Resolución 00390-2017

1.

Mediante sentencia N°

2016-1293, dictada a las catorce horas treinta minutos,

del nueve de setiembre de dos mil dieciséis, el Tribunal de Apelación de Sentencia

Penal del Segundo Circuito Judicial de San José resolvió: “

Mediante resolución N° 1230-2016 de las 10 horas, 4 minutos del 2 de

diciembre del 2016, esta Sala admitió para su estudio de fondo el recurso de casación

incoado por el licenciado Erick Ramos Fallas, en su condición de apoderado especial

judicial de la querellante Compañía Florence Carit S.A.

Como motivo para la interposición del recurso de casación, el licenciado

Ramos Fallas, aduce la existencia de precedentes contradictorios entre fallos

dictados por los tribunales de apelación, así como con precedentes emitidos por esta

Sala, relativos a los efectos que tiene la solicitud de aclaración y adición, sobre la

interrupción del término para la interposición de los recursos que proceda. Reprocha

que las distintas posiciones jurisprudenciales –tanto entre secciones de un mismo

tribunal, como de esta Sala de Casación-, provocan una diferenciación odiosa que

vulnera el derecho de igualdad. En el caso concreto, reclama que –en el voto de

mayoría- se hace una interpretación literal de la norma, que cercena su posibilidad

como víctima para que se conozca el recurso interpuesto por ser extemporáneo, lo cual

en su criterio, implica una aplicación errónea de la normativa procesal. En ese voto, se

determinó que el recurso fue presentado en forma extemporánea, ya que por aplicación

del numeral 147 citado, el efecto de la solicitud de aclaración y adición, es interruptor y

no suspensivo del término para la interposición de los recursos que proceden.

Reprocha el casacionista que tal postura exhibe una interpretación literal de la norma,

que la aísla del resto del ordenamiento jurídico, asumiendo que para la interposición del

recurso, las partes no deben esperar la resolución de la solicitud de aclaración y

adición, lo que convierte la gestión en un mero formalismo que la desnaturaliza y que

limita los alcances del control de legalidad de un eventual recurso de apelación. Como

antecedentes contradictorios del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de

Goicochea, cita los votos No.604-2015 y No.719-2015, en los que se dispuso que el

plazo para la interposición de recursos, empieza a correr desde el día siguiente de

presentada la solicitud de aclaración. Por otra parte, de ese mismo tribunal, señala los

votos No. 842-2013 y No.1694-2013, en los que se dictaminó que el plazo para la

interposición de recursos, empieza a correr desde el día siguiente de notificada la

resolución sobre la solicitud de aclaración y adición. Considera que el voto de mayoría

hace una interpretación literal del artículo 147 citado, aislándolo del ordenamiento

jurídico y asumiendo que en este caso, la interrupción implica que el recurso de

apelación debe interponerse aun sin que se haya resuelto la adición y aclaración

gestionada, lo cual en su criterio, convierte la gestión en un formalismo sin sentido,

limitando los alcances reales del control de legalidad que podría hacerse del fallo

mediante el recurso de apelación.  Cita en apoyo a su tesis el voto No. 822-2016 de

esta Sala. Solicita se case la sentencia emitida por el Tribunal de Apelación de

Sentencia del Segundo Circuito Judicial de San José, para que en aplicación del

artículo 473 del Código Procesal Penal, “se ordene la admisibilidad del recurso a los

efectos de que sea resuelto conforme a derecho.” (f.253).

I

El recurso de casación se declara con lugar.

De la lectura del fallo

impugnado, se verifica que el Tribunal de Apelación dispuso en contradicción con

precedentes de esta Sala,  no únicamente en cuanto a la aplicación del artículo 147 del

Código Procesal Penal (Cf. Votos No.711-2013 y 822-2016, Sala Tercera), sino

específicamente, en relación con el análisis elaborado por esta Cámara, sobre los

alcances de esa norma. El artículo 147 citado, dispone: “Aclaración y adición. En

cualquier momento, el tribunal podrá aclarar los términos oscuros, ambiguos o

contradictorios en que estén redactadas las resoluciones o adicionar su contenido, si se

ha omitido resolver algún punto controversial, siempre que tales actos no importen una

modificación de lo resuelto. […] En las resoluciones emitidas por escrito, las partes y el

Ministerio Público podrán solicitar la aclaración o adición de los pronunciamientos,

dentro de los tres días posteriores a su notificación. La solicitud interrumpirá el

término para interponer los recursos que procedan.”

