Resolución 15292-2013

1.-

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las catorce horas

veintisiete minutos del 28 de mayo de 2013, el accionante solicita se declare

la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 28 de la Ley de

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, ley número 7472,

de 20 de diciembre de 1994, en cuanto estima que el mismo es contrario a los

principios de razonabilidad, proporcionalidad y libertad de empresa. Sobre el

particular, señala el accionante que la norma impugnada dispone que si el

infractor se niega a pagar la suma establecida por la Comisión Nacional para la

Promoción de la Competencia, respecto de los incisos d) al h) del mismo

artículo, la Comisión certificará el adeudo, lo que constituye título

ejecutivo, para que con base en él se plantee el proceso de ejecución en la vía

judicial, en los términos propuestos por el Código Procesal Civil. Refiere que

la práctica de la Comisión es que una vez dictada la resolución que impone la

sanción, si la empresa sancionada se niega a pagarla –como ocurre

ordinariamente porque la impugna en la vía judicial-, la Comisión, al amparo de

esta norma, acude de inmediato a los tribunales a presentar el respectivo

proceso ejecutivo para cobrar a la empresa sancionada la multa impuesta.

Explica que la tesis de la Comisión es que de acuerdo con el artículo 148 de la

Ley General de la Administración Pública, hay un privilegio de ejecutoriedad

del acto administrativo, y que una vez que las resoluciones son firmes, se

constituyen ejecutorias. Sin embargo, estima que la norma impugnada quebranta

el principio de presunción de inocencia, y señala que los procedimientos

sancionatorios deben respetar la presunción de inexistencia de responsabilidad

del sancionado hasta que esa responsabilidad se demuestre de forma definitiva

en la vía judicial, ya que antes de la declaratoria final de culpabilidad en

sede jurisdiccional, el sancionado administrativamente es titular del derecho

fundamental a la presunción de inocencia, por lo que ninguna sanción

administrativa de este tipo puede ejecutarse antes de su firmeza definitiva.

Así, la demostración de culpabilidad del sancionado administrativo, no adquiere

ejecutividad hasta tanto no sea confirmada por una sentencia pasada con

autoridad de cosa juzgada, porque sólo así desaparece el estado de presunción

de inocencia. Por ello, aduce que la norma impugnada desaplica el principio de

inocencia en la fase ejecutoria del procedimiento administrativo sancionatorio.

Aduce que la previsión legal que permite que la administración ejecute la

sanción por ella impuesta aunque no esté fijada judicialmente de forma definitiva,

convierte a la administración en juez, tal como lo señala la jurisprudencia del

Tribunal Constitucional español, porque le permite dar ejecución inmediata a un

acto administrativo que puede ser impugnado e incluso revocado en la vía

judicial, por lo que es irrazonable que la administración pueda ejecutar

directamente un acto que puede ser revocado en la vía judicial. Señala que esta

norma igualmente quebranta el contenido esencial de la libertad de empresa

considerado en el artículo 46 de la Constitución Política, toda vez que el

Estado no puede dictar leyes ni emitir actos administrativos que obliguen al

empresario a cesar en el ejercicio de su actividad, salvo por razones de

interés público; afirma que también es improcedente que se induzca a los

empresarios a cesar en su ejercicio por causas ajenas al funcionamiento del

mercado, como sucede cuando se produce la ejecución de la sanción prevista en

la norma impugnada, porque en esos casos el capital social se ve limitado sin

tomar en consideración la capacidad de pago de la compañía ni un lucro

razonable. Sobre este aspecto, aduce que existe un derecho a obtener un lucro

razonable, que sea proporcional a la inversión de los recursos de capital y

trabajo realizada en la actividad empresarial, y ese lucro razonable es, en su

criterio, un límite a la potestad legislativa del Estado, de forma tal que la

ley no puede establecer cargas muy onerosas a la operación de un sector

empresarial, que provoque que deje de ser rentable o devenga en ruinoso. Así, el

pago de las multas impuestas de conformidad con la norma impugnada, impediría

que la empresa sancionada pueda obtener un lucro razonable en el ejercicio de

su actividad. Agrega que la sanción prevista en esta norma se basa en un

parámetro de ventas anuales, sin considerar la capacidad de pago de la compañía

para hacer frente a la sanción, al punto que en el caso de la empresa aquí

representada, la multa impuesta y que pretende ejecutar la Comisión es superior

a las utilidades netas. Es por ello que afirma que la disposición que autoriza

el cobro de multas antes que el acto sancionatorio quede firme en la vía

judicial, violenta el contenido esencial del derecho que tiene el titular de

una empresa de no cesar en el giro de su actividad por causas ajenas al mercado.

