Resolución 11711-2020

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 02:31 hrs. del

24

de mayo de 2020, el recurrente interpone recurso de hábeas corpus contra

el Director General de la Fuerza Pública y la Fiscalía Adjunta de la Unidad

Especializada de Trámite Rápido de San José y expresa que, en horas de la

noche del 23 de mayo de 2020, el tutelado se encontraba conduciendo su

vehículo en avenida 50, en San Sebastián, San José, cuando fue detenido por

los oficiales de la Fuerza Pública debido a la infracción a la restricción

vehicular sanitaria. Añade que en ese momento el tutelado sufrió una crisis de

ansiedad y se retiró del sitio con su vehículo de forma intempestiva. Por lo

anterior, se inició una persecución policial que se extendió hasta la casa de

habitación del señor [Nombre 001] en el Condominio Nunciatura en

Rohrmoser. Indica que los oficiales de la Fuerza Pública

ingresaron al parqueo privado del condominio sin contar con la debida

autorización, hasta lograr rodear el vehículo de su representado y fuertemente

armados. Explica que por la actuación violenta de los oficiales de policía y el

miedo que tenía, el señor Fernández se negó a salir del automotor, donde

permaneció privado de su libertad por el lapso de una hora y 30 minutos,

hasta que el recurrente se apersonó al sitio como abogado de confianza.

Agrega que previo a salir del vehículo, se comunicó a los oficiales el temor

del tutelado de ser detenido, a pesar de no haber cometido un hecho

delictivo. Refiere que los oficiales manifestaron que el señor [Nombre 001]

movió su vehículo en reversa en dirección a un oficial, lo que se considera

una agresión con arma. Acota que el tutelado niega que ocurriera la

supuesta agresión que acusan los oficiales de la Fuerza Pública y que, por el

contrario, es una justificación para el ingreso ilegítimo de los recurridos al

domicilio del tutelado. Reclama que la acción cometida por el señor

Fernández es una sanción administrativa y no es un delito que fundamente el

actuar de los recurridos. En ese momento, se comunicó vía telefónica a la

Fiscalía de Flagrancias de San José, donde conversó con la Licda. Laura

Vargas y le expuso la anuencia de su representado de salir voluntariamente

del vehículo y someterse al proceso. Además, le consultó a la Licda. Vargas

le informara si se solicitaría prisión preventiva u otra medida cautelar en

contra del señor Fernández, a lo cual se le indicó que se había ordenado la

presentación del señor [Nombre 001] a la Fiscalía. Sostiene que la privación

de libertad de su representado es arbitraria y desproporcionada, en

virtud de que no se solicitaría la imposición de la medida privativa de libertad

del tutelado. Por otra parte, señala que el tutelado permaneció privado de

libertad hasta su presentación en la Fiscalía recurrida al ser las 07:30 horas

del 24 de mayo de 2020. Añade que, al momento de interposición de este

recurso, el tutelado permanece privado ilegítimamente de su libertad en la

sede policial de Barrio Claret, que se ubica diagonal a la Escuela Costa Rica

en San José. Reclama que las autoridades recurridas pudieron citar a su

representado para su compareciera a la Fiscalía de Flagrancia y no privarlo

de su libertad, a pesar de que no se cumplen los supuestos para la aplicación

de la prisión preventiva al tutelado. Estima que lo expuesto lesiona los

derechos fundamentales del tutelado.

Mediante resolución de las 14:34 hrs. del

25 de mayo de 2020, la

Presidencia de la Sala dispuso darle curso al presente asunto y se les solicitó

informe al Director General de la Fuerza Pública y al Fiscal Coordinador de

la Fiscalía de Flagrancia de San José, sobre los hechos alegados por el

recurrente.

Informa bajo juramento

DANIEL CALDERÓN RODRÍGUEZ,

en su condición de Director General de la Fuerza Pública (escrito presentado

a las 09:31 hrs. del 29 de mayo de 2020), que según informe No.

MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRPSJ-DPH-D11A-016-2020, de fecha 27 de

mayo de 2020, suscrito por el Subintendente Franklin Cárdenas Quesada,

Jefe de la Delegación Policial de Hatillo, da por ciertos los siguientes hechos

que se indica en el recurso:

Es cierto que el señor [Nombre 001] conducía

su vehículo en horas de la noche y se dio a la fuga del control vehicular que

se tenía en el lugar. Sobre ello, el informe del Jefe de

Puesto la Fuerza Pública indica: “El día sábado 23 de mayo del año 2020,

al ser las 20:10 horas aproximadamente, el recurso policial de Hatillo

mantenía una acción operativa en el área de venta de drogas de la

localidad de la Ciudadela 25 de Julio en Hatillo Centro, en apego a la

orden de Servicio ORDER O42-2020-DR1-SM, la unidad código 2809, a

bordo de los oficiales Luis Diego Escalante Pineda, cédula 7-0262-0638 y

Juan Carlos Segura Bustamante, cédula 1-1552-0314, le hacen señal de

alto a un vehículo marca Kia, tipo sedán, color gris oscuro, placas

JCT-900, con dos ocupantes, le solicitan muy respetuosamente al

conductor que muestre cédula de identidad, licencia de conducir y además

documento laboral que le permite movilizarse sin infringir la restricción

sanitaria vehicular, el conductor entrega licencia de conducir y cédula de

identidad al oficial de policía pero al escuchar que estaba infringiendo la

restricción vehicular sanitaria por la pandemia COVID-19, este señor se

dispone a darse a la fuga de la intervención de manera temeraria,

irrespetando señales de tránsito y las señales de alto deténgase de los

oficiales que le daban seguimiento sobre un trayecto de aproximadamente

07 kilómetros, hasta llegar a Sabana Oeste”. Lo que no indica el recurrente

es que en la fuga del señor [Nombre 001], en algunos trayectos, iba en

contravía, poniendo en peligro la vida de otras personas que transitaban ese

día. Además, por la zona donde se estaba dando "localidad 25 de julio

”,

zona conflictiva de muchísima venta de droga y lugar donde se cometen

homicidios, donde se dan accionamientos de armas y se encuentran

estructuras criminales, tal y como se indica en el informe del Jefe de la

Policía de Hatillo. Es cierto que el señor [Nombre 001] llegó hasta el parqueo

de la torre de Condominios Nunciatura, en Sabana Oeste.

