seguridad Social se trata de un derecho universal inherente a

todo ser humano, reconocido no sólo por nuestra Carta Magna (artículo 73), sino por el Derecho

Internacional de los Derechos Humanos, incluida la Declaración Universal de los Derechos Humanos

(artículo 22); y, en donde el bien jurídico se satisface mediante una responsabilidad compartida. De esta

forma, el Estado Social de Derecho está enfocado al mejoramiento de la calidad de vida de la población

a través del equilibrio y la protección social para lograr una justa distribución de la riqueza y

reinvindicaciones sociales, lo que genera mejores condiciones de vida de los ciudadanos. Así, la

solidaridad, universalidad, integralidad, participación, igualdad, obligatoriedad, subsidiaridad, equidad,

suficiencia y sostenibilidad se constituyen en principios o garantías del Derecho Fundamental de la

Seguridad Social; que, en criterio de esta Sala Constitucional -protectora de los derechos humanos-, se

conculcarían con el acogimiento de la acción y la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de

Protección al Trabajador.

CONCLUSIÓN. Bajo este orden de consideraciones, se impone desestimar la acción de

inconstitucionalidad (…)”. (El destacado no forma parte del original). (Véase, en similar sentido, lo

dispuesto por esta Sala, entre otras, en las Sentencias Nos. 2017-15348 de las 09:15 hrs. de 26 de

septiembre de 2017, 2018-9180 de las 09:20 hrs. de 12 de junio de 2018, 2018-9634 de las 09:20 hrs. de

15 de junio de 2018, 2018-9656 de las 09:20 hrs. de 15 de junio de 2018, 2018-11897 de las 09:20 hrs.

de 20 de julio de 2018 y 2019-1563 de las 09:30 hrs. de 29 de enero de 2019).

Como se puede observar, en aquella oportunidad el Tribunal explicó de forma exhaustiva en qué consiste

el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, cómo se compone el ahorro, así como su

principal finalidad, que es la de garantizar la existencia de una pensión adicional a la del régimen básico

que permita o contribuya elevar la calidad de vida de los trabajadores cuando no obtengan los ingresos

ordinarios de salarios y se hayan acogido a la jubilación.

Asimismo, de manera categórica se explicaron los motivos por los cuales no se violentan los derechos

fundamentales de los beneficiarios al no permitírseles el retiro total de los fondos en cuestión en aquellos

casos donde no es factible la aplicación del artículo 20 y del transitorio XIII de la Ley de Protección al

Trabajador, así como lo dispuesto en el ordinal 6° del Reglamento de Beneficios del Régimen de

Capitalización Individual, cuyo contenido sí faculta tal proceder al cumplirse excepcionales supuestos.

Concomitantemente, la Sala hizo alusión a los tipos de planes por los que puede optar el trabajador, una

vez que cumplan los requisitos para acceder al beneficio en cuestión, a efecto que el dinero de la

pensión complementaria le sea entregado en tractos. Esto último, resulta menester aclarar, sin verter

criterio o posición alguna sobre la forma en que en la práctica operan dichos planes y son ofrecidos a los

beneficiarios.

TOCANTE A LA SITUACIÓN PARTICULAR DE LA TUTELADA JIMÉNEZ MONTEALEGRE.

La recurrente

formula el presente amparo y reclama que las autoridades de BN VITAL Operadora de Pensiones

Complementarias, una vez que la tutelada Jiménez Montealegre se acogió a su derecho a la pensión, se

negaron entregarle a esta la totalidad de los montos correspondientes al Régimen Obligatorio de

Pensiones Complementarias y, por el contrario, le indicaron que esto lo harían en tractos. En ese mismo

orden de consideraciones, refiere que la citada actuación deviene en arbitraria, toda vez que la

amparada es una persona adulta mayor que se jubiló a sus 77 años. Por consiguiente, solicita a este

Tribunal que intervenga y ordene a los recurridos hacerle entrega a la interesada de la totalidad de los

referidos montos.

Sobre el particular, el Gerente de BN VITAL Operadora de Pensiones Complementarias del Banco

Nacional indicó que luego que la tutelada adquirió su derecho a la pensión del Régimen de Invalidez,

Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (lo cual efectivamente consta que ocurrió a

partir del 8 de mayo de 2018, a la edad de 77 años), solicitó ante dicha entidad, en el mes de junio de

2018, el retiro total de los dineros acumulados en el Régimen Obligatorio de Pensiones

Complementarias. Sin embargo, según igualmente explicó tal autoridad, dicha petición fue denegada

dado que la amparada no cumple específicamente con lo dispuesto en el ordinal 6° del Reglamento de

Beneficios del Régimen de Capitalización Individual, el que textualmente señala lo siguiente:

“Artículo 6º- Condición para optar por las modalidades de pensión complementaria. Los pensionados del

ROP deberán contratar retiros programados, rentas permanentes o rentas vitalicias

siempre y cuando el

cálculo mensual del monto de la pensión a recibir, determinado por un retiro programado personal, sea

igual o mayor a un 10% del monto de la pensión otorgada por el Régimen Básico al que pertenece el

trabajador. De no ser ese el caso, podrán adquirir una de las modalidades de pensión dispuestas en este

Reglamento o, un retiro total del capital para la pensión. En el caso del RVPC el afiliado o beneficiario

podrá adquirir una de las modalidades de pensión definidas en este Reglamento. Esa elección no estará

sujeta a ninguna restricción.” (El destacado no forma parte del original). Particularmente, conforme se

informó “(…) la señora Jiménez Montealegre percibe una pensión por un monto de 902.009,60 colones

desde el 1 de mayo del 2018, es decir, el 10% de este monto equivale a 90.200,96 colones. Dado que el

retiro programado (235.245,32 colones) supera el 10% (90.200,96 colones) de la pensión otorgada por el

régimen de IVM (902.009,60 colones), es improcedente la entrega de los recursos del Régimen

Obligatorio de Pensiones Complementarias a la señora (…) en un solo tracto (…)”.

Asimismo, resulta menester destacar que de los autos se infiere que la tutelada –por las circunstancias

propias de su caso–, no puede optar por las otras excepciones dispuestas en el ordinal 20 y el transitorio

XIII de la Ley de Protección al Trabajador para el retiro total de su dinero, dado que, tal y como se dijo,

se pensionó recientemente y conforme al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense

de Seguro Social.

En virtud del estado de cosas anterior, según indicó el citado gerente, a la tutelada se le explicó que

debe optar por un sistema de planes para la entrega del dinero proveniente del ROPC en tractos.

Ahora bien, conforme se logra acreditar de los autos, la parte interesada puede escoger actualmente dos

tipos de planes para hacer uso de los fondos de la pensión bajo estudio, a saber: el retiro programado o la

renta permanente.

El retiro programado se encuentra principalmente regulado en el Reglamento de Beneficios del Régimen

de Capitalización Individual, a partir de lo dispuesto, a su vez, en el párrafo final del ordinal 22 de la Ley

de Protección al Trabajador que dice: “(…) El Consejo Nacional podrá autorizar otras modalidades de

prestaciones, siempre y cuando se respete el principio de seguridad económica de los afiliados, y no

contravengan los principios de la presente ley”. De este modo, el artículo 8° de mencionado reglamento

señala, de modo expreso, lo siguiente “El retiro programado puede ser de dos tipos: personal o con una

reserva para los beneficiarios. El retiro programado personal se calculará dividiendo, cada año, contado

desde la firma del contrato, el saldo de la cuenta de capitalización individual por el monto del VANU. El

retiro programado con reserva para los beneficiarios se calculará sobre un porcentaje de su saldo

acumulado. Este saldo no podrá ser menor al 80%, el complemento se utilizará para la pensión a favor de

los beneficiarios. El 20% se mantendrá dentro de la cuenta individual del pensionado.”