En cuanto al principio de razonabilidad y proporcionalidad, señala que la

administración está impedida de dictar actos donde no exista una relación

razonable con las ventajas obtenidas, de manera que las limitaciones que se

establezcan no pueden restringir el derecho más allá de lo razonable. En el

caso de la norma impugnada, refiere que la misma no es razonable porque no es

una norma necesaria, ya que la falta de pago de la multa no lesiona intereses

públicos. Aduce que lo que sí impide daños al interés público son las otras

sanciones que se impone a las empresas –como la imposibilidad de variar los

precios de manera arbitraria, o no adquirir otras empresas del segmento-,

porque si esas sanciones no se aplican sí se podría generar daños al mercado. Pero

la imposición y conminación al pago de la multa de la forma prevista por esta

norma, no produce ningún efecto positivo sobre el mercado, por lo que no trae

ningún beneficio al interés público. Asegura que el párrafo impugnado tampoco

es una norma idónea, porque existen otros mecanismos para satisfacer de mejor

manera la finalidad que persigue la sanción, al punto que el cobro de la multa

carece de un efecto correctivo que genere, por ejemplo, una competencia más

libre. Por el contrario, indica, el cobro de esta multa antes de que quede

firme en la vía judicial, obligaría a las empresas sancionadas en algunos casos

a reducir de manera drástica su personal para bajar costos de operación y poder

mantenerse en el mercado. Así, el cobro anticipado de esta multa, como lo

faculta la norma impugnada, conlleva una importante contracción en las

operaciones e inversiones de la empresa sancionada, e incluso, podría generar

el cese total de sus operaciones. En consecuencia, menciona, si la norma no es

necesaria tampoco es razonable, y por tanto, no es constitucionalmente válida.

Agrega que la multa prevista implicaría una descapitalización de la empresa.

Reitera que el cobro de la multa a título de sanción, sin que la misma se

encuentre firme en la vía judicial, no produce ningún beneficio al interés

público, en tanto que sí provoca un perjuicio de difícil y hasta de imposible

reparación para la empresa sancionada, por lo que el cobro de tal multa antes

de la firmeza del acto sancionatorio, tampoco sería proporcional. Concluye en

que si la norma impugnada dista de ser necesaria, idónea y proporcional, la

misma es violatoria de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, por

lo que solicita la declaratoria de inconstitucionalidad de la misma.

2.-

El artículo

9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de

plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación,

cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser

manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de

juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o

reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta el Magistrado Armijo

Sancho; y,

Sobre los presupuestos formales de admisibilidad de la

acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad es un

proceso con requisitos técnicos específicos, que deben ser cumplidos a efecto

de que la Sala logre, de forma válida, conocer el fondo de la impugnación. El

artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional estipula los

presupuestos de admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad; entre estos

