Resolución 00474-2013

I.-

El licenciado Michael Steve

Morales Molina, representante del Ministerio Público, presenta recurso de

casación contra la sentencia No. 2012-2179, de las 13:25 horas, del 29 de

octubre de 2012, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, del

Segundo Circuito Judicial de San José. Por

cumplir

con los requisitos exigidos en los artículos 467, 468, 469 y 471 del Código

Procesal Penal –al reclamarse una de las causales autorizadas por el

ordenamiento, señalar adecuadamente los precedentes que se estiman

contradictorios, así como el agravio, y estar debidamente fundado el motivo–  se admitió

para su trámite únicamente el primer motivo del recurso de casación interpuesto.

II.-

En el primer motivo alega la existencia

de precedentes jurisprudenciales contradictorios. Indica que en relación con el

tema reclamado -a saber, si el cumplimiento del plazo cuando se suspende el

proceso a prueba, es suficiente para dictar el sobreseimiento definitivo, o si

también es necesario que se hayan cumplido las condiciones impuestas-, existe

jurisprudencia contradictoria. Señala que la sentencia del Tribunal de

Apelación impugnada, No. 2012-2179, es contraria a otras resoluciones dictadas

anteriormente por los Tribunales de Casación, entre las que destaca la No.

2010-475 del Tribunal de Casación Penal de Goicoechea. De este fallo, el

recurrente resalta los siguientes argumentos: a) Por la especialidad de la

materia penal juvenil, la aplicación supletoria del Código Procesal Penal u

otra legislación de adultos, resulta aplicable solo ante ausencia de norma. b)

De los artículos 92 y 91 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, se deriva que el

simple transcurso del plazo es insuficiente para dictar el sobreseimiento

definitivo. En apoyo de su posición, el Fiscal cita el fallo del Tribunal de

Casación Penal No. 2003-164, de las 10:50 horas, del 27 de febrero de 2003, en la

cual se argumenta que el vencimiento del plazo es insuficiente para dictar el

sobreseimiento en materia de adultos, pues el artículo 30 inciso f) del Código

Procesal Penal también exige el cumplimiento de las condiciones. En conclusión,

para el representante del Ministerio Público, la posición correcta es aquella

para la cual, por la especialidad de la materia y los fines que persigue, no

puede dictarse sobreseimiento definitivo por cumplimiento del plazo de

suspensión, si además no se han cumplido con las condiciones impuestas. Se

declara sin lugar el recurso de casación y se procede a unificar la

jurisprudencia respecto al tema tratado. En efecto, la sentencia impugnada

entra en contradicción con otras resoluciones de los Tribunales de Casación,

entre las cuales existen a su vez criterios diversos y contradictorios. La

pregunta fundamental que debe responderse es si el transcurrir del plazo por el

que se dictó la suspensión del proceso a prueba en materia penal juvenil, es

suficiente para dictar un sobreseimiento definitivo, o si además se requiere el

cumplimiento de las condiciones impuestas. En criterio del recurrente, la

correcta aplicación del derecho corresponde a la tesis sostenida en la

sentencia del Tribunal de Casación del Segundo Circuito Judicial de San José,

No. 2010-475, de las 10:50 horas, del 29 de abril. La argumentación de esta

resolución (que en adelante se llamará posición A) puede sintetizarse de la

siguiente forma: i) En materia penal juvenil, el Código Procesal Penal puede

aplicarse supletoriamente sólo cuando no existe regulación al respecto. ii) La suspensión del proceso a prueba esta suficientemente

regulada en la Ley de Justicia Penal Juvenil, por lo que no es posible aplicar

supletoriamente la normativa del Código Procesal Penal sobre dicho instituto. iii) En aplicación de los artículos 91 y 92 de la Ley de