Ahí los oficiales de policía le gritaban y daban la orden de detención, lo cual

el señor [Nombre 001] hizo caso omiso en todo momento, hasta haciendo

ostentación de su cargo como juez le indica al oficial de policía que

no va a salir. Al respecto, en el informe del jefe se indica: “el conductor

hacia caso omiso y ya adentro del estacionamiento le abalanza en marcha

atrás el vehículo a un oficial de nombre Garmin Vega Barboza, cédula

1-1229-0392, observándolo por el espejo retrovisor, luego coloca el

vehículo en marcha hacia adelante y baja otro piso más del sótano de

estacionamiento, se queda dentro del vehículo, se le solicita que se baje del

vehículo y se escucha que el mismo indica que no se va a bajar, que

trabaja como Juez y que no se baja". Sin embargo, la Fuerza Pública no

ingresó a la casa de habitación del amparado, tal y como lo hace saber, sino

que se ingresó al parqueo del Condominio. Lo que no es cierto es que la

Fuerza Pública ingresara al domicilio del señor [Nombre 001] como lo hace

ver en el recurso, falta a la verdad en su decir. Es importante agregar

que, tal y como se indica en el punto cuarto del informe del Jefe Policial de

Hatillo, al lugar llegó la Licda. Angie Valverde, asesora legal de la Fuerza

Pública, para garantizar, en todo momento, los derechos fundamentales del

amparado. La Licda. Angie se comunica con las Fiscales Laura Vargas e

Iliana Bustamante, quienes mediante Dirección Funcional indicaron lo

siguiente: “... que se le haga la boleta de tránsito, decomiso de la placa por

infringir la restricción sanitaria, hacer prueba de aliento con alcohol

sensor, aprehender al conductor [Nombre 001], dejarlo a la orden de la

Fiscalía de Flagrancia del I Circuito Judicial de San José y

presentarlo a las 07:30 hrs. del día Domingo 24 de mayo de 2020”.

Dirección funcional que fue acatada y obedecida como indicó a Ministerio

Público. El señor [Nombre 001] quedó detenido en el Centro de

Aprehendidos de Barrio México. Se adjunta Orden de Servicio ORSER

042-2020-DR1-SM del Operativo en Ciudadela 25 de Julio que daba inicio el

05 de mayo y finalizó el 31 de mayo de 2020. En aras a la transparencia y

actuar de la Fuerza Pública, todo el incidente y cumplimiento en relación con

el amparado quedó anotado en el Libro de Novedades de la Delegación

Policial de Hatillo a folios 348, 349 y 350, los cuales se adjuntan como

prueba documental. Asimismo, se adjunta el rol de servicio del sábado 23 de

mayo de 2020, de las 18:00 a las 06:00. Se adjunta el parte policial No.

0061227-20 que a las 20:00 hrs. del 23 de mayo de 2020 se le confeccionó al

señor [Nombre 001], el cual se adjunta a este recurso. También se adjunta el

“Tener a la Orden” del Tribunal de Flagrancia del I

Circuito Judicial de San José, por agresión con arma, ya que lanzó el

vehículo a un oficial de policía. El 15 de mayo de 2020 se emitió el Decreto

Ejecutivo No. 42349-MPOT-S, que reformó el Decreto Ejecutivo No.

42253-MOPT-S del 24 de marzo del 2020, denominado “Restricción

vehicular en horario nocturno para mitigar los efectos del Covid-19”,

estableciendo: "En el caso de los días sábado y domingo, inclusive y en el

periodo comprendido entre las 19:00 horas y las 04:59 horas, no se

permitirá el tránsito vehicular en todo el territorio nacional, salvo las

excepciones contempladas en el artículo 4° del presente Decreto Ejecutivo”.

Al transitar el señor [Nombre 001] el sábado 23 de mayo de 2020 en horas

de la noche, estaba incumpliendo dicha orden sanitaria y el

mismo no se encontraba dentro de las excepciones porque a pesar de que

indicó que era Juez de la República, no justificó que se encontraba

laborando. Ahora bien, si eso es cierto, como Juez de la República debe

saber que todo ciudadano, independientemente de su profesión y lugar de

trabajo, debe de respetar siempre y en todo momento las leyes. En el caso

particular, la orden sanitaria emanada del Decreto Ejecutivo supra citado. En

síntesis, como queda demostrado, el Ministerio de Seguridad Pública realiza

operativos para la prevención del delito y en el caso de la pandemia del

COVID-19 hace controles de carretera para hacer respetar las órdenes

sanitarias tanto diurna como nocturna, de lunes a viernes, sábados y

domingos. Orden sanitaria incumplida por el aquí señor [Nombre 001], el

cual irrespetando la autoridad de Policía se dio a la fuga violentando las

normas de tránsito y echando encima dicho auto a un oficial

de Policía. Tal y como lo indica en el recurso, si esos hechos no fueron

ciertos, lo cual queda claramente demostrado el actuar del señor [Nombre

001], también el recurrente puede acudir tanto a la vía penal como a la vía

administrativa para interponer su denuncia. Nótese que la Fiscalía de

Flagrancia dio la dirección funcional de dejar detenido al señor [Nombre

001], con la orden de pasarlo el día siguiente. Cumplimiento y orden que se

acató de inmediato, tal y como lo ordenó la Fiscalía de Flagrancia del

I Circuito Judicial de San José, dirección funcional que se obedeció en todo

momento por los oficiales de Policía. Solicita declarar sin lugar el recurso.

Informa bajo juramento

LAURA MONGE CANTERO, en su

condición de Fiscala Adjunta de la Unidad Especializada de Trámite Rápido

(escrito presentado a las 11:33 horas del 29 de mayo de 2020), que para dar

respuesta al presente recurso se le solicitó un informe a la Licenciada Laura

Vargas, quien indicó que el sábado 23 de mayo de 2020, al ser

aproximadamente las 20:30 hrs., recibió una llamada telefónica por parte de la

Licenciada Angie Valverde, Asesora Legal de la Fuerza Pública, quien le

indicó que un conductor en un retén policial por la restricción sanitaria del

COVID-19, se dio a la fuga, dando vuelta en U y yéndose en contravía.

