Resolución 19289-2015

1.-

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las

13:29 horas de 11 de marzo de 2015, el accionante solicitó que se declare la

inconstitucionalidad del artículo 48.8 del Código de Familia. La norma se

impugna por infringir el artículo 17.4 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos, así como los principios de autonomía de la voluntad,

igualdad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, razonabilidad y

proporcionalidad; todo lo anterior, en la medida en que la disolución del

vínculo se condiciona a un plazo de separación excesivo y que no está en manos

de los contrayentes.

A efecto

de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta acción de

inconstitucionalidad, el accionante señala que se fundamenta en el proceso de

divorció que se tramita en el Juzgado de Familia de Alajuela bajo expediente

No. 15-000470-0292-FA.

Por

resolución de la Presidencia de la Sala de las 11:17 hrs. de 7 de mayo de 2015,

se le dio curso a la presente acción de inconstitucionalidad.

Ana

Lorena Brenes Esquivel, en su condición de Procuradora General de la República,

rindió el informe de ley. Indicó que la acción no resulta admisible, pues no

reúne varios de los requisitos exigidos por la Ley de la Jurisdicción

Constitucional y la jurisprudencia de este Tribunal, en cuanto a la

admisibilidad de las acciones. Tampoco constituye medio razonable para amparar

el derecho, toda vez que la norma no será aplicada, en los términos cuya

inconstitucionalidad se alega. Recalcó que en el asunto base, el actor alega

que ya tiene los tres años requeridos por la legislación para acceder al

divorcio, para el cual aporta además, dos testigos que declararán sobre este

hecho. Bajo esta inteligencia, es claro que la norma no resultaría un

impedimento para el acceso al divorcio, toda vez que el actor ya cuenta con los

requisitos exigidos, y por lo tanto, lo alegado respecto de la norma no tienen

ninguna trascendencia sobre el caso concreto. Nótese que la

inconstitucionalidad se acusa en razón que en criterio del actor, el exigir

tres años de separación de hecho para acceder al divorcio, constituye una

intromisión en el fuero interno obligando a la parte a permanecer en una

relación de matrimonio sin querer estarlo, situación que no guarda relación con

su caso particular, pues no se vería forzado por la legislación a permanecer

unido en matrimonio al cumplir con los requisitos exigidos. También resulta

prematura, pues el Juzgado de Familia de Alajuela, no se había pronunciado

sobre la admisibilidad del proceso de divorcio, por lo que al no haberse

trabado aún la litis, no existe, técnicamente, un proceso pendiente de

resolución en los términos exigidos por el artículo 75 de la Ley de la

Jurisdicción Constitucional. Ese proceso fue planteado ante el Juzgado de

Familia el 9 de marzo del 2015, y el proceso de acción de inconstitucionalidad

fue incoada el 11 de marzo siguiente, por lo que ese despacho no ha realizado

un análisis de admisibilidad de previo a remitir el expediente a esta Sala.

Recalcó que la jurisprudencia de esta Sala ha advertido que cuando el asunto

base es un proceso jurisdiccional, éste deber ser un proceso admisible bajo las

normas del derecho ordinario para que resulte posible la interposición de la

acción de inconstitucionalidad. Añadió que la Sala ha señalado que para

interponer una acción de inconstitucionalidad sobre la base de un recurso

de amparo es necesario que ese proceso sea admisible (Ver sentencia No.

2014018643 de las 11:30 hrs. de 12 de noviembre de 2014). De ahí que para que

sea admisible la acción, es necesario que el proceso que se invoca como asunto

base, haya superado la fase de admisibilidad, pues de lo contrario, no existe

la certeza que el mismo continuará. Por otra parte, no se cumple, el requisito

sobre la alegación de la inconstitucionalidad en el asunto base. Tal y como se

desprende de la transcripción del alegato de inconstitucionalidad efectuado

ante el Juzgado de Familia, el accionante no señala con claridad los motivos de

inconstitucionalidad que, supuestamente, justifican su parecer. No se señala

ninguna norma violentada, ni se indican con claridad los motivos por los cuales

resulta en criterio del promovente, inconstitucional la norma, por lo que, este

requisito tampoco se satisface. Por último, considera el Órgano Asesor, que la

acción de inconstitucionalidad no se encuentra debidamente fundamentada, tal y

como lo exige el artículo 78 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, pues el

