Resolución 08110-2020

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:35 horas del 17 de

abril del 2020, el recurrente interpone recurso de hábeas corpus contra el

JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE PENSIONES ALIMENTARIAS

DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, y manifiesta que interpuso un proceso de

exoneración de pensión presentado el 10 de diciembre de 2018, en el expediente N°

[Valor 002]. Indica que se estaba a la espera de un examen psicológico forense,

que dio a conocer su resultado el 28 de enero de 2020, gracias a un hábeas

corpus interpuesto por él, ya que la resolución de dicho examen duró más de seis

meses y milagrosamente se emitió al presentar el recurso N° 20-001877-0007-CO.

Manifiesta que el examen psicológico dejó claro que su hija no posee ningún

problema de aprendizaje ni psicológico que le haya impedido sacar sus estudios y

que a la fecha posea octavo grado según el expediente. Asegura que la jueza

Elizabeth Picado Arguedas del juzgado recurrido no ejecutó la ley de manera pronta

y cumplida ya que, a la fecha, no ha fallado el incidente. Agrega que al no dictar

sentencia al respecto, se siguen girando órdenes de apremio que atentan contra su

libertad, lo que se agrava con la merma del 50% de sus ingresos debido a la

pandemia del COVID-19. Estima que tales actuaciones resultan violatorias de sus

derechos fundamentales.

Informa bajo juramento Elizabeth Picado Arguedas, en su condición de

Jueza Contravencional y Pensiones Alimentarias de San Rafael de Heredia, que en

ese despacho se tramita demanda alimentaria en la que figuran como beneficiarias

[Nombre 009] y [Nombre 007] ambas [Nombre 008], y como obligado alimentario

el señor [Nombre 001], Expediente [Valor 003]

. En fecha diez de diciembre del

2018, el obligado alimentario presentó proceso de

exoneración en contra de su hija [Nombre 009], argumentando que es mayor de

edad y no cumple los requisitos para mantener su derecho

alimentario. En fecha once de diciembre del 2018, se dio curso a la solcitud de

exoneración. La beneficiaria, fue notificada en fecha 17 de diciembre del 2018, y

contestó oponiéndose a la solicitud de exoneración en fecha 7 de enero del 2019,

posterior al cierre colectivo por Navidad. Mediante resolución de las diez horas

treinta y cinco minutos del once de febrero del 2019, se convocó a las partes a la

audiencia de recepción de pruebas, que se realizó en fecha veinte de febrero del

2019, y en esa misma resolución, se ordenó prueba pericial psicológica para la

beneficiaria [Nombre 009], prueba que fue solicitada, de manera expresa por el

señor [Nombre 001], al entablar su demanda. La cita en Medicatura Forense fue

programada, inicialmente para realizarse el día 13 de agosto del 2019,

por parte de la Sección de Psiquiatría y Psicología Forense; no obstante, la

evaluada no se presentó a la misma, y dado que justificó debidamente su ausencia

ante la entidad evaluadora se le asignó nueva cita para el día 4 de noviembre del

2019, En fecha 21 de enero de este año, el demandado, solicitó a ese Juzgado,

enviar un correo para que informen sobre el peritaje, correo que fue enviado al día

siguiente, por ese Juzgado, y en folio 70 consta la contestación por parte de la

funcionaria Guiselle Sánchez Sánchez, indicando que la elaboración del informe

estaba en la etapa final, correo enviado el día 23 de enero de este año y en ese

mismo día, se informó al señor [Nombre 001], lo indicado por la profesional

correspondiente. Finalmente, en fecha 30 de enero de este año, por vía correo

electrónico, ingresó el dictamen Psicológico Forense, el cual, ya se puso en

conocimiento a las partes, por el término que la ley dispone de acuerdo con lo

estipulado en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación

Judicial. En fecha 12 de febrero de este año, el demandado [Nombre 001] se refirió

al dictamen psicológico que fue practicado a la beneficiaria y en fecha doce de

marzo, el expediente fue pasado a fallo. Para la fecha en que ingresa este recurso de

habeas corpus, la suscrita autoridad, ya estaba abocada a la revisión del expediente

y fue fallado en fecha 22 de abril pasado. Ciertamente, el proceso de exoneración

duró casi poco más de un año en tramitarse y dictarse la sentencia respectiva, pero

lo anterior se debió, fundamentalmente a una pericia psicológica que fue solicitada

por el mismo accionado, la cual duró varios meses, como ya se había informado.