Justicia Penal Juvenil, así como del principio del interés superior de la

persona menor de edad y la finalidad pedagógica y educativa del proceso penal

juvenil, se concluye que la suspensión del proceso a prueba sólo puede dar

lugar a un sobreseimiento definitivo, si se cumplieron las condiciones

impuestas. Por su parte, los argumentos centrales de la sentencia impugnada

–coincidentes con la línea jurisprudencial seguida por varios fallos, como el

No. 2010-0574, de las 15:50 horas, del 24 de mayo de 2010, del Tribunal de

Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, y que en adelante se

denominará como la posición B–, son los siguientes:

i) El artículo 88 de la Ley de Justicia Penal Juvenil estatuye de manera

específica que, ante el cumplimiento del plazo de la suspensión del proceso a

prueba, se decretará el sobreseimiento definitivo, sin que refiera nada del

cumplimiento de las condiciones. ii) Además de

existir regulación específica en la Ley de Justicia Penal Juvenil, que

establece la extinción de la acción penal ante el cumplimiento del plazo de la

suspensión del proceso a prueba; el artículo 10 de la misma normativa determina

que las personas menores de edad contarán con todas las garantías y derechos

que gozan los adultos, además de aquellas adicionales introducidas por la

legislación penal juvenil. Razón por la cual, el Tribunal considera que el

cumplimiento del plazo es suficiente para la extinción de la acción penal

(siempre que no se haya alegado oportunamente el incumplimiento), pues lo

contrario sería exigirle a las personas menores de edad más de lo que les exige

a los adultos. En criterio de esta Cámara, esta segunda interpretación es la

que mejor se ajusta a la normativa nacional e internacional sobre el

juzgamiento penal de personas menores de edad, con las observaciones que a

continuación se detallan. Para resolver el punto, conviene en primer lugar

aclarar una falacia argumentativa de la posición jurisprudencial A, que

reproduce el recurso de casación. El argumento en cuestión opera de la

siguiente forma: (premisa mayor) la posición B parte de la aplicación del

Código Procesal Penal, específicamente en el artículo 30; (premisa menor) la Ley

de Justicia Penal Juvenil regula específicamente el tema; (conclusión) en

aplicación de la ley especial de la materia penal juvenil, el cumplimiento del

plazo de suspensión del proceso a prueba no da lugar a la extinción de la

acción penal, si se incumplieron las condiciones impuestas. Esta argumentación

presenta dos problemas: En primer lugar, no es cierto que la posición B se base

en la aplicación del Código Procesal Penal, pues por el contrario, surge de una

interpretación de la propia Ley de Justicia Penal Juvenil, simplemente que

distinta a la interpretación de la posición B. El segundo problema de este

argumento, es que su conclusión presupone la existencia de una única

interpretación posible de la Ley de Justicia Penal Juvenil en relación con el

tema, derivando entonces en una conclusión inatingente,

pues el hecho de que se aplique en primer lugar la Ley de Justicia Penal

Juvenil, no significa que esa sea necesariamente la interpretación correcta.

Dicho de otra forma, la conclusión no guarda relación con las premisas, porque

incluye un elemento que no se deriva de ellas.

Atendiendo a un primer

nivel de análisis que podríamos llamar normativo, veamos qué dice la Ley de

Justicia Penal Juvenil sobre la suspensión del proceso a prueba y sus

implicaciones para la acción penal. La regulación básica de este instituto la

encontramos el artículo 89 de la Ley de Justicia Penal Juvenil: “Suspensión

del proceso a prueba. Resuelta la procedencia de la acusación, el Juez, o a

solicitud de  parte, podrá ordenar la

suspensión del proceso a prueba, en todos lo

casos en que proceda la ejecución condicional de la sanción para el

menor de edad. Junto con la suspensión del proceso a prueba, el Juez podrá

decretar cualquiera de las órdenes de orientación y supervisión establecidas en

esta ley. Esta suspensión interrumpirá el plazo de la prescripción.” Ahora

bien, éste nada nos dice sobre el incumplimiento del plazo y las condiciones.

Sin embargo, el artículo que lo precede tiene una remisión que los vincula

estrechamente, y en la cual se encuentra el tema del incumplimiento: “ARTICULO

Sobreseimiento antes de juicio. El sobreseimiento procederá cuando surja

cualquiera de las circunstancias objetivas, subjetivas o extintivas señaladas

en el Código Procesal Penal. Igualmente, cuando se cumpla con el período a

prueba señalado en el artículo siguiente.”

