Resolución 02198-2021

Estése el recurrente a lo resuelto por la Sala en las resoluciones N° 2005- 015279 de las 11:32 horas del 4 de noviembre de 2005, y N° 2006-016659 de las 11:33 horas del 17 de noviembre de 2006. En cuanto a la empresa Representaciones Televisivas Repretel Sociedad Anónima, désele curso a la gestión de desobediencia". Por lo anterior, presentó de nuevo una desobediencia, la cual fue resuelta en sentencia No. 2020-002181 de las 09:20 horas del 4 de febrero de 2020, pero se volvió a rechazar su gestión, argumentando que: "Así las cosas, no encuentra la Sala que existan elementos probatorios suficientes para tener por demostrado el aducido incumplimiento. Por su parte, lleva razón también la empresa recurrida al explicar que para que un televidente pueda visualizar correctamente el servicio Closed Caption, requiere contar no solo con un aparato televisivo en buen estado de funcionamiento que disponga esa opción en particular, sino además con un servicio de televisión por cable o satelital, cuya plataforma tecnológica permita esa visualización, ya que de no ser así, por más que la programación cuente con el Closed Caption, no le será posible al televidente visualizarlo. De modo tal que si el recurrente estima que, para su caso particular, no se logra visualizar correctamente la tecnología Closed Caption, deberá revisar estos requerimientos técnicos antes descritos, y de este modo ya no se podría hablar de una desobediencia en sentido estricto por parte de la empresa recurrida, sino de un caso aislado que, por las particularidades del televisor u otra razón técnica, no es posible activar la función Closed Caption. Ergo, lo procedente es desestimar la gestión formulada". Con base a la sentencia citada él y su esposa contrataron los servicios de la Empresa Millicom Cable, Costa Rica, Sociedad Anónima y compraron 2 pantallas de televisión con el servicio de "Closep Caption" debidamente activado. Sin embargo, al utilizarlos se dieron cuenta de que el problema no son de las pantallas, sino por el incumplimiento de "REPRETEL" de la sentencia No. 2003-07275. Añaden que el Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural Canal 13 y Televisora de Costa Rica, Sociedad Anónima (Canal 7) cumplen con la Sentencia 2003-07275, no así Representaciones Televisivas, Sociedad Anónima (REPRETEL) y EXTRA-TV

Expone que existe omisión de "Closep Caption" y de Nombre02 en algunos programas de REPRETEL: "INFORME ONCE LAS HISTORIAS", que se trasmite de lunes a domingo de 8: 00 pm 9: 00 pm 2-) "NOTICIERO NC ONCE", que se trasmite de lunes a sábado en las siguientes adiciones: De 2: p. m a 3: p. m de 6: p.m a 7: p.m. 9: p.m. a 10 pm, Domingos de 9: p.m. a 10 p.m. 3) "NUESTRA VOZ", todo se trasmiten por Canal 11 de lunes a viernes de 7: a m a 9 p.m. Dice doña Nombre03, -según dice mi señora esposa-, que ese programa es la "voz de todos", menos de los sordos, porque jamás ha invitado a un sordo para debatir de lo que ha acontecido con la historia de los sordos en Costa Rica, y porque la empresa que trasmite su programa viola los derechos del suscrito y de la población sorda costarricense

El programa "Despierta América" que se trasmitía por Canal 4, el mismo desapareció, ahora se trasmite el programa "Aprenda en Casa" que contiene Nombre02 pero no "Closed Caption".

El programa "120 MINUTOS" que se trasmite de lunes a viernes de 9: a.m. a 11 a.m. por Canal 11(REPRETEL)". También esta Sala en la sentencia No. 2019-24238 de las 09:30 horas del 6 de diciembre de 2019, se pronunció sobre este tema. Concluye que, Televisora de Costa Rica Sociedad Anónima (Canal 7), violenta la Ley No. 9049 "LEY DE RECONOCIMIENTO DE LENGUAJE SEÑAS COSTARRICENSE (LESCO) COMO LENGUA MATERNA", ya que no produce programas con doblaje para sordos Nombre02. De igual manera REPRETEL, pues solo cuenta con interprete en el Noticiero de Canal 6, en una edición matutina, además incumple con la sentencia No. 2003-07275 de las 8:57 horas del 18 de julio de 2003, en los términos que han sido explicados. En cuanto al Sistema de Radio y Televisión Sinart (Canal 13) solo cuenta con tres programas en la lengua materna Nombre02 y el noticiero no tiene activado la función de "Closed Caption". En lo referente a Canal 42 incumple con la sentencia la No. 2003-07275, pues no tiene un programa que doblan, llamado: "Puga Política" y la traducción que otorgan en el noticiero, no tiene activada la función de "Closed Caption", y veces no hay interprete, incumpliendo con la sentencia No. 01-5792. Señalan que las autoridades recurridas violentan la Ley No 9049 "LEY DE RECONOCIMIENTO DE LENGUAJE SEÑAS COSTARRICENSE (LESCO) COMO LENGUA MATERNA", además de la Ley 7600 y su Reglamento. Solicitan se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley.