Por otra parte, desde que el proceso fue pasado a fallo y la fecha en que se falló,

transcurrió un mes y doce días, pero como días hábiles solo contamos veintiún

días, ya que estuvo de por medio la Semana Santa; plazo que no puede

considerarse excesivo, considerando que este Juzgado es un juzgado mixto, con

gran cantidad de asuntos por atender, especialmente los procesos de violencia

doméstica, a los que se les da un trato prioritario, por razones obvias. Pero

además, enfrentamos una situación fuera de los normal, cual fue que las dos

semanas previas a la Semana Santa, gran parte del personal de este Juzgado, se

acogió a vacaciones por la emergencia del Covid-19, quedando mermado el

personal y avocado especialmente a resolver beneficios, solicitudes de suspensión

de pago y asuntos de violencia doméstica. A partir del 13 de abril de este año

retomaron la normalidad de las funciones, pero siguiendo las recomendaciones que

emite el Ministerio de Salud y que, desafortunadamente, también implica un retardo

en la atención a las personas usuarias, dado que las dimensiones físicas del

Juzgado, no permite recibir y atender a todas las personas usuarias como

normalmente se hacía. Solicita que se desestime el recurso planteado.

En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones

legales.

Redacta el Magistrado

Salazar Alvarado; y,

Objeto del recurso.

El recurrente manifiesta que interpuso un proceso de

exoneración de pensión el 10 de diciembre de 2018, ante el Juzgado recurrido.

Asegura que la jueza a cargo del proceso, no ejecutó la ley de manera pronta y

cumplida ya que, a la fecha, no ha fallado el incidente. Agrega que al no dictar

sentencia al respecto, se siguen girando órdenes de apremio que atentan contra su

libertad, lo que se agrava con la merma del 50% de sus ingresos debido a la

pandemia del COVID-19.

Hechos probados.

De importancia para la decisión de este asunto, se

estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han

sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo

prevenido en el auto inicial:

a) El tutelado figura como obligado alimentario en el proceso de pensión

alimentaria N° [Valor 003], tramitado en el Juzgado Contravencional y Pensiones

Alimentarias de San Rafael de Heredia (ver informe y prueba adjunta).

b) En fecha 10 de diciembre de 2018, el tutelado presentó un incidente de

exoneración del monto de pensión alimentaria establecido a favor de una de las

beneficiarias (ver informe y prueba adjunta).

c) Por resolución de las 14:39 horas de 11 de diciembre de 2018, el Juzgado

Contravencional de San Rafael de Heredia confirió audiencia al acá tutelado y a la

beneficiaria que se vería afectada con el incidente de exoneración de pensión (ver

informe y prueba adjunta).

d) Contestada la audiencia por las partes, mediante resolución de las 10:38

horas de 11 de febrero de 2019, el Juzgado Contravencional de San Rafael señaló

audiencia de conciliación y/o recepción de prueba, para las 09:00 horas de 20 de

febrero de 2019, fecha en la cual, efectivamente, se realizó. Asimismo, en la

resolución de cita se dispuso un reconocimiento de la beneficiaria por parte de

Medicina Legal del Poder Judicial (ver informe y prueba adjunta).

e) La Sección de Psiquiatría y Psicología Forense de Medicatura Forense

otorgó a la beneficiaria cita de valoración para el 13 de agosto de 2019, lo que le

fue comunicado por parte del Juzgado Contravencional mediante auto de las 11:55

horas de 1 de julio de 2019; empero la evaluada no acudió a la cita, presentando

justificación válida, asignándosele nueva cita para el 20 de noviembre de 2019 fecha

en la que, efectivamente, fue valorada (ver informe y prueba adjunta).

f) En fecha 21 de enero de 2020, el accionante solicitó ante el Juzgado

Contravencional que solicitara a Medicatura Forense la remisión del dictamen

médico legal, siendo que el despacho recurrido realizó la solicitud mediante correo

electrónico de 22 de enero de 2020. Como respuesta a la gestión, mediante correo

de 23 de enero de 2020, la encargada de la evaluación indicó que el informe

correspondiente estaba en la etapa final de redacción, respuesta que le fue

notificada al acá tutelado mediante auto de las 11:18 horas de 23 de enero de 2020

(ver informe y prueba adjunta).

g) El 30 de enero de 2019, por medio de correo electrónico, se remitió el

dictamen psicológico forense, el cual se puso en conocimiento de las partes, por el

término que la ley dispone de acuerdo con lo indicado en el artículo 34 de la Ley