El tema principal regulado en esta norma es el sobreseimiento antes del

juicio, que procede cuando concurre alguna de las causales señaladas por el

Código Procesal Penal (artículo 311 del Código Procesal Penal). Pero además de

estas causales, prescribe el sobreseimiento cuando se cumpla el periodo de

prueba de la suspensión del proceso a prueba. Tal y como se explica en la

posición jurisprudencial B, estos dos artículos integran una norma que

contienen toda la información necesaria para concluir que: el cumplimiento del

plazo es suficiente para dictar el sobreseimiento; sin que sea necesario acudir

al Código Procesal Penal. Una interpretación en sentido contrario, significaría

una aplicación restrictiva de los derechos procesales de una persona menor de

edad, contraria a la interpretación dispuesta por el artículo 8 de la Ley de

Justicia Penal Juvenil, así como sus principios rectores. En contra de esta

interpretación, la posición A), apoyada por el recurrente, establece que son

los artículos 91 y 92 de la ley ya citada los que resuelven el tema del

incumplimiento. Veamos que dicen esas disposiciones: “ARTICULO

Incumplimiento

de condiciones fijadas para suspender el proceso a prueba. De oficio o a

solicitud de parte, el Juez revocará la suspensión del proceso a prueba y

ordenará continuar con los procedimientos, cuando constate el incumplimiento

injustificado de cualquiera de las condiciones por las cuales se ordenó la

suspensión. ARTICULO

Cumplimiento de las condiciones fijadas para

suspender el proceso a prueba. Cuando el menor de edad cumpla con las

obligaciones impuestas en la resolución que ordena suspender el proceso, el

Juez dictará una resolución que las apruebe, dará por terminado el proceso y

ordenará archivarlo.” En criterio del recurrente (tesis A), estos

dos artículos contradicen lo dispuesto por el 88, y en aplicación del interés

superior de la persona menor de edad y de los fines del proceso penal juvenil,

debe interpretarse que el transcurrir del plazo es insuficiente para dictar el

sobreseimiento, pues se requiere también el cumplimiento de las condiciones

impuestas. Veamos las razones por las que esta interpretación no es acertada:

En primer lugar, no es cierto que las normas de la Ley de Justicia Penal

Juvenil mencionadas sean contradictorias. Simplemente una se refiere al

cumplimiento del plazo por sí solo, como causal de sobreseimiento, y las otras

se refieren específicamente al cumplimiento o incumplimiento de las

condiciones, de una manera complementaria.

En todo caso, de aceptar que son

normas contradictorias, el artículo 19 de la Ley de Justicia Penal Juvenil

dicta que “Cuando a un menor de edad puedan aplicársele dos leyes o normas

diferentes, siempre se optará por la que resulte más favorable para sus

derechos fundamentales.” Lo que obligaría a aplicar el artículo 88 sobre el

91 y el 92.

En efecto, el artículo 91 establece que ante el incumplimiento

injustificado de las condiciones fijadas en la suspensión, procede la

reactivación del proceso; sin embargo, este es un supuesto distinto al del

artículo

Mientras el artículo 91 establece cuál es el curso que se debe

seguir en caso de un incumplimiento (reactivación del proceso), quién es el

responsable de impulsarlo (el fiscal, en concordancia con los artículos 38 y 39

de la misma ley) y cuál es el tipo de incumplimiento que justifica la

reactivación (injustificado); el artículo 88 lo que regula es qué hacer en caso

de que, independientemente de que se hayan cumplido las condiciones o no,

transcurra el plazo fijado sin que se haya reactivado el proceso

(sobreseimiento definitivo). Como veremos más adelante, esta regulación no sólo

no es contradictoria entre sí, sino que además es la única armónica con los

principios rectores de la materia penal juvenil.

Por su parte, el artículo

92 establece que en caso de cumplimiento de las condiciones dentro del plazo

establecido, se dará por terminado el proceso mediante resolución judicial.

Estamos entonces frente a tres hipótesis distintas: i) Cuando se cumplen las

condiciones y el plazo, se da por terminado el proceso (artículo 92). ii) Cuando se constata el incumplimiento injustificado del

imputado, mediante la oportuna gestión del fiscal, se reactiva el proceso

(artículo  91). iii)

Cuando no se reactivó el proceso y transcurre el plazo de la suspensión, aunque

no se hayan cumplido las condiciones, se debe dictar sobreseimiento definitivo

(artículo 88).

