Resolución 00219-2024

Mediante sentencia N° 2023-0128 de las 16:15 horas del 07 de agosto del 2023, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José, resolvió: “

Mediante resolución 2023-00970 de las 10:27 horas del 19 de octubre de 2023 (folios 906 a 907), esta Sala admitió el recurso de casación formulado por la representante del Ministerio Público, Grace Marín Solís, contra el voto número 2023-0128 de las 16:15 horas del 07 de agosto de 2023 dictado por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, que declaró con lugar el recurso formulado por la defensora pública de la persona menor de edad imputada.

Como primer motivo de la casación interpuesta, a criterio de la impugnante, la posición sostenida por el tribunal de alzada se opone al voto 2015-0019, dictado por ese mismo tribunal a las 14:55 horas del 16 de enero del 2015, que estableció que la rebeldía tiene un efecto suspensivo en el proceso. En igual sentido a éste, transcribe parcialmente los votos 2023-0125 de ese mismo órgano, de las 13:30 horas del 03 de agosto del 2023; 2021-0653, emanado por esta Sala, a las 10:21 horas del 25 de junio del 2021; así como el 2023-0375, de las 11:02 horas del 26 de abril del 2023; o el 2023-0563, de las 09:54 horas del 21 de junio del 2023. En todos ellos, sostiene la recurrente, queda nítidamente indicado que la rebeldía suspende el plazo de prescripción hasta por el término de un año. En sentido inverso, tanto en el fallo ahora recurrido en casación, lo mismo que en las resoluciones 2023-0012, de las 11:30 horas del 06 de febrero del 2023; o en la 2023-0203, de las 14:50 horas del 18 de octubre del 2023, el tribunal de apelación de sentencia penal ha aseverado que los efectos suspensivos de la declaración de rebeldía son exclusivamente para la suspensión de los plazos de prescripción: “…y no tienen efectos jurídicos sobre el plazo transcurrido estando pendiente de cumplirse una Suspensión del Proceso a Prueba…”. Concluye la fiscal afirmando que el fallo que objeta analizó erróneamente los alcances de la declaratoria de rebeldía en el proceso, generando una situación de impunidad cuando la voluntad del rebelde es abandonar todos los efectos del proceso, lo cual incluye la suspensión del proceso a prueba. En su segundo motivo, la accionante alega la errónea aplicación de las normas que regulan la rebeldía y la extinción de la acción penal por cumplimiento de la suspensión del proceso a prueba. Estrechamente ligado al primer reclamo, alega la errónea aplicación de las leyes sobre rebeldía y la extinción de la acción penal por cumplimiento de la suspensión del proceso a prueba. En concreto, se refiere la petente a los artículos 32, 89, 90, 91 y 92 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, y al artículo 30 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. “Esta representación considera que el yerro del tribunal radica en establecer una premisa que a nuestro juicio es improcedente, y es pretender que la suspensión de proceso a prueba tiene identidad autónoma y por consiguiente una vida jurídica independiente de la acción penal como tal. Es decir si bien se reconoce que la acción penal ha sufrido una suspensión por el efecto de la suspensión de la prescripción ese efecto no atañe a la Suspensión del Proceso a Prueba por considerarse esta una entidad separada de la acción penal. Esta idea así plasmada no tiene sustento ni en las normas procesales evocadas por el Tribunal ni en los principios que rigen el proceso, pues la acción penal es la que en principio define la identidad y la vida jurídica de los institutos contemplados en el proceso penal y que a final de cuentas existe únicamente para dar respuesta a la acción como identidad central.” Analizando las diferentes disposiciones aludidas, concluye la promovente que: “A contrario sensu, interpretar que la extinción de la acción penal por cumplimiento de la Suspensión de Proceso a Prueba [sic], puede operar pese a la rebeldía de la persona menor de edad encartada, presupone un abandono flagrante de los fines del proceso como tal y lo que es peor, el reconocimiento de que el encartado puede vaciar de contenido el Plan Reparador con el simple hecho de ausentarse del proceso. Bajo esta premisa tendríamos que admitir entonces, la posibilidad de que será el mismo sistema normativo el que de forma directa propicie la impunidad y el abandono de los fines socioeducativos del proceso penal juvenil.” (folio 891 vuelto).