Orgánica del Organismo de Investigación Judicial (ver informe rendido, bajo

juramento, por la autoridad recurrida (ver informe y prueba adjunta).

h) En fecha 12 de febrero de este año, el demandado

[Nombre 001] se refirió

al dictamen psicológico que fue practicado a la beneficiaria (ver informe y prueba

adjunta).

i) El 21 de abril del 2020, se notificó al Juzgado Contravencional y de

Pensiones Alimentarias de San Rafael de Heredia, la resolución de esta Sala, de las

nueve horas y veintisiete minutos del veintiuno de abril de dos mil veinte, que dio

curso al presente Recurso de Hábeas Corpus (ver Sistema Costarricense de

Gestión de Despachos Judiciales).

j) El 22 de abril del 2020, el Juzgado recurrido resolvió el incidente de

exoneración de cuota alimentaria, planteado por el recurrente (ver informe y prueba

adjunta).

Hechos no probados.

No se estiman demostrados los siguientes

hechos de relevancia para esta resolución:

a)

Que la resolución del 22 de abril del 2020, dictada dentro del incidente de

exoneración de la cuota alimentaria planteado por el recurrente, le haya sido

notificada.

SOBRE EL DERECHO A LA PRESTACIÓN ALIMENTARIA.

Este Tribunal ya ha precisado que el derecho a la prestación alimentaria se deriva de

los vínculos familiares que impone ya sea el matrimonio, la patria potestad o bien el

parentesco, y tiene como objeto asegurar al beneficiario alimentario el suministro de

aquellos extremos necesarios para su normal desarrollo físico y psíquico. Así, la

obligación de dar alimentos, tiene sustento tanto en los artículos 51 y 52, de la

Constitución Política, como en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos,

ya que con su satisfacción se le garantiza al acreedor alimentario el disfrute de una

serie de derechos humanos indispensables para su subsistencia y desarrollo

integral, entre los que se incluyen, entre otros, el derecho a la vida, a la salud, a la

vivienda y a la educación (ver en este sentido las sentencias número 2001-07517 de

las catorce horas con cincuenta minutos del primero de agosto del dos mil uno y

2003-15392 de las quince horas con cincuenta y ocho minutos del diecinueve de

diciembre del dos mil tres). Es justamente ese carácter fundamental de la obligación

alimentaria, el que justifica que se prevea la fijación de una pensión provisional

mientras se conoce de una demanda de alimentos -a fin de que los acreedores

alimentarios puedan satisfacer de forma inmediata sus necesidades básicas mientras

se tramita y resuelva la respectiva demanda-, así como que su pago se pueda

garantizar por medio del apremio corporal, conforme a lo establecido en los

artículos 165, del Código de Familia; 21 y 24, de la Ley de Pensiones Alimentarias

(ver en este sentido sentencia número 2003-8604 de las dieciséis horas con cuarenta

minutos del diecinueve de agosto del dos mil tres). En cuyo caso, este Tribunal ha

resuelto que no resulta inconstitucional la orden de apremio corporal dictada por

autoridad judicial competente, contra el deudor que hubiese incumplido su

obligación alimentaria, por así permitirlo la Constitución Política, en el párrafo

segundo, de su artículo

Lo que resulta compatible con lo dispuesto en el

artículo 7, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se refiere al

derecho de la libertad personal, en relación con la detención motivada en deuda, y

al efecto establece:

"

Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de

autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes

alimentarios".

Con fundamento en lo anterior, este Tribunal ha resuelto, de forma reiterada,

que la fijación de una pensión alimentaria responde a la protección de valores

constitucionales y de derechos humanos, que obligan a su pago, inclusive mediante

el apremio corporal (ver en este sentido sentencias número 2794-96 de las doce

horas del siete junio de mil novecientos noventa y seis y 2000-00198 de las diez

horas dieciocho minutos del siete de enero del dos mil). Adicionalmente, cabe

aclarar que esta Sala ha precisado, en su jurisprudencia, que determinar la

procedencia o no de una pensión alimentaria a cargo de una persona, o bien,

establecer su correcto monto, conforme a la adecuada apreciación del material

probatorio existente, implica -en principio- un conflicto de legalidad ordinaria

propio de conocerse y resolverse ante la jurisdicción de familia.

SOBRE EL DERECHO DE PRONTA RESOLUCIÓN.

