Resolución 19114-2021

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:18 horas del 22 de julio de 2021, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el ICE. Narra el recurrente [Nombre01 001] que reside en San Ramón de Ario de Cóbano de Puntarenas. Reclama que desde febrero de 2021 se quedaron sin el servicio de telefonía fija, aparentemente por causa del robo de cable. Alega que ese servicio no se ha restablecido, pese a que en el lugar existe infraestructura disponible para red de fibra. Acusa que la problemática ha sido reportada en múltiples ocasiones ante el ICE, verbigracia, el 24 de febrero de 2021, mediante correo electrónico remitido por 186 personas de las diferentes comunidades afectadas, a la presidenta ejecutiva, Irene Cañas Díaz; empero todavía no les brindan respuesta. Refiere que, en su caso, el número de servicio telefónico [Valor 002] sigue suspendido, aun cuando en su casa habita una persona menor de edad y un adulto mayor, y ese es el único medio de comunicación (en la zona no hay cobertura celular) con los servicios de salud de la CCSS y para coordinar los traslados de ambulancia que requieren constantemente. Añade que su hermana [Nombre01 002] es docente y directora de la Escuela de San Ramón de Ario de Cóbano de Puntarenas y necesita estar comunicada con su supervisor, con el personal docente y administrativo, estudiantes y padres de familia. Destaca que todos sus vecinos están incomunicados y no pueden acceder a las consultas médicas vía telefónica, como tampoco a las clases virtuales por la consecuente falta del servicio de internet. Comenta que, en el año 2020, el ICE realizó una inversión para llevar el servicio de fibra óptica hasta la plaza de futbol de la comunidad de Pavón, pero no se está aprovechando. Señala que en las comunidades de San Ramón de Ario, La Esperanza, Pavón y San Pedro rondan las 300 personas afectadas, entre ellas menores de edad y adultos mayores. Aduce que las escuelas y centro de salud de esas comunidades se encuentran incomunicados. Acude a la Sala en protección de sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso, a fin de que se efectúe la instalación del servicio de telefonía fija de voz en las comunidades aludidas, así como de internet.

Mediante resolución de la Sala de las 12:08 horas del 28 de julio de 2021, se dio curso al proceso y se requirió informen el gerente general y el coordinador de la Región Comercial Pacífico Central y Norte GT, ambos del ICE, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

Por escrito incorporado al expediente digital a las 10:01 horas del 5 de agosto de 2021, informa bajo juramento Hazel Cepeda Hodgson, en su condición de gerente general del Instituto Costarricense de Electricidad. Menciona que, de acuerdo con el transitorio II de la Ley General de Telecomunicaciones, se efectuó la apertura del mercado de telecomunicaciones, por lo que el ICE no brinda de manera exclusiva ese servicio. Aclara que esa entidad realiza las acciones necesarias para satisfacer los requerimientos de los interesados, pero no se ha logrado prestar el servicio de internet en todas las zonas del país. Cita jurisprudencia de este Tribunal. Detalla que “Según los sistemas corporativos del ICE, el Sr. [Nombre 001], cédula de identidad número [CED01], no tiene suscrito con el ICE planes fijos a su nombre. Tiene suscrito cuatro planes móviles: un plan Fusión 4G K2 24 meses con el número telefónico Telf01 estado activo, un plan 4G K1 24 meses con el número telefónico Telf02, estado activo, un plan kölbi datos con el número telefónico Telf03, estado suspendido por falta de pago y un plan chip prepago con el número telefónico Telf04, con estado activo y funciona con normalidad. Por su parte, la Sra. [Nombre01 002], cédula de identidad número CED02, no tiene suscrito con el ICE planes fijos a su nombre. Solo tiene suscrito un plan móvil 4G K2 24 meses con el número telefónico Telf05, el cual se encuentra activo y funciona con normalidad. El número [Valor 002] que se indica en el escrito de interposición, se encuentra registrado a Nombre01 de la Sra. Nombre02, cédula de identidad número CED03, instalado en Cóbano, San Ramón de Ario, el cual se encuentra desde el 12 de junio de 2021 en estado de retiro temporal por avería de robo de cable de cobre (RETA)”. Explica que San Ramón de Ario de Cóbano está registrado en la red de telecomunicaciones de la central telefónica n.° 653, Dirección01, mediante tecnología cobre. Aclara que la zona en la que se localiza el n.° [Valor 002] se registra afectación por robo de cable, el cual se especifica de la siguiente manera: “1. El primer evento de robo de cable se registró el 30-04-2019, cable que se sustituyó el 13 de mayo del 2019, quedando los servicios restablecidos y funcionando normalmente.

El segundo evento ocurrió el 17 de julio del 2019, cable que se restituyó el 23 de setiembre del 2019, quedando nuevamente los servicios restablecidos y funcionando normalmente.

El tercer evento se registró el 15 de febrero del 2020 cable que se restituyó el 26 de mayo del 2021, por lo que, se restablecieron los servicios afectados y quedaron en ese momento funcionado correctamente.