El recurso debe ser declarado con lugar. En virtud de la conexidad existente entre los dos motivos admitidos para estudio de fondo, esta Cámara opta por resolveros de modo conjunto. El primer planteamiento recursivo de la representante fiscal se fundamenta en la causal contemplada en el ordinal 468 inciso a), del Código Procesal Penal, pues aduce la existencia de una contradicción entre lo dispuesto en la sentencia de alzada y diversos pronunciamientos que, sobre la misma temática, han sido emitidos por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil y, mayoritariamente, por esta Sala de Casación Penal. Argumenta que la discordancia reside en el valor y efecto que el ad quem asigna al dictado de la rebeldía en relación con el cómputo del plazo de la suspensión del proceso a prueba acordada a favor de la persona menor de edad imputada. Asegura que, para el tribunal de alzada, el solo acaecimiento del término por el cual se había dispuesto aquella medida alterna implica que debe decretarse la extinción de la acción penal. Por el contrario, asevera que, de los precedentes invocados, se concluye que el dictado de la rebeldía produce un efecto suspensivo sobre la acción penal; de manera que, si se verifica un incumplimiento del plan reparador, conjuntamente con un decreto de incomparecencia, esta situación tiene efectos sobre la sumaria, siendo inconveniente que la persona menor de edad se beneficie con un sobreseimiento definitivo de su inatención procesal. Por su parte, el segundo reproche se basa en que, en el razonamiento jurídico vertido en el fallo del tribunal de apelación, medió un yerro de interpretación y aplicación de las normas adjetivas que reglan el tema de la rebeldía y sus efectos en relación con la extinción de la acción en materia penal juvenil. La casacionista considera infringidos los artículos 32, 89, 90, 91 y 92 de la Ley de Justicia Penal Juvenil y 30 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. A modo de preámbulo, es preciso subrayar que la causal invocada, en el primer reparo (precedentes contradictorios), está orientada por un fin específico, aspira a obtener de esta Sala un pronunciamiento que, amparado en la función nomofiláctica de la Cámara de casación, brinde seguridad jurídica. La intención es que el contralor jurisdiccional dispuesto por la legislación, en este caso la Sala, unifique criterios discordantes, pues se estima que la homogenización interpretativa brinda certeza jurídica y evita el surgimiento de sentencias incompatibles. En este orden de ideas, corresponde examinar si, como lo alega la casacionista, este colegio jurisdiccional ha sostenido anteriormente una doctrina consistente que, contrario a lo resuelto por el a quo, estime la asignación de un efecto particular a la suspensión del proceso a prueba, en aquellos casos en donde se ha declarado la rebeldía de la persona menor de edad imputada y si ello es acorde a Derecho. Así las cosas, tras un examen atento de los razonamientos expuestos por el órgano de alzada es posible advertir la existencia del vicio alegado por la representación fiscal. En primer lugar, en los votos citados por la accionante (2015-00019 y 2023-0125 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil y de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia: 2021-000653, 2023-00375 y 2023-00563) se han resuelto casos con una base fáctica y jurídica similar, emanando de estos una regla jurisprudencial de la cual se ha apartado el tribunal de segunda instancia; implicando esto una concomitante lesión a las normas adjetivas que regulan el tema de la rebeldía y sus efectos sobre la suspensión del proceso a prueba. En el asunto sub examine, consta que mediante resolución de las 09:56 horas del 27 de junio de 2023, el Juzgado Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica rechazó la solicitud de la defensora pública, que requirió el dictado de un sobreseimiento definitivo (folios 839 a 840). Dicha resolución fue objeto de impugnación ordinaria por parte de la representación técnica estatal, dando paso así a la sentencia objeto de control en sede de casación. En esta, las personas juzgadoras de alzada indicaron que: “Por todo lo expuesto, se procede a declarar con lugar el recurso de apelación formulado por la