Mediante resolución de las 11:39 horas del 17 de noviembre del 2020 se le dio curso a este recurso.

Contesta, CARLOS ARTURO HERNANDEZ ESTRADA, en su calidad de representante legal con facultades suficientes de REPRESENTACIONES TELEVISIVAS REPRETEL SOCIEDAD ANONIMA, en resumen que: No es cierto que su representada haya incumplido la resolución número 2003-07275, pues desde que fueron notificados se procedió a implementar en los canales 4, 6 y 11 los mecanismos técnicos necesarios para hacer accesibles a la población sorda de nuestro país los programas de cada uno de los canales que operan y que reúnen las características que contempla el artículo 51 de la Ley n°7600, según lo ordenado en la parte dispositiva de aquella resolución. Tal como lo podrá corroborar este Tribunal con la observación del material audiovisual que se adjunta, o incluso con la revisión de la programación, todos los noticieros cuentan con el denominado servicio “closed caption”, facilidad que también es incorporada al menos a tres programas que, estando dentro de la programación de cada canal, tienen características de estar “destinados a difundir criterios de especialistas en diversas ramas del conocimiento mediante entrevistas y coloquios televisivos, o bien a firmar opinión pública respecto a temas de interés nacional e internacional, tal como lo dispuso en la referida sentencia del 2003. Esta Sala en su reciente resolución 2020-002181 de las 09:20 horas del 04 de febrero del 2020 se rechazó una gestión similar formulada por el recurrente en contra de su representada. A partir de mayo del presente año contratan e implementan un servicio de “closed caption” automático para toda la programación de los canales 6 y 11, motivo por el cual todos los programas que se transmiten cuentan con este servicio, incluyendo noticieros, programas de especialistas, de entretenimiento, e inclusive anuncios y toda la publicidad. En el caso de canal 4, actualmente el único programa que por sus características debe cumplir con esta exigencia es “aprendo en casa”, que es un programa que se transmite en Convenio con el Ministerio de Educación Pública para difundir contenidos educativos a la población estudiantil del país, el cual cuenta con interpretación accesible a la población sorda a través del lenguaje lesco. En el caso específico del canal 4, su oferta de programación (salvo el programa “Aprendo en Casa”) se concentra en programas de entretenimiento (novelas, series y películas), que por su naturaleza no están incluidos entre los programas que de acuerdo con el voto del 2003 deben contar con un mecanismo de traducción para la población sorda del país ya sea mediante lenguaje Nombre02 o bien a través del sistema de “closed caption”. Lo expuesto demuestra que no es cierto que haya mediado incumplimiento alguno. Todos los programas citados por el recurrente en este recurso cuentan con el servicio “closed caption” con la única excepción del programa “Aprendo en Casa” de canal 4, que cuenta con interpretación a través del lenguaje lesco. La resolución de la Sala en ningún momento impuso a cada empresa televisiva la obligación de modificar sus programaciones de televisión para incluir tres programas con las características ahí señaladas y luego disponer la respectiva traducción, alcance que no tiene la resolución mencionada, lo que hizo fue imponer la obligación de traducir al menos tres programas, que estando dentro de la programación de cada canal, tengan aquellas características de estar “destinados a difundir criterios de especialistas en diversas ramas del conocimiento mediante entrevistas y coloquios televisivos, o bien a forma opinión pública respecto a temas de interés nacional e internacional”, en el obvio entendido de que si no existen tales programas no tienen que crearse, ya que cada canal y empresa tiene la libertad constitucional de decidir el contenido de sus programaciones. De igual forma el usuario requiere contar con un televisor y con un servicio de televisión de pago que tenga la opción, pues su compañía entrega la señal de la televisión abierta con el servicio “closed caption” pero hay compañías de televisión pagada que, al incorporar la señal, eliminan el servicio o no cuentan con la tecnología para que este se vea reflejado en las pantallas de televisión de sus clientes, lo cual escapa de su control y responsabilidad. El servicio de “closed caption” brindado por su representada en los canales y programas mencionados opera correctamente de acuerdo a su alcance técnico y funcional. Se aporta como prueba material audiovisual y que contiene extractos de los seis programas mencionados por el recurrente, donde se demuestra que todos ellos son accesibles para las personas con algún tipo de discapacidad auditiva, sea mediante “closed caption” o bien la traducción del lenguaje lesco. Solicita se declare sin lugar el recurso.