El cuarto evento se registró el 09 de julio del 2021, el cual aun no ha sido posible restablecerlo, no obstante, se estima que el servicio [Valor 002] se va a restablecer el 31-10-2021. (Denuncia número 027-19-000319/19-000282-0832-PE/Denuncia número 027-20-000112/20-000100-0832-PE/Denuncia número 027-21-000240/ 21-000205-0832-PE)”. Menciona que las comunidades de San Ramón de Ario, la Esperanza y Pavón de Cóbano se encuentran dentro del alcance de la contratación n.° 001-2017 del Programa Comunidades Conectadas (FONATEL), cuyos servicios de telefonía e internet fija de 3mb se prestan por medio de acceso inalámbrico. Manifiesta que todavía se encuentra pendiente de entrega el sitio Dirección11 (Pachanga, Paquera site 60105-07) que atendería las necesidades de servicio de las comunidades San Ramón de Ario, La Esperanza y Pavón, debido a que la construcción de la infraestructura se vio impactada por situaciones externas al ICE “como por ejemplo permisos municipales, condiciones que han sido debidamente informadas al Fideicomiso SUTEL/BNCR mediante oficios 9071-180-2021 del 18/02/2021 y 9072-639-2021 del 09/07/2021”. Sostiene que los servicios aludidos están suspendidos por hechos de terceros que se han dedicado a desmantelar gran parte de la red de cobre propiedad del ICE, lo que ha obligado, hasta donde ha sido posible técnica y económicamente, la reposición de la red. Refiere que este tipo de recursos no responden a malas actuaciones por parte del ICE, sino a hechos que salen de su control y que afectan la planificación anual del instituto. Señala que, si bien entiende el derecho de los ciudadanos a estar comunicados, no menos cierto es que hay circunstancias ajenas al ICE que imposibilitan la prestación normal de los servicios. Menciona que, en la sentencia n.° 2020-013398 de las 9:15 horas del 17 de julio de 2020, este Tribunal declaró sin lugar un recurso relacionado con la misma zona indicada en el sub lite e indicó: “(…) las 9:05 horas del 7 de octubre de 2016). En consecuencia, esta Sala no logra lograr constatar violación a los derechos fundamentales de los accionantes en cuanto a este punto, pues pudo acreditarse que la razón por la que se suspendió el servicio en cuestión no fue por una decisión arbitraria ni antojadiza del ICE, sino por el contrario, se debe a un problema técnico en virtud del vandalismo que sufrieron por el robo de cable y el cual será reparado según cronograma en agosto de 2021. No obstante, cabe agregar en todo caso, que, si los recurrentes se encuentran disconformes con el servicio brindado por el Instituto Costarricense de Electricidad, lo propio es que, si a bien lo tienen, acudan ante las vías de legalidad respectivas a presentar sus alegatos, o que busquen un nuevo proveedor del servicio en la zona. En consecuencia, lo procedente es desestimar el presente recurso en cuanto a este extremo, como en efecto se hace (…)”. Expresa que el ICE redobla esfuerzos para reestablecer los servicios de los clientes afectados, para lo cual se buscan alternativas de solución en la zona de San Ramón de Ario. Estima que el restablecimiento del servicio [Valor 002] se prevé para el 31 de octubre de 2021. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

Por escrito incorporado al expediente digital a las 10:01 horas del 5 de agosto de 2021, informa bajo juramento Randall Loría Lépiz, en su condición de coordinador de la Región Comercial Pacífico Central y Norte del ICE, que se adhiere en todos los extremos al informe rendido por Hazel Cepeda Hodgson.

En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales, toda vez que, desde febrero de 2021, el servicio de telefonía fija dejó de funcionar en las comunidades de San Ramón de Ario, La Esperanza, Pavón y San Pedro de Puntarenas. Alega que tal situación fue puesta en conocimiento del ICE; empero, a la fecha de interposición de este recurso no se ha reestablecido el servicio aludido. Detalla que, en su caso, el número de servicio telefónico [Valor 002] sigue suspendido, pese a que es el único medio de comunicación que posee. Solicita que se ordene al ICE efectuar la instalación de los servicios de telefonía fija e internet en las comunidades aludidas.

II.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

El recurrente [Nombre01 001] no tiene suscritos con el ICE planes fijos a su nombre; empero, posee cuatro planes móviles. (Ver prueba documental).

La tutelada [Nombre01 002] no posee planes fijos con la parte recurrida; sin embargo, tiene un plan móvil 4G que se encuentra activo y funciona con normalidad. (Ver prueba documental).

El número telefónico [Nombre03 002] se encuentra a Nombre01 de Nombre02 y está instalado en San Ramón de Ario de Cóbano; no obstante, desde el 12 de junio de 2021 se encuentra en estado de retiro temporal por avería de robo de cable. (Ver prueba documental).

El 24 de febrero de 2021, las Asociaciones de Desarrollo Integral La Esperanza de Paquera y de San Ramón de Ario de Cóbano dirigieron el oficio ADISRA-001-2021 a la presidenta ejecutiva del ICE, en el que se informó que en Cóbano y en Paquera se ha producido el robo de cable, lo que afecta la prestación de los servicios de telefonía e internet. Asimismo, se indicó:

“(…) aprovechamos el tiempo para explicar que los pueblos vecinos de las comunidades de La Esperanza, San Ramón de Ario, Pavón y San Pedro que somos comunidades cercanas al Distrito de Cóbano a unos 12 km aproximadamente, por camino de lastre nos encontramos desde el año 2017 sin servicio de Telefonía fija y mucho menos una conexión a internet (…) les solicitamos con todo respeto interponga sus buenos oficios para que a la mayor brevedad posible se nos instale el Sistema de Fibra Óptica en nuestro Distrito y en los pueblos mencionados anteriormente y de no ser así se instale una torre de Telecomunicación en algunos de los poblados, y de esta manera cooperar en conjunto con el desarrollo y bienestar común (…)”. (Ver prueba documental).

