Resolución 00330-2017

Estima que el conteo

correcto del plazo de prescripción supone el cumplimiento de ése plazo fatal el

día 28 de mayo de 2007, data en que el juez pudo haber ordenado la extinción de

la acción penal. La situación fáctica la estima  como una errónea

aplicación de las normas referentes a la interrupción de la prescripción penal

juvenil. Se declara con lugar el alegato. El

Tribunal de Apelación de

Sentencia, en la resolución N° 329-16, determinó que

la causa en contra del menor infractor se encuentra prescrita, pues los hechos

que se acusaron, datan del día 27 de mayo de 2010, por lo que, para el día 27

de mayo de 2016, ya se encontraban prescritos, a la luz del los artículos

109  y 30  de la Ley

de Justicia Penal Juvenil, tomándose en cuenta que la prescripción de la causa

estuvo suspendida durante un año, dadas la declaraciones de rebeldía del

imputado (f. 544 reverso). Lo anterior, confirma la resolución  de las

8:49 horas, del 27 de mayo de 2016, del Juzgado Penal Juvenil de San José

(f.522). Visto lo anterior,  lleva razón el recurrente al indicar que la

prescripción de la causa que dictó el Juzgado Penal Juvenil, se dio en forma

anticipada, sea, al ser las 8:49 horas, del día final de plazo. Según el

criterio establecido por esta Cámara de Casación, aún el propio día del

vencimiento del plazo, se puede producir un acto interruptor de la

prescripción, por lo que, al menos hasta el cierre del despacho, debe el Juez

valorar y esperar esta posibilidad. En la resolución N°

685-15, de las 9:17 horas, del 27 de mayo de 2015, esta Sala Penal determinó:

“…En todo caso, no se advierten vicios en el razonamiento expuesto por el

Tribunal de Apelación, al considerar que los plazos se computan de fecha a

fecha, siendo claro que en el último día del plazo de prescripción, es factible

que se realice el acto interruptor (en este caso concreto, que se hiciera el

señalamiento a la audiencia preliminar). En la presente causa, el plazo de

prescripción por el delito de uso de documento falso –de seis años, según la

pena máxima prevista en el artículo 172 del Código Penal-, ya reducido a la

mitad desde la indagatoria (es decir, a tres años), se habría producido el 25

de enero de 2013, fecha exacta en que, según hace ver el Tribunal de Apelación,

se hizo el señalamiento para la audiencia preliminar. Indicó el Tribunal de

Apelación que sobre la forma de computar el día final de un plazo: “...nada

dice nuestra normativa procesal penal, por lo que, en atención al principio de

plenitud hermética del ordenamiento jurídico (artículo 5 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial), la situación debe solucionarse con otras normas similares. Así,

el artículo 15 del Código Civil (aplicable a todas las materias por así

disponerlo el numeral 15 de esa misma normativa), señala que los plazos por

años y meses se computan de fecha a fecha, conforme al calendario gregoriano. Por

su parte, el numeral 881 de esa misma legislación, señala: “En las

prescripciones por meses y por años, se cuentan unos y otros de fecha a fecha,

según calendario gregoriano. Si el término fuere de días, el día en que

principia se cuenta siempre entero, aunque no lo sea; pero aquel en que termina

debe ser completo”..., disposición que el numeral 882 del Código Civil extiende

a todos los plazos. Entonces, para que hubiera operado la prescripción, debió

haber corrido, completo, el último día de la fecha a fecha gregoriana, lo que

no sucedió, pues, en ese mismo, se produjo el acto interruptor, por lo que debe

rechazarse la excepción invocada...” (f. 96 frente).

No se observa vicio alguno en tal razonamiento, debiendo entenderse así, que

nada impedía que el Juzgado Penal hiciera el señalamiento a audiencia

preliminar mediante resolución de las 15:18 horas, del 25 de enero del 2013,

pues tenía tiempo de efectuar el señalamiento - para que la causa por el delito

de uso de documento falso no prescribiera-, hasta que dicho despacho judicial

finalizara su jornada laboral de ese día…”. Así las cosas, el criterio

esgrimido por el Tribunal de Apelación de Sentencia resulta inatinente

con el instituto de la prescripción, pues si bien es cierto la prescripción es

una sanción procesal en respuesta a la inoperancia de la Administración de

Justicia, ello no implica que la misma deba dictarse anticipadamente, aún el

mismo día del vencimiento del plazo, pues ello resulta no solo un irrespeto al

término –que finaliza con el cierre del despacho judicial-, sino que conlleva

la posibilidad de que se manipulen las actuaciones de la autoridad judicial o

de las partes, para proceder al dictado de la prescripción. Cabe señalar que,

de conformidad con el artículo 30 de la

Ley de Ejecución de Sanciones Penales Juveniles, “…El

dictado de la sentencia, aunque no esté firme, interrumpe la prescripción de la

acción penal...”, por lo que la prescripción de la causa se encuentra

interrumpida desde el día 27 de mayo de 2016 (f.522), día en que se dictó la

sentencia cuestionada, por lo que a la fecha, los hechos aún no se encuentran

prescritos, dado que no ha trascurrido siquiera un año desde el dictado de

dicha resolución, siendo el plazo de prescripción de cinco años, de conformidad

con el artículo 209 de la Ley

de Justicia Penal Juvenil.  Así las cosas, se declara con lugar el recurso

de casación y se anula la resolución Nº 2016-329, del Tribunal de Apelación de

Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José. Se ordena el

reenvío al Juzgado Penal Juvenil correspondiente, para que proceda a

realización del debate.”