defensora pública, licenciada Elisa Blanco Morice, en contra de la resolución del Juzgado Penal Juvenil del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, de las nueve horas con cincuenta y seis minutos del veintisiete de junio del dos mil veintitrés. En consecuencia, por haberse vencido el plazo de la suspensión del proceso a prueba homologado por el Juzgado Penal Juvenil del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, el 19 de febrero del 2023, sin que haya sido revocado, y habiéndose alcanzado el plazo establecido, se procede con sustento en el artículo 88 de la Ley de Justicia Penal Juvenil y el numeral 311 inciso d), en relación con el 30 inciso f), del Código Procesal Penal, a ordenar el sobreseimiento definitivo por extinción de la acción penal, a favor del joven imputado [Nombre 001], por los hechos descritos en el considerando IV (a) de esta resolución, calificados como un delito de venta de drogas de uso no autorizado previsto y sancionado en el numeral 58, de la Ley 8204 sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas, en perjuicio de la salud pública.” (folio 871 vuelto). Si bien la resolución de segunda instancia acude a la cita y transcripción extensa de otros fallos del mismo Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, es lo cierto que de esta se extrae un criterio contrario a lo que sobre el mismo tópico ha resuelto esta Sala de Casación Penal. En este orden de ideas, como se indicó en el antecedente 2018-00197, de las 11:00 horas del 06 de abril de 2018 (integración Zúñiga, Segura, Cortés, Ramírez y Arias), partiendo de lo que la doctrina especializada denomina modelo de responsabilidad, a la persona menor de edad imputada le asiste, frente al proceso jurisdiccional, un elenco de derechos que han sido estatuidos a su favor; no obstante, y de modo correlativo, debe observar ciertas obligaciones consagradas a nivel normativo. Particularmente, y en lo que atañe al tema que aquí interesa, atender puntualmente los llamamientos judiciales y no hacer un uso abusivo de sus derechos (regla, esta última, prescrita también por el ordinal 22 del Código Civil). Nótese que la Ley de Justicia Penal Juvenil establece en su artículo 90, inciso e), que la resolución que ordena suspender el proceso debe contener “La prevención de que cualquier cambio de residencia, domicilio o lugar de trabajo deberá ser comunicado de inmediato a la autoridad correspondiente.” Correlativamente, el ordinal 32 de la misma Ley de Justicia Penal Juvenil dispone: “serán declarados rebeldes los menores de edad que, sin grave y legítimo impedimento, no comparezcan a la citación judicial, se fuguen del establecimiento o lugar donde están detenidos o se ausenten del lugar asignado para su residencia. Comprobada la fuga o la ausencia, se declarará la rebeldía y se expedirá una orden de presentación. Si esta se incumple o no puede practicarse, se ordenará la captura y la detención del acusado”. Finalmente, la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles prevé en su artículo 30 una consecuencia de esa declaratoria de rebeldía, al señalar: “…En los delitos de acción pública y de acción pública a instancia privada, la declaratoria de rebeldía suspende el plazo de prescripción de la acción penal por un período que en ningún caso será superior a un año. Vencido ese período, la prescripción seguirá corriendo, aunque el estado de rebeldía se mantenga.” Como corolario de lo dicho, si al suspenderse el término de la prescripción (como efecto de la rebeldía), se había acordado dentro del proceso penal juvenil una suspensión del proceso a prueba, el efecto evidente -conforme a las normas citadas- es que en ese momento procesal opere también una suspensión del plazo de dicha medida alterna. En ese sentido, es un absurdo para la administración de justicia penal juvenil que la parte manifiestamente negligente con sus obligaciones procesales sea recompensada con el dictado de un sobreseimiento definitivo. Bajo esa línea argumentativa esta Sala ha indicado: “Del anterior articulado resulta posible derivar que, tanto la resolución que acoge la suspensión del proceso a prueba, como la que declara la rebeldía, tienen efecto sobre la prescripción, por cuanto la primera la interrumpe, mientras que la