Además, la señora asesora legal refirió que en esa maniobra el encartado

intentó golpear a los oficiales con su vehículo, para no acatar la instrucción

de que se detuviera debido a que tenía placa restringida. Indicó la señora

Valverde, que el vehículo casi golpea a dos oficiales, ya que a pesar de que

los mismos estaban ahí y eran visibles para el conductor, al encartado no le

importó y dio un viraje en U en la dirección hacia donde estaban los oficiales

y que éste no los golpeó ya que ellos se lograron esquivarlo, de lo contrario,

los hubiera atropellado. Refirió la asesora legal que el imputado intentó darse

a la fuga, pero los oficiales lo siguieron sin perderlo de vista hasta que

ingresó a un condominio. Los oficiales ingresaron al condominio con

autorización de los que se encontraban en las agujas de control y allí el

encartado se detuvo en un área común del condominio, sin salir del vehículo

hasta que accedió a salir del mismo a las 22:45 hrs. Durante el transcurso de

la noche, después de esa primera llamada con la licenciada Angie Valverde,

se tuvieron más llamadas de parte de la asesora legal hacia la Fiscalía de

Flagrancias y de turno e incluso se intercambiaron mensajes de WhatsApp

debido a que los fiscales estaban en audiencias. En una de esas llamadas, sin

precisar hora, pero después de las 20:30, la fiscala Vargas conversó con un

oficial que le mencionó que también, ya estando en el condominio, el

conductor lo golpeó con el carro, ya que éste quería mover el carro del lugar

donde estaba y se le había girado la instrucción que no lo hiciera, y a pesar

de esto lo movió y lo golpeó con el vehículo, razón por la cual se coordinó

con tránsito para que realizaran los partes correspondientes en razón de que

circuló con restricción sanitaria y contravía. Las comunicaciones y la

dirección funcional que se dio fueron por vía telefónica, tal y como funciona

en todos los casos en flagrancia. Un conductor se había dado a la fuga en un

control de carreteras, y que éste había intentado golpear a dos oficiales con

su vehículo y además había huido en contravía, siendo detenido finalmente

en un parqueo de un condominio, lugar donde no quiso salir del vehículo

hasta las 22:45 horas. En la dirección funcional que se brindó por parte de la

fiscala Laura Vargas, de acuerdo a los hechos descritos por vía telefónica,

que encuadran en los delitos de resistencia agravada y agresión con arma, se

tomaron en consideración a varios elementos importantes, que son:

No se

trataba de un allanamiento ilegal, ya que los oficiales venían siguiéndolo y

nunca lo perdieron de vista. Asimismo, en el caso que nos ocupa, se ingresó

con autorización a las áreas comunes de un condominio, mismas que se rigen

por la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio (No. 7933).

Con

relación al segundo punto alegado por la defensa, indica la fiscala Laura

Vargas que “… en primer lugar, el encartado se logra aprehender hasta

las 22:45 y la hora de salida es las 23:00 horas por lo cual no era posible

atenderlo ese día, en segundo lugar, el encartado estaba aprehendido por

la autoridad policial, ello de conformidad con el artículo 235 inciso a, el

cual menciona que la policía podrá aprehender a toda persona sin orden

judicial en caso que sea sorprendido en flagrancia, siendo que el último

párrafo del artículo 235 establece que la autoridad policial que haya

aprehendido a alguna persona deberá ponerla con prontitud a la orden

del Ministerio Público, para que este si lo estima necesario solicite al juez

la prisión preventiva. La solicitud deberá formularse luego de realizar las

diligencias indispensables y en todo caso dentro de las 24 horas contadas

a partir de la captura”. Queda claro que la fiscalía actuó conforme a

derecho, por un principio de legalidad no procedía poner en libertad al

encartado sin que fuera puesto a la orden del Ministerio Público, para valorar

los hechos y realizar la investigación correspondiente. Es importante aclarar

que no era posible atender al encartado en horas de la madrugada, debido a

que el horario de atención del despacho termina a las 23:00 horas y en este

caso se informó por parte de la licenciada Angie Valverde que el encartado

había salido del vehículo hasta las 22:45 hrs. Indicó también en su informe la

fiscala Vargas que, al defensor del encartado, en ningún momento, se le dijo

que no se le iba a solicitar prisión preventiva o medidas cautelares, ya que ni

siquiera se había recibido la denuncia o el parte policial en ese momento.

Refirió la fiscala Laura Vargas que ella le explicó al defensor que no le iba a

corresponder a ella tramitar el caso, por lo cual no podía saber si iba a

solicitar prisión o alguna medida cautelar. Es el fiscal que valora el caso una

vez que ingresa a la Fiscalía, el que decide si es necesario o no, solicitar ante

el juez alguna medida cautelar o prisión preventiva. En ese sentido, la Sala

Constitucional, en el voto No. 294-2001, del 16 de enero de 2001, establece:

“Es importante aclarar que la jurisprudencia de la sala ha ido

evolucionando y aclarando algunos aspectos de medular importancia en

este tipo de reclamos, por ejemplo, en lo que se refiere al indicio

comprobado, se ha dicho que se trata de una existencia real de una

información objetiva capaz de producir un conocimiento probable de una

imputación delictiva. Además sobre la detención en caso de

contravenciones, la sala ha entendido las limitaciones de formación

técnica-jurídica que tienen los oficiales de la policía administrativa y ha

dicho que la valoración de las probanzas y la calificación del hecho

atribuido es una tarea técnica que corresponde a las autoridades judiciales

en lo penal, así como que la policía administrativa podría en algunos

casos no estar en capacidad de calificar determinada conducta-si es delito

o contravención- lo que de manera alguna le impide actuar en resguardo

del orden público, salud pública, o los derechos de terceros, en el tanto y

cuando exista el indicio comprobado de una actuación lesiva de esta

naturaleza se está presentando y que la actuación policial oportuna para

evitar un daño mayor”. Como se observa del extracto anterior, se desprende

que la Sala incluso en materia de contravenciones está facultando a la policía

administrativa a aprehender personas, y en el caso que nos ocupa que había

un indicio comprobado de un delito penal en Flagrancia, se faculta a pasarlo

aprehendido y verificar todas las probanzas, razón por la cual no había

ninguna posibilidad de acuerdo a la ley de poner en libertad al encartado y

citarlo para el día siguiente. Asimismo, se operó siempre dentro del marco de

la legalidad establecido por ley ya que nunca transcurrieron más de 24 horas.

Es importante resaltar que, si el encartado hubiera tenido un comportamiento

distinto al que presentó ante las autoridades y no se hubiera quedado

encerrado dentro de su vehículo por casi tres horas, la atención de su caso

se hubiera podido realizar en el horario de la noche en flagrancias y no

hubiera tenido que esperar hasta la mañana del día siguiente. Amén de lo

anterior, se aclara que según lo informado por la Fiscala Gabriela

Montealegre, quien fue la encargada de tramitar el caso, la causa de marras

ingresó a la Fiscalía de Flagrancias a las 08:00 horas, se atendió lo antes

posible, se tomó la denuncia, el parte policial y los datos y el defensor

particular estuvo presente en todas las grabaciones y realizó preguntas a los

testigos y al momento de tomar los datos, el imputado dijo que quería

declarar pero que quería denunciar a los oficiales por los delitos de

allanamiento ilegal, abuso de autoridad y otros, por lo que se abrió causa

nueva y se le tomó la declaración en forma de denuncia, en presencia del

abogado defensor del imputado, ofreció prueba testimonial y solicitó

diligencias de investigación que se ordenaron en ese mismo momento.