El 23 de marzo de 2021, la gerente general del ICE dirigió un memorial a los presidentes de las Asociaciones de Desarrollo Integral La Esperanza de Paquera y de San Ramón de Ario de Cóbano, mediante el que explicó:

“(…) En atención al oficio en referencia, recibido en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), mediante el cual solicitan colaboración para que se realice el desarrollo de fibra óptica en los sitios indicados, para solventar la problemática de incidencia de robo de cable en la comunidad, nos permitimos comunicarles lo correspondiente.

(…) se sugiere instar a los vecinos de la zona para que presenten la solicitud de mejora en los servicios de conectividad ante el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL)”. (Ver prueba documental).

El 4 de agosto de 2021, la Dirección de Desarrollo de Nuevos Negocios del ICE emitió el memorial 9071-693-2021, en el que se explica:

“El poblado de San Ramón de Ario de Cóbano de Puntarenas, se encuentra registrado en la Red de telecomunicaciones de la Central telefónica número 653, Dirección02 mediante tecnología de cobre; no obstante, en la zona específica donde se localiza el N° [Valor 002], se registra afectación por robo de cable reincidente en 4 ocasiones.

• El primer evento de robo de cable se registró el 30-04-2019, cable que se sustituyó el 13 de mayo del 2019, quedando los servicios restablecidos y funcionando normalmente.

• El segundo evento ocurrió el 17 de julio del 2019, cable que se restituyó el 23 de setiembre del 2019, quedando nuevamente los servicios restablecidos y funcionando normalmente.

• El tercer evento se registró el 15 de febrero del 2020 cable que se restituyó el 26 de mayo del 2021, por lo que se restablecieron los servicios afectados y quedaron en ese momento funcionando correctamente.

• El cuarto evento se registró el 09 de julio del 2021 el cual no se ha restablecido.

A continuación, se detallan cada una de las denuncias interpuestas ante el Organismo de Investigación Judicial. Ver anexo 3.

• Denuncia número 027-19-000319/19-000282-0832-PE

• Denuncia número 027-20-000112/20-000100-0832-PE

• Denuncia número 027-21-000240/ 21-000205-0832-PE

Las comunidades indicadas por el recurrente se encuentran provistas en la red de telecomunicaciones por la central telefónica 653 distrito telefónico 004 Pachanga de Cóbano coordenadas geográficas latitud 9.75058, longitud -85. 09203, en esa localización se tiene instalado un equipo que brinda servicios triples play (voz, datos y televisión), el equipo por su tecnología está asociado a la central telefónica (653) Cóbano mediante un enlace de fibra óptica, sin embargo, la conexión hacia los clientes es por medio de red de cobre (200 pares telefónicos), no obstante, se tiene problemas de robo de cable en las localidades de San Ramón de Ario y Pavón en Cóbano de Puntarenas, se ha repuesto la infraestructura vandalizada en 3 ocasiones y actualmente ya se encuentra robada por cuarta vez en el sector de Bajos de Ario (el sector de Pavón si se encuentra en servicio). Los sectores de La Esperanza y San Pedro de Cóbano se encuentran sin servicio desde el 17-07-2019 con un total de 6 km de cable de cobre robado de 70 pares en calibre 0.9 mmm.

El robo de cable le impone al ICE una necesidad de reposición de redes que no se encuentran planificadas ni presupuestadas, lo que dificulta la atención inmediata de las zonas que son objeto de robo de cable, actualmente se buscan alternativas de solución en la zona de San Ramón de Ario, por lo que se estima posible restablecer el servicio [Valor 002] el 31-10-2021

La comunidades (sic) de San Ramón de Ario, La Esperanza y Pavón de Cóbano de Puntarenas se encuentra dentro del alcance de la contratación N° 001-2017 Programa Comunidades Conectadas (FONATEL); cuyos servicios de telefonía e internet fija de 3mb se prestan por medio de acceso inalámbrico, no obstante, todavía se encuentra pendiente de entrega el sitios (sic) 4G (Pachanga, Paquera site 60105-07) que atendería las necesidades de servicio de las comunidades San Ramón de Ario, La Esperanza y Pavón, debido a que la construcción de la infraestructura se vio impactada por situaciones externas, como por ejemplo, permisos municipales, que salen del control del ICE, condiciones que han sido debidamente informadas al Fideicomiso SUTEL-BNCR mediante el oficio N° 9071-180-2021 del 18/02/2021 y 9072-639-2021 del 09/07/2021”. (Ver prueba documental).

Al momento de interposición de este recurso, los vecinos de San Ramón de Ario, La Esperanza y San Pedro de Puntarenas continúan sin recibir la prestación del servicio de telefonía por parte del Instituto Costarricense de Electricidad. (Hecho incontrovertido).

Las autoridades del ICE señalan que la fecha programada para restablecer la prestación de servicios de telefonía fija en San Ramón de Ario de Puntarenas es para el 31 de octubre de 2021. (Ver prueba documental e informe rendido bajo fe de juramento por la autoridad recurrida).