Contesta, RENE PICADO COZZA, en su calidad de Presidente y representante judicial y extrajudicial de Televisora de Costa Rica S.A., en resumen que: La resolución 2012-07233 deja claro dos elementos de interpretación del artículo 51 de la Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, que el cumplimiento de la obligación en dicho artículo se satisface mediante el uso de intérpretes o utilizando mensajes escritos en las pantallas de televisión utilizando tecnologías apropiadas; el cumplimiento de tal obligación no debe ser exclusiva de los programas noticiosos, pero tampoco debe extenderse a toda la programación del canal de televisión. Efectivamente su representada, a partir de reiteradas resoluciones de esta Sala, amparada en el citado artículo 51, optó por hacer una inversión importante en la adquisición de un sistema de “closed caption” que no solo se encuentra funcional en los programas de carácter informativo y noticioso, sino toda la programación de canal 7 incluyendo pauta comercial. Esa funcionalidad permite leer textos en las pantallas de los televisores cuando la facilidad es habilitada por el televidente y el terminal se encuentra tecnológicamente preparado. Adicionalmente, en la página web la mayoría de las informaciones son accesibles por cualquier personal sin importar su limitación auditiva. Adjunta un video donde consta. Queda claro que los canales de televisión cumplen con la referida disposición mediante el sistema “closed caption” o la participación del lenguaje lesco. Solicita se declare sin lugar el recurso.

Contesta, IARY GOMEZ QUESADA, en su calidad de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la Sociedad Periodística Extra Limitada, en resumen que: Conforme al voto número 2003-07275, un canal de televisión cumple con el mandato legal y con la doctrina jurisprudencial cuando, además de difundirle a la población sorda un espacio noticioso, les transmite una vez por semana tres programas de interés y segundo, cuando lo hace de forma accesible para las personas sordas. 1 noticiero + 3 programas 1 vez por semana + accesible. Es totalmente errada y absurda la premisa que pretende obligar a un canal a transmitir esos programas solo mediante subtítulos cerrados (closed caption) porque, basta con que el procedimiento empleado para difundirlos permite que puedan ser comprensibles para la población sorda. El closed caption no es el único procedimiento porque el Nombre02 es otro. El recurrente presenta un cuadro fáctico que no es cierto (dice que “a veces” el Noticiero no tiene intérprete Lesco, solo se transmite un programa a la población sorda y el noticiero no tiene activada la función closed caption), pues además, no indica fecha, hora ni dato alguno. La única fecha que menciona es el 30 de noviembre del 2020, la cual al momento de presentación del recurso no había sucedido. No es cierto que a veces el noticiero no tiene intérprete y tampoco es cierto que el 30 de noviembre no lo vayan a tener. Desde el 01 de noviembre del 2020 Extra TV tiene 2 noticieros que se tramiten mediante una intérprete Nombre02 que ha sido contratada al efecto. Además del programa “Purga política” se tienen dos programas más “La verdad” y “Sin rodeos” que traduce y transmite a la población sorda. Así que estos tres programas se trasmiten una vez a la semana, difunden criterios de especialistas. Extra TV cumple con todas las obligaciones, con la ayuda de una intérprete Nombre02 trasmite a la población sorda dos noticieros. Además, tres programas nacionales. Así que Extra Tv no tiene que implementar el sistema de closed caption porque el medio empleado (persona lesco) es comprensible para la población sorda. En amparo anterior esta empresa le pagó una indemnización de 600.000 colones por daños y perjuicios más 50.000 colones de costas. Solicita se declare sin lugar el recurso.

