Cargando la resolución…
Sala Constitucional
Cargando texto de la resolución…
Los enlaces corresponden únicamente a citas expresas verificadas.
Documento judicial
*200158470007CO*
Exp: 20-015847-0007-CO
Res. Nº 2020020109
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del
veinte de octubre de dos mil veinte.
Recurso de amparo interpuesto por ELISA MESÉN BADILLA, a
favor de [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001]
, [Nombre
002], contra la MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ.
Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:22 horas
del 31 de agosto de 2020, la accionante interpone un recurso de
amparo contra la Municipalidad de Pococí. Manifiesta que la
amparada [Nombre 001] es una persona adulta mayor de 69 años
de edad, quien reside con ella en Limón, Pococí, San Rafael
de la Colonia, de la escuela 100 metros al este, 200 metros al norte
y 100 metros al este. Alega que el 19 de noviembre de 2019 la
tutelada solicitó a la municipalidad recurrida la reparación de la calle
que pasa por su casa, ya que le es fundamental tener una vía de
acceso en buenas condiciones para poder transitar con su silla de
ruedas; sin embargo, se han puesto muchas trabas. También solicitó
que se ubiquen alcantarillas en las cercanías de la casa de la señora
[Nombre 002], debido a que las aguas pluviales no tienen dónde
desaguar, lo que está falseando el terreno de la casa
de habitación de la señora [Nombre 002]. Afirma que por medio de
los acuerdos No. 2629 y No. 132 de diciembre de 2019, el
Concejo Municipal otorgó el visto bueno. Pese a lo anterior, no se
han efectuado las obras, únicamente aparecen funcionarios
municipales a tomar fotografías y se retiran. Expone que la única
manera que tiene para poder movilizar a su madre es por medio de
una silla de ruedas; sin embargo, le resulta imposible por las
condiciones de la calle. Alega que en conjunto con una vecina
planteo ante la municipalidad recurrida la posibilidad de aportar la
mano de obra y que ellos aportaran los materiales de construcción;
empero no han recibido una respuesta concreta. Solicita que se
declare con lugar el recurso.
Por escrito incorporado al expediente digital a las 9:23 horas del
2 de setiembre el Magistrado Rueda Leal solicitó que se le inhibiera
para conocer este asunto.
Por resolución de las 8:43 horas del 4 de setiembre de 2020, se
aceptó la inhibitoria del Magistrado Rueda Leal.
Mediante resolución de las 16:26 horas de 4 de setiembre de
2020, se dio curso al presente amparo y se le solicitó informe a la
alcaldesa y al presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad
de Pococí (ver registro electrónico).
Informa bajo juramento Manuel Hernández Rivera y Dennia
Yaslyn Morales Grajal, por su orden Alcalde y Vicepresidenta
del Concejo, ambos de la Municipalidad de Pococí (ver registro
electrónico), que la casa de la amparada se ubica justo al terminar
una calle pública y de conformidad con el artículo 20 de la Ley
General de Caminos Públicos, el propietario está obligado a recibir
y dejar discurrir dentro de sus predios, las aguas de los caminos
cuando así lo determine el desnivel del terreno y, cuando sus
fundos estén inmediatos a los desagües de un camino, deberán
mantener estos desagües limpios, en perfecto estado de servicio y
libres de obstáculos. Refiere que a pesar de lo que estipula la
norma han procurado colaborar con la tutelado y otros vecinos que
se ven perjudicados por las aguas pluviales provenientes de la calle.
Menciona que se solicitó un informe técnico al respecto. Comenta
que por oficio: OCSM-324-2020, del 03 de setiembre de 2020, el
Ing. Brandon Steven Agüero Maroto, hace un estudio de las labores
que deben realizarse, con los costos de material y personal humano
para llevarlos a cabo, aunado a que constan en dos documentos el
otorgamiento expreso de permiso para ingresar a realizar esos
trabajos a la propiedad privada firmados por la amparada, por lo que
resta ahora es asignarle prontamente recursos, para iniciar las
obras, las cuales ascienden a tres millones doscientos mil colones.
