Resolución 01832-2020

1.-

El actor, en escrito de demanda presentado el dos de marzo de dos

mil dieciséis, promovió la presente acción para que en sentencia se declare el

divorcio por sevicia y separación de hecho de la demandada, cobro de daños y

perjuicios, así como la ganancialidad de la construcción realizada sobre la

vivienda construida en la finca inscrita en la provincia de Cartago, matrícula

número [Valor 001], la restitución de las cuotas pagadas por la hipoteca de esa

casa desde el momento del matrimonio hasta la separación, además de

todo el menaje de casa que se describe a continuación:

Nevera de diez pies,

marca Atlas;

Cocina eléctrica de cuatro discos marca Atlas;

Lavadora

marca Samsun (sic);

Muebles de cocina aéreos en melamina,

Juego de

comedor en cenízaro;

Trinchante de sala en cenízaro;

Juego de sala de

cenízaro;

Cama individual con respaldar en cenízaro;

Pantalla de 24

pulgadas marca LG;

Escritorio grande en cenízaro;

Mueble para equipo

de cómputo en melamina;

Librero en melamina;

Dos lámparas de lujo

en la sala;

Lámpara grande de lujo en dirección de la escalera;

Sofá

cama;

Cama matrimonial en cenízaro;

Escritorio pequeño en cenízaro;

Mueble grande para centro de entretenimiento y librero en cenízaro;

19.

Cama matrimonial Queen en cenízaro;

Coqueta grande en cenízaro;

21.

Centro de entretenimiento en cenízaro;

Pantalla de cincuenta y dos

pulgadas marca Frigidaire; 23 Ventilador grande de pie marca Sanyo;

24.

Secadora de ropa grande Frigidaire;

Mueble metálico con cocina de gas

rústica;

Mueble aplanchador en cenízaro;

Dos mesas en cenízaro para

adornos;

Cuadros únicos, relojes de pared artesanales, electrodomésticos

pequeños (dos7777u vvvvv ollas arroceras, licuadora Sanyo, 3 planchas de

ropa marca Samsum (sic), sartén eléctrico marca Sanyo, horno microondas

marca Panasonic; Circuito cerrado de televisión de cinco cámaras y un

grabador de 2 tb (sic). También pide se declare ganancial el vehículo placa

[Valor 005], los dineros y ahorros a plazo que se encuentren a favor de la

demandada en el sistema bancario nacional, que se declare que la accionada

no tiene

derecho al beneficio alimentario y en caso de oposición el pago de las costas

del proceso.

2.-

La demandada contestó la acción en memorial de fecha diecinueve

de abril de dos mil dieciséis y opuso la excepción de falta de derecho,

asimismo presentó reconvención para que en sentencia se declare la

disolución del vínculo matrimonial por la causal de sevicia, se condene al

reconvenido al pago de daños y perjuicios, daño moral, mitad del crédito que

adquirió para compra de vehículo y el pago de ambas costas del proceso.

3.-

El Juzgado de Familia de Cartago, mediante resolución de las once

horas nueve minutos del diez de mayo de dos mil diecisiete, resolvió: “Razones

dadas, se aprueba el acuerdo pactado por las partes de la siguiente manera:

1.

Se disuelve el vínculo matrimonial que les une.

Ambos renuncian a solicitarse

pensión alimentaria de manera recíproca y renuncian al cobro de daños y

perjuicios en esta o en otra vía.

Solicitan que en sentencia se resuelva lo

correspondiente a la distribución de bienes gananciales.

Cada parte asume

sus propias costas. Firme este fallo inscríbase en el Registro Civil, matrimonios

de Cartago, tomo: [Valor 002]), folio: [Valor 003]), asiento: [Valor 004]).” (Sic).

4.-

El Juzgado de Familia de Cartago, por sentencia número 1494, de

las once horas treinta minutos del doce de junio de dos mil diecinueve,

dispuso: “De acuerdo a lo expuesto, y artículos 51 y 52 de la Constitución

Política; 1, 2, 5, 6, 8, 41, 48, 55 y 57 del Código de Familia SE DECLARA:

1.

