Resolución 13010-2008

Por

escrito recibido en la

Secretaría de la

Sala a las diez horas dieciocho minutos del quince de julio

del dos mil ocho, la recurrente interpone recurso de hábeas corpus contra el

Juzgado de Pensiones Alimentarias y manifiesta que en el proceso de Fijación

Alimentaria expediente número 08-000377-0172-PA seguido en su contra, se han

dictado resoluciones de las veintiún horas dos minutos del primero de abril del

dos mil ocho y de las dieciséis horas y treinta y nueve minutos del cinco de

junio del dos mil ocho, en las cuales, sin ningún tipo de fundamentación ni

razonamientos, se establecen montos provisionales de pensión alimentaria que

debe cancelar, estableciendo en la primera resolución un monto de ochenta mil

colones mensuales y en la segunda una cantidad de ciento cincuenta mil colones

mensuales. Manifiesta que su situación económica no ha cambiado y el Juez

malinterpretó su ingreso real por pertenecer a una sociedad anónima a

pesar de que solo ostenta un puesto solo de papel. Señala que

aparecía como

dueño de una empresa de su hermano y su esposa (situación que

se corrigió en escritura privada y en espera de publicación). Manifiesta

que por el momento no ha perdido la libertad, a base de

limitaciones de lo más básico para poder mantenerse libre. Estima que en

su caso sucedió, que fue mal defendido cuando solamente se debía probar que la

empresa de la cual era presidente y representante legal, no le pertenecía

más, solo en el papel. Alega que el monto provisional fijado

como pensión alimentaria, se ha basado en un hecho que solo era cierto en papel

por cuanto no posee ninguna empresa y solo por el hecho de aparecer en la

empresa denominada Decoraciones Integrales Dekor Sociedad Anónima, lo mantienen

pagando un monto que no corresponde a sus verdaderos medios e ingresos y dada

esa situación, se encuentra indefenso en virtud de dicha confusión.

Agrega que ha insistido en señalar que su hermano y su esposa, son los

dueños de la empresa, quienes tienen dos casas y vehículos nuevos de

lujo y no él como se ha hecho ver. Señala que los dueños de esa empresa

son los señores Ricelly Deliyore Salazar y su hermano materno

Giovanni Carrión Ballestero, tal y como consta en la constitución de la

sociedad y quienes están dispuestos a someterse a cualquier indagatoria o

brindar declaraciones juradas. Indica que se encuentra sin recursos

económicos para lo básico, e incluso ha vendido algunas cosas, ha hecho

préstamos para poder pagar los montos que le han fijado hasta la fecha. Agrega

que aparece como representante legal solamente

mientras se publican los cambios que reflejan la verdad y su nuevo

representante es el señor Marco Antonio Carrión Conejo, padre del señor Carrión

Ballestero, situación que ha sido aprovechada por la demandante,

quien sabe que sus medios no le permiten pagar la cantidad señalada.

Alega que si su caso se devuelve al Juzgado de Pensiones, prácticamente estará

sentenciado a la cárcel, dado que con lo que gana, no sabe hasta

donde podrá mantener su libertad, razón por la que no está de acuerdo con lo

resuelto ya que se ha dictado un monto de pensión provisional sin la debida

fundamentación y eso limita sus derechos.

En escrito de folio 94 se

apersona el recurrente para indicar que aporta pruebas al expediente que

considera de fundamental relevancia para demostrar el malentendido que lo tiene

pagando montos de pensión alimentaria fuera de su alcance. Indica que desde

hace más de un mes se ha desvinculado de la empresa de los señores Carrión y

Delivore para evitar suspicacias y malentendidos. Añade que ofreció como testigos a los dueños de la empresa Dekor para que

declaren sobre la realidad de las cosas así como también aportó un listado de clientes

quienes saben sobre el dueño de la empresa. Agrega que ha presentado

certificados originales del Registro Público en donde se demuestra que no posee

bienes de manera que aunque era presidente en el papel, nunca ha tenido un

control sobre activos y su firma jamás ha estado registrada en cuentas.