Acota que la calle debe aclararse que no se encuentra en mal
estado, dado que se puede transitar bien por ella. Menciona que el
Concejo Municipal anterior en los acuerdos 2629 y 132, no dio un
visto bueno para la realización de las obras, sino que trasladó el
asunto para ser abordado por la administración.
Por resolución de las 12:14 horas del 18 de setiembre del 2020
el Magistrado Instructor le solicitó al Director del Área Rectora de
Salud Pococí del Ministerio de Salud (ver registro electrónico).
En cumplimiento a la resolución de las 12:14 horas del 18 de
setiembre del 2020 Karen Mayorga Quirós en su calidad de
Directora Área Rectora de Salud de Pococí indicó que el 28 de
septiembre del 2020, el funcionario Bachiller Asdrúbal Moya
Gonzales, realizó vista al sitio, observando que existe una calle de 6
metros de ancho que da servicio a los fundos ubicados al Oeste del
final de calle principal, los cuales tienen servicios públicos como luz
y agua, lo que evidencia que es una servidumbre pública, parte de
calle sin asfaltado, no hay acera perimetral, ni alcantarillado pluvial
(en sentido Sur-Noroeste). Por el desnivel del terreno, cuando hay
eventos climatológicos adversos, el agua se encausa por el costado
este de la propiedad de [Nombre 002] y continua por la del vecino
posterior de nombre Henry Vargas Salazar, ocasionando erosión de
dicho terreno e inundación, porque fundo abajo, el paso está muy
estrangulado. La Madre de la recurrente está declarada con
Alzhéimer y la desplazan en silla de ruedas. La señora Elisa Mesen,
indicó que la municipalidad manifiesta que la calle hasta su casa (40
m aproximadamente), es una servidumbre privada y por ello no se
puede intervenir, situación que en campo no se evidenció, ya que la
calle está abierta, sin portones ni restricción de ingreso y dotación
de servicios públicos, por lo que se evidencia ausencia de
infraestructura básica.
En los procedimientos seguidos se han observado las
prescripciones legales.
Redacta el Magistrado
Salazar Murillo; y,
OBJETO DEL RECURSO: La recurrente alega que el 19 de
noviembre de 2019 la tutelada solicitó a la municipalidad recurrida la
reparación de la calle que pasa por su casa, ya que le es
fundamental tener una vía de acceso en buenas condiciones para
poder transitar con su madre que es adulta mayor y utiliza silla de
ruedas; sin embargo, se han puesto muchas trabas. También solicitó
que se ubiquen alcantarillas en las cercanías de la casa de la señora
[Nombre 002], debido a que las aguas pluviales no tienen dónde
desaguar, lo que está falseando el terreno de la casa
de habitación de la señora [Nombre 002]. Afirma que por medio de
los acuerdos No. 2629 y No. 132 de diciembre de 2019, el
Concejo Municipal otorgó el visto bueno. Pese a lo anterior, no se
han efectuado las obras, únicamente aparecen funcionarios
municipales a tomar fotografías y se retiran. Agrega que en conjunto
con una vecina planteo ante la municipalidad recurrida la posibilidad
de aportar la mano de obra y que ellos aportaran los materiales de
construcción; empero no han recibido una respuesta concreta.
II.-
De importancia para la decisión de este
asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes
hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el
recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto
inicial:
Que en la Sesión celebrada el
26 de enero del 2019 el
Concejo Municipal de Pococí acordó: “Se Autoriza el permiso
de uso a título precario, al señor José Antonio Fuentes
Ramírez, para la construcción de una parada de autobús, en el
punto de la entrada de Garabito, condicionado al cumplimiento
del diseño y la utilización de la lista de materiales adjuntos, así
como de las condiciones que la administración estime
necesarias para satisfacer los intereses municipales, en
beneficio de la ciudadanía” (ver registro electrónico).