segunda la suspende, en este último caso por un plazo que no puede exceder de un año. Si bien es cierto, el legislador no dispuso de forma expresa otras consecuencias derivadas de la declaratoria de rebeldía, es claro que afecta el proceso en su totalidad, por cuanto este no puede seguir su curso normal si la persona menor de edad imputada no comparece, toda vez que el numeral 23 de la Ley de Justicia Penal Juvenil prohíbe el juzgamiento en ausencia, de ahí que no sea posible ejecutar ningún acto procesal o emitir pronunciamientos, que requieran de su participación. En virtud de lo anterior necesariamente se debe entender que no solo se suspende el conteo de la prescripción, sino la acción penal en sí misma. Precisamente por esa parálisis en la que entra el proceso con la declaratoria de rebeldía, en modo alguno sería posible entender que haya otros plazos que, de forma paralela, sigan avanzando, como lo sería el que haya fijado el juez para la suspensión del proceso a prueba. Se debe recordar que la aludida salida alterna en sí misma implica un ligamen de la persona menor de edad con el proceso penal, toda vez que se compromete a cumplir con determinadas condiciones en un plazo determinado, a sabiendas que su no acatamiento puede implicar que se revoque la salida alterna y se continúe con el proceso hasta su fenecimiento. De ahí que para verificar o no el cumplimiento de esas medidas, se requiere contar con la presencia de la persona menor de edad, sin que sea posible entender que el plazo sigue corriendo cuando existe una declaratoria judicial en la cual se reconoce que el menor no es habido. Asumir dicha posibilidad conduciría a que la persona menor de edad imputada se beneficie de mantener una actitud reticente ante el proceso, por cuanto la imposibilidad de ubicarlo para hacerlo comparecer a estrados judiciales y con ello verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en la suspensión del proceso a prueba, impediría que se revoque la salida alterna, en caso de que proceda. De esta manera, el simple transcurso del tiempo extinguiría la acción penal, aún y cuando no se haya dado el cumplimiento de los acuerdos a los que se comprometió la persona menor de edad. El anterior escenario claramente hace nugatorio el proceso penal e impide la consecución de los fines dispuestos por el legislador, a la vez que genera impunidad, razón por la cual una interpretación de la normativa en ese sentido, no puede prosperar.” (pronunciamiento 2022-00794, de las 10:42 horas del 22 de julio de 2022. Integrada por las magistradas Solano Castro, y Zúñiga Morales, y los magistrados Ramírez Quirós, Serrano Baby y Segura Bonilla, con voto salvado de Zúñiga y Segura. Criterio reiterado en la resolución 2023-00563 de las 09:54 horas del 21 de junio de 2023, con la composición de las magistradas Solano Castro, y Zúñiga Morales, y los magistrados Ramírez Quirós, Alfaro Vargas y Segura Bonilla, con voto salvado de Zúñiga y Segura). En idéntico sentido se resolvió en la sentencia 2021-00653, de esta misma Cámara, de las 10:21 horas del 25 de junio de 2021 (integración de las magistradas Solano Castro, y Zúñiga Morales, y los magistrados Ramírez Quirós, Alfaro Vargas y Burgos Mata, con voto disidente de Zúñiga y Burgos), ocasión en donde se señaló: “Ahora bien, cuando en el ínterin del plazo de cumplimiento de la suspensión del proceso a prueba, se decreta la rebeldía en contra del menor infractor, según el artículo 32 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, en relación con el artículo 30 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, esa declaratoria tiene un efecto suspensivo de los procedimientos y una incidencia directa en la prescripción de la acción penal, la cual se suspende hasta por el plazo máximo de un año desde su dictado, por lo que si la condición de rebeldía se mantiene, lógicamente esto impide que la autoridad judicial pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a la persona menor de edad en la suspensión del proceso a prueba; y, consecuentemente, el plazo de la suspensión del proceso a prueba no puede seguir corriendo. Esta imposibilidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a la persona menor de edad debe derivarse directamente de razones atribuibles al