accionante no ha hecho un desarrollo en relación con los principios que se

alegan como violentados, pues se limita a indicarlos sin fundamentar porque se

consideran infringidos. De ahí que la acción no cumple con el requisito

establecido en el artículo 78 de esa Ley. En atención a lo expuesto, recomienda

que se rechace la acción de inconstitucionalidad por no resultar esta

admisible, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 75 y 78 de la Ley

de la Jurisdicción Constitucional. En relación con el plazo para decretar el

divorcio, en la resolución No. 2008-16099 de las 8:34 hrs. de 29 de octubre de

2008, ese Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el que la parejas

que por mutuo acuerdo decidieran divorciarse, tuvieran que esperar hasta que el

matrimonio tuviera tres años, pues obligarlos a permanecer bajo el vínculo

matrimonial, aunque fuera, únicamente, desde el punto de vista formal,

violentaba una serie de situaciones que lesionaban el derecho de los

contrayentes a continuar con su vida sentimental y volver a unirse en

matrimonio e incluso el derecho de los menores a saber quiénes son sus padres

en caso que la esposa diera a luz a un hijo de una pareja distinta a su

consorte antes que el vínculo matrimonial se disolviera. Sin embargo, al

analizar la causal de divorcio por separación judicial, la Sala Constitucional

consideró que en ese caso, no resultaba de aplicación el antecedente

jurisprudencial, por cuanto no se estaba ante una situación similar a la

descrita, toda vez que no existía un acuerdo entre las partes para disolver el

matrimonio. Como lo señala este Tribunal, los efectos de la resolución No.

2008-16099 se circunscriben a los supuestos en los que existe acuerdo de las

partes en terminar la relación marital. No podría extenderse el razonamiento de

esta sentencia, a los casos en los que no existe acuerdo entre las partes, o en

las que es una única parte la que, unilateralmente, desea terminar con el

vínculo matrimonial. Sobre las violaciones alegadas añadió la norma no presenta

el vicio que apunta el accionante. La separación de hecho, según la doctrina

nacional, es la interrupción o ruptura, temporal o definitiva, por voluntad

conjunta, de la comunidad de vida que el articulo 34 del Código de Familia,

impone a los cónyuges sin que se haya declarado el divorcio o la separación

judicial, de hecho no hay cónyuge culpable. Aún en aquellos casos que hayan

tenido su origen en la decisión unilateral de uno de los esposos presupone

siempre la aquiescencia o conformidad; al menos tácita, del otro cónyuge. En

efecto en la separación de hecho no interesa el origen, no importa si los

esposos se han separado amigablemente y de común acuerdo o si uno de ellos,

unilateralmente, abandonó el hogar fruto de una falta o convenida, en tanto

causa objetiva, la separación de hecho tiene la misma significación. Se trata

de una separación por causa objetiva y no de una separación- sanción. Es como

bien lo dice la doctrina, un relajamiento de las obligaciones conyugales que se

da de facto, pues los esposos consienten en vivir en forma separada. Sin

embargo, es claro que esta situación no implica un rompimiento de la relación

marital en todos los casos, ni mucho menos puede presuponer el deseo de ambos

cónyuges de divorciarse. Por ello, y de conformidad con el antecedente que el

propio accionante cita, no se está ante la violación del principio de autonomía

de la voluntad o del principio de igualdad, en los términos en los que se

señala. Insiste que en este caso, no existe una voluntad expresa de la parte de

divorciarse de su cónyuge, por lo que el criterio jurisprudencial que se

solicita aplicar, no resulta atinente en este caso. Adicionalmente, una

solución como la propuesta en esta norma, generaría problemas de seguridad

jurídica, pues cualquier persona, en forma unilateral y sin que su consorte se

entere, podría divorciarse en cualquier momento y alegar, como en el caso

concreto, que no conoce el paradero de su pareja (lo que en caso particular implique

no sea cierto) y que ha existido una separación de hecho para que, de derecho,

se genere el divorcio. La situación se agrava si se toma en consideración que

el accionante solicita que esa demostración de la existencia de la separación

de hecho, se haga con su sólo dicho, con lo cual, existiría una situación casi

unilateral en donde una parte podría llegar a obligar a la otra parte a

divorciarse sin que esta siquiera conozca dicha circunstancia, e incluso sin

que sea cierta. Es evidente que la parte que no desea permanecer unida en

matrimonio tiene el derecho de separarse de su cónyuge y rehacer su vida; sin

embargo, es claro que ese derecho no puede tener una extensión que implique el

desconocimiento completo de los derechos del consorte que no está en esta

circunstancia. De ahí que no se presentan las razones de inconstitucionalidad

apuntadas por la parte. Por lo anterior, este Órgano Asesor recomienda que se

declare inadmisible la acción de inconstitucional.