Continúa indicando la fiscala Montealegre que después se realizó la audiencia

inicial, no se solicitaron medidas cautelares porque la fiscala valoró luego de

la investigación que el imputado contaba con todos los arraigos y se solicitó

la acumulación de las causas y la incompetencia al juez de flagrancias para

que se remitieran las mismas a la Fiscalía de Pavas para continuar con su

tramitación en la vía ordinaria, dado que nos encontrábamos ante una

excepción del artículo 422 del Código Procesal Penal. La causa se comenzó

a grabar a las 9 y 30 de la mañana y la audiencia inicial comenzó a las 02 y 15

de la tarde, por lo que puede corroborarse que todas las actuaciones de la

Fiscalía de Flagrancias fueron realizadas apegadas a derecho, eficientemente

y la finalización de todas las diligencias de su competencia se dieron en

mucho menos de las 24 horas que la ley contempla. Por todo lo

anteriormente expuesto, solicita rechazar el recurso de hábeas corpus

interpuesto, por no haber sido violentado ningún derecho constitucional del

imputado.

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:38 hrs. del

01 de junio de 2020, IVANNIA MUÑOZ CHACÓN, en su condición de

Coordinadora de la Fiscalía de Flagrancias de San José, indica que remite

CD con las grabaciones de la causa penal No. 20-592-1283-pe, la cual está

relacionada con el presente hábeas corpus.

Mediante resolución de las 12:39 hrs. del 10 de junio de 2020, se

ordenó como prueba para mejor resolver lo siguiente:

A Daniel Calderón

Rodríguez, en su condición de Director General de la Fuerza Pública o a

quien en su lugar ocupe ese cargo, informe a esta Sala a qué hora y día el

tutelado [Nombre 001], fue detenido y a qué hora y día fue presentado ante

la Fiscalía de Flagrancia.

A Laura Monge Cantero, en su

condición Fiscala Adjunta de la Unidad Especializada de Trámite Rápido, o a

quien ocupe su cargo, se le previene informar a esta Sala lo siguiente: a) por

cuál causa y cuál delito se procesó penalmente al amparado [Nombre 001];

b) qué día y a qué hora fue puesto en libertad el justiciable, si así fue; c) cuál

despacho y qué se resolvió sobre la situación

jurídica del tutelado [Nombre 001].

Informa bajo juramento

LAURA MONGE CANTERO, en su

condición de Fiscala Adjunta de la Unidad Especializada de Trámite Rápido

(escrito presentado a las 11:33 horas del 29 de mayo de 2020), que para dar

respuesta a lo solicitado, se le requirió un informe a la Licenciada Ana

Gabriela Montealegre Tomás, quien como encargada de tramitar el caso, ante

lo consultado en los puntos a, b y c, indicó: “El número de expediente es

20-000591-1283-PE por el delito de Agresión con Arma; fue puesto en

libertad por parte del Tribunal de Flagrancia. Quedó en libertad a las

15:34 horas del 24 de mayo del 2020. El expediente se acumuló a la

causa 20-000592-1283-PE por el delito de Allanamiento Ilegal y otros y

fue remitido, por Incompetencia, a la Fiscalía de Pavas el 25 de mayo de

2020”. Por todo lo anteriormente expuesto, y siendo que todas las

actuaciones del Ministerio Público fueron realizadas conforme a derecho y

dentro del plazo de ley, solicita a los señores Magistrados de la Sala

Constitucional rechazar el recurso de hábeas corpus interpuesto, por no

haberse violentado ningún derecho constitucional al imputado.

Informa bajo juramento

DANIEL CALDERÓN RODRÍGUEZ,

en su condición de Director General de la Fuerza Pública (escrito presentado

a las 15:40 hrs. del 12 de junio de 2020), que el tutelado [Nombre 001] fue

aprehendido a las 22:00 hrs. del 23 de mayo de 2020, en San José, Sabana

Oeste, en Condominios Nunciatura y fue mantenido en las

celdas del centro de aprehendidos y presentado el 24 de mayo de 2020, a las

07:30 hrs., esto por dirección funcional de las fiscalas Laura Vargas e Ileana

Bustamante. Además, se adjunta, copias certificadas de los folios 42, 44,1

53,154 y 155 del libro de oficialía de guardia del Centro de Aprehendidos de

Barrio Clared en Barrio México.

En la substanciación de este proceso se han observado las

prescripciones de ley. :

Redacta el Magistrado

Hernández Gutiérrez; y,

DE PREVIO. La Magistrada Garro Vargas informó al Tribunal que

fue profesora del tutelado un poco más de un año antes de los hechos.

Además, que tal como consta en el expediente, la noche del 23 de mayo

recibió del amparado un mensaje por WhatsApp mediante el que le

consultaba si tenía el número de teléfono de la Sala Constitucional en el que

se atiende a los usuarios durante las 24 horas; y que ella dio la información

requerida. El Tribunal consideró que a la Magistrada Garro Vargas no le

asiste ningún motivo de inhibitoria, recusación o excusa en este caso; por

consiguiente, está habilitada para votar este asunto.

OBJETO DEL RECURSO. El recurrente alega que, en horas de

la noche del 23 de mayo de 2020, el tutelado [Nombre 001] se encontraba

conduciendo su vehículo en avenida 50, en San Sebastián, San

José, cuando fue detenido por los oficiales de la Fuerza Pública debido a la

infracción a la restricción vehicular sanitaria. Añade que en ese momento

sufrió una crisis de ansiedad y se retiró del sitio con su vehículo de forma

intempestiva. Por lo anterior, se inició una persecución policial que se

extendió hasta su casa de habitación en el Condominio Nunciatura en

Rohrmoser, lugar donde finalmente fue detenido. Añade que, al momento de

interposición de este recurso, permanece privado ilegítimamente de su

libertad en la sede policial de Barrio Claret, que se ubica diagonal a la Escuela

Costa Rica en San José, por orden de la Fiscalía de Flagrancia de San José.

Reclama que las autoridades recurridas pudieron citar a su representado para

su compareciera a la Fiscalía de Flagrancia y no privarlo de su libertad, pues

no se cumplen los supuestos para imponerle prisión preventiva.

HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este

asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

El sábado

23 de mayo de 2020, al ser las

20:10 hrs.

aproximadamente, los oficiales de la Fuerza Pública Luis Diego

Escalante Pineda y Juan Carlos Segura Bustamante, en la unidad

código 2809, quienes mantenían una acción operativa en el área

de venta de drogas de la localidad de la Ciudadela 25 de Julio,

en Hatillo centro, le hicieron señal de alto a un vehículo marca

Kia, tipo sedán, color gris oscuro, placas JCT-900, con dos

ocupantes. El conductor entregó la licencia de conducir y la

cédula de identidad al oficial de policía, pero al escuchar que

estaba infringiendo la restricción vehicular sanitaria por la

pandemia del COVID-19, se dispuso a darse a la fuga de la

intervención de manera temeraria, irrespetando señales de

tránsito y las señales de alto, deténgase, de los oficiales que le

daban seguimiento sobre un trayecto de aproximadamente 07

kilómetros, hasta llegar a Sabana Oeste. Las unidades que le

dieron seguimiento fueron las 3966 y 4129 (informe del Director

General de la Fuerza Pública y prueba documental aportada).

El sábado

23 de mayo de 2020, a las 22:00 hrs.

aproximadamente, el amparado fue aprehendido por oficiales de

la Fuerza Pública en el parqueo de Condominios Nunciatura,

sito en Sabana Oeste, San José, según dirección funcional de la

Fiscalía de Flagrancia, representada por las fiscalas Laura

Vargas e Ileana Bustamante, en coordinación con la asesora

legal de la Fuerza Pública, Angie Valverde, pues había un indicio

comprobado de un delito penal en Flagrancia, en concreto:

agresión con arma, por supuestamente haber lanzado el vehículo

que manejaba a un oficial de policía (informes de las

autoridades recurridas y prueba documental aportada).

El sábado

23 de mayo de 2020, a las 23:15 hrs.

aproximadamente, el amparado fue trasladado al Centro de

Aprehendidos, sito en Barrio México, donde permaneció

detenido hasta el día siguiente, a la orden del Tribunal de

Flagrancia del I Circuito Judicial de San José, por el presunto

delito de agresión con arma, en perjuicio de Germin Antonio

Vega Barboza, oficial destacado en la Delegación Policial de

Hatillo (informe del Director General de la Fuerza Pública y

prueba documental aportada).

El domingo 24 de mayo de 2020, a las 07:30 hrs., el

amparado fue presentado por oficiales de la Fuerza Pública a la

Fiscalía de Flagrancia de San José (informe del Director General

de la Fuerza Pública y prueba documental aportada).

El domingo 24 de mayo de 2020, a las 15:34 hrs., el

amparado fue puesto en libertad por el Tribunal de Flagrancia de

San José, ya que la Fiscala Gabriela Montealegre no solicitó

medidas cautelares porque valoró, luego de la investigación, que

el imputado contaba con todos los arraigos (informe de la

fiscala recurrida).

El expediente No. 20-000591-1283-PE, por el delito de agresión

con arma, que se inició contra el amparado, fue acumulado a la

causa No. 20-000592-1283-PE, que, por los delitos de abuso de

autoridad, allanamiento ilegal, amenaza agravada y daños, contra

Germin Antonio Vega Barboza y otros, fue interpuesto por el

amparado (informe de la fiscala recurrida).

El lunes 25 de mayo de 2020, ambas causas penales fueron

remitidas por incompetencia a la Fiscalía de Pavas (informe de

la fiscala recurrida).

EN CUANTO AL OBJETO DEL HABEAS CORPUS Y LA

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. De

conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de la Jurisdicción

Constitucional, el hábeas corpus es un recurso especial y preferente por

medio del cual se solicita el restablecimiento del derecho constitucional a la

libertad, la suspensión de todo orden que la amenace y la protección de la

integridad personal, sin que por ello esta jurisdicción se convierta en una

instancia más en el proceso penal. Por consiguiente, el hábeas corpus se

tramita mediante un procedimiento sumario, sencillo e informal, por el cual se

protege el derecho a la libertad de tránsito y la integridad física de los

ciudadanos de cara a la autoridad pública, puesto que la Sala sólo puede

conocer aquellas actuaciones de los tribunales comunes que guardan una

estricta relación e incidencia sobre libertad personal, sea su restricción

efectiva o la amenaza directa a su restricción.

SOBRE EL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL.

En

cuanto al derecho a de libertad personal, este Tribunal se ha pronunciado en

múltiples ocasiones respecto de la interpretación del precepto de

“perentorio” contenido en el numeral 37 constitucional. En ese sentido ha

señalado que aun no habiendo transcurrido el plazo de 24 horas podría haber

una detención arbitraria aunque la persona detenida haya sido puesta ante la

autoridad competente. Este parámetro temporal contenido en el precepto

normativo constitucional demanda de las autoridades que han realizado una

aprensión a resolver con prontitud y celeridad la situación jurídica del

detenido. En ese sentido, en la sentencia número 2007-011265 de las 14:34

hrs. del 08 de agosto de 2007 se indicó:

“El artículo 37 de la Constitución Política dispone que nadie podrá

ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito, y sin

mandato escrito de Juez o autoridad encargada del orden público, excepto

cuando se tratare de reo prófugo o delincuente flagrante; pero que en todo

caso, deberá ser puesto a disposición de juez competente dentro del término

perentorio de veinticuatro horas. Dicho plazo se refiere al término dentro

del cual las autoridades policiales o el Ministerio Público deben poner al

imputado a las órdenes de la respectiva autoridad jurisdiccional. Nótese

que este precepto constitucional califica el término de “perentorio”, con

lo cual resulta decisivo, determinante, urgente y apremiante. El plazo

no puede ser interpretado y aplicado por las autoridades del Ministerio

Público y de los cuerpos policiales como un máximo que les legitima

para mantener detenida una persona hasta su expiración.

Se trata de un

parámetro temporal que, en la medida de lo posible, debe ser reducido a

su mínima expresión, evitando su agotamiento o transcurso total

innecesarios.” (ver en este sentido, la sentencia número 2007-011265 de las

14:34 hrs. del 08 de agosto de 2007).