se exige la existencia de un asunto base o previo pendiente de resolver, sea en

vía judicial o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se

haya invocado la inconstitucionalidad como medio razonable para amparar el

derecho o interés que se considera infringido. Por su parte, en el párrafo

segundo y tercero de la misma norma, se regula de forma excepcional los

presupuestos en los cuales no se requiere el asunto previo, es decir, cuando

por la naturaleza del asunto no exista una lesión individual y directa, o bien,

se trate de la tutela de intereses difusos o colectivos, o cuando la interpone

de manera directa el Contralor General de la República, el Procurador General

de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los

Habitantes. Sobre la exigencia de un asunto pendiente de resolver, la Sala,

mediante sentencia número 1995-4190, señaló que la acción es «un proceso de

naturaleza incidental, y no de una acción directa o popular, con lo que se

quiere decir que se requiere de la existencia de un asunto pendiente de

resolver -sea ante los tribunales de justicia o en el procedimiento para agotar

la vía administrativa- para poder acceder a la vía constitucional, pero de tal

manera que la acción constituya un medio razonable para amparar el derecho

considerado lesionado en el asunto principal, de manera que lo resuelto por el

Tribunal Constitucional repercuta positiva o negativamente en dicho proceso

pendiente de resolver, por cuanto se manifiesta sobre la constitucionalidad de

las normas que deberán ser aplicadas en dicho asunto; y únicamente por

excepción es que la legislación permite el acceso directo a esta vía

-presupuestos de los párrafos segundo y tercero del artículo 75 de la Ley de la

Jurisdicción Constitucional-». Por tal razón, la exigencia de un asunto

previo pendiente de resolver no configura un mero requisito de forma, pues no

basta con la existencia de un asunto base, ni con la invocación de la

inconstitucionalidad, pues resulta indispensable que la acción constituya un

medio razonable para amparar el derecho o interés que se considera vulnerado, lo

que significa que las normas recurridas deben ser aplicables en el asunto base

–ver, en similar sentido, sentencias números 1990-1668, 1993-408, 1994-798,

1994-3615, 1995-409, 1995-851,1995-4190 y 1996-791-. Por otra parte, es

oportuno indicar que existen otros recaudos técnicos que debe cumplirse, como

por ejemplo, la determinación explícita de las normas impugnadas debidamente

motivadas, con referencia específica de los mandatos y principios

constitucionales que se consideren infringidos, la autenticación mediante

patrocinio letrado del escrito de interposición de la acción y el pago de las

especies fiscales correspondientes, la acreditación de las condiciones de

legitimación -poderes y certificaciones-, así como la certificación literal del

libelo de impugnación, los cuales, en caso de no ser aportadas por los

accionantes, pueden ser prevenidos por la Presidencia de la Sala para su

cumplimiento. En el caso bajo estudio, la Sala aprecia que se cumplen las

formalidades aquí señaladas, toda vez que sí existe un proceso administrativo

en la fase de agotamiento de la vía, se expresa de manera clara y puntual los

aducidos motivos de inconformidad constitucional, se aportan las

certificaciones de personería y del escrito por el que se adujo la

inconstitucionalidad en el asunto previo, el escrito de la acción se encuentra

autenticado y se cancelaron las especies fiscales correspondientes. No

obstante, a pesar del cumplimiento de estas formalidades, la presente acción

debe ser rechazada de conformidad con lo que se indica en los considerandos

siguientes.

II.-

Sobre el objeto de la acción. El accionante indica en el escrito de

interposición de la acción, que la misma se plantea contra el último párrafo

del artículo 25 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del

Consumidor. Sin embargo, vista la norma y valorados los argumentos planteados

por el accionante, es claro que esta acción se dirige contra el último párrafo

del artículo 28 de la ley de cita, pues así se varió la numeración del

articulado de dicha ley mediante el artículo 80 de la Ley de Contingencia

Fiscal, número 8343, de 18 de diciembre de 2002, que traspasó el anterior

artículo 25 al artículo 28 actual. En lo conducente, la norma impugnada señala:

“Artículo

Sanciones

La Comisión para Promover la

Competencia puede ordenar, mediante resolución fundada y tomando en

consideración la capacidad de pago, a cualquier agente económico que infrinja

las disposiciones contenidas en el capítulo III de esta ley, las siguientes

sanciones: (…)

Si el infractor se niega a pagar

la suma establecida por la Comisión para Promover la Competencia, mencionada en

los incisos del c) al k) de este artículo, la Comisión certificará el adeudo,

que constituye título ejecutivo, a fin de que, con mínimo en él, se plantee el

proceso de ejecución en vía judicial, en los términos que se dispone en el

Código Procesal Civil.”

La norma se

impugna en la medida que el accionante estima que permitir la ejecución de la

sanción sin que la misma se encuentra firme incluso en vía judicial, violenta

el principio de inocencia. De igual manera y de forma conexa, porque la

ejecución de una sanción en ese sentido, vulnera la libertad de empresa, y los

principios de razonabilidad y proporcionalidad, porque se trata de una norma

que el accionante considera como no necesaria.