Informa bajo juramento Carlos

Eduardo Segura Solís en su calidad de Juez de Pensiones Alimentarias del

Segundo Circuito Judicial de San José (folio 109), que efectivamente en

ese despacho judicial se tramita la causa número 08-000377-0172-PA que es

proceso de fijación alimentaria establecido por Francine Zúñiga Sánchez en su

condición de madre en ejercicio de la patria potestad de la menor Fiorella

Ballestero Zúñiga contra el recurrente. Señala que dentro de ese proceso

se dictó la resolución de las veintiún horas y dos minutos del

primero de abril del

dos mil ocho en la que se fijó una cuota alimentaria provisional de ochenta mil

colones a favor de la menor. Agrega que esa resolución fue recurrida por ambas

partes en el tiempo conferido por la ley oponiéndose ambas partes únicamente en

lo referente al monto de la cuota alimentaria fijada en forma provisional.

Añade que en virtud del recurso de revocatoria

con apelación en subsidio interpuesto por ambas partes, se dictó la resolución

de las dieciséis horas treinta y nueve minutos del

cinco de junio del

dos mil ocho que revocó el monto fijado con anterioridad y estableció la cuota

alimentaria provisional en la suma de ciento cincuenta mil colones.

Señala que en esa resolución se consideró la prueba aportada y se especificó

porqué no se admitían los recursos interpuestos por la parte demandada, con lo

cual se da la debida fundamentación del

caso conforme a derecho. Indica que por no estar de acuerdo el recurrente con

lo resuelto, nuevamente interpuso recurso de revocatoria con apelación en

subsidio contra esa resolución el que se conoció a las diez horas del treinta

de junio del dos mil ocho y se rechazó ese recurso de revocatoria pero se

admitió el recurso de apelación. Considera que en esta resolución también

se hizo fundamentación y ampliación de los motivos por los cuales se rechazó el

recurso de revocatoria. Manifiesta que en este caso concreto no se está

ante un incidente de aumento, rebajo o exoneración de la cuota alimentaria

donde el cambio de la situación económica es relevante, por el contrario, en

este proceso lo que se trata de establecer es cuál es la condición económica y

los ingresos con que cuentan ambos progenitores así como las necesidades

alimentarias de conformidad con el artículo 164 del Código de Familia para

posteriormente fijar una cuota alimentaria definitiva. Agrega que en ningún

momento se ha manifestado que la situación del recurrente haya experimentado

algún cambio como tampoco se ha establecido en forma definitiva cuáles son sus

ingresos. Manifiesta que la fijación provisional que realizó fue de conformidad

con lo que consta en autos y en cuanto a la manifestación del recurrente de que

su puesto de presidente en la sociedad es solo de papel, ello será verificado

con mayor profundidad en el momento del dictado de la sentencia y no en las

resoluciones dictadas hasta la fecha, en las cuales se tomó en cuenta que el

recurrente aparecía como apoderado generalísimo sin límite de suma de la

empresa Dekor Sociedad Anónima. Agrega que efectivamente dentro del

proceso la libertad personal del recurrente no se ha puesto en peligro pues no

se ha firmado a la fecha ninguna orden de apremio por parte de la actora, lo

que implica que ha cumplido con su obligación alimentaria y no se ha

dictado orden de apremio corporal por el despacho. Añade que no le consta que

no cuente con recursos económicos para lo básico en este momento y que tuviera

que vender algunas cosas o haya realizado préstamos, o que la empresa cambiara

de representante legal o que la actora se aprovechara de esa situación.

Manifiesta que a la fecha el expediente se encuentra en el Juzgado de Familia

resolviéndose el recurso de apelación interpuesto por el obligado alimentario

por lo que considera que no se le ha dejado en estado de indefensión. Estima

que no se han vulnerado los derechos del recurrente y por ello pide que

se declare sin lugar el recurso.

4.-

En los

procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Salazar

Cambronero; y,

Cuestión

Previa. No obstante que el recurrente interpuso recurso de amparo, como los hechos

discutidos en este asunto se relacionan con la libertad del accionante lo cual

es materia propia del recurso de hábeas corpus, el proceso debe tramitarse como

tal para tutelar de forma más oportuna la libertad de tránsito del recurrente.