Informa bajo juramento, LORNA CHACON MARTINEZ, en su calidad de Apoderada Generalísima Limitada de la empresa estatal denominada Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A. (SINART S.A.), en resumen que: Con ocasión de un recurso de amparo presentado por el aquí recurrente, la Sala Constitucional resolvió en el voto número 2003-07275 que cada canal recurrido deberá transmitir de manera accesible para las personas sordas, además de sus noticieros, tres programas que se difundan al menos una vez por semana y que cumplan alguna o varias de las condiciones enunciadas en la sentencia 2002-5947, es decir, que se trate de espacios destinados a difundir criterios de especialistas en diversas ramas del conocimiento mediante entrevistas y coloquios televisivos, o bien a formar opinión pública respecto a temas de interés nacional e internacional. Respecto de los alegatos, el artículo 51 de la Ley 7600 no establece la obligatoriedad de utilizar intérpretes y mensajes escritos en las pantallas. Su representada cumplió a cabalidad lo ordenado por la Sala en dicho voto. La gestión de incumplimiento planteada en el año 2005 fue rechazada. Su representada no cuenta con el sistema “closed caption” en ninguno de sus programas televisivos, pero no es cierto que en los votos 2019-024238 y 2003-07275 la Sala Constitucional haya obligado al SINART S.A. a activar este sistema en su programación. El voto del 2019 fue emitido con ocasión de un recurso de amparo interpuesto por el aquí recurrente contra una operadora de telecomunicaciones que brinda el servicio de televisión por suscripción, siendo una especie de intermediaria. En ese caso, un productor de contenido (canal de televisión) ofrecía el sistema de “closed caption” en su programación, pero el usuario final al sintonizar dicho canal mediante la plataforma ofrecida por la operadora de televisión por suscripción (Tigo, Claro, Cabletica por ejemplo) no podía utilizar dicho sistema, toda vez que esta última no tenía habilitada dicha posibilidad. La Sala declaró con lugar el recurso, pero no porque exista una obligación de los productores de contenido habilitar el sistema “closed caption” sino porque lo usuarios finales no podrían acceder. Los votos en cuestión y la norma citada de la Ley 7600 no recogen ni establecen un derecho fundamental de las personas con discapacidad auditiva de acceso al sistema “closed caption” como parece afirmar el recurrente; lo que recoge y protege la normativa de cita y las resoluciones indicadas es el derecho de la población con discapacidad auditiva de tener acceso a la información mediante la utilización de servicios de apoyo en la programación de televisoras públicas y privadas, de modo que dicho contenido sea inteligible para dicho sector poblacional. No se puede considerar violentado el derecho a la información de la población con discapacidad auditiva por no tener acceso al sistema “closed caption”, si en lugar de dicho sistema se transmite programación con traducción a la lengua materna de dicha población, es decir, al LESCO. Con ocasión del Voto 7275-2003 mi representada se avocó a la tarea de contratar los servicios una intérprete de Nombre02 para cumplir así con lo ordenado por la Sala Constitucional y con la normativa nacional e internacional que regula la materia en cuestión. Menciona los programas que cuentan con traducción al LESCO, y cierta programación especial que también se transmite con traducción LESCO. Es claro entonces que mi representada no ha incumplido con la normativa nacional e internacional sobre inclusión y derechos de la población con discapacidad auditiva, ni con las resoluciones dictadas por la Sala Constitucional como asevera el recurrente, por cuanto tiene variada programación en su parrilla traducida al Nombre02 que incluye todos los segmentos poblacionales posibles; cumpliéndose así el mandato del artículo 51 de la Ley 7600 y con lo ordenado por la Sala Constitucional en su Voto 7275-2003. Aunado a lo anterior, la parrilla del SINART cuenta con programación en otros idiomas que son subtitulados al español, lo cual le da acceso a la población sorda. Pese a ello, su representada ha realizado gestiones para adquirir el sistema “closed caption” para su programación, pero dicho servicio es sumamente oneroso. Se torna materialmente imposible en términos contractuales, económicos, técnicos y administrativos (de personal) poder tener la traducción al Nombre02 en toda su programación; no obstante, se han realizado los esfuerzos pertinentes para que la mayor cantidad de contenido cuente con dicha traducción y así cumplir con los mandatos que impone la ley y lo ordenado por la Sala Constitucional en sus votos sobre la materia. En conclusión: su representada cumple con lo ordenado en el voto 2003-007275, y con la normativa nacional e internacional al contar en su parrilla con variada programación traducida al LESCO. No existe un derecho fundamental de la población con discapacidad auditiva de acceso al sistema “closed caption”, siempre y cuando se utilice otro método como es la traducción al LESCO. Solicita declarar sin lugar el recurso.

Mediante resolución de las 11:35 horas del 07 de enero del 2021 se ampliaron los hechos y las partes, se le dio audiencia al al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y al Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), para que informen lo siguiente: A. Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) como rector en discapacidad y con los fines que se detallan en el artículo 2 de su creación, a fin de que informe lo siguiente: Las acciones que han tomado para fiscalizar el acceso de las personas con discapacidad auditiva a los programas de televisión abierta que se transmiten en nuestro país.

Si en concreto se han realizado acciones para que las televisoras de Costa Rica que brindan el servicio de televisión abierta puedan emitir programas con la tecnología o el sistema necesario para que sean accesibles a las personas con discapacidad auditiva.

Si, ciertamente, las personas con discapacidad auditiva pueden tener acceso a los programas de televisión abierta, sea por medio del “closed caption” o sea por medio de traducción LESCO, o sea por cualquier otro medio (especifique). B. Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel): órgano de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos encargado de regular, supervisar, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones.