Por su parte, la renta permanente se encuentra regulada tanto en la Ley de Protección al Trabajador,

como en el Reglamento de Beneficios del Régimen de Capitalización Individual. Así, el artículo 25 de la

cita ley indica expresamente que “Las operadoras podrán ofrecer a los afiliados planes de renta

permanente en los cuales se entregue a estos el producto de los rendimientos de la inversión del monto

acumulado en su cuenta individual y el saldo se entregará a los beneficiarios a la muerte del afiliado.”.

Asimismo, el ordinal 9° del mencionado reglamento explica que “La renta permanente consiste en el

disfrute, como pensión complementaria, del monto de los rendimientos generados por la inversión de los

recursos del afiliado. La determinación de su cuantía mensual se establece en la doceava parte de los

rendimientos devengados, en la cuenta de capitalización individual, durante los últimos doce meses. El

pago se mantendrá inalterable por doce meses y corresponderá con la cuantía determinada. Transcurrido

el plazo anterior se procederá a recalcular la cuantía según lo indicado en el presente artículo.”

Según explicaron las autoridades recurridas, principalmente de la SUPEN, ambos planes lo que

pretenden es brindar una protección “durante todo el tiempo que la persona se encuentre con vida”. Al

respecto, el Superintendente de Pensiones, al consultársele sobre la manera en que se entrega a todos

los beneficiarios en general el dinero correspondiente al ROPC en el tiempo conforme tales planes,

explicó –mediante oficio aportado el 12 de octubre de 2018–, lo siguiente:

“(…) El Retiro Programado De acuerdo con el Reglamento de Beneficios y demás normativa vigente, para

realizar el cálculo del retiro programado se toma el saldo acumulado en la cuenta individual y se

distribuye año a año en función de las probabilidades de sobrevivencia del afiliado, las cuales se han

establecido hasta en 115 años. Es importante aclarar que cuando se utiliza para el cálculo de

probabilidades de sobrevivencia la edad de 115 años, no se está presumiendo que la persona podría vivir

hasta ese momento. Lo que implica es que, en caso de que la persona sobreviva hasta la fecha en que se

realiza dicho cálculo el gestor dispone de elementos para estimar la probabilidad de que viva un año más

y así sucesivamente. Dicho cálculo se hace con una herramienta denominada Valor Actuarial Neto

Unitario (VANU). El VANU es el valor actual del flujo esperado de pagos en la ficha de contratación o de

recálculo de la pensión, según corresponda expresado en forma unitaria, es decir el costo de un colón de

pensión en valor presente, dada la edad el sexo y la probabilidad de vida. Para el cálculo de esta renta

se deberán utilizar tablas de mortalidad que se encuentran publicadas en la página web de este órgano

de supervisión y una tasa técnica definida por el Superintendente de Pensiones.

Renta Permanente. En cuanto a la renta permanente, esta consiste en el disfrute como pensión

Complementaria del monto de los rendimientos generados por la inversión de los recursos del afiliado. La

determinación de su cuantía mensual se establece en la doceava parte de los rendimientos devengados

en la cuenta de capitalización individual, durante los últimos doce meses. El pago se mantendrá

inalterable por doce meses y corresponderá con la cuantía determinada. Cada año se procederá a

recalcular la cuantía de acuerdo con lo que indica el Reglamento de Beneficios y el Acuerdo del

Superintendente de Pensiones SP-A-1 41-2010 (…)”. Adicionalmente, esa misma autoridad, en oficio

aportado a los autos el 23 de mayo de 2019, señaló sobre este punto en particular lo siguiente:

“(…) a) Retiro programado. Dado que el ROP en un régimen de capitalización individual y contribución

definida, el principal riesgo que asume el afiliado al momento de pensionarse es el riesgo de longevidad,

que se traduce en la posibilidad de vivir más allá de las expectativas de vida al nacer (o expectativa de

vida residual) lo cual aumenta la posibilidad de verse desprotegido si los fondos acumulados para

financiar su pensión complementaria llegan a agotarse. El retiro programado es una renta periódica

contingente cuyo principal objetivo es que el pensionado reciba una pensión del ROP mientras esté vivo.

Por esa razón, al calcular el retiro programado, se distribuye el saldo (monto de la cuenta individual a la

fecha del retiro) y los rendimientos netos (que se obtendrían por las inversiones), de acuerdo con dos

parámetros técnicos: unas tablas de mortalidad y una tasa de descuento técnica. Las tablas de mortalidad

permiten calcular entre cuántos meses debe ser dividido el saldo que actualmente tiene el pensionado

y

los rendimientos que obtendrá hasta su fallecimiento, en otras palabras, permiten determinar el plazo

para distribuir los recursos y, para ello, consideran la probabilidad de vida para cada pensionado de

acuerdo con su sexo y su edad al momento de cálculo de la pensión complementaria. Estas tablas de

mortalidad son las mismas que utilizan los regímenes básicos para realizar las valuaciones de las

obligaciones (pensiones) y contribuciones futuras (…) El segundo parámetro es una tasa de descuento

técnica que permite traer a valor presente los pagos unitarios de pensión, los cuales se pagarían de

acuerdo con las probabilidades que el pensionado tenga de sobrevivir a cada edad. La tasa de descuento

técnica es un supuesto y fue definida por esta Superintendencia en un 3% anual. Esta tasa se calculó

utilizando como referencia la tasa de crecimiento potencial de la economía local. (…) b) Renta

permanente. Esta modalidad de pensión implica la entrega de los rendimientos de la inversión del monto

acumulado en la cuenta individual. En este caso el cálculo del pago mensual corresponde a una dozava

parte de los rendimientos generados en los últimos doce meses. En este caso la normativa únicamente

define como parámetro la necesidad de determinar los rendimientos ganados durante los 58 últimos doce

meses. El plazo de la pensión complementaria depende del plazo de la pensión del régimen básico,

dado que lo que se busca en este caso es que el pensionado reciba el beneficio de pensión

complementaria hasta su muerte (…)” (El destacado no forma parte del original).

Partiendo de lo anterior, se logra desprender, con meridiana claridad, que el dinero correspondiente al

ROPC –haciendo uso de cualquiera de ambas modalidades de planes–, se entrega al beneficiario desde

que se jubila y cumple los requisitos establecidos sobre el particular hasta que fallece, sin que exista, en

consecuencia, un límite de edad claramente establecido o definido al efecto.

De este modo, la tutelada, al elegir cualquiera de tales planes (retiro programado o renta permanente), se

sometería a que su dinero le sea entregado paulinamente, hasta el final de sus días, conforme los

cálculos y fórmulas emitidas al efecto, tanto por la operadora de pensiones como por la SUPEN.

EN CUANTO A LA PRETENSIÓN DE LA AMPARADA PARA QUE SE LE ENTREGUE LA TOTALIDAD

DE LOS FONDOS DEL ROPC. Como se indicó anteriormente, la recurrente acude en amparo con el

objetivo principal que le sean girados a la tutelada la totalidad de los fondos correspondientes al

Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias.

No obstante, este Tribunal Constitucional, partiendo de lo ampliamente explicado sobre el particular en

la sentencia supra citada No. 2014-3343 de las 15:05 hrs. de 11 de marzo de 2014, estima que no es

posible acoger la referida pretensión formulada.

Tal y como lo sostuvo esta Sala en dicha ocasión –lo cual, a su vez, ha reiterado a través de copiosa

jurisprudencia–, proceder con la entrega de la totalidad de los montos (cuando no se cumplen con los

requisitos establecidos para tal efecto, tal y como ocurre en el caso concreto según se informó bajo

juramento), hace que se pierda el sentido y la finalidad del régimen de pensiones bajo estudio, que es,

como se dijo, el de garantizar al pensionado el acceso a un monto de dinero adicional que le permita

satisfacer sus necesidades básicas durante esta nueva etapa de vulnerabilidad, la cual se mide no solo por

el hecho de no percibir más ingresos ordinarios, sino también en virtud de la edad.