Sobre construcción de la ampliación de la casa de habitación ubicada en la

finca del Partido de Cartago matrícula [...], se declara que le corresponde al

señor [Nombre 001] el cincuenta por ciento del valor neto de la mejora por

ampliación de casa de habitación en planta alta así como el cincuenta por

ciento de las cuotas hipotecarias mensuales de ciento ochenta mil quinientos

setenta y tres colones pagadas de la vivienda Partido de Cartago matrícula

[Valor 001] desde el matrimonio el quince abril del dos mil once hasta al

momento de la separación, trece de febrero de dos mil dieciséis, así mismo es

ganancial el vehículo placas [Valor 005]. El monto indicado se liquidará en la vía

correspondiente.-

Se excluye de ganancialidad el menaje de la casa, la finca

del Partido de Cartago matrícula [Valor 001] y la vivienda construida en ella.-

3.-Sin especial condenatoria en costas.

Firme este fallo, inscríbase en el

Registro Público de la Provincia de Cartago tomo ciento cuarenta y dos folio

once asiento veintiuno”. (Sic).

4.-

La accionada apeló y el Tribunal de Familia del Primer Circuito

Judicial de San José, por sentencia número 339 de las trece horas veintiocho

minutos del diecisiete de setiembre de dos mil diecinueve, resolvió: “Se

confirma la sentencia recurrida, por las razones del Tribunal”.

5.-

La demandada formuló recurso para ante esta Sala, en escrito

presentado el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, el cual se

fundamenta en las razones que de seguido se dirán en la parte considerativa.

6.-

En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Aguirre Gómez; y,

AGRAVIOS:

Ante la Sala, la demandada-reconventora se muestra

disconforme con la sentencia emitida por el Tribunal, y formula el recurso de

casación como sigue. Manifiesta que la sentencia recurrida infringe el artículo

330 del anterior Código Procesal Civil, pero aplicable a los procesos de

familia, conforme a la ley 9621 del 3 de octubre de 2018, pues las personas

juzgadoras no realizaron un análisis de la comunidad de la prueba de acuerdo

con las reglas de la sana critica. En este sentido, expresa que durante el

matrimonio no existió esfuerzo común ni mucho menos cooperación económica

o moral por parte del actor en la adquisición de bienes que se declararon

gananciales. En primer término, reclama que ni el Juzgado ni el Tribunal

atendieron la pretensión sexta de su escrito de reconvención. Al respecto,

afirma que el accionante ejerció presión psicológica para que ella obtuviera una

serie de préstamos bancarios, los cuales se utilizaron para el pago de las

deudas personales del señor [Nombre 001]. Estima que ello evidencia la

violencia patrimonial en su contra. Luego, arguye que el accionante no

comprobó la contribución en la remodelación de la vivienda que reclama como

ganancial. En su criterio, el material probatorio que consta en autos es

suficiente para comprobar que los bienes obtenidos durante la convivencia

conyugal y la remodelación de la casa únicamente se pagaron con su esfuerzo y

sacrificio. Reitera que, la remodelación de la casa se realizó con sus ahorros

de soltera, su aguinaldo, fondos de su retiro en Coopenae, así como un

préstamo solicitado por ella y debitado mes a mes del salario. En otro orden de

ideas, refiere al convenio de capitulaciones matrimoniales y arguye que el

Tribunal distorsiona conceptualmente este acuerdo. Conforme su apreciación,

el fallo impugnado violenta lo consignado en el párrafo primero del artículo 41

del Código de Familia, pues el actor ya había renunciado en esas

capitulaciones a las ventajas de la distribución final de los bienes muebles e

inmuebles. Además, ataca la decisión del Tribunal de confirmar que las cuotas

hipotecarias mensuales pagadas por el crédito hipotecario son un bien

ganancial, pues, según afirma, ese crédito hipotecario se constituyó antes de

contraer matrimonio, específicamente el 10 de marzo de 2010, por lo cual su

ex-cónyuge no tiene derecho alguno. Considera que, las cuotas pagadas son

patrimonio exclusivo de ella. Por último, alega que el vehículo placa número

[Valor 005] no tiene naturaleza ganancial, porque el actor había renunciado a su

participación en el convenio suscrito en escritura pública. Agrega, que para la

compra del bien se incurrió en un crédito personal que aún está pendiente de

pago. En este sentido, solicita que se anule la sentencia por la violación a los

artículos 330 del anterior Código Procesal Civil y 41 del Código de Familia.