HECHO NO PROBADO. No se estima como debidamente demostrado el siguiente hecho de relevancia para la resolución de este asunto:

Que el ICE sea el único prestador de internet en San Ramón de Ario, La Esperanza, Pavón y San Pedro de Puntarenas.

Que la parte accionante haya requerido ante otras empresas diferentes al Instituto Costarricense de Electricidad la prestación del servicio de internet.

SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la parte recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales, toda vez que, desde febrero de 2021, el servicio de telefonía fija dejó de funcionar en las comunidades de San Ramón de Ario, La Esperanza, Pavón y San Pedro de Puntarenas. Alega que tal situación fue puesta en conocimiento del ICE; empero, a la fecha de interposición de este recurso no se ha reestablecido el servicio aludido. Detalla que, en su caso, el número de servicio telefónico [Valor 002] sigue suspendido, pese a que es el único medio de comunicación que posee. Solicita que se ordene al ICE efectuar la instalación de los servicios de telefonía fija e internet en las comunidades aludidas.

La Sala tiene por demostrado que el recurrente [Nombre01 001] no tiene suscritos con el ICE planes fijos a su nombre; empero, posee cuatro planes móviles, mientras que, respecto a la tutelada [Nombre01 002], se observa que no posee planes fijos con la parte recurrida; sin embargo, tiene un plan móvil 4G que se encuentra activo y funciona con normalidad. Por su parte, en la especie se verifica que el número telefónico [Valor 002] se encuentra a Nombre01 de Nombre02 y está instalado en San Ramón de Ario de Cóbano; no obstante, desde el 12 de junio de 2021 se encuentra en estado de retiro temporal por avería de robo de cable.

De la prueba se desprende que, el 24 de febrero de 2021, las Asociaciones de Desarrollo Integral La Esperanza de Paquera y de San Ramón de Ario de Cóbano dirigieron el oficio ADISRA-001-2021 a la presidenta ejecutiva del ICE, en el que se informó que en Cóbano y en Paquera se ha producido el robo de cable, lo que afecta la prestación de los servicios de telefonía e internet. Asimismo, se indicó: “(…) aprovechamos el tiempo para explicar que los pueblos vecinos de las comunidades de La Esperanza, San Ramón de Ario, Pavón y San Pedro que somos comunidades cercanas al Distrito de Cóbano a unos 12 km aproximadamente, por camino de lastre nos encontramos desde el año 2017 sin servicio de Telefonía fija y mucho menos una conexión a internet (…) les solicitamos con todo respeto interponga sus buenos oficios para que a la mayor brevedad posible se nos instale el Sistema de Fibra Óptica en nuestro Distrito y en los pueblos mencionados anteriormente y de no ser así se instale una torre de Telecomunicación en algunos de los poblados, y de esta manera cooperar en conjunto con el desarrollo y bienestar común (…)”. En consecuencia, el 23 de marzo de 2021, la gerente general del ICE dirigió un memorial a los presidentes de las Asociaciones de Desarrollo Integral La Esperanza de Paquera y de San Ramón de Ario de Cóbano, mediante el que explicó: “(…) En atención al oficio en referencia, recibido en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), mediante el cual solicitan colaboración para que se realice el desarrollo de fibra óptica en los sitios indicados, para solventar la problemática de incidencia de robo de cable en la comunidad, nos permitimos comunicarles lo correspondiente. (…) se sugiere instar a los vecinos de la zona para que presenten la solicitud de mejora en los servicios de conectividad ante el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL)”.

Asimismo, se acredita que, el 4 de agosto de 2021, la Dirección de Desarrollo de Nuevos Negocios del ICE emitió el memorial 9071-693-2021, en el que se explica: “El poblado de San Ramón de Ario de Cóbano de Puntarenas, se encuentra registrado en la Red de telecomunicaciones de la Central telefónica número 653, Dirección02 mediante tecnología de cobre; no obstante, en la zona específica donde se localiza el N° [Valor 002], se registra afectación por robo de cable reincidente en 4 ocasiones. • El primer evento de robo de cable se registró el 30-04-2019, cable que se sustituyó el 13 de mayo del 2019, quedando los servicios restablecidos y funcionando normalmente. • El segundo evento ocurrió el 17 de julio del 2019, cable que se restituyó el 23 de setiembre del 2019, quedando nuevamente los servicios restablecidos y funcionando normalmente. • El tercer evento se registró el 15 de febrero del 2020 cable que se restituyó el 26 de mayo del 2021, por lo que se restablecieron los servicios afectados y quedaron en ese momento funcionando correctamente. • El cuarto evento se registró el 09 de julio del 2021 el cual no se ha restablecido.

A continuación, se detallan cada una de las denuncias interpuestas ante el Organismo de Investigación Judicial. Ver anexo 3. • Denuncia número 027-19-000319/19-000282-0832-PE • Denuncia número 027-20-000112/20-000100-0832-PE • Denuncia número 027-21-000240/ 21-000205-0832-PE

Las comunidades indicadas por el recurrente se encuentran provistas en la red de telecomunicaciones por la central telefónica 653 distrito telefónico 004 Pachanga de Cóbano coordenadas geográficas latitud 9.75058, longitud -85. 09203, en esa localización se tiene instalado un equipo que brinda servicios triples play (voz, datos y televisión), el equipo por su tecnología está asociado a la central telefónica (653) Cóbano mediante un enlace de fibra óptica, sin embargo, la conexión hacia los clientes es por medio de red de cobre (200 pares telefónicos), no obstante, se tiene problemas de robo de cable en las localidades de San Ramón de Ario y Pavón en Cóbano de Puntarenas, se ha repuesto la infraestructura vandalizada en 3 ocasiones y actualmente ya se encuentra robada por cuarta vez en el sector de Bajos de Ario (el sector de Pavón si se encuentra en servicio). Los sectores de La Esperanza y San Pedro de Cóbano se encuentran sin servicio desde el 17-07-2019 con un total de 6 km de cable de cobre robado de 70 pares en calibre 0.9 mmm.