Detallar las acciones que han tomado para asegurarse que la prestación de los servicios de televisión, que es una actividad privada de interés público, sean accesibles a las personas con discapacidad auditiva, tal como lo dispone el párrafo final del artículo 45 de su ley: “La Sutel, (…) velará por que los operadores y proveedores ofrezcan a los usuarios finales con discapacidad acceso a los servicios regulados en esta Ley en condiciones no discriminatorias.” En concreto, detalle las acciones tomadas sobre la televisión abierta.

Indique si se han presentado y tramitado reclamaciones de usuarios por esta situación de falta de acceso a los servicios de televisión. Además, si se han aplicado sanciones en este sentido.

Detallar las obligaciones que tienen los prestadores de los servicios de televisión, principalmente los que brindan el servicio de televisión abierta, en cuanto a la accesibilidad de las personas con discapacidad. Detallar las medidas que puede tomar la SUTEL para verificar el cumplimiento de tales obligaciones.

Indique a esta Sala si lo que informan los recurridos se puede verificar por esa institución, a saber: Que Repretel tiene desde mayo del 2020 tiene un servicio de “closed caption” automático para toda la programación de los canales 6 y 11 y que funciona sin interrupciones, que en el caso de canal 4 de Repretel el programa “aprendo en casa” cuenta con interpretación accesible a la población sorda a través del lenguaje lesco. Que la Sociedad Periodística Extra tiene cinco programas con intérprete lesco, y que funciona así sin interrupciones. Que SINART tiene varios programas con intérprete lesco, y que funciona así sin interrupciones. Que Televisora de Costa Rica tiene el sistema de “closed caption” para todos los programas de carácter informativo y noticioso de canal 7, incluyendo pauta comercial, y que funciona así sin interrupciones. C. Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT): siendo este Ministerio el ente rector del sector Ciencia, Tecnología, Telecomunicaciones y Gobernanza Digital del Gobierno de la República de Costa Rica.

Detallar las normas y procedimientos que ha establecido dicho Ministerio para los prestadores de los servicios de televisión, particularmente los que brindan el servicio de televisión abierta, en cuanto a la accesibilidad de las personas con discapacidad, particularmente discapacidad auditiva. Detallar las medidas que puede tomar dicho Ministerio para verificar el cumplimiento de tales normas y procedimientos.

Indique si se han presentado y tramitado reclamaciones de usuarios por la falta de acceso a los servicios de televisión, particularmente la televisión abierta, por parte de personas con discapacidad auditiva.

Indique a esta Sala si lo que informan los recurridos se puede verificar por esa institución, a saber: Que Repretel tiene desde mayo del 2020 tiene un servicio de “closed caption” automático para toda la programación de los canales 6 y 11 y que funciona sin interrupciones, que en el caso de canal 4 de Repretel el programa “aprendo en casa” cuenta con interpretación accesible a la población sorda a través del lenguaje lesco. Que la Sociedad Periodística Extra tiene cinco programas con intérprete lesco, y que funciona así sin interrupciones. Que SINART tiene varios programas con intérprete lesco, y que funciona así sin interrupciones. Que Televisora de Costa Rica tiene el sistema de “closed caption” para todos los programas de carácter informativo y noticioso de canal 7, incluyendo pauta comercial, y que funciona así sin interrupciones.