Hechos probados. De importancia para la

decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes

hechos: a) que el siete de marzo del dos mil ocho se interpuso en contra

del recurrente y ante el Juzgado de Pensiones Alimentarias del Segundo Circuito

Judicial de San José, una demanda de pensión alimentaria a favor de la menor

Fiorella Ballestero Zúñiga que se tramita en expediente número

08-000377-0172-PA (ver manifestaciones rendidas bajo juramento de folio 109 y

documento de folio 141); b) que el Juzgado de Pensiones Alimentarias del

Segundo Circuito Judicial de San José mediante resolución de las veintiún horas

dos minutos del uno de abril del dos mil ocho, dio traslado de esta demanda al

recurrente otorgándole audiencia por ocho días, imponiéndole además la

obligación de pagar una cuota alimentaria provisional por la suma de ochenta

mil colones (folio 146); c) que el recurrente presentó recurso de

revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución anterior que decretó

pensión provisional de ochenta mil colones (folio 153); d) que la

actora en el proceso de pensión alimentaria presentó recurso de revocatoria con

apelación en subsidio en contra de la resolución que decretó el monto

provisional de la pensión alimentaria (folio 171); e) que mediante

resolución de las dieciséis horas treinta y nueve minutos del cinco de

junio del dos mil ocho, el Juzgado de Pensiones Alimentarias del Segundo

Circuito Judicial de San José conoció los recursos de revocatoria con apelación

en subsidio que presentaron ambas partes contra la resolución que decretó la

pensión provisional y dispuso aumentar el monto fijado como cuota alimentaria

provisional estableciéndolo en la suma de ciento cincuenta mil colones

mensuales (folio 188); f) que el recurrente solicitó que se elevara al

superior el recurso de apelación que había presentado contra la resolución que

decretó la pensión provisional (folio 193); g) que el recurrente

presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la

resolución de las dieciséis horas treinta y nueve minutos del cinco de junio

del dos mil ocho que incrementó el monto de la pensión alimentaria provisional

(folio 196); h) que el Juzgado de Pensiones Alimentarias del Segundo

Circuito Judicial de San José en resolución de las diez horas del treinta de

junio del dos mil ocho, conoció el anterior recurso de revocatoria que

interpuso el recurrente y dispuso mantener lo resuelto en la resolución impugnada,

elevando el recurso de apelación al superior (folio 198).

Objeto del recurso. Alega el recurrente que

las resoluciones dictadas por el Juzgado de Pensiones Alimentarias que

decretaron la pensión provisional a su cargo en ochenta mil colones mensuales y

la que incrementó ese monto a ciento cincuenta mil colones, carecen de la

debida fundamentación a pesar de que amenazan su derecho a la libertad, por lo

que pide la estimación del recurso.

Sobre el derecho a la

prestación alimentaria. Este Tribunal ya ha precisado que el derecho a la

prestación alimentaria se deriva de los vínculos familiares que impone ya sea

el matrimonio, la patria potestad o bien el parentesco, y tiene como objeto

asegurar al beneficiario alimentario el suministro de aquellos extremos

necesarios para su normal desarrollo físico y psíquico. Así, la obligación de

dar alimentos tiene sustento tanto en los artículos 51 y 52 de la Constitución Política,

como en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ya que con su

satisfacción se le garantiza al acreedor alimentario el disfrute de una serie

de derechos humanos indispensables para su subsistencia y desarrollo integral,

entre los que se incluyen, entre otros, el derecho a la vida, a la salud, a la

vivienda y a la educación (ver en este sentido las sentencias número

2001-07517 de las catorce horas con cincuenta minutos del primero de agosto del

dos mil uno y 2003-15392 de las quince horas con cincuenta y ocho minutos del

diecinueve de diciembre del dos mil tres). Es justamente ese carácter

fundamental de la obligación alimentaria el que justifica que se prevea la

fijación de una pensión provisional mientras se conoce de una demanda de

alimentos -a fin de que los acreedores alimentarios puedan satisfacer de forma

inmediata sus necesidades básicas mientras se tramita y resuelva la respectiva

demanda-, así como que su pago se pueda garantizar por medio del apremio

corporal, conforme a lo establecido en los artículos 165 del Código de Familia,

21 y 24 de la Ley

de Pensiones Alimentarias (ver en este sentido sentencia número 2003-8604 de

las dieciséis horas con cuarenta minutos del diecinueve de agosto del dos

mil tres). Este Tribunal ha resuelto que no resulta inconstitucional la orden

de apremio corporal dictada por autoridad judicial competente, contra el deudor

que hubiese incumplido su obligación alimentaria, por así permitirlo la Constitución Política,