El robo de cable le impone al ICE una necesidad de reposición de redes que no se encuentran planificadas ni presupuestadas, lo que dificulta la atención inmediata de las zonas que son objeto de robo de cable, actualmente se buscan alternativas de solución en la zona de San Ramón de Ario, por lo que se estima posible restablecer el servicio [Valor 002] el 31-10-2021

La comunidades (sic) de San Ramón de Ario, La Esperanza y Pavón de Cóbano de Puntarenas se encuentra dentro del alcance de la contratación N° 001-2017 Programa Comunidades Conectadas (FONATEL); cuyos servicios de telefonía e internet fija de 3mb se prestan por medio de acceso inalámbrico, no obstante, todavía se encuentra pendiente de entrega el sitios (sic) Dirección11 (Pachanga, Paquera site 60105-07) que atendería las necesidades de servicio de las comunidades San Ramón de Ario, La Esperanza y Pavón, debido a que la construcción de la infraestructura se vio impactada por situaciones externas, como por ejemplo, permisos municipales, que salen del control del ICE, condiciones que han sido debidamente informadas al Fideicomiso SUTEL-BNCR mediante el oficio N° 9071-180-2021 del 18/02/2021 y 9072-639-2021 del 09/07/2021” (la negrita fue incorporada).

Igualmente, se constata que, al momento de interposición de este recurso, los vecinos de San Ramón de Ario, La Esperanza y San Pedro de Puntarenas continúan sin recibir la prestación del servicio de telefonía por parte del Instituto Costarricense de Electricidad. Al respecto, las autoridades del ICE señalan que la fecha programada para restablecer la prestación de servicios de telefonía fija en San Ramón de Ario de Puntarenas es para el 31 de octubre de 2021.

Finalmente, de los autos no se colige que el ICE sea el único prestador de internet en San Ramón de Ario, La Esperanza, Pavón y San Pedro de Puntarenas. Asimismo, en la especie no se acredita que la parte accionante haya requerido ante otras empresas diferentes al Instituto Costarricense de Electricidad la prestación del servicio de internet.

En virtud de lo expuesto, es procedente citar lo consignado en la sentencia n.° 2021-003928 de las 9:30 horas del 26 de febrero de 2021:

“IV.- Sobre el caso concreto. Los recurrentes, quienes son vecinos de San Luis de Kooper de Aguas Zarcas de San Carlos, aducen que, desde finales de octubre de 2020, con ocasión del robo de cable de cobre en la zona, se quedaron sin los servicios de telefonía fija e internet que les proveía el ICE. Acotan que, pese a haber denunciado la situación ante el ICE, los servicios aludidos no se les han reestablecido aún. Solicitan que el ICE les reinstale los servicios aludidos y que lo haga utilizando la tecnología de fibra óptica, a efectos de impedir que se vuelva a repetir el robo de cable de cobre.

En un primer orden de ideas, es menester indicar que excede las competencias de esta Sala determinar la tecnología a través de la cual el ICE (o cualquier otra operadora de servicios análogos a los prestados por el ICE) debe brindar sus servicios, ya sea mediante cable de cobre, fibra óptica o cualquier otra. Por consiguiente, las inconformidades sobre este extremo deben ser planteadas, si a bien se tiene, ante las vías de legalidad ordinarias.

Sobre la interrupción del servicio de telefonía fija por parte del ICE. Del estudio de los autos, se acredita que, en efecto, la zona de Kooper de Aguas Zarcas de San Carlos sufrió la suspensión del servicio de telefonía fija debido a que en la localidad de Altamira, Dirección03, Dirección04, cajas A01-A10, B01- B09, se perpetraron robos de cable de cobre el 30 de octubre y 6 de noviembre, ambos de 2020, hechos que fueron denunciados ante el Organismo de Investigación Judicial (denuncia n.° 20-001704-0065-PE del 30 de octubre de 2020 y n.° 20-001752-0065-PE del 6 de noviembre de 2020). Se comprueba que la interrupción del servicio fue reportada por los usuarios al sistema de averías del ICE (número de teléfono Telf16) el 7 y 14 de noviembre de 2020 y, en ambos casos, se les indicó inmediatamente a los abonados que la avería se debía al robo de cable. En este contexto, se verifica que los recurrentes Nombre04, Nombre05, Nombre06 y Nombre07 tienen un servicio telefónico fijo a su Nombre01 en Kooper de Aguas Zarcas de San Carlos; sin embargo, tal servicio se encuentra actualmente en estado de retiro temporal (RETA) por el robo de cable de cobre en la zona. Sin embargo, el accionante Nombre08 no aparece registrado como abonado del servicio de telefonía fija brindado por el ICE. Asimismo, se comprueba que el distrito de Aguas Zarcas de San Carlos no se encuentra incluido dentro del Proyecto FONATEL, concurso 4-2013.