Informa bajo juramento, FEDERICO MARTIN TORRES CARBALLO, en su calidad de Ministro a.i del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), en resumen. Sobre las telecomunicaciones como facilitadoras para el ejercicio de derechos fundamentales y derechos humanos. Sobre la competencia del Micitt en la regulación de contenido transmitido a través de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva : el denominado “closed caption” (C.C.) de conformidad con el Reglamento de Receptores se define como “la transcripción en castellano de los diálogos, efectos sonoros, sonidos del ambiente y demás informaciones que no pueden ser percibidos o comprendidos por personas con deficiencia auditiva.” Para la inserción del C.C. en televisión digital terrestre requiere un equipo complementario al de transmisión conocido como “multiplexor”. En el caso de la televisión por suscripción, televisión paga (cableras), también depende del estándar que utilicen. Para el caso en que se incluya un recuadro con traducción en tiempo real en lenguaje Lesco, esto se lleva a cabo por las televisoras en la etapa de producción o posproducción y es parte del contenido como tal de la señal audiovisual. De esta forma, la implementación y despliegue de la funcionalidad de C.C. técnicamente depende del operador de televisión, ya que para brindar este servicio es necesario la adquisición de equipos tecnológicos adicionales o complementarios a la transmisión de televisión, lo que conlleva a costos o recursos agregados. Tanto la funcionalidad Closed Caption como el recuadro con traducción en tiempo real en lenguaje Lesco, se refieren a un tema de contenido sobre lo que transita por las redes de telecomunicaciones, sobre el cual, no existe una competencia legal conferida a la Rectoría de Telecomunicaciones para regular, emitir normativa y por ende, verificar su implementación, conforme lo que se explicará de seguido. La normativa no prevé la injerencia del Estado en cuanto a regular el contenido o tipo de información que se transmiten por las redes de telecomunicaciones, sino que está restringido al ejercicio de facultades en materia de planificación, administración y control del espectro radioeléctrico (independientemente del contenido que se provee a través del recurso escaso), y el régimen sectorial de competencia en lo que respecta a las redes de soporte de telecomunicaciones, al cual se le atribuyó a la Superintendencia de Telecomunicaciones, a fin de asegurar un mercado competitivo, y no discriminatorio, en protección de los derechos usuarios finales. Si bien hay una obligación de participar en la divulgación de la ciencia y de la cultura, a través de la transmisión de los programas que determine el Ministerio de Educación Pública, no se encuentran mayores disposiciones sobre regulación de contenido. En materia de control y emisión de normas técnicas relacionadas con el tema de contenido, no se encuentra dentro del ámbito competencial del MICITT como Rector del Sector de Telecomunicaciones, ni tampoco de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en sus funciones de Ente Sectorial de Competencia ni de Regulador de las Telecomunicaciones. El contenido de la programación que se transmite por medio del servicio de radiodifusión televisiva y sonora de acceso libre y gratuito (sin perjuicio de la realizada por cualquier medio, o cualquier otra forma de transmisión), estarían dentro del ámbito de regulación de la citada Ley de Espectáculos Públicos, lo cual no es competencia de ese Ministerio ni de la Sutel, sino que corresponde eventualmente a la Comisión de Control y Espectáculos Públicos del Ministerio de Justicia y Gracia. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones no es competente para regular las programaciones que transmiten los concesionarios de radiodifusión en el caso concreto de la consulta televisiva de acceso libre y gratuito. De esta forma, la competencia de este Ministerio esta delimitada por disposición legal a la implementación de la política pública en materia de servicios de telecomunicaciones, promoviendo que toda la población pueda acceder a servicios de radiodifusión de calidad desde el punto de vista técnico, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna y propiciando el acceso a la televisión digital abierta y gratuita desde una perspectiva innovadora e incluyente. En cuanto al tema de monitoreo o verificación técnica de si un canal de televisión abierta o por suscripción cuenta con la funcionalidad de "closed caption" o el recuadro de Lesco, considerando que corresponden a funcionalidades para el usuario final, la comprobación de que éstas se presten o no debe hacerse a nivel de usuario final. Es decir, no requiere un conocimiento técnico especializado o un equipo para monitorear, sino que puede se realizada por cualquier persona con un terminal de usuario final (que cuente con la funcionalidad en el caso del "closed caption"), de manera que, para verificarlo, sólo se requeriría que el usuario busque el canal o programación al cual tiene interés, y verifique si está desplegando dichas funcionalidades en su pantalla. Sobre la política pública en materia de servicios de telecomunicaciones dirigida hacia las personas con discapacidad auditiva: Hay consenso en que las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) pueden contribuir sensiblemente a proporcionar mejor calidad de vida a las personas con discapacidad, al convertirse en ayudas compensatorias que las colocan en igualdad de condiciones. En la medida en que se cumpla con el diseño universal, el acceso y utilización en igualdad de condiciones y se proporcionen los medios para la alfabetización digital, puede decirse que las TIC son instrumentos para facilitar a las personas con discapacidad una vida más independiente.