SOBRE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES:

Nuestra

legislación familiar regula el régimen patrimonial dentro del matrimonio, bajo

dos sistemas, por un lado el sistema convencional, específicamente referido a

las capitulaciones matrimoniales, y por otro lado, en ausencia de ese convenio,

opera el régimen supletorio, específicamente el régimen de participación

diferida en los gananciales. Este régimen supletorio opera como un sistema de

libre disposición de los bienes durante el matrimonio, y entra a operar en el

caso de nulidad del matrimonio, divorcio, separación judicial, fallecimiento de

uno de los cónyuges o bien si se concluyen capitulaciones patrimoniales. Opera

sobre los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio, en los términos

señalados en el artículo 41 del Código de Familia y únicamente se aceptan

como bienes los que se hayan adquirido en los supuestos de excepción que ahí

se señalan. La recurrente en su escrito impugnatorio alega que existía un

convenio suscrito entre las partes, donde el actor renuncia a la distribución final

de bienes muebles o inmuebles de naturaleza ganancial. En este sentido, la

impugnante estima que el Tribunal incurre en un error al desacreditar ese

convenio, pues es evidente el ánimo de ambas partes, y en consecuencia no le

asiste derecho al demandante para el reclamar bienes gananciales. En relación

con dicho convenio, en la reconvención la señora [Nombre 002] aporta como

prueba documental la escritura número ciento cincuenta y cuatro, de la Notaria

María de los Ángeles Machado Ramírez, donde en el punto tercero dice en lo

que interesa: “Tercero: que saben y conocen que es deseo de ambos que se

escriban las siguientes capitulaciones: que en caso de separación el señor

[Nombre 001], no percibe ningún bien inmueble, así mismo ambos renuncian

a cobrar pensión alguna” (véase imagen 264 y

265 del expediente del Juzgado en formato PDF). En resolución de las nueve

horas cincuenta y siete minutos del primero de junio del año dos mil dieciocho

se le previno a la parte recurrente que aportara certificación registral de esas

capitulaciones matrimoniales para verificar su inscripción ante el Registro

Nacional, pero no se demostró que estas se inscribieron, sino que la parte

agrega un testimonio expedido el cinco de junio de dos mil dieciocho en el cual

se adiciona a ese punto “[…] ningún bien inmuebles o mueble [...]“

. Por lo

anterior, el Juzgado estimó que no era valido el acuerdo por carecer de

requisitos de eficacia, sea la falta de inscripción, mientras que el Tribunal

considera que: “en el convenio no se estableció renuncia a la distribución final

de gananciales en general, sino que se limitó -aparentemente- a los bienes

inmuebles, denotando -además- una distorsión conceptual en torno a la

naturaleza del derecho ganancial, la cual se circunscribe al pago de un valor

y no a la entrega de ningún bien, con lo cual pareciera que el convenio en

cuestión entendió el derecho ganancial como real y no personal. Aunado a

ello, la capitulación se condicionó al caso de una separación, sin mencionar

un eventual divorcio. De tal suerte, en la especie estamos en presencia de un

divorcio y no está en disputa el valor ganancial de un inmueble, sino de

mejoras, cuotas hipotecarias, préstamos y un vehículo”. En los términos

anteriores, no lleva razón la recurrente en su agravio, porque como lo deja ver el

Tribunal, con independencia del tema de la validez y eficacia del documento

como capitulaciones matrimoniales por la falta de inscripción, ese convenio no

hace referencia al tema de los gananciales en el caso de divorcio, pues lo que

se indica es que el actor "no percibirá ningún bien inmueble"

en caso de

separación, concepto que no puede entenderse comprensivo del derecho de

gananciales, en vista de que es un derecho de valor, o sea de naturaleza

personal, no real. De esa manera, la deficiente redacción del documento

impide, aunque se le considerara válido y eficaz, darle el alcance que pretende

la parte recurrente.