En el mismo sentido, en la sentencia número 15729-2008 08:49 hrs. del

21 de octubre de 2008, se indicó:

“

Caso en concreto.- En el presente asunto, conforme quedó

demostrado, el amparado (...) fue detenido a las dieciocho horas cuarenta

y cinco minutos del veintiséis de septiembre de dos mil ocho, por personeros

de la Delegación Policial de San José al verificarse que se encontraba

intercambiando droga con otra persona, motivo por el cual a las veintitrés

horas treinta minutos de ese mismo día, fue puesto a la orden de la

Fiscalía de Turno Extraordinario, quién determinó que los hechos por los

cuales se le detuvo no constituyen delitos, ordenando al ser las nueve horas

cincuenta minutos del veintisiete de septiembre de dos mil ocho su

inmediata libertad (folio 12). Así las cosas, si bien se determina que el

amparado fue remitido diligentemente por las autoridades de policía ante

la Fiscalía de Turno Extraordinario, ésta última tardó alrededor de diez

horas, en asignar un número de expediente, determinar si el amparado

tenía una orden de presentación o captura, así como si los hechos podían

ser calificados como una conducta penalmente ilícita, siendo que el

fundamento utilizado se basó en el exceso de trabajo y la falta de

personal. Si bien, es un hecho notorio la problemática que en ocasiones

enfrenta el Poder Judicial ante la carencia de personal y la cantidad de

trabajo que debe realizar, se considera que la Fiscalía tuvo tiempo para

atender y resolver la situación jurídica del encartado. En virtud de lo

anterior, queda acreditado la tardanza en la atención y resolución de la

situación jurídica del agraviado, siendo que el plazo de diez horas que

tardó la recurrida en resolver su caso resulta irrazonable, sobre todo por

estar siendo restringido un derecho fundamental como la libertad

personal, motivo por el cual el presente recurso debe ser declarado con

lugar. Por último, tomen notas las autoridades recurridas que

el plazo

que dispone el articulo 37 de la Constitución Política debe ser

interpretado como una garantía para el detenido a fin que la autoridad

judicial competente sea puesta en conocimiento de su privación de

libertad y decida sobre ella, y no una facultad para que se prolongue esa

detención por todo el plazo, difiriéndose con ello, injustificadamente la

custodia judicial. En mérito de lo expuesto, lo procedente es declarar con

lugar el recurso, como en efecto se ordena.” (ver sentencia número

15729-2008 08:49 hrs. del 21 de octubre de 2008).

SOBRE EL CASO CONCRETO. Del análisis de los informes

rendidos, se observa que el tutelado, fue aprendido por funcionarios del

Ministerio de Seguridad Pública a las 22:00 hrs. del 23 de mayo de 2020 y

fue presentado ante el Ministerio Público a las 07:30 hrs. del 24 de mayo de

2020. Posteriormente, la Fiscalía de Flagrancia del I Circuito Judicial de San

José, tomó de manera oral, las respectivas denuncias, parte policial y los

datos de identificación . Sin embargo, ese propio día, no se resolvió la

situación jurídica del amparado, pese a que no se iban a solicitar medidas

cautelares en su contra. Dicha decisión del Ministerio Público provocó que el

amparado se mantuviera detenido por un período de 9 horas, sin necesidad

alguna, ya que, como se indicó anteriormente, no se iban a solicitar medidas

cautelares en su contra.

Sobre el particular, esta Sala no observa alguna violación o amenaza

en cuanto a la aprehensión que sufrió el tutelado, pues se acreditó que esta

fue realizada por parte de las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública

en el marco Operativo en Ciudadela 25 de Julio que daba inicio el 05 de

mayo y finalizó el 31 de mayo de 2020. Sin embargo, una vez confeccionado

el expediente, recabada la prueba de manera oral, e identificado el amparado,

tal y como lo exige el Procedimiento Especial de Flagrancia, la Fiscalía se

afrontaba ante dos panoramas: el primero de ellos, resolver la situación

jurídica del amparado, es decir, decidir sobre una posible solicitud de

medidas cautelares. En el segundo de estos, decidir, si tramitaría la causa

penal del amparado, mediante el procedimiento especial de Flagrancia, o bajo

el procedimiento ordinario. En principio, si el Ministerio Público decide,

tramitar la causa bajo las reglas del Procedimiento de Flagrancia, y al mismo

tiempo, solicitar medidas cautelares en contra del imputado, se deberá de

resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad, de

conformidad con los tiempos que establece el artículo 37 de la Constitución

Política, en concordancia con los artículos 236, y 422 y siguientes del

Código Procesal Penal.

Pero, si la Fiscalía de Flagrancia decide, solicitar la

competencia de Flagrancia al Juez Penal, pero sin intención alguna de

solicitar medidas cautelares, es necesario entonces cuestionarse, si mantener

la privación de libertad de la persona imputada, deviene en

desproporcionada. Sobre el particular, cuando la Constitución Política y el

Código Procesal Penal establecen, que el Ministerio Público cuenta con 24

horas para poner a la persona detenida a la orden de juez competente, lo

hacen en el sentido de conceder dicho plazo, para que la Fiscalía, a partir del

estudio de las probanzas del caso y de las condiciones particulares de la

persona imputada, tome la decisión de solicitar la imposición de las medidas

cautelares.

Lo anterior implica, que una vez tomada la decisión sobre la solicitud

o no de una medida cautelar, mantener la privación de libertad de la persona

procesada, ya sea que esta se originó en una detención o mediante una

aprehensión, pierde su razón de ser, y, por ende, es arbitraria y

desproporcionada. Ahora, la dinámica del proceso ordinario permite que,

una vez terminada la declaración indagatoria, se disponga fácilmente de la

libertad del imputado, puesto que, por el momento, no es necesaria su

participación inmediata en un acto procesal ulterior.

En cambio, en el procedimiento de Flagrancia, en principio, se debe

de gestionar de manera expedita, la celebración de la audiencia inicial para

solicitar la competencia ante el Tribunal de Flagrancia. Dicha dinámica,

permite, mantener la privación de libertad del imputado que fue aprehendido,

de manera razonable y proporcional, y lo estrictamente necesario para

realizar la Audiencia Inicial, dentro de la jornada laboral del Tribunal

de Flagrancia respectivo. Es decir, pese a que, el Ministerio Público

decida solicitar la competencia de Flagrancia, más no, la imposición de

medidas cautelares, se puede presentar al imputado, -aun- privado de

libertad, ante el Juez de Flagrancia, con el fin de que su liberación se ordene

en dicha audiencia de manera inmediata, con el fin de dar inicio de manera

formal al procedimiento especial, y para que el imputado, sea puesto en

conocimiento de la acusación, probanzas y posteriores señalamientos, por

parte del Tribunal. Pero tal y como se indicó anteriormente, dicha decisión,

es conforme a la Constitución, siempre y cuando se ejecute de manera

expedita, es decir, dentro del rango de la jornada laboral del programa de

Flagrancia respectivo, y evidentemente, en apego a las 24 horas que establece

la Constitución Política y el Código Procesal Penal.