Que en la Sesión celebrada el
19 de noviembre del 2019 el
Concejo Municipal de Pococí conoció la solicitud de la
recurrente en la que requería “ ayuda, para que pavimenten
los 50 metros aproximados de servidumbre de paso, que
llegan hasta mi casa, éstos van del cruce de calle desde la
casa de doña Mayela hasta la mía y pavimentar también los
12 metros aproximadamente de calle de lastre que dan al
frente de la casa de doña Mayela, para un aproximado de
62 metros en total, ya que ella recibe todas las aguas, pues
se forma un río que va a dar al frente de su casa y baja por
el costado izquierdo, pegando con la pared, lo cual ya le
lavó la orilla, asimismo ocupa que coloquen alcantarillas al
frente y costado de su casa, también es urgente una caja
registradora, ya que esto nos afecta a varios vecinos y más
a ella, las calles se lavan con el agua de las lluvias y esas
aguas nos obstaculiza el paso en el cruce, cada vez que
salimos en tiempo de lluvia para llevar a nuestros hijos a la
escuela y a mi madre que padece de Alzheimer, cuando la
llevamos a las sus citas médicas porque hay que pasarla
por ahí en sillas de ruedas o en ambulancia” y acordó:
“Se
traslada al despacho de la Alcaldía, para que le indique al
señor Ebal Rodríguez atender dicha petitoria, si le hace
caso omiso, que la Municipalidad proceda a la chapea y
que se le cobre” (ver registro electrónico).
Que la mamá de la recurrente fue diagnosticada con Alzhéimer
y requiere de una silla de ruedas para desplazarse (ver
registro electrónico).
Que la vivienda de la recurrente se encuentra ubicada justo al
terminar una calle pública por lo que las aguas pluviales
escurren libremente y topan de frente con la casa (ver registro
electrónico).
Que no existe un sistema de drenaje que canalice las aguas
hacia un punto de desfogue apropiado -lo anterior provoca
que la vivienda se inunde constantemente (ver registro
electrónico).
Que la calle no se encuentra en mal estado, su condición
permite transitar de forma normal (ver registro electrónico).
Que el presupuesto requerido para materiales y mano de obra
es de ¢3.200.000.00 (ver registro electrónico).
Que en fecha 03 de setiembre del 2020 el Departamento de
Obras Civiles de la Municipalidad de Pococí recomendó: “1.
Se debe presentar el informe técnico y los permisos
firmados de los propietarios al concejo municipal, para su
conocimiento y aprobación de invertir fondos públicos en
propiedad privada, con fundamento en el riesgo eminente
de anegamiento de la vivienda producto de la inexistencia
de sistemas de drenajes públicos adecuados;
Se debe
solicitar al Concejo Municipal contenido presupuestario para
adquirir los materiales y mano de obra;
Valorar si los
afectados estarán dispuestos a aportar la mano de obra” (ver
registro electrónico).
Que la recurrente y los vecinos afectados emitieron el
otorgamiento de permisos para la instalación del sistema de
drenaje (ver registro electrónico).
Que en fecha 09 de setiembre del 2020 se notificó la
resolución de curso del presente amparo a las autoridades
municipales (ver registro electrónico).
Que en fecha 28 de setiembre del 2020, el funcionario
Bachiller Asdrúbal Moya Gonzales del Área Rectora de Salud
de Pococí realizó vista al sitio, observando que existe una
calle de 6 metros de ancho que da servicio a los fundos
ubicados al Oeste del final de calle principal, los cuales tienen
servicios públicos como luz y agua, lo que evidencia que es
una servidumbre pública, parte de calle sin asfaltado, no hay
acera perimetral, ni alcantarillado pluvial (en sentido
Sur-Noroeste). Por el desnivel del terreno, cuando hay
eventos climatológicos adversos, el agua se encausa por el
costado este de la propiedad de [Nombre 002] y continua por
la del vecino posterior de nombre Henry Vargas Salazar,
ocasionando erosión de dicho terreno e inundación, porque
fundo abajo, el paso está muy estrangulado (ver registro
electrónico).
Que la calle hasta la casa de la recurrente su casa (40 m
aproximadamente) es una servidumbre privada; es una calle
abierta, sin portones ni restricción de ingreso y dotación de
servicios públicos, por lo que se evidencia ausencia de
infraestructura básica (ver registro electrónico).