Lo correcto, según lo dispuso este Tribunal en aquella oportunidad, es que los mencionados fondos se

otorguen en tractos para que las personas puedan cubrir sus necesidades de forma complementaria

principalmente durante su vejez. Por consiguiente, este órgano constitucional es del criterio que le son

aplicables a la interesada las mismas consideraciones señaladas en el voto transcrito, por lo que el

amparo debe ser desestimado en lo que respecta a esta pretensión en particular.

SOBRE LA ENTREGA DE LOS FONDOS DEL ROPC EN TRACTOS Y LA NECESARIA VALORACIÓN

DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE LOS BENEFICIARIOS EN RAZÓN DE SU EDAD DE

JUBILACIÓN Y DE SU EXPECTATIVA DE VIDA. Tal y como se dijo en los considerandos previos, esta Sala

estima que los montos del ROPC deben ser entregados ciertamente a sus beneficiarios en tractos y no en

su totalidad, cuando no se cumplen los requisitos establecidos para esto último.

Sin embargo, este Tribunal Constitucional considera que el sistema o modalidad tajante e inflexible que

se utiliza para hacer entrega a todos los solicitantes por igual de los fondos del ROPC en tractos,

concretamente hasta su muerte, deviene en arbitrario, irrazonable y, sobre todo, en desproporcionado.

En criterio de este órgano constitucional, tanto la SUPEN como las operadoras de pensiones no pueden

–tal y como se encuentra establecido actualmente–, aplicar de manera uniforme y categórica a todos los

beneficiarios del ROPC (a quienes no los cubre los supuestos de excepción establecidos en la Ley de

Protección al Trabajador y principalmente en el artículo 6° del Reglamento de Beneficios del Régimen

de Capitalización Individual), las reglas fijadas para la entrega en tractos de este y que se analizaron en

el considerando VII de la presente sentencia, sin observarse, concomitantemente, otra serie de aspectos

especiales que median en las solicitudes planteadas por los interesados. Dicho de otro modo, esta Sala

estima que a la hora de ejecutar tal entrega en tractos o de forma prorrateada (sea mediante el plan de

retiro programado o bien de renta permanente), deben ponderarse concomitantemente situaciones

particulares y excepcionales que presentan los solicitantes, que permitan realizar cálculos diferenciados e

individuales y que, a su vez, admitan hacer la entrega de los fondos en cuestión dentro de plazos más

cortos (para un mejor y adecuado disfrute) y no necesariamente hasta su fallecimiento.

Particularmente, este órgano constitucional considera que las referidas autoridades deben

razonablemente tomar en consideración (para efectos de ofrecer los planes de retiro de los fondos del

ROPC y hacer dicha entrega en tractos), la edad en la que la persona se jubila, con respecto a su

esperanza de vida, la cual para los costarricenses y, según informe rendido por el Ministro de Salud, se

encuentra fijada en el caso de los hombres para 77.8 años y para las mujeres en 82.9 años, conforme los

datos más recientes correspondientes al año 2018 emitidos por el INEC.

Con fundamento en tales parámetros, se debe entonces realizar un análisis diferenciado de cada solicitud

y determinar si una persona podrá o no disfrutar realmente en vida, mientras se encuentre en condiciones,

al menos aptas de salud y, sobre todo, durante un espacio de tiempo adecuado o razonable, el dinero

bajo estudio y, por consiguiente, si este último se le podrá entregar en tractos hasta su fallecimiento (tal y

como actualmente está establecido) o bien, si dicho acto se debe llevar a cabo excepcionalmente dentro

de plazos muchos más cortos, tomando como parámetro su expectativa de vida.

Bajo ese orden de consideraciones, es factible afirmar que una persona que se jubila aproximadamente a

los 65 años (como sucede con la mayoría de la población costarricense) o a menor edad, claramente

puede disfrutar –conforme a los parámetros de expectativa de vida citados–, del dinero correspondiente al

ROPC durante muchos más años más e invertirlo, incluso, en aquellas necesidades o proyectos que a bien

tenga. Caso contrario a lo que sucede con una persona que se pensiona a una edad sustancialmente

mucho mayor (v. gr. a los 77 años o más) y que, por ende, tomando en cuenta su expectativa de vida, no

podrá disfrutar o hacer uso de ese dinero por muchos más años, sino considerablemente por poco tiempo,

a saber, por algunos meses (tratándose de hombres) y de escasos 5 años (para el caso de las mujeres),

causándoles con esto un grave perjuicio.

Por tales motivos, es que esta Sala estima de suma relevancia efectuar tales diferenciaciones en cada

caso en concreto, conforme los parámetros arriba citados e independientemente del plan de retiro por el

que opte el solicitante, de forma tal que permita que a una persona que se pensiona a muy tarde edad se

le entregue la totalidad del dinero en cuestión dentro de un plazo mucho más corto (comprendido desde

que suscribe el referido plan, hasta que cumpla la edad fijada como esperanza de vida), con el fin,

consecuentemente, que pueda disfrutar plenamente de este. No hacerlo, para este Tribunal, deviene en

arbitrario, desproporcionado e irrazonable y, por consiguiente, atenta claramente contra los derechos de

todos aquellos beneficiarios del ROPC, específicamente de aquellos adultos mayores que se jubilan, por

la razones que sean, a muy tarde edad y que, por ende, lógicamente, se les reduce el tiempo para

disfrutar de los fondos bajo estudio.

Finalmente, resulta menester destacar que la posición de este órgano constitucional no resulta antojadiza

y, más bien, es compartida y respaldada por el propio Consejo Nacional de Persona Adulta Mayor, órgano

especializado y encargado de proteger y fomentar los derechos de las personas adultas mayores.

Específicamente, su Directora Ejecutiva, luego de habérsele tomado parecer sobre el particular, aseveró

que si bien no comparte la libertad de retiro total del ROPC (ya que existe riesgo de mal uso, de pérdida

e, incluso, de ejercicio de violencia patrimonial en contra de la persona que lo posee) “esto no puede

conducir al otro extremo, el de fijar plazos excesivos en las modalidades implementadas para el retiro de

los recursos del ROP. Lo anterior, sin considerar a las personas mayores por su especificidad y sin

considerar que en cada caso, debe analizarse la proyección o expectativa de vida de la persona, para

hacer un cálculo diferenciado e individual, que permita que esa persona que solicita los beneficios del

ROP disfrutarlos realmente en vida y no necesariamente heredarlos a terceros, que en muchas ocasiones

han violentado, explotado y abandonado a la persona adulta mayor.”

EN CUANTO A LA ENTREGA A LA TUTELADA –PERSONA JUBILADA A LOS 77 AÑOS– DEL DINERO

CORRESPONDIENTE AL ROPC EN TRACTOS HASTA SU MUERTE: DISPOSICIÓN IRRAZONABLE Y

DESPROPORCIONADA. Tal y como se ha explicado previamente, la interesada es una persona adulta

mayor que se acogió a su pensión a una edad que supera abismalmente la edad en la que

ordinariamente las generalidad de las personas en este país se jubilan, en este caso en particular a sus 77

años, y a quien se le ha indicado –por parte de la Operadora de Pensiones BN Vital, siguiendo a su vez

los parámetros fijados por la SUPEN–, que debe suscribir un plan de retiro programado o bien un plan de

renta permanente para brindarle en tractos o de forma periódica los fondos correspondientes a su pensión

complementaria hasta el día de su muerte, dado que no cumple con los requisitos establecidos para

percibir en su totalidad estos últimos.