En un segundo nivel de análisis, que va más allá de la

literalidad de los artículos de los cuales obtuvimos la anterior

interpretación, adentrándonos en la lógica de la materia penal juvenil y los

principios que la inspiran, encontramos razones de política criminal de mucho

mayor peso para sostener la posición jurisprudencial B). En la tesis invocada

por el recurrente se dice que son los fines del proceso y el interés superior

del niño los que justifican su interpretación, sin embargo consideramos que

dichos principios y fines llegan precisamente a la interpretación opuesta.

Situación que no es extraña, si atendemos a la indeterminación que algunos de

estos principios han presentado, tanto en su aplicación como en la doctrina.

Aun así, es posible y necesario precisar adecuadamente su interpretación. Para

esta tarea, es fundamental tener en perspectiva el cambio de paradigma de la

doctrina de la situación irregular, a la doctrina de la protección integral. De

acuerdo con Tiffer y Llobet,

en la primera “el interés superior del niño hacía que para el derecho

tutelar juvenil perdieran importancia las garantías procesales y penales. Lo

anterior ya que se decía que todo era para “salvar al niño”, sea en defensa de

su interés superior.” (La Sanción Penal Juvenil y sus alternativas en Costa

Rica. 1999. Costa Rica: UNICEF – ILANUD – CE). Paradójicamente, en el intento

de “salvar a los niños”, se imponía una lógica de control y dominación que

terminaba reduciendo a los menores de edad a la condición de objetos, negando

su dignidad humana y en consecuencia restringiendo dramáticamente sus derechos

fundamentales. Con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño

inició la etapa conocida como la doctrina de la protección integral, cuya consolidación

total todavía está en proceso. En esta última, la persona menor de edad se

define primera y fundamentalmente como un ser humano igual a todos los demás,

con independencia de su edad. Se trata de una persona, y en ese tanto, de un

sujeto de derechos: “A ello se agrega que aspecto fundamental de la

concepción de la doctrina de la protección integral es que ni el principio del

interés superior del niño ni el de la protección integral de este pueden servir

para restringir las garantías del derecho penal y procesal penal del niño más

allá de las establecidas con respecto a los mayores.” (Ibídem).

Es dentro de esta nueva lógica del Derecho Penal Juvenil, introducida por la

Convención sobre los Derechos del Niño y que sigue la Ley de Justicia Penal Juvenil,

que deben abordarse e interpretarse sus principios centrales. 2.1

Empezando con el principio de protección integral, tenemos que las

personas menores de edad acusadas de un delito, cuentan con todos los derechos

de los que gozan los imputados mayores de edad, más todos aquellos derechos

especiales que regule la normativa nacional o internacional. Esto significa que

las personas menores de edad siempre podrán tener un plus en sus derechos, pero

nunca una disminución en relación con los adultos. Así se establece en el

artículo 41 de la Convención: “Nada de lo dispuesto en la presente

Convención afectará a las disposiciones que sean más conducentes a la

realización de los derechos del niño y que puedan estar recogidas en: a) El

derecho de un Estado Parte; o b) El derecho internacional vigente con respecto

a dicho Estado.”; y en el artículo 10 de la Ley de Justicia Penal Juvenil:

“Garantías básicas y especiales. Desde el inicio de la investigación

policial y durante la tramitación del proceso judicial, a los menores de edad les

serán respetadas las garantías procesales básicas para el juzgamiento de

adultos; además, las que les correspondan por su condición especial. Se

consideran fundamentales las garantías consagradas en la Constitución Política,

en los instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica y en las leyes

relacionadas con la materia objeto de esta ley.” Es en este sentido que

debe interpretarse lo dicho por el Tribunal de Apelación: “Sin embargo,

jurisprudencia que esta Cámara comparte, sustentó la tesis de que el

vencimiento del plazo por el que se acordó la suspensión del proceso a prueba,

independientemente del cumplimiento de las condiciones, constituye causal para

el dictado de sentencia (sic) sobreseimiento  definitivo , lo anterior por

disponerlo de esa manera expresamente el numeral 88 de la Ley de Justicia Penal

Juvenil, solución que además resulta coincidente con lo dispuesto en materia

de adultos en aplicación del numeral 30 inciso f) del Código Procesal Penal y

que da cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 10 de la misma ley en el