III.-

Sobre los aducidos motivos de inconstitucionalidad. La presunta vulneración del

principio de inocencia. El argumento central del accionante

para el planteamiento de esta acción de inconstitucionalidad, es la presunta

vulneración del principio de inocencia al permitir ejecutar un acto

administrativo que puede impugnarse en la vía judicial y que, como tal, no

estaría en firme aún. Dicho de otro modo, la inconformidad del accionante lo es

con la potestad de la administración de ejecutar los actos administrativos, a

pesar de la posibilidad de ejercer contra los mismos la actividad de

impugnación prevista en el ordenamiento. Es decir, que en definitiva, la

inconformidad central lo es respecto del principio de ejecución del acto

administrativo reconocido a partir de la integración de los artículos 146 y 148

de la Ley General de la Administración Pública, y de amplio tratamiento por la

misma jurisprudencia constitucional. En efecto, mediante sentencia número

2002-928 –definición reiterada, entre otras, por sentencias números 2003-1846,

2004-9338, 2006-11611 y 2006-14905- la Sala ha reconocido la conformidad

constitucional de las normas de cita, y con ellas, del referido principio de

ejecución del acto, señalando que:

“Sobre los efectos de la impugnación del acto administrativo: en

repetidos fallos emitidos por este Tribunal Constitucional se ha manifestado

que los actos administrativos, una vez emitidos por la Administración, son

ejecutivos y ejecutorios. Tales son principios básicos que informan al Derecho

Administrativo y que orientan toda la función pública, y consisten en que una

vez que son decretados los actos por la Administración, ésta puede por sí misma

ejecutarlos, sin necesidad de acudir a las autoridades judiciales (artículo 146

de la Ley General de la Administración Pública), lo cual, en virtud del

artículo 148 ídem implica que la interposición de los recursos ordinarios no

suspende la ejecución de los actos administrativos, a menos que el superior

decida en contrario para evitar perjuicios mayores o de imposible reparación.”

De tal forma, la

Sala reconoce que la potestad que posee la administración para ejecutar los

actos administrativos dista de ser inconstitucional, ya que así lo orientan los

principios del propio derecho administrativo y el debido cumplimiento de la

función pública, sin perjuicio, claro está, que ante la inconformidad del

administrado, pueda gestionarse no sólo la impugnación del acto por las vías

administrativas y judiciales previstas al efecto, sino pretender incluso la

suspensión de la ejecución del acto impugnado, para lo cual el propio

ordenamiento prevé los mecanismos procesales correspondientes dentro de lo que

se ha dado en llamar la «justicia cautelar» -ver, al respecto, sentencias de

esta Sala números 2005-6224 y 2008-17306-. En este sentido, siendo que la

inconformidad principal del accionante lo es con la potestad de que dispone la

administración para ejecutar el acto administrativo –sancionatorio en este

caso-, debe indicársele que de conformidad con lo dicho, dicha potestad resulta

conforme con el Derecho de la Constitución, ya que se encuentra directamente

relacionada con otros principios generales de carácter sistemático, que dentro

de la hermenéutica del ordenamiento evitan contradecir el principio de

inocencia en los términos aducidos por el accionante. En consecuencia, siendo

que sobre este aspecto central ya la Sala se ha pronunciado, sin que existan

razones para variar el criterio expuesto, lo que corresponde es rechazar de

plano la acción en cuanto a este extremo.

IV.-

Sobre la aducida violación a la libertad de empresa, y los principios de

razonabilidad y proporcionalidad. Por otra parte, en cuanto a la

presunta vulneración de la libertad de empresa, y los principios de

razonabilidad y proporcionalidad por la ejecución del acto administrativo

sancionatorio previsto en el artículo 28 de la Ley de Promoción de la

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, la Sala ha tenido ya la

oportunidad de pronunciarse al respecto. En efecto, en la acción de

inconstitucionalidad que se tramitó bajo el número de expediente

11-011512-0007-CO, planteada por el mismo accionante y con similares

argumentaciones a las que ahora se conoce, mediante sentencia número 2013-5692

determinó la Sala que:

“Sobre los alegatos de violación al principio de razonabilidad,

proporcionalidad y a la libertad de empresa.- Teniendo a la vista el resto

de argumentos del accionante, estos resultan inadmisibles, sea porque se trata

de apreciaciones subjetivas o falaces.