Partiendo de lo señalado en el considerando anterior,

es claro que la anterior actuación perjudica

gravemente los derechos y los intereses de la amparada, en el tanto, pese a tratarse de una persona

adulta mayor que se jubila excepcionalmente a la edad de 77 años, ha sido sometida a recibir los fondos

del ROPC de forma prorrateada y prácticamente hasta el día de su fallecimiento, sin tomarse en cuenta

concomitantemente su esperanza de vida (que en este caso en particular es de 82.9 años). Situación

anterior que, sin lugar a dudas –según se explicó líneas arriba–, le reduce a la tutelada

considerablemente el plazo dentro del cual podrá disfrutar de su pensión y coarta sus posibilidades de

emplear los montos que ha ahorrado durante años en aquellos proyectos o actividades que a bien tenga,

tornándose por consiguiente dicha disposición claramente en arbitraria, irrazonable y desproporcionada.

Bajo tal estado de cosas, esta Sala estima que el presente amparo debe ser acogido en lo que respecta a

este extremo en particular y con el propósito que los recurridos le otorguen a la amparada la totalidad del

dinero correspondiente al ROPC, en tractos mensuales, a partir del día en que esta –previo cumplimiento

de los requisitos señalados al efecto–, suscriba el plan de su mayor conveniencia (sea retiro programado o

renta permanente) y hasta la fecha en que cumpla con la edad fijada como esperanza de vida (82.9

años), produciéndose así una desacumulación de los referidos fondos dentro de un plazo más razonable y

proporcionalmente más corto, ajustado a la realidad y a la situación excepcionalísima citada,

COROLARIO. En mérito de lo expuesto, se impone acoger parcialmente el recurso planteado, con las

consecuencias que se detallarán en la parte dispositiva de la presente sentencia. (…)” (El destacado forma

parte del original).

Posteriormente mediante sentencia No. 2020-004814 de las 09:20 horas del 10 de marzo del 2020 esta Sala

resolvió:

TOCANTE AL RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD HUMANA. Esta Sala, en la Sentencia No.

11901-2007 de las 14:57 hrs. de 21 de agosto de 2007, se refirió a la dignidad humana como base

esencial del reconocimiento del resto de los derechos fundamentales de los seres humanos y principio

sobre el cual se deben conducir las conductas de la Administración Pública. En lo conducente, en dicha

oportunidad, se dispuso lo siguiente:

“(…)

SOBRE EL RECONOCIMIENTO A LA DIGNIDAD INDIVIDUAL.

Costa Rica, en el artículo 1° de su

Constitución Política, al constituirse en Estado según los principios básicos de una democracia, optó por

una formulación política en la que el ser humano, por el simple hecho de serlo, por haber nacido tal, es

depositario de una serie de derechos que le son dados en protección de su dignidad, derechos que no

pueden serle desconocidos sino en razón de intereses sociales superiores, debidamente reconocidos en la

propia Constitución o las leyes (Sentencia Nº 1261-1990 de las 15: 30 hrs. del 10 de setiembre de 1990).

Sobre el reconocimiento de un sistema democrático en el que descansa la garantía de la dignidad

humana, este Tribunal ha resuelto lo siguiente: “(…) Esta positivación del "principio democrático"

constituye uno de los pilares –por no decir, el núcleo o esencia- en el que se asienta nuestro sistema

republicano, y conlleva que todo el sistema normativo deba ser interpretado conforme a los principios que

informan este sistema de vida y de conceptualización del Estado, en el que los derechos reconocidos a

las personas les deben ser respetados por esa sola condición, independientemente de su origen nacional,

raza, credo político o religioso, sin discriminaciones a su dignidad como ser humano. (…)’ Sentencia

6470-1999 de las 14:36 hrs. del 18 de agosto de 1999. Junto a la vida, íntimamente ligada a su sentido y

verdadero valor moral y social, se encuentra el reconocimiento y necesario respeto a la dignidad humana,

base y fundamento para la garantía de los demás derechos fundamentales, que sin ella carecen de

sentido. Sobre el respeto a la dignidad humana se asienta el orden y la paz social, así como toda

organización que se precie de ostentar una legitimación sustancial de su existencia. Derechos

fundamentales como la intimidad, la libertad, e igualdad son todos derivados de la dignidad del hombre,

base del sistema de Derechos Humanos. Como tales, son derechos que nacen con la persona, de modo

que no tienen su origen en un texto que así lo reconozca, sino de la naturaleza intrínseca del ser humano.

Así, este Tribunal Constitucional ha sostenido que la garantía de la dignidad es la base fundamental para

arribar a un reconocimiento del derecho a la igualdad, base fundamental de todo Ordenamiento

Constitucional y Democrático. Al respecto, la Sala ha resuelto en lo conducente: ‘(…) La dignidad

humana se da, así como límite, como barrera a cualquier injerencia del poder en el individuo y, aun

cuando es de difícil definición y determinación, puede describirse o considerarse como el más profundo

sentimiento que cada uno tiene de sus derechos y condiciones fundamentales para existir, a través del

cual se da el sentido de la propia identidad como persona y del significado como ciudadano. Ese

sentimiento nos da la percepción del valor que le asignamos a la persona humana y que es la base para

el reconocimiento de los demás derechos y atributos, en primera instancia propios, pero que al mismo

tiempo trae su reconocimiento en los demás. Por eso se dice que la dignidad humana es la plataforma de

la igualdad, porque los parámetros de valoración son siempre los mismos para toda persona, sin

excepción. (…)” Resolución Nº 1428-1996 de las 15:36 hrs. del 27 de marzo de 1996. En definitiva, uno

de los valores y principios fundamentales del Derecho de la Constitución lo constituye, precisamente, la

dignidad, sobre el cual se erige el edificio entero de la parte dogmática de la Constitución, esto es, de los

derechos fundamentales de las personas. Es a partir del reconocimiento de la dignidad intrínseca al ser

humano que los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y las Constituciones internas le

otorgan una serie de libertades y derechos indiscutibles y universalmente aceptados. En este sentido, la

Asamblea General de las Naciones Unidas al adoptar la Declaración Universal de Derechos Humanos en

su resolución Nº 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, consideró en el Preámbulo que la libertad, la

justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los

derechos iguales e inalienables de todos los miembros de las comunidades. Bajo esa inteligencia, se

acordó en el artículo 1° que “Todos los seres humanos nacen libre e iguales en dignidad y derechos (…)”

Asimismo, en el artículo 2 reconoce que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en

dicha Declaración sin distinción alguna. Idénticas consideraciones realizó la Asamblea General de las

Naciones Unidas al dictar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptados en la resolución 2200 A (XXI) del 16 de

diciembre de 1966, en los que se decretó que el reconocimiento de los derechos allí dispuestos derivan

de la dignidad inherente a la persona humana. Además, que no puede realizarse el ideal del ser humano

libre en el disfrute de sus libertades, a menos que se generen condiciones que permitan a cada persona

gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como sus derechos económicos, sociales y culturales. Por su

parte, los Estados Americanos adoptaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos que es Ley

de la República Nº 4534 del 23 de febrero de 1970 y, en el preámbulo de la Convención, reconocieron

que los derechos esenciales del hombre no surgen del hecho de ser nacional de un determinado Estado,

sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana. En esa tesitura en el artículo 1° se

dispone que los Estados Partes en la Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sin discriminación. Asimismo,

dicha Convención en su artículo 11, párrafo 1°, bajo el epígrafe de "Protección de la Honra y de la

Dignidad" dispone que "1. Toda persona tiene derecho al (…) reconocimiento de su dignidad". Por su

parte, nuestra Constitución Política en su artículo 33 proscribe cualquier discriminación contraria a la

dignidad humana. Tales mandatos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de la propia

Norma Fundamental imponen el respeto y reconocimiento de la dignidad intrínseca de todas las personas

sin hacer ninguna discriminación odiosa de su condición humana. (…)”.