en el párrafo segundo de su artículo

Lo que resulta compatible con lo

dispuesto en el artículo 7 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos, que se refiere al derecho de la libertad personal, en

relación con la detención motivada en deuda, y al efecto establece:

"Nadie será detenido por deudas. Este

principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por

incumplimiento de deberes alimentarios."

Como corolario de lo anterior,

este Tribunal ha resuelto de forma reiterada que la fijación de una pensión

alimentaria responde a la protección de valores constitucionales y de derechos

humanos, que obligan a su pago, inclusive mediante el apremio corporal (ver en

este sentido sentencias número 2794-96 de las doce horas del siete junio

de mil novecientos noventa y seis y 2000-00198 de las diez horas dieciocho

minutos del siete de enero del dos mil).

Sobre el deber de

fundamentar la resolución en que se fija la pensión alimentaria provisional. El deber de todo

órgano jurisdiccional de motivar y fundamentar sus resoluciones -como

derivación del debido proceso y del derecho de defensa-, también abarca a los

procesos de aplicación de la prestación alimentaria. Así, en la sentencia

número 5801-95 de las quince horas seis minutos del veinticuatro de octubre de

mil novecientos noventa y cinco, esta Sala resolvió -en lo que interesa- que:

“(…) las autoridades jurisdiccionales, en cualquier

materia de que se trate, deben respetar el debido proceso y el derecho de

defensa, resolviendo en forma debidamente fundamentada de todas las cuestiones

que le sean sometidas a su conocimiento, especialmente cuando se trate de

admisión o rechazo de pruebas ofrecidas o propuestas por las partes, pues el

ejercicio del poder jurisdiccional no puede considerarse arbitrario, sobre todo

cuando se perjudican los intereses de los involucrados en el proceso. (…) Por

otra parte, la fundamentación de las resoluciones, aún en procesos sumarios

como el de fijación de una obligación alimentaria, permite no obstante conocer

las razones del órgano jurisdiccional y controlar la corrección del criterio en

la vía de alzada”.