sentido de que al menor deben serle respetadas como mínimo las garantías

procesales básica para el juzgamiento de adultos, más las que le corresponde

por su condición especial…”  Esto

significa que, en caso de encontrarse enfrentados, el principio de especialidad

de la materia penal juvenil debe ceder ante el principio de protección

integral. De manera que si hay una regulación especial de la materia juvenil,

que reduce o limita los derechos que tendría el imputado si fuera adulto, debe

aplicarse el derecho penal de adultos al menor, pues en ese caso es el que

mejor garantiza su protección integral. Aun así, se aclara que en este caso,

por estar expresamente regulado en la materia penal juvenil que el transcurso

del plazo de la suspensión es suficiente para dictar el sobreseimiento, aunque

no se hayan cumplido las condiciones impuestas (artículo 88); no hace falta

acudir a la materia penal de adultos para resolver el punto. Sin embargo, en

caso de que la regulación fuera distinta, y el derecho penal de adultos diera

mayor protección, éste es el que debería aplicarse. “La rica normativa que

ha venido a reemplazar a las antiguas leyes de menores se funda en que los

derechos del niño derivan de su condición de persona; en consecuencia, se

establece que los dispositivos de protección de los derechos de la

infancia son complementarios  -nunca

sustitutivos- de los mecanismos generales de protección de derechos reconocidos

a todas las personas (véase el art. 41 de la

Convención). Los niños gozan de una supraprotección o

protección complementaria de sus derechos que no es autónoma, sino fundada en

la protección jurídica general.” (Cillero, Miguel. Justicia y Derechos del

Niño. “El interés superior del niño en el marco de la Convención

Internacional Sobre los Derechos del Niño.” (1999). No.

UNICEF - Fondo

de las Naciones Unidas para la Infancia). 2.2 Por su parte, el

principio del Interés Superior del Niño, lo encontramos regulado a nivel internacional

en el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño: “En todas

las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o

privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o

los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será

el interés superior del niño.”. A nivel nacional el artículo 5 del Código

de la Niñez y Adolescencia estatuye: “Interés superior. Toda acción pública

o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años, deberá considerar

su interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus derechos en un

ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo personal. La

determinación del interés superior deberá considerar: a) Su condición de sujeto

de derechos y responsabilidades. b) Su edad, grado de madurez, capacidad de

discernimiento y demás condiciones personales. c) Las condiciones

socioeconómicas en que se desenvuelve. d) La correspondencia entre el interés

individual y el social.” En estos artículos encontramos elementos

esenciales del Interés Superior: i) Como todos los principios, éste se dirige

fundamentalmente a la autoridad estatal en sus diversas manifestaciones. Esto

significa que el principal obligado a tutelar el interés superior es el Estado.

ii) En consonancia con lo anterior, toda acción

pública en relación con las personas menores de edad debe dirigirse a

garantizar el respeto a sus derechos, como sujetos que son. De manera que los

derechos fundamentales de los menores son el núcleo duro del principio del

interés superior, que debe guiar su aplicación. iii)

De estos elementos se deriva a su vez un tercero, el carácter auto-limitante

que el Interés Superior impone sobre la acción estatal, especialmente sobre la

Administración de Justicia. La principal aplicación del Interés Superior del

niño en la administración de justicia es la autocontención a la que obliga al

Estado, cuando impone medidas que afecten los derechos de la niñez y la

adolescencia. “En este sentido debe abandonarse cualquier interpretación

paternalista/autoritaria del interés superior; por el contrario, se debe

armonizar la utilización del interés superior del niño con una concepción de

los derechos humanos como facultades que permiten oponerse a los abusos del

poder y superan el paternalismo que ha sido tradicional para regular los temas

relativos a la infancia. […] se puede afirmar que el principio

puede ser concebido como un límite al paternalismo estatal y que puede orientar

hacia soluciones no-autoritarias en aquellas situaciones difíciles en las que

el conflicto entre derechos del niño exige utilizar una regla compleja para la

construcción de una decisión que proteja efectivamente los derechos amenazados

o vulnerados. […] También debe establecerse que,

especialmente en el ámbito de las garantías frente al sistema de persecución de

infracciones a la ley penal, se restrinja absolutamente la posibilidad de

aplicar medidas en razón del "interés superior del niño" que puedan

afectar su derecho a la libertad personal o su integridad.” (Cillero,

Miguel. Justicia y Derechos del Niño. “El interés superior del niño en el

marco de la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño.” (1999).