El artículo

41 de la Constitución Política reconoce el Derecho de Justicia, mismo que debe

otorgarse de forma oportuna y célere, por lo que la Administración tiene la

obligación de garantizar el cumplimiento de justicia pronta y cumplida, lo que se

traduce en que, los administrados, además de tener el derecho de acudir a los

órganos jurisdiccionales para la solución de sus conflictos de interés entre sus

pares, y entre los administrados y los diversos órganos administrativos, tienen el

derecho a que la justicia administrativa decida con diligencia y celeridad los

reclamos planteados por estos. Al respecto, este Tribunal, en Sentencia N°

2007-011794, manifestó:

“(…) La Administración, a la luz del artículo 41 constitucional, tiene la

obligación de garantizarle a la ciudadanía el cumplimiento de la justicia pronta

y cumplida, sin denegación, lo que implica, en el ámbito de la justicia

administrativa, su obligación de decidir con diligencia y celeridad los reclamos

planteados por los administrados, de tal manera que su resolución sea

congruente con los extremos alegados, así como de comunicarles a los interesados

lo dispuesto, todo ello dentro de un plazo razonable. En este sentido, el carácter

“razonable” de la duración de la actividad administrativa se determina

casuísticamente con base en diversos elementos, tales como la complejidad

técnica del asunto administrativo, la amplitud de la prueba por evacuar o el

grado de afectación a la persona o al ambiente del acto impugnado, de lo cual

se infiere que no existe un derecho estricto a la constitucionalización de los

plazos, sino más bien un derecho a que se aplique el control de

constitucionalidad sobre aquellas actuaciones de la Administración, en las cuales

no existan motivos suficientes para justificar el tiempo demorado en la solución

de algún tipo de gestión administrativa(…).”

Asimismo, es importante señalar que, en virtud del artículo 48

Constitucional, se introducen en nuestro ordenamiento las disposiciones de carácter

internacional en materia de protección de los derechos humanos, dentro de los

cuales destaca el contenido del artículo 8, párrafo primero, de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, norma que impone la obligación de que la

administración resuelva las gestiones que presentan los administrados en un tiempo

razonable.

SOBRE EL CASO CONCRETO. En el caso bajo estudio, del

informe rendido por la Jueza Contravencional y Pensiones Alimentarias de San

Rafael de Heredia, el cual se tiene dado bajo juramento, con oportuno

apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de

la Ley de la Jurisdicción Constitucional, así como a partir del elenco de hechos

probados y demás elementos probatorios que obran en autos, se constata que el 10

de diciembre de 2018, el tutelado presentó un incidente de exoneración del monto

de pensión alimentaria establecido a favor de una de las beneficiarias, dentro del

proceso de pensión alimentaria N° [Valor 003], tramitado en ese despacho

jurisdiccional, en el que figura como obligado alimentario. En atención a dicho

incidente, por resolución de las 14:39 horas de 11 de diciembre de 2018, se confirió

audiencia al tutelado y a la beneficiaria que se vería afectada con el incidente de

cita, siendo que, una vez recibidas las contestaciones, por resolución de las 10:38

horas de 11 de febrero de 2019, señaló audiencia de conciliación y/o recepción de

prueba, para las 09:00 horas de 20 de febrero de 2019, fecha en la cual,

efectivamente, se realizó. Asimismo, en la resolución de cita, en atención a solicitud

del propio accionante, se dispuso un reconocimiento de la beneficiaria por parte de

Medicina Legal del Poder Judicial. Dicha valoración fue dispuesta por la Sección de

Psiquiatría y Psicología Forense de Medicatura Forense para el 13 de agosto de

2019, lo que le fue comunicado por parte del Juzgado Contravencional mediante

auto de las 11:55 horas de 1 de julio de 2019. Ahora bien, llegada la fecha de la

valoración, la tutelada no acudió, presentando una justificación válida, según

valoración del juez y de las autoridades de Medicatura Forense. Esto conllevó un

nuevo señalamiento para el peritaje, el cual se efectuó el 20 de noviembre de 2019,

fecha en la que efectivamente fue valorada. El 21 de enero de 2020, el accionante

solicitó ante el Despacho recurrido, que gestionara la remisión del Dictamen

Médico Legal. Como respuesta a la gestión, mediante correo de 23 de enero de

2020, la encargada de la evaluación indicó que el informe correspondiente estaba en

la etapa final de redacción, respuesta que le fue notificada al tutelado mediante auto

de las 11:18 horas de 23 de enero de 2020. El 30 de enero de 2019, por medio de

correo electrónico, se remitió el dictamen psicológico forense, el cual se puso en

conocimiento de las partes, por el término que la ley dispone de acuerdo con lo

indicado en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación

Judicial. El 12 de febrero de este año, el aquí tutelado se refirió al dictamen

psicológico que fue practicado a la beneficiaria, y finalmente, el 22 de abril del

2020, el Juzgado recurrido resolvió el incidente de exoneración de cuota alimentaria,

planteado por el recurrente.