Asimismo, sobre este tema en particular, este órgano constitucional, en el Voto No. 3366-1994 de las

17:45 hrs. de 6 de julio de 1994, señaló lo siguiente:

“(…) EL DOLOR Y LA AGONIA FRENTE A LA DIGNIDAD HUMANA EN UN ESTADO DE DERECHO

. Los

Derechos Humanos pueden estar formalmente consagrados y aun estar disponibles los mecanismos

procesales para su ejercicio, pero si se carece de la asistencia técnica que los ponga en movimiento -que

se cumplan eficazmente- todo eso se convierte en una cuestión abstracta y que en realidad se niega.

De

qué nos sirve tener el derecho a que se respete la dignidad humana hasta el momento de nuestra

muerte -morir con dignidad-, a no ser torturado, a que se nos respete la vida -prohibición de la

eutanasia-, si el Estado no establece los medios necesarios para que ello se cumpla. En nuestra

peculiar interpretación, la democracia es una forma de estado que implica una relación entre el poder y

los hombres, que se resuelve de modo favorable a la dignidad de la persona, a su libertad y a sus

derechos. Si toda Constitución soluciona, de alguna manera, esta situación, cabría decir que

efectivamente estamos respetando el derecho constitucional a la libertad y la dignidad, derechos

esenciales del ser humano. Frente a estos derechos se contrapone el dolor y la agonía de los moribundos

terminales, que en épocas pasadas, incluso justificó la eutanasia. Hoy día las constituciones modernas

de los Estados de Derecho, así como los Convenios Internacionales de Derechos Humanos, han

venido a darle un contenido insoslayable a estos derechos, obligando al Estado no solo a

respetarlos, sino a buscar los medios idóneos para que se cumplan (…)”. (El destacado no forma parte

del original).

SOBRE LA SITUACIÓN PARTICULAR DEL RECURRENTE: PADECIMIENTO DE UNA ENFERMEDAD

TERMINAL Y LA SUSCRIPCIÓN DE UN PLAN –RENTA PERMANENTE– PARA EL RETIRO EN TRACTOS

MENSUALES DEL ROPC. El tutelado acude en amparo y señala que sufre una enfermedad terminal, por

la cual le fue concedida una incapacidad permanente y fue enviado a su casa a morir, ya que no es

candidato a ningún tratamiento. Alega que, pese a dicha condición, las autoridades de la Operadora de

Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S.A. se negaron a

entregarle la totalidad del dinero correspondiente al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias

y, por el contrario, dispusieron brindarle dicho monto en tractos mensuales de ₡200.000.00 colones.

Afirma el promovente que requiere el referido dinero no sólo para comprar los medicamentos que

necesita actualmente para hacer frente a sus cuidados paliativos, sino también para “cancelar su casa (…)

cubrir sus necesidades y tener calidad de vida en el poco tiempo que (…) queda”. Por consiguiente,

solicita a este Tribunal que intervenga y ordene a los recurridos hacerle entrega de la totalidad del

referido monto.

Sobre el particular, el Gerente de la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco

Popular y de Desarrollo Comunal S.A. informó que luego que el tutelado se pensionó por invalidez

(conforme el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social), en el mes

de noviembre del año 2019 solicitó el retiro total del monto acumulado en el Régimen Obligatorio de

Pensiones Complementarias. No obstante, según igualmente explicó tal autoridad, dicha petición no

pudo satisfacerse en el tanto el amparado no cumple específicamente con lo dispuesto en el ordinal 6°

del Reglamento de Beneficios del Régimen de Capitalización Individual, el que textualmente señala lo

siguiente:

“Artículo 6º- Condición para optar por las modalidades de pensión complementaria

. Los pensionados del

ROP deberán contratar retiros programados, rentas permanentes o rentas vitalicias

siempre y cuando el

cálculo mensual del monto de la pensión a recibir, determinado por un retiro programado personal, sea

igual o mayor a un 10% del monto de la pensión otorgada por el Régimen Básico al que pertenece el

trabajador. De no ser ese el caso, podrán adquirir una de las modalidades de pensión dispuestas en este

Reglamento o, un retiro total del capital para la pensión.

En el caso del RVPC el afiliado o beneficiario podrá adquirir una de las modalidades de pensión

definidas en este Reglamento. Esa elección no estará sujeta a ninguna restricción.” (El destacado no

forma parte del original).

Particularmente, se informó que “(…) De acuerdo al certificado de pensión del régimen IVM de la CCSS,

se determina que el 10% del mismo corresponde a ₡94.515,51 y que el cálculo del retiro programado

personal para este caso es de ₡110.745,14. Dado que éste último excedió el valor del primero,

correspondió suscribir un plan de beneficios y quedó inhabilitado a ejercer el retiro de los recursos en un

solo tracto (…)”.

Asimismo, resulta menester destacar que de los autos se infiere que el recurrente –por las circunstancias

propias de su caso–, no puede optar por las otras excepciones dispuestas en el ordinal 20 y el transitorio

XIII de la Ley de Protección al Trabajador para el retiro total de su dinero, dado que, tal y como se dijo,

se pensionó recientemente y conforme al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense

de Seguro Social.

En virtud del estado de cosas anterior, según indicó el citado gerente, el tutelado debía optar por un

sistema de planes para la entrega del dinero proveniente del ROPC en tractos.

Ahora bien, según se pudo acreditar en autos, el 3 de enero de 2020, el recurrente suscribió con la

operadora de pensiones recurrida el contrato No. 3981, en la modalidad de renta permanente para el

retiro, en tractos, del fondo del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias. Dicho plan de retiro

en tractos (según igualmente se dijo en la supra citada Sentencia No. 2019-12226), se encuentra

regulado tanto en la Ley de Protección al Trabajador, como en el Reglamento de Beneficios del

Régimen de Capitalización Individual. Así, el artículo 25 de la cita ley indica expresamente que “Las

operadoras podrán ofrecer a los afiliados planes de renta permanente en los cuales se entregue a estos el

producto de los rendimientos de la inversión del monto acumulado en su cuenta individual y el saldo se

entregará a los beneficiarios a la muerte del afiliado.”. Asimismo, el ordinal 9° del mencionado

reglamento explica que “La renta permanente consiste en el disfrute, como pensión complementaria, del

monto de los rendimientos generados por la inversión de los recursos del afiliado. La determinación de su

cuantía mensual se establece en la doceava parte de los rendimientos devengados, en la cuenta de

capitalización individual, durante los últimos doce meses. El pago se mantendrá inalterable por doce

meses y corresponderá con la cuantía determinada. Transcurrido el plazo anterior se procederá a

recalcular la cuantía según lo indicado en el presente artículo.”

Este último plan –según lo ha confirmado el Superintendente de Pensiones en este nuevo proceso de

amparo–, lo que pretende es brindar una protección “durante todo el tiempo que la persona se encuentre

con vida”. Nótese que en el supra citado voto del año 2019 se sostuvo (en cuanto a la manera en que se

entrega a todos los beneficiarios en general el dinero correspondiente al ROPC en el tiempo conforme

dicho plan), lo siguiente:

“(…) Renta Permanente. En cuanto a la renta permanente, esta consiste en el disfrute como pensión

Complementaria del monto de los rendimientos generados por la inversión de los recursos del afiliado. La

determinación de su cuantía mensual se establece en la doceava parte de los rendimientos devengados

en la cuenta de capitalización individual, durante los últimos doce meses. El pago se mantendrá

inalterable por doce meses y corresponderá con la cuantía determinada. Cada año se procederá a

recalcular la cuantía de acuerdo con lo que indica el Reglamento de Beneficios y el Acuerdo del

Superintendente de Pensiones SP-A-1 41-2010 (…) Esta modalidad de pensión implica la entrega de los

rendimientos de la inversión del monto acumulado en la cuenta individual. En este caso el cálculo del

pago mensual corresponde a una dozava parte de los rendimientos generados en los últimos doce meses.