SOBRE LAS COMPETENCIAS Y OBLIGACIONES DE LAS
MUNICIPALIDADES. Respecto a los reclamos incoados por el
recurrente, en primer término, corresponde indicar que este
Tribunal, en su jurisprudencia, ha reconocido la obligación de las
Municipalidades de ejecutar acciones eficaces y céleres en función
de las necesidades de la circunscripción territorial asignada a cada
corporación municipal, y que se encuentra íntimamente ligado al
elemento de población. Tales obligaciones, derivan de lo
contemplado en los artículos 169 y 170, de la Constitución Política,
siendo que abarca un amplio número de actividades. Así, en
sentencias N° 2011-12886 de las 12:44 horas de 23 de setiembre
de 2011 y N° 2015010541 de las 09:20 horas de 17 de julio de
2015, entre otras, esta Sala indicó:
“(…) conforme lo establece el artículo 169 de la
Constitución Política y el Código Municipal, corresponde
a las municipalidades la administración de los servicios
e intereses locales, con el fin de promover el desarrollo
integral de los cantones en armonía con el desarrollo
nacional. En consecuencia, la Municipalidad debe
establecer una política integral de planeamiento urbano
de acuerdo con la ley respectiva, que persiga el
desarrollo eficiente y armónico de los centros urbanos y
que garantice -al menos- eficientes servicios de
electrificación y de comunicación; buenos sistemas de
provisión de agua potable y evacuación de aguas
servidas, adecuados sistemas de acueductos
y alcantarillado, sistemas de iluminación y ornato de las
ciudades; servicios de construcción, reparación y
limpieza de calles y otras vías públicas; en general
planes concretos y prácticos para hacer confortable y
segura la vida de la población”.
Además, en materia de prestación de servicios, esta Sala ha
señalado –v. gr. sentencia N° 2016-000427 de las 09:30 horas de
15 de enero de 2016- que el buen funcionamiento de estos
corresponde a un derecho fundamental. Esto, a partir del contenido
de los artículos 139, 140 y 191 de la Constitución Política. Esto se
traduce en la obligación de las distintas Administraciones Públicas
de prestar servicios de forma continua, regular, célere, eficaz y
eficiente. Asimismo, de la parte orgánica de la Carta Fundamental,
se erigen una serie de principios de la organización y función de la
Administración, los cuales han sido desarrollados por normas infra
constitucionales, tales como la Ley General de la Administración
Pública, que en sus artículos 4, 225, párrafo 1 y 269, párrafo 1,
impone el deber de los órganos del Estado, de orientar y nutrir la
organización y la función administrativa. Así, el principio de eficacia
supone que la organización administrativa está diseñada para la
obtención de objetivos y fines asignados por el propio ordenamiento
jurídico, lo que obliga la existencia de planificación y rendición de
cuentas. Por su parte, la eficiencia implica la obtención de los
mejores resultados con el uso racional de los recursos con los que
cuentan las diferentes dependencias. Asimismo, se impone a la
Administración el principio de simplicidad, el cual se debe entender
como la obligación de que las estructuras administrativas y sus
competencias sean de fácil comprensión, sin procedimientos
complejos que retarden la satisfacción de los intereses públicos. El
principio de celeridad, impone la obligación a las Administraciones
Públicas a cumplir con sus objetivos y fines, de la forma más
expedita, rápida y acertada posible, para evitar retardos indebidos e
injustificados. Así, estos principios imponen una serie de
exigencias, responsabilidades y deberes permanentes a todos los
entes públicos.