No.

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia). De manera que

el principio del Interés Superior tiene en su núcleo a los derechos

fundamentales, mas no es por sí mismo un derecho fundamental, pues se trata de

una garantía. Como es bien sabido, en el Derecho de los Derechos Humanos las

garantías están en una relación de medio a fin con aquellos. Concretamente, el

principio del Interés Superior del Niño es una garantía conceptual que sirve

esencialmente para una interpretación de los derechos fundamentales de los

jóvenes, que tienda a la contención del poder punitivo ejercido sobre ellos, de

una manera aún más restrictiva  que con

los adultos (en este sentido ver: Chan, G. El

principio de Interés Superior, en la obra colectiva Justicia Penal y Estado de

Derecho, Homenaje al Dr. Francisco Castillo. 2007. Costa Rica; EJC.). Encontramos aquí entonces, la principal razón que

respalda la tesis jurisprudencial B): Es a la luz del principio del Interés

Superior que debemos interpretar la regulación del instituto de la suspensión

del proceso a prueba en materia penal juvenil, tendiendo a la contención del

poder punitivo para garantizar los derechos fundamentales de los jóvenes, y no

a la inversa.

Retomemos entonces la normativa de la Ley de Justicia

Penal Juvenil sobre la suspensión del proceso a prueba, partiendo de los

anteriores principios. 3.1 Lo primero que debemos establecer es cuál

es la finalidad de dicho instituto. De manera común a la materia penal de

adultos y juvenil, puede decirse que el objetivo principal de la suspensión del

proceso a prueba es permitir una salida alterna a aquellos imputados, respecto

a los cuales se puede lograr el fin resocializador

sin necesidad de someterlo a un juicio e imponerle una pena. La diferencia es

que en materia penal juvenil, la evitación del juicio y de la sanción son la

característica esencial del proceso: “Más bien el aspecto característico

del  derecho penal juvenil es lo atinente

a las sanciones: con base en los principios de interés superior del niño y de

protección integral de este, evita la imposición de una sanción, y cuando ella

es inevitable dispone la menor restricción de derechos posible, tratando de no

imponer una sanción privativa de libertad.” (Llobet,

Javier; y Tiffer, Carlos. La Sanción Penal Juvenil

y sus alternativas en Costa Rica. 1999. Costa Rica: UNICEF – ILANUD – CE).

Lo que se refleja en la importancia de los principios de remisión y

diversificación de la reacción penal, así como del principio de intervención

mínima, recogidos en instrumentos como la Convención sobre los Derechos del

Niño (Artículo 40  “3. Los Estados

Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de

leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños

de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse

o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular: a) El

establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños

no tienen capacidad para infringir las leyes penales; b) Siempre que sea

apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin

recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se

respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales.

Se

dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de

orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la

colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación

profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación

en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada

para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con

la infracción.”) y las Reglas Mínimas de

las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, conocidas

como Reglas de Beijing " (11. Remisión de

casos. 11.1 Se examinará la posibilidad, cuando proceda, de ocuparse de los

menores delincuentes sin recurrir a las autoridades competentes, mencionadas en

la regla 14.1 infra, para que los juzguen

oficialmente. […] 11.4 Para facilitar la tramitación discrecional

de los casos de menores, se procurará facilitar a la comunidad programas de

supervisión y orientación temporales, restitución y compensación a las

víctimas.)". Tenemos entonces que la suspensión del

proceso a prueba es una expresión de la desjudicialización

de los conflictos protagonizados por menores, que busca a través de la remisión

a otras instancias y la diversificación de las medidas y las penas, sustraer a

la persona menor de edad del proceso penal. Entre las principales finalidades

de estos institutos se encuentran: i) Evitar la estigmatización que implica el

proceso; ii) acudir a otras vías de reeducación y resocialización más efectivas; iii)

trasladar estas tareas a un entrono más familiar para la persona menor de edad,

que aumente las posibilidades de éxito; iv)

involucrar a la comunidad en la solución del conflicto. 3.2 Las condiciones

que pueden imponerse con la suspensión del proceso a prueba, son las mismas

órdenes de orientación y supervisión reguladas por el artículo 121 inciso b). 3.3