En este caso la normativa únicamente define como parámetro la necesidad de determinar los

rendimientos ganados durante los últimos doce meses. El plazo de la pensión complementaria depende

del plazo de la pensión del régimen básico, dado que lo que se busca en este caso es que el pensionado

reciba el beneficio de pensión complementaria hasta su muerte (…)” (El destacado no forma parte del

original).

Partiendo de lo anterior, se logra desprender, con meridiana claridad, que el dinero correspondiente al

ROPC –haciendo uso del citado plan de retiro–, se entrega al beneficiario desde que se pensiona y

cumple los requisitos establecidos sobre el particular, hasta que fallece, sin que exista, en consecuencia,

un límite de edad claramente establecido o definido al efecto y partiendo del hecho que se desconoce la

fecha (al menos aproximada) en que tal evento sucederá.

De este modo, el tutelado, al elegir el referido plan (renta permanente) se sometió a que la totalidad de

su dinero (cuyo monto asciende a los ₡21.668.132,86 colones aproximadamente), le sea entregado

paulinamente, mes a mes, en pequeños tractos de ₡200.340.32 y, bajo la premisa, como se dijo, que su

vida se extenderá por varios años. Todo esto, a su vez, conforme los cálculos y fórmulas emitidas al efecto,

tanto por la operadora de pensiones recurrida como por la SUPEN.

Adicionalmente, es importante destacar que en autos consta que efectivamente el tutelado sufre hoy en

día una grave enfermedad, en virtud de la cual le quedan escasos meses de vida. Nótese que, de

conformidad con la prueba requerida por esta Sala a las autoridades médicas del Hospital San Juan de

Dios, se logró acreditar que al recurrente se le diagnosticó lo siguiente: “síndrome nefrótico, con

enfermedad renal crónica estadio 4, diabético con tripatía, hipertensión arterial, dislipidémico, a quien se

le documentó una masa hepática sólida de 13cm y con lesión satélite de 4 cm sugestivo de lesión

maligna por tomografía” y que, conforme el criterio de la Jefe del Servicio de Oncología Médica del

citado nosocomio, tiene una expectativa de vida de tres a seis meses . Asimismo, se tuvo por demostrado,

según informó dicha autoridad, que, en virtud de la condición actual que presenta el recurrente, no es

posible realizarle algún tratamiento localizado o sistémico, por lo que fue referido para que reciba

solamente cuidados paliativos y de soporte en la Especialidad de Medicina Paliativa y Clínica del Dolor.

Finalmente, conviene señalar –tal y como se dijo en el considerando V de la presente sentencia–, que

aún cuando no se tiene por demostrado que el promovente haya expuesto la referida situación médica

que sufre a las autoridades de la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular

y de Desarrollo Comunal S.A. y que, en atención a esto, haya solicitado el retiro íntegro del monto del

ROPC, lo cierto es que del informe rendido por la citada autoridad y por el Superintendente de Pensiones

se logra colegir que tal argumento no hubiera hecho la diferencia en cuanto a la decisión acordada para

el presente caso, sea, la de no entregar la totalidad de tal dinero. Nótese que, sobre el particular, el

Gerente de dicha operadora señaló categóricamente que “(…) En cuanto a la entrega de los recursos del

Fondo Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) al igual que cualquier otra Operadora

de Pensiones del país, Popular Pensiones, tiene la obligación de respetar las disposiciones normativas de

la Ley 7983 y lineamientos emitidos, debido a que realizar el retiro de los recursos sin cumplir con lo

anterior llevaría a la Operadora a un incumplimiento de la normativa que nos rige, lo cual la expondría a

sanciones o multas por parte de los entes supervisores (…)”. Por su parte, el Superintendente de Pensiones

explicó que la situación planteada en este proceso no se encuentra contemplada en el Reglamento de

Beneficios del Régimen de Capitalización Individual y que, en virtud de dicho vacío legal, es que

recientemente –25 de febrero de 2020–, se propuso ante el CONASSIF una reforma a dicha normativa en

esos términos, sea, para que los enfermos terminales puedan solicitar la totalidad del monto del ROPC.

De este modo, nos encontramos frente a una persona en clara condición de vulnerabilidad como

consecuencia de su estado de salud, con escasos días de vida y a quien se le denegó la entrega del

monto total del ROPC por las razones supra descritas.

EN CUANTO A LA IMPOSIBILIDAD DEL RECURRENTE PARA RETIRAR LA TOTALIDAD DE LOS

FONDOS DEL ROPC: DISPOSICIÓN IRRAZONABLE Y DESPROPORCIONADA. Tal y como se ha podido

observar a lo largo del desarrollo del presente amparo, la Sala Constitucional (desde el año 2014 con el

dictado de la Sentencia No. 2014-3343 de las 15:05 hrs. de 11 de marzo de 2014 y finalmente, de

manera más reciente, con la emisión del Voto No. 2019-12226 de las 09:30 hrs. de 5 de julio de 2019),

ha sido del criterio que el dinero correspondiente al ROPC no puede ni debe ser entregado de manera

total, ya que lo pretende es garantizarle al pensionado el acceso a un monto adicional que le permita

satisfacer sus necesidades básicas en esta nueva etapa de su vida, principalmente durante su vejez.

Según se indicó expresamente en el voto del año 2014, la entrega mensual y prorrateada de los referidos

dineros busca “(…) dotarlos de un ingreso adicional vía pensión para cuando no registren ingresos

ordinarios por salarios y se hayan acogido a la jubilación ordinaria (…)”. Asimismo, en tal ocasión, esta

jurisdicción afirmó que los citados recursos tienen como fin “(…) garantizar la existencia de una pensión

adicional a la del régimen básico que permita elevar la calidad de vida de las personas trabajadoras (…).

Es claro que tales argumentos y aseveraciones fueron vertidos por este Tribunal Constitucional partiendo

del hecho que la persona pensionada podrá vivir y, por ende, disfrutar del monto del ROPC por, al menos,

varios años más.

Ahora bien, en este proceso de amparo, tal y como se señaló y explicó en el considerando

anterior, estamos frente a una persona con muy pocos meses de vida quien no pudo retirar la totalidad del

monto correspondiente al ROPC (por no permitirlo o contemplarlo así el cuerpo normativo que rige la

materia) y a quien se le obligó a suscribir, para tal efecto, un plan para que dicho dinero se le sea

entregado, paulatinamente, en tractos mensuales de 200 mil colones aproximadamente, sin realizarse

distinción alguna y, partiendo de la errada premisa –según está establecida como regla general para

todas las personas–, que vivirá por muchos años más, de modo tal que podrá emplear y disfrutar de tal

dinero durante toda su vejez hasta el día en que fallezca.

Así las cosas, es claro y evidente que la situación del tutelado deviene en atípica, es

absolutamente excepcional y no encuadra, de modo alguno, dentro de los supuestos normales o

estandarizados estatuidos para la entrega prorrateada del monto del ROPC. El fin u objetivo establecido

para la entrega en tractos del monto en cuestión (incluso dentro de un período más corto, según lo dicho

en el citado voto del año 2019) pierde, sin duda alguna, todo sentido en este caso en particular, pues no

tiene cabida pensar en que el amparado podrá utilizar dicho dinero para cubrir sus necesidades de ahora

en adelante y hasta su vejez cuando, tal y como se dijo, los médicos lamentablemente le han

pronosticado muy pocos meses de vida. En otras palabras, la situación extrema y actual que enfrenta el

amparado, quien en cualquier momento puede morir, hace imposible la aplicación de las reglas

generales establecidas por los recurridos para el disfrute del monto del ROPC.