SOBRE EL CASO CONCRETO: Del informe rendido por la
autoridad recurrida el cual es dado bajo la solemnidad del juramento
con las consecuencias legales que ello implica se desprende que la
mamá de la recurrente fue diagnosticada con Alzhéimer y requiere
de una silla de ruedas para desplazarse. Quedó acreditado que la
vivienda de la recurrente se encuentra ubicada justo al terminar una
calle pública por lo que las aguas pluviales escurren libremente y
topan de frente con la casa. Se constató que no existe un sistema
de drenaje que canalice las aguas hacia un punto de desfogue
apropiado -lo anterior provoca que la vivienda se inunde
constantemente. Quedó comprobado que la calle no se encuentra
en mal estado, su condición permite transitar de forma normal. Se
evidenció que el presupuesto requerido para materiales y mano de
obra es de ¢3.200.000.00. Se acreditó que en fecha 03 de
setiembre del 2020 el Departamento de Obras Civiles de la
Municipalidad de Pococí recomendó: “1. Se debe presentar el
informe técnico y los permisos firmados de los propietarios al
concejo municipal, para su conocimiento y aprobación de invertir
fondos públicos en propiedad privada, con fundamento en el
riesgo eminente de anegamiento de la vivienda producto de la
inexistencia de sistemas de drenajes públicos adecuados;
Se
debe solicitar al Concejo Municipal contenido presupuestario para
adquirir los materiales y mano de obra;
Valorar si los afectados
estarán dispuestos a aportar la mano de obra”. Quedó probado
que la recurrente y los vecinos afectados emitieron el otorgamiento
de permisos para la instalación del sistema de drenaje. Se confirmó
que en fecha 28 de setiembre del 2020, el funcionario Bachiller
Asdrúbal Moya Gonzales del Área Rectora de Salud de Pococí
realizó vista al sitio, observando que existe una calle de 6 metros de
ancho que da servicio a los fundos ubicados al Oeste del final de
calle principal, los cuales tienen servicios públicos como luz y agua,
lo que evidencia que es una servidumbre pública, parte de calle sin
asfaltado, no hay acera perimetral, ni alcantarillado pluvial (en
sentido Sur-Noroeste). Por el desnivel del terreno, cuando hay
eventos climatológicos adversos, el agua se encausa por el costado
este de la propiedad de [Nombre 002] y continua por la del vecino
posterior de nombre Henry Vargas Salazar, ocasionando erosión de
dicho terreno e inundación, porque fundo abajo, el paso está muy
estrangulado. Finalmente y ante la prueba para mejor resolver
solicitada quedó acreditado que la calle hasta la casa de la
recurrente su casa (40 m aproximadamente) es una servidumbre
privada; es una calle abierta, sin portones ni restricción de ingreso y
dotación de servicios públicos, por lo que se evidencia ausencia de
infraestructura básica. En conclusión, es cierto que la vivienda de
la amparada se inunda constantemente por la falta de un sistema de
drenaje que canalice las aguas hacia un punto de desfogue
apropiado y que, existe una calle de 6 metros de ancho sin
asfaltado, sin acera perimetral, ni alcantarillado pluvial. Ante ese
panorama el recurso deviene procedente. Si bien es cierto las
autoridades municipales de previo a la notificación de la resolución
de curso del presente amparo realizaron un estudio de las labores
que deben realizar, con los costos de material y personal humano
para llevarlos a cabo, lo cierto es que a la fecha y pese a que la
situación que la amparada data de bastante tiempo atrás, no se ha
ejecutado ningún plan en concreto. Véase que tanto la recurrente
como el vecino que también se ha visto afectado por la falta del
sistema de drenaje ya emitieron su aval para que, la Municipalidad
recurrida realiza los trabajos correspondientes y aceptaron cubrir el
rubro correspondiente a mano de obra. En suma considera esta
Sala que el gobierno local no ha valorado que la falta de drenaje de
las aguas conlleva el peligro inminente de inundación en la vivienda
que habita la recurrente junto con su madre que es una adulta mayor
y que la falta de acera de la calle por la que requiere movilizarse la
amparada, impide que pueda desplazarse adecuadamente en la
silla de ruedas. Ante ese panorama el recurso deviene procedente.
En ese sentido debe recordarse, que dentro de las obligaciones y
competencias de los gobiernos locales, relacionadas con los
problemas ambientales y de riesgo, los munícipes deben, entre
otras, realizar inspecciones regulares y canalización de situaciones
de riesgo ante las instancias con mayor competencia de
intervención. Lo mismo sucede con las obras que deben realizar
para intervención de las aceras o el asfaltado de calles en mal
estado que afectan el libre desplazamiento en una silla de ruedas.
En mérito de lo expuesto considera esta Sala que el presente
proceso debe ser estimado para que el municipio accionado corrija
la situación denunciada por la recurrente en cuanto al problema de
inundaciones por la falta de alcantarillado y el problema que enfrenta
la amparada para desplazarse en la silla de ruedas.