Por el contrario, mantener la privación de libertad de una persona, sin

intención alguna de solicitar en su contra una medida cautelar, y hacerle sufrir

una detención durante horas, porque la jornada laboral ya culminó,

únicamente para tenerlo presente, en la Audiencia Inicial que se

celebrara en el siguiente turno laboral hábil, es desproporcional y

violatorio de los derechos fundamentales del imputado. Nótese, que, en

este tipo de escenarios, ya no existe razón alguna, para mantener privado de

libertad al imputado, y mucho menos aún, no existe fundamento, para no

aplicar el instituto procesal de la cita, máxime cuando se parte de la premisa,

de que, la Fiscalía, cuenta con que el imputado, sí se someterá

voluntariamente al proceso.

Por otra parte, no es justificación, que la privación de libertad de una

persona se deba de mantener, bajo el pretexto del cierre de la jornada laboral

del Tribunal de Flagrancia. En ese sentido, no debemos de olvidar, que la

jurisdicción ordinaria, cuenta con personal trabajando fuera del horario hábil,

tanto por las reglas de la disponibilidad, como del Juzgado del Turno

Extraordinario, lo que implica, que, el Ministerio Público no sufriría de

ninguna desventaja o agravio procesal, ante un supuesto, donde decida

tramitar el expediente bajo las reglas del proceso ordinario, en detrimento del

procedimiento de Flagrancia.

En síntesis, no es razonable, que no cese la privación de libertad de

una persona, en contra de la cual, no se solicitará ningún tipo de medida

cautelar, únicamente, porque el turno de Flagrancia acabó; sobre el particular,

esta Sala, en múltiples resoluciones ha establecido, que los problemas de

índole administrativo no pueden invocarse como justificación para atrasar la

consecución de la libertad de una persona.

En el caso concreto, el expediente penal instruido en contra del

tutelado se encontraba completo de previo a la celebración de la audiencia

inicial, y la decisión de solicitar medidas cautelares en su contra, igualmente

se encontraba tomada. Lo anterior implica, que la decisión del Ministerio

Público, a partir de ese momento, era la gestión de la Audiencia Inicial de

competencia ante el Tribunal de Flagrancia, sin intención alguna de solicitar

medidas cautelares en contra del tutelado, y sin más razón que esta. Ahora, el

error del Ministerio Público se encuentra, en su decisión de mantener la

privación de libertad del amparado, bajo la única intención, de contar con

éste para la celebración de la Audiencia Inicial, pese a que la Fiscalía tenía

claro para ese momento, que dicha audiencia no se podría realizar (como

mínimo), entre las siguientes 8 horas y media siguientes, ya que la jornada

laboral del Tribunal de Flagrancia se encontraba por terminar.

La decisión del Ministerio Público no solo provocó que la liberación

del amparado se atrasará a lo largo de las horas correspondientes entre las

23:00 horas y las 07:30 horas del día siguiente a la aprehensión, sino,

además, que se prolongara hasta las 15:34 hrs. del 24 de mayo de 2020, por

temas de agenda del Tribunal de Flagrancia. Bien pudo el Ministerio Público,

citar al amparado para la Audiencia Inicial, sí su intención era seguir con el

procedimiento en Flagrancia; o, por el contrario, procesar al amparado por

las reglas del proceso Ordinario, para lo cual tenía a su disposición

inmediata, al Juzgado de Turno Extraordinario del I Circuito Judicial de San

José. Por las razones anteriores, se declara con lugar el presente extremo del

recurso, en contra de la Fiscalía de Flagrancia del I Circuito Judicial de San

José, por mantener la privación de libertad del amparado, de manera

desproporcionada y contrario al artículo 37 de la Constitución Política.

Consecuentemente, se debe estimar el proceso, tal como se indica en la parte

dispositiva de la presente resolución, en cuanto a las actuaciones del

Ministerio Público, únicamente, para efectos de la indemnización de daños y

perjuicios de conformidad con lo indicado en el artículo 26 de la Ley que

rige esta Jurisdicción.

VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS SALAZAR

ALVARADO Y ARAYA GARCÍA Y LA MAGISTRADA GARRO

VARGAS, CON REDACCIÓN DE LA ÚLTIMA.

Al igual que la Fuerza Pública, también estimamos que el Ministerio

Público no ha incurrido en infracción a los derechos fundamentales del

amparado. Si bien el hecho generador de lo acontecido a éste es la supuesta

infracción a la restricción vehicular sanitaria en que habría incurrido el

sábado 23 de mayo de 2020, al ser las 20:10 hrs. aproximadamente, su

posterior detención temporal no se sustentó en ese acusado incumplimiento

de la normativa de circulación de vehículos en el contexto de la actual

pandemia provocada por el coronavirus COVID-19, que, en efecto, sólo

acarrearía sanciones administrativas, sino en un indicio comprobado de que

había incurrido en la comisión de un hecho que constituye un ilícito penal en

flagrancia. Se acredita que el delito que se le endilga es el de agresión con

armas, tipificado en el artículo 140 del Código Penal, que preceptúa lo

siguiente: “Agresión con armas. Artículo 140.-

Será reprimido con prisión

de dos a seis meses el que agrediere a otro con cualquier arma u objeto

contundente, aunque no causare herida, o el que amenazare con arma de

fuego. Si concurriere alguna de las circunstancias previstas en el homicidio

calificado o en estado de emoción violenta, la pena aumentará o

disminuirá en un tercio respectivamente, a juicio del Juez”. En ese sentido,

lo dispuesto por el Ministerio Público, encuentra sustento en el artículo 37 de

la Constitución Política y en los artículos 235 y 236 del Código Procesal

Penal, que establecen los alcances para que se pueda ejecutar una

aprehensión. Además, si bien una vez que fue detenido por la Fuerza Pública,

no se dio una remisión inmediata a la Fiscalía de Flagrancia, de conformidad

con las reglas para dicho procedimiento especial, que se encuentran

estipuladas a partir del artículo 422 del Código Procesal Penal, fue por lo

tarde de la noche del sábado 23 de mayo de 2020 y en lo que tiene

responsabilidad el amparado, pues demoró más de 02 horas en aceptar salir

del vehículo, lo que ocasionó que permaneciera en el Centro de

Aprehendidos, sito en Barrio México, hasta el día siguiente, cuando fue

presentado ante la Fiscalía de Flagrancia de San José.