Con la finalidad de exponer las acciones específicas sobre el tema de las Tecnologías de Información y Comunicación y la discapacidad (no sólo auditiva), presentes en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones vigente, a continuación, se indican las acciones, políticas y metas que se encuentran en este instrumento, disposiciones emitidas en ejercicio de las competencias legales atribuidas a esta Rectoría de Telecomunicaciones. Uno de los pilares que fundamenta al Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones es el de Inclusión Digital, éste contiene la Agenda de Solidaridad Digital, que es la herramienta que prioriza el conjunto de acciones a corto, mediano y largo plazo, destinadas a garantizar el desarrollo humano de las poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad, proporcionándoles acceso a las técnicas de trabajo y recursos tecnológicos que permiten ofrecer servicios con el apoyo del equipamiento informático y de las telecomunicaciones (TIC) y dentro de las cuales se encuentran las personas con discapacidad. En este pilar se contemplan todos los proyectos a desarrollar con el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL). Es posible observar que, se consideró como parte de la política pública contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (lease en adelante PNDT), el promover y considerar las necesidades integrales de las personas, incluyendo las personas con discapacidad como un eje transversal que orienta las acciones de corto, mediano y largo plazo dispuestas en éste, siendo que para su materialización y verificación de avance, se previó en conjunto con el Rector en Discapacidad, la incorporación del Programa N° 14 denominado Accesibilidad en las Tecnologías de Información y Comunicación, particularmente la Meta N° 25 dentro del PNDT, la cual establece: “100% de la estrategia para la aplicación de criterios de accesibilidad y diseño universal en las tecnologías de la información y la comunicación implementadas en las instituciones del Gobierno Central al 2021”. Mediante el informe técnico N° MICITT-DEMT-DPPT-005-2020, denominado “Segundo Informe de Evaluación Bienal de las Metas del PNDT 2015-2021, corte al 31 de diciembre de 2019” señala que, para esta Meta, el responsable de su ejecución es el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad - CONAPDIS, Rector en materia de Discapacidad, el cual reportó que se había alcanzando un 80% de la meta total, logrando así, el objetivo a cumplir para el periodo en análisis. La entidad señaló que este avance se debió a acciones como la elaboración de normas técnicas, evaluaciones diagnósticas de los sitios web elaboradas, y curso de capacitación sobre accesibilidad digital. En el PNDT, en la sección de factores críticos de éxito, se establece el desarrollo de una Política para la promoción de la accesibilidad de las Telecomunicaciones/ TIC para las personas con algún tipo de discapacidad: -Impulso e incentivo de la adopción de los estándares en las páginas Web del Estado. En cumplimiento de esta política, se emitió la Directriz N° 051-MTSS-MICITT, denominada: “Implementación de sitios Web accesibles en el sector público costarricense”, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 118 de fecha 25 de junio de 2019. A partir de la publicación de la directriz se cuenta con un plazo máximo de tres años para alcanzar el nivel básico de implementación y de seis años para el nivel intermedio. Sobre las delimitaciones competenciales en relación con el régimen jurídico de protección a los derechos de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones y la atención y resolución de las reclamaciones en sede administrativa: La competencia para atender este tipo de gestiones administrativas está delegada normativamente a la Superintendencia de Telecomunicaciones, por lo cual este Ministerio adolece de las potestades públicas que son reservadas a la Ley para tales fines. En relación con el régimen sancionatorio administrativo según lo establece el artículo 65 de la Ley N° 8642, Ley General de Telecomunicaciones, le corresponde a la SUTEL “conocer y sancionar las infracciones administrativas en que incurran los operadores o proveedores y también los que exploten redes de telecomunicaciones o presten servicios de telecomunicaciones de manera ilegítima”; resultando que el ordinal 67 inciso b) numeral 3) de este mismo cuerpo legal clasifica como una infracción grave “Incumplir las obligaciones derivadas de los derechos de los usuarios a que se refiere esta Ley.” Las reclamaciones administrativas interpuestas por los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones contra los operadores y proveedores de servicios -con inclusión de aquellas que sean tramitadas por las personas con discapacidad auditiva- es una competencia legal atribuida por el ordenamiento sectorial a la Superintendencia de Telecomunicaciones, lo cual incluye el ejercicio de las potestades sancionatorias, o ius puniendi estatal en sede administrativa frente a la eventual violación de los derechos de los usuarios finales. Solicita se tenga por rendido el informe.

Informa bajo juramento, FEDERICO CHACON LOAIZA, en su calidad de Presidente del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en resumen que: Los servicios de telecomunicaciones son aquellos que utilizan redes de telecomunicaciones por medio de las cuales se transporta información y datos. Como parte de este tipo de servicios, tenemos los de “acceso libre” como la televisión abierta o aquellos que se brindan a cambio de una “contraprestación económica”. La televisión abierta, tal y como fue señalado de previo, no es un servicio de telecomunicaciones disponible al público y por lo tanto no le aplica el régimen en mención. En relación con los servicios de televisión abierta, no se han presentado reclamaciones ni se han aplicado sanciones al respecto. Esto es así, debido a que tal y como se indicó de previo y según lo ha señalado la PGR, a la radiodifusión no le aplica el régimen de protección al usuario final. Además, se aclara que el recurrente no ha acudido a la SUTEL a interponer una reclamación sobre este tema. La Ley de Radio es el instrumento jurídico en donde se regulan los servicios de radiodifusión televisiva; sin embargo, la misma no contempla en su articulado ningún listado de obligaciones concernientes a los operadores de este tipo de servicio donde se detalle algún elemento específico sobre derechos de personas con capacidades especiales. Al respecto, la PGR ha señalado que la Ley de Radio se generó en un contexto muy distinto del actual, y por ende no contempla regulaciones específicas en relación con una serie de aspectos. Así, expuso en su opinión jurídica OJ-133-2007, del 26 de noviembre de 2007. No es posible para esta representación, detallar las obligaciones que tienen los prestadores de los servicios de televisión abierta, en relación con la accesibilidad para personas con discapacidad auditiva. Como parte de las competencias y funciones dispuestas en la normativa vigente, la SUTEL se encuentra imposibilitada de verificar la información solicitada, de tal modo que no es viable aportar lo requerido.