De este modo, nos encontramos nuevamente frente a un caso donde el sistema tajante e

inflexible establecido y utilizado para hacer entrega a todos los solicitantes por igual de los fondos del

ROPC en tractos, se vuelve arbitrario, irrazonable y desproporcionado y, en consecuencia, atenta contra

los derechos fundamentales de quien lo requiere, en este caso, del tutelado, quien ha sido desahuciado

por sus médicos . Conforme esta Sala lo dijo en la ya citada Sentencia No. 2019-12226, los recurridos no

pueden aplicar de manera uniforme y categórica a todos los beneficiarios del ROPC (quienes, además, no

se encuentran en los supuestos de excepción a los alude la Ley de Protección al Trabajador y el artículo 6

del mencionado reglamento), las reglas fijadas para la entrega de dicho monto, sin valorar todos aquellos

aspectos especiales o excepcionales que median en las solicitudes, tal y como ocurre en este caso en

particular.

TOCANTE A LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL ROPC AL TUTELADO EN

RESGUARDO DE SU DERECHO A SOPORTAR CON DIGNIDAD SU ENFERMEDAD. El respeto por la

dignidad y, en este caso en particular, por la dignidad de una persona desahuciada, conlleva a que el

Estado –tal y como se dijo grosso modo en el considerando VII de la presente sentencia–, brinde

asistencia técnica y establezca mecanismos necesarios para que esa condición se respete en todo

momento. Pese a esto, se ha evidenciado que los recurridos, en particular la SUPEN, ha tardado

muchísimos años en poner en ejecución un mecanismo efectivo para atender situaciones como las que

hoy enfrenta el tutelado, siendo hasta hace pocos días, sea, el 25 de febrero de 2020, que ha promovido

una serie de reformas ante el CONASSIF para hacer frente a dicho caso y a otros más donde aun cuando

median circunstancias excepcionales no se puede hacer un retiro íntegro del fondo del ROPC. Reformas

que, claramente, a la fecha, no han sido aprobadas ni puestas en ejecución.

Según ha señalado el recurrente, su deseo es tener acceso a la totalidad del monto del ROPC no

sólo para poder comprar los medicamentos que le han sido prescritos para hacer frente a sus cuidados

paliativos, sino también, para poder cubrir las deudas que posee en su hogar y disfrutar de este dinero en

el poco tiempo que le queda de vida. Atendiendo a tales manifestaciones, considera esta Sala que el

amparado, como cualquier persona, goza de un derecho fundamental a disfrutar, durante los próximos

meses, de calidad de vida y a soportar con esto dignamente la enfermedad que padece. El tutelado tiene

el derecho a pasar los últimos días de vida disfrutando de la totalidad de un dinero que es de su

propiedad y que ahorró por muchos años, invirtiéndolo no solo en la adquisición de medicamentos que le

permitan aliviar sus dolores, sino también en todas aquellas cuestiones que a bien tenga, de modo tal

que pueda atender sus problemas y padecimientos físicos, así como sus problemas o pendientes de índole

personal. Lo que se busca, entonces, es que el recurrente pueda gozar, en la medida de sus posibilidades,

de paz y tranquilidad durante los últimos días que le restan de vida.

COROLARIO. En mérito de lo expuesto, se impone acoger el presente proceso de amparo, con

las consecuencias que se detallarán en la parte dispositiva de la presente sentencia”.

Recientemente mediante sentencia número 2020-009728 de 09:15 horas del 29 de mayo del 2020 esta Sala

indicó:

“

Sobre el caso concreto. En el sub examine, el recurrente aduce que padece de una enfermedad en

fase terminal y en virtud de esto, solicitó ante la Operadora de Pensiones recurrida la entrega de su

pensión complementaria en un solo tracto, debido a que necesita este dinero para comprar medicinas,

alimentos en general para tener una mejor calidad de vida; sin embargo, estos le indicaron que se le

entregaría en tractos de ¢75.423,74 mensuales, lo que estima lesivo de sus derechos fundamentales. La

Operadora recurrida, por su parte, señaló que, en primer lugar, el recurrente no indicó que tenía una

enfermedad terminal cuando realizó su gestión; y en segundo lugar que, recientemente, la

Superintendencia de Pensiones, emitió el oficio No. SP-346-2020 del 23 de marzo de 2020, en donde

instruyó a las Operadoras de Pensiones, en el proceder en cuanto a la entrega de los recursos del ROPC

para los casos en los cuales un afiliado pensionado por invalidez padece una enfermedad terminal

calificada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en donde se indicó: “En aplicación de lo

ordenado por la Sala Constitucional en el voto N°2020-004814, esta Superintendencia les requiere que,

cuando se presenten solicitudes de retiro de los recursos del ROPC por parte de afiliados o pensionados

que padezcan una enfermedad terminal, debidamente calificada por la CCSS, se proceda con la entrega

de la totalidad de dichos recursos en un solo tracto”. Ahora bien, consta que en virtud de la directriz

indicada y con ocasión de la notificación de la resolución de curso de este proceso de amparo, el 14 de

abril de 2020, la Operadora de Pensiones recurrida le solicitó al amparado que presentara los

documentos que acreditaban su enfermedad terminal. Asimismo, se tuvo por acreditado que el 16 de abril

de 2020, el recurrente presentó la certificación de invalidez emitida por la Comisión Calificadora de la

Invalidez de la Caja Costarricense de Seguro Social y en virtud de esto, la Operadora recurrida el 17 de

abril de 2020 depositó al recurrente el monto total del ROPC. Así las cosas, al comprobarse que con

ocasión de la notificación de la resolución de curso de este proceso de amparo, la Operadora de

Pensiones recurrida entregó al amparado el dinero completo que le corresponde por concepto de su

pensión complementaria, el cual le servirá para tener una mejor calidad de vida y adquirir medicamentos,

entre otras cosas, a raíz de su enfermedad, lo procedente en declarar con lugar el recurso, únicamente,

para efectos indemnizatorios, por cuanto la pretensión del amparado fue debidamente satisfecha”.

SOBRE EL CASO CONCRETO: De los informes rendidos por las autoridades recurridas, los cuales son dados bajo la

solemnidad del juramento con las consecuencias legales que ello implica, se desprende que el recurrente es pensionado

por invalidez, tiene 65 años y recibe atención médica en el Hospital de la Anexión. Quedó acreditado que, según

certificado médico número 1357-2020 emitido en fecha 10 de marzo del 2020 el recurrente es portador de carcinoma de

colon T3N1M0, tratado con quimioterapia, estuvo internado del 22 de febrero al 02 de marzo de 2020 por metástasis

hepática de cáncer de colon, se le efectuó segmentectomía hepática y metastasectomía de hígado. Asimismo, se constató

que en fecha 25 de marzo del 2020 el recurrente se apersonó a la Sucursal del Banco Nacional de Costa Rica a solicitar

la entrega del ROP en un solo tracto, debido a la condición médica que vive – a lo cual le indicaron que como

pensionado por invalidez debía acogerse a un plan de beneficios de Retiro Programado o Renta Permanente-. Se verificó

que BN Vital OPC ha establecido dos líneas de acción para realizar el trámite de la entrega del ROP: en la primera etapa

denominada “de asesoría e información al pensionado” se brinda asesoría a los pensionados sobre las disposiciones

legales y reglamentarias vigentes, y la forma esas disposiciones moldean el otorgamiento de los beneficios del ROPC y

determinan las alternativas entre las que pueden escoger cada pensionados para recibir esos beneficios; y la segunda se

procede con el trámite de otorgamiento de la pensión complementaria, para lo cual se le solicita al pensionado llenar y

suscribir los formularios: EB-RE01: Solicitud de cotización de la pensión; EB-RE02: Solicitud de pensión complementaria

y EB-RE03: Comunicado sobre trámite para acogerse a un plan de pensión complementaria. Se comprobó que el caso

del recurrente se encuentra en la etapa de asesoría; siendo que el otorgamiento de la pensión complementario no se ha

ejecutado porque el recurrente no ha suscrito ninguno de los tres formularios y que, mantiene al 31 de marzo del 2020 un

saldo en su cuenta por la suma de ¢7.554.072.23 colones. Quedó probado que, bajo la modalidad de Retiro Programado,

el afiliado tiene derecho a una renta mensual por la suma de ¢41.597.41 en el tanto que, utilizando la modalidad de

Renta Permanente, el afiliado tiene derecho a recibir una renta mensual por el monto de ¢74.370.91. Quedó acreditado

que en fecha 25 de febrero de 2020 mediante oficio SP-248-2020, Álvaro Ramos Chaves Superintendente de Pensiones

le indicó al Presidente, Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero:

“El Consejo Nacional de Supervisión

del Sistema Financiero, según el artículo 6, del acta de la sesión 1499-2019, celebrada el 14 de mayo de 2019, dispuso

remitir en consulta la reforma al artículo 6 del Reglamento de Beneficios del Régimen de Capitalización Individual.