Los

avisos de Ley fueron publicados en los Boletines Judiciales números 98, 99 y

100 de los días 22, 25 y 26 de mayo de 2015.

En

la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

Redacta

el Magistrado Hernandez Gutierrez; y,

I.-

LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER LA ACCIÓN. En el

artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se establecen los

presupuestos de admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad y se

regulan tres situaciones distintas: en el párrafo primero, exige la existencia

de un asunto pendiente de resolver, sea en sede judicial, incluyendo los

recursos de hábeas corpus o de amparo, o en la administrativa, en el

procedimiento de agotamiento de esta vía, en el que se invoque la

inconstitucionalidad de la norma cuestionada, como medio razonable de amparar

el derecho que se considera lesionado en el asunto principal; y en los párrafos

segundo y tercero, se regula la acción directa -no se requiere del asunto

base-, en los siguientes supuestos: cuando por la naturaleza del asunto no

exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses

difusos, o que atañen en la colectividad en su conjunto; y cuando la acción sea

promovida por el Procurador General de la República, el Contralor General de la

República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes.

La exigencia de la existencia de un asunto pendiente de resolver, establecida

en el párrafo primero de la Ley que rige esta Jurisdicción no constituye un

mero requisito formal, ya que, ha sido interpretada por esta Sala de manera tal

que, no basta la mera exigencia de la existencia de ese asunto, ni la simple

invocación de inconstitucionalidad de la norma impugnada, sino que la acción de

inconstitucionalidad debe constituir “medio razonable para amparar el derecho o

interés considerado lesionado”, tal y como lo dispone la norma en comentario,

es decir, no basta la mera invocación de inconstitucionalidad de la norma

cuestionada, sino que la misma debe ser de aplicación -directa o indirecta- en

el asunto que le da sustento a la acción; tal y como lo ha manifestado en forma

reiterada esta Sala, entre otras, en las sentencias números

199001668, 199304085, 199400798,

199403615-94, 199500851 y 19900791.

II.-

OBJETO DE LA ACCIÓN. El accionante cuestiona la

constitucionalidad del artículo 48.8 del Código de Familia, por considerar que

esa norma vulnera los principios de convencionalidad, supremacía de los

convenios y tratados internacionales, autonomía de la voluntad, seguridad

jurídica, razonabilidad y proporcionalidad, acceso a la justicia e

igualdad.

Dicha

norma textualmente dispone lo siguiente:

“Artículo

Será motivo para decretar el divorcio:

(…)

La separación de

hecho por un término no menor de tres años. (Así adicionado el

inciso anterior por el artículo 2 de la Ley No.7532 del 8 de agosto de 1995

"Adiciona Código de Familia para Regular la Unión de Hecho.

(… )”

III.-

INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN POR NO CONSTITUIR EL ASUNTO BASE MEDIO RAZONABLE

PARA AMPARAR EL DERECHO QUE SE CONSIDERA LESIONADO.

En esta acción de inconstitucionalidad figura como asunto base el proceso de

divorcio que se tramita en el expediente del Juzgado de Familia de Alajuela,

No. 15-000470-0292-FA. En ese proceso, el accionante afirmó que impugna la

norma aunque su representado tiene más de tres años de estar separado de su

cónyuge. Asimismo, señaló que aporta dos testigos para demostrar que se

encuentra en el supuesto de la norma impugnada.

De manera, que consta por la propia manifestación del accionante que su

representado cumple el requisito contemplado en la disposición impugnada.

Así las cosas, lo que se resuelva, eventualmente, en esta

acción, no tendría incidencia alguna en el asunto base

ofrecido, porque el accionante no se encuentra

en el supuesto que se reclama.

Precisamente, por lo anterior, estima este Tribunal Constitucional que este

proceso de control de inconstitucionalidad no es medio razonable para amparar

el derecho que se considera lesionado. Bajo esta inteligencia, la acción

resulta improcedente.-

IV.-

CONCLUSIÓN. Como corolario de lo expuesto, se

impone declarar sin lugar la acción de inconstitucionalidad.