(El resaltado no es del original)

Sobre esta disposición, en el voto No. 1161-2016, de las nueve

horas, cuarenta y cinco

minutos, del cuatro de noviembre del dos mil dieciséis, esta Cámara determinó:

“[…]

Anteriormente rezaba el citado artículo 147 del Código de rito: “…Dentro de los tres

días posteriores a la notificación, las partes y el Ministerio Público podrán solicitar la

aclaración y adición de los pronunciamientos. La solicitud suspenderá

el término para

interponer los recursos que procedan” (el subrayado es suplido).  Esta última posición

resultaba acorde con la finalidad del instituto, cual es el esclarecimiento de temas

oscuros o contradictorios, así como adicionar algún aspecto, siempre y cuando esto no

implique la modificación de lo resuelto. Sin embargo, el legislador dispuso variar el

efecto, modificando la norma de manera que en lugar del efecto suspensivo, estableció

el interruptor. Según la teoría general del proceso, ambos institutos poseen

consecuencias muy distintas, que no pueden desconocerse. […] La reforma en

cuestión ha generado distintas posiciones. Una interpretación literal, y no sistemática

de la regla establecida en el párrafo final del artículo 147 ejúsdem, conduciría a

sostener que cuando el legislador señala que la solicitud

de aclaración y adición

interrumpe el plazo para impugnar, debe interpretarse que ello significa que el plazo de

quince días para recurrir, inicia de nuevo su conteo, a partir de la presentación de la

gestión ante el Tribunal correspondiente, y no a partir de su resolución. Sin embargo,

esta postura desconoce la naturaleza y finalidad de la aclaración y adición: se trata de

un instrumento establecido a favor de las partes, con el propósito de que se aclaren

términos dudosos o contradictorios, así como adicionar algún aspecto, siempre y

cuando ello no implique la modificación de lo resuelto. Lo que se resuelva, “... forma

una unidad inescindible con la resolución aclarada…”   (PALACIO, Lino Enrique: Los

recursos en el proceso penal,  Abeledo-Perrot,  Buenos Aires, 1998, p 53). Debido a

que las eventuales aclaraciones que surjan de esta gestión, son parte integrante del

fallo emitido por el Tribunal de Juicio, al dar lectura a la regla establecida en el numeral

147 del Código Procesal Penal, debe considerarse la tensión existente entre el principio

de seguridad jurídica, el deber de interpretar restrictivamente las normas que impliquen

la restricción de una facultad concedida a las partes en el proceso, y el derecho a una

tutela judicial efectiva (una de cuyas manifestaciones es el derecho a recurrir el fallo), el

cual se encuentra consagrado en instrumentos internacionales suscritos por nuestro

país. […]  De esta forma, una interpretación literal del artículo 147 del Código Procesal

Penal, en el sentido de que el plazo de quince días de casación empieza a correr – sin

interrupciones – al día siguiente de la presentación del escrito en que se solicita la

aclaración y adición de la sentencia, vulnera el derecho a recurrir, y en última instancia,

la garantía de tutela judicial efectiva. Es así que debe interpretarse que en los casos

en que alguna de las partes solicite aclaración y adición de la sentencia, el plazo

para recurrir no puede iniciar su cómputo, sino hasta que dicha solicitud sea

resuelta. Esto es así porque en los casos en los que sí procede la aclaración y adición

(los cuales no pueden conocerse de antemano), la resolución que aclare o añada datos

de interés, forma una unidad inescindible con la sentencia. Consecuentemente, una

interpretación sistemática de las normas procesales penales, y ajustada a las normas

recogidas en instrumentos de derechos humanos que integran el bloque constitucional

conforme a lo establecido en el artículo 48 de nuestra Carta Fundamental, conducen a

apartarnos de una interpretación literal del artículo 147 del Código Procesal Penal,

debiendo interpretarse que en los casos en que se interpone solicitud de aclaración y

adición, el plazo para recurrir no puede iniciar su cómputo sino hasta que se resuelva la

solicitud en cuestión. Una vez puesta en conocimiento de la parte, la resolución que

resuelve el requerimiento de aclaración y adición, el plazo inicia su cómputo en forma

íntegra conforme al efecto interruptor asignado por el legislador.” En la sentencia

impugnada –No.1293-2016-, por voto de mayoría se dijo “[…] Por ello el plazo para

interponer el recurso de apelación en la presente causa inició en fecha 18 de

noviembre de 2015, por lo que el plazo para interponer el recurso de apelación de

sentencia penal venció el 09 de diciembre del 2015, así las cosas vemos que al ser

presentado el recurso de cita en fecha 18 de enero del 2016, se encuentra fuera del

plazo previsto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 458 y siguientes del

Código Procesal Penal. Por lo anterior lo que corresponde es declarar por mayoría

inadmisible el recurso de apelación planteado.” El Tribunal de Apelación considera que

el efecto interruptor surge a partir de la fecha de presentación del procedimiento de

adición y aclaración -18 de setiembre del 2015- dejando de lado que esta fue resuelta y

notificada hasta el 17 de diciembre del  2015, por lo que el plazo para recurrir, no pudo

iniciar sino hasta esta fecha. Dicho lo anterior, el término para interponer el recurso de

apelación vencía el 21 de enero del 2016, por lo que su interposición -18 de enero- se

hizo en tiempo.  Con fundamento en la jurisprudencia citada y en las razones

expuestas, se declara con lugar el recurso de casación planteado por el Lic. Ramos

Fallas. En consecuencia se revoca el fallo No.1293-2016 dictado por el Tribunal de

Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito de San José, a las 14:30 horas del

9 de setiembre del 2016, en cuanto declaró extemporánea la impugnación y, se

dispone el reenvío de la causa al mismo despacho para que, resuelva conforme a

derecho.