menor infractor. […] Como se observa, esta Cámara ha mantenido en los últimos años un criterio jurídico que se basa en señalar que, del mismo modo que la declaratoria de rebeldía ejerce un efecto suspensivo en el plazo de la prescripción de la acción penal, ejerce el mismo efecto en el plazo de la suspensión del proceso a prueba; pues, tal conclusión deriva de una interpretación sistemática de las normas, asentada en un criterio de justicia y, sobre todo, en la materialización de los principios rectores del proceso penal juvenil”. En el caso concreto, se advierte que el 19 de noviembre de 2021, el joven [Nombre 001] se comprometió frente a una autoridad jurisdiccional a cumplir con una serie de medidas enmarcadas dentro de la figura de la suspensión del proceso a prueba. Asimismo, en la negociación contó siempre con la asesoría de su abogada defensora pública, la licenciada Elisa Blanco Morice. La salida alterna se pactó por el plazo de un año y tres meses, con vencimiento el 19 de febrero de 2023 y como parte de las obligaciones contraídas por la persona menor de edad [Nombre 001] se encontraba el mantener su domicilio fijo y actualizado. Todo lo anterior quedó comprendido dentro de la resolución de las 10:22 horas del 19 de noviembre de 2021, del Juzgado Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica. Seguidamente, se observa a folio 819 una constancia de llamada telefónica en donde una funcionaria judicial manifiesta que sostuvo comunicación con la abuela materna de la persona menor de edad imputada al número [Valor 004] (número que el joven había referido como válido para entablar comunicaciones, según se aprecia a folio 793). Producto de este registro se determinó que [Nombre 001] había cambiado de domicilio, ignorando su abuela el nuevo lugar de residencia de su nieto. A partir de lo anterior, mediante resolución de las 09:08 horas del 10 de octubre de 2022 (folio 821), el Juzgado Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica declaró la rebeldía de [Nombre 001]. Este decreto se justificó con base en el incumplimiento de las obligaciones pactadas por la persona menor de edad acusada; situación que tuvo lugar durante la vigencia de la suspensión del proceso a prueba acordada. De tal suerte, el subsiguiente dictado de un sobreseimiento definitivo (según la resolución de alzada visible a folios 861 a 872), cimentado en la causal de extinción de la acción penal asociada al advenimiento del plazo final de la medida alterna, implicó una infracción de las normas procesales contempladas en los artículos 32, 89, 90, 91 y 92 de la Ley de Justicia Penal Juvenil y 30 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, lo mismo que una contradicción con la regla jurisprudencial comentada supra y según la cual el decreto de rebeldía irradia una eficacia suspensiva sobre la medida alterna en curso. Dicho de otra manera, la suspensión del término de la medida alterna pactada aparece como consecuencia del efecto suspensivo legislativamente asignado para la prescripción de la acción penal. En consecuencia, esta Cámara mantiene el criterio previamente sostenido en las resoluciones 2022-00794; 2020-00490; 2015-00661; 2015-01050; 2018-197; 2021-000653, todas de la Sala de Casación Penal, en el sentido de que la declaratoria de rebeldía produce efectos en el cómputo del plazo de la suspensión del proceso a prueba, al producir un efecto suspensivo sobre la acción penal. Así las cosas, se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la licenciada Grace Marín Solís, en su calidad de representante del Ministerio Público. En consecuencia, se deja sin efecto la resolución número 2023-0128 de las 16:15 horas del 07 de agosto de 2023, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José, y se mantiene la resolución del Juzgado Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica de las 09:56 horas del 27 de junio de 2023. Se ordena remitir de manera inmediata los autos al Juzgado Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica para que continúe con la tramitación de la causa. Se reitera el criterio sostenido por esta Sala en el sentido de que la declaratoria de rebeldía tiene efecto suspensivo sobre la acción penal y, por ende, sobre el plazo de la suspensión del proceso a prueba.