Careciendo esta acción del adecuado

respaldo probatorio, puede decirse que resulta improcedente la pretensión de

inconstitucionalidad. Cuando se alegan circunstancias de hecho destinadas a

sostener el alegado derecho que se reclama (como en este caso), y que sirven de

motivo a la inconstitucionalidad que se pretende, es necesario que el

interesado demuestre los supuestos de su acción. Así pues, es necesario que en

este tipo de casos, las acciones contengan elementos de juicio objetivamente

respaldados para poder obtener conclusiones ciertas sobre la existencia o

inexistencia del vicio de inconstitucionalidad que se alega. No basta presentar

cifras contables y datos, sino que la prueba debe ser certera, abundante y

contundente. Por otra parte, conforme con la jurisprudencia, este caso no

presenta las características de ser una situación de irrazonabilidad evidente y

manifiesta que además sea fácilmente perceptible, por lo que la prueba deviene

absolutamente imprescindible para analizar los argumentos del accionante. Pues

tal y como lo ha argumentado reiteradamente esta Sala, no cabe sustentar una

irrazonabilidad en apreciaciones de valor o simples afirmaciones de los

accionantes. Es carga del accionante demostrar, de forma coherente y

consistente y detallada, que producto de la norma, sea procediendo a una multa

desproporcionada en relación a los ingresos de su actividad. Así entonces no se

tiene a la vista prueba suficiente para tener por demostrada la alegada desproporcionalidad,

no se tiene a la vista prueba contundente que acredite que el monto de la multa

pueda ser ruinoso para el sancionado, como lo sería por ejemplo, demostrar que

el monto de la multa es mayor que la ganancia obtenida. En síntesis, dado que el

accionate omite presentar una línea argumentativa respaldada en prueba técnica

que permita hacer el correspondiente análisis de "razonabilidad",

puesto que tal examen no puede hacerse en abstracto o con datos parciales; dado

que para examinar una norma jurídica como posiblemente desproporcionada, habría

que analizar el porcentaje de la riqueza; dado que para todo ello requiere este

tribunal de prueba técnica y partir de alegatos coherentes, lo que se echa de

menos en esta acción, no es posible hacer la confrontación que se propone con

los datos del expediente, por lo que en cuanto a este extremo de la acción ésta

debe rechazarse.

Nótese que el accionante pretende que el parámetro para

calcular la multa contenida en la norma cuestionada sea la renta neta y no como

es, las ventas. Al respecto, no sólo resulta improcedente que esta Sala

determine el parámetro que se debe tomar en cuenta para la imposición de una

multa, sino que resulta razonable que este haya sido respecto de las ventas y

no sobre la capacidad de pago, pues la conducta sancionada está relacionada

justamente con maniobras indebidas o ilícitas que incidieron en las ventas en

el mercado, tales como prácticas monopolíticas y concentraciones prohibidas.

3)

Sobre el argumento que expone el accionante en el sentido de que es prueba de

la desproporción el hecho de haber pagado más monto por la multa que por el

impuesto de renta, nótese que el tema tributario (renta neta) no está en

cuestión, por lo tanto, dicho argumento no guarda relación con lo impugnado. No

le constan a esta Sala, ni tampoco tiene competencia para verificarlo, las

acciones tomadas por el accionante para haber llegado a pagar determinado monto

por impuesto de renta. Ello no prueba la desproporción de la multa, lo único

que prueba es que, luego de las ventas, el accionante pudo realizar los rebajos

correspondientes como para tributar por renta menos del 10% de las ventas

obtenidas.

La razonabilidad y proporcionalidad no es un tema de

conveniencia, así que si al accionante le resultó “inconveniente” la imposición

de la multa contenida en la norma cuestionada, ello no hace la norma

inconstitucional. La proporcionalidad debe medirse con base en el parámetro que

indica la norma (que en este caso corresponde al 10% de las ventas) y no con

base en las consecuencias que ello produce. Los efectos que el accionante

menciona, sobre la reducción de personal y descapitalización de la empresa,

además de ser argumentos intimidatorios y exagerados (cuando indica que ello

tendría repercusiones sobre el interés público y en la economía del país),

olvida que la imposición de toda multa implica una afectación al sancionado, y

en algunos casos hasta una reducción de derechos. Otros mecanismos que puedan

existir para evitar las conductas sancionadas con multa, son tema de política

legislativa, pero en modo alguno demuestran la desproporción. Además, el

supuesto del funcionamiento del mercado es la autonomía de la partes y no el

monitoreo constante, el cual no sólo implicaría gastos administrativos del parte

del ente que debe monitorear, sino que traslada la responsabilidad de quien

verdaderamente la tiene (quien incurre en prácticas prohibidas) al ente que

monitorea.