Ahora bien, en su jurisprudencia, esta Sala ha señalado reiteradamente que el servicio de telefonía fija califica como un servicio público básico regido por los principios de continuidad, regularidad, eficiencia, eficacia, igualdad y universalidad y que el ICE, en su condición de único proveedor autorizado en virtud del artículo 121, inciso 14, de la Constitución Política, no puede denegar válidamente su prestación, por lo que, en casos de interrupción del servicio por situaciones ajenas a la institución -verbigracia, el robo de cable de cobre-, el ICE está en la obligación de reestablecer prontamente el servicio. En este sentido, en sentencia n.° 2021-1793 de las 9:20 horas del 29 de enero de 2021, este Tribunal Constitucional indicó:

“IV.- SOBRE EL CARÁCTER PRESTACIONAL Y ESENCIAL DEL SERVICIOS TELEFÓNICO BÁSICO TRADICIONAL. Esta Sala en la Sentencia N°2015-3920 de las nueve horas cinco minutos del 20 de marzo de 2015, se refirió al servicio telefónico fijo de la siguiente manera: “En el marco del Estado Social y Democrático de Derecho resulta de especial relevancia la administración prestacional, esto es, la prestación efectiva a los administrados y ciudadanos, de servicios públicos para erradicar las desigualdades reales, satisfacer una serie de necesidades colectivas y establecer las condiciones para el ejercicio de una serie de derechos fundamentales. Al respecto, este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “(…) en el contexto del Estado Social y Democrático de Derecho, las administraciones públicas lejos de cumplir un rol pasivo o de limitación tendente a propiciar, única y exclusivamente, el ejercicio individual de los derechos fundamentales, tienen un deber prestacional y asistencial en aras de procurarle a todas las personas que conforman la comunidad una esfera vital mínima y, desde luego, de erradicar todos los obstáculos e impedimentos para el logro de una igualdad real y efectiva entre éstas. Ese deber les impone a los órganos y entes públicos que componen la organización administrativa prestar, según los principios de la igualdad, universalidad, continuidad, eficiencia y eficacia, una serie de servicios públicos indeclinables y, por consiguiente, asumir una actitud positiva y proactiva frente a los administrados (…)” Sentencia No. 2794-2003 de las 14:52 hrs. de 8 de abril de 2003.

Precisamente, dentro de esa gama de servicios públicos de interés general, encontramos el servicio telefónico fijo. Incluso, esta Sala ha reconocido, con anterioridad, que el agua, la luz y el teléfono son servicios básicos derivados del derecho a la salud y a la vida, por lo que merecen protección no solamente del Estado sino, también, de los particulares (ver sentencias Nos. 1996- 00634 de las 13:21 horas del 2 de febrero de 1996 y 10081-2008 de las 18:45 horas de 17 de junio de 2008). Ahora bien, dentro de los principios fundamentales que inspiran los servicios públicos destacan la continuidad, regularidad, eficiencia, eficacia, igualdad y universalidad, estos dos últimos suponen que todos los potenciales usuarios deben tener las mismas facilidades para acceder a la prestación efectiva de un servicio público sin que sea posible su denegación y que la demanda del servicio debe ser cubierta eficiente y eficazmente. Este Tribunal Constitucional, a partir de los Votos Nos. 5207-04 de las 14:55 horas del 18 de mayo de 2004 y 7532-04 de las 17:03 horas de 13 de julio de 2004, ha reconocido el derecho fundamental de los administrados al buen funcionamiento de los servicios públicos, el cual ha sido inferido a partir de los numerales 140, inciso 8°, 139, inciso 4° y 191 de la Constitución Política. Para hacer efectivas las cláusulas social y democrática, es menester que los servicios públicos atiendan la demanda de todos los administrados, sin poder alegarse razones presupuestarias o bien, limitaciones técnicas, que pueden enervar el goce y ejercicio de los derechos fundamentales inherentes o asociados a la prestación efectiva de un servicio público, tal como la libertad de comunicación. En el estado de cosas de la sociedad digital o informática y, dado el desarrollo tecnológico existente, los servicios de telecomunicaciones constituyen un servicio esencial que no puede ser negado, sobre todo, si existe en el mercado un solo ente público, en virtud de una concesión legislativa exclusiva, que puede prestarlos. Debe tomarse, finalmente, en consideración que otro principio de profunda raigambre constitucional que informa los servicios públicos es que son obligatorios, de modo que la administración prestadora —sobre todo si es el único sujeto en el mercado que lo ofrece en virtud de una concesión legislativa—, no puede escoger su clientela o usuarios y, por consiguiente, debe brindárselo a todo el que se lo requiera. En efecto, debe destacarse que si bien a partir de la entrada en vigencia de la Ley General de Telecomunicaciones se dispuso que la operación de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones iba a estar sujeta a un régimen sectorial de competencia (artículo 52) y que, además, la telefonía fija podría ofrecerse a los usuarios mediante nuevas tecnologías, es lo cierto que tratándose del servicio básico tradicional entendido como aquel “que tiene como objeto la comunicación de usuarios, mediante centrales de conmutación de circuitos para voz y datos, en una red predominantemente alámbrica, con acceso generalizado a la población ” se mantiene, hasta el momento, en manos del Instituto Costarricense de Electricidad como único proveedor autorizado en virtud de una concesión especial legislativa en los términos del artículo 121, inciso 14, de la Constitución Política, así como los artículos 28 de la Ley General de Telecomunicaciones y 7 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones. En consecuencia, dado que, el referido servicio es prestado de forma única por el ICE, no podría éste, de forma válida, abstenerse de prestarlo, más aún, si la comunidad en cuestión no dispone de otras tecnologías para acceder al servicio de telefonía fija”.