Posterior a esta consulta y producto de un Voto de la Sala Constitucional, la SUPEN se ha visto en la necesidad de

reformular proyecto de modificación, razón por la cual, presentamos el marco conceptual que permita discutir ante el

CONASSIF las propuestas de reforma sobre cuatro temas relacionados con beneficios del Régimen Obligatorio de

Pensiones Complementarias, a saber: Enfermedad Terminal, Pensiones de Huérfanos, Pensiones a Edad Avanzada y

Cambio en el Parámetro del 10% de Referencia a la Pensión del Régimen Básico. De igual forma en este marco

conceptual se propone modificar el artículo 19 del Reglamento de Beneficios, con el fin de clarificar que ante la

inexistencia de beneficiarios establecidos por el régimen básico o designados por el afiliado o pensionado en el

formulario respectivo deberá presentarse un proceso de declaratoria de beneficiarios del trabajador fallecido ante el

Juzgado de Trabajo correspondiente. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el inciso 5) artículo 430 del

Código de Trabajo. Para tal efecto se adjunta la presentación del Marco Conceptual según procedimiento dispuesto por

ese Consejo”. Posteriormente en fecha 23 de marzo del 2020 mediante oficio SP-346-2020 Álvaro Ramos Chaves

Superintendente de Pensiones informó a los Gerentes Generales Operadoras de Pensiones lo siguiente:

“Por medio del

voto N°2020-004814 de las 9 horas y 20 minutos del 10 de marzo de 2020 (documento adjunto), la Sala Constitucional de

la Corte Suprema de Justicia dispuso entregar de forma inmediata la totalidad del dinero correspondiente al Régimen

Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) a un afiliado pensionado por invalidez que padece una enfermedad

terminal calificada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) (…) En aplicación de lo ordenado por la Sala

Constitucional en el voto N°2020-004814, esta Superintendencia les requiere que, cuando se presenten solicitudes de

retiro de los recursos del ROP por parte de afiliados o pensionados que padezcan una enfermedad terminal, debidamente

calificada por la CCSS, se proceda con la entrega de la totalidad de dichos recursos en un solo tracto”

. Se acreditó que

el cáncer de colon que padece el recurrente se encuentra actualmente en un estadio avanzado porque hizo enfermedad

metastásica a hígado –en este momento ya la enfermedad que recurrió fue removida y se encuentra en tratamiento

preventivo de recurrencias a eso se le llama tratamiento adyuvante para evitar que el tumor regrese-. Finalmente se

acreditó mediante una prueba para mejor resolver requerida por esta Sala, que el recurrente fue valorado el 19 de junio

del 2020 por el Dr. Luis Castro Blanco, médico de la COMISION CALIFICADORA DEL ESTADO DE INVALIDEZ DE LA

CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL. De otra parte, no se logró demostrar que al recurrente se le haya

depositado la totalidad de los recursos del ROP ni que el amparado haya completado alguno de los tres formularios que

la entidad bancaria le facilitó para completar la segunda etapa para el retiro del ROP.

En conclusión, es cierto que el

recurrente -portador de carcinoma de colon T3N1M0, tratado con quimioterapia por metástasis hepática de cáncer de

colon- es pensionado por invalidez y que, en fecha 25 de marzo del 2020 le solicitó a la entidad bancaria la entrega del

ROP en un solo tracto -solicitud que a la fecha no ha sido resuelta-. Por su parte, el Gerente General y Apoderado

Generalísimo sin Límite de Suma de BN Vital, Operadora de Pensiones Complementarias, Sociedad Anónima informó

que el recurrente es pensionado por el régimen de invalidez de la Caja Costarricense del Seguro Social y que,

efectivamente el 25 de marzo del 2020 solicitó el retiro total del monto acumulado en el Régimen Obligatorio de

Pensiones Complementarias. Pese a lo anterior, dicha solicitud no pudo satisfacerse en el tanto el amparado no cumple

específicamente con lo dispuesto en los ordinales 6, 8, 9 y 14 del Reglamento de Beneficios del Régimen de

Capitalización Individual. Informó además que, al elegir el recurrente un plan de renta permanente se sometió a que la

totalidad de su dinero (cuyo monto asciende a los ¢7.554.072.23 colones), le sea entregado paulinamente, mes a mes, en

pequeños tractos de ¢74.370.91. Por su parte la Superintendente de Pensiones afirma,

al igual que lo ha hecho en los

supuestos mencionados en la jurisprudencia transcrita, que la situación del recurrente no se encuentra contemplada en el

Reglamento de Beneficios del Régimen de Capitalización Individual y que, en virtud de dicho vacío legal, es que

recientemente –25 de febrero de 2020–, se propuso ante el CONASSIF una reforma a dicha normativa en esos términos,

sea, para que en los casos de Enfermedad Terminal, Pensiones de Huérfanos, Pensiones a Edad Avanzada y Cambio en

el Parámetro del 10% de Referencia a la Pensión del Régimen Básico

, puedan solicitar la totalidad del monto del ROPC.

En resumen, se trata de una persona en condición de vulnerabilidad y a quien se le denegó la entrega del monto total del

ROPC por las razones supra descritas. Ante ese panorama, es posible concluir que la situación del tutelado es

excepcional. De manera que, al estar una vez más, frente a un caso donde el sistema tajante e inflexible establecido y

utilizado para hacer entrega a todos los solicitantes por igual de los fondos del ROPC en tractos, se vuelve arbitrario,

irrazonable y desproporcionado y, en consecuencia, atenta contra los derechos fundamentales de quien lo requiere, se

reitera tal y como se dijo en las sentencias No. 2019-12226 y No. 2020-004814, que los recurridos no pueden aplicar de

manera uniforme y categórica a todos los beneficiarios del ROPC, las reglas fijadas para la entrega de dicho monto, sin

valorar todos aquellos aspectos especiales o excepcionales que median en las solicitudes. Así las cosas, lo procedente es

declarar con lugar el recurso para que, una vez que el recurrente concluya la suscripción de los formularios EB-RE01,

EB-RE02 y EB-RE03, y previo cumplimiento de los requisitos señalados al efecto–, suscriba el plan de su mayor

conveniencia (sea retiro programado o renta permanente), el Gerente de BN Vital, Operadora de Pensiones

Complementarias, Sociedad Anónima, así como la Superintendente de Pensiones procedan

de forma inmediata a

brindarle al amparado la totalidad del dinero correspondiente al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias.

CONCLUSIÓN:

En mérito de lo expuesto, se impone acoger el presente proceso de amparo, con las consecuencias

que se detallarán en la parte dispositiva de la presente sentencia.

DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

: Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento

en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático,

magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo

máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo

aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente

Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo

XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el

Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.