Al respecto, es necesario destacar lo informado por la Fiscal Adjunta de la

Unidad Especializada de Trámite Rápido:

“Queda claro que la fiscalía actuó conforme a derecho,

por un principio de

legalidad no procedía poner en libertad al encartado sin que fuera puesto a la

orden del Ministerio Público, para valorar los hechos y realizar la investigación

correspondiente . Es importante aclarar que no era posible atender al encartado en

horas de la madrugada, debido a que el horario de atención del despacho termina a

las 23:00 horas y en este caso se informó por parte de la licenciada Angie Valverde

que el encartado había salido del vehículo hasta las 22:45 horas.

Indicó también en su informe la fiscala Vargas que al defensor del encartado

en

ningún momento se le dijo que no se le iba a solicitar prisión preventiva o

medidas cautelares, ya que ni siquiera se había recibido la denuncia o el parte

policial en ese momento. Refirió la fiscala Laura Vargas que ella le explicó al

defensor que no le iba a corresponder a ella tramitar el caso, por lo cual no podía

saber si iba a solicitar prisión o alguna medida cautelar. Es el fiscal que valora el

caso una vez que ingresa a la Fiscalía, el que decide si es necesario o no, solicitar

ante el juez alguna medida cautelar o prisión preventiva.

(…)

Es importante resaltar que, si el encartado hubiera tenido un comportamiento

distinto al que presentó ante las autoridades y no se hubiera quedado encerrado

dentro de su vehículo por casi tres horas, la atención de su caso se hubiera podido

realizar en el horario de la noche en flagrancias y no hubiera tenido que esperar

hasta la mañana del día siguiente.

Amén de lo anterior, se aclara que según lo informado por la Fiscala Gabriela

Montealegre, quien fue la encargada de tramitar el caso, la causa de marras

ingresó a la Fiscalía de Flagrancias a las 8:00 horas, se atendió lo antes posible, se

tomó la denuncia, el parte policial y los datos y el defensor particular estuvo

presente en todas las grabaciones y realizó preguntas a los testigos y al momento de

tomar los datos, el imputado dijo que quería declarar pero que quería denunciar a

los oficiales por los delitos de allanamiento ilegal, abuso de autoridad y otros, por

lo que se abrió causa nueva y se le tomó la declaración en forma de denuncia, en

presencia del abogado defensor del imputado, ofreció prueba testimonial y solicitó

diligencias de investigación que se ordenaron en ese mismo momento.

Continúa indicando la fiscala Montealegre que después se realizó la audiencia

inicial, no se solicitaron medidas cautelares porque la fiscala valoró luego de la

investigación que el imputado contaba con todos los arraigos y se solicitó la

acumulación de las causas y la incompetencia al juez de flagrancias para que se

remitieran las mismas a la Fiscalía de Pavas para continuar con su tramitación en

la vía ordinaria, dado que nos encontrábamos ante una excepción del artículo 422

del Código Procesal Penal”. (Lo destacado no corresponde al original).

De lo dicho, se puede concluir lo siguiente. No es cierto que, de

antemano, se supiera que no se iban a requerir medidas cautelares en contra

del tutelado. El representante del Ministerio Público puede tomar una

decisión sobre el abordaje que se le va a dar al caso sólo después de la

valorar: las circunstancias fácticas, la puesta a la orden, el análisis del parte

policial, o la declaración oral de la autoridad actuante y cualesquiera otras

pruebas. La aprehensión fue bajo la dirección funcional del Ministerio

Público y se respetó el plazo de las veinticuatro horas establecido en el

artículo 37 de la Constitución Política, así como en el artículo 91 del Código

Procesal Penal -que prevé dicho término para obtener la declaración del

imputado-. No se pudieron realizar las diligencias de rigor durante la misma

noche, debido a la propia conducta del imputado. El tutelado fue atendido a

primera hora del día siguiente. Fue entonces cuando se hicieron todas las

indagaciones y se realizó no solo la entrevista al tutelado, sino que este,

además, planteó una denuncia penal contra los oficiales que atendieron el

caso. De modo que fue hasta ese momento en el que se examinó

integralmente la situación y se dispuso el trámite como un proceso ordinario,

al estar acumuladas para investigación ambas denuncias.

En síntesis, no era posible presuponer -como estima la mayoría- que

no se iba a solicitar la prisión preventiva del endilgando, pues conforme se ha

explicado es hasta el momento en el que fiscal valora el caso cuando es

posible decidir si es necesario o no solicitar ante el juez alguna medida

cautelar o prisión preventiva, como efectivamente aconteció en autos. En este

caso, se decidió no solicitar la prisión temporal del amparado.

Adicionalmente, tramitar el proceso penal por las reglas del

procedimiento de flagrancia, lejos de ser un intento de vulnerar los derechos

fundamentales del tutelado, procuró ser una garantía para que su situación

jurídica fuera resuelta de forma expedita y se pudieran emplear las salidas

que la justicia restaurativa prevé.

Asimismo, el artículo 422 del Código de Procesal Penal que regula este

procedimiento ordena que solo, excepcionalmente, se acudirá a un proceso

ordinario:

“Este procedimiento especial, de carácter expedito, se aplicará en los casos en los

cuales se trate de delitos en flagrancias e iniciará desde el primer momento que se

tenga noticia de la comisión de un hecho delictivo de tal especie. En casos

excepcionales, aun cuando se trate de un delito flagrante, se aplicará el

procedimiento ordinario, cuando la investigación del hecho impida aplicar aquel”.

(Lo destacado no corresponde al original).

Del mismo modo, es preciso insistir que no fue sino hasta que se

recibieron las declaraciones, probanzas correspondientes y la propia

denuncia del tutelado, que se decidió tramitar la causa penal mediante el

procedimiento ordinario. Para tales efectos, era preciso una valoración previa

de las autoridades competentes.

De otra parte, se constata que en el Ministerio Público se inició el

proceso de investigación para tales efectos, en el cual el tutelado podrá

ejercer su defensa material y técnica de la manera que estime conveniente.

Estimamos que es en ese proceso judicial en el cual deberá demostrar si

incurrió o no en la agresión que se le acusa y por lo cual fue temporalmente

detenido, contando para ello con todas las garantías previstas por el

ordenamiento jurídico. Por consiguiente, a diferencia de la mayoría de la

Sala, estimamos que este recurso debe ser declarado sin lugar en todos sus

extremos.

DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel,

así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de

carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido

por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un

plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta

sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea

retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre

Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" , aprobado por la Corte

Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y

publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así

como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en

la sesión No. 43-12 celebrada el 03 de mayo del 2012, artículo LXXXI.