SOBRE LA INTERRUPCIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA FIJA. ROBO DE CABLE DE COBRE. Esta Sala en la Resolución N° 2020002965 de las nueve horas treinta minutos del catorce de febrero de dos mil veinte, dispuso lo siguiente:

“IV.- Ahora bien, partiendo de lo dicho supra, en este asunto bajo estudio se ha logrado tener por acreditado que la amparada posee un servicio de telefonía fija número 2671-2576, el cual se encuentra ubicado en Guanacaste, Bagaces, camino a Salitral de la Entrada a Río El Brasil, 600 metros este, casa mano derecha, central: 559, distrito. Del mismo modo, ha quedado demostrado que el servicio de telefonía fija básica tradicional de la amparada, tiene un reporte de avería No. 5702149 del 24 de diciembre de 2019; avería que, según se ha informado bajo juramento, obedece a un acto de vandalismo de robo de cable, siendo que, según se indicó bajo juramento, el 17 de enero de 2020 se le asignó la categorización de retiro temporal por avería (RETA) bajo el registro No. 13839905. Las autoridades accionadas han informado a la Sala que el ICE está siendo objeto del robo de cable a lo largo y ancho del país y, esta circunstancia tan negativa, incide en la continuidad del servicio y perjudica a los clientes, indicándose que, la comunidad en donde habita la amparada, también ha sido objeto de ese tipo de actos vandálicos, razón por la cual ella es una de las personas afectadas y el ICE ya ha procedido a presentar varias denuncias ante el Organismo de Investigación Judicial por robo de cable en el tramo de red de cobre entre Bagaces y Salitral, con el consiguiente impacto que ello produce en los servicios que se brindan en el lugar. Manifiestan los accionados que la problemática es complicada y además que, por la gran cantidad de daños que existen a nivel país por el robo de cable, se estima que en la zona donde reside la amparada, se podrían estar restableciendo los servicios aproximadamente en el II semestre del año 2021, siendo que, en este momento en particular, no existe un proyecto concreto de suministro de telecomunicaciones en la comunidad que reside la amparada. Sobre el particular, la Sala ha señalado que le corresponde a la Superintendencia de Telecomunicaciones -a través del Fondo Nacional de Telecomunicaciones-, promover el acceso a los servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna, eficiente, a precios asequibles y competitivos, a los habitantes de las diferentes zonas del país, sobre todo en aquellos lugares en donde el costo de las inversiones de la instalación y el mantenimiento de la infraestructura hace que el suministro de estos servicios no sea financieramente rentable (artículo 32 de la Ley General de Telecomunicaciones) (ver sentencia No. 2019-019042 de las 9 horas 20 minutos del 4 de octubre de 2019); sin embargo, también es lo cierto que lo anterior no autorizaría al ICE-como único proveedor del servicio telefónico básico tradicional-, a renunciar la prestación de un servicio de interés general. En el caso bajo estudio, el 17 de enero de 2020, el ICE determinó unilateralmente, asignarle al servicio de la amparada la categorización de retiro temporal por avería (RETA) y ello, aunado a que no existe un proyecto específico y en curso, con cargo a FONATEL, para solucionar, definitivamente, la ausencia de servicios de telecomunicaciones que existe en la zona mencionada por la recurrente, permite a la Sala concluir que resulta ilegítima la conducta de las autoridades accionadas del Instituto Costarricense de Electricidad, ello por cuanto se ha producido una seria afectación al derecho fundamental de la tutelada, al buen funcionamiento del servicio público de telecomunicaciones, lesionándose además su derecho a recibirlo de manera continua, regular, eficiente, eficaz, en igualdad de condiciones y con carácter universal. En consecuencia, se impone acoger este recurso contra las autoridades accionadas del Instituto Costarricense de Electricidad, ello por negarse a restituir prontamente el servicio telefónico básico tradicional a favor de la amparada. En consecuencia, se ordena al Instituto accionado que en el improrrogable plazo de 3 meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, se brinde a la amparada el servicio de telefonía fija básica tradicional que tiene suspendido desde diciembre de 2019(ver en sentido similar la sentencia No. 2019-019042 de las 9 horas 20 minutos del 4 de octubre de 2019)”.