Por lo que debe reiterarse que

todo órgano jurisdiccional tiene el deber constitucional ineludible de motivar

y fundamentar debidamente sus decisiones, por lo que debe expresar los motivos

de hecho y de derecho en que se apoya. Y es que la motivación de la resolución

permite conocer los razonamientos que utiliza el juez para resolver los asuntos

sometidos a su conocimiento, con lo que se procura garantizar que sus

determinaciones se sustenten en criterios razonables y objetivos, y se

posibilita, además, que tal decisión pueda ser controlada en alzada. Deber de

fundamentación que tiene particular trascendencia en el supuesto de la

resolución que obliga al pago de una pensión alimentaria -ya sea

provisional o definitiva-, en la medida que su incumplimiento puede

dar base a una eventual orden de apremio corporal, sea, a la privación de

libertad del deudor alimentario que se encuentra en mora en el pago de la

pensión. De allí el deber del órgano jurisdiccional que fija la pensión

provisional de motivar y fundamentar debidamente su resolución. Lo que implica

que la mencionada resolución debe indicar con claridad el monto concreto de

pensión provisional que se impone y la forma en que se debe pagar, así como

contener el correspondiente apercibimiento de que se podrá ordenar apremio

corporal en contra del obligado, si así lo pidiere la parte actora, en caso de

incumplimiento, de conformidad a lo establecido en los artículos 165 del Código

de Familia y 21 de la Ley de Pensiones Alimentarias. Pero, además, dicha

resolución debe contener la descripción y valoración de las alegaciones o del

material probatorio existente hasta ese momento y que sustenta lo resuelto por

el respectivo órgano jurisdiccional, así como expresar las razones por las

cuales éste estima que concurren los presupuestos que justifican su fijación, y

se debe plasmar el juicio de ponderación efectuado por el juez a la hora de

establecer, de forma prudencial, el monto de pensión provisional que procede

fijar para el caso concreto. Juicio de ponderación en que se han de tomar en

cuenta tanto las condiciones de quien tiene a cargo la obligación alimentaria

como de los beneficiarios, lo que supone valorar las posibilidades económicas y

las necesidades de ambas partes de la relación alimentaria, según se desprende

de los artículos 164 y 166 del Código de Familia. Incluso, en la sentencia de

número 300-90 de las diecisiete horas del veintiuno de marzo de mil novecientos

noventa, esta Sala puso de relieve el hecho que normalmente la pensión

provisional se fija prima facie, con la sola demanda de la acreedora o

acreedor alimentario, sin mayores elementos de juicio que los proporcionados

por éste, y sobre todo, sin audiencia ni defensa del demandado, por lo que su

fijación está expuesta a resultar gravemente desproporcionada con respecto a

los recursos y capacidad económica del deudor, con el consecuente gravamen para

su libertad personal ante el riesgo que se decrete su apremio corporal. Por lo

que resulta esencial que dicha resolución pueda ser impugnada; es decir, que se

le reconozca al obligado el derecho a que un tribunal superior examine o

reexamine, por vía de recurso, la legalidad y razonabilidad de lo resuelto, en

resguardo del debido proceso y de su derecho de defensa, reconocidos, entre

otros, en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política y 8 y 25 de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos. De lo que se colige que la falta

de fundamentación de la resolución que fija la pensión provisional no sólo

impide conocer los razonamientos del respectivo órgano jurisdiccional, sino

que, además, limita de forma indebida la posibilidad de cuestionar tales

criterios ante el tribunal de alzada, con lo que se deja al deudor en estado de

indefensión (ver en ese sentido sentencia número 2008-008645 de las diecisiete

horas treinta y seis minutos del veintiuno de mayo del dos mil ocho).

Sobre el caso

concreto. De la relación de hechos probados en este asunto se desprende que

en el proceso por pensión alimentaria que se tramita en contra del recurrente

(expediente 08-000377-0172-PA) el Juzgado recurrido emitió resolución de las

veintiún horas con dos minutos del primero de abril del dos mil ocho, en

la que se le confirió audiencia respecto de la demanda planteada en su contra y

se le impuso, además, una pensión provisional por un monto de ochenta mil

colones mensuales. Como se desprende de los autos, en criterio de este Tribunal

y en atención a las consideraciones externadas supra, es evidente que esta

resolución a pesar de imponer una obligación de magnitud económica para el

recurrente, no fue fundamentada en los términos en que se ha señalado y a

partir de esa decisión, es patente la amenaza respecto de la libertad personal

del recurrente pues en caso de incumplimiento se podría decretar su apremio

corporal. Así, el Juzgado se limitó a fijar la pensión provisional en el

monto de ochenta mil colones mensuales sin que se hiciera indicación alguna, ni

se justificara o razonara, cuáles eran los elementos de convicción que

sustentaban tal decisión, o cuál había sido la ponderación que había efectuado

el juez respecto de las posibilidades o capacidad económica del demandado y las

necesidades de la acreedora alimentaria a efectos de poder fijar, de forma

prudencial, el monto correspondiente. Lo anterior implica una infracción al

debido proceso y al derecho de defensa del amparado, pues éste desconoce cuáles

son las razones de hecho y de derecho que fundamentan la determinación del Juez

y, además, ello le impide el poder cuestionar debidamente tales criterios ante

el Tribunal de alzada.