El razonamiento del accionante resulta falaz cuando argumenta que

la Administración no puede imponer a los titulares de la libertad de empresa

“cargas o condiciones” que hagan imposible o poco rentable el negocio, puesto

que, en este caso, la “carga” (multa) proviene como una consecuencia a un

ilícito, que se impone solamente a quienes incumplen la normativa que regula la

competencias de las empresas. Así que, al contrario de lo que indica el

accionante, la norma en cuestión tiene como fin asegurar la libertad de empresa

y no reprimirla.”

Es clara,

entonces, la identidad de argumentos planteados en aquel momento y los que

ahora nuevamente aduce el accionante, de donde resulta de aplicación plena el

precedente de cita. Nótese que en el caso bajo estudio, el accionante reitera

los argumentos por los que en aquella acción estimó –al igual que ahora- que

las multas previstas en el artículo 28 de la Ley de Promoción de la Competencia

y Defensa Efectiva del Consumidor resultaban violatorias a la libertad de

empresa y a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Si bien en

aquel entonces la inconformidad lo era directamente respecto de las multas

impuestas, en esta nueva oportunidad la inconformidad y los mismos argumentos

los utiliza el accionante pero respecto de la ejecución de esas mismas multas,

de donde resulta clara la vinculación entre un supuesto y el otro que impone,

necesariamente, la misma conclusión de inadmisibilidad. En consecuencia, la

acción debe igualmente ser rechazada por el fondo en cuanto a estos extremos.

En

definitiva, siendo que en el caso bajo estudio ya la Sala se ha pronunciado

respecto de la conformidad constitucional del principio de ejecución de los

actos administrativos, y descartando la aducida vulneración de la libertad de

empresa y los principios de razonabilidad y proporcionalidad, lo que

corresponde es rechazar por el fondo esta acción, como en efecto se dispone.

Voto salvado parcial de los

Magistrados Jinesta Lobo y Rueda Leal, con redacción del

Los

Magistrados Jinesta Lobo y Rueda Leal salvan parcialmente el voto y ordenan dar

curso a la acción, únicamente en cuanto se alega que la norma impugnada

violenta el principio de razonabilidad y proporcionalidad, con fundamento en

las siguientes consideraciones. Estimamos que el asunto sometido a

consideración debe ser admitido, únicamente en tanto se esgrime que el artículo

28 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor

resulta violatorio del principio de razonabilidad y proporcionalidad, toda vez

que como se indicó en la sentencia No. 2013-5692, que se cita como fundamento

para su rechazo en esta ocasión, el Magistrado Rueda Leal salvó el voto

-criterio con el que concuerda el Magistrado Jinesta Lobo- indicando lo

siguiente:

“En esta

acción me separo del criterio de mayoría y la declaro con lugar, por las

razones que a continuación expongo. El numeral cuestionado establece que la

Comisión para Promover la Competencia puede ordenar, mediante resolución

fundada y tomando en consideración la capacidad de pago como sanción una única

multa hasta por el diez por ciento (10%) de las ventas anuales obtenidas por el

infractor en su actividad ordinaria, durante el año fiscal anterior a la

emisión de la resolución final del procedimiento por la Comisión. Al respecto,

concuerdo con la mayoría en que el Estado debe emitir legislación tendente a

tutelar y promocionar el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante

la prevención y prohibición de monopolios, las prácticas monopolísticas y otras

restricciones al funcionamiento eficiente del mercado. Asimismo, coincido en

que las sanciones respectivas no tienen como finalidad únicamente corregir una

falta, sino, además, disuadir a las demás empresas para que no incurran en la

misma falta (efecto preventivo). No obstante, la imposición de multas fuertes

no puede llegar a tal extremo que se amenace la estabilidad financiera de una

empresa y, por ende, el trabajo de sus empleados. Al calcular el monto de la

sanción sobre el 10% de las ventas anuales de la actividad ordinaria del

infractor, se hace abstracción total de la realidad financiera de una empresa,

la cual no depende de dicho volumen de ventas, sino de su renta neta. Esto

puede provocar una sanción contraria al principio de razonabilidad, toda vez

que existen otras vías para imponer sanciones fuertes que no afectan la supervivencia

de la empresa afectada, con el consecuente daño para con sus trabajadores. Al

respecto subrayo que de lo que se trata es de sancionar a una empresa, no de

poner en peligro su existencia. En virtud de lo expuesto, declaro con lugar

esta acción.”

Por consiguiente, y de conformidad con las mismas consideraciones

esbozadas, estimamos que debe ordenarse el curso de la acción, en cuanto a este

aspecto se refiere.