ACERCA DE LOS GANANCIALES:

Al respecto, la parte

impugnante reclama una indebida valoración de los elementos probatorios. En

su criterio, en autos existe suficiente material probatorio para acreditar que el

accionante no participó en la adquisición de los bienes que acrecentaron el

patrimonio familiar. El artículo 330 del anterior Código Procesal Civil, cuyo

quebranto invoca la recurrente, ordena a quien juzga apreciar las pruebas de

acuerdo con las reglas de la sana crítica. Una vez revisado el fallo que se

recurre, la Sala no encuentra que se haya incurrido en el error alegado, toda vez

que no se negó valor probatorio a las probanzas aportadas por la demandada,

sino que en este asunto se estimó, lo cual comparte este órgano, que los

bienes adquiridos durante el matrimonio tienen naturaleza ganancial. El

principal reproche de quien recurre es que, durante la convivencia conyugal, la

carga económica de la relación conyugal estuvo a su cargo, por ello considera

que al promovente no le corresponde derecho de gananciales. Aunque se ha

demostrado que la recurrente realizaba el mayor aporte económico para

sufragar los gastos del hogar, lo cierto es que ello no es argumento suficiente

para excluir al accionante del derecho a participar del cincuenta por ciento del

valor neto de los bienes gananciales, ya que no se está en ninguno de los

supuestos de excepción señalados en el artículo 41 ibídem, que son los únicos

presupuestos por los cuales se puede considerar no ganancial un bien. En ese

sentido, comparte esta Sala el criterio del Tribunal en cuanto expuso que: “el

hecho de que la demandada-reconventora haya asumido el pago de

préstamos, mantenimiento de un vehículo y otros extremos de la misma

índole, no enerva la naturaleza ganancial de los valores y bienes que la

sentencia apelada declaró como gananciales”. En esta línea de pensamiento,

este órgano en reiteradas resoluciones explica que: “el esfuerzo común de los

cónyuges, se desprende de su colaboración no sólo en lo material, sino

también en lo moral y en la entrega de ambos por ir, día con día,

satisfaciendo las necesidades del hogar y debe partirse siempre que ambos

cónyuges velan y se esfuerzan, en la medida de sus posibilidades, por el

mejoramiento de las condiciones de la familia; razón por la cual, se presumen

gananciales los bienes que adquieran durante la vigencia plena de su

matrimonio. Este esfuerzo conjunto, es asumido por el ordenamiento no

como una contribución necesariamente patrimonial o pecuniaria para la

obtención de los bienes, sino como una consecuencia de la modificación que

sufre la condición jurídica de los sujetos con el advenimiento de las nupcias,

y de los deberes que nacen de la nueva condición de casados: convivencia,

mutuo auxilio, fidelidad, lealtad, comunidad de vida, proyecto conjunto, etc.,

es decir, la participación de ambos cónyuges en la nueva forma de vida

(dentro de la cual un aspecto es o puede ser el crecimiento patrimonial) tiene

una naturaleza igualitaria [...]” (en este sentido véase las resoluciones esta

Sala n°s 478 de las 10:10 horas del 11 de junio de 2004; 818 de las 10:10

horas del 29 de julio de 2015; 351 de las 9:50 horas del 8 de abril de 2016; 392

de las 10:15 horas del 29 de marzo del 2019; entre otras). Desde esa

perspectiva, según consta en la certificación del Registro Civil, las partes

contrajeron matrimonio el quince de abril de dos mil once, y el trece de febrero

de dos mil dieciséis, el señor [Nombre 001] salió del domicilio conyugal

(hecho

probado diez, no impugnado). Así las cosas, el siete de agosto de dos

mil doce, la señora [Nombre 002] adquiere el vehículo placa

[Valor 005] por

causa onerosa, y el veinticuatro de marzo de dos mil catorce la recurrente

solicitó ante

la Municipalidad de Cartago, permiso de construcción para ampliación de casa

de habitación en planta alta, cuyo costo, según el permiso de construcción

otorgado, fue de veinte millones cincuenta y dos mil seiscientos colones. En