Asimismo, en Resolución Nº 2020016291 de las nueve horas veinte minutos del veintiocho de agosto de dos mil veinte, señaló:

“IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Ahora bien, partiendo de lo dicho supra, en este asunto bajo estudio se ha logrado tener por acreditado que el amparado -Nombre09- quien es una persona adulta mayor, tiene registrados dos servicios de telecomunicaciones: un servicio Plan VOIP Residencial bajo el número telefónico Telf06, el cual no se encuentra activo. Además, que en la localidad de Lagunillas de Tárcoles, Garabito de Puntarenas, ha sido afectada en reiteradas ocasiones, por actos vandálicos de robo de cable, lo que ha generado la interposición de las siguientes denuncias ante el Organismo de Investigación Judicial. 1. 033-20-000168/ 20-000146-1093-PE con fecha de 02 de marzo de 2020 2. 033-20-000169/ 20-000147-1093-PE con fecha de 03 de marzo de 2020 3. 033-20-000294/ 20-000257-1093-PE con fecha de 19 de mayo de 2020 Como consecuencia de lo anterior, el 16 de marzo del 2020 se confeccionó la orden de servicio número 13848601, correspondiente a un retiro temporal, (RETA), por el robo de cable que afectó la Dirección05 en Lagunilla de Tárcoles, Garabito de Puntarenas, que es con la que se sirve el servicio telefónico número Telf06. Aunado a lo anterior, que facturas generadas por el servicio telefónico Telf06, han sido anuladas o liquidadas contra el depósito de garantía, sin existir a la fecha de interposición del recurso de amparo, saldos pendientes. Manifiestan los accionados que la problemática es complicada y además que, por la gran cantidad de daños que existen a nivel país por el robo de cable, se estima que en la zona donde reside el amparado, existe una imposibilidad de reinstalación del servicio telefónico, producto del robo de cable. Sobre el particular, la Sala ha señalado que le corresponde a la Superintendencia de Telecomunicaciones -a través del Fondo Nacional de Telecomunicaciones-, promover el acceso a los servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna, eficiente, a precios asequibles y competitivos, a los habitantes de las diferentes zonas del país, sobre todo en aquellos lugares en donde el costo de las inversiones de la instalación y el mantenimiento de la infraestructura hace que el suministro de estos servicios no sea financieramente rentable (artículo 32 de la Ley General de Telecomunicaciones) (ver sentencia No. 2019-019042 de las 9 horas 20 minutos del 4 de octubre de 2019); sin embargo, también es lo cierto que lo anterior no autorizaría al ICE -como único proveedor del servicio telefónico básico tradicional-, a renunciar la prestación de un servicio de interés general. En el caso bajo estudio, el 16 de marzo de 2020, el ICE determinó unilateralmente, asignarle al servicio de la amparada la categorización de retiro temporal por avería (RETA) y ello, aunado a que no existe un proyecto específico y en curso, con cargo a FONATEL, para solucionar, definitivamente, la ausencia de servicios de telecomunicaciones que existe en la zona mencionada por la recurrente, permite a la Sala concluir que resulta ilegítima la conducta de las autoridades accionadas del Instituto Costarricense de Electricidad, ello por cuanto se ha producido una seria afectación al derecho fundamental del tutelado, al buen funcionamiento del servicio público de telecomunicaciones, lesionándose además su derecho a recibirlo de manera continua, regular, eficiente, eficaz, en igualdad de condiciones y con carácter universal, máxime siendo este una persona adulta mayor. En consecuencia, se impone acoger este recurso contra la autoridad accionada del Instituto Costarricense de Electricidad, ello por negarse a restituir prontamente el servicio telefónico básico tradicional a favor del amparado. En consecuencia, se ordena al Instituto accionado que en el improrrogable plazo de 3 meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, se brinde al amparado el servicio de telefonía fija básica tradicional que tiene suspendido desde el mes de marzo de 2020 (ver en sentido similar la sentencia No. 2019-019042 de las 9 horas 20 minutos del 4 de octubre de 2019)”.

VI.-SOBRE LA ACTUACIÓN DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD: Este Tribunal ha señalado que si bien a partir de la entrada en vigencia de la Ley General de Telecomunicaciones se dispuso que la operación de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones iba a estar sujeta a un régimen sectorial de competencia (artículo 52) y que, además, la telefonía fija podría ofrecerse a los usuarios mediante nuevas tecnologías, es lo cierto que tratándose del servicio básico tradicional entendido como aquel “que tiene como objeto la comunicación de usuarios, mediante centrales de conmutación de circuitos para voz y datos, en una red predominantemente alámbrica, con acceso generalizado a la población” se mantiene, hasta el momento, en manos del ICE como único proveedor autorizado, en virtud de una concesión especial legislativa en los términos del artículo 121, inciso 14, de la Constitución Política, así como los artículos 28 de la Ley General de Telecomunicaciones y 7 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones. En consecuencia, dado que, el referido servicio es prestado de forma única por el ICE, no podría éste, de forma válida, abstenerse de prestarlo. De ahí la procedencia del recurso, en cuanto a este extremo. De lo expuesto, la Sala corrobora que el Instituto Costarricense de Electricidad con antelación al diciembre de 2020, brindaba normalmente el servicio de telefonía fija en el Sector de Cañas Dulce, Liberia, Guanacaste. Se observa que por actos vandálicos y el robo de cable de cobre se suspendió el servicio de telefonía fija y por ende su cobro los abonados. Si bien es cierto, de la documentación aportada por los personeros del ICE se observa que existe un proyecto para restablecer la red en la zona, los vecinos de Cañas Dulce de Liberia que tengan interés en adquirir la prestación del servicio no cuentan con la posibilidad de reinstalar el servicio o adquirirlo, a corto o mediano plazo. De manera que se acredita la lesión al derecho al buen funcionamiento de los servicios públicos, puesto que el servicio se interrumpió diciembre de 2020 y a la fecha no se ha restituido. En consecuencia, se declara con lugar el recurso en cuanto a este extremo, con la orden que se establece en la parte dispositiva de la sentencia (…)