El encargado de dar seguimiento a las condiciones es el Departamento de

Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial. 3.4 En caso de

incumplimiento, es responsabilidad del órgano acusador reactivar el proceso

o solicitar que se amplíe el plazo, así se desprende de los artículos 38, 39 y

91 de la Ley de Justicia Penal Juvenil (Artículo

“Funciones del

Ministerio Público. En relación con esta ley, serán funciones del Ministerio

Público: a) Velar por el cumplimiento de la presente ley. […] c) Promover

la acción penal. […] e) Solicitar, cuando proceda, la

cesación, modificación o sustitución.”). De igual forma, la reactivación

del proceso requiere que se “constate el incumplimiento injustificado”,

lo que implica tres aspectos fundamentales: i) Sólo el incumplimiento

injustificado puede dar lugar a una ampliación del plazo o reactivación del

proceso. ii) Es responsabilidad del Fiscal demostrar

que dicho incumplimiento injustificado ocurrió. iii)

Esa demostración exige una oportunidad de defensa del encartado. De lo anterior

se deriva a su vez, que no basta con los Informes Evaluativos del Departamento

de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, para resolver el punto, sino

que se requiere de una audiencia oral que garantice el derecho de defensa y en

la que se demuestre el incumplimiento injustificado de las órdenes de

orientación y supervisión. 3.5 Qué sucede en caso de que transcurra

el plazo de la suspensión, sin que se gestione oportunamente la

reactivación del proceso por el órgano responsable. Precisamente lo que ordena

el artículo 88 de la Ley de Justicia Penal Juvenil: el dictado de un

sobreseimiento definitivo. Esta es la interpretación que mejor se ajusta a los

principios analizados previamente, y especialmente al carácter de

auto-contención que debe tener el sistema penal juvenil respecto a las personas

menores de edad. Lo contrario implicaría aceptar la posibilidad de que la

inopia institucional, -ya sea a nivel del seguimiento de las condiciones

impuestas o a nivel de la reactivación del proceso; sea por limitación de

recursos o por simple irresponsabilidad-, dé lugar a una extensión del control

punitivo, que de ninguna forma puede ser fruto de un correcto entendimiento del

interés superior de la persona menor de edad. El fin educativo y los otros

fines de prevención especial que tiene el proceso penal juvenil, también

encuentran su límite en el principio del Interés Superior de la Persona Menor

de Edad. Esto significa que no se puede extender el control punitivo sobre los

menores, acudiendo a una interpretación paternalista que coloca indefinidamente

a las personas menores de edad bajo el sistema penal, mientras se logran sus

fines educativos. En el caso resuelto por el ad quem,

el Ministerio Público no solicitó la ampliación de la suspensión del

proceso, ni su reactivación, ni mucho menos demostró que existiera un

incumplimiento injustificado. Lo que hizo fue esperar a que el Juez resolviera

de oficio, atendiendo únicamente a una manifestación de la ofendida (madre del

menor) y los Informes Evaluativos. Frente a ese escenario, fue correcta la

actuación del Tribunal de Juicio dictando el sobreseimiento, y del Tribunal de

Apelación avalándolo. Así las cosas, una interpretación de la normativa acorde

con los principios que rigen la materia penal juvenil nos lleva a concluir que:

La Ley de Justicia Penal Juvenil establece con claridad los mecanismos para

activar el proceso penal, en caso de que el imputado menor de edad incumpla las

medidas impuestas con la suspensión del proceso a prueba.

El Ministerio

Público es el órgano responsable de vigilar el cumplimiento de dichas medidas.

Si el ente acusador no cumple con su deber de vigilancia, demostrando previa

oportunidad de defensa, la inobservancia de las medidas; la persona menor de

edad no tiene porque cargar con los efectos de la inopia procesal.

Por ello,

y no por una contradicción normativa, es que el artículo 88 de la Ley de

Justifica Penal Juvenil establece como regla general, que basta el cumplimiento

del "

período a prueba señalado en el artículo siguiente” para dictar el sobreseimiento antes del juicio. Por todo lo

anterior, aunque en efecto existen interpretaciones contradictorias sobre el

tema, al ser correcta la versión empleada por el

Tribunal de Apelación de Sentencia de este caso, se declara sin lugar el

recurso casación interpuesto por el representante del Ministerio Público.