Finalmente se aclara que no lleva razón la recurrente al afirmar
que en los acuerdos 2629 y 132 el gobierno local emitió visto bueno
para la realización de las obras de la reparación de calle. De la
prueba traída al expediente se logró demostrar que en la Sesión
celebrada el 26 de enero del 2019 el Concejo Municipal de Pococí
acordó: “Se Autoriza el permiso de uso a título precario, al señor
José Antonio Fuentes Ramírez, para la construcción de una
parada de autobús, en el punto de la entrada de Garabito,
condicionado al cumplimiento del diseño y la utilización de la
lista de materiales adjuntos, así como de las condiciones que la
administración estime necesarias para satisfacer los intereses
municipales, en beneficio de la ciudadanía”; lo anterior atendiendo
a la construcción y donación de parada de autobús por munícipe a
cambio de colocar rotulación gratuita. De igual forma quedó probado
que en la Sesión celebrada el 19 de noviembre del 2019 el Concejo
Municipal de Pococí conoció la solicitud de la recurrente en la que
requería “ ayuda, para que pavimenten los 50 metros
aproximados de servidumbre de paso, que llegan hasta mi casa,
éstos van del cruce de calle desde la casa de doña Mayela hasta
la mía y pavimentar también los 12 metros aproximadamente de
calle de lastre que dan al frente de la casa de doña Mayela, para
un aproximado de 62 metros en total, ya que ella recibe todas las
aguas, pues se forma un río que va a dar al frente de su casa y
baja por el costado izquierdo, pegando con la pared, lo cual ya le
lavó la orilla, asimismo ocupa que coloquen alcantarillas al frente
y costado de su casa, también es urgente una caja registradora,
ya que esto nos afecta a varios vecinos y más a ella, las calles se
lavan con el agua de las lluvias y esas aguas nos obstaculiza el
paso en el cruce, cada vez que salimos en tiempo de lluvia para
llevar a nuestros hijos a la escuela y a mi madre que padece de
Alzheimer, cuando la llevamos a las sus citas médicas porque
hay que pasarla por ahí en sillas de ruedas o en ambulancia” y
acordó: “Se traslada al despacho de la Alcaldía, para que le
indique al señor Ebal Rodríguez atender dicha petitoria, si le hace
caso omiso, que la Municipalidad proceda a la chapea y que se le
cobre”. Partiendo de lo anterior y tomando en cuenta que la solicitud
de la amparada conocida por el gobierno local en sesión ordinaria
del 19 de noviembre del 2019 era referente al problema de
captación de aguas “pues se forma un río que va a dar al frente de
su casa y baja por el costado izquierdo, pegando con la pared”
por lo que solicitó que “coloquen alcantarillas al frente y costado
de su casa también es urgente una caja registradora”
-problemática que si bien a la fecha no ha sido resuelta constituye el
objeto del recurso del presente amparo-.
CONCLUSIÓN:
Ante ese panorama el recurso deviene
procedente con las consecuencias que se indican en la parte
dispositiva de esta sentencia.
DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE
. Se
previene a las partes que, de haber aportado algún documento en
papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo
adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico,
telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser
retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles
contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo
contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado
dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre
Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la
Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo
XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero
del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior
del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo
del 2012, artículo LXXXI.
Decisión final del tribunal
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Manuel Hernández
Rivera y Dennia Yaslyn Morales Grajal, por su orden Alcalde y
Vicepresidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de Pococí o
a quien en su lugar ocupe el cargo que dentro del plazo de TRES
MESES contado a partir de la comunicación de esta sentencia,
adopten y ejecuten las medidas adecuadas y necesarias en
coordinación con el Departamento de Obras Civiles y Servicios
Municipales a fin de resolver el problema de aguas que enfrenta la
propiedad de la recurrente, lo anterior sin demérito de que con
anterioridad a dicho plazo se tomen medidas urgentes y
provisionales para mitigar dicho riesgo. Deberán además desarrollar
los estudios técnicos correspondientes a fin de adoptar las medidas
adecuadas y necesarias para que la amparada pueda desplazarse
adecuadamente en silla de ruedas por el lugar. Se previene a los
recurridos que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta
jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de
veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba
cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la
cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más
gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Pococí al
pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos
que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Notifíquese.
Fernando Castillo
V.
Presidente
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro
V.
Ronald Salazar Murillo
José Paulino Hernández
G.