Informa bajo juramento, LIZBETH BARRANTES ARROYO, en su calidad de Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con discapacidad, en resumen: E l Conapdis en acatamiento a las disposiciones de la Ley 9303 y como rector en discapacidad, debe solicitar rendición de cuentas a la institucionalidad costarricense, que por competencia regula lo concerniente -en este caso- las telecomunicaciones, específicamente al Ministerio de Telecomunicaciones. Existe registro de que, el 16 de agosto de 2017, la Dirección Ejecutiva sostuvo reunión con el viceministro del ramo para abordar el tema de la transición de la televisión analógica a la digital y los servicios de acceso para las personas con discapacidad, que debían acompañar el cambio, planteándosele algunas consideraciones importantes que contribuyeran al proceso de toma de decisiones de ese ministerio sobre el tema. En el año 2008 se fiscalizó el cumplimiento de las Políticas Nacionales en Discapacidad (2000-2010), contemplando elementos relacionados con la información y la comunicación. A finales del 2019, se trabajó junto al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y el Ministerio de Educación Pública (MEP) en la elaboración del Índice de Derechos de Accesibilidad Digital, una encuesta, promovida por la Iniciativa Global para Tecnologías Inclusivas de la Información y la Comunicación (G3ict), que es una organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva, por el ECOSOC (Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas) desde 2017 y acreditada por la sociedad civil COSP (Conferencia de Estados Partes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad). En el año 2013, la institución realizó el Seminario Taller: “Identificando las necesidades en telecomunicaciones de las personas con discapacidad en Costa Rica” y el grupo focal “Discapacidad e Inclusión en las Telecomunicaciones”. En el seminario-taller, un grupo de personas con discapacidad identificaron sus necesidades en telecomunicaciones, las priorizaron y formularon propuestas de acciones para resolverlas. Para ello trabajaron en ocho áreas, a saber: Telefonía fija y móvil, Trasiego de datos, Telefonía IP, Televisión digital y Televisión IP, Cable digital o análogo, Internet, Geolocalización satelital y Radio análoga o digital. El Conapdis, participa en el Subcomité Técnico CTN03 SC 02 de INTECO, en el que se trabaja actualmente en los siguientes aspectos: Proyecto de norma PN INTE K3:2021 “Requisitos para el uso de la Lengua de Señas Costarricense (LESCO) en medios digitales”, para la cual se toma como referencia la norma Española UNE 13980 Requisitos para el uso de la Lengua de Signos Española en redes informáticas. Actualmente se trabaja en la revisión de las personas expertas, luego se pasará al período de consulta pública. El 29 de mayo de 2020, se firmó la ley 9822 “Reconocimiento y promoción de la Lengua de Señas Costarricense (LESCO)”, que establece en su III Capítulo “Medios masivos de comunicación, telecomunicaciones y otros servicios”, las responsabilidades de servicios públicos y privados con respecto a los servicios de interpretación u otros sistemas de comunicación. Esta ley entra en vigor, 12 meses después de su publicación en La Gaceta, fue publicada el 26 de julio de 2020, por lo tanto, el Conapdis, trabaja actualmente en los elementos técnicos requeridos para la redacción del Reglamento a esta Ley. Durante el año 2020, el Conapdis brindó una colaboración interinstitucional al Ministerio de Educación Pública, para el desarrollo de programas televisivos “Aprendo en Casa”, alternativa para la educación de estudiantes de primaria y secundaria, que en el contexto de la pandemia, requieren medios alternativos a las clases presenciales. Históricamente, el Conapdis mediante la Unidad de Comunicación, ha desarrollado encuentros de capacitación con periodistas de medios de comunicación, para promover los derechos de las personas con discapacidad. Uno de los puntos que se ha tratado ha sido el derecho de acceso a la información, por parte de la población con discapacidad en general y de la población con discapacidad auditiva.

En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Sánchez Navarro; y,

En cuanto a los alegatos de incumplimiento a votos de esta Sala y sobre la Ley n°9049 debe estarse el recurrente a lo resuelto por esta Sala mediante sentencia número 2020-021603 de las 13:24 horas del 06 de noviembre del 2020.

En lo demás, se declara SIN lugar el recurso. Sin embargo, tomen nota los representantes de Conapdis, Sutel y Micitt, de lo indicado en el penúltimo considerando.-

Fernando Castillo

V.

Presidente

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro

V.

Ileana Sánchez N.

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