VII.-

Ahora bien, aun cuando la Sala constata que el incidente referido ha

sido tramitado, siguiendo las etapas procesales correspondientes, se aprecia que el

juzgado accionado tardó más de dos meses en emitir la resolución mediante la cual

se resuelve el incidente de exoneración de reiterada cita, desde que el gestionante

contestara la última audiencia otorgada, sin que del informe y la prueba aportada, se

logre acreditar si la resolución fue debidamente notificada al recurrente, aspecto

sobre el cual el informe rendido es omiso. Debe tenerse en cuenta que, desde la

interposición de dicha gestión, transcurrieron casi dieciséis meses, plazo que

evidentemente es excesivo, y supera los límites de lo razonable, por lo que sí ha

existido una dilación evidente en la tramitación. Lo anterior, evidentemente resulta

inaceptable desde la perspectiva del Derecho Constitucional, toda vez que la

omisión descrita produjo una lesión al principio de justicia pronta y cumplida, y

eventualmente podría incidir en la libertad personal del amparado, contenida en el

artículo 37, de la Constitución Política. En efecto, al estar en juego el derecho a la

libertad personal, el criterio de razonabilidad de los plazos necesariamente debe

restringirse, pues lo que se pretende es una valoración lo más célere posible del

juzgador acerca de las gestiones planteadas, lo que parece haber ignorado el

Juzgado recurrido. En ese sentido, debe hacerse notar que la Ley de Pensiones

Alimentarias establece en su numeral 59, un plazo de cinco días hábiles para dictar

la sentencia en estos procesos (de aumento, rebajo y exoneración), a partir de la

evacuación de la prueba, lo cual constituye un parámetro para analizar la

constitucionalidad de la mora, máxime cuando se encuentra en peligro la libertad de

una persona, como se indicó anteriormente. Atinente al sub examine, la Sala,

mediante Sentencia N° 2017-01335 de las 9:40 horas de 27 de enero de 2017,

señaló:

“No obstante, la Sala estima que sí existe una dilación injustificada al

momento de emitir el fallo de primera instancia. Efectivamente, tras la

realización de la audiencia de conciliación y recepción de prueba el 21 de julio

de 2016 transcurrieron 3 meses hasta que se dio el dictado de la sentencia N°

2016002641 de las 8:59 horas del 21 de octubre de 2016, mediante la cual el

Juzgado accionado declaró sin lugar el incidente. La Sala no observa en el

informe rendido o la prueba aportada una justificación para dicha dilación. Si

bien no existe un derecho constitucional a los plazos procesales, por lo que cada

caso de mora judicial debe ser valorado según su propio mérito, lo cierto es que

el artículo 59 de la Ley de Pensiones Alimentarias establece que el plazo para

resolver este tipo de diligencias es de 5 días hábiles a partir de la evacuación de

la prueba, lo que torna irrazonable que dicha actividad se extendiera por 3

meses. En virtud de lo expuesto, la Sala procede a declarar con lugar el

recurso”.

Así las cosas, la Sala estima que el recurso de hábeas corpus debe ser

acogido, pues el Juzgado de Pensiones Alimentarias recurrido, indica que en el

proceso de exoneración y rebajo alimentario en cuestión, se emitió la resolución el

22 de abril pasado; sin embargo, del informe rendido y la prueba aportada, no se

logra acreditar si dicha resolución fue debidamente notificada al recurrente, de

manera que aun no tiene conocimiento de lo resuelto. En consecuencia, por los

motivos señalados, y al haberse constatado la lesión a los derechos fundamentales

del tutelado, lo procedente es declarar con lugar el recurso, como en efecto se

dispone, con las consecuencias que se indicarán en la parte dispositiva de este

pronunciamiento.

DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

. Se

previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como

objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico,

informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías,

estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles

contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será

destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo

dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial",

aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo

XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como

en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N°

43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.