Resolución 00129-2025

La defensora pública Rosaly Retana Azofeifa, en representación del imputado [Nombre 003], interpuso recurso de casación (cfr. f. 88 a 91) contra la resolución N° 253-2024, de las 10:42 horas del 4 de noviembre de 2024, emitida por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil (cfr. f. 68 a 82), que declaró sin lugar las impugnaciones gestionadas por el Ministerio Público y la defensa técnica, contra la sentencia condenatoria N° 180-2024, de las 15:45 horas del 18 de setiembre de 2024, del Juzgado Penal Juvenil del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, que impuso al justiciable la sanción de internamiento en centro especializado por un plazo de nueve años, luego de que se declarara su responsabilidad penal por un ilícito de homicidio simple y uno de posesión de droga con fines de comercialización (cfr. f. 21 a 44).

Único motivo de casación. Reclama “Inobservancia del principio de proporcionalidad de la sanción penal juvenil (art. 25 y 122 inciso d de la Ley de Justicia Penal Juvenil”. Transcribe un pasaje de la resolución de alzada, luego señala que el ad quem, al referirse al tipo y quantum de la sanción, indicó que no era ínfimo, ni excesivo, pero no explicó a partir de cuál parámetro objetivo descartó una sanción distinta al internamiento o un monto menor. Detalla que la resolución hizo referencia superficial a circunstancias de riesgo, sin justificar de forma adecuada porqué esos factores de riesgo justifican una sanción de internamiento por nueve años. Asegura que, aún y cuando el pronunciamiento tiene un adecuado planteamiento teórico y normativo sobre los fines de la sanción penal juvenil, la lectura de las circunstancias personales, sociales y familiares en las que se encuentra inmerso el joven se llevó a cabo de forma errónea, ya que estas podían dar lugar a la imposición de una sanción menos gravosa. Cuestiona que las condiciones de vulnerabilidad como drogadicción, pobreza, abandono familiar, baja escolaridad, padres negativos, entre otros, no fueron consideradas a favor del acusado, pese a que reducen las posibilidades de exigir una conducta conforme a derecho. Asegura que la resolución impugnada incurrió en un desbalance al aplicar al principio de proporcionalidad a este caso, porque solo valora los factores de riesgo, la gravedad del hecho y la lesión a bienes jurídicos, pero no valora las condiciones personales del joven, las cuales podían dar lugar a un menor reproche, por lo que se incumple el fin socioeducativo de la sanción penal juvenil. Como agravio refiere que “La sentencia del Tribunal de Apelacion de Sentencia Penal Juvenil, no expone un criterio técnico jurídico que sirva de parámetro objetivo para afirmar que una sanción no privativa de libertad o un monto menor a 9 años de internamiento sería una sanción ínfima o desproporcional. Además hace una lectura inadecuada de la gravedad de los hechos y los factores de riesgo que ponen en situación de mayor vulnerabilidad a la persona encartada, al no haber considerado en su justa dimensión dichas circunstancias personales, familiares y sociales en las que se encuentra inmersa la persona ofensora, lo anterior con el propósito de mitigar la situación de riesgo del joven acusado, todo lo cual conllevó a una inobservancia del principio proporcionalidad en cuanto al tipo y quatum (sic) de la sanción impuesta (art. 25 y art. 122 inciso d de la Ley de Justicia Penal Juvenil)”. Solicita se acoja el recurso, se anule el fallo y se ordene el reenvío para nueva sustanciación.

El único motivo de impugnación de la defensa técnica es admisible. Luego del estudio del recurso, esta Sala concluye que cumple con los requisitos formales de interposición, debido a que fue presentado por escrito, ante el tribunal que dictó la resolución cuestionada, dentro del plazo dispuesto en la normativa procesal penal y por quien tenía la facultad de recurrir, en este caso la defensora pública Rosaly Retana Azofeifa, en representación del imputado [Nombre 003]. Las argumentaciones se dirigen contra la resolución N° 253-2024, de las 10:42 hora del 4 de noviembre de 2024, emitida por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, que declaró sin lugar la impugnación gestionada por parte de la defensa técnica contra la sentencia condenatoria. Además, el reclamo se ajusta a la causal de casación descrita en el numeral 468 inciso b) del Código Procesal Penal. Propiamente estima que se vulneró el principio de proporcionalidad de la sanción dispuesto en los numerales 25 y 122 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Refiere que el tribunal de alzada consideró que la sanción de internamiento en centro especializado por el plazo de nueve años es proporcional; sin embargo, para justificar su decisión únicamente tomó en consideración circunstancias perjudiciales para la persona menor de edad imputada, pese a que presenta condiciones de vulnerabilidad que reducen la exigibilidad de una conducta conforme a derecho. Aunado a lo anterior, del recurso también se derivan el agravio y la pretensión. Con base en lo expuesto, se concluye que el recurso cumple con los requisitos exigidos en los numerales 437, 438, 439, 467, 468 inciso b) y 469 del Código Procesal Penal, de manera que lo procedente es admitirlo para su estudio. Será a través del análisis de fondo que esta Sala determine si la resolución cuestionada incurrió o no en una errónea aplicación del principio de proporcionalidad dispuesto en los numerales 25 y 122 de la Ley de Justicia Penal Juvenil.