consecuencia, a pesar de que la recurrente aporte certificación de varias

entidades bancarias para acreditar el origen de los fondos, tanto las mejoras

del domicilio conyugal como el bien mueble efectivamente tienen naturaleza

ganancial, ya que se presume que fueron adquiridos con el esfuerzo mutuo,

pues, como se insiste, no se está en presencia de ningún supuesto de exclusión

contemplado en el ordinal 41 del Código de Familia; incluso, ni siquiera se ha

invocado. En igual sentido, lleva razón el Tribunal al confirmar que el

promovente tiene derecho a participar de la mitad del valor neto de las cuotas

de la hipoteca que se cancelaron desde la fecha de constitución del matrimonio

y hasta la fecha de separación definitiva, pues conforme se ha explicado, existe

una presunción de que, durante la época del matrimonio, ambas partes

colaboraron al momento de hacerse esas erogaciones, independientemente de

quien pagó las cuotas. Ahora bien, en relación con la pretensión sexta de la

reconvención, la actora acusa que el Tribunal no se refirió a ese agravio. Si bien

lleva razón la parte recurrente que en el fallo recurrido no se atendió esa

circunstancia particular, el órgano de alzada si explicó que ese alegato no era

de recibo, porque: “ […] “bienes gananciales son todos aquellos adquiridos a

título oneroso dentro del matrimonio, mediante el trabajo, el esfuerzo y la

cooperación de ambos cónyuges en su comunidad de vida y que han

significado un aumento en el patrimonio de cada uno de ellos, respecto del

que se aportó al constituirse el matrimonio. Observamos así que los bienes

gananciales son aquellos que implican un aumento de capital, un

acrecentamiento patrimonial, forjado mediante el esfuerzo común de los

esposos”. (Trejos Salas, Gerardo y Ramírez, Marina. Derecho de Familia

Costarricense. Tomo I, San José, Editorial Juricentro, segunda edición, 1998.

p. 225). Ese esfuerzo común de los cónyuges se desprende de su

colaboración no solo en lo material, sino también en lo moral..." (énfasis

suplido). Bajo esta inteligencia, el hecho de que la demandada-reconventora

haya asumido el pago de préstamos, mantenimiento de un vehículo y otros

extremos de la misma índole, no enerva la naturaleza ganancial de los

valores y bienes (El resaltado es del original). En el recurso de casación, la

recurrente señala que el accionante ejerció violencia patrimonial en su perjuicio,

toda vez que, mediante presión psicológica, la hizo incurrir en una serie de

préstamos bancarios que se utilizaron para liquidar deudas propias del

reconvenido. No obstante, ese agravio no es atendible, en vista de que en este

proceso existe un convenio conciliatorio, homologado mediante resolución de

las 11:09 horas del 10 de mayo de 2017, donde las partes solicitaron que en

sentencia únicamente se resolviera la distribución de los bienes gananciales,

por cuanto acordaron: la disolución del vínculo matrimonial y renunciaron al

cobro de pensión alimentaria, daños y perjuicios en esta o en otra vía, así como

a las costas de la presente acción. Además, como bien indicó la impugnante,

las deudas personales contraídas por ella para atender las obligaciones

crediticias del accionante no se adquirieron para el beneficio ni para un

acrecimiento de los gananciales, por lo que dichas obligaciones no tienen

naturaleza ganancial. En ese sentido, carece de competencia este órgano para

referirse sobre esa pretensión. Finalmente, conforme se indicó en el fallo

impugnado, en la etapa de ejecución de sentencia se deberá rebajar los

pasivos en los que la recurrente pudo haber incurrido para la obtención de los

bienes y valores declarados gananciales, a luz de lo dispuesto en el numeral 41

del Código de Familia, según el cual el derecho de gananciales consiste en el

derecho de participación en la mitad del valor neto de los bienes con esa

naturaleza.

CONSIDERACIÓN FINAL:

De conformidad con lo analizado,

procede declarar sin lugar el recurso.