Posteriormente, al conocerse

recursos de revocatoria con apelación en subsidio que interpusieron ambas

partes dentro del proceso de pensión alimentaria, el Juzgado recurrido en

resolución de las dieciséis horas treinta y nueve minutos del cinco de junio

del dos mil ocho decidió incrementar el monto de la pensión alimentaria

provisional a cargo del recurrente, la cual ahora sería de ciento cincuenta mil

colones mensuales. En esta resolución, si bien hay que reconocer que el

Juzgador hizo alguna valoración sobre las condiciones salariales e ingresos

económicos del recurrente, también es lo cierto que los razonamientos que

planteó son insuficientes para considerar que la resolución esté debidamente

fundamentada, sobre todo si se toma en cuenta que los criterios que expresó el

Juez no tienen un hilo conductor con la decisión posterior que dispuso el

aumento del monto de la pensión provisional a cargo del recurrente pues no se

hace un adecuado análisis de cuáles fueron los elementos de convicción que

sustentaron tal decisión, ni tampoco se hizo una ponderación de las

posibilidades o capacidad económica del demandado y las necesidades de la

actora y la acreedora alimentaria a efectos de poder fijar, de forma

prudencial, el monto correspondiente. Tal situación se repite en la resolución

de las diez horas del treinta de junio siguiente en la que se conoció el

recurso de revocatoria que presentó el recurrente contra la resolución que

aumentó el monto de la pensión alimentaria provisional. En esta resolución de

treinta de junio de los corrientes, aún cuando el Juzgador hace una disertación

un poco más elaborada sobre los ingresos del recurrente y sus condiciones

laborales, lo cierto del caso es que tampoco se establece una relación

consistente entre los ingresos que se acreditaron en el expediente y las

necesidades de la acreedora alimentaria de modo que se justifique el monto de

la pensión alimentaria provisional que se impone ni se hizo tampoco en esta

resolución una indicación, justificación o razonamiento sobre los elementos de

convicción que sustentaban tal decisión.

En razón de lo antes indicado,

procede declarar con lugar el recurso únicamente en cuanto a la falta de

fundamentación de las resoluciones de las veintiún horas dos minutos del primero

de abril, de las dieciséis horas treinta y nueve minutos del cinco de

junio, y de las diez horas del treinta de junio, todas del dos mil ocho en lo

referente a la fijación de la pensión provisional a cargo del amparado, y en

consecuencia, se ordena la anulación de tales resoluciones exclusivamente en

cuanto a ese extremo. Lo anterior sin perjuicio, claro está, que el

Juzgado recurrido pueda emitir nueva resolución debidamente motivada y

fundamentada en la que, de acuerdo con el mérito de los autos, establezca el

monto de pensión alimentaria que considere oportuno y necesario. Se añade que

conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción

Constitucional, la jurisprudencia y precedentes de la jurisdicción

constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma; por ende, todas

las autoridades judiciales que conocen la materia alimentaria deben tomar nota

de lo resuelto en este hábeas corpus, en cuanto a su deber ineludible de

motivar y fundamentar debidamente la resolución en que se obliga al pago de una

pensión alimentaria provisional, por lo que dicha resolución debe contener la

descripción y valoración de las alegaciones planteadas o del material

probatorio existente hasta ese momento y que sustenta lo resuelto, así como

expresar las razones por las cuales el órgano jurisdiccional estima que

concurren los presupuestos que justifican la fijación de la pensión, y se debe

plasmar el juicio de ponderación efectuado por el juez a la hora de establecer

el monto de la cuota alimentaria para el caso concreto, en atención a las

posibilidades económicas y a las necesidades de ambas partes de la relación

alimentaria (ver en cuanto a este punto la sentencia número 2008-008645 de las

diecisiete horas treinta y seis minutos del veintiuno de mayo del dos mil

ocho).

Por lo demás, cabe aclarar que

esta Sala también ha precisado en su jurisprudencia que determinar la

procedencia o no de una pensión alimentaria a cargo de una persona, o bien,

establecer su correcto monto conforme a la adecuada apreciación del material

probatorio existente, implica -en principio- un conflicto de legalidad

ordinaria propio de conocerse y resolverse ante la jurisdicción de familia.

Ahora bien, en este caso en particular, por haberse acogido el presente recurso

de hábeas corpus por falta de fundamentación de las resoluciones que fijaron la

pensión provisional a cargo del recurrente y por los efectos que implica dicha

estimatoria, carece de interés analizar propiamente la proporcionalidad y

racionalidad de esa fijación.-